• Leyes:
  • 24065
    infoleg 464
  • 27191
    infoleg 253626
  • 26190
    infoleg 123565
  • 27424
    infoleg 305179
• Decretos:
  • 531/2016
    infoleg 259883
  • 476/2019
    infoleg 325014
  • 986/2018
    infoleg 315993
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

ANÁLISIS LEGAL DE LA RESOLUCIÓN N° 2025-306-APN-SE#MEC

I. Introducción
La Resolución N° 2025-306-APN-SE#MEC, publicada el 17 de julio de 2025, tiene como finalidad delegar funciones específicas a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, en el marco de la regulación de proyectos de generación de energía renovable y el régimen de fomento energético. Este análisis se basa en el contexto proporcionado, que incluye referencias a normas anteriores como el Decreto 50/2019, la Ley 24.065, la Ley 26.190, la Ley 27.191, la Ley 27.424, el Decreto 531/2016, el Decreto 986/2018, el Decreto 476/2019 y otras normas relacionadas con el régimen de fomento de energías renovables y la gestión de proyectos energéticos.

II. Fundamento legal de la delegación de funciones
La Resolución se fundamenta en el Artículo 1° del Decreto 50/2019, que establece la estructura institucional de la Secretaría de Energía como Autoridad de Aplicación de las leyes energéticas, y en el Artículo 5° del Anexo I del mismo Decreto, que permite la delegación de funciones a dependencias de rango no inferior a Subsecretaría. Además, se menciona el Artículo 5° del Anexo I del Decreto 531/2016, que atribuye a la Secretaría de Energía la facultad de delegar competencias, y el Artículo 13 del Capítulo IV del Decreto 986/2018, que otorga a la Secretaría de Energía la autoridad de aplicación de la Ley 27.424.

Estos fundamentos legales permiten a la Secretaría de Energía delegar funciones a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, como se establece en el Artículo 1° de la Resolución, que otorga a dicha dependencia la facultad de:

• Otorgar Certificados de Inclusión en el Programa RenovAr y aplicar beneficios fiscales.
• Resolver sobre ampliaciones de plazos, multas y rescisión contractual.
• Establecer documentación para la inscripción en el RENPER.
• Dictar normas aclaratorias y complementarias.
• Establecer valores de referencia de inversiones por tecnología.
• Aplicar penalidades por incumplimientos.
• Autorizar cambios de Socio Estratégico en proyectos.
• Permitir cambios de tecnología en proyectos.
• Regular procedimientos de cambio de tecnología.
• Aprobar relocalizaciones de proyectos.
• Emitir actos interpretativos y normas reglamentarias.

Estas funciones están sustentadas en el marco normativo que establece la delegación de competencias y la especialidad en la gestión de proyectos energéticos, tal como se menciona en el Artículo 1° del Decreto 50/2019 y en el Artículo 13 del Decreto 986/2018.

III. Impacto de la nueva norma en las normas anteriores
La Resolución N° 2025-306-APN-SE#MEC afecta a varias normas anteriores, entre otras:

1. Decreto 50/2019:
2. Impacto: Refuerza la delegación de funciones a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, tal como se menciona en el Artículo 1° de la norma actual.

3. Relevancia: La norma actual se fundamenta en el Artículo 1° del Decreto 50/2019, que establece el organigrama de la Administración Nacional y el Artículo 5° del Anexo I, que permite la delegación de competencias a dependencias subsecretariales.

4. Ley 26.190 y 27.191:

5. Impacto: La Resolución refuerza el Régimen de Fomento de Energías Renovables y el régimen de fomento de generación distribuida.

6. Relevancia: La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, tal como se establece en el Artículo 5° del Decreto 531/2016.

7. Ley 27.424:

8. Impacto: La norma actual delega funciones en la Subsecretaría de Energía Eléctrica en materia de generación distribuida.

9. Relevancia: La Subsecretaría asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, tal como se menciona en el Artículo 13 del Decreto 986/2018.

10. Decreto 531/2016 y 986/2018:

11. Impacto: La Resolución se fundamenta en la delegación de funciones establecida en el Artículo 5° del Decreto 531/2016 y en el Artículo 13 del Decreto 986/2018.

12. Relevancia: Estas normas establecen el marco para la delegación de funciones en dependencias subsecretariales, lo que se refleja en la actual Resolución.

13. Resoluciones del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA:

14. Impacto: La Resolución actual se basa en resoluciones anteriores, como la N° 202/16, N° 281/17 y N° 292/18, que regulan el Programa RenovAr y el régimen de generación distribuida.
15. Relevancia: La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, tal como se menciona en el Artículo 1° de la Resolución actual.

IV. Derechos afectados
La Resolución N° 2025-306-APN-SE#MEC afecta los siguientes derechos:

1. Derecho a la transparencia y acceso a la información:
2. La delegación de funciones a la Subsecretaría de Energía Eléctrica puede generar falta de transparencia si no se establecen mecanismos claros de control y rendición de cuentas.

3. La Subsecretaría asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede generar dificultades en la supervisión y falta de claridad en la gestión de proyectos energéticos.

4. Derecho a la participación ciudadana:

5. La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede afectar la participación de los usuarios en la gestión de proyectos y el control de las decisiones relacionadas con el Programa RenovAr y el régimen de generación distribuida.

6. Derecho a la igualdad de trato:

7. La delegación de funciones puede generar diferencias en la aplicación de normas si no se garantiza una gestión equitativa en la aprobación de proyectos y la aplicación de beneficios.

8. La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede generar diferencias en la aplicación de incentivos y sanciones.

9. Derecho a la participación en la toma de decisiones:

10. La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede afectar la participación de otros actores en la gestión de proyectos energéticos.

V. Irregularidades y posibles abusos
1. Falta de claridad en la delegación de funciones:
- La Resolución no especifica con detallada claridad los límites de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, lo que puede generar ambigüedades en la aplicación de normas y en la gestión de proyectos.

1. Falta de control y supervisión:

2. La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede generar falta de control y sobreexposición a abuso de poder si no se establecen mecanismos de control y transparencia.

3. Falta de participación de otros actores:

4. La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede afectar la participación de otros actores en la gestión de proyectos y aplicación de normas.

5. Falta de transparencia en la gestión de proyectos:

6. La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede generar falta de transparencia en la gestión de proyectos y aplicación de beneficios.

7. Falta de garantías para los usuarios:

8. La Subsecretaría de Energía Eléctrica asume funciones que antes eran ejercidas por la Autoridad de Aplicación, lo que puede afectar la protección de los derechos de los usuarios y la aplicación de sanciones.

VI. Conclusiones
La Resolución N° 2025-306-APN-SE#MEC es una medida que se fundamenta en el marco normativo vigente, incluyendo el Decreto 50/2019, la Ley 26.190, la Ley 27.424, y otras normas relacionadas con la gestión de proyectos energéticos. Sin embargo, su implementación puede generar irregularidades en la gestión de proyectos, falta de transparencia, y posibles abusos si no se establecen mecanismos claros de control y participación de otros actores.

La delegación de funciones a la Subsecretaría de Energía Eléctrica es una medida que busca optimizar la gestión, pero debe ser complementada con garantías para proteger los derechos de los usuarios, garantizar la transparencia, y evitar abusos en la aplicación de normas y gestión de proyectos.

VII. Recomendaciones
1. Establecer mecanismos claros de control y transparencia en la gestión de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
2. Definir con claridad los límites y responsabilidades de la Subsecretaría en la gestión de proyectos y aplicación de normas.
3. Garantizar la participación de otros actores en la gestión de proyectos y aplicación de beneficios.
4. Establecer mecanismos de rendición de cuentas y supervisión para evitar abusos en la gestión de proyectos.
5. Promover la participación ciudadana en la aplicación de normas y gestión de proyectos**.

VIII. Consideraciones finales
La Resolución N° 2025-306-APN-SE#MEC se enmarca en un marco normativo que permite la delegación de funciones a dependencias subsecretariales, como se menciona en el Artículo 1° del Decreto 50/2019 y en el Artículo 5° del Anexo I del mismo decreto. Sin embargo, su implementación requiere mecanismos claros de control, transparencia, y participación de otros actores para evitar irregularidades y garantizar la aplicación eficiente y justa de las normas energéticas.

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-55092824-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros. 24.065, 27.191, 26.190 y 27.424, los Decretos Nros. 531 de fecha 30 de marzo de 2016, 986 de fecha 1° de noviembre de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 72 de fecha 17 de mayo de 2016, 202 de fecha 28 de septiembre de 2016, 281 de fecha 18 de agosto de 2017 y 285 de fecha 14 de junio de 2018, todas del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y 292 de fecha 25 de junio de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, establece un Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la producción de energía eléctrica, declara de interés nacional esta generación y promueve la inversión en proyectos de energía renovable, ofreciendo incentivos fiscales y otros beneficios.

Que mediante el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo de 2016, modificado por el Decreto N° 476 de fecha 10 de julio de 2019, se determinó como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, a la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA y se la facultó a delegar el ejercicio de sus competencias en una dependencia de rango no inferior a Subsecretaría.

Que asimismo, la Ley N° 27.424 establece un Régimen de Fomento para la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública por parte de usuarios conectados a la misma, permitiendo el autoconsumo y la inyección de excedentes a la red pública, promoviendo el uso de fuentes renovables e incentivando la participación de usuarios en la producción de energía.

Que mediante el Artículo 2° del Decreto N° 986 de fecha 1° de noviembre de 2018, se designó como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.424 a la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA y mediante el Artículo 13 del Capítulo IV del Anexo I de la misma, se la facultó a delegar el ejercicio de sus competencias en una dependencia de rango no inferior a Subsecretaría.

Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y mediante el Apartado IX del Anexo II de dicho decreto, se atribuyó a esta SECRETARÍA DE ENERGÍA la facultad de ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades en materia energética.

Que a los fines de lograr mayor celeridad y eficiencia en el ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación a esta SECRETARÍA DE ENERGÍA y teniendo en cuenta el principio de especialidad en la función administrativa, resulta conveniente delegar determinadas funciones en la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 531/16 y su modificatorio, el Artículo 13 del Capítulo IV del Decreto N° 986/18 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Delégase en la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Otorgar los Certificados de Inclusión en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables a los beneficiarios adjudicados en el marco del Programa RenovAr, a los comprendidos en la Resolución N° 202 de fecha 28 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y a quienes lo soliciten de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo I de la Resolución N° 72 de fecha 17 de mayo de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y los beneficios fiscales correspondientes.

b) Resolver sobre la ampliación de plazos contractuales, la aplicación de multas y el inicio de procedimientos de rescisión contractual en el marco del Programa RenovAr y la citada Resolución N° 202/16.

c) Establecer la documentación a presentar para la inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVABLE (RENPER) creado por el Artículo 9° de la Resolución N° 281 de fecha 18 de agosto de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y disponer la inscripción de los proyectos respectivos.

d) Dictar las normas aclaratorias y complementarias de la citada Resolución N° 281/17, sin perjuicio de las atribuciones que competen a esta Secretaría para dictar las normas que rigen la actuación en el MEM conforme a los criterios establecidos en la Ley N° 24.065 y sus normas complementarias y reglamentarias.

e) Establecer el valor de referencia de las inversiones por tecnología, en dólares estadounidenses por megavatio, que se aplicará para determinar el cumplimiento del principio efectivo de ejecución en los términos del Artículo 9° de la Ley N° 26.190 y el monto máximo de beneficios fiscales a otorgar por megavatio para cada tecnología, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° del Anexo a la citada Resolución N° 281/17.

f) Aplicar las penalidades que correspondan por los incumplimientos previstos en el Artículo 42 del Anexo de la resolución citada en el apartado precedente.

g) Autorizar cambios de Socio Estratégico en las sociedades titulares de proyectos adjudicados en las distintas Rondas del Programa RenovAr, de acuerdo con lo previsto en los pliegos de bases y condiciones correspondientes.

h) Autorizar cambios de tecnología en los proyectos asociados a los contratos celebrados en el marco de las Rondas del Programa RenovAr y de la Resolución N° 202/16 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, e instruir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a realizar las adecuaciones contractuales necesarias, de acuerdo con lo previsto en los pliegos de bases y condiciones correspondientes.

i) Dictar las normas necesarias para regular el procedimiento de solicitud de cambios de la tecnología empleada en las centrales, en el marco de lo dispuesto en los respectivos pliegos de bases y condiciones aprobados en el marco del Programa RenovAr.

j) Aprobar las solicitudes de relocalización de los proyectos de generación de energía eléctrica de fuente renovable en el marco del Programa RenovAr, conforme a lo previsto en la Resolución N° 292 de fecha 25 de junio de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA.

k) Dictar los actos interpretativos y aquellos que resulten necesarios para la aplicación de lo establecido en la Resolución N° 285 de fecha 14 de junio de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y en la citada Resolución N° 292/18 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA.

l) Dictar los actos necesarios y las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias para la ejecución del RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA PÚBLICA establecido por la Ley N° 27.424 y el Decreto N° 986 de fecha 1° de noviembre de 2018 y, en particular, aquéllas necesarias para la implementación de los Beneficios Promocionales.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 18/07/2025 N° 51002/25 v. 18/07/2025

• Leyes:
  • 19640
    infoleg 28185
  • 4712
    infoleg 286150
• Decretos:
  • 727/2021
    infoleg 355761
  • 334/2025

Análisis Legal de la RESOL-2025-286-APN-SIYC#MEC

La Resolución 2025-286-APN-SIYC#MEC, emitida por el Secretario de Industria y Comercio, establece el régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercaderías originarias del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (Artículo 10 de la Ley 19.640), limitando su uso a personas radicadas en el Territorio Nacional Continental y prohibiendo su comercialización. A continuación, se analizan sus implicancias legales, su relación con normas anteriores y los derechos y riesgos asociados.

1. Relación con normas anteriores

La nueva norma se fundamenta en:
- Ley 19.640: Estableció el régimen especial para Tierra del Fuego, incluyendo la Área Aduanera Especial (Artículo 10) y la exención de derechos aduaneros (Artículos 6, 11, 12).
- Decreto 334/2025: Creó el régimen simplificado de importación de pequeños envíos, cuyo alcance se limita a productos originarios del área aduanera especial.
- Resolución 4.712/80 (Anexo XIV): Regula el procedimiento de acreditación de origen para productos fabricados en la Área Aduanera Especial, que ahora se aplica a los envíos mencionados en la Resolución 2025-286.

Impacto:
- La Resolución 2025-286 reafirma y concreta el régimen simplificado del Decreto 334/2025, vinculando su aplicación a la acreditación de origen prevista en la Resolución 4.712/80.
- No modifica normas anteriores, sino que extiende su alcance al nuevo régimen de pequeños envíos, garantizando coherencia con la Ley 19.640 y el Decreto 727/2021 (que estableció la prórroga del régimen industrial promocional).

2. Derechos afectados

La norma afecta los siguientes derechos:
- Derecho a la libre circulación de bienes (Artículo 14 de la Constitución Nacional): Limita la comercialización de los envíos, restringiendo su uso a "uso y consumo particular".
- Derecho a la propiedad y al comercio (Artículo 14 bis de la Constitución Nacional): Al prohibir la comercialización, se impone un límite al ejercicio de derechos económicos, aunque bajo un régimen especial.
- Derecho a la transparencia y trazabilidad (Artículo 29 de la Ley 19.640): Exige acreditación de origen, lo que puede generar costos y burocracia para los importadores.

Consideraciones:
- La restricción a la comercialización se justifica como medida para proteger el régimen especial de Tierra del Fuego, evitando que los beneficios se extiendan a sectores no beneficiarios.
- Sin embargo, la prohibición de comercialización podría generar inseguridad jurídica si no se define claramente el alcance de lo "personal" o "particular".

3. Irregularidades y posibles abusos

• Falta de claridad en el procedimiento de acreditación de origen: La Resolución 2025-286 hace referencia al Anexo XIV de la Resolución 4.712/80, pero no detalla cómo se aplicará en el contexto de pequeños envíos. Esto podría generar diferencias en la interpretación por parte de las autoridades aduaneras.
• Dependencia de la Secretaría de Industria y Comercio: La facultad de determinar los productos incluidos en el régimen (Artículo 5° del Decreto 334/2025) podría dar lugar a discriminación o arbitrariedad si no se establecen criterios objetivos.
• Riesgo de fraude en la acreditación de origen: La exigencia de certificación de origen (Artículo 29 de la Ley 19.640) implica un riesgo de falsificación de documentos, especialmente si el control es insuficiente.

Recomendación:
- Es necesario que el Anexo I (listado de productos) sea público y actualizado, con criterios claros para su inclusión.
- La transparencia en el proceso de acreditación debe garantizarse para evitar abusos.

4. Cumplimiento con el marco normativo

La Resolución 2025-286 se alinea con:
- Artículo 75, inciso 1 de la Constitución Nacional: La competencia del Congreso para regular aduanas y comercio justifica el régimen especial.
- Artículo 10 de la Ley 19.640: La Área Aduanera Especial es el marco jurídico para la aplicación del régimen.
- Decreto 334/2025: La creación del régimen simplificado se fundamenta en la necesidad de promover la economía local y facilitar el acceso a bienes.

Limitaciones:
- No se menciona la participación de las provincias en la gestión del régimen, lo que podría generar conflictos de competencia con el Poder Ejecutivo.
- La prohibición de comercialización no se fundamenta explícitamente en la Ley 19.640, lo que podría generar dudas sobre su legalidad.

Conclusión

La Resolución 2025-286-APN-SIYC#MEC es un instrumento que refuerza el régimen especial de Tierra del Fuego, vinculando el acceso a beneficios aduaneros con la acreditación de origen y la prohibición de comercialización. Aunque se fundamenta en normas anteriores, su aplicación requiere transparencia y claridad para evitar irregularidades. Los derechos afectados (libertad de comercio, trazabilidad) deben equilibrarse con los objetivos de protección del régimen especial y fomento de la economía local.

Recomendación:
- Establecer criterios objetivos para la inclusión de productos en el Anexo I.
- Garantizar la participación de la sociedad civil en la supervisión del régimen.
- Asegurar que el procedimiento de acreditación de origen sea eficiente y accesible.

Ciudad de Buenos Aires, 16/07/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-60288634-APN-DGDMDP#MEC, la Ley N° 19.640, los Decretos Nros. 727 de fecha 22 de octubre de 2021 y su modificatorio, y 334 de fecha 19 de mayo de 2025, y la Resolución N° 4.712 de fecha 10 de noviembre de 1980 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley Nº 19.640 se estableció un régimen especial fiscal y aduanero para el ex TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que por conducto de dicha ley se constituyó en área franca a la actual Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, con excepción de la ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO, la cual se constituyó en área aduanera especial.

Que las sucesivas normas que modifican y complementan la mencionada ley establecieron, entre otras cuestiones, los beneficios que gozan las empresas radicadas a su amparo, las obligaciones que estas deben cumplir y las excepciones, plazos y requisitos pertinentes.

