Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-81967778-APN-SSPOYSLD#MD, los Decretos Nros. 1952 del 28 de diciembre de 2004, 186 del 17 de abril de 2022 y 377 del 3 de junio de 2025 y la Resolución de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 489 del 5 de agosto de 2022, sus respectivas normas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1952/04 se excluyeron del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por el Decreto N° 1023/01, su reglamentación y modificatorios, los contratos que se celebren con el objeto de atender la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que, en ese marco, por el Decreto N° 186/22 se aprobó el “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” para los contratos comprendidos en el Decreto N° 1952/04.

Que por el Decreto Nº 377/25 se realizó la transferencia al MINISTERIO DE DEFENSA de la administración, la operación y la plena responsabilidad por la custodia de la flota aérea presidencial, destinadas al uso exclusivo de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en función de los requerimientos e instrucciones que imparta la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 489/22 se aprobó el procedimiento a seguir en los contratos comprendidos en el Decreto N° 186/22.

Que, en virtud del dictado del Decreto Nº 377/25, resulta necesario adecuar el Decreto Nº 186/22 y derogar la Resolución de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 489/22, puesto que el decreto citado en último término fue concebido originalmente para ser aplicado por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y, por tanto, no contempla la posibilidad de intervención directa del MINISTERIO DE DEFENSA ni de sus áreas dependientes en la ejecución de las contrataciones necesarias para asegurar la disponibilidad y el mantenimiento de las aeronaves transferidas.

Que ha tomado intervención la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA EJECUTIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en el marco de sus competencias.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 1952/04.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2°.- Facúltase al MINISTERIO DE DEFENSA a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas que fueran necesarias para la aplicación del presente decreto”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 5º del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 5º.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. La SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA realizará una compulsa de precios y contemplará al menos las siguientes etapas:

a. Consulta de documento contractual vigente.

b. Verificación de la existencia de crédito.

c. Solicitud de contratación.

d. Análisis de la solicitud.

e. Convocatoria.

f. Pedido de cotizaciones y realización de la compulsa.

g. Informe técnico.

h. Orden de mérito de las cotizaciones presentadas.

i. Finalización del procedimiento.

El acto administrativo que apruebe lo actuado y adjudique la contratación o, en su caso, la declare desierta, fracasada o deje sin efecto el procedimiento, así como aquel que rescinda el respectivo contrato, será dictado por la autoridad que resulte competente según PLANILLA ANEXA (IF-2025-91041753-APN-DNPOD#MD) al presente artículo”.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 7º del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA y los interesados, adjudicatarios o cocontratantes podrán realizarse válida e indistintamente por cualquier medio previsto en la compulsa de precios respectiva (carta, nota, correo electrónico, facsímil u otros similares)”.

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 8° del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 8º.- CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE. Será procedente el procedimiento de contratación por adjudicación simple en los supuestos detallados a continuación:

a. Contratación por urgencia o emergencia:

Cuando probadas razones de urgencia o emergencia, que respondan a circunstancias objetivas, impidan la realización del procedimiento de selección por compulsa de precios.

b. Contratación por compulsa de precios desierta y/o fracasada:

Cuando el procedimiento de selección por compulsa de precio resultare desierto o fracasare y luego de efectuada una segunda compulsa se produjera idéntico resultado podrá iniciarse el procedimiento de contratación por adjudicación simple.

c. Contratación por exclusividad:

Cuando se trate de la contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo posea una determinada persona humana o jurídica, siempre y cuando no hubiere sustitutos convenientes, deberá documentarse en las actuaciones la constancia de tal exclusividad, así como incorporarse el informe técnico correspondiente que así lo acredite.

Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes.

d. Contratación por desarme, traslado o examen previo:

Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación.

Las circunstancias que habiliten la contratación por adjudicación simple en cada caso deberán ser debidamente acreditadas en las respectivas actuaciones.

El dictado del acto administrativo de adjudicación y de aprobación del procedimiento de las contrataciones encuadradas en el inciso a) deberá ser realizado por un funcionario con rango y jerarquía de Secretario del MINISTERIO DE DEFENSA.

Para los demás supuestos, previstos en los incisos b), c) y d), resultará de aplicación lo previsto en la PLANILLA ANEXA al artículo 5º.”

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 11 del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 11.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE. Si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento, o vencido el plazo de las intimaciones que se le hubieran realizado frente a incumplimientos, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido entregados o prestados los servicios de conformidad, podrá rescindirse el contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en los que el MINISTERIO DE DEFENSA optara expresamente por la aceptación de la prestación en forma extemporánea.

Asimismo, si el cocontratante, en caso de corresponder, no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo fijado para ello, la Unidad Operativa de Contrataciones de la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA lo deberá intimar para que la integre, concediéndole un nuevo plazo igual que el original, y en el caso de que no la integrara dentro del nuevo plazo otorgado, se rescindirá el contrato quedando el cocontratante obligado a responder por el importe de la garantía no constituida.

Si el cocontratante no cumpliera con el contrato, podrá adjudicarse el contrato a quien le continúe en orden de mérito, previa conformidad del respectivo participante, y así sucesivamente. No corresponderá la aplicación de penalidades si el segundo o los subsiguientes en orden de mérito no aceptaran la propuesta de adjudicación que se les hiciere”.

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el artículo 13 del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 13.- RESCISIÓN UNILATERAL. EL MINISTERIO DE DEFENSA podrá, previo informe de la autoridad aeronáutica competente que explicite los fundamentos, rescindir el contrato en forma unilateral y sin derecho a reclamo o indemnización alguna -sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual- previa comunicación de la decisión en tal sentido, indicando la fecha a partir de la cual tendrá efectos la rescisión”.

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el artículo 15 del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 15.- GARANTÍAS. Los adjudicatarios deberán constituir garantía de:

1. Cumplimiento del Contrato: equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la adjudicación.

2. Contragarantía: Por el monto que reciba el cocontratante en concepto de adelanto.

EL MINISTERIO DE DEFENSA determinará las excepciones a la presentación de garantías, contragarantías y las formas de su constitución”.

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 17 del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 17.- RECEPCIÓN. La Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios del MINISTERIO DE DEFENSA recibirá con carácter provisional los bienes o servicios o, en su caso, las tareas de reparación realizadas en piezas o partes, y quedarán los remitos o recibos sujetos a la conformidad de la recepción definitiva”.

ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el artículo 18 del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 18.- PENALIDADES. Los participantes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de penalidades cuando incurran en las siguientes causales:

1. Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

a.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios del MINISTERIO DE DEFENSA, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

b.- Por ceder o subcontratar el contrato sin la previa autorización expresa de la misma autoridad que dispuso su adjudicación.

2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

a.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día corrido de atraso.

b.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, de haberse contemplado en la correspondiente convocatoria, se podrán aplicar multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del cocontratante.

c.- En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100 %) del valor del contrato.

3. Rescisión del contrato por culpa del cocontratante con la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato que podrá ser total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel”.

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 19 del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 19.- AFECTACIÓN DE PENALIDADES. Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme al siguiente orden y modalidad:

a. En primer lugar, se afectarán las facturas pendientes de cobro emergentes del contrato o de otros contratos que el cocontratante tenga con el MINISTERIO DE DEFENSA.

b. De no existir facturas al cobro, el cocontratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta del MINISTERIO DE DEFENSA dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

c. En caso de no efectuarse el depósito, se afectará a la garantía correspondiente.

La autoridad que, según lo establecido en la planilla anexa al artículo 5° del presente Régimen, resulte competente para aprobar lo actuado y finalizar el procedimiento se encontrará facultada para imponer las penalidades previstas precedentemente a los participantes y a los cocontratantes cuando estos incumplieren sus obligaciones”.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 20 del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 20.- VALOR DEL MÓDULO. A los efectos de lo dispuesto en el presente Régimen, el valor del módulo (M) será de PESOS CUARENTA MIL ($40.000).

El titular del MINISTERIO DE DEFENSA, mediante acto expreso, podrá modificar el valor del módulo establecido en este artículo”.

ARTÍCULO 12.- Derógase la Resolución de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 489 de fecha 5 de agosto de 2022.

ARTÍCULO 13.- Los procedimientos realizados en el marco del “Régimen de Contrataciones tendiente a mantener la operatividad de las aeronaves de la dotación de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobado por el Decreto N° 186/22 deberán ser informados a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN una vez iniciados.

ARTÍCULO 14.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI - Luis Petri

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59760/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-99238365-APN-DGD#MRE, las Leyes Nros. 19.549 y 20.957, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y las Resoluciones del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO Nros. 337 del 19 de agosto de 2024 y 547 del 20 de diciembre de 2024 y sus respectivas normas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Lucas Paul QUIROGA ZUBRESKI contra la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO N° 337/24, por la cual se lo promovió a la Categoría “F”, Secretario de Embajada y Cónsul de Segunda Clase en el citado MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Que el recurrente se agravia por entender que la referida resolución lesiona su derecho de propiedad dado que dispone que las promociones deberán considerarse, a los efectos de la antigüedad, a partir del 1° de enero de 2022 y “a todos los demás efectos”, a partir del 1° de enero de 2024, por lo que considera que en esta última expresión se excluyen las diferencias salariales.

Que, asimismo, el quejoso fundamenta su recurso en que la exclusión no tiene respaldo normativo ni está prevista en la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, ya que las diferencias salariales deberían reconocerse desde la fecha de la promoción y no desde una fecha arbitraria, como considera que es la establecida en la resolución en cuestión.

Que notificado el causante del dictado de la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO N° 547/24, por la que se rechazó su recurso de reconsideración, no amplió los fundamentos del mismo, por lo que se encuentran las actuaciones en condiciones de sustanciar la vía jerárquica subsidiaria.

Que en cuanto al aspecto sustancial del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, es dable señalar que no se han aportado en esta instancia nuevos elementos de juicio que ameriten la modificación del criterio sustentado al resolver el recurso de reconsideración articulado.

Que la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO N° 337/24 fue dictada de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley N° 20.957 y sus modificatorias.

Que de la referida normativa surge que los ascensos en el Servicio Exterior de la Nación no son automáticos, sino que dependen de la evaluación de méritos, antecedentes y vacantes disponibles. Por ello, no existe un derecho adquirido al ascenso solo por el paso del tiempo, ya que este requiere un proceso de valoración exhaustiva y siempre considerando las vacantes disponibles.

Que las promociones dispuestas por la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO N° 337/24 se produjeron a partir del 1° de enero de 2024, momento en el cual se liberaron las vacantes debido a las promociones de diversos funcionarios a categorías superiores, habilitándose en consecuencia vacantes para las categorías inferiores.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, en situaciones análogas a la presente, ha expresado que los efectos retroactivos de los ascensos lo son, únicamente, con respecto a la antigüedad con el fin de garantizar al agente el derecho a la carrera consagrado en la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957; y que, en cambio, los efectos económicos que tengan como causa una promoción escalafonaria recién se producen a partir de la existencia de la vacante o a partir del momento en que esta se libere. Como colofón, los ascensos solo serán efectivos (con excepción de lo referido a la antigüedad) a partir de que se habilite la cobertura de la vacante correspondiente y recién desde ese momento nacerá el derecho a percibir las remuneraciones correspondientes a la nueva categoría, sin retroactividad alguna (Dictámenes 237:003 y 247:059).

Que, conforme lo expuesto precedentemente, se entiende que la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO Nº 337/24 no adolece de arbitrariedad o ilegalidad alguna.

Que, en consecuencia, procede rechazar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por el causante.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el marco de su competencia.

Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 -T.O. 2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso jerárquico deducido en subsidio del de reconsideración por el señor Secretario de Embajada y Cónsul de Segunda Clase Lucas Paul QUIROGA ZUBRESKI (D.N.I. N° 33.956.382) contra la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO N° 337 del 19 de agosto de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber al recurrente que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, quedando expedita la acción judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha de notificación de este decreto.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI - Gerardo Werthein

e. 20/08/2025 N° 59759/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2025

Visto el expediente EX-2025-90670733- -APN-DGDA#MEC, las leyes 15.336, 23.696, 24.065 y 27.742, los decretos 695 del 2 de agosto de 2024, 718 del 9 de agosto de 2024, 263 del 9 de abril de 2025, 286 del 24 de abril de 2025, 416 del 17 de junio de 2025 y 590 del 18 de agosto de 2025, y la resolución 1050 del 23 de julio de 2025, y sus respectivas normas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a través del artículo 7° de la ley 27.742 se declaró “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696 y sus modificatorias, entre otras, a la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).

Que, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 3° del título II de la reglamentación aprobada por el decreto 695 del 2 de agosto de 2024, este Ministerio de Economía, en cuya órbita se encuentra ENARSA, elevó al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, un informe circunstanciado con la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.

Que en el mencionado informe circunstanciado se propone la privatización total de ENARSA mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio.

Que por el decreto 286 del 24 de abril de 2025 se autorizó la privatización en cuestión.

Que el 26 de abril de 2024 la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía instruyó a ENARSA y a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) a que, en virtud de los términos de los artículos 3° y 4° de sus respectivos estatutos sociales vigentes, adopten las medidas correspondientes para contar con estructuras societarias para la reversión de los Complejos Hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila junto a las facultades necesarias para asumir transitoriamente la actividad de generación eléctrica de los mismos (cf., NO-2024-43201442-APN-SE#MEC).

Que, a los efectos de llevar a cabo dicho proceso, ENARSA y NASA, en conjunto, constituyeron cuatro (4) sociedades anónimas: (i) Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, (ii) El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, (iii) Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y (iv) Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Las Sociedades), cuyas acciones se distribuyeron en la siguiente proporción: noventa y ocho por ciento (98 %) y dos por ciento (2 %), respectivamente.

Que en el artículo 4° del anexo I del decreto 695/2024 se establece que, una vez otorgada la autorización por el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad sujeta a privatización, en su carácter de autoridad de aplicación, iniciará los procedimientos tendientes a la privatización que corresponda.

Que mediante la resolución 1050 del 23 de julio de 2025 del Ministerio de Economía (RESOL-2025-1050-APN-MEC), se inició el proceso de privatización de ENARSA en los términos del decreto 286 del 24 de abril de 2025, en una primera etapa, mediante la venta de las acciones de su titularidad en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima (CITELEC SA).

Que de conformidad con lo instruido por el decreto 718 del 9 de agosto de 2024 y sus modificatorios, en cumplimiento de lo dispuesto por el citado artículo 3° del anexo I del decreto 695/2024, atento a que ENARSA tiene bajo su poder el noventa y ocho por ciento (98%) de las acciones correspondientes a Las Sociedades, este Ministerio de Economía elevó al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, un nuevo informe circunstanciado, en dicha oportunidad con la propuesta acerca de la modalidad y el procedimiento más adecuados para hacer efectiva la venta del paquete accionario de las mismas.

Que, en tal sentido, mediante el decreto 590 del 18 de agosto de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó (i) la transferencia de las acciones de las sociedades mencionadas previamente a la Secretaría de Energía; y (ii) la venta de las acciones integrantes del capital social de las empresas mencionadas en el inciso (i), mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin base, bajo las modalidades previstas en los incisos 2) y 5) del artículo 17 de la ley 23.696 y sus modificatorias, las que se ejecutarán de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso 2) del artículo 18 de esa ley.

Que la modalidad y el procedimiento referidos no prevén el otorgamiento de las preferencias a las que refiere el artículo 16 de la ley 23.696 y sus modificatorias, como tampoco la implementación de un programa de propiedad participada.

Que a tal efecto se facultó al Ministerio de Economía, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, a dictar las medidas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para el debido cumplimiento de las disposiciones aquí previstas, en el marco de sus respectivas competencias.

Que, asimismo y de acuerdo con lo solicitado por el artículo 4° del anexo I del decreto 695/2024, corresponde dar inicio al procedimiento correspondiente a la venta de las acciones de Las Sociedades.

Que a las referidas sociedades se les ha otorgado la concesión para la generación de energía eléctrica en cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos que les dan nombre, conforme lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 del decreto 718/2024, las que regirán una vez adjudicado el proceso de selección aludido previamente y producida la transferencia de las acciones correspondientes.

Que el Ministerio de Economía es la Autoridad de Aplicación de las concesiones de los Complejos Hidroeléctricos otorgadas por los artículos 12, 13, 14 y 15 del decreto 718/2024 y sus modificatorios, conforme fuera establecido por el artículo 11 del decreto 590/2025.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° del decreto 718/2024 y sus modificatorios, se facultó a este ministerio, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, para la venta del paquete accionario de las mencionadas sociedades, lo cual deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.

Que, por otra parte, el Tribunal de Tasaciones de la Nación ha manifestado las razones que le impiden realizar la tasación a la que refiere el artículo 19 de la ley 23.696 respecto de las citadas sociedades (cf., NO-2025-26346919-APN-TTN#MEC).

Que, en virtud de lo expresado, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el referido artículo 19 de la ley 23.696, resulta necesario instruir a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a encomendar la tasación del paquete accionario de cada una de las citadas sociedades a una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional, de conformidad con lo expuesto por el servicio jurídico permanente de este Ministerio de Economía (cf., IF-2025-71404682-APN-DGAJ#MEC).

Que, a su vez, a través del decreto 590/2025 se ha dispuesto una nueva prórroga de los plazos de las concesiones que fueran oportunamente otorgadas a Orazul Energy Cerros Colorados Sociedad Anónima, Enel Generación El Chocón Sociedad Anónima, Aes Alicurá Argentina Generación Sociedad Anónima y Central Puerto Sociedad Anónima actualmente a cargo de la operación de los Complejos Hidroeléctricos hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o bien hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional sin base autorizado por el artículo 1°, inciso ii) de ese decreto, lo que ocurra primero.

Que la citada prórroga fue otorgada condicionada a la remisión por parte de dichos concesionarios de la carta de adhesión incorporada como anexo I de dicho decreto, dentro de los cinco (5) días corridos desde el momento de su dictado.

Que en caso de no producirse la adhesión referida anteriormente las concesionarias estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a noventa (90) días hábiles, con el fin de que el Estado Nacional adopte los recaudos necesarios para la continuidad de la actividad.

Que, por otro lado, en el artículo 6° del aludido decreto 590/2025 se establece que dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes a su entrada en vigencia, este Ministerio de Economía en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional sin base, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario de Las Sociedades.

Que, en virtud de la facultad conferida al Ministerio de Economía mediante los artículos 8° y 11 del decreto 590/2025 de dictar normas aclaratorias y complementarias, y con el fin de garantizar la transparencia y el éxito del proceso de privatización, es importante precisar que el alcance de la venta autorizada corresponde a la totalidad de las acciones de Las Sociedades de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, inciso ii) de dicha norma.

Que, en atención a lo expuesto, corresponde en esta instancia proceder a autorizar el llamado a Concurso Público Nacional e Internacional de etapa múltiple para la venta de las acciones de las mencionadas sociedades, y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que como anexo (PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC) forma parte integrante de la presente resolución, el que podrá ser descargado en el portal CONTRAT.AR, de conformidad con lo establecido en el decreto 416 del 17 de junio de 2025.

Que, a su vez, los interesados podrán consultar a través de dicho portal toda la documentación relevante vinculada al procedimiento de selección en cuestión.

Que, por otro lado, corresponde que la convocatoria al Concurso Nacional e Internacional en cuestión se realice de conformidad con lo establecido en los artículos 5°, 6° y 7° del anexo I del decreto 695/2024.

Que, asimismo, a los fines de avanzar con el aludido Concurso, corresponde crear en este acto la Comisión Evaluadora “ad hoc” para dicho procedimiento de selección la cual estará conformada por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, así como designar a sus integrantes.

Que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) y ENARSA deberán prestar asistencia técnica en todas las etapas del Concurso Público Nacional e Internacional a requerimiento de la Secretaría de Energía y/o la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, ambas del Ministerio de Economía.

Que la Secretaría de Energía y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” han tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que la Sindicatura General de la Nación tomó la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 7° de la ley 27.742, el artículo 4° del anexo I del decreto 695/2024, el artículo 1° del decreto 286/2025 y los artículos 1°, 6°, 7°, 9° y 11 del decreto 590/2025.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Iníciase, en el marco de lo establecido en el artículo 1° del decreto 286 del 24 de abril de 2025 y en el artículo 1° del decreto 590 del 18 de agosto de 2025, la venta de la totalidad del paquete accionario de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, mediante Concurso Público de alcance Nacional e Internacional sin base.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, en su carácter de representante del capital social del Estado Nacional en ENARSA, a arbitrar las medidas necesarias a los fines de que esta última efectivice la transferencia de las acciones de las sociedades aludidas en el artículo que antecede al ámbito de su jurisdicción, de conformidad con la autorización otorgada por el inciso (i) del artículo 1° del decreto 590/2025.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” del Ministerio de Economía, a coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo II del anexo I del decreto 695 del 2 de agosto de 2024, con el propósito de:

a) Coordinar las acciones necesarias para concretar la venta referida en el artículo 1° de la presente resolución antes del 31 de diciembre de 2025.

b) Llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario de las sociedades mencionadas en el artículo 1° de la presente medida. Dicha tasación deberá realizarse con carácter previo a la apertura de ofertas del Concurso Público Nacional e Internacional sin base dispuesto en el artículo 1° del decreto 590/2025.

A los fines de concretar las medidas ordenadas por el presente artículo, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” podrá requerir la asistencia de ENARSA.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase el llamado a Concurso Público de alcance Nacional e Internacional sin base, de etapa múltiple, para la venta citada en el artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que los procedimientos objeto de la presente resolución serán llevados a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR conforme lo dispuesto por el decreto 416 del 17 de junio de 2025.

ARTÍCULO 6°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos y subanexos, el cual como anexo (PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC), integra la presente medida, elaborado de acuerdo con las pautas formales y sustanciales fijadas en el artículo 8° del decreto 718/2024 y sus modificatorios, que podrá ser descargado del portal CONTRAT.AR https://contratar.gob.ar/.

Asimismo, a través de dicho portal, los interesados podrán acceder a la documentación relevante para el procedimiento de selección en trato. Sin perjuicio de la información allí disponible, quedará a cargo exclusivo de los interesados en el presente procedimiento toda investigación y análisis diligente al respecto.

El Estado Nacional no admitirá ningún tipo de reclamo referente al contenido del Portal ni desconocimiento de la documentación acompañada en él.

ARTÍCULO 7°.- La convocatoria del Concurso será publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete (7) días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado “DGMARKET” por el término de tres (3) días corridos. Todo ello con un plazo de no menos de cuarenta y cinco (45) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de ofertas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5°, 6° y 7° del anexo I del decreto 695/2024.

ARTÍCULO 8°.- Establécense las siguientes pautas respecto de la convocatoria autorizada por el artículo 4° de la presente medida:

a) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones. Lugar y dirección: Las consultas deberán efectuarse a través de la plataforma CONTRAT.AR.

b) Plazo y horario para la realización de consultas al Pliego de Bases y Condiciones: Hasta el 13/10/2025 a las 17 horas.

c) Plazo y horario para la presentación de las ofertas: Hasta el 23/10/2025 a las 16 horas.

d) Lugar y dirección para la presentación de las ofertas: Las ofertas se deberán presentar a través de la plataforma CONTRAT.AR utilizando el formulario electrónico que corresponda.

e) Acto de Apertura. Lugar y dirección: La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

f) Plazo y horario del acto de apertura: 23/10/2025, 17:00 horas.

ARTÍCULO 9°.- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) y Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) prestarán asistencia técnica en todas las etapas del Concurso Público Nacional e Internacional sin base, a requerimiento de la Secretaría de Energía y/o la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

ARTÍCULO 10.- Créase la Comisión Evaluadora “ad hoc” para el presente procedimiento, la cual estará integrada por los siguientes miembros:

a. Miembros Titulares: Damián Eduardo Sanfilippo (MI N° 21.415.070), Maximiliano Aníbal Bruno (MI N° 23.473.904) y Magali Milagros Ávalos (MI N° 41.928.616).

b. Miembros Suplentes: Horacio Federico Veller (MI N° 22.840.505), Francisco José Azumendi (MI N° 39.388.208) y Ana Cruz Díaz Martínez (MI N° 26.685.054).

ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Andres Caputo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59768/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-47235329-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la nota DG N° 13/2025 de fecha 17 de junio de 2025, digitalizada como IF-2025-65437722-APN-SD#ENRE, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 312 de fecha 30 de abril de 2025.

Que el recurso aborda aspectos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT) del período 2025-2030. TRANSBA S.A. impugnó elementos de la resolución que considera lesivos a sus derechos como concesionaria del servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, conforme a la Ley N° 24.065, su reglamentación y su Contrato de Concesión.

Que, en primer lugar, TRANSBA S.A. identificó como principal agravio la aplicación de un índice de actualización que considera no representativo para el período diciembre 2023 - mayo 2025, y la consecuente distorsión de componentes fundamentales de la tarifa como los costos de inversión (CAPEX), mano de obra, operación y mantenimiento. Afirmó que el ENRE aplicó una fórmula compuesta por el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en un SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) y el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%), que no reflejaría adecuadamente la composición real de los costos.

Que, en particular, destacó que, para el plan de inversiones, cuyo componente dolarizado alcanza el SETENTA POR CIENTO (70%), se aplicó un índice de UNO COMA NOVENTA Y CINCO (1,95), cuando el valor representativo sería de UNO COMA SESENTA Y CUATRO (1,64). Según sostiene la transportista, esta diferencia generaría un desbalance en la estructura tarifaria que impide una ejecución realista del plan.

Que, en el caso de la mano de obra, la transportista objetó el uso del coeficiente general de actualización (IPIM/IPC), ya que este no acompaña la evolución del Índice de Salarios Privados Registrado (ISPR), que mostró un crecimiento significativamente mayor. Señaló que la mano de obra representa el SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (69%) de los costos operativos de TRANSBA S.A., por lo que una actualización incorrecta de este componente afectaría gravemente la capacidad de la empresa de mantener la dotación de personal validada como óptima por el propio ENRE.

Que el recurso subraya que la falta de correspondencia entre el índice aplicado y los costos reales vulneraría el artículo 42 inciso d) de la Ley N° 24.065, que exige reflejar en la tarifa los cambios en costos ajenos al control del transportista.

Que, además, TRANSBA S.A. cuestionó el Factor X acumulado del CUATRO POR CIENTO (4%) al quinto año del período quinquenal -UNO POR CIENTO (1%) anual desde mayo 2026 hasta alcanzar el CUATRO POR CIENTO (4%) en 2029-2030-, considerando que es desproporcionado. La transportista argumentó que los períodos tarifarios previos (2002-2024), marcados por inflación, atraso cambiario, restricciones a importaciones y congelamientos tarifarios, limitaron las inversiones y la eficiencia operativa, haciendo inviable este factor sin ajustes.

Que, al respecto, TRANSBA S.A. objetó lo que considera como una falta de criterios claros para su cálculo, afectando el derecho de defensa y la previsibilidad económica y, por ello, solicitó reconsiderar el Factor X para alinearlo con las condiciones reales del servicio.

Que la transportista alegó un supuesto error técnico por parte del ENRE al haber actualizado la remuneración hasta marzo de 2025 en lugar de hacerlo hasta abril, cuando el nuevo cuadro tarifario comienza a regir en mayo. Esta omisión -según la recurrente- privaría a TRANSBA S.A. de un mes completo de actualización, lo que generaría un perjuicio económico directo y carecería de justificación expresa en el cuerpo de la Resolución ENRE N° 312/2025.

Que el recurso cita precedentes de la RTI 2017, donde, según señaló TRANSBA S.A., el ENRE sí aplicó actualizaciones completas hasta el mes previo a la entrada en vigencia de los nuevos valores tarifarios, por lo que solicitó que se corrija esta omisión.

Que, desde una perspectiva de derecho administrativo, TRANSBA S.A. identificó vicios en los elementos esenciales del acto administrativo. En cuanto al “vicio en la causa”, entendió que el acto no se fundamentaría en antecedentes adecuados ni en índices representativos de la realidad económica.

Que respecto del “vicio en el objeto”, señaló que se apartaría de lo dispuesto por el orden normativo (Ley N° 24.065) y no garantizaría la sostenibilidad del servicio.

Que en cuanto al “vicio en la finalidad”, TRANSBA S.A. sostuvo que se distorsionaría el fin legal de asegurar tarifas justas y razonables.

Que respecto al “vicio en la motivación”, observó que el ENRE no habría justificado de forma suficiente las decisiones tomadas, especialmente respecto al mecanismo de ajuste y al Factor X, y su consecuencia falta de motivación y razonabilidad comprometería la validez del acto conforme al artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y al principio de legalidad (artículo 19 CONSTITUCIÓN NACIONAL).

Que, por último, TRANSBA S.A. formuló reserva del Caso Federal conforme el artículo 14 de la Ley N° 48, al considerar que la Resolución ENRE N° 312/2025 vulneraría principios constitucionales como la igualdad ante la ley (artículo 16), el derecho de propiedad (artículo 17), la legalidad en el procedimiento (artículos 18 y 19) y la razonabilidad de las normas (artículo 28). También se reservó el derecho de ampliar fundamentos y ofrecer prueba según lo previsto en el artículo 77 del Decreto N° 1759/72 reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.

Que, en primer lugar, cabe señalar que, en cuanto al aspecto formal, el recurso planteado resulta temporáneo a la luz de la normativa aplicable (artículos 84 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/1972 T.O. 2017, modificado por el Decreto N° 695 de fecha 2 de agosto de 2024), debido a que ha sido interpuesto en plazo.

Que con relación a la actualización que TRANSBA S.A. sostiene que hay que aplicar al plan de inversiones en el periodo diciembre de 2023 a mayo 2025, cabe indicar que la recurrente no brinda datos ni documentación de las compras a partir de las cuales realiza el cálculo por el cual considera que el OCHENTA POR CIENTO (80%) de las inversiones tendría un componente dolarizado.

Que, en segundo lugar, presenta un índice para cuyo cálculo considera el tipo de cambio nominal del dólar estadounidense. El tipo de cambio es un precio que se determina por su oferta y demanda, y este precio de equilibrio muchas veces se ve afectado por mecanismos o decisiones gubernamentales, que lo alejan del equilibrio de mercado en más o en menos. La evolución del tipo de cambio nominal no refleja por si solo la variación de precios de los activos involucrados en un plan de inversiones. En todo caso, se debería conocer el tipo de cambio real, que tiene en cuenta la evolución de los precios en nuestro país respecto al resto del mundo.

Que, asimismo, TRANSBA S.A. en el informe que acompañó a su pretensión tarifaria, indicó que el precio de los activos o bienes de uso involucrados se ven afectados, no solo por la variación en el tipo de cambio, sino por las variaciones generales de precios internos y externos, y/o por factores que afectan precios específicos, como por ejemplo el conflicto bélico en Ucrania.

Que, en tales condiciones, este Ente considera que el IPIM, fuertemente afectado por el tipo de cambio (como señala TRANSBA S.A. en el recurso), es el que mejor muestra la evolución del precio de los bienes importados.

Que por ello, corresponde rechazar el argumento de la transportista, según el cual la actualización del monto del plan de inversiones con la fórmula ponderada conformada por el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en un SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) y el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%), generaría un desbalance en la estructura tarifaria que impediría una ejecución realista del plan, debiendo realizarse aplicando un índice compuesto en un SETENTA POR CIENTO (70%) por la evolución del tipo de cambio del dólar estadounidense y en un TREINTA POR CIENTO (30%) del índice de precios al consumidor.

Que respecto al planteo de la transportista por el uso a su juicio incorrecto del coeficiente general de actualización (IPIM/IPC) para los costos de la mano de obra, ya que este no acompaña la evolución del Índice de Salarios Privados Registrado (ISPR), que mostró un crecimiento significativamente mayor entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, se señala que, si bien del análisis de la evolución de los diferentes indicadores de precios en el mediano plazo (período transcurrido entre enero de 2017 y diciembre de 2023), expuesto en el informe técnico de la resolución recurrida, evidencia que es conveniente descartar el Índice Salarial de la fórmula utilizada por el mecanismo de actualización definido en la última revisión tarifaria, es dable observar que, en el período enero 2024 - marzo 2025, los salarios y el IPIM/IPC mostraron una evolución distinta.

Que sin ánimo de normalizar este comportamiento poco habitual visto en los indicadores mencionados, corresponde priorizar y garantizar que los ingresos determinados en la resolución recurrida cubran los salarios, con el fin de mantener la dotación de personal validada como óptima por el ENRE, y demás costos operativos de TRANSBA S.A. A tal fin, el nivel de costos eficientes determinado en moneda de diciembre de 2023 debe ser reexpresado a marzo de 2025 utilizando exclusivamente el IPC.

Que los costos operativos, incluyendo salarios, y las inversiones representan en conjunto un SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de los ingresos determinados por la Resolución ENRE N° 312/2025.

Que atento a que dicho nivel tarifario no es cuestionado, a fin de mantener dichas erogaciones en el SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de los ingresos, se debe disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos.

Que es importante remarcar que esta reducción en el nivel de inversiones obligatorias no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la concesionaria. La resolución recurrida implementó el factor de inversión (K), que tiene como finalidad alentar la realización de inversiones por parte de las transportistas, mediante un ajuste adicional de las tarifas. Este ajuste tendrá en cuenta las inversiones complementarias, que no fueron previstas al determinar la tarifa vigente, dependiendo de la efectiva realización de la obra comprometida.

Que las inversiones complementarias son obras o proyectos que, a propuesta de las transportistas y aprobadas por el ENRE, hayan comenzado a prestar el servicio a los usuarios (cláusula gatillo) y serán considerados en el cálculo de un Factor de estímulo a las inversiones (K) que permita transferir el costo de tales erogaciones al ingreso de la transportista.

Que entonces, a fin de que los costos determinados en moneda de diciembre de 2023, siguiendo el principio general de tarifas justas y razonables establecido en el capítulo X de la Ley N° 24.065, sean suficientes para operar y mantener el servicio en forma eficiente y prudente, se deben ajustar conforme la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2025 (índice de 2,3642).

Que de esta manera los costos operativos para el período 2025-2030 se determinan de la siguiente manera: en el período mayo 2025 - abril 2026: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES ($ 48.700 millones); en el período mayo 2026 - abril 2027: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES ($ 48.658 millones); en el período mayo 2027 - abril 2028: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES ($ 48.697 millones); en el período mayo 2028 - abril 2029: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES ($ 48.699 millones); y, en el período mayo 2029 - abril 2030: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES ($ 48.679 millones), todos en pesos de mayo de 2025.

Que consecuentemente, a fin de no afectar la determinación de la remuneración de TRANSBA S.A. ni de los valores horarios aprobados por los artículos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución ENRE N° 312/2025, y en línea con la Nota N° NO-2025-44507112-APN-MEC del MINISTRO DE ECONOMÍA, donde destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad, se establecen los siguientes valores del Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES ($146.910 millones), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 29.390 millones) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES ($ 29.365 millones) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES ($ 29.388 millones) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES ($ 29.389 millones) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES ($ 29.378 millones) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025.

Que respecto del reclamo de TRANSBA S.A., la determinación acerca de que el Factor X acumulado del CUATRO POR CIENTO (4%) al quinto año del período quinquenal resulta incompatible con los ingresos aprobados, y de mantenerse el mismo en los términos aprobados, implicará una mayor quita de ingresos a la transportista, cabe indicarle que mediante la Resolución ENRE N° 73 de fecha 31 de enero de 2017 se aprobó el “FACTOR DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA A APLICAR A LOS CONCEPTOS DE CONEXIÓN Y CAPACIDAD DE TRANSPORTE A PERCIBIR POR TRANSBA S.A. DURANTE EL PERÍODO TARIFARIO 2017/2021”, cuya aplicación efectiva se vio interrumpida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541 en diciembre de 2019. El factor X aplicado a la tarifa de TRANSBA S.A. no superó el CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4%) previsto para ese año.

Que entonces, resulta evidente que, si el factor de reducción de la tarifa previsto por la resolución recurrida para el quinto año del período quinquenal es del CERO COMA NOVENTA Y SEIS (0,96), la reducción del nivel de ingresos acumulada al finalizar el presente periodo quinquenal sería del CUATRO POR CIENTO (4%), adicionando ello al CUATRO POR CIENTO (4%) establecido en la resolución recurrida, las reducciones aplicadas en virtud de la Resolución ENRE N° 73/2017 del CERO COMA SEIS POR CIENTO (0,6%), no se supera el límite máximo previsto en el Contrato de Concesión de TRANSBA S.A.

Que conforme surge claramente en los anexos de acto impugnado, los cargos tarifarios se verán afectados por la incidencia del Factor X a partir del 1 de mayo de 2026, cuyo valor anual máximo establecido es del UNO POR CIENTO (1%). Asimismo, la resolución establece que el Factor X se acumulará hasta alcanzar el CUATRO POR CIENTO (4%) en el quinto año del periodo quinquenal.

Que, por ende, entre lo que efectivamente se aplicó (años 2018 y 2019) y los que se van aplicar, la reducción acumulada es del CUATRO COMA SEIS POR CIENTO (4,6%) que está muy por debajo de lo permitido por el artículo 8 del Contrato de Concesión, que prevé un máximo acumulado del DIEZ POR CIENTO (10%).

Que consecuentemente, los cargos tarifarios se reducirán, en términos reales, un UNO POR CIENTO (1%) a partir del 1 de mayo de 2026, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2027, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2028 y, finalmente, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2029, alcanzando de esta forma en el último año del periodo quinquenal la reducción acumulada del CUATRO POR CIENTO (4%).

Que, es decir, el Factor X se aplicará el 1 de mayo de cada año, y los valores horarios y mensuales a aplicar al equipamiento regulado obtenidos se mantendrán en términos reales hasta el 30 de abril del año siguiente.

Que, asimismo, respecto del reclamo de la transportista acerca de que no se habrían brindado criterios claros para el cálculo del factor X, lo que afectaría el derecho de defensa y la previsibilidad económica del concesionario, y porque no se habría considerado el carácter de transición e inestabilidad de los períodos tarifarios previos (2002-2024), afectados por inflación, atraso cambiario, restricciones a importaciones y congelamientos tarifarios, también corresponde rechazarlo. La cuantía del factor X viene dada por el Contrato de Concesión, que establece una franja con tope máximo, dentro del cual el ENRE puede fijar su nivel.

Que, por su parte, las dificultades del quinquenio anterior fueron consideradas en el proceso de RQT y el Factor X refleja una expectativa razonable de mejoras en la eficiencia operativa, conforme al Informe Técnico N° IF-2025-44665770-APN-ARYEE#ENRE.

Que, en el informe técnico de la resolución recurrida se explica claramente el criterio y la naturaleza del factor X, que permite trasladar a los usuarios parte de las ganancias logradas por la empresa por este concepto, reduciendo el precio promedio de los bienes y servicios regulados en un X % en términos reales (RPI-X). Dado que la remuneración que se determina a partir de mayo de 2025 permanece fija en términos reales a lo largo del período tarifario, la empresa puede beneficiarse de la reducción de costos. Al final de cada período tarifario, dichas reducciones de costos se transfieren a los usuarios a través del nuevo proceso de revisión tarifaria. Sin embargo, durante cada período tarifario, debe fijarse un factor para transferir parte de estas mejoras de eficiencia a los usuarios del transporte, garantizando un margen para la empresa.

Que las reducciones de costos mencionadas pueden darse, por ejemplo, a través de la incorporación de instalaciones producto de ampliaciones de la red que opera y mantiene, la reducción de la antigüedad promedio de las instalaciones, inversiones en tecnología, que mejoran la eficiencia operativa, circunstancias que llevan a la baja los costos medios y que justifican la aplicación del factor X, y -en consecuencia- el rechazo de la impugnación respectiva.

Que finalmente, respecto del reclamo de la transportista acerca de que el ENRE actualiza la remuneración hasta marzo de 2025 en lugar de hacerlo hasta abril, cuando el nuevo cuadro tarifario comienza a regir en mayo, lo que considera sería un error técnico por parte del Ente; citando como precedente la RTI 2017, en la que, según señala, el ENRE sí aplicó actualizaciones completas hasta el mes previo a la entrada en vigencia de los nuevos valores tarifarios, cabe señalar que corresponde rechazar también este aspecto de la impugnación, atento a que hubiese resultado imposible trasladar a las tarifas a aplicar a partir del 1 de mayo la inflación del mes en curso al momento del cálculo y aprobación de dichas tarifas. Al momento del dictado y notificación de la resolución recurrida, ocurrida el 30 de abril de 2025, no podía contarse con el dato de inflación de un mes que no había finalizado.

Que, asimismo, cabe destacar que las tarifas aprobadas en la Resolución ENRE N° 73/2017 con vigencia a partir del 1 de febrero de 2017, incorporaban la variación de precios del mes de enero 2017, que se estimó a partir de la tasa anual considerada en el Presupuesto Nacional para el año 2017. Esta práctica era imposible de replicar atento a que no se ha aprobado un nuevo presupuesto para el año 2025, y se están utilizando los recursos y créditos del presupuesto 2023, en virtud del Decreto N° 1131 de fecha 27 de diciembre de 2024 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, que estableció la prórroga del presupuesto del año 2023 para el ejercicio actual.

Que, a la luz del análisis técnico realizado, se hace lugar parcialmente a la solicitud realizada por la recurrente en cuanto a la reasignación interna de la remuneración aprobada por la Resolución ENRE N° 312/2025, sin modificar el nivel tarifario total ni los valores horarios establecidos en sus artículos 1 y 2.

Que ello se encuentra debidamente fundado, en cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad, buena fe y protección del interés público, por lo cual corresponde sustituir el artículo 8 de la Resolución ENRE N° 312/2025, por el siguiente texto: “Instruir a TRANSBA S.A. a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 146.910.402.674), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTIUNO ($ 29.390.422.021) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 29.364.607.957) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS ($ 29.388.432.092) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE ($ 29.389.259.217) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 29.377.681.387) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio’, aprobado por la Resolución ENRE N° 548/2025”.

Que, por último, respecto de los planteamientos vertidos por TRANSBA S.A. en relación con la presencia de vicios que afectan los elementos esenciales del acto administrativo, basta con la simple lectura del acto impugnado para concluir que este ha sido dictado por una autoridad competente, expresa causa y objeto, se encuentra debidamente motivado, determina el fin por el que fue dictado; y, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nº 19.549, ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, presunción no desvirtuada por argumento alguno planteado por la recurrente.

Que, en efecto, en cuanto al alegado vicio en la causa, cabe señalar que la Resolución ENRE N° 312/2025 se encuentra debidamente fundada en los antecedentes fácticos y jurídicos que motivaron su dictado y que se encuentran expuestos en el “INFORME TÉCNICO TRANSBA S.A. REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025 – 2030” (IF-2025-44665770-APN-ARYEE#ENRE), cumpliéndose acabadamente con el recaudo del artículo 7 inciso b) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. En los considerandos de dicha resolución se explicitaron y fundaron ampliamente los criterios que se proponen aplicar, así como también las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que les dan sustento, condiciones que aseguran la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas propuestas y que dotan de validez al acto administrativo.

Que, en cuanto a la existencia de supuestos vicios en el objeto alegada por la recurrente, cabe señalar que las decisiones adoptadas en la resolución recurrida se basan en los principios tarifarios establecidos en la Ley N° 24.065, no evidenciándose apartamiento alguno que justifique la objeción planteada.

Que en efecto, tales decisiones encuentran su fundamento en las disposiciones que rigen el procedimiento de RQT, contenidas en el Capítulo X de la Ley N° 24.065, ajustándose a pautas de razonabilidad y proporcionalidad, en el marco de la emergencia vigente; ello, en línea con los criterios expuestos en la Nota N° NO-2025-44507112-APN-MEC del Señor MINISTRO DE ECONOMÍA, en la que destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energético y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad.

Que, a todo efecto, resulta procedente recordar lo sostenido por la doctrina administrativa en cuanto a las facultades irrenunciables atribuidas a la Administración Pública de velar por la vigencia y el funcionamiento de los servicios públicos cuya operación haya concesionado, en cuanto a que no se trata de cualquier contrato administrativo, sino de uno referido a una concesión de un servicio público de fuerte implicancia social. Por ello, las prerrogativas -como todas las que impliquen cláusulas exorbitantes virtuales e implícitas del derecho privado- son irrenunciables para el Estado, pues no se trata de derechos de la Administración Pública, sino de potestades de ésta. (BERCAITZ, Miguel Ángel, Teoría general del contrato administrativo, página 568/569, con cita de MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A pág. 409).

Que, por lo expuesto, tampoco se advierte la existencia de un vicio en la finalidad ni en la razonabilidad del acto.

Que, finalmente, cabe descartar un vicio en la motivación del acto impugnado como pretende TRANSBA S.A., en tanto la motivación es la explicitación de la causa, o sea la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictarlo (T. Hutchinson “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Editorial Astrea, página 77). (Cons. VI), razones y circunstancias que se encuentran extensa y pormenorizadamente expuestas en los considerandos de la Resolución ENRE N° 312/2025, sustentándose en el mencionado “INFORME TÉCNICO TRANSBA REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025 - 2030”, motivo por el cual corresponde rechazar su pretendida falta en el acto recurrido.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, el artículo 55 incisos a), d) y s) de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los artículos 84 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 312 de fecha 30 de abril de 2025, sustituyendo el texto del artículo 8 de la Resolución N° 312/2025 por el siguiente: “Instruir a TRANSBA S.A. a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 146.910.402.674), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTIUNO ($ 29.390.422.021) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 29.364.607.957) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS ($ 29.388.432.092) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE ($ 29.389.259.217) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 29.377.681.387) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio’, aprobado por la Resolución ENRE N° 548/2025”.

ARTÍCULO 2.- Hacer saber a TRANSBA S.A. que la presente resolución agota la vía administrativa, conforme el artículo 23 inciso c) apartado (iii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y es susceptible de ser recurrida mediante recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, previsto en los artículos 62 y 67 de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales, los que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 inciso c) de la Ley N° 19.549, contra la presente resolución será optativa la interposición del recurso de alzada previsto en el artículo 62 de la Ley N° 24.065 T.O. 2025 y en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos.

ARTÍCULO 3.- Notifíquese a TRANSBA S.A., a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA), la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA), y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Néstor Marcelo Lamboglia

e. 20/08/2025 N° 59390/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-47232704-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación digitalizada como IF-2025-70236213-APN-SD#ENRE, de fecha 30 de junio de 2025, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNEA S.A.), interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 310 de fecha 30 de abril de 2025.

Que, previo a efectuar la descripción y análisis del contenido de la vía impugnativa interpuesta, corresponde consignar que la Resolución ENRE N° 310/2025 fue notificada a la recurrente en fecha 30 de abril de 2025 según Constancia de Notificación Electrónica N° IF-2025-45640356-APN-SD#ENRE, y que, si bien la recurrente solicitó vista con suspensión de plazos a través de la presentación digitalizada como IF-2025-48346311-APN-SD#ENRE, que fuera concedida por el plazo de DIEZ (10) días hábiles, el día 9 de mayo de 2025 mediante Nota N° NO-2025-48975541-APN-ARYEE#ENRE, teniendo en cuenta la fecha de su interposición mediante presentación digitalizada como IF-2025-70236213-APN-SD#ENRE de fecha 30 de junio de 2025, el recurso deviene extemporáneo.

Que, sin embargo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 bis, inciso h), de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo -texto según artículo 25 de la Ley N° 27.742- el escrito presentado por TRANSNEA S.A. será considerado y analizado como una denuncia de ilegitimidad.

Que, al respecto, corresponde destacar que la decisión que desestima la denuncia de ilegitimidad, ya sea por encontrarse excedidas razonables pautas temporales, por motivos de seguridad jurídica o por considerarse que en la resolución cuestionada no ha existido violación de la ley, resulta definitiva y es irrecurrible.

Que, en ese sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha señalado que: “…el artículo 1.°, inciso e), apartado 6), de la Ley N.° 19.549 (…) no fija un plazo concreto que permita deducir el abandono del derecho. La razón de ello radica en el hecho de que no se puede establecer una regla general e invariable sobre el particular, dependiendo la solución a adoptar de las circunstancias de cada caso. El factor temporal no es el único elemento de juicio a considerar, sino que éste juega en relación con los hechos de que se trate, de cuya concomitancia puede surgir eventualmente el abandono voluntario del derecho. Este aspecto constituye lo esencial de la cuestión, y no deriva de la simple omisión de deducir el recurso en término (Dictámenes 162:84)” y que: “…como señala el artículo 1.°, inciso e), apartado 6) de la Ley N.° 19.549, Una vez vencidos los plazos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos. Luego de esa disposición, que gobierna al instituto, el precepto da paso a una opción que pone en manos de la Administración al agregar … ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales se entienda que medió abandono voluntario del derecho. En función de ello, (…) no existe una acción denominada denuncia de ilegitimidad en manos del administrado, sino que se trata de una prerrogativa que la Administración tiene de darle curso a un recurso extemporáneo. (…) [L]a decisión que desestima la denuncia de ilegitimidad, ya sea por encontrarse excedidas razonables pautas temporales, por motivos de seguridad jurídica o por considerarse que en la resolución cuestionada no ha existido violación de la ley, es definitiva e irrecurrible (v. Dictámenes 227:15 y 22, entre otros)” (Dictamen IF-2017-15876229-APN-PTN, 31 de julio de 2017. EX-2017-3390650-APN-DCTA#PTN. Ministerio de Defensa) (Dictámenes 302:125).

Que el recurso abordó aspectos técnicos, metodológicos y jurídicos vinculados a la determinación de la remuneración para el periodo tarifario 2025-2029, resultante del proceso de Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ), a través del que TRANSNEA S.A. objetó distintos aspectos que consideró lesivos de sus derechos como concesionaria del servicio público de transporte de energía eléctrica, conforme al marco regulatorio vigente.

Que, en primer lugar, la transportista objetó que el ENRE hubiera aplicado de forma incorrecta la fórmula de actualización para llevar los costos a valores de mayo de 2025 señalando que, si bien la fórmula considera una ponderación del SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se omitió injustificadamente el uso de los índices correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023 y en consecuencia, adujo que se produjo un desfasaje temporal en la aplicación de la fórmula que generó una subestimación de los valores actualizados, lo cual afecta la remuneración final.

Que, asimismo, indicó que no se consideró la variación del IPIM e IPC de abril de 2025, publicada con posterioridad a la aprobación de la resolución, lo que -según TRANSNEA S.A.- desvirtuó el objetivo de la fórmula y privó a la transportista de una remuneración acorde a la evolución real de los precios.

Que, además, TRANSNEA S.A. cuestionó la aplicación de un criterio mixto e inconsistente para actualizar la Base de Capital al sostener que primero se utilizó únicamente el IPC para llevar los valores a diciembre de 2023, pero luego se modificó el criterio para actualizar de diciembre 2023 a mayo 2025 aplicando una fórmula compuesta por SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPIM y TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPC, sin explicación técnica ni jurídica suficiente.

Que, según sostuvo, de haberse mantenido el criterio original (uso exclusivo del IPC), el índice de actualización habría sido DOS COMA TREINTA Y SEIS (2,36) en lugar de UNO COMA NOVENTA Y CINCO (1,95), lo cual genera un perjuicio estimado en PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 9.500 millones), afectando directamente la rentabilidad y la remuneración reconocida.

Que argumentó asimismo que en la RTI anterior, se aplicó el IPC de forma exclusiva para actualizar la BCR, por lo que la modificación metodológica actual carece de coherencia regulatoria y vulnera los principios de legalidad y previsibilidad.

Que, por otro lado, la transportista objetó la aplicación de un Factor X acumulado del CUATRO POR CIENTO (4%) al quinto año, que implica una reducción progresiva del UNO POR CIENTO (1%) anual a partir de mayo de 2026, afirmando que dicha decisión no contempla la emergencia estructural del sector energético en el período 2017–2024, reconocida por sucesivas normas legales, decretos y resoluciones que afectaron la ejecución de inversiones y la eficiencia operativa.

Que, TRANSNEA S.A. alegó que, al no considerarse este contexto extraordinario ni establecerse un nuevo período de adaptación, se incurrió en una decisión desproporcionada y desvinculada de la realidad regulatoria y operativa.

Que sostuvo además que el informe técnico que sustenta la resolución desestimó, sin fundamento, los antecedentes de incumplimientos tarifarios y de congelamientos que impiden cumplir con los compromisos de inversión y mejora del servicio.

Que, por lo tanto, solicitó que el Factor X sea reconsiderado o atenuado, reconociendo el carácter excepcional del quinquenio precedente y su impacto sobre la eficiencia del servicio.

Que, por último, TRANSNEA S.A. planteó, sin cuestionar la determinación del nivel de remuneración, ni de los valores horarios, que corresponde readecuar los componentes internos de la tarifa, en particular los montos asignados a inversiones, mano de obra y costos operativos.

Que, argumentó que el uso de la fórmula de actualización, SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPIM - TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPC, sobre componentes con distinta estructura de costos -por ejemplo, inversiones dolarizadas o costos laborales crecientes-, genera distorsiones internas que impiden cumplir con los objetivos establecidos por el propio ENRE.

Que, en efecto, TRANSNEA S.A. destacó que el ENRE, al exigir un plan de inversiones ajustado por la fórmula antes indicada, SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPIM - TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPC, aumenta significativamente el monto respecto del determinado para la transportista, en moneda diciembre/2023, ya que el plan de inversiones previsto tiene un fuerte componente en moneda extranjera (dólar estadounidense) que, justamente, fue el indicador que menos subió en el período en cuestión.

Que, de ese modo, el ENRE determinó el monto de inversiones a ser presentadas utilizando un índice de UNO COMA NOVENTA Y CINCO (1,95) para actualizar los valores de mayo/2025, cuando de acuerdo a los componentes del mencionado plan, el índice representativo debía ser de UNO COMA QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE (1,539).

Que, indicó que esta modificación no alteraría el nivel global de remuneración aprobado, pero permitiría que los recursos asignados sean consistentes con la estructura de costos efectiva y la ejecución del plan operativo y de inversiones validado por el ENRE.

Que, por último formuló reserva del caso federal y, en el hipotético supuesto de que no se haga lugar a lo solicitado, hizo reserva de la cuestión federal constitucional, para recurrir por las vías recursivas hasta la correspondiente al recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley 48 por ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ya que tal proceder importaría -a su juicio- violentar garantías tales como el debido proceso, defensa en juicio, acto administrativo fundado y de propiedad, todo en función de las consideraciones y argumentos expuestos en el cuerpo de su escrito recursivo.

Que con relación a la omisión del ENRE de considerar los índices correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023 en la aplicación de la fórmula de actualización para llevar los costos de diciembre 2023 a mayo 2025, lo cual, según indicó la transportista, genera una subestimación del valor actualizado, debe recordarse que la remuneración está determinada en moneda de diciembre 2023.

Que es por lo expresado que el mecanismo de actualización aprobado por el ENRE en el marco de la RTQ 2025–2029 define una fórmula compuesta por un SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del IPIM y un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del IPC, y que el período de actualización abarca desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2025, dado que las tarifas entraron en vigencia a partir del 1 de mayo de 2025.

Que, por otra parte, el dato de inflación del mes de abril de 2025 no estaba disponible al momento de dictar la Resolución ENRE N° 310/2025, lo cual hacía inviable su incorporación y –por ello- pretender la aplicación de dicho valor implicaría utilizar una estimación no oficial ni respaldada, lo cual iría en contra de los principios de transparencia y legalidad que rigen la regulación tarifaria.

Que, por lo tanto, corresponde rechazar este agravio, en tanto la fórmula fue correctamente aplicada con base en los índices disponibles y dentro de los plazos procedimentales establecidos.

Que respecto a la objeción de TRANSNEA S.A. sobre la metodología de actualización de la Base de Capital Regulada (BCR), que solicita su ajuste exclusivamente con el IPC para el período diciembre de 2023 a mayo de 2025, corresponde señalar que la Resolución ENRE N° 223 de fecha 15 de abril de 2024 estableció los lineamientos para la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT).

Que, en este sentido, dispuso que la remuneración se determinaría a través de la metodología del flujo de fondos a diciembre 2023 y cabe señalar que la base de capital es una de las variables que se tiene en cuenta para determinar este ingreso.

Que, por ende, lo que se actualizó con el índice compuesto -TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPC + SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPIM- fue la remuneración y no la base de capital.

Que, al respecto, el índice compuesto detallado precedentemente, adoptado para dicho período responde a la necesidad de equilibrar las dinámicas de los precios al consumidor (IPC) y mayoristas (IPIM), considerando la estructura de costos de la transportista y las condiciones económicas vigentes.

Que esta metodología no implica un apartamiento injustificado de precedentes regulatorios, sino una adaptación razonable al contexto actual, conforme a la potestad del ENRE para definir criterios técnicos que garanticen tarifas justas y razonables, en línea con el Marco Regulatorio Eléctrico (Ley N° 24.065).

Que, por lo tanto, corresponde rechazar este agravio, ya que no ha existido arbitrariedad ni modificación inconsulta, sino una adecuación metodológica justificada en términos técnicos y normativos para actualizar la remuneración de la recurrente.