Que, en ese orden de ideas, son beneficiarias del Régimen Industrial Promocional establecido por la Ley N° 19.640, aquellas empresas que resultaron adheridas a los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 727 de fecha 22 de octubre de 2021 y su modificatorio.

Que mediante el Artículo 1° del Decreto N° 334 de fecha 19 de mayo de 2025 se creó un régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercaderías originarias, producidas al amparo del Régimen Industrial creado por la Ley N° 19.640, por las empresas que hubieren adherido a la prórroga dispuesta por el Decreto N° 727/21 y su modificatorio, destinado a personas humanas radicadas en el Territorio Nacional Continental, únicamente para su uso y consumo particular, quedando prohibida su comercialización; asimismo, los productos incluidos en dichos envíos deberán estar adheridos por las empresas al régimen previsto en el mencionado Decreto N° 727/21.

Que dicho decreto establece los requisitos a los que se sujetará el mismo y faculta a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 19.640, a determinar las mercaderías que podrán comercializarse bajo el régimen de importación simplificada mencionado, las que deberán contar con la correspondiente acreditación de origen.

Que la Resolución N° 4.712 de fecha 10 de noviembre de 1980 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS y sus modificatorias, en su Anexo XIV, establece el procedimiento de acreditación de origen para los productos fabricados en el Área Aduanera Especial

Que el régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercaderías originarias del Área Aduanera Especial, creado por el Decreto N° 334/25, dispone que las mercaderías comprendidas en el mismo deberán contar con la correspondiente acreditación de origen conforme al régimen de la Ley N° 19.640 y su normativa complementaria.

Que, por lo tanto, resulta conveniente disponer que las mercaderías alcanzadas por el régimen simplificado de pequeños envíos queden sujetas al mecanismo de acreditación de origen establecido por la Resolución N° 4.712/80 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS y sus modificatorias, a fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y cumplimiento de los requisitos del régimen promocional aduanero.

Que la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, por medio del Informe Técnico obrante como IF-2025-63932395-APN-DPAYRE#MEC en el expediente citado en el Visto, propicia el listado de productos que considera oportuno incorporar en el régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercadería originarias creado por el Decreto N° 334/25.

Que, en función de ello, por la presente medida corresponde establecer las mercaderías que se incluyen en el marco del régimen de importación simplificada creado por el Decreto N° 334/25.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto Nº 334/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que las mercaderías que podrán comercializarse en el marco del régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercaderías originarias, producidas al amparo del Régimen Industrial instituido por la Ley N° 19.640, creado por el Artículo 1° del Decreto N° 334 de fecha 19 de mayo de 2025, son las detalladas en el Anexo I que, como IF-2025-69658093-APN-DPAYRE#MEC, forma parte integrante de la presente medida, las que deberán contar con la correspondiente acreditación de origen obtenida conforme al procedimiento dispuesto en el Anexo XIV “De la acreditación de origen de los productos fabricados en el Área Aduanera Especial” de la Resolución N° 4.712 de fecha 10 de noviembre de 1980 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Esteban Marzorati

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/07/2025 N° 51101/25 v. 18/07/2025

• Leyes:
  • 26538
    infoleg 160783
  • 26364
    infoleg 140100

Análisis Legal de la RESOL-2025-834-APN-MSG

La RESOL-2025-834-APN-MSG incrementa el monto de la recompensa ofrecida para localizar a Ramona Nicolasa MERCADO, quien podría ser víctima de trata de personas según la Ley 26.364. El análisis se basa en el contexto proporcionado, destacando la legalidad, los derechos afectados y las posibles implicaciones.

1. Fundamento Legal y Procedimiento

La resolución se fundamenta en:
- Ley 26.538 (Fondo Permanente de Recompensas):
- Artículo 3°: La autoridad de aplicación (Ministerio de Seguridad Nacional) puede ofrecer recompensas a solicitud del Ministerio Público Fiscal, considerando la complejidad del hecho y las dificultades para obtener la información.
- Artículo 1° del Anexo II de RESOL-2019-828-APN-MSG: Establece montos iniciales para recompensas, con posibilidad de ajuste según la gravedad del delito y el tiempo transcurrido (Artículo 3° del mismo Anexo).
- Artículo 4° de la Ley 26.538: El ofrecimiento de recompensa debe ser resolución fundada, con datos específicos, y puede publicarse en medios de comunicación.

La resolución menciona que el incremento se justifica por:
- Tiempo transcurrido desde la desaparición de MERCADO (2005).
- Utilización de la progresión de imagen actualizada, que podría referirse a la actualización de descripciones o imágenes de la víctima para facilitar su identificación.

Estos elementos están alineados con los artículos 1°, 2° y 3° del Anexo II de RESOL-2019-828-APN-MSG, que permiten ajustes en el monto según la complejidad del caso y el tiempo transcurrido.

2. Derechos Afectados

• Confidencialidad del informante:
• Artículo 5° de la Ley 26.538 garantiza la protección de la identidad del informante, salvo que sea requerida en el juicio. La resolución menciona que el pago se realizará previo informe del Ministerio Público Fiscal sobre el mérito de la información, lo que implica un control de la calidad de la información.

• Riesgo potencial: Si el informe del Ministerio Público Fiscal no se realiza de manera transparente o objetiva, podría haber abusos en la evaluación de la información.

• Derechos de la víctima:

• Según la Ley 26.364, las víctimas de trata no son punibles por delitos derivados de su situación y tienen derecho a asistencia médica, psicológica y protección. La resolución no menciona directamente estos derechos, pero su enfoque en la localización de MERCADO podría estar vinculado a su protección.

3. Irregularidades o Posibles Abusos

• Falta de transparencia en el ajuste del monto:

• La resolución no detalla cómo se evaluó la "complejidad del delito" o el impacto de la "progresión de imagen actualizada" en el aumento del monto. Aunque los artículos del Anexo II permiten ajustes, la ausencia de criterios específicos podría generar arbitrariedad en la decisión.

• Riesgo de incentivo a informaciones falsas:

• Un monto elevado (8 millones de pesos) podría atraer informantes con intenciones no legítimas, aunque la Ley 26.538 exige que la información tenga mérito (Artículo 6°). No obstante, la resolución no menciona mecanismos adicionales para verificar la veracidad de las denuncias.

• Responsabilidad del Ministerio Público Fiscal:

• El pago de la recompensa depende de un informe del Ministerio Público Fiscal sobre el mérito de la información (Artículo 6°). Si este informe no se realiza de manera rigurosa, podría haber abuso de poder o negligencia.

4. Relación con Normas Anteriores

• Ley 26.538 y sus reglamentaciones:

• La resolución actualiza el monto de una recompensa ya ofrecida (RESOL-2023-737-APN-MSG) según los criterios establecidos en el Anexo II de RESOL-2019-828-APN-MSG. Esto no contradice normas anteriores, sino que actualiza su aplicación en función del tiempo y la complejidad del caso.

• Ley 26.364:

• La resolución menciona que MERCADO podría ser víctima de trata, lo que vincula el caso con la Ley 26.364. Sin embargo, no se especifica cómo se garantizaría la protección de la víctima, como se establece en los artículos 6° y 7° de dicha ley (asistencia, alojamiento, privacidad).

5. Conclusión

La RESOL-2025-834-APN-MSG es legalmente procedente dentro del marco de la Ley 26.538, ya que ajusta el monto de la recompensa según criterios previamente establecidos (tiempo y complejidad). Sin embargo, su implementación requiere transparencia en la evaluación de la información y garantías de protección para los informantes y la víctima.

Riesgos potenciales:
- Arbitrariedad en la valoración de la información.
- Incentivo a informaciones falsas si no se refuerzan mecanismos de verificación.
- Falta de coordinación con los derechos de la víctima según la Ley 26.364.

La resolución refuerza el derecho a la información y la protección de la identidad del informante, pero su éxito dependerá de la rigurosidad en la gestión del Ministerio Público Fiscal y la coherencia con las normativas de protección de víctimas.

Ciudad de Buenos Aires, 09/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-58821414- -APN-DNNYRPJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J. y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL N° 828 del 27 de septiembre de 2019, 737 del 24 de octubre de 2023, y

CONSIDERANDO

Que ante la FISCALÍA FEDERAL DE 1º INSTANCIA DE LA RIOJA, provincia homónima, a cargo de la Doctora María Virginia MIGUEL CARMONA, tramitan los autos caratulados “N.N. SOBRE INFRACCIÓN LEY 26.364”, Expte. FCB Nº 71007098/2010.

Que, oportunamente, se dictó la Resolución RESOL-2023-737-APN-MSG, mediante la cual se ofreció recompensa de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Ramona Nicolasa MERCADO, alias “Peli”, titular del DNI N° 35.503.856, argentina, nacida el 19 de mayo de 1991, con último domicilio conocido en calle Proyectada S/N del barrio Sembrador, ciudad capital de la Provincia de La Rioja, sobre quien se desconoce su paradero desde el 26 de abril de 2005.

Que dicha FISCALÍA solicitó a este Ministerio mediante oficio del 21 de mayo del 2025 se incremente el monto de la recompensa, oportunamente ofrecida, debido al tiempo transcurrido, como así también la utilización de la progresión de imagen actualizada al corriente año.

Que de los hechos investigados surge que MERCADO podría haber sido víctima de trata de personas, Ley 26.364.

Que el artículo 3º de la Ley Nº 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de recompensa y tendrá a su cargo el pago.

Que el artículo 1° del Anexo II de la RESOL-2019-828-APN-MSG establece los montos sobre los cuales se determinarán los ofrecimientos de recompensa; por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta Cartera; y, a su vez, el artículo 3° indica que los montos establecidos en el artículo 1º del mencionado Anexo deberán ser actualizados dependiendo del tiempo transcurrido desde el ofrecimiento de recompensa.

Que, en atención a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3 ° del Anexo II de la RESOL-2019-828-APN-MSG, resulta procedente incrementar el monto de la mencionada recompensa.

Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.

Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4°, inciso b), apartado 9, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias, y en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538; y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta M.J. y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16 y sus modificatorias y la RESOL-2019-828-APN-MSG.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante RESOL-2023-737-APN-MSG a la suma total de PESOS OCHO MILLONES ($8.000.000), destinada a aquellas personas que sin haber intervenido en el hecho delictual brinden datos útiles que sirvan para lograr dar con el paradero de Ramona Nicolasa MERCADO, alias “Peli”, titular del DNI N° 35.503.856, argentina, nacida el 19 de mayo de 1991, con último domicilio conocido en calle Proyectada S/N del barrio Sembrador, ciudad capital de la Provincia de La Rioja, sobre quien se desconoce su paradero desde el 26 de abril de 2005.

ARTÍCULO 2°.- Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del PROGRAMA NACIONAL DE RECOMPENSAS, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA Y RELACIONES CON LOS PODERES JUDICIALES Y LOS MINISTERIOS PÚBLICOS de este Ministerio.

ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante.

ARTÍCULO 4°.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este Ministerio la difusión de la parte dispositiva y el Anexo de la presente en medios de comunicación escritos, radiales o televisivos de circulación nacional.

ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para que procedan a la difusión y publicación, en todas sus formas, del afiche que obra como (IF-2025-62197890-APN-DNNYRPJYMP#MSG) correspondiente a la recompensa ofrecida y que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/07/2025 N° 51004/25 v. 18/07/2025

• Decretos:
  • 1759/1972
    infoleg 21715
  • 1615/1996
    infoleg 41312
  • 2710/2012
    infoleg 207477
  • 440/2025

La Resolución N° RESOL-2025-1432-APN-SSS#MS, emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) el 17 de julio de 2025, tiene como objeto la rectificación del Anexo I de la Resolución N° RESOL-2025-1363-APN-SSS#MS, que aprobó el Programa de Adhesión Voluntaria para la Adquisición de Medicación de Alto Costo – Emicizumab. A continuación, se presenta un análisis legal de dicha norma, considerando el contexto proporcionado.

I. Marco normativo de la resolución

La resolución se fundamenta en:

• Artículo 101 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72):
  Este artículo permite la rectificación de errores materiales o de hecho y aritméticos en actos administrativos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. En este caso, se alega que el Anexo I de la Resolución 1363-2025 contiene un error material involuntario que no afecta el contenido sustancial del acto, por lo que su rectificación es legalmente admisible.

• Decretos de rango superior:
  La resolución se emite en ejercicio de facultades conferidas por los Decretos 1615/96, 2710/2012 y 440/2025, que definen la estructura, funciones y competencias de la SSS, incluyendo la gestión de subsidios, la aprobación de programas médicos, la regulación del sistema de salud y la rectificación de errores en actos administrativos.

• Artículo 11 del Decreto 2710/2012:
  Establece el procedimiento de comunicación, publicación y archivo de los actos normativos, lo que se cumple en la resolución al comunicar, publicar y vincular la resolución al expediente electrónico.

II. Contenido de la resolución

• Artículo 1°:
  Rectifica el Anexo I de la Resolución 1363-2025, sustituyéndolo por una nueva versión (Anexo I – IF-2025-76391019-APN-GA#SSS), que no se incluye en el texto de la resolución, pero se menciona que forma parte integrante de la medida.

• Implicación: La rectificación del Anexo I se justifica como un corrección de un error material, sin alterar el contenido sustancial del acto.

• Artículo 2°:
  Establece los trámites formales para la resolución: comunicación, publicación y vinculación al expediente electrónico, lo que se ajusta al artículo 11 del Decreto 2710/2012.

III. Análisis de la rectificación del Anexo I

La rectificación del Anexo I se justifica como una corrección de un error material, lo que está permitido por el artículo 101 del Decreto 1759/72, siempre que no se altere el contenido sustancial del acto.
- Relevancia del Anexo I:
El Anexo I contenía los lineamientos operativos generales del Programa de Adhesión Voluntaria para la Adquisición de Medicación de Alto Costo – Emicizumab, que forma parte del Programa Médico Obligatorio (PMO), regulado por la Ley 24.629 y el Decreto 2710/2012.
- Impacto: La rectificación del Anexo I puede afectar la aplicación práctica del programa, ya que los lineamientos operativos son esenciales para la ejecución de las prestaciones. Sin embargo, se alega que no se modifica el contenido sustancial, por lo que no se altera el alcance del programa.

• Procedimiento de rectificación:
  La rectificación se efectúa sin la participación de los interesados, lo que podría plantear cuestionamientos sobre el derecho a la defensa y la transparencia. No obstante, el artículo 101 del Decreto 1759/72 permite la rectificación en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa, siempre que no se altere lo sustancial.
• Posible irregularidad: Aunque legalmente admisible, la falta de notificación previa podría ser cuestionada por los beneficiarios o entidades involucradas, en el marco de los derechos de los usuarios y de transparencia.

IV. Derechos afectados

• Derecho a la información y transparencia:
  La rectificación del Anexo I, al no ser notificada previamente, podría afectar el derecho a la información de los usuarios y entidades, en virtud del artículo 19 de la Constitución Nacional y el artículo 33 de la Constitución, que garantizan el derecho a la información pública y la no limitación de derechos no enumerados.

• Derecho a la defensa:
  Aunque el artículo 101 del Decreto 1759/72 permite la rectificación sin notificación, la falta de participación de los interesados podría ser vista como una limitación al derecho a la defensa, especialmente si el error afecta directamente los derechos de los beneficiarios del programa.

• Derecho a la salud y a la atención médica:
  La rectificación del Anexo I puede afectar la ejecución del programa de medicación de alto costo, lo que podría implicar retrasos o dificultades en el acceso a medicamentos esenciales, afectando el derecho a la salud** (artículo 14 bis de la Constitución Nacional).

V. Irregularidades y posibles abusos

• Falta de notificación previa:
  Aunque legalmente admisible, la falta de notificación puede ser cuestionada por los afectados, en el marco de los principios de transparencia y participación.

• Falta de publicación del nuevo Anexo I:
  La resolución menciona que el nuevo Anexo I forma parte integrante de la medida, pero no se incluye en el texto de la resolución. Esto puede generar incertidumbre sobre el contenido del documento rectificado, lo que contraviaría el principio de transparencia.

• Falta de justificación detallada del error:
  La resolución no especifica qué error se corrigió, lo que limita la posibilidad de control y revisión del acto por parte de los interesados o de los órganos de control.

• Posible abuso de la facultad de rectificación:
  La facultad de rectificar errores materiales podría ser abusada si se utiliza para modificar contenidos sustanciales, en lugar de corregir errores menores. Aunque el texto de la resolución alega que no se altera lo sustancial, no se especifica qué cambios se realizaron, lo que genera dudas sobre la legitimidad de la modificación.

VI. Conclusión

La Resolución N° RESOL-2025-1432-APN-SSS#MS es legalmente admisible en el marco del artículo 101 del Decreto 1759/72, que permite la rectificación de errores materiales sin alterar el contenido sustancial del acto. No obstante, presenta ciertas irregularidades que podrían ser cuestionadas:

• Falta de notificación previa de la rectificación.
• Falta de publicación del nuevo Anexo I.
• Incertidumbre sobre el contenido del Anexo I rectificado.
• Posible abuso de la facultad de rectificación, si el error no es realmente material.

En este sentido, aunque la rectificación es legal, la falta de transparencia y participación de los interesados podría generar dudas sobre su legitimidad y equidad, especialmente en un contexto donde se trata de un programa de acceso a medicación de alto costo, cuya ejecución afecta directamente a derechos fundamentales como la salud y la información.

La Superintendencia de Servicios de Salud debe garantizar la transparencia y la participación de los usuarios, especialmente en actos que afecten directamente su derecho a la salud, para evitar posibles abusos o violaciones a los principios de legalidad, transparencia y participación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-54654482- -APN-GDYAISS#SSS, la Resolución N° RESOL-2025-1363-APN-SSS#MS del 14 de julio de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución mencionada en el Visto se aprobó la creación del “Programa de Adhesión Voluntaria para la Adquisición de Medicación de Alto Costo – Emicizumab”, incluyendo en su ARTÍCULO 2° los “Lineamientos Operativos Generales del Programa”, incorporados como Anexo I (IF-2025-72356325-APN-GA#SSS).

Que con posterioridad a su dictado, la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN advirtió un error material involuntario en el citado Anexo I, en tanto no se corresponde con la versión definitiva oportunamente validada por las áreas técnicas competentes de esta Superintendencia.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativo, aprobado por el Decreto Nº 1759/72 (T.0. 2017) los errores materiales o de hecho y los aritméticos, pueden ser rectificados en cualquier momento, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión, motivo por el cual corresponde rectificar el Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2025-1363-APN-SSS#MS.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS toma la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 1615 del 23 de diciembre de 1996, 2710 del 28 de diciembre de 2012 y 440 del 27 de junio de 2025.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.– Rectifícase el ARTÍCULO 2º de la Resolución Nº RESOL-2025-1363-APN-SSS#MS del 14 de julio de 2025, sustituyéndose el Anexo I (IF-2025-72356325-APN-GA#SSS) por el Anexo I (IF-2025-76391019-APN-GA#SSS), que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.– Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y vincúlese al expediente electrónico que le dio origen.