Que en cuanto al planteo de TRANSNEA S.A., que califica como desproporcionado el Factor X acumulado del CUATRO POR CIENTO (4%) al quinto año del período quinquenal, argumentando que las dificultades enfrentadas entre 2002 y 2024 (inflación, atraso cambiario, restricciones a importaciones y congelamientos tarifarios) restringieron las inversiones y la mejora en la eficiencia operativa corresponde rechazarlo por lo que se indica a continuación.

Que, conforme surge claramente de la resolución recurrida, los cargos tarifarios se verán afectados por la incidencia del Factor X a partir del 1 de mayo de 2026, cuyo valor anual máximo establecido es del UNO POR CIENTO (1%) y se acumulará hasta alcanzar el CUATRO POR CIENTO (4%) en el quinto año del periodo quinquenal.

Que consecuentemente, los cargos tarifarios se reducirán, en términos reales, un UNO POR CIENTO (1%) a partir del 1 de mayo de 2026, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2027, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2028 y, finalmente, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2029, alcanzando de esta forma, en el último año del periodo quinquenal, la reducción acumulada del CUATRO POR CIENTO (4%).

Que, por ende, entre lo que efectivamente se aplicó (años 2018 y 2019) y los que se van aplicar, la reducción acumulada es del CUATRO COMA SEIS POR CIENTO (4,6%), que está muy por debajo de lo permitido por el artículo 8 del Contrato de Concesión, que prevé un máximo acumulado del DIEZ POR CIENTO (10%).

Que, es decir, el Factor X se aplicará el 1 de mayo de cada año, y los valores horarios y mensuales a aplicar al equipamiento regulado obtenidos se mantendrán en términos reales hasta el 30 de abril del año siguiente.

Que, por lo tanto, la reducción del CUATRO POR CIENTO (4%) al final del quinquenio es consistente con el artículo 42 inciso c) de la Ley N° 24.065, que prevé ajustes para estimular la eficiencia.

Que las dificultades del quinquenio anterior fueron consideradas en el proceso de RQT, y el Factor X refleja una expectativa razonable de mejoras en la eficiencia operativa.

Que cabe señalar que la cuantía del Factor X viene dada por el Contrato de Concesión, que establece una franja con tope máximo, dentro del cual el ENRE puede fijar su nivel.

Que, en el informe técnico de la resolución recurrida, se explica claramente el criterio y la naturaleza del Factor X, que permite trasladar a los usuarios parte de las ganancias logradas por la empresa por este concepto, reduciendo el precio promedio de los bienes y servicios regulados en un X % en términos reales (RPI-X). Dado que la remuneración que se determina a partir de mayo de 2025 permanece fija en términos reales a lo largo del período tarifario, la empresa puede beneficiarse de la reducción de costos. Al final de cada período tarifario, dichas reducciones de costos se transfieren a los usuarios a través del nuevo proceso de revisión tarifaria. Sin embargo, dentro de cada período tarifario, debe fijarse un factor para transferir parte de estas mejoras de eficiencia a los usuarios del transporte, garantizando un margen para la empresa.

Que las reducciones de costos mencionadas pueden darse, por ejemplo, a través de la incorporación de instalaciones producto de ampliaciones de la red que opera y mantiene, la reducción de la antigüedad promedio de las instalaciones, inversiones en tecnología, que mejoran la eficiencia operativa y todas estas circunstancias llevan a bajar los costos medios y justifican la aplicación del Factor X, y -en consecuencia- el rechazo de este argumento impugnatorio.

Que finalmente, respecto de la solicitud de TRANSNEA S.A. de una reasignación interna de la remuneración aprobada por la Resolución ENRE N° 310/2025, sin cuestionar el nivel tarifario total ni los valores horarios establecidos en sus artículos 1 y 2, se estima que corresponde priorizar y garantizar que los ingresos determinados en la resolución recurrida cubran los salarios, con el fin de mantener la dotación de personal validada como óptima por el ENRE, y demás costos operativos de TRANSNEA S.A.

Que, a tal fin, el nivel de costos eficientes determinados en moneda de diciembre de 2023 debe ser reexpresado a marzo de 2025 utilizando exclusivamente el IPC.

Que los costos operativos, incluyendo salarios, y las inversiones representan en conjunto un SETENTA Y DOS POR CIENTO (72%) de los ingresos determinados por la Resolución ENRE N° 310/2025 y atento a que dicho nivel tarifario no es cuestionado y a fin de mantener dichas erogaciones en el SETENTA Y DOS POR CIENTO (72%) de los ingresos, corresponde disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos.

Que es importante remarcar que esta reducción en el nivel de inversiones obligatorias no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la concesionaria. Toda vez que la resolución recurrida implementó el factor de inversión (K), que tiene como finalidad alentar la realización de inversiones por parte de las transportistas, mediante un ajuste adicional de las tarifas y este ajuste tendrá en cuenta las inversiones complementarias, que no fueron previstas al determinar la tarifa vigente, dependiendo de la efectiva realización de la obra comprometida.

Que las inversiones complementarias son obras o proyectos que, a propuesta de las transportistas y aprobadas por el ENRE, comienzan a prestar el servicio a los usuarios (cláusula gatillo) y serán considerados en el cálculo de un Factor de estímulo a las inversiones (K) que permita transferir el costo de las mismas al ingreso de la transportista.

Que entonces, a fin de que los costos determinados en moneda de diciembre de 2023, siguiendo el principio general de tarifas justas y razonables establecido en el capítulo X de la Ley N° 24.065, sean suficientes para operar y mantener el servicio en forma eficiente y prudente, se deben ajustar conforme la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2025 (índice de 2,3642).

Que, de esta manera, los costos operativos para el período 2025-2030 se determinan de la siguiente manera: en el período mayo 2025 - abril 2026: PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES ($ 17.663 millones); en el período mayo 2026 - abril 2027: PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES ($17.663 millones); en el período mayo 2027 - abril 2028: PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES ($17.663 millones); en el período mayo 2028 - abril 2029: PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES ($17.663 millones); y, en el período mayo 2029 - abril 2030: PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES ($17.663 millones), todos en pesos de mayo de 2025.

Que consecuentemente, a fin de no afectar la determinación de la remuneración de TRANSNEA S.A. ni de los valores horarios aprobados por los artículos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución ENRE N° 310/2025, y en línea con la Nota N° NO-2025-44507112-APN-MEC del MINISTRO DE ECONOMÍA, donde destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad, se establecen los siguiente valores del Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES ($ 46.741 millones), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($ 9.348 millones) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($ 9.348 millones) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($ 9.348 millones) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($ 9.348 millones) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($ 9.348 millones) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025.

Que, a la luz del análisis técnico realizado, se hace lugar parcialmente a la solicitud realizada por la recurrente en cuanto a la reasignación interna de la remuneración aprobada por la Resolución ENRE N° 310/2025, sin modificar el nivel tarifario total ni los valores horarios establecidos en sus artículos 1 y 2.

Que ello se encuentra debidamente fundado, en cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad, buena fe y protección del interés público, por lo cual se entiende conducente sustituir el texto del artículo 7 de la Resolución ENRE N° 310/2025, por el siguiente: “Instruir a TRANSNEA S.A. a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS ($ 46.741.139.126), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio’, aprobado por Resolución ENRE N° 548 de fecha 31 de julio de 2025”.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, el artículo 55 incisos a), d) y s) de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los artículos 84 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Rechazar por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNEA S.A.) contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 310 de fecha 30 de abril de 2025, el que se sustanciará como Denuncia de Ilegitimidad.

ARTÍCULO 2.- Sustituir el texto del artículo 7 de la Resolución ENRE N° 310/2025, por el siguiente: “Instruir a TRANSNEA S.A. a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS ($ 46.741.139.126), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 9.348.227.825) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio’, aprobado por Resolución ENRE N° 548 de fecha 31 de julio de 2025”.

ARTÍCULO 3.- Hacer saber a TRANSNEA S.A. que la presente resolución agota la vía administrativa, conforme artículo 23 inciso c) apartado (iii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y es susceptible de ser recurrida mediante recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, previsto en el artículo 62 de la Ley N° 24.065 (T.O. 2025), dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales, los que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación.

ARTÍCULO 4.- Notifíquese a TRANSNEA S.A., a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA), la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA), y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Néstor Marcelo Lamboglia

e. 20/08/2025 N° 59476/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-46997136-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.), presentó un escrito con fecha 30 de mayo de 2025, digitalizada como (IF-2025-58746499-APN-SD#ENRE), la que encuadró, como una Solicitud de Aclaratoria en los términos del artículo 102 del Reglamento Nacional de Procedimiento Administrativo (RNPA), aprobado por el Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017) y modificatorias.

Que dicha solicitud versa sobre determinados puntos de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT) aprobada por la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 308 de fecha 30 de abril de 2025, destacando tres aspectos centrales: a) No incorporación como altas de bienes de uso de los anticipos a proveedores siendo que las diferencias por este concepto ascienden a PESOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE ($ 1.158.068.807); b) Inclusión de bajas patrimoniales asociadas a anticipos a proveedores durante 2024 siendo que estas diferencias representan un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 387.408.432); y, c) Exclusión de la prima correspondiente a la Actividad no Regulada en el cálculo de la amortización y en este concepto se detectaron diferencias por un importe de PESOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 1.133.487.855).

Que, asimismo, DISTROCUYO S.A. cuestionó que en el Dictamen Jurídico N° IF-2025-45384299-APN-AJ#ENRE no se haya efectuado un análisis pormenorizado, que le permitiera concluir que la RQT aprobada por la Resolución ENRE N° 308/2025, respetaba el derecho de esta concesionaria al mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato administrativo que lo vincula con la Administración.

Que, en sustento de dicha posición, expresó que un elemento de juicio que permitiría revisar lo concluido en el Informe Técnico N° IF-2025-44684689-APN-ARYEE#ENRE, yacía en las divergencias que señaló en los TRES (3) puntos anteriormente citados y relativos a la Base de Capital, que impactaban directamente en la valuación de los activos y en el cálculo de la amortización.

Que, asimismo, mediante Nota registrada como IF-2025-68384391-APN-SD#ENRE, de fecha 24 de junio de 2025, DISTROCUYO S.A. interpuso un recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la Resolución ENRE N° 308/2025, notificada el 30 de abril de 2025.

Que, adicionalmente, solicitó la suspensión del plazo para presentar el Plan de Inversiones, requerido por el artículo 7 de la mencionada resolución, hasta que se resuelva el recurso referido, argumentando que el resultado de la RQT podría afectar el quantum y las condiciones del plan.

Que, el recurso aborda aspectos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT) del período 2025 - 2030. DISTROCUYO S.A. impugna elementos de la resolución que considera lesivos a sus derechos como concesionaria del servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, conforme a la Ley N° 24.065, su reglamentación, y su Contrato de Concesión.

Que, además, cuestiona la calificación errónea de la solicitud de aclaratoria previa (IF-2025-58746499-APN-SD#ENRE) como recurso de reconsideración, lo que limita su derecho de defensa y en este sentido, señala que considerar la aclaratoria como un recurso propiamente dicho, y luego permitir únicamente la ampliación de los fundamentos allí vertidos, resulta violatorio de la tutela administrativa efectiva, consagrada en el artículo 1 bis de la LNPA y, en definitiva, del derecho de defensa reconocido en el artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 8 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, entre otros tratados con jerarquía constitucional.

Que a continuación, se detallan los fundamentos técnicos que respaldan la impugnación realizada por DISTROCUYO S.A., agrupándolos bajo los siguientes puntos: a) OPEX: base de referencia; criterios de asignación; omisión impacto mantenimiento diferido; reformulación de principales rubros, b) Plan de Inversiones, c) Nivel de Actividad y relación Costos-Ingresos, d) Mecanismo de Actualización Tarifaria, e) Personal, f) Base de Capital y Activos no reconocidos, g) Ajuste Tarifario mayo 2025, y h) Factor de Estímulo a la Eficiencia “x”.

Que, DISTROCUYO S.A. sostuvo que, el OPEX reconocido no resultaría suficiente para sostener la operación normal y segura de la compañía, cuestionando que el ENRE haya utilizado como base de costos la RTI 2017, sin contemplar la falta de ampliaciones, los cambios tecnológicos ni el envejecimiento de los activos.

Que, asimismo solicitó que, se considere lo expuesto en la base de referencia, la asignación de costos indirectos e impacto acumulado por mantenimiento diferido y principales rubros.

Que la transportista objetó inconsistencias en la asignación de costos indirectos, adoptado por el ENRE, basado en la proporcionalidad respecto de los costos directos de la Actividad Regulada (AR), por generar distorsiones sustanciales.

Que, en este sentido, destacó que la empresa mantiene contabilidades diferenciadas para la AR y la Actividad No Regulada (ANR), presentadas anualmente al ENRE mediante la Contabilidad Regulatoria, lo cual permite identificar con precisión los costos correspondientes a cada segmento.

Que, al respecto, la recurrente subrayó una diferencia clave en la interpretación de los términos contables: lo que en los informes regulatorios se denomina “costos indirectos de producción” corresponde, en realidad, a costos directos de administración necesarios para la gestión operativa integral y en la contabilidad interna, estos costos figuran como indirectos sólo por no estar vinculados a la producción técnica directa, sin que ello implique que deban prorratearse mediante fórmulas generales.

Que, por lo expuesto, señaló que la metodología resulta inadecuada, dado que no refleja ni la estructura organizacional ni la dinámica operativa de las actividades reguladas y no reguladas.

Que, con relación a la omisión del impacto acumulado por mantenimiento diferido, señaló que el método de homogenización de la base de equipamientos mediante un factor uniforme del TRES POR CIENTO (3%) por ampliaciones posteriores a 2017, tal como lo propone el ENRE, resulta insuficiente y distorsivo.

Que, según aduce la recurrente, este porcentaje no reflejaría el verdadero impacto de las ampliaciones sobre la estructura de costos, ya que dicho cálculo se ve desvirtuado por los propios criterios de asignación de costos de administración (expuestos como indirectos) y en particular, la ponderación de la participación de cada tipo de equipamiento en la estructura de costos de operación y mantenimiento se encuentra subestimada, siendo según sus cálculos el factor de incremento real del CUATRO COMA TRES POR CIENTO (4,3%).

Que, adicionalmente señaló que, el criterio adoptado por el ENRE -basado en la estructura de costos de la RTI 2017 con un ajuste uniforme del TRES POR CIENTO (3%), no contemplaría la evolución real del contexto operativo, normativo y económico en el que se desempeña actualmente la empresa, resultando insuficiente para reflejar el impacto acumulado de la inflación, la transformación de los modelos de gestión, la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la infraestructura y la expansión de las funciones operativas y administrativas.

Que los rubros cuestionados son: otros costos en personal; honorarios por servicio; suscripciones y consultoría software; mantenimiento de equipos eléctricos; materiales y contrataciones para obra; mantenimiento de electroducto; impuestos, tasas y contribuciones; vigilancia y seguridad; combustibles y lubricantes; y comunicaciones.

Que, en cuanto al costo de personal, DISTROCUYO S.A. cuestionó el análisis de costos unitarios utilizado por el ENRE y en este sentido expresó que, en el año 2023, el costo real del personal de DISTROCUYO S.A. ascendió a ($ 4.208 millones), con una dotación de CIENTO CUARENTA Y TRES (143) empleados y un costo promedio por persona de ($ 29,43 millones).

Que, a pesar de lo anterior, señaló que el ENRE reconoció un costo total de solo ($ 4.019 millones), basado en una cantidad aprobada de CIENTO SESENTA Y UN (161) empleados y un valor unitario de ($ 24,96 millones) y esta diferencia generaría una subvaluación de ($ 720 millones), equivalente a la imposibilidad de financiar el costo de aproximadamente 24 empleados.

Que, en el caso de la mano de obra, DISTROCUYO S.A. objetó el uso del coeficiente general de actualización (IPIM/IPC), ya que este no acompañaría la evolución del Índice de Salarios Privados Registrado (ISPR), que mostró un crecimiento significativamente mayor.

Que, en relación con lo anterior, señaló que la mano de obra representaría un porcentaje significativo de los costos operativos, proyectados en ($ 14.293 millones) -2025-, ($ 15.457 millones) -2026-, ($ 16.576 millones) -2027-, ($ 17.703 millones) -2028-, y ($ 18.774 millones) -2029-, en moneda de diciembre 2023, frente a ($ 6.818 millones) anuales aprobados por el ENRE.

Que, denunció que, se instruyó a DISTROCUYO S.A. a presentar un Plan de Inversiones para el período quinquenal 2025-2030, por un importe total de ($ 56.695) en moneda de mayo 2025 -equivalente a ($ 29.039) en moneda de diciembre 2023-.

Que ello implicaría, según sostiene la recurrente, que el ENRE ha aprobado únicamente el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del ingreso necesario para afrontar el Plan de Inversiones presentado en su Propuesta Tarifaria y según dice la transportista, esta diferencia genera un desbalance en la estructura tarifaria que impide una ejecución realista del plan.

Que DISTROCUYO S.A. solicitó un plan de inversiones de ($83.855 millones) -moneda de diciembre 2023-, mientras que el ENRE aprobó uno menor ($ 7.945 millones) -moneda de mayo 2025-, dividido en ($ 1.589 millones) anuales, lo que consideró insuficiente para cumplir con los estándares de calidad y seguridad del Contrato de Concesión.

Que la recurrente solicitó la reconsideración del monto total aprobado y el reconocimiento de los ingresos necesarios para ejecutar el Plan de Inversiones presentado, conforme a lo requerido en su Propuesta Tarifaria.

Que, por otra parte, DISTROCUYO S.A. cuestionó el criterio de determinación del monto asignado al OPEX, en función del crecimiento del equipamiento derivado por ampliaciones, no reconocería la generación de costos eficientes por economía de escala y tampoco reflejaría los mayores costos que implican operar un parque envejecido, vulnerando abiertamente el principio de trato equitativo y desigual frente a otras transportistas.

Que, DISTROCUYO S.A. denunció que sería inexacta e improcedente la interpretación del ENRE, en cuanto a que los fondos puestos a disposición por DISTROCUYO S.A. no deberían ser considerados para su devolución, como así también que ellos fueron dispuestos para la ANR, conclusión inexacta atento a que, si no hubiera sido por saldo a inicio, DISTROCUYO S.A. no habría podido tener los niveles de CAPEX y OPEX, muy por encima de la tarifa vigente para los períodos 2020-2023.

Que por el contrario, dichos fondos fueron expresamente incluidos como “saldo inicial” en la Proyección Económico-Financiera 2021-2022 (PEF), a requerimiento del propio ENRE, bajo condición de ser restituidos una vez finalizado el Régimen Tarifario de Transición.

Que, asimismo, DISTROCUYO S.A. mencionó que el mecanismo de actualización adoptado por el ENRE SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPIM y TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPC), tanto para el periodo de transición de diciembre 2023 a marzo 2025, como para el quinquenio 2025-2030, no reflejaría adecuadamente la estructura real de costos de la compañía.

Que, además, señaló que la situación se profundiza durante el período de transición (diciembre 2023 - marzo 2025), ya que el esquema aplicado excluye el índice salarial, lo que generaría un desfasaje considerable entre la tarifa reconocida y los costos reales incurridos en 2024 y además, las diferencias detectadas producto de la aplicación de los índices profundizarían el desfinanciamiento operativo.

Que, en cuanto a la Base de Capital, cuestionó su determinación, solicitada en ($ 26.413 millones) -diciembre 2023-, pero aprobada en ($ 22.390 millones).

Que, en tal sentido la recurrente alegó como errores específicos: a) No incorporación de anticipos a proveedores PESOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE ($ 1.158.068.807); b) Inclusión de bajas patrimoniales asociadas a anticipos durante 2024 PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 387.408.432); c) Exclusión de la prima correspondiente a la actividad no regulada en el cálculo de la amortización PESOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 1.133.487.855); d) Diferencias de ajustes por inflación en altas del 2017 por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA Y TRES ($ 72.426.063), en moneda constante de diciembre 2023; e) Diferencia en valores de origen de Altas 2023, por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($ 38.861.804), en moneda constante de diciembre 2023; y, f) Diferencias detectadas en la clasificación por AR y ANR de bajas 2017-2024, por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 79.310.481), en moneda constante de diciembre 2023.

Que, la transportista sostuvo que, estos errores afectarían la razonabilidad del reconocimiento económico del capital invertido y la sostenibilidad del servicio.

Que, respecto del mecanismo ajuste tarifario mayo 2025, reclamó que, el ajuste otorgado mediante la Resolución ENRE N° 308/2025, correspondiente al mes de mayo 2025 es inferior -en términos reales- a la tarifa vigente en abril.

Que en este sentido, sostuvo que se aplica un incremento del UNO COMA NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,975%), el cual resulta menor a la variación del índice de actualización definido por el propio ENRE para el mismo período, que fue del DOS COMA DOS POR CIENTO (2,2%) y esta diferencia, aunque sutil, implicaría que la tarifa aprobada para mayo quede por debajo de la tarifa vigente en abril, generando una reducción real del CERO COMA VEINTICUATRO POR CIENTO (0,24%).

Que con relación al Factor de Estímulo a la Eficiencia (Factor X), cuestionó su determinación acumulado del CUATRO POR CIENTO (4%) al quinto año del período quinquenal UNO POR CIENTO (1%) anual desde mayo 2026 hasta alcanzar el CUATRO POR CIENTO (4%) en 2029-2030, considerando que sería desproporcionado.

Que, sobre el particular argumentó, que los períodos tarifarios previos (2002-2024), afectados por inflación, atraso cambiario, restricciones a importaciones, y congelamientos tarifarios, habrían limitado las inversiones y la eficiencia operativa, haciendo inviable este factor sin ajustes.

Que, asimismo, reprochó que no se brindaron criterios claros para su cálculo, lo que afectaría el derecho de defensa y la previsibilidad económica del concesionario y por ello DISTROCUYO S.A. solicitó reconsiderar el Factor X para alinearlo con las condiciones reales del servicio.

Que, por último, la transportista denunció lo que considera como un error técnico por parte del ENRE al haber actualizado la remuneración hasta marzo de 2025 en lugar de hacerlo hasta abril, cuando el nuevo cuadro tarifario comienza a regir en mayo y esta alegada omisión privaría a DISTROCUYO S.A. de un mes completo de actualización, lo que generaría un perjuicio económico directo y carecería de justificación expresa en el cuerpo de la Resolución ENRE N° 308/2025.

Que la recurrente citó precedentes de la RTI 2017, donde, según señala DISTROCUYO S.A., el ENRE sí aplicó actualizaciones completas hasta el mes previo a la entrada en vigencia de los nuevos valores tarifarios, por lo que solicitó que se corrija esta omisión.

Que, por otra parte, desde una perspectiva de derecho administrativo, DISTROCUYO S.A. identificó lo que entiende son vicios en los elementos esenciales del acto administrativo a saber a) Vicio en el Objeto: Se vulnera el marco regulatorio y los derechos de DISTROCUYO S.A., se aparta de lo dispuesto por el orden normativo (Ley N° 24.065) y no garantiza la sostenibilidad del servicio; b) Vicio en la causa: No se tuvieron en cuenta los antecedentes de hecho y de derecho; c) Vicio en el Procedimiento: Ausencia de Dictamen Jurídico en los términos de la LNPA, cuestionando que la decisión del servicio jurídico de emitir un mismo dictamen jurídico para todos los casos infringe el principio de razonabilidad, conforme lo establecido en el artículo 28 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL; d) Vicio en la Finalidad y Razonabilidad: Es irrazonable que el ENRE pretenda que DISTROCUYO S.A. preste el servicio sin otorgársele el ajuste tarifario al cual tiene derecho ya que ello distorsiona el fin legal de asegurar tarifas justas y razonables, conforme al artículo 28 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y luce además irrazonable que el Estado demande calidad en el servicio, pero omita cumplir sus obligaciones para con la concesionaria; e) Vicio en la motivación: El ENRE no justificó adecuadamente las decisiones sobre el mecanismo de ajuste, el Factor X, y la base de capital, comprometiendo la validez del acto conforme al artículo 7 de la LNPA y al principio de legalidad (artículo 19 CN); f) Vicios Constitucionales de la Resolución ENRE N° 308/2025 que vulneran Derechos de DISTROCUYO S.A.: Afectación del derecho de propiedad privada y libertad económica; y la igualdad ante la ley.

Que, asimismo, DISTROCUYO S.A. solicitó la suspensión del plazo para presentar el Plan de Inversiones, requerido por el artículo 7 de la Resolución ENRE N° 308/2025, hasta que se resuelva el recurso, argumentando que el resultado de la RQT podría modificar el quantum y las condiciones del plan, evitándose conforme lo pedido por ella un dispendio innecesario de recursos.

Que, por último, DISTROCUYO S.A. formuló reserva del Caso Federal conforme el artículo 14 de la Ley N° 48, al considerar que la Resolución ENRE N° 308/2025, vulnera principios constitucionales como la igualdad ante la ley (artículo 16), el derecho de propiedad (artículo 17), la legalidad en el procedimiento (artículos 18 y 19), y la razonabilidad de las normas (artículo 28) y también se reservó el derecho de ampliar fundamentos y ofrecer prueba según lo previsto en el artículo 77 del Decreto N° 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.

Que, en primer lugar, cabe señalar que, en cuanto al aspecto formal, el recurso planteado resulta procedente a la luz de la normativa aplicable (artículos 84 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/1972. T.O. 2017, modificado por el Decreto N° 695 de fecha 2 de agosto de 2024, debido a que ha sido interpuesto en plazo.

Que respecto al cuestionamiento efectuado por DISTROCUYO S.A., en cuanto a que el ENRE haya considerado su solicitud de aclaratoria previa, efectuada mediante IF-2025-58746499-APN-SD#ENRE, como recurso de reconsideración, corresponde rechazarlo.

Que ello es así por cuanto la aclaratoria procede cuando: a) Exista contradicción en la parte dispositiva; b) Exista contradicción entre la motivación -considerandos del acto- y la parte dispositiva; c) Sea necesario suplir una omisión sobre alguna de las peticiones (Conf. TOMÁS HUTCHINSON TOMO EL DERECHO Nro. 127, pág. 755 UNIVERSITAS S.R.L. Id SAIJ: DACN880227).

Que, por el contrario, apartándose de dichos parámetros, el referido planteo de DISTROCUYO S.A., en sustancia, constituye una solicitud de reconsideración de lo resuelto por el ENRE mediante la Resolución ENRE N° 308/2025; ello, con base en las consideraciones que desarrolla en su presentación registrada como IF-2025-58746499-APN-SD#ENRE, por la que exteriorizó su desacuerdo con el criterio aplicado por el Ente mediante el dictado del Acto atacado y por tal razón, el encuadre dado a dicha presentación por el ENRE es correcto.

Que en cuanto a la pretensión de DISTROCUYO S.A, de que la Asesoría Jurídica merituara en el Dictamen Jurídico N° IF-2025-45384299-APN-AJ#ENRE, aspectos de carácter técnico económico ampliamente tratados por los informes técnicos del área competente, el planteo resulta manifiestamente improcedente; ello, por cuanto, tal como se hizo constar en el referido Dictamen Jurídico N° IF-2025-45384299-APN-AJ#ENRE, según inveterada doctrina emanada de la Procuración del Tesoro de la Nación (de observancia obligatoria para ese servicio jurídico), sus opiniones deben limitarse “…al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas, no tratará aspectos técnicos ni económicos, ni se referirá a cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, por ser materias ajenas a la competencia de esta Dirección Nacional. Todos estos aspectos son merituados, evaluados, verificados y certificados a través de los respectivos informes técnicos elaborados por las áreas con competencia específica en la materia los que merecen plena fe y a los que cabe remitirse en honor a la brevedad…” (v. Dictámenes PTN 243:663).

Que, por otra parte, conviene mencionar que la Jurisprudencia Administrativa ha dicho que “El dictamen jurídico no es un acto administrativo, en tanto no importa un acto de emisión de voluntad de la Administración, sino que se trata de un acto consultivo, propio de la actividad interna de la Administración, orientado a asesorar y a preparar la decisión del órgano que debe resolver” y en tal línea, se ha señalado que “Los dictámenes no producen un efecto jurídico directo e inmediato y, por ello, no son cuestionables a través de recursos administrativos ni judiciales, lo que resulta indudable si se advierte que la posibilidad de impugnación se encuentra sujeta a que la decisión administrativa resuelva el fondo de la cuestión planteada. De modo que aun cuando el dictamen fuera notificado al administrado sigue siendo un acto preparatorio de la voluntad de la Administración e insusceptible de recursos” (Corte Suprema de Justicia de Salta. SUMARIO DE FALLO 25 de febrero de 2019 Id SAIJ: SUS0090477).