Claudio Adrián Stivelman

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/07/2025 N° 51058/25 v. 18/07/2025

• Leyes:
  • 20247
    infoleg 34822
  • 24376
    infoleg 768
  • 25845
    infoleg 91549
• Decretos:
  • 2183/1991
    infoleg 7439
  • 2817/1991
    infoleg 8052
  • 65/2024
    infoleg 396148

Análisis Legal de la RESOL-2025-333-APN-INASE#MEC

La resolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) que ordena la inscripción de las creaciones fitogenéticas de arroz ALFREDO INTA y VICENTE INTA en los registros nacionales (Registro Nacional de Cultivares y Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares) se sustenta en un marco normativo amplio y específico, conforme al contexto proporcionado. A continuación, se detallan los aspectos clave:

1. Fundamento Jurídico y Competencia

La resolución se fundamenta en:
- Ley 20.247: Establece la creación de los registros nacionales y los requisitos para la inscripción (artículos 16, 17, 19, 20, 21).
- Ley 24.376: Aprueba el Convenio UPOV, que regula la protección de obtenciones vegetales (artículo 6, que exige distinción, uniformidad y estabilidad).
- Decreto 2183/91: Reglamenta la Ley 20.247, detallando los requisitos técnicos y procedimentales para la inscripción (artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 31).
- Decreto 2817/91: Define la estructura del INASE y la autoridad del Directorio (artículos 5 y 8), cuyo Presidente es competente para dictar actos de inscripción.
- Ley 25.845: Restablece la vigencia del INASE y su marco institucional.

La competencia del Presidente del Directorio (Claudio Dunan) se respalda por el artículo 8° del Decreto 2817/91 y el Decreto 65/2024, que lo designa como titular del INASE. Este marco legal garantiza la legitimidad de la resolución.

2. Cumplimiento de Requisitos

La resolución menciona que se cumplieron los requisitos establecidos en:
- Artículo 17 de la Ley 20.247: Requisitos técnicos para la inscripción (nombre del solicitante, características del cultivar, etc.).
- Artículo 20 de la Ley 20.247: Criterios de distinción, uniformidad y estabilidad (DUS).
- Artículo 6 del Convenio UPOV: Requisitos de protección (novedad, diferenciabilidad, etc.).
- Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto 2183/91: Procedimientos y requisitos técnicos para la inscripción y el título de propiedad.

La Dirección de Registro de Variedades del INASE y la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) validaron el cumplimiento de estos requisitos, según los actas mencionadas en la resolución.

3. Derechos Afectados

La inscripción de los cultivares otorga derechos exclusivos al obtentor (INIA), incluyendo:
- Protección de la propiedad intelectual: Derecho exclusivo de producción, comercialización y uso (artículo 41 del Decreto 2183/91).
- Duración del derecho: Máximo de 20 años (artículo 37 del Decreto 2183/91).
- Protección internacional: Alineación con el Convenio UPOV (Ley 24.376), que Argentina ratificó.

Estos derechos están protegidos por el marco jurídico nacional e internacional, sin violar principios constitucionales como la igualdad (Artículo 16 de la Constitución Nacional) o la propiedad (Artículo 17).

4. Irregularidades o Posibles Abusos

Según el contexto proporcionado:
- No se mencionan irregularidades en el proceso de inscripción. La resolución afirma que se cumplieron todos los requisitos y que la Comisión Nacional de Semillas intervino en su competencia.
- No se identifican abusos en la autoridad del Presidente del Directorio, ya que su competencia está claramente establecida en el Decreto 2817/91 y la Ley 25.845.
- No se señalan conflictos de competencia entre organismos, ya que el INASE es el órgano encargado de la gestión de registros fitogenéticos.

Sin embargo, es relevante destacar que:
- La transparencia de la resolución se garantiza mediante la publicación en el Registro Oficial (Artículo 3°).
- La participación de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) en reuniones anteriores (agosto 2024 y mayo 2025) respalda el proceso.

5. Relación con Normas Anteriores

La resolución no contradice normas anteriores, sino que las aplica y refuerza:
- Ley 20.247: La inscripción se basa en sus artículos 16, 17, 19, 20 y 21.
- Decreto 2183/91: Reglamenta los requisitos técnicos y procedimentales.
- Ley 25.845: Restablece la vigencia del INASE, cuyo Directorio es competente.

La continuidad institucional del INASE, garantizada por la Ley 25.845, permite la ejecución de actos como la inscripción de cultivares.

Conclusión

La RESOL-2025-333-APN-INASE#MEC es legítima y válida, ya que:
1. Se fundamenta en leyes y decretos vigentes (Ley 20.247, Ley 24.376, Decreto 2183/91, etc.).
2. Cumple con los requisitos técnicos y procedimentales establecidos.
3. Respeta los derechos de propiedad intelectual y la competencia del INASE.
4. No se identifican irregularidades o abusos en su trámite.

La resolución refuerza el marco jurídico argentino para la protección de creaciones fitogenéticas, alineándose con estándares internacionales (UPOV) y garantizando la transparencia y legalidad del proceso.

Ciudad de Buenos Aires, 26/06/2025

VISTO el Expediente EX-2024-58001251--APN-DRV#INASE y su agregado sin acumular EX-2024-47516393--APN-DRV#INASE, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, ha solicitado la inscripción de las creaciones fitogenéticas de arroz (Oryza sativa L.) de denominaciones ALFREDO INTA y VICENTE INTA, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros y el otorgamiento de los respectivos títulos de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, en su reunión de fecha 13 de agosto de 2024, según Acta Nº 516 y en su reunión de fecha 13 de mayo de 2025, según Acta Nº 523, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en los artículos 8° y 9º del Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845, y el Decreto Nº 65 de fecha 19 de enero de 2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de las creaciones fitogenéticas de arroz (Oryza sativa L.) de denominaciones ALFREDO INTA y VICENTE INTA, solicitada por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA..

ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez cumplido el artículo 3°.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese a cargo del interesado en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Claudio Dunan

e. 18/07/2025 N° 50758/25 v. 18/07/2025

• Leyes:
  • 20247
    infoleg 34822
  • 24376
    infoleg 768
  • 25845
    infoleg 91549
• Decretos:
  • 2183/1991
    infoleg 7439
  • 2817/1991
    infoleg 8052
  • 65/2024
    infoleg 396148

Análisis Legal de la RESOL-2025-337-APN-INASE#MEC

La RESOL-2025-337-APN-INASE#MEC establece la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares de la creación fitogenética de soja INTA ALIM5C1, otorgando su titularidad al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este acto normativo se fundamenta en el marco legal previamente establecido, incluyendo la Ley 20.247, el Decreto 2183/1991, la Ley 24.376 (que aprueba el Convenio UPOV) y los decretos 2817/1991 y 65/2024. A continuación, se detalla su análisis jurídico, su relación con normas anteriores y los derechos afectados.

1. Fundamento Legal y Relación con Normas Anteriores

La resolución se sustenta en los siguientes elementos:
- Ley 20.247: Establece el marco legal para la protección de creaciones fitogenéticas, incluyendo la creación del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (artículo 19).
- Decreto 2183/1991: Reglamenta la Ley 20.247, detallando los requisitos técnicos para la inscripción (artículos 20, 21, 26, 27, 29 y 31).
- Ley 24.376: Aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que exige requisitos como distinción, uniformidad y estabilidad (DUS) (artículo 6 del Convenio).
- Decreto 2817/1991: Crea al INASE como organismo encargado de la gestión del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.
- Decreto 65/2024: Designa al ingeniero agrónomo Claudio Marcelo Dunan como Presidente del Directorio del INASE, quien ejerce la autoridad para resolver sobre la inscripción de cultivares.

La resolución no modifica normas anteriores, sino que aplica su marco legal existente. Por ejemplo:
- El artículo 1° de la resolución se fundamenta en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 20.247, que definen los requisitos para la inscripción.
- La comunicación y publicación (artículo 3°) se alinea con el artículo 3° del Decreto 65/2024, que exige formalización de actos normativos.
- La competencia del Presidente del Directorio (artículo 1°) deriva del artículo 8° del Decreto 2817/1991 y del Decreto 65/2024.

2. Derechos Afectados

La resolución afecta los siguientes derechos:
- Derecho de propiedad intelectual: El INTA obtiene la titularidad exclusiva de la creación fitogenética INTA ALIM5C1, garantizando su protección durante un período de 10 a 20 años (según la especie, según el artículo 22 de la Ley 20.247).
- Derecho de uso y explotación: El titular (INTA) tiene el derecho exclusivo de comercializar, multiplicar y distribuir la variedad, salvo autorización de terceros (artículo 24 de la Ley 20.247).
- Derecho a la transparencia y publicidad: La inscripción se publica en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, asegurando transparencia (artículo 3° de la resolución).

3. Irregularidades o Posibles Abusos

Según el contexto proporcionado, no se mencionan irregularidades en la resolución. Sin embargo, se deben considerar los siguientes aspectos:
- Cumplimiento de requisitos técnicos: La Dirección de Registro de Variedades confirmó que se cumplieron los requisitos de distinción, uniformidad y estabilidad (artículos 20 y 21 de la Ley 20.247 y artículo 6 del Convenio UPOV).
- Competencia del Presidente del Directorio: El artículo 8° del Decreto 2817/1991 y el Decreto 65/2024 otorgan al Presidente del Directorio la autoridad para resolver sobre la inscripción, lo que no se cuestiona en el contexto.
- Participación de la Comisión Nacional de Semillas: La Comisión Nacional de Semillas (artículo 7 de la Ley 20.247) aprobó la inscripción en su reunión del 13/05/2025, garantizando un proceso técnico y transparente.

Posibles riesgos potenciales:
- Sobrecarga del INASE: Si la inscripción de cultivares se realiza sin un control estricto de recursos (artículo 13 del Decreto 2817/1991), podría afectar su operatividad.
- Conflictos de titularidad: Aunque no se mencionan en el contexto, si hubiera disputas sobre la propiedad de la variedad, se aplicarían los mecanismos del artículo 24 de la Ley 20.247.

4. Impacto en Normas Anteriores

La resolución no contradice normas anteriores, sino que se enmarca en su aplicación. Por ejemplo:
- Decreto 2817/1991: La inscripción de la variedad refuerza la competencia del INASE como organismo encargado de la protección de cultivares.
- Ley 25.845: Reafirma la vigencia del Decreto 2817/1991, garantizando la continuidad operativa del INASE.
- Decreto 2183/1991: La resolución sigue los requisitos técnicos establecidos en sus artículos 26, 27, 29 y 31, que definen los criterios para la inscripción.

5. Conclusión

La RESOL-2025-337-APN-INASE#MEC es un acto normativo en consonancia con el marco legal vigente, que protege la creación fitogenética INTA ALIM5C1 bajo los principios de transparencia, técnica y legalidad. No se detectan irregularidades en su tramitación, y su aplicación se sustenta en las normas previas mencionadas. Sin embargo, su impacto en el futuro dependerá de la eficacia en la gestión del INASE y la prevención de conflictos de titularidad.

Referencias clave:
- Ley 20.247 (artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24).
- Decreto 2183/1991 (artículos 26, 27, 29, 31).
- Ley 24.376 (artículo 6 del Convenio UPOV).
- Decreto 2817/1991 (artículo 8°).
- Decreto 65/2024 (artículo 1°).

Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2025

VISTO el Expediente EX-2020-68123738--APN-DRV#INASE, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación INTA ALIM5C1, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, en su reunión de fecha 13 de mayo de 2025, según Acta Nº 523, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en los artículos 8° y 9º del Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845, y el Decreto Nº 65 de fecha 19 de enero de 2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación INTA ALIM5C1, solicitada por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA).

ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez cumplido el artículo 3°.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese a cargo del interesado en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Claudio Dunan

e. 18/07/2025 N° 50757/25 v. 18/07/2025

Resolución RESOL-2025-486-APN-ENRE#MEC

ACTA N° 1999

Expediente EX-2022-22232128-APN-SD#ENRE

Buenos Aires, 16 de JULIO de 2025

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.), a requerimiento de firma PARQUE EÓLICO ARAUCO SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM), para su Parque Solar Fotovoltaico Arauco de 50 MW ubicado sobre Ruta Provincial N° 9 en el Departamento Arauco, a OCHENTA Y CINCO KILÓMETROS (85 km) de distancia al norte de la Ciudad Capital de la Provincia de LA RIOJA, que se vinculará a la red de la transportista, mediante la instalación de un nuevo transformador 132/33/13.2 kV de 60 MVA, conectándose al nivel de media tensión (33 KV) del mismo; 2.- La publicación ordenada en el artículo 1 se realizará mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), requiriendo a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio en la suya, debiendo efectuarse ambas publicaciones en un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, y otorgando un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, contados desde el día siguiente al de la última publicación efectuada, para que quién lo considere procedente, presente un proyecto alternativo de Acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico - económico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo; 3.- Establecer que, en caso de existir presentaciones fundadas, comunes entre varios usuarios, se convocará a Audiencia Pública para recibirlas y permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos; 4.- Disponer que, en caso que no hubiera ninguna presentación fundada al vencimiento de los plazos señalados, se considerará otorgado el Acceso referido en el artículo 1 y el ENRE procederá a indicar esta condición en el “Registro Informativo de Accesos a la Capacidad de Transporte”, en la página web del ENRE, en la de CAMMESA, y se informará a las partes; 5.- Una vez otorgado el Acceso referido en el artículo 1, se considerará aprobada la Ampliación Menor en la Estación Transformadora (ET) Arauco I, consistente en la construcción de un campo de 132 kV en Barras de la ET Arauco, y la instalación de un nuevo transformador de 60 MVA 132/33/13,2 KV. junto con sus correspondientes equipos de maniobra, protección y medición en la misma -en jurisdicción de TRANSNOA S.A.- y se procederá a inscribir en el “Registro Informativo de Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución” de la página de Internet del ENRE; 6.- El solicitante deberá dar cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados por CAMMESA, TRANSNOA S.A., el Departamento Ambiental (DAM) y de Seguridad Pública (DSP) del ENRE; 8.- Notifíquese a TRANSNOA S.A., a PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM y CAMMESA; 9.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Ing. Osvaldo Ernesto Rolando.-

Nadia Florencia Dopico, Analista Técnico, Secretaría del Directorio.

e. 18/07/2025 N° 51022/25 v. 18/07/2025

Resolución RESOL-2025-492-APN-ENRE#MEC

ACTA N° 1999

Expediente EX-2024-53079020-APN-SD#ENRE

Buenos Aires, 16 de JUNIO de 2025

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad la Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente presentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) de la obra consistente en la construcción, montaje y puesta en servicio de la nueva Subestación Eléctrica (SE) N° 460 denominada “POLLEDO” de 132/13,2 kV - 2 x 80 MVA, que se vinculará a la red de alta tensión de EDENOR S.A., en la línea aérea doble terna existente Línea de Alta Tensión (LAT) 619/620 que la conecta con las SSEE Pantanosa y Aeroclub, en el Partido de La Matanza de la Provincia de BUENOS AIRES. 2.- Publicar la solicitud referida en el artículo 1 mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio, por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos y por DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirá la obra proyectada o en donde pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el ENRE. 3.- Establecer que en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios, se convocará a Audiencia Pública para recibir las oposiciones y permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos. 4.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada al vencimiento de los plazos señalados, se considerará emitido el CCyNP, y el ENRE procederá a indicar esta condición en el “Registro Informativo de Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución” en la página web del ENRE e informará a las partes. 5.- EDENOR S.A. deberá implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) sobre las instalaciones bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a la Resolución ENRE N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022. 6.- Notificar a EDENOR S.A. y CAMMESA. 7.- Regístrese, comuníquese, publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y Archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Ing. Osvaldo Ernesto Rolando. -

Lohana Arturo, Asistente Administrativo, Secretaría del Directorio.

e. 18/07/2025 N° 50928/25 v. 18/07/2025

Resolución RESOL-2025-493-APN-ENRE#MEC

ACTA N° 1999

Expediente EX-2023-133515452-APN-SD#ENRE

Buenos Aires, 16 de JULIO de 2025

El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para la Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.), a requerimiento del ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELÉCTRICO DE MENDOZA (EPRE MENDOZA), consistente en la construcción de UNA (1) nueva Estación Trasformadora (ET) Mendoza Norte 220/132/13,2 kV, con DOS (2) autotransformadores de 220/138/13,8 kV - 150/150/55 MVA, apertura de la línea eléctrica de 220kV Cruz de Piedra - San Juan y su vinculación (entrada y salida) con la ET Mendoza Norte y, tendido de UNA (1) nueva línea aérea de alta tensión (LAT) doble terna en 132kV que vinculará la ET Mendoza Norte (proyectada) a la ET Las Heras (existente), incluyendo el tendido de un cable subterráneo de alta tensión (CAS) con una longitud estimada de OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS (850 m) hasta el ingreso a la ET Las Heras. 2.- Publicar la solicitud mediante un AVISO en la en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), requiriendo a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, y por DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión del lugar en que la obra vaya a realizarse o pueda afectar eléctricamente; otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a ser computados a partir del día siguiente al de la última publicación efectuada, para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE. 3.- Establecer que, en caso de registrarse oposición común a varios usuarios, se convocará a Audiencia Pública para recibir las mismas y permitir a las partes contestarlas y exponer sus argumentos. 4.- Disponer que, operado el vencimiento de los plazos fijados en el artículo 2 del presente acto sin que se registren presentaciones de oposición fundadas en los términos descriptos, se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública referido en el artículo 1, y el ENRE procederá a indicar esta condición en el Registro Informativo de Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución en la página de Internet del ENRE e informar a las partes. 5.- EPRE MENDOZA deberá dar cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados por CAMMESA, DISTROCUYO S.A., la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEMSA), el Departamento Ambiental (DAM) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). 6.- Instruir a DISTROCUYO S.A. a que, una vez otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), inicie ante el ENRE, el trámite pertinente para la constitución de la Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) a su favor, conforme los términos de la Ley N° 19.552 y del artículo 69 de la Ley N° 24.065 T.O. 2025, siendo la responsable de acreditar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los artículos 4 y 6 de la Ley N° 19.552, en lo atinente a la inscripción de la SAE en la dirección de catastro o registro de la propiedad inmueble que corresponda y a la notificación de los propietarios involucrados. 7.- Notifíquese a DISTROCUYO S.A., a EPRE MENDOZA, a EDEMSA, a CAMMESA y a la SECRETARÍA DE ENERGÍA. 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Ing. Osvaldo Ernesto Rolando. -

Lohana Arturo, Asistente Administrativo, Secretaría del Directorio.

e. 18/07/2025 N° 50979/25 v. 18/07/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2025

VISTO el EX-2024-92461464- -APN-DFYGR#ANMAT y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Medicamentos ha desarrollado la Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA, correspondiente al Ingrediente Farmacéutico Activo SULFATO DE SALBUTAMOL (número de control 123067) para ensayos físico-químicos.