Que coincidente con dicha línea interpretativa, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha indicado que “El dictamen jurídico no importa un acto decisorio, sino consultivo, propio de la Administración interna” (Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala I, 6/11/199, in re “Finmeccanica Spa Aérea Alenia Difesa v. Estado Nacional - Ministerio de Defensa - s/ medida cautelar autónoma”, del voto del Dr. Coviello, con cita de Fiorini.).

Que, por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación, ha afirmado, en igual sentido, que “Los dictámenes no son actos en sentido estricto, ya que no producen efectos jurídicos directos y por ello son irrecurribles, aunque adolecieran de vicios…” (Dictamen PTN 259:18 y 194:8.).

Que, en el ámbito de la Doctrina Administrativa, Dromi (citando el Dictamen PTN 214:183 de la Procuración del Tesoro de la Nación) enseña que “Los dictámenes son actos jurídicos de la Administración emitidos por órganos competentes, que contienen opiniones e informes técnico-jurídicos preparatorios de la voluntad administrativa…en tal sentido no obliga, en principio, al órgano ejecutivo, ni extingue o modifica una relación de derecho con efecto respecto de terceros, sino que se trata de una declaración interna, que forma parte del procedimiento administrativo en marcha…Sus caracteres jurídicos son: indelegables, preparatorios, irrevocables e irrecurribles” y según COMADIRA: “…Aun cuando fuera notificado directamente al administrado por el órgano actuante -competente, o no, para adoptar la decisión-, ni siquiera en ese caso el asesoramiento mutaría su naturaleza jurídica…” (COMADIRA, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2° Edición, Editorial - Abeledo Perrot, 2007, pág. 7).

Que, por lo expuesto, corresponde tratar los argumentos recursivos de la concesionaria, exclusivamente en cuanto importan un cuestionamiento a la Resolución ENRE N° 308/2025.

Que, por último, en cuanto a este planteo, corresponde descartar que el hecho de que se haya considerado su pedido de aclaratoria como un recurso de reconsideración que en realidad es, dándosele la oportunidad de ampliarlo, le cause daño alguno a su derecho de defensa.

Que, en efecto, en su presentación registrada como IF-2025-68384391-APN-SD#ENRE, DISTROCUYO S.A. se explayó ampliamente sobre sus pretensiones y acerca de las razones que invoca en su sustento, las cuales fueron pormenorizadamente analizadas y contestadas en el “Informe sobre el Recurso de Reconsideración presentado por DISTROCUYO S.A. contra la Resolución ENRE N° 308/2025 EX-2024-46997136-APN-SD#ENRE, que sirve de sustento al acto proyectado.

Que, es por ello que, corresponde descartar su planteo toda vez que, al margen de la impertinencia de su pretensión de convertir un cuestionamiento a la resolución de autos, como en sustancia es su presentación digitalizada como IF-2025-58746499-APN-SD#ENRE, en un pedido de aclaratoria de la Resolución ENRE N° 308/2025, no se advierte el daño que le ocasione la aplicación de dicho criterio por parte del ENRE, visto la mencionada amplitud con la que DISTROCUYO S.A. expresó y fundó sus pretensiones y el extenso y pormenorizado análisis y recepción parcial que de las mismas se efectúa en el referido Informe del ÁREA DE ANÁLISIS REGULATORIOS Y ESTUDIOS ESPECIALES (ARYEE).

Que, en cuanto al porcentaje de incremento en el equipamiento considerado del TRES POR CIENTO (3%), cabe aclarar que la transportista en su presentación de la información correspondiente a los costos por equipamiento en el Formulario F400, no identificaron los costos indirectos como costos de administración ni los discriminaron por tipo de equipamiento, asignándolos a la categoría “otros” y por ello, no fueron contemplados para su asignación.

Que, aclarado este punto, a partir de lo expuesto en su recurso, se recalculó el costo por equipamiento reasignando los costos indirectos, llegando a un valor de incremento de costos por incorporación de instalaciones de CUATRO COMA TRES POR CIENTO (4,3%).

Que respecto a los cuestionamientos realizados a los costos operativos y analizada la información adicional presentada en el recurso, se observa que el costo de personal contemplado en la resolución recurrida no refleja en su real dimensión la participación de los costos indirectos/administrativos.

Que, en función de ello, se entiende pertinente proceder a su corrección llevando el costo unitario de personal de ($ 24,96 millones) a ($ 29,73 millones), en moneda de diciembre 2023.

Que, con relación a las observaciones formuladas por la recurrente respecto de la Base de Capital, cabe señalar que luego de analizar la información aportada por la transportista se incorporan: Los anticipos a proveedores del año 2024 neto de las bajas correspondientes de las bajas de 2023, la diferencia en valores de origen de altas 2023, teniendo en cuenta las transferencias reguladas; y se detrajeron para el ejercicio 2024 las bajas correspondientes a la ANR.

Que, asimismo, por un error material se imputaron como bajas del año 2018, las correspondientes al año 2017.

Que, por otra parte, corresponde la exclusión de la prima correspondiente a la actividad no regulada en el cálculo de la amortización por cuanto la información de las amortizaciones de la AR contempladas en el cálculo de la BCR fueron aportadas por la transportista mediante las Notas registradas como IF-2024-30089328-APN-SD#ENRE e N° IF-2025-17322440-APN-SD#ENRE.

Que, respecto de las diferencias de ajustes por inflación en altas del 2017, corresponde su rechazo en función de que el total de altas reguladas y no reguladas imputadas a dicho año, surge de la información de los EECC de la empresa del año 2017, el cual no contempla en dicho año el ajuste por inflación, conforme las normas contables vigentes en ese momento.

Que, de esta forma, el valor de la BCR de DISTROCUYO S.A. al 31 de diciembre de 2024 es de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 52.335.958.859), en moneda de diciembre de 2024.

Que, ajustando los valores a moneda de diciembre de 2023, el valor de la BCR de DISTROCUYO S.A. al 31 de diciembre de 2024 es de PESOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 24.033.379.435).

Que, en función de lo expuesto precedentemente, el nivel de ingresos determinado para la transportista asciende a PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 19.254.197.689 millones), expresado en moneda de diciembre 2023. Este valor, actualizado a mayo 2025, asciende a PESOS TREINTA SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 37.591.674.000).

Que, teniendo en cuenta la remuneración establecida, las cuotas mensuales que se aplicarán a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre se incrementan de UNO COMA CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PORCIENTO (1,159%) a CUATRO COMA QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PORCIENTO (4,546%).

Que respecto de las objeciones manifestadas contra el mecanismo de actualización como fórmula de ajuste para el quinquenio 2025-2030, se ratifica lo señalado en el punto 3.6 del Informe Técnico N° IF-2025-44684689-APN-ARYEE#ENRE, que da respaldo a la resolución recurrida.

Que, allí se señala que la evidencia demuestra que es conveniente descartar el Índice Salarial (IS) de la fórmula utilizada por el mecanismo de actualización definido en la revisión tarifaria 2017, dado que su inclusión es ineficiente a los fines buscados toda vez que la evolución de los ingresos ajustados con esta fórmula se retrasa cada vez más respecto de la evolución de los índices de precios, especialmente en épocas de alta inflación.

Que, no obstante lo anterior, es dable observar que, en el período enero 2024 - marzo 2025, los salarios y el IPIM/IPC mostraron una evolución distinta.

Que, sin ánimo de normalizar este comportamiento poco habitual registrado en los indicadores mencionados, corresponde priorizar y garantizar que los ingresos determinados en el presente recurso, cubran los salarios, con el fin de mantener la dotación de personal validada como óptima por el ENRE, y demás costos operativos de DISTROCUYO S.A.

Que a tal fin, el nivel de costos eficientes determinado en moneda de diciembre de 2023 debe ser reexpresado a marzo de 2025 utilizando exclusivamente el IPC.

Que los costos operativos, incluyendo salarios, y las inversiones representan en conjunto un SETENTA Y CUATRO PORCIENTO (74%) de los ingresos determinados en el presente recurso.

Que, a fin de mantener dichos ingresos y esta relación, corresponde disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos.

Que es importante remarcar que esta reducción en el nivel de inversiones obligatorias no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la concesionaria. La resolución recurrida implementó el factor de inversión (K), que tiene como finalidad alentar la realización de inversiones por parte de las transportistas, mediante un ajuste adicional de las tarifas. Este ajuste tendrá en cuenta las inversiones complementarias, que no fueron previstas al determinar la tarifa vigente, dependiendo de la efectiva realización de la obra comprometida.

Que las inversiones complementarias son obras o proyectos que, a propuesta de las transportistas y aprobadas por el ENRE, comiencen a prestar el servicio a los usuarios (cláusula gatillo). Serán considerados en el cálculo de un Factor de estímulo a las inversiones (K) que permita transferir el costo de las mismas al ingreso de la transportista.

Que entonces, a fin de que los costos determinados en moneda de diciembre de 2023, siguiendo el principio general de tarifas justas y razonables establecido en el capítulo X de la Ley N° 24.065, sean suficientes para operar y mantener el servicio en forma eficiente y prudente, se deben ajustar conforme la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2025 (índice de 2,3642).

Que, de esta manera, los costos operativos en millones de pesos de 2025 quedan determinados de la siguiente manera: en el período mayo 2025 - abril 2026, PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES ($ 18.219 millones); en el período mayo 2026 - abril 2027, PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES ($ 18.219 millones); en el período mayo 2027 - abril 2028, PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES ($ 18.219 millones); en el período mayo 2028 - abril 2029, PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES ($ 18.219 millones); y, en el período mayo 2029 - abril 2030, PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES ($ 18.219 millones), todo en pesos de mayo 2025.

Que consecuentemente, se establecen los siguientes valores del Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES ($ 48.213 millones), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 9.643 millones) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 9.643 millones) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 9.643 millones) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 9.643 millones) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 9.643 millones) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025.

Que, por último, corresponde tratar el planteo de DISTROCUYO S.A., que calificó como desproporcionado el Factor X acumulado del CUATRO POR CIENTO (4%) al quinto año del período quinquenal, argumentando que la situación operativa aún no se encuentra normalizada, solicitando un nuevo período de adaptación.

Que conforme surge claramente de la resolución recurrida, los cargos tarifarios se verán afectados por la incidencia del Factor X a partir del 1 de mayo de 2026, cuyo valor anual máximo establecido es del UNO POR CIENTO (1%) y asimismo, la resolución establece que el Factor X se acumulará hasta alcanzar el CUATRO POR CIENTO (4%) en el quinto año del periodo quinquenal.

Que consecuentemente, los cargos tarifarios se reducirán, en términos reales, un UNO POR CIENTO (1%) a partir del 1 de mayo de 2026, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2027, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2028 y, finalmente, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2029, alcanzando de esta forma en el último año del periodo quinquenal la reducción acumulada del CUATRO POR CIENTO (4%).

Que, por ende, entre lo que efectivamente se aplicó (años 2018 y 2019) y los que se aplicarán, la reducción acumulada es del CUATRO COMA SEIS POR CIENTO (4,6%) que está muy por debajo de lo permitido por el artículo 8 del Contrato de Concesión, que prevé un máximo acumulado del DIEZ POR CIENTO (10%).

Que, es decir, el Factor X se aplicará el 1 de mayo de cada año, y los valores horarios y mensuales a aplicar al equipamiento regulado obtenidos se mantendrán en términos reales hasta el 30 de abril del año siguiente.

Que, por lo tanto, el ENRE considera que la reducción del CUATRO POR CIENTO (4%) al final del quinquenio es consistente con el artículo 42 inciso c) de la Ley N° 24.065, que prevé ajustes para estimular la eficiencia.

Que las dificultades del quinquenio anterior fueron consideradas en el proceso de RQT, y el Factor X refleja una expectativa razonable de mejoras en la eficiencia operativa.

Que, respecto de los planteamientos vertidos por DISTROCUYO S.A., en relación con la presencia de vicios que violarían los elementos esenciales del acto administrativo, basta con la simple lectura del acto reclamado para inferir que el mismo ha sido dictado por una autoridad competente, expresa causa y objeto, se encuentra debidamente motivado, determina el fin por el que fue dictado; y, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, a saber la Ley N° 24.065, presunción no desvirtuada por argumento alguno planteado por la reclamante.

Que en efecto, en cuanto al alegado vicio en la causa, cabe señalar que la Resolución ENRE N° 308/2025 se encuentra debidamente fundada en los antecedentes fácticos y jurídicos que motivaron su dictado y que se encuentran expuestos en el “INFORME TÉCNICO EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A) REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025” (IF-2025-44684689-APN-ARYEE#ENRE), cumpliéndose acabadamente con el recaudo del artículo 7, inciso b) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (LNPA).

Que en los considerandos de dicha resolución se explicitaron y fundaron ampliamente los criterios que se proponen aplicar, así como también las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que les dan sustento, condiciones que aseguran la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas propuestas, y que dotan de validez al acto administrativo.

Que, en cuanto a la existencia de supuestos vicios en el objeto alegada por la recurrente, cabe señalar que las decisiones adoptadas en la Resolución recurrida se basan en los principios tarifarios establecidos en la Ley N° 24.065, no evidenciándose apartamiento alguno que justifique la objeción planteada.

Que en efecto, tales decisiones encuentran su fundamento en las disposiciones que rigen el procedimiento de RQT, contenidas en el Capítulo X de la Ley N° 24.065, ajustándose a pautas de razonabilidad y proporcionalidad, en el marco de la emergencia vigente; ello, en línea con los criterios expuestos en la Nota N° NO-2025-44507112-APN-MEC, del MINISTRO DE ECONOMÍA, en la que destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad.

Que, a todo efecto, resulta procedente recordar lo sostenido por la doctrina administrativa en cuanto a las facultades irrenunciables atribuidas a la Administración Pública de velar por la vigencia y el funcionamiento de los servicios públicos cuya operación haya concesionado, en cuanto a que no se trata de cualquier contrato administrativo, sino de uno referido a una concesión de un servicio público de fuerte implicancia social y por ello, las prerrogativas -como todas las que impliquen cláusulas exorbitantes virtuales e implícitas del derecho privado- son irrenunciables para el Estado, pues no se trata de derechos de la Administración Pública, sino de potestades de ésta (BERCAITZ, Miguel Ángel, Teoría general del contrato administrativo, página 568/569, con cita de MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A pág. 409).

Que, por lo expuesto, tampoco se advierte la existencia de un vicio en la finalidad ni en la razonabilidad del Acto.

Que, finalmente, cabe descartar en autos un vicio en la motivación del acto como pretende DISTROCUYO S.A, en tanto la motivación es la explicitación de la causa, o sea la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictarlo (conf. T. Hutchinson “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Editorial Astrea, página 77). (Cons. VI), razones y circunstancias que se encuentran extensa y pormenorizadamente expuestas en los considerandos de la Resolución ENRE N° 308/2025, sustentándose en el mencionado “INFORME TÉCNICO EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A) REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025”, motivo por el cual corresponde rechazar su pretendida falta en el acto recurrido.

Que la determinación de la remuneración de DISTROCUYO S.A., es decir, el objeto de la Resolución ENRE N° 308/2025, resulta coherente en su perspectiva legal, a la vez que atiende a las nociones de oportunidad, mérito y conveniencia y no puede hablarse de la presencia de un vicio en sobre este elemento, ya que, en virtud de las razones técnicas aquí expuestas, en conjunto con el procedimiento acaecido, fundamentan a lo decidido como plenamente válido desde el punto de vista jurídico.

Que por ello, las decisiones adoptadas en el acto impugnado se alinean con los principios tarifarios establecidos en la Ley N° 24.065, con miras a garantizar así la sustentabilidad del servicio, no pudiendo evidenciarse apartamiento alguno que justifique la objeción planteada.

Que, en atención a lo hasta aquí explicado, el acto en cuestión y sus tramitaciones previas se sustentan en antecedentes razonables y guardan una relación directa y coherente con los hechos que lo fundamentan, ajustándose plenamente a los preceptos impuestos por la Ley N° 24.065.

Que los motivos y razones que llevaron al ENRE a dictar la Resolución N° 308/2025, han sido debidamente exteriorizados y fundamentados, son suficientes y explicitados respecto de todos los puntos abordados, brindando una justificación adecuada para cada una de las decisiones adoptadas.

Que por último la recurrente alude a vicios constitucionales que afectan el acto impugnado.

Que en este sentido DISTROCUYO S.A. invoca los artículos 14 y 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL para proteger su “derecho de propiedad” y “libertad económica”, extendiéndolos a la ecuación económico-financiera de su contrato.

Que, esta alegación resulta excesivamente amplia e imprecisa, a la vez que omite que la Resolución ENRE N° 308/2025, lejos de afectar la propiedad de la transportista, constituye una determinación prudente de ingresos, técnicamente fundada y otorgada dentro de los parámetros regulatorios establecidos por la Ley N° 24.065, aun cuando no satisfaga las expectativas de la recurrente.

Que tampoco la impugnante ha sido objeto de arbitrariedad, ni careció de un trato equitativo ya que la resolución recurrida, como fuera mencionado en el desarrollo del presente acto, es el resultado de un análisis técnico y legal que busca la razonabilidad y la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

Que, en lo que respecta al mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la concesionaria, cabe destacar que dicha ecuación se sostiene y que los “errores metodológicos y de cálculo” alegados por DISTROCUYO S.A. no implican per se una ruptura irreparable de la ecuación en tanto la resolución recurrida se basa en criterios técnicos y económicos, procurando un equilibrio justo entre los intereses de la empresa y el interés público tutelado, debiendo desestimarse la existencia del perjuicio alegado.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, el artículo 55 incisos a), d) y s) de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los artículos 84 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.), contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 308 de fecha 30 de abril de 2025.

ARTÍCULO 2.- Modificar la remuneración de DISTROCUYO S.A., aprobada por el artículo 1 de la Resolución ENRE N° 308/2025, sustituyendo el Anexo I (IF-2025-44387568-APN-ARYEE#ENRE), por el Anexo I (IF-2025-80680660-APN-ARYEE#ENRE), que integra esta resolución.

ARTÍCULO 3.- Sustituir el valor de UNO COMA CIENTO CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (1,159%), aprobado en el artículo 3 de la Resolución ENRE N° 308/2025 a aplicar a los valores horarios del equipamiento regulado de DISTROCUYO S.A. a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del 1 de septiembre de 2025 y en los meses sucesivos hasta el 1 de diciembre de 2025 inclusive, por un incremento mensual de CUATRO COMA QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (4,546%), según lo establecido en el Anexo II (IF-2025-80700745-APN-ARYEE#ENRE), que forma parte integrante de esta resolución.

ARTÍCULO 4.- Sustituir el texto del artículo 7 de la Resolución N° 308/2025 por el siguiente: “ARTÍCULO 7.- Instruir a DISTROCUYO S.A. a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 48.212.840.532), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS ($ 9.642.568.106) en el periodo mayo 2025 - abril 2026, PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS ($ 9.642.568.106) en mayo 2026 - abril 2027, PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS ($ 9.642.568.106) en mayo 2027 - abril 2028, PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS ($ 9.642.568.106) en mayo 2028 - abril 2029 y PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS ($ 9.642.568.106) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el “Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio” aprobado en Resolución ENRE N° 548/2025.

ARTÍCULO 5.- Hacer saber a DISTROCUYO S.A. que la presente resolución agota la vía administrativa, conforme artículo 23 inciso c) apartado (iii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y es susceptible de ser recurrida mediante recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, previsto en el artículo 62 de la Ley N° 24.065 (T.O. 2025), dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales, los que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación.

ARTÍCULO 6.- Oportunamente, remítanse las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) para que tramite el recurso de alzada interpuesto subsidiariamente.

ARTÍCULO 7.- Notifíquese a DISTROCUYO S.A., a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA), a la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), a la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA), y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), junto con el Anexo I (IF-2025-80680660-APN-ARYEE#ENRE) y el Anexo II (IF-2025-80700745-APN-ARYEE#ENRE).

ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Néstor Marcelo Lamboglia

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59488/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-47007741-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la presentación digitalizada como IF-2025-64341693-APN-SD#ENRE, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCOMAHUE S.A.), interpuso un recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 307 de fecha 30 de abril de 2025.

Que, en el citado recurso, solicitó la modificación de la Resolución ENRE N° 307/2025, argumentando que la tarifa establecida para la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2030, no cumplía con los principios tarifarios de la Ley N° 24.065 ni con las obligaciones de su Contrato de Concesión.

Que TRANSCOMAHUE S.A., reclamó la inclusión de las obras del “Plan Castello” en la Base de Capital Regulada (BCR), señalando que el ENRE excluyó estas obras, considerándolas ampliaciones financiadas por terceros, aprobando una BCR de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 8.159.996.724) en pesos de diciembre 2023.

Que, al respecto, señaló que: a) Las obras fueron solventadas por TRANSCOMAHUE S.A., no por terceros, y registradas como bienes de uso en su contabilidad regulatoria, informada al ENRE sin objeciones previas; b) La Resolución ENRE N° 223 de fecha 15 de abril de 2024 había establecido que la BCR debía incluir todas las altas de bienes de uso, valuadas a costo histórico y al excluirse las obras del “Plan Castello” se contradice esta metodología y; c) Las obras habían sido declaradas convenientes y necesarias por las Resoluciones ENRE N° 120 de fecha 20 de abril de 2022 y ENRE N° 285 de fecha 10 de marzo de 2023, cumpliendo con el artículo 28 de la Ley N° 24.065, que permite recuperar inversiones en ampliaciones del sistema.

Que, incluyendo estas obras, indicó que la BCR asciende a VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO ($ 28.993.618.408) en pesos diciembre 2023, aumentando significativamente la rentabilidad de TRANSCOMAHUE S.A. y asegurando la sostenibilidad económica para futuras inversiones y su exclusión –por el contrario- reduce artificialmente la base de remuneración, violando los principios de la Ley N° 24.065.

Que, asimismo, objetó que el ENRE haya calculado los impuestos teóricos considerando amortizaciones de bienes excluidos de la BCR, como los del “Plan Castello”, lo que reduce la base imponible y el impuesto compensado en la tarifa. Por ello, TRANSCOMAHUE S.A., solicitó lo que entiende era una necesaria coherencia metodológica: a) Si los bienes del “Plan Castello” no se incluyen en la BCR, sus amortizaciones no debían considerarse en el cálculo de impuestos; o b) Alternativamente, ambos (bienes y amortizaciones) deben incluirse en la BCR y el cálculo fiscal, conforme a la Resolución ENRE N° 223/2024.

Que, según la empresa, esta inconsistencia distorsiona la tarifa, subestimando los ingresos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales y operativas.

Que, en otro orden de cosas, TRANSCOMAHUE S.A. argumentó, que el ENRE reconoció solo el SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del OPEX solicitado, lo que compromete la funcionalidad de los activos, el cumplimiento del Contrato de Concesión y la seguridad del sistema eléctrico, toda vez que la cobertura plena del OPEX es una condición técnica y económica esencial para sostener la operatividad de las instalaciones.

Que la recurrente, señaló que el rubro “personal” representa el SETENTA POR CIENTO (70%) del OPEX y que el ENRE proyectó el costo salarial para 2025-2029 utilizando el costo promedio por empleado de 2023 de VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL ($ 27.108.000) en pesos de diciembre 2023, considerado similar al de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017 de VEINTISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL ($ 27.110.000), objetando la metodología utilizada.

Que, al respecto, destacó que no se contempló una recomposición salarial acordada con los sindicatos en diciembre de 2023, debido al contexto económico de Vaca Muerta (alta inflación y demanda laboral), lo que elevara el costo promedio por empleado en 2024 a TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL ($ 31.601.000 en pesos de diciembre 2023), por lo cual se había subestimado el costo laboral real.

Que, asimismo, sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75 establece incrementos por antigüedad -UNO COMA CUATRO POR CIENTO (1,4%) anual- y una Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) de DOS POR CIENTO (2%) anual promedio de modo que aplicando estos incrementos, el costo proyectado por empleado para el quinquenio 2025-2030 es de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 34.964.000) de pesos anuales en promedio (diciembre 2023).

Que, entonces, mencionó que considerando una dotación de OCHENTA Y TRES (83) empleados (aceptada por el ENRE), el costo laboral anual asciende a DOS MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES DOCE MIL ($ 2.902.012.000) en pesos de diciembre 2023, mientras el ENRE aprobó DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 2.250.000.000) de pesos, generando un desfasaje de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOCE MIL ($ 652.012.000) anuales, que pone en riesgo la continuidad operativa, la retención de personal calificado y el cumplimiento de las exigencias de calidad del servicio.

Que, con relación a Otros Costos de Personal, observó que el ENRE aceptó un TRES POR CIENTO (3%) del costo total de personal para gastos indirectos (capacitaciones, viáticos, indumentaria, etcétera), pero lo calculó sobre la base desactualizada de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 2.250.000.000), aprobando SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 67.503.560) anuales, en tanto si se aplicaba el TRES POR CIENTO (3%) sobre el costo laboral real de DOS MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES DOCE MIL ($ 2.902.012.000), el costo ascendería a OCHENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 87.060.360) anuales (diciembre 2023), con una diferencia de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 19.556.800).

Que, en cuanto al rubro Combustibles y Lubricantes, señaló que el ENRE calculó un promedio histórico (2017-2023), incluyendo los años atípicos 2020-2021 (baja actividad por COVID-19), aprobando VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000) anuales, en vez de aplicar un cálculo basado en el consumo real de 2024 y una flota de TREINTA Y SIETE (37) vehículos, estimando SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 63.496.843) anuales (diciembre 2023), con una brecha de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 38.396.843), afectando ello la capacidad de mantener las operaciones de inspección y mantenimiento en el terreno.

Que, respecto de los gastos en Vigilancia y Seguridad, TRANSCOMAHUE S.A. solicitó QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 598.965.848) anuales para cubrir DIEZ (10) locaciones críticas (NUEVE -9- estaciones transformadoras y UNA -1- base operativa), justificadas por la necesidad de proteger activos esenciales en una región de alta criticidad pero el ENRE aprobó TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES ($ 374.000.000), generando una diferencia de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 224.965.848), insuficiente -a su criterio- para garantizar la seguridad de las instalaciones frente a riesgos como vandalismo o robos.

Que, en definitiva, TRANSCOMAHUE S.A. solicitó el reconocimiento pleno de dichos rubros, indispensables -según sostuvo- para la operación segura y eficiente del sistema eléctrico en el Alto Valle.

Que adicionalmente, señaló que la fórmula de actualización aprobada -SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPIM + TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPC-, distorsiona la cobertura del OPEX, que depende principalmente del IPC (salarios, servicios), mientras sobredimensiona el CAPEX, ligado al IPIM (bienes de capital) particularmente considerando que, entre diciembre 2023 y marzo 2025, el IPC aumentó un CIENTO CUARENTA Y TRES POR CIENTO (143%), mientras que el IPIM lo hizo un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%), subestimándose así los costos operativos reales que debía afrontar.

Que, la transportista, propuso ajustar los valores de diciembre 2023 a mayo 2025 únicamente por IPC, siguiendo el precedente de la RTI 2017, para reflejar la evolución real de los costos operativos y, a partir de mayo 2025, aplicar una fórmula con SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPC + TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPIM, que reflejase mejor la estructura de costos de TRANSCOMAHUE S.A. (SETENTA POR CIENTO -70%- OPEX ligado al IPC).

Que señaló la recurrente que esta corrección garantizaría una tarifa alineada con los principios de sostenibilidad y razonabilidad de la Ley N° 24.065.

Que desde una perspectiva de derecho administrativo, TRANSCOMAHUE S.A. identificó varios vicios en la resolución recurrida, conforme el artículo 7 Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, a saber; a) Expresó que el ENRE excedió sus facultades al aprobar una tarifa que contraviene los artículos 40, 41 y 28 de la Ley N° 24.065 y el artículo 22 del Contrato de Concesión, que exigen cubrir todos los costos operativos y de inversión; b) Respecto de la tarifa aprobada, resulta ilegítima al no garantizar los ingresos suficientes para sostener la calidad y seguridad del servicio, violando el objeto legal del marco regulatorio; c) Se basa en antecedentes fácticos erróneos (costos de 2023, exclusión de bienes del “Plan Castello”) y omite justificaciones verificables, contraviniendo el artículo 7, inciso b, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y; d) No cumple con la finalidad de garantizar una tarifa justa y razonable, exigiendo niveles de calidad sin proveer los recursos necesarios, desviándose de los objetivos de la Ley N° 24.065.

Que, TRANSCOMAHUE S.A., solicitó al Interventor del ENRE tener por presentado el recurso de reconsideración con alzada en subsidio en legal tiempo y forma, modificar la Resolución ENRE N° 307/2025 y, en su caso, elevar las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, en caso de no hacerse lugar al recurso de reconsideración.

Que, además, la transportista formuló la reserva de acudir a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (artículo 14, Ley N° 48) si se vulnerasen derechos constitucionales, como la propiedad (artículo 17, CONSTITUCIÓN NACIONAL), la igualdad ante la ley y la razonabilidad, y de ampliar fundamentos (artículo 77, Decreto N° 1759/72) para proteger sus derechos en instancias administrativas o judiciales.

Que, en primer lugar, cabe señalar que, en cuanto al aspecto formal, el recurso planteado resulta procedente a la luz de la normativa aplicable (artículos 84 y concordantes del Reglamento de Procedimiento Administrativo Decreto N° 1.759/1972. T.O. 2017, modificado por el Decreto N° 695 de fecha 2 de agosto de 2024) debido a que ha sido interpuesto dentro de los plazos pertinentes.

Que en cuanto al cuestionamiento por la “Incorrecta Determinación de la Base de Capital Regulada, porque no se incluyeron las altas de bienes de uso relacionadas con las obras del “Plan Castello”, calificadas como “ampliaciones con aportes de terceros” por el ENRE, corresponde su rechazo.

Que cabe aclarar que las Resoluciones ENRE N° 120/2022 y ENRE N° 285/2023 declararon la conveniencia de las obras mencionadas, otorgando el certificado, lo que no implica su incorporación a la base de capital de la concesionaria.

Que al igual que otras ampliaciones realizadas en los términos del Título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, incluida en el Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos- texto según Resolución de la Ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019), ellas consisten en la posibilidad que tiene uno o más agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para establecer o mejorar su vinculación con dicho mercado y -a tal efecto- requieran una ampliación de la capacidad del sistema de transporte, la que podrán obtener celebrando con una transportista o con una transportista independiente un contrato de construcción, operación y mantenimiento.

Que, en ese sentido, el interesado que requiere la ampliación la financia, en tanto el transportista o transportista independiente sólo cobrarán por la operación y mantenimiento de la ampliación, pero en modo alguno pueden trasladar al usuario del sistema de transporte el costo del capital.

Que vale aclarar que el artículo 28 de la Ley N° 24.065 permite recuperar inversiones en ampliaciones mediante tarifas, pero requiere que sean autorizadas por el ENRE y que no impliquen aportes de terceros, como sucede en el caso de ampliaciones por contrato entre partes.

Que –en consecuencia- dado que el ENRE ya determinó que las obras del “Plan Castello” no cumplen este requisito, y en ausencia de nueva prueba en contrario, corresponde rechazar este agravio.

Que respecto al planteo de TRANSCOMAHUE S.A. por “Inconsistencias en el Cálculo de Impuestos Teóricos”, que objetó que el ENRE considerase las amortizaciones de bienes del “Plan Castello” para calcular el impuesto teórico en el flujo de fondos al determinar la remuneración de la concesionaria pero los excluyera de la BCR, generando lo que califica como una incoherencia metodológica, cabe señalar que, por un error material, en el cálculo del impuesto a las ganancias teórico en el flujo de fondos, las amortizaciones se calcularon sobre un valor de bienes de uso que incluye los bienes de uso incorporados mediante el denominado “Plan Castello”.

Que subsanando el error material antes mencionado, en los términos y con los alcances del artículo 101 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), como resultado del proceso de revisión tarifaria quinquenal, la remuneración anual reconocida a TRANSCOMAHUE S.A. asciende a PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 7.770.143.442) de diciembre 2023, que actualizados a mayo 2025 (mes “n”) por el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del Índice de Precios al Consumidor (IPC), nivel general, y el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del Índice de Precios Mayorista (IPIM) nivel general, alcanza a PESOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 15.170.338.642).

Que, en función de este nuevo nivel de ingresos, las cuotas mensuales que se aplicarán a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre se modificarán de 8,660% a 9,554%.

Que, los planteos sobre el nivel de costos operativos reconocidos en gastos de personal, otros costos de personal, combustibles y lubricantes y vigilancia y seguridad, que según la transportista “compromete la operatividad, el cumplimiento del Contrato de Concesión y la seguridad del sistema eléctrico”, corresponde rechazarlos, en función del análisis realizado en el informe técnico que acompaña la resolución recurrida.

Que, en este sentido, la metodología empleada por el ENRE para determinar los costos eficientes en moneda de diciembre de 2023 se basó en datos históricos y proyecciones económicas, que se consideran válidas y acordes con los principios de eficiencia y prudencia establecidos en la normativa vigente.

Que con relación a la objeción de la transportista por el uso del coeficiente general de actualización -SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) IPIM + TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) IPC- para ajustar los costos operativos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, debe señalarse que, si bien del análisis de la evolución de los diferentes indicadores de precios en el mediano plazo (período transcurrido entre enero de 2017 y diciembre de 2023), expuesto en el informe técnico de la resolución recurrida, evidencia que un comportamiento convergente entre la fórmula combinada y el IPC, es dable observar que en el período diciembre 2023 - marzo 2025, el IPC y el IPIM/IPC mostraron una evolución distinta.

Que sin ánimo de normalizar este comportamiento poco habitual registrado en los indicadores mencionados, corresponde priorizar y garantizar que los ingresos determinados en la resolución recurrida cubran el OPEX, con el fin de mantener la dotación de personal validada como óptima por el ENRE, y demás costos operativos de TRANSCOMAHUE. S.A.

Que, a tal fin, el nivel de costos eficientes determinados en moneda de diciembre de 2023 debe ser reexpresado a marzo de 2025 utilizando exclusivamente el IPC.

Que los costos operativos, incluyendo salarios y las inversiones representan en conjunto un SETENTA Y SEIS COMA UNO POR CIENTO (76,1%) de los ingresos determinados por la Resolución ENRE N° 307/2025.

Que para no incrementar el nivel tarifario determinado, y a fin de mantener dichas erogaciones en el SETENTA Y SEIS COMA UNO POR CIENTO (76,1%) de los ingresos, corresponde disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos.

Que es importante remarcar que esta reducción en el nivel de inversiones obligatorias no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la concesionaria.

Que la resolución recurrida implementó el factor de inversión (K), que tiene como finalidad alentar la realización de inversiones por parte de las transportistas y transportistas independientes, mediante un ajuste adicional de las tarifas y este ajuste tendrá en cuenta las inversiones complementarias, que no fueron previstas al determinar la tarifa vigente, dependiendo de la efectiva realización de la obra comprometida.

Que las inversiones complementarias son obras o proyectos que, a propuesta de las transportistas y aprobadas por el ENRE, comiencen a prestar el servicio a los usuarios (cláusula gatillo). Serán considerados en el cálculo de un Factor de estímulo a las inversiones (K) que permita transferir el costo de las mismas al ingreso de la transportista.

Que entonces, a fin de que los costos determinados en moneda de diciembre de 2023, siguiendo el principio general de tarifas justas y razonables establecido en el capítulo X de la Ley N° 24.065, sean suficientes para operar y mantener el servicio en forma eficiente y prudente, se deben ajustar conforme la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2025 (índice de 2,3642).

Que, de esta manera, los costos operativos en millones de pesos de 2025 quedan determinados de la siguiente manera: en el período mayo 2025 - abril 2026, PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($ 7.549 millones); en el período mayo 2026 - abril 2027, PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($ 7.549 millones); en el período mayo 2027 - abril 2028, PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($ 7.549 millones); en el período mayo 2028 - abril 2029, PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($ 7.549 millones) y; en el período mayo 2029 - abril 2030, PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ($ 7.549 millones), todo en pesos de mayo 2025.

Que consecuentemente, a fin de no afectar la Determinación de la Remuneración de TRANSCOMAHUE S.A. ni de los valores horarios aprobados por los artículos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución ENRE N° 307/2025, se establecen los siguientes valores del Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 19.975 millones), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($ 3.995 millones) en el periodo mayo 2025 - abril 2026; PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($ 3.995 millones) en mayo 2026 - abril 2027; PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($ 3.995 millones) en mayo 2027 - abril 2028; PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($ 3.995 millones) en mayo 2028 - abril 2029 y; PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($ 3.995 millones) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025.

Que, por último, respecto de los planteamientos vertidos por TRANSCOMAHUE S.A. en relación con la presencia de vicios que violan los elementos esenciales del acto administrativo, basta con la simple lectura del acto reclamado para inferir que el mismo ha sido dictado por una autoridad competente, expresa causa y objeto, se encuentra debidamente motivado, determina el fin por el que fue dictado y, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, a saber la Ley N° 24.065, presunción no desvirtuada por argumento alguno argüido por la reclamante.

Que en efecto, en cuanto al alegado vicio en la causa, cabe señalar que la Resolución ENRE N° 307/2025, se encuentra debidamente fundada en los antecedentes fácticos y jurídicos que motivaron su dictado y que se encuentran expuestos en el “INFORME TÉCNICO EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025 - 2030” (IF-2025-44684978-APN-ARYEE#ENRE), cumpliéndose acabadamente con el recaudo del artículo 7, inciso b) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.

Que en los considerandos de la mencionada resolución se explicitaron y fundaron ampliamente los criterios que se proponen aplicar, así como también las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que les dan sustento, condiciones que aseguran la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas propuestas, y que dotan de validez al acto administrativo.

Que, en cuanto a la existencia de supuestos vicios en el objeto alegada por la recurrente, cabe señalar que las decisiones adoptadas en la resolución recurrida se basan en los principios tarifarios establecidos en la Ley N° 24.065, no evidenciándose apartamiento alguno que justifique la objeción planteada.

Que en efecto, tales decisiones encuentran su fundamento en las disposiciones que rigen el procedimiento de RQT, contenidas en el Capítulo X de la Ley N° 24.065, ajustándose a pautas de razonabilidad y proporcionalidad, en el marco de la emergencia vigente; ello, en línea con los criterios expuestos en la Nota N° NO-2025-44507112-APN-MEC del MINISTRO DE ECONOMÍA, en la que destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad.

Que, a todo efecto, resulta procedente recordar lo sostenido por la doctrina administrativa en cuanto a las facultades irrenunciables atribuidas a la Administración Pública de velar por la vigencia y el funcionamiento de los servicios públicos cuya operación haya concesionado, en cuanto a que no se trata de cualquier contrato administrativo, sino de uno referido a una concesión de un servicio público de fuerte implicancia social. Por ello, las prerrogativas -como todas las que impliquen cláusulas exorbitantes virtuales e implícitas del derecho privado- son irrenunciables para el Estado, pues no se trata de derechos de la Administración Pública, sino de potestades de ésta. (BERCAITZ, Miguel Ángel, Teoría general del contrato administrativo, página 568/569, con cita de MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A página 409).

Que, por lo expuesto, tampoco se advierte la existencia de un vicio en la finalidad ni en la razonabilidad del acto.

Que, finalmente, cabe descartar en autos un vicio en la motivación del acto como pretende TRANSCOMAHUE S.A., en tanto la motivación es la explicitación de la causa, o sea la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictarlo (T. Hutchinson “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Editorial Astrea, página 77) (Cons. VI), razones y circunstancias que se encuentran extensa y pormenorizadamente expuestas en los considerandos de la Resolución ENRE N° 307/2025, sustentándose en el mencionado “INFORME TÉCNICO EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025 - 2030”, motivo por el cual corresponde rechazar su pretendida falta en el acto recurrido.

Que, a la luz del análisis técnico realizado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por TRANSCOMAHUE S.A. contra la Resolución ENRE N° 307/2025.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, el artículo 55 incisos a), d) y s) de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los artículos 84 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCOMAHUE S.A.) contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 307 de fecha 30 de abril de 2025.

ARTÍCULO 2.- Modificar la remuneración de TRANSCOMAHUE S.A. aprobada por el artículo 1 de la Resolución ENRE N° 307/2025, sustituyendo el Anexo I (IF-2025-44393868-APN-ARYEE#ENRE), por el Anexo I (IF-2025-84024288-APN-ARYEE#ENRE), que integra la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- Reemplazar el valor de OCHO COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (8,66%), aprobado en el artículo 3 de la Resolución ENRE N° 307/2025, a aplicar a los valores horarios del equipamiento regulado de TRANSCOMAHUE S.A. a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del 1 de septiembre de 2025 y en los meses sucesivos hasta el 1 de diciembre de 2025 inclusive, por un incremento mensual de NUEVE COMA QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (9,554%), según lo establecido en el Anexo II (IF-2025-84026868-APN-ARYEE#ENRE), que integra la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- Sustituir el texto del artículo 7 de la Resolución N° 307/2025 por el siguiente: “ARTÍCULO 7.- Instruir a TRANSCOMAHUE S.A. a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO ($ 19.976.919.705), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 3.995.383.941) en el periodo mayo 2025 - abril 2026; PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 3.995.383.941) en mayo 2026 - abril 2027; PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 3.995.383.941) en mayo 2027 - abril 2028; PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 3.995.383.941) en mayo 2028 - abril 2029; y PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 3.995.383.941) en mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio’ aprobado en Resolución ENRE N° 548/2025”.

ARTÍCULO 5.- Hacer saber a TRANSCOMAHUE S.A. que la presente resolución agota la vía administrativa, conforme el artículo 23 inciso c) apartado (iii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y es susceptible de ser recurrida mediante recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, previsto en los artículos 62 y 67 de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales, los que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación.

ARTÍCULO 6.- Oportunamente, remítanse las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) para que tramite el recurso de alzada interpuesto subsidiariamente.

ARTÍCULO 7.- Notifíquese a TRANSCOMAHUE S.A., a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA), la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA), y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) junto con el Anexo I (IF-2025-84024288-APN-ARYEE#ENRE) y Anexo II (IF-2025-84026868-APN-ARYEE#ENRE).

ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Néstor Marcelo Lamboglia

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59388/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-43438613-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que ENECOR SOCIEDAD ANÓNIMA (ENECOR S.A.), en su calidad de TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE (TI), operadora de la Línea de Alta Tensión 132 kV Monte Caseros - Paso de los Libres, interpuso un recurso de reconsideración y alzada en subsidio, con fecha 23 de junio de 2025, contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 321 de fecha 30 de abril de 2025, conforme a los artículos 84, 94 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 T.O. 2017, el cual fue digitalizado como IF-2025-67184129-APN-SD#ENRE.

Que el recurso aborda aspectos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT) para el período 2025-2029, impugnando la determinación de la remuneración de ENECOR S.A., aprobada en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES ($ 178.000.000) anuales, frente a los PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES ($ 2.238.000.000) solicitados (en moneda de diciembre 2023).

Que ENECOR S.A. consideró que la resolución le causa un perjuicio grave e irreparable, al omitir costos operativos, el plan de inversiones y la compensación adecuada por la operación de las instalaciones, vulnerando la Ley N° 24.065, su reglamentación, y los principios de razonabilidad y sostenibilidad del servicio.

Que, ENECOR S.A., fue notificada de la Resolución ENRE N° 321/2025 el 5 de mayo de 2025; posteriormente, el 16 de mayo de 2025, se le otorgó un plazo de vista de DIEZ (10) días, solicitado por la recurrente, suspendiendo los plazos administrativos.

Que el recurso se presentó en plazo, acompañado de pruebas -poder general y contrato con la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.)- y reservas de ampliación.

Que ENECOR S.A. identificó como agravios principales la omisión de costos operativos esenciales, la subvaloración del contrato de operación y mantenimiento con TRANSENER S.A. y la falta de compensación adecuada por la operación de las instalaciones.

Que respecto de la “omisión de costos operativos esenciales”, ENECOR S.A. argumentó que el ENRE no consideró una compensación adecuada por la operación de sus instalaciones, asimilando erróneamente su estructura de costos a la de empresas con gran capital tangible; y que dado que ENECOR S.A. opera bajo un modelo “asset light” (bajo capital físico), ello dificultaría aplicar el enfoque tradicional de rentabilidad (tasa de costo de oportunidad sobre base de capital), previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley N° 24.065.

Que la TI sostuvo que el problema del modelo tradicional, en empresas “asset light”, es que la base de capital no refleja las responsabilidades operativas ni los riesgos asumidos; esto resulta en una rentabilidad nula o baja, ignorando activos intangibles o contractuales que no figuran en balances.

Que, ENECOR S.A., propuso adoptar un enfoque de Honorarios sobre Ventas, midiendo la rentabilidad como un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los ingresos, porcentaje que consideró razonable para cubrir riesgos operativos, como por ejemplo las multas por fallas, y garantizar la sostenibilidad del servicio.

Que respecto del reclamo por una “insuficiente valoración de los gastos operativos a cargo de ENECOR”, la recurrente planteó que el ENRE subestimó sus gastos operativos esenciales, afectando su capacidad para mantener la línea con los estándares de calidad y seguridad exigidos.

Que los costos subestimados proyectados para 2025-2029 (en millones de pesos, moneda de diciembre 2023) incluirían la “Limpieza de Electroducto”, esencial para evitar fallas, desmalezamiento, mantenimiento de accesos y picadas entre estructuras; su omisión afectaría la accesibilidad y eficiencia del mantenimiento, los “Gastos de Administración” que cubren erogaciones operativas, “los Impuestos y tasas” y los “Honorarios profesionales”.

Que ENECOR S.A. señaló que la no consideración de estos costos implicaría que la remuneración no cubre las necesidades operativas, comprometiendo la calidad y seguridad del servicio.

Que, por otro lado, la TI destacó que el contrato de operación y mantenimiento que ENECOR S.A. mantiene con TRANSENER S.A. fue incorrectamente valorado por el ENRE.

Que ENECOR S.A. aclaró que, si bien el importe de ese contrato se establece como un porcentaje de su remuneración, el ingreso determinado por el ENRE debería ser suficiente para costear la totalidad de los gastos derivados de dicho contrato, incluyendo la remuneración de TRANSENER S.A. y todas las responsabilidades asociadas.

Que, en conclusión, señaló que su remuneración no puede desentenderse de que el contrato con TRANSENER S.A., si bien es una relación entre privados, forma parte inseparable de sus costos operativos y de mantenimiento de la línea y la remuneración fija debería permitir no solo cubrir el porcentaje de su remuneración que se traslada a TRANSENER S.A., sino también afrontar las contingencias y responsabilidades indirectas que surgen de esta vital relación contractual.

Que la subvaloración de la remuneración pondría en riesgo la capacidad de cumplimiento de TRANSENER S.A. y, por ende, la continuidad y calidad del servicio.

Que, por último, ENECOR S.A. formuló reserva de ampliar los fundamentos del de su presentación, en los términos del artículo 77 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.

Que, asimismo, formuló reserva del caso federal, en el caso que no se hiciera lugar a lo solicitado, atento a que se encuentran directamente implicados en el caso derechos y garantías amparados por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, habiendo sido descriptos los argumentos de hecho y derecho sostenidos por la recurrente, corresponde efectuar su análisis y tratamiento.

Que, en relación con los planteos formulados acerca de la alegada omisión de compensación por operar las instalaciones, la insuficiente valoración de los gastos operativos a cargo de ENECOR S.A. y la falta de valoración del contrato de operación y mantenimiento con TRANSENER S.A., corresponde rechazar los TRES (3) agravios por las razones que se detallan a continuación, en línea con los principios de la Ley N° 24.065 y el marco regulatorio aplicable.

Que la metodología utilizada para determinar la remuneración de ENECOR S.A. se basa en los principios establecidos en los artículos 40 y 41 de la Ley N° 24.065, que exigen tarifas justas y razonables para empresas que operen de manera eficiente y prudente.

Que el ENRE adoptó un enfoque basado en indicadores de eficiencia y comparaciones sectoriales.

Que la asignación de una rentabilidad del SEIS COMA DIEZ POR CIENTO (6,10%) -post-impuestos, Resolución ENRE N° 28 de fecha 10 de enero de 2025- es adecuada, ya que refleja un equilibrio entre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la Concesión y el principio de tarifas razonables para los usuarios, en un mercado regulado de largo plazo.

Que la propuesta de la TI de adoptar un modelo de “Honorarios sobre Ventas” con una rentabilidad del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), sobre ingresos no está fundamentada en el marco regulatorio ni en prácticas aceptadas, y podría derivar en tarifas excesivas para los usuarios, contraviniendo el artículo 40 de la Ley N° 24.065, por lo que corresponde rechazar el agravio de la recurrente.

Que también debe rechazarse el planteo de ENECOR S.A. conforme el cual el ENRE habría subvaluado el contrato de operación y mantenimiento que tiene con TRANSENER S.A.

Que, como la misma TI lo reconoce, dicho contrato es un acuerdo entre privados y no obliga al ENRE a considerarlo al momento de determinar la tarifa.

Que, por otra parte, mediante Nota N° ENECOR LegR 02/2025 del 14 de enero de 2025, digitalizada como IF-2025-04466749-APN-SD#ENRE, la recurrente informó que no cuenta con empleados, y que la operación y mantenimiento de los activos es realizada por TRANSENER S.A.

Que los costos de operación y mantenimiento fueron adecuadamente contemplados por el ENRE en la remuneración aprobada, basándose en los costos por equipamiento de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNEA), transportista que le otorga la licencia técnica a ENECOR S.A. y resulta referencia válida para determinar los costos eficientes.

Que la metodología empleada por el ENRE es consistente y se fundamenta en comparaciones sectoriales y datos históricos ajustados, conforme a la Resolución ENRE N° 223 de fecha 15 de abril de 2024.

Que, por ello, se considera que los costos aprobados cubren razonablemente las tareas esenciales de operación y mantenimiento, como mantenimiento de electroducto e inspecciones, asegurando la calidad y seguridad del servicio; si el ingreso determinado en la resolución recurrida no cubre las expectativas de ENECOR S.A. y su contratista TRANSENER S.A., ello no lo torna insuficiente e ilegítimo.

Que, por otro lado, ENECOR S.A. sostuvo que el ENRE subestimó sus costos operativos esenciales (limpieza de electroducto, gastos administrativos, impuestos, tasas y honorarios profesionales) al basarse en valores históricos (2013-2023) que no reflejarían las condiciones actuales, afectando la calidad y seguridad del servicio.

Que, cabe aclarar, el ENRE utilizó un análisis de costos del período 2013-2023, ajustados a moneda homogénea, para determinar los costos eficientes de operación y mantenimiento; en este análisis empleó técnicas de benchmarking aceptadas, comparando indicadores de productividad como los costos operativos (OPEX) por kilómetro de línea, lo que permitió establecer costos razonables para el equipamiento de ENECOR S.A.; además, los costos operativos aprobados en la Resolución ENRE N° 321/2025 reflejan adecuadamente la evolución de los costos en el sector, conforme al análisis técnico de la resolución.

Que no obstante, si bien del análisis de la evolución de los diferentes indicadores de precios en el mediano plazo (período transcurrido entre enero de 2017 y diciembre de 2023), expuesto en el informe técnico de la resolución recurrida, se evidencia que es conveniente descartar el Índice Salarial de la fórmula utilizada por el mecanismo de actualización definido en la última revisión tarifaria, es dable observar que, en el período enero 2024 - marzo 2025, los salarios y el IPC mostraron una evolución distinta.

Que, sin ánimo de normalizar este comportamiento poco habitual registrado en los indicadores mencionados, corresponde priorizar y garantizar que los ingresos determinados en la resolución de la RQT cubran los costos operativos de la TI.

Que, a tal fin, el nivel de costos eficientes determinados en moneda de diciembre de 2023 debe ser reexpresado a marzo de 2025, utilizando exclusivamente el IPC.

Que los costos operativos, incluyendo salarios, y las inversiones representan en conjunto un OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) de los ingresos determinados por la Resolución ENRE N° 321/2025.

Que atento a que dicho nivel tarifario no es cuestionado, y con el fin de mantener dichas erogaciones en el OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) de los ingresos, corresponde disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos.

Que es importante remarcar que esta reducción en el nivel de inversiones obligatorias no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la concesionaria.

Que la resolución recurrida implementó el factor de inversión (K), que tiene como finalidad alentar la realización de inversiones por parte de las transportistas, mediante un ajuste adicional de las tarifas.

Que este ajuste tendrá en cuenta las inversiones complementarias, que no fueron previstas al determinar la tarifa vigente, dependiendo de la efectiva realización de la obra comprometida.

Que las inversiones complementarias son obras o proyectos que, a propuesta de las transportistas y aprobadas por el ENRE, comienzan a prestar el servicio a los usuarios (cláusula gatillo) y serán considerados en el cálculo de un Factor de estímulo a las inversiones (K) que permita transferir su costo al ingreso de la transportista.

Que entonces, a fin de que los costos determinados en moneda de diciembre de 2023, siguiendo el principio general de tarifas justas y razonables establecido en el capítulo X de la Ley N° 24.065, sean suficientes para operar y mantener el servicio en forma eficiente y prudente, se deben ajustar conforme la variación del IPC hasta marzo de 2025 (índice de 2,3642).

Que de esta manera los costos operativos para el período 2025-2030 se determinan de la siguiente manera: en el período mayo 2025 - abril 2026: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL ($ 186.130); en mayo 2026 - abril 2027: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL ($ 186.130); en mayo 2027 - abril 2028: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL ($ 186.130); en mayo 2028 - abril 2029: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL ($ 186.130) y; en mayo 2029 - abril 2030: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL ($ 186.130), todos en pesos de mayo de 2025.

Que consecuentemente, con el fin de no afectar la Determinación de la Remuneración de ENECOR S.A. ni de los valores horarios aprobados por los artículos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución ENRE N° 321/2025, y en línea con la Nota N° NO-2025-44507112-APN-MEC del MINISTRO DE ECONOMÍA, en la que se destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad, se establecen los siguientes valores del Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS ($ 492.554.222), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en el período mayo 2025 – abril 2026, PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2026 – abril 2027, PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2027 – abril 2028, PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2028 – abril 2029 y PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2029 – abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025.

Que el Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el “Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio” aprobado en la Resolución ENRE N° 548 de fecha 31 de julio de 2025.

Que finalmente, se ha detectado que, por un error material, se ha omitido el cargo de supervisión que debe abonar a TRANSNEA S.A. durante el periodo de explotación, igual al DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%) de la remuneración que le corresponde por el desarrollo de la actividad que regla su licencia técnica.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, pueden rectificarse en cualquier momento, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Que el mencionado concepto se incluye en la remuneración de todas las TTII para el periodo tarifario 2025 - 2030 y, pese a que ENECOR S.A. no hace mención del tema en su recurso, corresponde hacer extensivo dicho reconocimiento a la remuneración de sus instalaciones, en aplicación de los principios de suficiencia y equidad tarifaria.

Que, en consecuencia, corresponde determinar un costo de supervisión anual del DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%) de la remuneración, cuyo valor asciende a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) de diciembre 2023, equivalentes a PESOS NUEVE MILLONES ($ 9.000.000) anuales de mayo de 2025.

Que la remuneración anual de ENECOR S.A. resultante asciende a PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE ($ 185.752.129) de diciembre 2023, que actualizados a mayo 2025 por el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del Índice de Precios al Consumidor (IPC), nivel general, y el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del Índice de Precios Mayorista (IPIM), nivel general, alcanza a PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($ 362.660.319).

Que, en función de este nuevo nivel de ingresos, las cuotas mensuales que se aplicarán a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre de 2025 se incrementan de UNO COMA TREINTA Y SEIS POR CIENTO (1,36%) a DOS COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (2,49%).

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, el artículo 55 incisos a), d) y s) de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los artículos 84 -y concordantes- y 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1.759/72 T.O. 2017, los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la ENECOR SOCIEDAD ANÓNIMA (ENECOR S.A.) contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 321 de fecha 30 de abril de 2025, conforme los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- Modificar la remuneración de ENECOR S.A. aprobada por el artículo 1 de la Resolución ENRE N° 321/2025, sustituyendo el Anexo I (IF-2025-44490354-APN-ARYEE#ENRE) por el Anexo I (IF-2025-85075511-APN-ARYEE#ENRE), que integran esta resolución.

ARTÍCULO 3.- Sustituir el valor de UNO COMA TREINTA Y SEIS POR CIENTO (1,36%), aprobado en el artículo 3 de la Resolución ENRE N° 321/2025, a aplicar a los valores horarios del equipamiento regulado de ENECOR S.A. a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del 1 de septiembre de 2025 y en los meses sucesivos hasta el 1 de diciembre de 2025 inclusive, por un incremento mensual de DOS COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (2,49%), según lo establecido en el Anexo II (IF-2025-85076806-APN-ARYEE#ENRE), que integra esta resolución.

ARTÍCULO 4.- Sustituir el artículo 7 de la Resolución N° 321/2025 por el siguiente: “ARTÍCULO 7.- Instruir a ENECOR S.A. a presentar en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS ($ 492.554.222), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en el período mayo 2025 – abril 2026, PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2026 – abril 2027, PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2027 – abril 2028, PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2028 – abril 2029 y PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 98.510.844) en mayo 2029 – abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio’ dispuesto en la Resolución ENRE N° 548 de fecha 31 de julio de 2025.