Que esta Sustancia de Referencia ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300 mg por envase.

Que la valoración permitió determinar que su título es 99,9 %, expresado sobre la sustancia seca.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente Farmacéutico Activo SULFATO DE SALBUTAMOL (número de control 123067), la cual ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 99,9 %, expresado sobre la sustancia seca.

ARTICULO 2º. – Establécese que los frascos ampollas de SALBUTAMOL SULFATO Sustancia de Referencia se conservarán en el Instituto Nacional de Medicamentos, desde donde se distribuirán a los solicitantes, luego del pago del arancel correspondiente y serán acompañados por un informe técnico resumido.

ARTICULO 3º. – Regístrese; comuníquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.

Nelida Agustina Bisio

e. 18/07/2025 N° 50981/25 v. 18/07/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-55094059- -APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que, a raíz de una inspección que realizo el departamento de control de mercado efectuado por el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene personal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se evidenció la venta física de productos para el cabello sin inscripción sanitaria, comercializados bajo la marca BANANA PREMIUM, denominados como Alisado BIO SMOOTH – Banana extract hialuronic acid marca “BANANA PREMIUM, ANVISA, indicando lote y fecha de vencimiento, sin otros datos de inscripción sanitaria. Y un Shampoo antiresiduos – Banana extract hialuronic acid marca “BANANA PREMIUM”, ANVISA, indicando lote y fecha de vencimiento, sin otros datos de inscripción sanitaria.

Que se consultó la base de datos de cosméticos inscriptos ante la ANMAT, y no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos.

Que, paralelamente, habiéndose identificado publicaciones web que ofrecían los citados productos para la venta con centros de distribución en varias provincias del país, se dio intervención al PROGRAMA DE MONITOREO Y FISCALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS A VIGILANCIA SANITARIA, a fin de que gestionen las bajas de las mismas.

Que, por otra parte, aquellos alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante. El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador.

Que, es así que, los alisadores para el cabello formulados en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo.

Que, por otra parte, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Que, por lo expuesto, con la finalidad de advertir a pacientes y profesionales, toda vez que se trata de un producto médico falsificado que deviene en riesgo para la salud, el Departamento de Control de Mercado sugiere: a) Prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos denominados como Alisado BIO SMOOTH – Banana extract hialuronic acid marca “BANANA PREMIUM, ANVISA, indicando lote y fecha de vencimiento, sin otros datos de inscripción sanitaria. Y un Shampoo antiresiduos – Banana extract hialuronic acid marca “BANANA PREMIUM”, ANVISA, indicando lote y fecha de vencimiento, sin otros datos de inscripción sanitaria en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta que se encuentren regularizados; y b) Informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que finalmente, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos denominados como Alisado BIO SMOOTH – Banana extract hialuronic acid marca “BANANA PREMIUM, ANVISA, indicando lote y fecha de vencimiento, sin otros datos de inscripción sanitaria. Y un Shampoo antiresiduos – Banana extract hialuronic acid marca “BANANA PREMIUM”, ANVISA, indicando lote y fecha de vencimiento, sin otros datos de inscripción sanitaria en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta que se encuentren regularizados.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 18/07/2025 N° 51001/25 v. 18/07/2025

• Leyes:
  • 16463
    infoleg 20414
• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2025

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2025-57503691-APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron en virtud de una denuncia recibida por el sistema de Cosmetovigilancia de la ANMAT, mediante la cual se constató la oferta en canales electrónicos de productos para el cabello sin inscripción sanitaria, comercializados bajo la marca TOPLISS, los que se detallan a continuación: a) Rescate capilar marca “TOPLISS”; b) Plex 1 marca “TOPLISS”; c) Shampoo neutro marca “TOPLISS”; d) Biotina pura marca “TOPLISS”; e) Botox matizador azul marca “TOPLISS”; f) Botox matizador violeta marca “TOPLISS”; g) Tratamiento capilar aceite de coco marca “TOPLISS”; h) Tratamiento capilar aceite de jojoba marca “TOPLISS”; i) Tratamiento capilar aceite de almendra marca “TOPLISS”; j) Botox lifting marca “TOPLISS”; k) Alisado dominicano marca “TOPLISS”; l) Shock keratina pink cristal marca “TOPLISS”; m) Biotina marca “TOPLISS”; n) Levanta muerto potente blonde marca “TOPLISS”; ñ) Oro líquido marca “TOPLISS”; o) Alisado extra fuerte marca “TOPLISS”; p) Shock keratina shock cristal marca “TOPLISS”; q) Prolongador de alisado marca “TOPLISS”.

Que consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante la ANMAT, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondieran con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos.

Que en consecuencia, mediante nota NO-2025-40218612-APN-DVPS#ANMAT, se dio intervención al PROGRAMA DE MONITOREO Y FISCALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS A VIGILANCIA SANITARIA a fin de que gestionase las bajas de las citadas publicaciones de venta electrónica.

Que por otra parte, cabe señalar que aquellos alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante; el uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador.

Que es así que, los alisadores para el cabello formulados en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo.

Que además, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Que en atención a las circunstancias descriptas, cabe citar que la Ley N° 16.463 en su artículo 19° establece: “Queda prohibido: a) la elaboración, tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos…”.

Que asimismo, la Resolución (ex MS y AS) Nº 155/98 en su Artículo 1º establece que: “quedan sometidas a la presente Resolución la importación, exportación, elaboración, envasado y depósito de los Productos Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes, y las personas físicas o jurídicas que intervengan en dichas actividades”, y en su Artículo 3º que “las actividades mencionadas en el artículo 1º sólo podrán ser realizadas con productos registrados en la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, elaborados o importados por establecimientos habilitados por la misma, que cuenten con la Dirección Técnica de un Profesional Universitario debidamente matriculado ante el Ministerio de Salud y Acción Social y de acuerdo con las normas de su competencia”.

Que por lo expuesto, a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos marca “TOPLISS”: a) Rescate capilar marca “TOPLISS”; b) Plex 1 marca “TOPLISS”; c) Shampoo neutro marca “TOPLISS”; d) Biotina pura marca “TOPLISS”; e) Botox matizador azul marca “TOPLISS”; f) Botox matizador violeta marca “TOPLISS”; g) Tratamiento capilar aceite de coco marca “TOPLISS”; h) Tratamiento capilar aceite de jojoba marca “TOPLISS”; i) Tratamiento capilar aceite de almendra marca “TOPLISS”; j) Botox lifting marca “TOPLISS”; k) Alisado dominicano marca “TOPLISS”; l) Shock keratina pink cristal marca “TOPLISS”; m) Biotina marca “TOPLISS”; n) Levanta muerto potente blonde marca “TOPLISS”; ñ) Oro líquido marca “TOPLISS”; o) Alisado extra fuerte marca “TOPLISS”; p) Shock keratina shock cristal marca “TOPLISS”; q) Prolongador de alisado marca “TOPLISS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, por presunto incumplimiento a los artículos 1° y 3° de la Res. (ex MS y AS) N° 155/98 y al artículo 19° de la Ley 16.463.

Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos marca “TOPLISS”: a) Rescate capilar marca “TOPLISS”; b) Plex 1 marca “TOPLISS”; c) Shampoo neutro marca “TOPLISS”; d) Biotina pura marca “TOPLISS”; e) Botox matizador azul marca “TOPLISS”; f) Botox matizador violeta marca “TOPLISS”; g) Tratamiento capilar aceite de coco marca “TOPLISS”; h) Tratamiento capilar aceite de jojoba marca “TOPLISS”; i) Tratamiento capilar aceite de almendra marca “TOPLISS”; j) Botox lifting marca “TOPLISS”; k) Alisado dominicano marca “TOPLISS”; l) Shock keratina pink cristal marca “TOPLISS”; m) Biotina marca “TOPLISS”; n) Levanta muerto potente blonde marca “TOPLISS”; ñ) Oro líquido marca “TOPLISS”; o) Alisado extra fuerte marca “TOPLISS”; p) Shock keratina shock cristal marca “TOPLISS”; q) Prolongador de alisado marca “TOPLISS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos

Nelida Agustina Bisio

e. 18/07/2025 N° 50998/25 v. 18/07/2025

• Leyes:
  • 18284
    infoleg 21841
  • 1490
  • 94
    infoleg 232935
• Decretos:
  • 2126/1971
  • 1490/1992
    infoleg 9909
  • 94/2023
    infoleg 395649

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2025

VISTO el expediente N° EX-2025-56023845- -APN-DPVYCJ#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en VISTO se inician a partir de la consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), debido a que detectó la comercialización del producto rotulado como “Aceite de Oliva Extra Virgen marca Monte Oliva - Cont Neto 2 Lts., Consumir antes de AGO/27, RNE: 13289653 - RNPA: 13225493, Origen de Mendoza”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Que en el marco de la investigación de la consulta, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL verificó, a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), que constan como antecedentes las Consultas Federales Nros. 6550 y 6551, que fueron realizadas por el INAL, a la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial de la provincia de Mendoza, con el fin de verificar si el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), que se exhiben en el rótulo del producto investigado se encuentran autorizados; quien indicó que ambos registros son inexistentes.

Que en consecuencia, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente Federal N° 4648 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), y solicitó la colaboración de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para verificar la comercialización del producto investigado.

Que en respuesta, la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó, que en la inspección realizada en el domicilio de compra aportado por el denunciante, constató la comercialización del producto investigado, realizó la toma de muestra oficial reglamentaria y procedió a la intervención sanitaria preventiva conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Ley N° 18284 y el Decreto N° 2126/71.