ARTÍCULO 5.- Hacer saber a ENECOR S.A., que la presente resolución agota la vía administrativa, conforme el artículo 23 inciso c) apartado (iii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y es susceptible de ser recurrida mediante recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, previsto en los artículos 62 y 67 de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales, los que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación.

ARTÍCULO 6.- Oportunamente, remítanse las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) para que tramite el recurso de alzada interpuesto subsidiariamente.

ARTÍCULO 7.- Notifíquese a ENECOR S.A., a la ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA), a la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), a la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA) y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) junto con el Anexo I (IF-2025-85075511-APN-ARYEE#ENRE) y el Anexo II (IF-2025-85076806-APN-ARYEE#ENRE).

ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Néstor Marcelo Lamboglia

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59489/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-43438223-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DE ENERGÍA RÍO NEGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDERSA) mediante la presentación digitalizada como IF-2025-65403949-APN-SD#ENRE, de fecha 17 de junio de 2025, interpuso recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 315 de fecha 30 de abril de 2025.

Que el recurso abordó aspectos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT), correspondiente al período 2025–2030, en el que EDERSA impugnó aspectos de la resolución que considera lesivos a sus derechos como TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE (TI), conforme a lo establecido por la Ley N° 24.065, su reglamentación, y su Contrato de Concesión.

Que, según EDERSA, los criterios adoptados en la Resolución ENRE N° 315/2025 afectan su capacidad para operar con eficiencia, sostener instalaciones afectadas al servicio público de transporte de energía eléctrica y cumplir con los estándares establecidos en el marco regulatorio.

Que, en primer lugar, EDERSA señaló un error metodológico en el cálculo de los costos operativos, por la aplicación de valores históricos que no reflejan los verdaderos costos que debería afrontar en el nuevo quinquenio.

Que, según refirió, el ENRE habría basado sus cálculos de costos operativos en valores históricos, específicamente los reportados por EDERSA entre 2017 y 2023 -detallados en la Nota GG 842/2024 del 26 de diciembre de 2024, digitalizada como IF-2024-114466885-APN-SD#ENRE-, estos datos, sin embargo, no estarían expresados en moneda homogénea ajustada por inflación, lo que los haría inadecuados para proyectar los costos futuros.

Que, argumentó que el ENRE en el informe técnico N° IF-2025-45005965-APN-ARYEE#ENRE (punto 3.1.1) analizó los “costos reales” de ese período, pero no consideró las variaciones inflacionarias ni los efectos del congelamiento tarifario prolongado (2019-2023), que deprimieron artificialmente los costos registrados.

Que durante el período 2019-2023, EDERSA señaló que enfrentó ingresos tarifarios insuficientes y discontinuos debido a la alta inflación y la falta de ajustes tarifarios y esto limitó las tareas de mantenimiento, reposición y mejora, generando una subestimación estructural de los costos.

Que EDERSA señaló que los balances contables, que incluyen su actividad principal de distribución de energía en RÍO NEGRO, no se limitan al segmento de transporte independiente.

Que, la información aportada al ENRE (IF-2024-141469685-APN-SD#ENRE) fue a valor nominal mensual, sin actualización intra-anual, lo que impidió un ajuste correcto al 31 de diciembre de 2023.

Que, además, indicó que los costos proyectados por EDERSA, reflejan las necesidades operativas y de inversión para el nuevo período pero sin embargo, el ENRE los habría descartado, adoptando los costos totales del año 2023 como referencia, lo que no permitiría cubrir los gastos reales ni ejecutar el plan de inversiones propuesto inicialmente.

Que, según la empresa, esta metodología generó una remuneración insuficiente, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio público, contradiciendo los objetivos de la revisión tarifaria.

Que, asimismo, EDERSA señaló que existe un error al utilizar como referencia los costos operativos de TRANSPA S.A., tal se expresa en el informe técnico del ENRE, ya que se omiten ciertos costos específicos que están presentes en el caso de EDERSA, pero que no se reflejan en la estructura de costos de TRANSPA S.A.

Que, según la recurrente, uno de los costos relevantes que había sido omitido en el análisis, es el cargo de supervisión, cargo éste que (como también la integración de los costos operativos de EDERSA), no está presente en TRANSPA S.A. y que constituye una exigencia que debe ser considerado en su estructura de costos.

Que, la empresa sostuvo que esta omisión llevaría a subestimar los costos operativos reales y, de no corregirse, los costos aprobados no reflejarían una visión precisa ni justa de la realidad de sus operaciones.

Que, por otra parte, indicó que tampoco se habrían contemplado entre los costos operativos reconocidos a la TI los costos derivados del impuesto o los créditos y débitos bancarios, que representan el UNO COMA DOS POR CIENTO (1,2%) de la totalidad de las transacciones de EDERSA.

Que EDERSA, concluyó que el uso de los comparables de TRANSPA S.A., sin ajustar adecuadamente los costos propios de las TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES (TTII), como ser el costo de supervisión o el impuesto a los créditos y débitos bancarios, presentaría una distorsión en el análisis de los costos operativos de la estructura de costos que enfrenta la empresa.

Que, en este sentido, EDERSA requirió que el ENRE rectifique este error metodológico, utilizando costos ajustados en moneda homogénea y considerando las proyecciones realistas para el quinquenio.

Que, en función de lo anterior, la TI solicitó se considerasen los costos operativos de EDERSA por el año 2023 expresados en moneda al 31 de diciembre de 2023, los cuales ascienden a la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 1.248.780).

Que, además, EDERSA cuestionó la fórmula de actualización de la remuneración aplicada por el ENRE para el período comprendido entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, por considerarla incorrecta, arbitraria y carente de respaldo técnico suficiente.

Que, sostuvo que, la Resolución ENRE N° 315/2025 determinó una remuneración de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES ($4.297 millones) a valores de mayo de 2025, utilizando una fórmula polinómica basada en un índice compuesto SETENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del Índice de Precios Internos al por Mayor IPIM y TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del Índice de Precios al Consumidor IPC, aplicado con rezago de dos y tres meses (n-2 y n-3).

Que EDERSA objetó tanto la selección del índice como su aplicación práctica, señalando que se habrían omitido meses clave del período (octubre y noviembre de 2023) y que el encadenamiento de las actualizaciones no había sido realizado correctamente.

Que, de acuerdo con sus propios cálculos, EDERSA sostuvo que, una aplicación adecuada de la fórmula, considerando todos los meses del período y empleando un índice representativo, arrojaría una remuneración de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES ($ 6.724 millones), según arguye, la diferencia estimada de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES ($ 2.427 millones), impacta directamente en el flujo de fondos, comprometiendo su sostenibilidad operativa.

Que, además, la TI sostiene que dicha actualización se extiende solo hasta abril de 2025, no hasta mayo de 2025, esto significa que cubre 15 períodos en lugar de 16, debido a la falta del índice de abril de 2025 al momento de la promulgación de la RQT.

Que también sostuvo que, la metodología no incluiría el análisis de la variación de precios derivada del ajuste en el valor del tipo de cambio oficial ocurrido en diciembre de 2023, cuyo impacto en los costos es significativo.

Que, como resultado de lo anterior, el incremento de precios en los costos de la empresa durante el año 2024 no estaría completamente reflejado en esta actualización parcial y que se utiliza el IPIM nivel de manufacturas en lugar del IPIM nivel general.

Que, por otra parte, EDERSA cuestionó la metodología empleada por el ENRE para aplicar el Factor X (Factor de Eficiencia), que se utiliza para ajustar las tarifas y fomentar la eficiencia operativa.

Que, la TI sostuvo que el informe técnico del ENRE había establecido un Factor X del UNO POR CIENTO (1%) anual, acumulativo hasta un CUATRO POR CIENTO (4%) en el quinto año del quinquenio 2025-2029, sin considerar un período de adaptación.

Que entendió que, la fórmula original de este factor había sido diseñada para ser aplicada de forma mensual, y que se plantea utilizar mensualmente un factor X anualizado.

Que esta diferencia en la periodicidad, genera un efecto acumulativo no previsto, ya que al aplicar el Factor X de forma anualizada en lugar de mensual, se sobredimensionan las reducciones esperadas de costos mes a mes puesto que al no desagregar el factor anual en tasas mensuales equivalentes, se producen ajustes tarifarios más agresivos de lo técnicamente justificado, lo que podría comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas reguladas.

Que, por lo tanto, señaló que debería revisarse la implementación del Factor X para que su periodicidad coincida con la base de cálculo mensual prevista en la fórmula original, o bien adaptar la fórmula para reflejarla explícitamente su aplicación anual.

Que, además, la recurrente observó que la distorsión, se daría sobre un coeficiente de eficiencia que resulta altamente exigente después del extenso período de congelamientos y atrasos tarifarios sufrido hasta el año 2024.

Que, en ese sentido, indicó que oportunamente el informe técnico del ENRE consideró la situación de irregularidad tarifaria que precedió a la RTI del quinquenio 2017 - 2021, lo que justificó que el Ente estableciera un período de adaptación con una trayectoria creciente para el Factor X, lo que no habría sucedido en la etapa previa al actual proceso de RQT hecho que, según la TI, no se condice con la realidad.

Que, asimismo, cuestionó que se hubiera modificado arbitrariamente la tasa de rentabilidad, bajándola de un DIEZ COMA CATORCE POR CIENTO (10,14%) aprobado previamente en la Resolución ENRE N° 554 de fecha 21 de agosto de 2024, a aproximadamente un SEIS POR CIENTO (6%), basándose en una nota de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, que no estaba vinculada ni autorizada expresamente para estos cambios y que, además, fue realizada sin sustento técnico válido, omitiendo consideraciones sobre el riesgo país y dejando de lado las particularidades del déficit tarifario de la empresa, lo que resultaría en una reducción injustificada de los ingresos que impactarían significativamente en el nivel de inversiones y en la remuneración que debería recibir EDERSA.

Que, por todo ello, EDERSA solicitó que el ENRE deje sin efecto esta reducción y vuelva a aplicar la tasa de rentabilidad original fijada en la Resolución ENRE N° 554/2024.

Que, por último, EDERSA identificó en la Resolución ENRE N° 315/2025 diversos vicios que afectarían los elementos esenciales del acto administrativo, en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Que, en particular, señaló la alegada existencia de: a) Vicio en el objeto, ya que según refirió, el acto se apartaría de los principios tarifarios consagrados en la Ley N° 24.065, al no reconocer los costos reales del servicio y establecer una remuneración insuficiente para garantizar su sostenibilidad; b) Vicio en la causa, por cuanto la determinación de la remuneración y de los costos operativos se basaría en información histórica no ajustada a moneda homogénea ni contextualizada en función del marco económico vigente, desvirtuando así la justificación fáctica del acto; c) Vicio en la razonabilidad, caracterizado por la falta de acreditación de los presupuestos fácticos que llevaron a la administración a determinar la remuneración del modo que se hizo, y d) Vicio en la motivación, ya que el ENRE no habría brindado fundamentos técnicos suficientes respecto de los criterios adoptados, tales como el cambio en el índice de actualización, la exclusión de costos específicos, la subestimación del OPEX, ni la modificación de la tasa de rentabilidad, lo que infringiría el deber de motivación del acto administrativo y el principio de legalidad.

Que, EDERSA solicitó al ENRE, que se tuviera por interpuesto, en tiempo y forma, el recurso de reconsideración con alzada en subsidio, en los términos del artículo 84 y concordantes del Decreto N° 1759/72, reglamentario de la Ley N° 19.549 , que se haga lugar al recurso, disponiendo la modificación parcial de la Resolución ENRE N° 315/2025, en los aspectos recurridos y que, en caso de no hacerse lugar al recurso de reconsideración, se eleven las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a fin de que se expida sobre el recurso de alzada interpuesto en subsidio.

Que, cabe señalar que, en cuanto al aspecto formal, el recurso planteado resulta procedente a la luz de la normativa aplicable (artículos 84 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/1972 T.O. 2017) y temporáneo, al haber sido interpuesto en plazo.

Que, con relación a las observaciones realizadas por la recurrente, cabe señalar que, por un error material, los costos proyectados por EDERSA para el quinquenio se asociaron solo a los kilómetros de líneas sin considerar el resto del equipamiento de la TI.

Que, ahora bien, a los efectos de determinar los costos operativos para el período 2025/2030, dado el tipo de equipamiento involucrado y el área geográfica donde se desempeña la TI, corresponde asociar sus costos a los de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCOMAHUE S.A), de esta manera los costos ascienden a PESOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 1.132.904.765) de moneda de diciembre 2023.

Que, subsanado el error material antes mencionado, la remuneración anual reconocida a EDERSA asciende a PESOS TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS UNO ($ 3.088.621.401) de diciembre 2023, que actualizados a mayo 2025 por el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del Índice de Precios al Consumidor (IPC), nivel general, y el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del Índice de Precios Mayorista (IPIM), nivel general, alcanza a PESOS SEIS MIL TREINTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 6.030.188.881).

Que, cabe resaltar que este monto incluye el cargo por supervisión de DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%), que asciende a PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES ($ 77 millones) de diciembre 2023, que ajustados a valores de mayo 2025 se ubica en PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES ($ 151 millones).

Que, en función de este nuevo nivel de ingresos, las cuotas mensuales que se aplicarán a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre se incrementan de CUATRO COMA QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (4,594%) a CATORCE COMA SEISCIENTOS CUARENTA POR CIENTO (14,640%).

Que en relación con lo manifestado por EDERSA sobre el error en la actualización de la remuneración, al argumentar que la fórmula del informe técnico no fue aplicada correctamente por omitir los índices de octubre y noviembre de 2023, y abril 2025, se indica que la remuneración fue determinada en moneda de diciembre 2023, es por ello que el mecanismo de actualización aprobado por el ENRE en el marco de la RQT 2025 -2029 define una fórmula compuesta por un SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del IPIM y un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del IPC, y que el período de actualización abarca desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2025, dado que las tarifas entran en vigencia a partir del 1 de mayo de 2025.

Que, por otra parte, el dato de inflación del mes de abril de 2025 no estaba disponible al momento de dictar la Resolución ENRE N° 315/2025, lo cual hacía inviable su incorporación ya que pretender incorporar dicho valor implicaría utilizar una estimación no oficial ni respaldada, lo cual iría en contra de los principios de transparencia y legalidad que rigen la regulación tarifaria.

Que, por lo tanto, corresponde rechazar este planteo, en tanto la fórmula fue correctamente aplicada con base en los índices disponibles y dentro de los plazos procedimentales establecidos.

Que no obstante lo anterior, si bien del análisis de la evolución de los diferentes indicadores de precios en el mediano plazo (período transcurrido entre enero de 2017 y diciembre de 2023), expuesto en el informe técnico de la resolución recurrida, se evidencia un comportamiento convergente entre la fórmula combinada y el IPC, es dable observar que en el período diciembre 2023 – marzo 2025, el IPC y el IPIM/IPC mostraron una evolución distinta.

Que, en este caso, corresponde priorizar y garantizar que los ingresos determinados en la resolución recurrida cubran los salarios, con el fin de mantener la dotación de personal validada como óptima por el ENRE y demás costos operativos de EDERSA.

Que, a tal fin, el nivel de costos eficientes determinados en moneda de diciembre de 2023 debe ser reexpresado a marzo de 2025 utilizando exclusivamente el IPC.

Que los costos operativos, incluyendo salarios, y las inversiones representan en conjunto un SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) de los ingresos determinados, a fin de mantener dichas erogaciones en el SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) de los ingresos, corresponde disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos.

Que, es importante remarcar, que esta reducción en el nivel de inversiones obligatorias no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la TI.

Que, la resolución recurrida implementó el factor de inversión (K), que tiene como finalidad alentar la realización de inversiones por parte de las transportistas, mediante un ajuste adicional de las tarifas, este ajuste tendrá en cuenta las inversiones complementarias, que no fueron previstas al determinar la tarifa vigente, dependiendo de la efectiva realización de la obra comprometida.

Que las inversiones complementarias son obras o proyectos que, a propuesta de las transportistas y aprobadas por el ENRE, comiencen a prestar el servicio a los usuarios (cláusula gatillo) y estas serán consideradas en el cálculo de un Factor de estímulo a las inversiones (K) que permita transferir su costo al ingreso de la TI.

Que entonces, a fin de que los costos determinados en moneda de diciembre de 2023, siguiendo el principio general de tarifas justas y razonables establecido en el Capítulo X de la Ley N° 24.065, sean suficientes para operar y mantener el servicio en forma eficiente y prudente, se deben ajustar conforme la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2025 (índice de 2,3642).

Que consecuentemente, a fin de no afectar la determinación de la remuneración de EDERSA ni de los valores horarios aprobados por los artículos 1 y 2, respectivamente, de la Resolución ENRE N° 315/2025, se establecen los siguientes valores del Plan de inversiones para el período quinquenal que se inició el 1 de mayo de 2025, por un monto total de PESOS SIETE MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 7.087.977.444), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2025 - abril 2026, PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2026 - abril 2027, PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2027 - abril 2028, PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2028 - abril 2029 y PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025.

Que por último, en cuanto al planteo de EDERSA, que califica como desproporcionado el Factor X acumulado del CUATRO POR CIENTO (4%) al quinto año del período quinquenal, argumentando que las dificultades enfrentadas entre 2002 y 2024 (inflación, atraso cambiario, restricciones a importaciones y congelamientos tarifarios) habían restringido las inversiones y la mejora en la eficiencia operativa, cabe señalar que, conforme surge claramente de la Resolución recurrida, los cargos tarifarios se verán afectados por la incidencia del Factor X a partir del 1 de mayo de 2026, cuyo valor anual máximo establecido es del UNO POR CIENTO (1%).

Que, asimismo, la resolución establece que el Factor X se acumulará hasta alcanzar el CUATRO POR CIENTO (4%) en el quinto año del periodo quinquenal.

Que consecuentemente, los cargos tarifarios se reducirán en términos reales, un UNO POR CIENTO (1%) a partir del 1 de mayo de 2026, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2027, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2028 y, finalmente, un UNO POR CIENTO (1%) adicional a partir del 1 de mayo de 2029, alcanzando de esta forma en el último año del periodo quinquenal la reducción acumulada del CUATRO POR CIENTO (4%).

Que, el Factor X se aplicará el 1 de mayo de cada año, y los valores horarios y mensuales a aplicar al equipamiento regulado obtenidos se mantendrán en términos reales hasta el 30 de abril del año siguiente.

Que, por lo tanto, la reducción del CUATRO POR CIENTO (4%) al final del quinquenio es consistente con el artículo 42 inciso c) de la Ley N° 24.065, que prevé ajustes para estimular la eficiencia.

Que las dificultades del quinquenio anterior fueron consideradas en el proceso de RQT, y el Factor X refleja una expectativa razonable de mejoras en la eficiencia operativa.

Que, en este sentido, en el informe técnico de la resolución recurrida, se explica claramente el criterio y la naturaleza del Factor X, que permite trasladar a los usuarios parte de las ganancias logradas por la empresa por este concepto, reduciendo el precio promedio de los bienes y servicios regulados en un X % en términos reales (RPI-X).

Que, dado que la remuneración que se determina a partir de mayo de 2025 permanece fija en términos reales a lo largo del período tarifario, la empresa puede beneficiarse de la reducción de costos, al final de cada período tarifario, dichas reducciones de costos se transfieren a los usuarios a través del nuevo proceso de revisión tarifaria.

Que, sin embargo, dentro de cada período tarifario, debe fijarse un factor para transferir parte de estas mejoras de eficiencia a los usuarios del transporte, garantizando un margen para la empresa.

Que las reducciones de costos mencionadas pueden darse, por ejemplo, a través de la incorporación de instalaciones producto de ampliaciones de la red que opera y mantiene, la reducción de la antigüedad promedio de las instalaciones, inversiones en tecnología, que mejoran la eficiencia operativa.

Que, todas estas circunstancias llevan a reducir los costos medios y justifican la aplicación del Factor X, y por ello procede rechazar esta impugnación.

Que, por último, con relación al cuestionamiento realizado sobre la tasa de rentabilidad, cabe recordar que dicho planteo ya había sido analizado, tratado y rechazado oportunamente mediante Resolución ENRE N° 233 de fecha 3 de abril de 2025, en respuesta al recurso presentado por EDERSA contra la Resolución ENRE N° 28 de fecha 10 de enero de 2025.

Que, por último, respecto de los planteamientos vertidos por EDERSA con relación a la presencia de vicios que violan los elementos esenciales del acto administrativo, basta con la simple lectura del acto impugnado para advertir que este ha sido dictado por una autoridad competente, expresa causa y objeto, se encuentra debidamente motivado, determina el fin por el que fue dictado; y, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, a saber la Ley 24.065, presunción no desvirtuada por argumento alguno argüido por la recurrente.

Que en efecto, en cuanto al alegado vicio en la causa, cabe señalar que la Resolución ENRE N° 315/2025, se encuentra debidamente fundada en los antecedentes fácticos y jurídicos que motivaron su dictado y que se encuentran expuestos en el “INFORME TÉCNICO EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDERSA) REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025-2030”, (IF-2025-45005965-APN-ARYEE#ENRE), cumpliéndose acabadamente con el recaudo del artículo 7, inciso b) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (LNPA) y es oportuno indicar que en los considerandos de dicha resolución se explicitaron y fundaron ampliamente los criterios que se proponen aplicar, así como también las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que les dan sustento, condiciones que aseguran la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas propuestas, y que dotan de validez al acto administrativo.

Que, en cuanto a la existencia de supuestos vicios en el objeto alegada por la recurrente, cabe señalar que las decisiones adoptadas en la resolución recurrida se basan en los principios tarifarios establecidos en la Ley N° 24.065, no evidenciándose apartamiento alguno que justifique la objeción planteada.

Que en efecto, tales decisiones encuentran su fundamento en las disposiciones que rigen el procedimiento de RQT, contenidas en el Capítulo X de la Ley N° 24.065, ajustándose a pautas de razonabilidad y proporcionalidad, en el marco de la emergencia vigente; ello, en línea con los criterios expuestos en la Nota N° NO-2025-44507112-APN#MEC del MINISTRO DE ECONOMÍA, en la que se destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad.

Que, a todo efecto, resulta procedente recordar lo sostenido por la doctrina administrativa en cuanto a las facultades irrenunciables atribuidas a la Administración Pública de velar por la vigencia y el funcionamiento de los servicios públicos cuya operación haya concesionado, en cuanto a que no se trata de cualquier contrato administrativo, sino de uno referido a una concesión de un servicio público de fuerte implicancia social.

Que, por ello, las prerrogativas -como todas las que impliquen cláusulas exorbitantes virtuales e implícitas del derecho privado- son irrenunciables para el Estado, pues no se trata de derechos de la Administración Pública, sino de potestades de ésta. (BERCAITZ, Miguel Ángel, Teoría general del contrato administrativo, página 568/569, con cita de MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A pág. 409).

Que, por lo expuesto, tampoco se advierte la existencia de un vicio en la finalidad ni en la razonabilidad del Acto.

Que, finalmente, cabe descartar la existencia en el acto impugnado de un vicio en la motivación como pretende EDERSA, en tanto la motivación es la explicitación de la causa, o sea la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictarlo (conf. T. Hutchinson “Régimen de Procedimientos Administrativos”, Editorial Astrea, página 77). (Cons. VI), razones y circunstancias que se encuentran extensa y pormenorizadamente expuestas en los considerandos de la Resolución ENRE N° 315/2025, sustentándose en el mencionado “INFORME TÉCNICO EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDERSA) REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL 2025-2030” (IF-2025-45005965-APN-ARYEE#ENRE)”, motivo por el cual corresponde rechazar su pretendida falta en el acto recurrido.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, el artículo 55 incisos a), d) y s) de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, los artículos 84, 101 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA DE ENERGÍA RÍO NEGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDERSA), contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 315 de fecha 30 de abril de 2025, conforme los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- Modificar la remuneración de EDERSA, aprobada por el artículo 1 de la Resolución ENRE N° 315/2025, sustituyendo el Anexo I (IF-2025-44487433-APN-ARYEE#ENRE), por el Anexo I (IF-2025-85046097-APN-ARYEE#ENRE), que integra esta resolución.

ARTÍCULO 3.- Sustituir el valor de CUATRO COMA CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (4,59%), aprobado en el artículo 3 de la Resolución ENRE N° 315/2025 a aplicar a los valores horarios del equipamiento regulado de EDERSA a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del 1 de septiembre de 2025 y en los meses sucesivos hasta el 1 de diciembre de 2025 inclusive, por un incremento mensual de CATORCE COMA SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (14,64%), según lo establecido en el Anexo II (IF-2025-85046568-APN-ARYEE#ENRE), que esta resolución.

ARTÍCULO 4.- Sustituir el artículo 7 de la Resolución N° 315/2025 por el siguiente: “Instruir a EDERSA a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida, un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS SIETE MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 7.087.977.444), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2025 - abril 2026, PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2026 - abril 2027, PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2027 - abril 2028, PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2028 - abril 2029 y PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.417.595.489) en el período mayo 2029 - abril 2030, todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el “Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio” aprobado en Resolución ENRE N° 448/2025.

ARTÍCULO 5.- Hacer saber a EDERSA, que la presente resolución agota la vía administrativa, conforme artículo 23 inciso c) apartado (iii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y es susceptible de ser recurrida mediante recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, previsto en el artículo 62 de la Ley N° 24.065 (T.O. 2025), dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales, los que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación.

ARTÍCULO 6.- Oportunamente, remítanse las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) para que tramite el recurso de alzada interpuesto subsidiariamente.

ARTÍCULO 7.- Notifíquese a EDERSA, a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA), a la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), a la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA), y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), junto con el Anexo I (IF-2025-85046097-APN-ARYEE#ENRE) y el Anexo II (IF-2025-85046568-APN-ARYEE#ENRE).

ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Néstor Marcelo Lamboglia

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59490/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-43438087-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO

Que, por medio de la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 319 de fecha 30 de abril de 2025, se aprobaron los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de TRANSACUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSACUE S.A.), el mecanismo de actualización de la remuneración y el promedio de las sanciones mensuales históricas, en el marco de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT) 2025-2030.

Que se ha detectado que, por un error material, no se incluyó en la remuneración aprobada en el artículo 1 de la Resolución ENRE N° 319/2025, el cargo de supervisión que TRANSACUE S.A. debe abonar a la transportista, equivalente al DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%) de la remuneración que le corresponde por el desarrollo de la actividad que regla su licencia técnica.

Que el cargo de supervisión se incluye en la remuneración de todas las TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES (TTII) para el periodo tarifario 2025 – 2030 y, pese a que la TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE (TI) no ha recurrido la resolución mencionada, corresponde hacer extensivo dicho reconocimiento a la remuneración de las instalaciones de TRANSACUE S.A., en aplicación de los principios de suficiencia y equidad tarifaria.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, pueden rectificarse en cualquier momento, siempre que la enmienda no altere lo sustancia del acto o decisión.

Que, entonces, corresponde incorporar entre los costos de TRANSACUE S.A., el cargo de supervisión por un monto de TREINTA Y SIETE MILLONES ($ 37 millones) anuales en moneda de diciembre de 2023, equivalentes a SETENTA Y DOS MILLONES ($ 72 millones) de mayo de 2025.

Que, subsanado el error material antes mencionado, la remuneración anual reconocida a TRANSACUE S.A., asciende a la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y UNO ($ 1.478.318.081) de diciembre de 2023, que actualizados a mayo 2025 por el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del Índice de Precios al Consumidor (IPC), nivel general, y el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) del Índice de Precios Mayorista (IPIM), nivel general, alcanza la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 2.886.251.210).

Que, en función de este nuevo nivel de ingresos, las cuotas mensuales que se aplicarán a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre se incrementan de CINCO COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO (5,38%) a SEIS COMA TREINTA Y DOS POR CIENTO (6,32%).

Que, por otra parte, en la instancia recursiva, se hizo lugar al planteo de las TTII que se quejaron porque en el período enero 2024 – marzo 2025, los salarios y la fórmula compuesta por el IPIM e IPC mostraron una evolución distinta a la observada entre los años 2017 y 2023.

Que, sin ánimo de normalizar este comportamiento poco habitual registrado en los indicadores mencionados, corresponde priorizar y garantizar que los ingresos determinados en la resolución de la RQT cubran los salarios, con el fin de mantener la dotación de personal validada como óptima por el ENRE, y demás costos operativos de la TI.

Que, a tal fin, el nivel de costos eficientes determinados en moneda de diciembre de 2023 debe ser reexpresado a marzo de 2025, utilizando exclusivamente el IPC.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, a los efectos de mantener un tratamiento homogéneo en este segmento de transporte de energía eléctrica, corresponde hacer extensivo este criterio a aquellas TTII que no han presentado recurso a la resolución que determinó los ingresos para el periodo 2025-2030.

Que los costos operativos, incluyendo salarios, y las inversiones representan en conjunto el OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (87%) de los ingresos determinados por la Resolución ENRE N° 319/2025.

Que, atento a que el nivel tarifario no es cuestionado, y con el fin de mantener dichas erogaciones en el OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (87%) de los ingresos, corresponde disminuir el nivel de inversiones en la misma magnitud en que se incrementan los costos operativos.

Que entonces, con el fin de que los costos determinados en moneda de diciembre de 2023 -siguiendo el principio general de tarifas justas y razonables establecido en el capítulo X de la Ley N° 24.065- sean suficientes para operar y mantener el servicio en forma eficiente y prudente, se deben ajustar conforme la variación del IPC hasta marzo de 2025 (índice de 2,3642).

Que de esta manera los costos operativos para el período 2025-2030 se determinan de la siguiente manera: en el período mayo 2025 - abril 2026: PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES ($ 1.567 millones); en mayo 2026 - abril 2027: PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES ($ 1.567 millones); en mayo 2027 - abril 2028: PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES ($ 1.567 millones); en mayo 2028 - abril 2029 PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES ($ 1.567 millones) y; en mayo 2029 - abril 2030: PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES ($ 1.567 millones), todos en pesos de mayo de 2025.

Que es importante remarcar que, dicha reducción en el nivel de inversiones obligatorias no constituye un impedimento para la realización de obras por parte de la concesionaria.

Que la Resolución ENRE N° 319/2025, implementó el factor de inversión (K), que tiene como finalidad alentar la realización de inversiones por parte de las transportistas, mediante un ajuste adicional de las tarifas.

Que este ajuste tendrá en cuenta las inversiones complementarias, que no fueron previstas al determinar la tarifa vigente, dependiendo de la efectiva realización de la obra comprometida.

Que las inversiones complementarias son obras o proyectos que, a propuesta de las transportistas y aprobadas por el ENRE, comienzan a prestar el servicio a los usuarios (cláusula gatillo) y serán consideradas en el cálculo de un Factor de estímulo a las inversiones (K) que permita transferir su costo al ingreso de la transportista.

Que consecuentemente, y en línea con la Nota N° NO-2025-44507112-APN-MEC del MINISTRO DE ECONOMÍA, en la que destacó que en el marco de la emergencia energética y económica, la política llevada adelante por el PODER EJECUTIVO NACIONAL procura consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad, se establecen los siguientes Valores del Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 4.147.572.773), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en el período mayo 2025 - abril 2026; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2026 - abril 2027; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2027 - abril 2028; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2028 - abril 2029; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2029 - abril 2030; todos en pesos de mayo de 2025.

Que el Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el “Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio” aprobado en Resolución ENRE N° 548 de fecha 31 de julio de 2025.

Que se ha emitido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7, inciso d) punto (ii) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el ENRE es competente y el Interventor se encuentra facultado para el dictado de este acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, el artículo 55 incisos a), d), j) y s) de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, los artículos 1 in fine, 11 incisos a) y h) y 19 del Decreto N° 452 de fecha 4 de julio de 2025, el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/1972 T.O. 2017, los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023, los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1023 de fecha 19 de noviembre de 2024, el artículo 2 del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 y los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 330 de fecha 29 de julio de 2025.

Por ello:

El INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Modificar la remuneración de TRANSACUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSACUE S.A.), aprobada por el artículo 1 de la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 319 de fecha 30 de abril de 2025, sustituyendo el Anexo I (IF-2025-44588769-APN-ARYEE#ENRE) por el Anexo I (IF-2025-85082697-APN-ARYEE#ENRE), que integra esta resolución.

ARTÍCULO 2.- Sustituir el valor de CINCO COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO (5,38%), aprobado en el artículo 3 de la Resolución ENRE N° 319/2025 a aplicar a los valores horarios del equipamiento regulado de la TRANSACUE S.A. a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del 1 de septiembre de 2025 y en los meses sucesivos hasta el 1 de diciembre de 2025 inclusive, por un incremento mensual de SEIS COMA TREINTA Y DOS POR CIENTO (6,32%), según lo establecido en el Anexo II (IF-2025-85084241-APN-ARYEE#ENRE), que integra esta resolución.

ARTÍCULO 3.- Sustituir el artículo 7 de la Resolución N° 319/2025, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 7.- Instruir a TRANSACUE SOCIEDAD ANÓNIMA a presentar, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente medida un Plan de Inversiones para el período quinquenal que se inicia el 1 de mayo de 2025 por un monto total de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 4.147.572.773), a ejecutarse de la siguiente manera: PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en el período mayo 2025 - abril 2026; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2026 - abril 2027; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2027 - abril 2028; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2028 - abril 2029; PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 829.514.555) en mayo 2029 - abril 2030; todos en pesos de mayo de 2025. El Plan de Inversiones deberá ser desagregado por año calendario, con un Cronograma de Ejecución Física y un Cronograma de Ejecución Económica, que estarán sujetos a la aprobación del ENRE, conforme el ‘Procedimiento para el Control del Plan de Inversiones Aprobado - Régimen Sancionatorio’ aprobado en Resolución ENRE N° 548 de fecha 31 de julio de 2025”.

ARTÍCULO 4.- Hacer saber a TRANSACUE S.A., que la presente resolución agota la vía administrativa, conforme el artículo 23 inciso c) apartado (iii) de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y es susceptible de ser recurrida mediante recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, previsto en los artículos 62 y 67 de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales, los que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 inciso c) de la Ley N° 19.549, contra la presente resolución será optativa la interposición de los siguientes recursos administrativos, cuyo plazos se computarán a partir del día siguiente al de su notificación: a) Recurso de reconsideración, conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos, así como también; b) En forma subsidiaria o alternativa, el recurso de alzada previsto en el artículo 62 de la Ley N° 24.065 T.O. 2025 y en el artículo 94 del citado reglamento, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de notificado el rechazo del recurso de reconsideración o, en el caso del silencio negativo, una vez configurado éste en los términos del artículo 87 del mencionado reglamento.

ARTÍCULO 5.- Notifíquese a TRANSACUE S.A., a la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA), a la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), a la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA), y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), junto con el Anexo I (IF-2025-85082697-APN-ARYEE#ENRE) y el Anexo II (IF-2025-85084241-APN-ARYEE#ENRE).

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Néstor Marcelo Lamboglia

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59493/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-82453909-APN-SGTYC#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA); la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y los Decretos N° 1536 de fecha 28 de agosto de 2002 y N° 202 de fecha 28 de febrero de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley de Cine N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias establece que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES tendrá a su cargo el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la República Argentina y en el exterior, en lo referido a la cinematografía nacional, conforme las disposiciones allí establecidas.

Que el inciso e) del artículo 3° de la citada Ley establece como deber y atribución del Presidente del INCAA la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico.

Que asimismo el inciso f) del artículo 24 de la Ley de Cine dispone que uno de los destinos del Fondo será “la promoción, en el país y en el exterior, de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión, distribución y exhibición de las películas nacionales, tales como la realización de semanas del cine argentino, envío de delegaciones y campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin indicado; financiar la comercialización de películas nacionales en el exterior.”.

Que la misión del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES es promover y regular la actividad audiovisual argentina, dirigiéndose a audiencias locales e internacionales, apoyando la innovación, la profesionalización y la calidad en cada etapa de la producción audiovisual, con el objetivo de fortalecer la industria como un sector competitivo, moderno y sustentable, que contribuya a la identidad cultural del país y expanda su presencia en mercados globales.

Que el respaldo a las películas nacionales para promover su presencia en festivales internacionales resulta esencial para consolidar una producción audiovisual autónoma, competitiva y de calidad en el contexto internacional, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural del país y al desarrollo del talento y la industria local.

Que en este marco corresponde definir pautas para el apoyo a películas nacionales que faciliten su participación en festivales internacionales.

Que para la confección del listado de festivales internacionales por los cuales se podrán solicitar las ayudas, se tomó como referencia la lista de Festivales Internacionales acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF), que certifica aquellos que cumplen con estándares de organización, calidad de contenido y relevancia dentro de la industria, entre los que se encuentra el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Que cada festival internacional realiza la selección de películas de manera independiente, lo que otorga transparencia y objetividad al otorgamiento de las ayudas por parte del INCAA a los proyectos o participantes por ellos seleccionados.

Que los organizadores de los festivales internacionales cubren parcialmente los gastos de los productores quedando el resto a cargo del participante.

Que para acceder a la ayuda económica los proyectos seleccionados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo I de la presente resolución.

Que resulta oportuno establecer una unidad de cálculo para la determinación de los montos de las ayudas económicas y que el mismo permita actualizar los montos periódicamente.

Que deben fijarse pautas para la rendición de las ayudas que garanticen la transparencia y eficiencia en la utilización de los fondos.

Que la SUBGERENCIA FILM COMISSION, la COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la GERENCIA GENERAL y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, y por los Decretos N° 1536/2002 y N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Crear el “Programa para la Difusión de Películas Nacionales Terminadas a Nivel Internacional”.

ARTÍCULO 2°. - Aprobar los requisitos para la solicitud de aplicación al programa, obrantes en el Anexo I identificado como IF-2025-86041071-APN-FC#INCAA, el cual forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°. - Aprobar el listado de Festivales del Anexo II identificado como IF-2025-85785963-APN-FC#INCAA, estableciéndose que la ayuda económica que reciba la película seleccionada será en carácter de reintegro, debiendo presentarse la documentación correspondiente para su rendición.

ARTÍCULO 4°. - Establecer que cada película podrá recibir hasta DOS (2) ayudas en total para participar en los festivales internacionales especificados en el Anexo II, el cual determina los topes máximos para cada uno de ellos.

ARTÍCULO 5°. - Establecer que para ser beneficiario de las ayudas económicas previstas en la presente, el solicitante deberá estar inscripto en el “Registro de Comités y Jurados” y no haber rechazado su participación al ser convocado en los últimos DOCE (12) meses.

ARTÍCULO 6°. - Establecer que, para el cálculo de la ayuda económica, se utilizará como valor de referencia el precio promedio de la entrada de cine vigente al inicio del evento audiovisual para el cual fue solicitada. Dicho valor de la entrada promedio (VEP) es determinado bimestralmente por la Subgerencia de Exhibición y Fiscalización del INCAA y publicado en la página web institucional.

ARTÍCULO 7°. - Facultar a la Gerencia de Políticas Públicas para suscribir la Disposición de otorgamiento de la ayuda económica en el marco de la presente resolución.

ARTÍCULO 8°. - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Organismo.

ARTÍCULO 9°. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 10°. - Regístrese, comuníquese, publíquese en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carlos Luis Pirovano

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59631/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-91089200- -APN-DGDYLI#JGM, los Decretos Nros. 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, 454 de fecha 23 de mayo de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 454/24 se designó a partir del 1° de marzo de 2024, en el cargo de Subsecretaria de Asuntos Políticos de la ex SECRETARÍA DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DE INTERIOR a la abogada Giselle CASTELNUOVO (D.N.I N° 27.767.071).

Que mediante la Nota N° NO-2025-90969601-APN-SSAPO#JGM la nombrada presentó su renuncia al cargo.

Que no existen objeciones para proceder a la aceptación de la referida renuncia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Interior ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir de su presentación, la renuncia de la abogada Giselle CASTELNUOVO (D.N.I N° 27.767.071) al cargo de Subsecretaria de Asuntos Políticos dependiente de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

José Luis Pérsico

e. 20/08/2025 N° 59756/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-72477867- -APN-DANAYF#MCH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88 de fecha 26 de diciembre de 2023 y 1131 de fecha 27 diciembre 2024, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 8 de fecha 10 de diciembre de 2023, 862 de fecha 27 de septiembre de 2024, sus modificatorios y complementarios, 958 de fecha 25 de octubre de 2024, 1148 de fecha 30 de diciembre de 2024, y 151 de fecha 28 de febrero de 2025, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 15 de enero de 2025, las Resoluciones Nros. 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la entonces SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 733 de fecha 12 de diciembre de 2024 del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.

Que por el Decreto Nº 862/24, sus modificatorios y complementarios, se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que, posteriormente, mediante por el Decreto Nº 151/25, se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que por el artículo 2º del Decreto Nº 958/24 se autoriza al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a los Ministros, a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en sus respectivos ámbitos, efectuar y/o prorrogar las designaciones transitorias de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas vigentes, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada.

Que el Doctor Leandro Hernán CAJA (D.N.I. Nº 34.511.539), se viene desempeñando transitoriamente en el cargo de Director de Administración de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a partir de la fecha de su respectiva designación, oportunamente aprobada por la Resolución Nº 733/24 (RESOL-2024-733-APN-MCH) del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que no habiendo podido procederse a la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva, y manteniéndose vigentes las razones que dieron lugar a la designación transitoria, resulta necesario prorrogar la misma, en iguales términos del nombramiento original y a partir del vencimiento del plazo de su designación.

Que la presente prórroga de designación transitoria queda exceptuada de las restricciones establecidas en el artículo 1º del Decreto Nº 1148/24, conforme lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º del citado Decreto.

Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º de la Resolución Nº 53/21 de la entonces SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que las áreas competentes del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO han tomado la intervención de su competencia.

Que el gasto que demande la presente medida, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante la Ley Nº 27.701 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88/23 y 1131/24, y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 3/25.

Que la COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, ha efectuado la afectación preventiva correspondiente.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, dependiente de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, ha procedido a la intervención de su competencia.

Que el titular de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ha prestado conformidad con la presente prórroga.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ambas del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han intervenido conforme sus competencias

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 2º del Decreto Nº 958/24.

Por ello,

LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase desde el 20 de agosto de 2025 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria dispuesta por la Resolución Nº 733/24 (RESOL-2024-733-APN-MCH) del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO del Doctor Leandro Hernán CAJA (D.N.I. Nº 34.511.539), en el cargo de Director de Administración de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en la presente medida, deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la notificación de la presente prórroga.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, SUBJURISDICCIÓN 02 - SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese al Dr. Leandro Hernán CAJA (D.N.I. Nº 34.511.539).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese dentro del plazo de CINCO (5) días de su publicación a la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Sandra Pettovello

e. 20/08/2025 N° 59378/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2025

VISTO el Expediente EX-2025-88913303- -APN-DGDYD#MJ, el Decreto N° 575 del 12 de agosto de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 575/25 se aprobó el RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS EN LOS PROCESOS PENALES DE COMPETENCIA NACIONAL Y FEDERAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, que regula unificadamente los procedimientos, criterios y responsabilidades institucionales en torno a la conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividades ilícitas, asegurando su trazabilidad, su incorporación efectiva al patrimonio público y su destino conforme a los principios de justicia, transparencia y eficiencia institucional.

Que dicho Régimen dispone que los órganos judiciales nacionales y federales deben poner bajo custodia y administración del MINISTERIO DE JUSTICIA, a través de la Autoridad de Aplicación, los bienes cautelados o recuperados en el marco de los procesos judiciales, a fin de garantizar su conservación, adecuada gestión y eventual disposición conforme los fines del mencionado Régimen.

Que a los efectos de ejercer la custodia, administración y eventual disposición de los bienes cautelados y recuperados, resulta indispensable contar previamente con información técnica, registral, documental y económica suficiente, precisa y debidamente actualizada, que permita su recepción formal a tales fines.

Que, en atención a ello, resulta necesario establecer un protocolo operativo que fije los requisitos y procedimientos para la recepción, por parte del MINISTERIO DE JUSTICIA, de la documentación e información provista por los órganos judiciales necesaria para la entrega material de los bienes.

Que la implementación del presente Protocolo contribuye a fortalecer la cooperación interinstitucional entre el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y el PODER EJECUTIVO NACIONAL, promoviendo una gestión transparente, ordenada y eficiente de los bienes sujetos a medidas judiciales en procesos penales o de extinción de dominio.

Que esta medida se enmarca en las políticas del ESTADO NACIONAL orientadas a la recuperación de activos de origen ilícito, la recomposición del daño social producido por el delito y la reinversión de recursos en áreas estratégicas.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 29 del artículo 22 de la Ley de Ministerios (t.o. Decreto Nº 438/1992) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “PROTOCOLO OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS EN LOS PROCESOS PENALES DE COMPETENCIA NACIONAL Y FEDERAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, que como ANEXO I (IF-2025-90337081-APN-UGA#MJ) forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- La Autoridad de Aplicación del RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS EN LOS PROCESOS PENALES DE COMPETENCIA NACIONAL Y FEDERAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO aprobado por Decreto N° 575/25 será la responsable de implementar el Protocolo aprobado por el artículo 1° de la presente, y podrá coordinar con el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN las medidas necesarias para su aplicación efectiva. Durante el plazo que demande su designación, la aplicación del Protocolo se encontrará a cargo de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE JUSTICIA.

ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia simultáneamente con el Decreto N° 575 del 12 de agosto de 2025.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mariano Cúneo Libarona

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59614/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 14/08/2025

VISTO el Expediente EX-2025-84139967- -APN-DNRYD#ANMAC, las Leyes Nros. 20.429 y 27.192; los Decretos Nros. 395/75, 409/25 y 445/25; la Resolución ANMAC N° 202/23; la Disposición RENAR Nº 487/07 y Resolución RENAR N° 3/2025, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 409/2025 introdujo modificaciones al Decreto Nº 395/75 tanto en lo concerniente al régimen de información del material de dotación institucional perteneciente a las Fuerzas de Seguridad, Policiales y Penitenciarias como, especialmente, en lo relativo al procedimiento de registración y control sobre los miembros de dichas Fuerzas y de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Que en virtud de las modificaciones introducidas por el Decreto N° 409/25 al Decreto N° 395/75, resulta necesario dictar una norma complementaria que reglamente adecuadamente los procedimientos vinculados a la registración y fiscalización de los legítimos usuarios y del material controlado en poder de las fuerzas, a fin de asegurar su correcta aplicación, mantener actualizado el registro a cargo de este organismo, y evitar interpretaciones divergentes que puedan comprometer su operatividad.

Que la experiencia administrativa ha puesto de manifiesto la conveniencia de simplificar las tramitaciones a legítimos usuarios miembros de las fuerzas y eliminar instancias de autorización previa para la dotación de armamento institucional que generaban demoras en la gestión, sin menoscabo del debido control estatal.

Que en atención a que la autorización para la adquisición, tenencia y portación de dicho material se funda en la evaluación de los antecedentes personales y profesionales del solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 53, inciso 2), del Decreto N°395/75 y sus modificaciones, deviene indispensable establecer con claridad el deber de las fuerzas comprendidas de informar y mantener actualizada ante el RENAR la situación psicofísica, disciplinaria y patrimonial del personal a su cargo que posean armas registradas o permisos de portación, con el fin de prever sanciones ante el incumplimiento de tales deberes.

Que la presente normativa se dicta sin perjuicio de los regímenes vigentes aplicables a los legítimos usuarios civiles, en cualquiera de sus categorías, los cuales se mantienen plenamente operativos y sin modificaciones.

Que la COORDINACIÓN DE AUTORIZACIONES ESPECIALES realizó el informe técnico agregado a las actuaciones a orden n° 2.

Que la DIRECCIÓN DE COORDINACION,GESTION REGISTRAL Y DELEGACIONES y la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y DELEGACIONES han efectuado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS , ha efectuado la intervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para adoptar la presente medida, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, las Leyes N° 24.492 y 27.192 y por los Decretos Nros. 80/24 y 445/2025.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el instructivo para Altas y Bajas de material institucional que como ANEXO I (IF-2025-89555112- APN-RENAR#MSG), forma parte integrante de la presente Resolución, a fin de que la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, LA GENDARMERÍA NACIONAL, LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, LAS POLICÍAS PROVINCIALES Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS PROVINCIALES mantengan actualizados sus inventarios ante este REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, de acuerdo a lo establecido en el art. 53 inciso 1) del Decreto N° 395/75, conforme texto sustituido por el artículo 1° del Decreto N° 409/25.

ARTICULO 2°.- Apruébese el instructivo para la obtención de la condición de legítimo usuario del material comprendido por el artículo 4°, incisos 3) y 5) y artículo 5° del Decreto N° 395/75 y para la autorización de portación, para el personal superior y subalterno en situación de retiro de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, GENDARMERÍA NACIONAL, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de las FUERZAS ARMADAS, y de los SERVICIOS PENITENCIARIOS Y POLICÍAS PROVINCIALES Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que, como ANEXO II (IF-2025-89554861-APN-RENAR#MSG), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Establécese que el personal en actividad de las instituciones mencionadas en el artículo anterior, que al momento de entrada en vigencia de la presente solicite por primera vez su condición de legítimo usuario o autorización de portación, y aquel cuyos permisos se encontraren vencidos, deberá presentar por única vez el trámite completo de solicitud de credencial de legítimo usuario o autorización de portación, a efectos de su adecuación a las disposiciones vigentes en materia de registro, control y fiscalización establecidas por los citados Decretos N° 395/75 y 409/25, a fin de cumplimentar con los requisitos establecidos en el ANEXO II (IF-2025-89554861-APN-RENAR#MSG), que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 4°. - Los miembros de las fuerzas mencionadas en el Artículo 2º de la presente Resolución, que hubieran sido exonerados o dados de baja obligatoriamente por sanciones disciplinarias, no podrán acceder ni mantener la Condición de Legítimo Usuario y deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 69, en los incisos a), b), c) o e) del Anexo I del Decreto N° 395/75.

ARTICULO 5°.- A fin de dotar de operatividad a la presente, los miembros en actividad de las FUERZAS ARMADAS, de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, GENDARMERÍA NACIONAL, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y de los SERVICIOS PENITENCIARIOS Y POLICIAS PROVINCIALES Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberán enrolarse individualmente en un plazo máximo de SESENTA (60) días corridos contados, desde la publicación de la presente reglamentación a través del sitio mirenar.minseg.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace, para declarar a través de ese medio electrónico a qué Institución pertenecen, su domicilio real, el domicilio de guarda del material cuya tenencia soliciten o les haya sido otorgada, el teléfono de contacto y constituir domicilio electrónico.

ARTICULO 6°.- Las FUERZAS ARMADAS, la GENDARMERÍA NACIONAL, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, las POLICÍAS PROVINCIALES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y los SERVICIOS PENITENCIARIOS PROVINCIALES deberán informar al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, en un plazo máximo de NOVENTA (90) días corridos contados desde la publicación de la presente reglamentación, a través del sitio: mirenar.minseg.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace, en el apartado habilitado a dichos efectos, las siguientes condiciones correspondientes a sus miembros en servicio activo que posean armas registradas o que gestionen permisos de portación:

a. Condiciones psicofísicas actualizadas.

a. Situación de revista.

La información suministrada tendrá el carácter de Declaración Jurada y quedará el funcionario o autoridad responsable que la remita obligado por la veracidad, exactitud e integridad de los datos proporcionados.

En atención al cumplimento favorable de los requisitos ut supra referenciados, las credenciales de legítimo usuario y la portación para miembros en servicio activo no fenecerán, a condición de que se mantenga el cumplimiento de los mismos requisitos.

ARTICULO 7°. - Las Fuerzas citadas en el artículo anterior serán responsables de mantener permanentemente actualizada la totalidad de la información referida a sus miembros y debidamente registrada ante el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.

Toda alta, baja o modificación que se produzca respecto de los datos personales, condiciones psicofísicas, antecedentes disciplinarios y de servicio, domicilio de guarda del arma, teléfonos o correos electrónicos declarados; así como cualquier otra información que pudiere derivar en la suspensión provisional o la caducidad de la condición de legítimo usuario o de la autorización de portación otorgadas a sus miembros, deberá ser comunicada a el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS de manera inmediata a través del sitio: mirenar.minseg.gob.ar, o el que en un futuro lo reemplace, en el apartado habilitado a tal fin.

El incumplimiento de esta obligación por parte de las fuerzas implicará la responsabilidad administrativa del funcionario o autoridad encargados de dicha actualización.

ARTICULO 8°. - Deróguense la Resolución ANMAC N° 202/23 y la Disposición RENAR N° 487/07.

ARTICULO 9°. - Encomiéndese la comunicación de la presente reglamentación a través de los canales correspondientes, al Ministerio de Seguridad Nacional, a fin de asegurar su tratamiento, difusión y efectivo cumplimiento en todo el territorio nacional.

ARTICULO 10°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese.

Juan Pablo Allan

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59587/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2025

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-03040848- -ARCA-SGDADVCOAD#SDGINS y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 953 del 24 de octubre de 2024 se disolvió la entonces ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y se creó la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) como ente autárquico actuante en la órbita del citado Ministerio, transfiriéndosele los recursos, el personal, los bienes, el presupuesto vigente, los activos y el patrimonio, compromisos, derechos y obligaciones.

Que de acuerdo al artículo 7° del citado decreto, se previó además que dicha Agencia ejerza las funciones que se hubieran otorgado al organismo disuelto por el Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, entre otros.

Que mediante el Decreto Nº 13 del 6 de enero de 2025 se aprobó la estructura organizativa de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), hasta nivel de Subdirección General inclusive, instruyendo a su Director Ejecutivo a efectuar adecuaciones y aprobar la estructura organizativa de nivel inferior.

Que, por la Disposición N° DI-2025-34-E-AFIP-ARCA del 24 de febrero de 2025, se estableció el Régimen de Reemplazos de esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sus Direcciones Generales y Subdirecciones Generales, para los casos de ausencia o impedimento de sus respectivos titulares.

Que por razones funcionales resulta necesario introducir una adecuación en el régimen de reemplazos correspondiente a la Dirección General de Aduanas.

Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos e Institucional.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 6º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024 y el artículo 8° del Decreto N° 13 del 6 de enero de 2025.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el Régimen de Reemplazos de la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, aprobado por la Disposición N° DI-2025-34-E-AFIP-ARCA del 24 de febrero de 2025 y sus modificatorias, el que quedará establecido en la forma que seguidamente se indica:

ARTÍCULO 2°.- Abrogar la Disposición N° DI-2025-178-E-ARCA-ARCA del 12 de agosto de 2025.

ARTÍCULO 3°.- Esta norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Remítase a la Sección Gestión de Recursos de la Dirección Gestión Documental para su registro en el Sistema SARHA.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Juan Alberto Pazo

e. 20/08/2025 N° 59473/25 v. 20/08/2025

Posadas, Misiones, 18/08/2025

VISTO, lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603 y el CONVE-2020-00621694-AFIP, y

CONSIDERANDO:

Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N°12/2015 (AFIP) firmado entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la citada entidad bancaria.

Que oportunamente se envió listado de mercaderías con disponibilidad jurídica, para ser incluidas en futuras subastas públicas bajo la modalidad electrónica a la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección Regional Aduanera Noreste.

Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión de mercadería de esta Aduana, en la subasta a realizarse el día 04/09/2025 las cuales se detallan en anexo IF-2025-03059273-ARCA-OMSRSSUMPOSA#SDGOAI

Que las mercaderías detalladas en el Lote 9 del anexo IF-2025-03059273-ARCA-OMSRSSUMPOSA#SDGOAI, fueron ofrecidas oportunamente en la Subastas N.º 3636 del 30/06/2025 y en la Subasta 3651 del 17/07/2025, resultando en ambas sin postor por lo

que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.431 Apartado II de la Ley 22415 e Instrucción General 7/2004, se procede a ofrecerlos a un valor base inferior en las condiciones que fija dicha reglamentación.

Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos, resguardo de la renta fiscal y reducción de los costos por almacenaje de las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.

Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en una Subasta Pública, bajo modalidad electrónica en los términos del convenio firmado entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES.

Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 618/97, Ley N.º 22.415 sus modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 25.603.

LA ADMINISTRADORA DE LA ADUANA DE POSADAS

DISPONE

ARTICULO 1°: AUTORIZAR la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben, con la debida antelación y bajo modalidad de subasta pública, por intermedio del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, de acuerdo a los valores base y con las observaciones que en cada caso se indican en el Anexo IF-2025-03059273-ARCA-OMSRSSUMPOSA#SDGOAI, que forman parte integrante del presente acto.

ARTICULO 2°: HACER SABER que la subasta pública de las mercaderías detalladas se efectuará bajo modalidad electrónica, a través de la página web del BANCO DE LA CIUDAD de BUENOS AIRES https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 04 de Septiembre de 2025.

ARTICULO 3°: REGISTRAR y comunicar a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.

Claudia Karina Andrusyzsyn

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 59492/25 v. 20/08/2025

LLAMADO A CONCURSOS

De conformidad con lo establecido por los artículos 114 inciso 1° de la Cons­titución Nacional, 13° de la Ley 24.937, sus modificatorias y el Reglamento de Concursos aprobado por Resolución N° 7/14 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, se convoca a concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir las si­guientes vacantes de jueces/zas:

1) Concurso Nº 522, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, provincia del mismo nombre.

Integran el Jurado los Dres., Sergio Gabriel Torres, Daniel Horacio Domínguez Henaín, Pedro Luis Arrouy y Martha I. Díaz Villegas de Landa (titulares); y Roberto Agustín Lemos Arias, Roberto Sergio Lavado, Oscar Flores y María Florencia Castro (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 8 de septiembre al 12 de septiembre de 2025.

Fecha para la prueba de oposición: 09 de octubre de 2025, a las 9:00 horas, en el lugar que con suficiente antelación la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar asistencia: 25 de septiembre de 2025.

2) Concurso Nº 525, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza, provincia del mismo nombre.

Integran el Jurado los Dres., Ramón Luis González, César Marcelo Soria, Omar Palermo y Luciana Álvarez (titulares); y Alejandro Osvaldo Tazza, y Mario Alberto Villar, Andrés Gil Domínguez y Mónica Ángela Del Bene (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 8 de septiembre al 12 de septiembre de 2025.

Fecha para la prueba de oposición: 10 de octubre de 2025, a las 9:00 horas, en el lugar que con suficiente antelación la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar asistencia: 26 de septiembre de 2025.

El reglamento y el llamado a concurso estarán disponibles en las páginas web del Consejo (www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar). La inscripción se realizará por vía electrónica desde las 00:00 horas de la fecha de inicio hasta las 24:00 horas del día de cierre.

La sede de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura se encuentra ubicada en la calle Libertad 731, 1° Piso, Capital Federal, y su horario de atención al público es de 9:00 a 15:00 hs.

La Comisión determinará con la suficiente antelación el lugar donde, en cada caso, se tomará el examen, información que estará disponible en las páginas web (artículo 6°, último párrafo).

En los términos del artículo 10° inc. ñ) del reglamento y de conformidad con los plazos de vigencia establecidos por las Resoluciones números 121/23 y 256/23 del CM, los/las postulantes deberán acompañar las constancias de capacitación en materia de perspectiva de género, ambiental, y derechos de niñas, niños y adolescentes, y todas las que se tornen obligatorias por la ley para integrantes del Poder Judicial de la Nación; dictadas por la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Universidades, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquellas capacitaciones de organismos o entidades que sean expresamente admitidas por la Comisión de Selección de Magistrados/as por resolución dictada al efecto, con un mínimo de 20 horas y el resto de los requisitos que establezca la reglamentación específica. Si al momento de la inscripción el/la postulante no tuviere culminadas las capacitaciones requeridas, podrá cumplimentar este requisito hasta la fecha de realización de la Entrevista Personal ante la Comisión (artículo 40).

El sistema de carga digitalizado no admitirá inscripciones luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la inscripción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19°, el listado de inscriptos con sus respectivos currículum vitae se darán a conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura dentro de los cinco (5) días hábiles judiciales del cierre de la inscripción de cada concurso, haciéndose saber el lugar donde se recibirán las impugnaciones acerca de la idoneidad de los postulantes. Las impugnaciones deberán ser planteadas en el plazo de (5) cinco días hábiles judiciales desde la publicación del listado de inscriptos.

En los términos del artículo 31° del Reglamento de Concursos, “los postulantes deberán confirmar su participación al examen de oposición con diez (10) días de antelación a la fecha fijada para la prueba. La confirmación se realizará únicamente por vía electrónica a través de la página web del Poder Judicial de la Nación, mediante el módulo de confirmación del sistema de concursos, dentro del período fijado para cada prueba. Quien no confirme por el medio aquí dispuesto y dentro del plazo establecido, será excluido de ese procedimiento de selección”.

Se comunica que, las notificaciones que deban cursarse, una vez abierto un concurso para seleccionar magistrados del Poder Judicial de la Nación, se realizarán a través del sitio web.

COMISION DE SELECCION DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

María Fernanda Vázquez, Presidenta.

e. 20/08/2025 N° 58965/25 v. 22/08/2025

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 09/12/2024, la tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 2 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 09/12/2024, corresponderá aplicar la Tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 7 ppa.

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 18/08/25) para: 1) MiPyMEs: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 30 días del 60,00%, Hasta 60 días del 60,00% TNA, Hasta 90 días del 60,00% TNA, de 91 a 180 días del 59,00% TNA, de 181 a 360 días del 58,00% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 58,00%TNA. 2) Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 62,00% TNA, Hasta 60 días del 62,00% TNA, Hasta 90 días del 62,00% TNA, de 91 a 180 días del 61,00% TNA y de 181 a 360 días del 60,00% TNA.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Valeria Mazza, Subgerente Departamental.

e. 20/08/2025 N° 59379/25 v. 20/08/2025

19/08/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,

A LAS REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO,

A LAS REDES DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE INICIACIÓN,

A LOS ADMINISTRADORES DE ESQUEMAS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

ACEPTADORES DE PAGO CON TRANSFERENCIA, ADQUIRENTES DE PAGOS CON TARJETA,

AGREGADORES DE INSTRUMENTOS DE PAGO:

Ref.: Circular SINAP 1-235: Sistema Nacional de Pagos – Servicios de Pago. Actualización.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado sobre Sistema Nacional de Pagos – Servicios de Pago en función de las disposiciones difundidas por las comunicaciones A 8032, 8144, 8162, 8180 y 8206 y B 12333.

Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Irene T. Cano, Subgerenta de Sistemas de Pago - Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes a/c.

ANEXO

El ANEXO puede ser consultado en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar Opción “Marco Legal y Normativo”.

e. 20/08/2025 N° 59628/25 v. 20/08/2025

14/08/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref: Tipo de Cambio de Referencia – Comunicación “A” 3500.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que a partir del 18 de agosto de 2025 la solicitud de cotizaciones para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia se efectuará para operaciones a liquidarse en el día (plazo T0).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sebastian Daniel Anigstein, Gerente de Operaciones Locales e Internacionales - Diego Jorge Lopez Airaghi, Gerente Principal de Operaciones de Mercado.

e. 20/08/2025 N° 59264/25 v. 20/08/2025

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. I) CÓDIGO ADUANERO

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se cita a las mismas, en los términos del Art. 1013 inc. i), para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Se les notifica y hace saber que: con relación a las mercaderías se INTIMA a los que se consideren titulares o interesados de las mismas a que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente soliciten, de corresponder una destinación aduanera permitida previo pago de las multas y/o tributos que por derecho correspondieren, debiendo presentarse en la Aduana de Bernardo de Irigoyen, situada en Av. Andrés Guacurarí N° 121, Bernardo de Irigoyen, Misiones, bajo apercibimiento de considerar las mismas abandonadas en favor del Estado Nacional, en cuyo caso se procederá a la venta en la forma prevista por los arts. 429 ssgtes. y ccs. del Código Aduanero, y/o se pondrán a disposición de la SGPN, cfr. los Arts. 4° y 5° de la Ley 25.603. Se aclara que respecto a las mercaderías a las que no se les pueda dar el tratamiento descripto, se procederá conforme lo establecido en el Art. 448 del Código Aduanero. Fdo. Marcelo Ignacio Galeano, Administrador Aduana Bernardo de Irigoyen, 18 de agosto de 2025.-

Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.

e. 20/08/2025 N° 59232/25 v. 20/08/2025

“-----En el marco de las Actuaciones más abajo detalladas y con fecha 14 de agosto de 2025, se ha declarado en REBELDÍA a las personas más abajo individualizadas, en los términos del art. 1105 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), obedeciendo a que no se han presentado a contestar la vista oportunamente conferida ni han constituido domicilio en el radio urbano de esta Aduana. Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador Aduana de Colón- Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLON – ENTRE RIOS”.-

Hugo Ramon Marsilli, Administrador de Aduana.

e. 20/08/2025 N° 59198/25 v. 20/08/2025

Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA..., cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art.1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art.1004, 1005 y 1013 inc.g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art.1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, podrán hacerlo mediante: deposito a la Cuenta única de Recaudación Nº 3601 o Volante Electrónico de Pagos (VEP), debiendo comunicar dicho pago, a esta Aduana de Iguazú, y declarar expresamente que hace ABANDONO de las mercaderías involucradas a favor del Estado Nacional (art. 931 del C.A.) por tener prevista la infracción imputada, la pena de comiso de las mercaderías. Utilizando este beneficio, en la forma señalada precedentemente se tendrán por concluidas las presentes actuaciones y no se registrarán antecedentes (Art. 932 del C.A.). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, RIOS Hernan Valerio de Cascia. (Los interesados deberán presentarse en sede de esta División Aduana de Iguazú – Sección Sumarios, sita en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú – Misiones (C.P. 3370), en días y horas hábiles).

Hernan Valerio de Cascia Rios, Administrador de Aduana.

e. 20/08/2025 N° 59359/25 v. 20/08/2025

DIVISIÓN SECRETARIA N.º 2

EDICTO

Código Aduanero - (Ley N.º 22.415, artículo 1013, inciso i).

Por ignorarse domicilio, se le hace saber a los sujetos que a continuación se consignan, que en las siguientes actuaciones, en trámite por ante la División Secretaría N.º 2 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo N.º 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto notificarle una RESOLUCIÓN, la que en su parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la Instrucción General N.º 2/23 (IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA). (…)”.

Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder, deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme acta de valoración y aforo de la mercadería corresponda.

Patricio Dolzani, Empleado Administrativo, División Secretaría N° 2.

e. 20/08/2025 N° 59562/25 v. 20/08/2025

Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado la Resolución Interna Nº 1067-2025/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 23 de mayo del 2025.- VISTO: … CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido por el contribuyente UNIVERSAN SRL CUIT N° 30-71704384-3, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883 -texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento Procesamiento. Cumplido archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la República Argentina. En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 1067-2025/D, queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial. Fdo. Cr. Daniel Fantín – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria Provincial- Resistencia – Chaco – 10 de julio de 2025.

Bibiana Massiel Kuncheff, Administradora General.

e. 20/08/2025 N° 59600/25 v. 22/08/2025

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la Dirección General Técnica - Jurídica de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al infractor Eulogio Aruquipa Chana, DNI N° 94.292.311, la Apertura de Sumario, dispuesta a Orden 11, en el Expediente EX-2022-105046228- -APN-DCP#DNM, que dice: “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Jueves 5 de Enero de 2023. VISTO el Acta de Infracción que motivare las presentes actuaciones, obrante en orden 3, en el cual el funcionario interviniente constató que la siguiente persona extranjera: Daniel AGUILERA FLORES de nacionalidad boliviana, se encontraban trabajando “prima facie” en violación a las disposiciones del art. 55 y siguientes de la Ley 25.871, INSTRUYASE SUMARIO DE FALTAS, a Eulogio ARUQUIPA CHANA, DNI 94.292.311, con domicilio Alicia Moreau de Justo 4380, de la localidad de Caseros, Provincia de Buenos Aires, de conformidad a lo previsto por el art. 15 inc. a) del Título II del Anexo II del Reglamento de Migraciones aprobado por Decreto Nº 616/2010. Notifíquese en los términos del art. 16 del Título II del Anexo II del Reglamento de Migraciones, haciéndose saber que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos podrá presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estime corresponder”. Fdo. Darío Santiago Fernández. Asesor Legal. Dirección de Asuntos Judiciales- Dirección Nacional de Migraciones-; “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Lunes 28 de Julio de 2025.- Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al infractor Eulogio ARUQUIPA CHANA, DNI N° 94.292.311, la Apertura de Sumario, dispuesta a Orden 11, mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial”. Fdo. Darío Santiago Fernández. Asesor Legal. Dirección de Asuntos Judiciales - Dirección Nacional de Migraciones-.

Alicia Margarita Zalazar, Asistente Administrativo, Dirección Operativa Legal.

e. 20/08/2025 N° 59629/25 v. 22/08/2025

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la Dirección General Técnica - Jurídica de La Dirección Nacional de Migraciones, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a la infractora Edid Ortega Leaño, DNI N° 94.982.532, la Disposición N° DI-2023-234-APN-DGTJ#DNM, dictada en el Expediente EX-2021-12538632- -APN-DD#DNM que dice: “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Viernes 24 de Febrero de 2023. Por ello, EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO – JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE: ARTÍCULO 1°.- Sanciónase a Edid ORTEGA LEAÑO, DNI N° 94.982.532, con domicilio en Hipólito Irigoyen N° 153, Villa María, PROVINCIA DE CÓRDOBA, con UNA (1) multa de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 3.387.150), e intímase a abonarla dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la notificación de la presente. ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la sancionada que podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de DIEZ (10) días hábiles (artículo 75 de la Ley N° 25.871), recurso de alzada en el plazo de QUINCE (15) días hábiles (conforme artículos 79 y 83 de la Ley N° 25.871 y artículos 94 y 98 del Reglamento de Procedimientos Administrativos) o iniciar recurso judicial en el plazo de TREINTA (30) días hábiles (artículos 79 y 84 de la Ley N° 25.871). ARTÍCULO 3°.- Pase al Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para su notificación a la sancionada y eventual juicio por cobro, en caso de no cumplirse con la intimación efectuada en el artículo 1° de la presente Disposición. ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese”. Fdo. Dr. Luis Antonio Romiti, Director General, Dirección General Técnica Jurídica, Dirección Nacional de Migraciones-; “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Viernes 25 de julio de 2025.- Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al infractor Edid ORTEGA LEAÑO, DNI N° 94.982.532, La Disposición N° DI-2023-234-APN-DGTJ#DNM, mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial”. Fdo. Darío Santiago Fernández. Asesor Legal. Dirección de Asuntos Judiciales - Dirección Nacional de Migraciones-.

Alicia Margarita Zalazar, Asistente Administrativo, Dirección Operativa Legal.

e. 20/08/2025 N° 59633/25 v. 22/08/2025

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la Dirección General Técnica - Jurídica de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al infractor Claudio Alberto Mantero, DNI N° 30.712.781, la Disposición N° DI-2023-427-APN-DGTJ#DNM, dictada en el Expediente: EX-2021-75577991- -APN-DCP#DNM que dice: “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Martes 2 de Mayo de 2023. Por ello, EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO - JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE: ARTÍCULO 1°.- Sanciónase a Claudio Alberto MANTERO, DNI N° 30.712.781, con domicilio en Ancaste N° 3313, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con UNA (1) multa de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ($ 4.225.600), e intímase a abonarla dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la notificación de la presente. ARTÍCULO 2°.- Hágase saber al sancionado que podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de DIEZ (10) días hábiles (artículo 75 de la Ley Nº 25.871), recurso de alzada en el plazo de QUINCE (15) días hábiles (conforme artículos 79 y 83 de la Ley Nº 25.871 y artículos 94 y 98 del Reglamento de Procedimientos Administrativos) o iniciar recurso judicial en el plazo de TREINTA (30) días hábiles (artículos 79 y 84 de la Ley Nº 25.871). ARTÍCULO 3°.- Pase al Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para su notificación al sancionado y eventual juicio por cobro, en caso de no cumplirse con la intimación efectuada en el artículo 1° de la presente Disposición. ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese”. Fdo. Dr. Luis Antonio Romiti, Director General, Dirección General Técnica Jurídica, Dirección Nacional de Migraciones-; “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Viernes 25 de Julio de 2025.- Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al infractor Claudio Alberto MANTERO, DNI N° 30.712.781, La Disposición N° DI-2023-427-APN-DGTJ#DNM, mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial”. Fdo. Darío Santiago Fernández. Asesor Legal. Dirección de Asuntos Judiciales - Dirección Nacional de Migraciones -.

Alicia Margarita Zalazar, Asistente Administrativo, Dirección Operativa Legal.

e. 20/08/2025 N° 59638/25 v. 22/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-30538103- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento Nº RE-2024-30537894-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-30538103- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado entre la UNION FERROVIARIA, por la parte sindical y la empresa SERVICIO FERROVIARIO TURISTICO TREN A LAS NUBES SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el acuerdo de marras las partes pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1681/23 “E”, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.

Que, en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2024-30537894-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-30538103- -APN-DGD#MT celebrado entre la UNION FERROVIARIA, por la parte sindical, y la empresa SERVICIO FERROVIARIO TURISTICO TREN A LAS NUBES SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1681/23 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57698/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2023-34300094- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del documento N° RE-2023-34299277-APN-DGDYD#JGM del Expediente N° EX-2023-34300094- -APN-DGDYD#JGM obra acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la ASOCIACION BANCARIA (SEB), por el sector empleador, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

Que, mediante el citado instrumento, las partes pactan nuevas condiciones salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1158/10 “E”, de acuerdo a los lineamientos allí estipulados.

Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado, se circunscribe a la naturaleza de la empleadora firmante, y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su Personería Gremial.

Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 1/3 del documento N° RE-2023-34299277-APN-DGDYD#JGM del Expediente N° EX-2023-34300094- -APN-DGDYD#JGM, celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la ASOCIACION BANCARIA (SEB), por el sector empleador, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 2°. - Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°. - Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1158/10 “E”.

ARTÍCULO 4°- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57699/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2023-52279273- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-52279020-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-52279273- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL), por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto a las sumas pactadas en el acuerdo de marras e independientemente del marco en el cual fueran acordadas, cabe hacer saber a las partes que, oportunamente, la homologación del presente acuerdo lo será sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que el plexo convencional citado ha sido oportunamente celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL), por el sector sindical, y las empresas TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR), por la parte empleadora, debidamente homologado a través de Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 614, de fecha 8 de mayo de 2015.

Que, con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se establece para los trabajadores representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15 que laboren para la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.

Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL), por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-52279020-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-52279273- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57700/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2023-25369972- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-25369883-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-25369972- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUTEP), por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE PARQUES DE ATRACCIONES ENTRETENIMIENTOS Y AFINES (CAPA), por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 752/18, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad del sector empleador firmante, y de la entidad sindical signataria, emergente de su Personería Gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.

Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUTEP), por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE PARQUES DE ATRACCIONES ENTRETENIMIENTOS Y AFINES (CAPA), por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-25369883-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-25369972- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 752/18.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57701/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-85222614- -APN-DGD#MT, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que en las paginas 02/03 del documento N° RE-2024-85222510-APN-DGD#MT de los autos de referencia, obra el acuerdo celebrado entre la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR por la parte sindical, ratificado por la parte empresaria en el documento N° IF-2025-40208651-APN-DNC#MCH y por la entidad sindical en el documento N° RE-2024-111658223-APN-DTD#JGM de autos.

Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.

Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 04 del documento N° RE-2024-85222510-APN-DGD#MT de autos.

Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o.2004), el artículo 10º del Decreto N°200/88 y sus modificatorias, el DECTO-2024-862-APN-PTE y el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR por la parte sindical, obrante en las paginas 02/03 del documento N° RE-2024-85222510-APN-DGD#MT de autos, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).

ARTICULO 2°. - Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado, obrante en las paginas 02/04 del documento N° RE-2024-85222510-APN-DGD#MT de autos.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente.

ARTICULO 4°. - Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el artículo 1º de la presente Disposición, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 5°. - Hágase saber que en el supuesto que esta SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57703/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2022-22555569- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en los documentos Nros. RE-2022-22555300-APN-DGD#MT e IF-2025-12318366-APN-DTD#JGM del Expediente N° EX-2022-22555569- -APN-DGD#MT, obran el Acuerdo celebrado con fecha 5 de marzo de 2022 y su escala salarial, respectivamente, entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUTEP), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE PARQUES DE ATRACCIONES, ENTRETENIMIENTOS Y AFINES, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 752/18, del cual resultan signatarias, conforme a las condiciones y términos pactados.

Que, con respecto al carácter atribuido al incremento pactado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y su escala salarial celebrados entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUTEP), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE PARQUES DE ATRACCIONES, ENTRETENIMIENTOS Y AFINES, por la parte empresaria, obrantes en los documentos Nros. RE-2022-22555300-APN-DGD#MT e IF-2025-12318366-APN-DTD#JGM, respectivamente, del Expediente N° EX-2022-22555569- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 752/18.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57709/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2021-24206533- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en los documentos Nros. RE-2021-24206326-APN-DGD#MT y RE-2021-24206478-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2021-24206533- -APN-DGD#MT, obran el Acuerdo celebrado con fecha 17 de febrero de 2021 y su escala salarial, respectivamente, entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 902/07 “E”, conforme a las condiciones y términos pactados.

Que, respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas en el acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que en relación a lo que surge de la cláusula séptima del presente acuerdo, respecto a la cuota por solidaridad, corresponde dejar expresamente establecido que su operatividad queda circunscripta al plazo de vigencia previsto para el acuerdo de marras.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárense homologado el Acuerdo y su escala salarial celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, obrantes en los documentos Nros. RE-2021-24206326-APN-DGD#MT y RE-2021-24206478-APN-DGD#MT, respectivamente, del Expediente N° EX-2021-24206533- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 902/07 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57713/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2023-111131797- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del documento N° IF-2023-115481284-APN-DNRYRT#MT del Expediente N° EX-2023-111131797- -APN-DGD#MT y en las páginas 1/2 del documento N° IF-2023-115481573-APN-DNRYRT#MT del Expediente N° EX-2023-111131797- -APN-DGD#MT, obran, respectivamente, los acuerdos celebrados entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (APDFA), por la parte sindical, y la empresa DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SACPEM (DECAHF), por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan condiciones salariales, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en los acuerdos referidos, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que en relación a las contribuciones empresarias pactadas, con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete, dando cumplimiento con la normativa vigente en materia.

Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO, se ha expedido en orden a sus competencias.

Que el Delegado de Personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.

Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (APDFA), por la parte sindical, y la empresa DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SACPEM (DECAHF), por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del documento N° IF-2023-115481284-APN-DNRYRT#MT del Expediente N° EX-2023-111131797- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (APDFA), por la parte sindical, y la empresa DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SACPEM (DECAHF), por la parte empleadora, obrante en las página 1/2 del documento N° IF-2023-115481573-APN-DNRYRT#MT del Expediente N° EX-2023-111131797- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en los Artículos 1° y 2° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57744/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-28690838- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento Nº RE-2024-28690565-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-28690838- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y PERFUMERIA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que, bajo el acuerdo de marras, las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 617/10, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2024-28690565-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-28690838- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y PERFUMERIA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 617/10.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57751/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 30/04/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-41518873- -APN-DNRYRT#MCH, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-804-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1216-APN-ST#MT, RESOL-2020-1498-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1111-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1773-APN-ST#MT, y

CONSIDERANDO:

Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el documento N° IF-2025-41479126-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-41518873- -APN-DNRYRT#MCH han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador.

Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado conforme el detalle del cuadro obrante en el documento N° IF-2025-41479126-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-41518873- -APN-DNRYRT#MCH.

Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-804-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1088/20.

Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1216-APN-ST#MT, RESOL-2020-1498-APN-ST#MT, RESOL-2021-1111-APN-ST#MT y RESOL-2021-1773-APN-ST#MT.

Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más beneficiosas.

Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido estableciendo.

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.

Que, respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y sanitaria, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.

Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la entidad sindical interviniente.

Que se ha emitido dictamen técnico correspondiente.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o.2004), el artículo 10º del Decreto N°200/88 y sus modificatorias, el DECTO-2024-862-APN-PTE y el Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1088/20, y a sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el documento N° IF-2025-41479126-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-41518873- -APN-DNRYRT#MCH, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, documento N° IF-2025-41479126-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-41518873- -APN-DNRYRT#MCH.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el documento N° IF-2025-41479126-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-41518873- -APN-DNRYRT#MCH. Posteriormente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1088/20.

ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Disposición serán consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°. - Hágase saber que en el supuesto que esta SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 57809/25 v. 20/08/2025

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2022-127365043- -APN-DGD#MT las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/9 del documento N° RE-2022-127364145-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2022-127365043- -APN-DGD#MT obran el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados con fecha 14 de octubre de 2022 entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (UPJET), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se establece una recomposición salarial, para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 497/02 “E” dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que no obstante ello, con relación al carácter atribuido a la suma pactada corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación del acuerdo encuentra concordancia entre la representatividad del sector empleador, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergente de su Personería Gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (UPJET), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/9 del documento N° RE-2022-127364145-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2022-127365043- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 497/02 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 20/08/2025 N° 58235/25 v. 20/08/2025

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a Mariana Isabel Perdomo Carrizo, (Documento Nacional de Identidad 95.768.745) para que comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente EX-2023-00251781-GDEBCRA-GFANA#BCRA, Sumario 8249, caratulado “Hanz Alexander Castillo Rebaza y otros” que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359 (TO por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía en caso de incomparecencia. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/08/2025 N° 59091/25 v. 25/08/2025

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la Dirección General Técnica - Jurídica de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a la infractora Yulian ZHENG, DNI N° 95.526.003, la Disposición N° DI-2022-905-APN-DGTJ#DNM, dictada en el Expediente EX-2019-102879234- -APN-DD#DNM que dice: “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Martes 19 de Julio de 2022. Por ello, EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO – JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE: ARTÍCULO 1°.- Sanciónase a Yulian ZHENG, DNI N° 95.526.003, con domicilio en Fray Cayetano Rodríguez N° 330, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con UNA (1) multa de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 2.277.000) e intímase a abonarla dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la notificación de la presente. ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la sancionada que podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de DIEZ (10) días hábiles (artículo 75 de la Ley Nº 25.871), recurso de alzada en el plazo de QUINCE (15) días hábiles (conforme artículos 79 y 83 de la Ley Nº 25.871 y artículos 94 y 98 del Reglamento de Procedimientos Administrativos) o iniciar recurso judicial en el plazo de TREINTA (30) días hábiles (artículos 79 y 84 de la Ley Nº 25.871). ARTÍCULO 3°.- Pase al Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para su notificación a la sancionada y eventual juicio por cobro, en caso de no cumplirse con la intimación efectuada en el artículo 1° de la presente Disposición. ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese”. Fdo. Dr. Luis Antonio Romiti, Director General, Dirección General Técnica Jurídica, Dirección Nacional de Migraciones -; “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Viernes 25 de julio de 2025.- Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al infractor Yulian ZHENG, DNI N° 95.526.003, La Disposición N° DI-2022-905-APN-DGTJ#DNM, mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial”. Fdo. Darío Santiago Fernández. Asesor Legal. Dirección de Asuntos Judiciales - Dirección Nacional de Migraciones-.

Alicia Margarita Zalazar, Asistente Administrativo, Dirección Operativa Legal.

e. 18/08/2025 N° 58694/25 v. 20/08/2025

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la Dirección General Técnica - Jurídica de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al infractor Eulogio Aruquipa Chana, DNI N° 94.292.311, la Apertura de Sumario, dispuesta a Orden 16, en el Expediente EX-2022-105045059- -APN-DCP#DNM, que dice: “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Lunes 12 de Julio de 2023.- VISTO el Acta de Infracción que motivare las presentes actuaciones, obrante en orden 3, en el cual el funcionario interviniente constató que las siguientes personas extranjeras: 1) Maria Elena FERNANDEZ RODRIGUEZ, de nacionalidad boliviana; 2) Juan Carlos SANCHEZ ROMERO, de nacionalidad boliviana; 3) Victor Manuel ARENAS CRUZ, de nacionalidad boliviana; 4) Neisa AVILES MARQUINA, de nacionalidad boliviana; 5) Wilber YOQUI ILCHA, de nacionalidad boliviana; 6) Jose Guillermo MARTINEZ, de nacionalidad boliviana; 7) Betzabe VARGAS MAILEBA, de nacionalidad boliviana; y 8) Pablo Jesus QUISPE MARTINEZ, de nacionalidad boliviana, todos se encontraban trabajando “prima facie” en violación a las disposiciones del art. 55 y siguientes de la Ley 25.871, INSTRUYASE SUMARIO DE FALTAS, a Eulogio ARUQUIPA CHANA, DNI: 94.292.311, con domicilio DR. Jose Rebizzo 4779, Caseros, Buenos Aires, de conformidad a lo previsto por el art. 15 inc. a) del Título II del Anexo II del Reglamento de Migraciones aprobado por Decreto Nº 616/2010. Notifíquese en los términos del art. 16 del Título II del Anexo II del Reglamento de Migraciones, haciéndose saber que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos podrá presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estime corresponder”. Fdo. Darío Santiago Fernández. Asesor Legal. Dirección de Asuntos Judiciales - Dirección Nacional de Migraciones-; “CIUDAD DE BUENOS AIRES, Viernes 25 de julio de 2025.- Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al infractor Eulogio ARUQUIPA CHANA, DNI N° 94.292.311, la Apertura de Sumario, dispuesta a Orden 16, mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial”. Fdo. Darío Santiago Fernández. Asesor Legal. Dirección de Asuntos Judiciales - Dirección Nacional de Migraciones-.”

Alicia Margarita Zalazar, Asistente Administrativo, Dirección Operativa Legal.

e. 18/08/2025 N° 58699/25 v. 20/08/2025