Que atento a lo anteriormente mencionado, el producto se encuentra en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea del citado producto; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen los números de RNE y/o RNPA mencionados.

Que con relación a la medida sugerida, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 94 de fecha 27 de diciembre de 2023.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: “Aceite de Oliva Extra Virgen marca Monte Oliva, RNE: 13289653 - RNPA: 13225493, Origen de Mendoza” en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto, por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Se adjuntan imágenes del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-2025-63212447-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°. - Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos el número de RNE 13289653 y/o el número de RNPA 13225493, por ser productos falsamente rotulados que utilizan números de RNE y/o RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.

ARTÍCULO 3°. - Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Cumplido, dése a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/07/2025 N° 50753/25 v. 18/07/2025

• Leyes:
  • 25761
    infoleg 87496
  • 24449
    infoleg 818
• Decretos:
  • 335/1988
    infoleg 19877

Ciudad de Buenos Aires, 16/07/2025

VISTO el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Capítulo III, Sección 5°, Parte Tercera y la Resolución N° RESOL-2024-188-APN-SIYC#MEC de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, y

CONSIDERANDO:

Que la norma citada en primer término reglamenta el trámite de Baja del automotor con recuperación de piezas, en el marco de lo establecido por la Ley Nº 25.761 y su Decreto reglamentario Nº 744/04.

Que, a resultas de dicho trámite, los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor emiten un certificado de baja y desarme, cuya entrega al Desarmadero interviniente -debidamente inscripto en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC)- lo autoriza a proceder al desarme del automotor y a la individualización de las piezas recuperadas mediante el estampado de un sticker de seguridad, para su posterior comercialización.

Que por la Resolución citada en el Visto se sustituyó el Anexo de la Resolución N° 199/05 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que oportunamente aprobara el listado de autopartes recuperables en el marco del régimen de comercialización de autopartes usadas de automotores, ampliándose así el listado de autopartes recuperables a un total de CIENTO CUARENTA Y DOS (142).

Que, oportunamente, por conducto de la Disposición D.N. N° 526/04 se aprobó el modelo de la Solicitud Tipo “04-D”, que se utiliza para peticionar aquel trámite de baja, así como el del “Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761”, los que fueron incorporados al Digesto de Normas Técnico -Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

Que, a partir de la modificación introducida por la Secretaría de Industria y Comercio en relación con la cantidad de piezas que pueden ser recuperadas de un automotor dado de baja, resulta necesario adecuar el diseño de los documentos indicados en el Considerando anterior e introducir las modificaciones normativas necesarias para su implementación.

Que, por otro lado, la citada Resolución ha establecido un procedimiento especial para la legítima recuperación de aquellas piezas definidas como de seguridad, extremo que debe ser contemplado por la normativa técnico-registral.

Que la implementación de las modificaciones introducidas por el presente acto requieren de una serie de modificaciones en los aplicativos informáticos utilizados tanto por los Desarmaderos intervinientes como por los Registros Seccionales.

Que, por ello, corresponde diferir su entrada vigencia hasta tanto se encuentren dadas las condiciones técnicas para su operatividad.

Que las facultades del para el dictado del presente acto surgen de lo establecido en el inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 335/88.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el texto de los artículos 16 y 17, Parte Tercera, Sección 5°, Capítulo III, Título II del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, por el que a continuación se indica:

“Artículo 16.- Para solicitar la baja del automotor con recuperación de piezas se deberá presentar lo indicado en esta Sección, Parte Primera, artículo 3º -con excepción de la Solicitud Tipo “04”- y además:

a. Solicitud Tipo “04-D” y su Anexo, debidamente correlacionados con firma y sello del desarmadero. Las firmas del titular registral y del desarmadero que recibirá el automotor a dar de baja para su desarme, estampadas en el Anexo, no requerirán de certificación.

Del listado de piezas potencialmente recuperables elaborado por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el desarmadero interviniente indicará aquellas que son efectivamente aptas para su reutilización, indicando su estado y su numeración identificatoria de fábrica o la ausencia de ella, según el caso.

Sin perjuicio de ello, en forma previa el desarmadero deberá ingresar a la página web de la Dirección Nacional (www.dnrpa.gov.ar), utilizando como mecanismo de validación la clave única que le fuera asignada en oportunidad de su inscripción en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC) y, siguiendo las instrucciones que allí se indican, deberá informar el listado de las autopartes recuperables del dominio en cuestión.

b) CINCO (5) fotos del automotor, que permitan visualizar su frente, su parte trasera, sus laterales y su motor, suscriptas al dorso por el titular del desarmadero y por el titular registral.

Artículo 17.- A los efectos de la tramitación de las solicitudes de baja del automotor con recuperación de piezas, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª; luego de lo cual procesará el trámite conforme a lo previsto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y comprobará, además de lo indicado en esta Sección, Parte Primera, artículo 4ª:

a) Que la Solicitud Tipo “04-D” y su Anexo se encuentren intervenidos por el desarmadero que recibirá las piezas recuperables. En el rubro “Observaciones”, el desarmadero deberá indicar si desea retirar los elementos identificatorios por su propia cuenta (artículo 20) o si, por el contrario, deben ser entregados a quien retira el trámite junto con el Certificado de Baja y Desarme - Ley N° 25.761 (artículo 20 bis).

b) Que se hayan presentado las fotografías indicadas en el artículo 16, inciso b), debidamente intervenidas.

c) Que el listado de piezas señaladas en la respectiva Solicitud Tipo “04-D” y su Anexo coincida con el listado de autopartes en condición de ser recuperadas oportunamente informado por el desarmadero interviniente mediante el procedimiento previsto en el artículo anterior.

d) Que, en el caso de las autopartes de seguridad, se haya acompañado un informe técnico emitido por ingeniero mecánico que certifique que las mismas podrán ser reutilizadas sin necesidad de un proceso de reparación, que garantizan prestaciones similares a las autopartes originales y que resultan aptas en términos de seguridad conforme lo previsto por el artículo 28 de la Ley N° 24.449. Esa certificación deberá estar debidamente legalizada por el Colegio Profesional correspondiente.”

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el texto del 19, Parte Tercera, Sección 5°, Capítulo III, Título II del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, por el que a continuación se indica:

“Artículo 19.- Cuando no se recupere la totalidad de las piezas potencialmente recuperables, el reverso del “Certificado de Baja y Desarme - Ley Nº 25.761” cuyo modelo obra como Anexo III de esta Sección 5ª, será ajustado en forma automática por el sistema informático a los efectos de imprimir solamente el listado de piezas que efectivamente serán recuperadas.

Si el total de las piezas recuperadas excediera el espacio asignado, el sistema emitirá una hoja complementaria de libre impresión, la que deberá ser correlacionada con el “Certificado de Baja y Desarme - Ley Nº 25.761” por el Encargado, con su firma y sello.”

ARTÍCULO 3º.-Apruébase el Anexo de la Solicitud Tipo “04-D”, cuyo modelo integra la presente como Anexo I (IF-2025-77382960-APN- DNRNPACP#MJ).

El Anexo de la Solicitud Tipo “04-D” será de libre impresión.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el reverso del modelo de “Certificado de Baja y Desarme - Ley Nº 25.761” que obra en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Capítulo III, Sección 5ta, Parte Tercera, Anexo III, por el Anexo II de la presente (IF-2025-77382669-APN-DNRNPACP#MJ).

ARTÍCULO 5º.- La presente entrará en vigencia a partir del día 21 de julio de 2025.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, atento su carácter de interés general, dese para publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Patricio Quinto José Gilligan

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/07/2025 N° 51161/25 v. 18/07/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Expediente EX-2024-65783774- -APN-DNTHYC#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la provincia de Misiones, ha presentado según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias en CLÍNICA MÉDICA y KINESIOLOGÍA GENERALISTA.

Que la entonces DIRECCIÓN NACIONAL TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró los informes técnicos correspondientes a cada una de las residencias, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, proponiendo asignar a las residencias en CLÍNICA MÉDICA y KINESIOLOGÍA GENERALISTA el Nivel B de reconocimiento.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias en CLÍNICA MÉDICA y KINESIOLOGÍA GENERALISTA del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la provincia de Misiones.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1138/2024, la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias en CLÍNICA MÉDICA y KINESIOLOGÍA GENERALISTA de la institución Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la provincia de Misiones, en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- La residencia de KINESIOLOGÍA GENERALISTA, reconocida por el art 1°, no habilitará a sus egresados a la certificación de especialidad por tratarse de una especialidad no incluida en las Nóminas de especialidades aprobadas por este Ministerio.

ARTICULO 3°.- La institución Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la provincia de Misiones deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 4°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 5°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 6°. - Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Pablo Vivas

e. 18/07/2025 N° 50997/25 v. 18/07/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Expediente EX-2024-65860215- -APN-DNTHYC#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que el SANATORIO PARQUE de la provincia de Santa Fe ha presentado, según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias de CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA y TERAPIA INTENSIVA.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD elaboró los informes técnicos correspondientes a las residencias los que, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, se propone asignar la siguiente categoría: CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA y TERAPIA INTENSIVA categoría B.

Que, atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias de CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA y TERAPIA INTENSIVA., del SANATORIO PARQUE de la provincia de Santa Fe.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1138/2024, la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias de CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA y TERAPIA INTENSIVA del SANATORIO PARQUE de la provincia de Santa Fe en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- La institución SANATORIO PARQUE de la provincia de Santa Fe deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 3°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 4°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Pablo Vivas

e. 18/07/2025 N° 51059/25 v. 18/07/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2024-65773722- -APN-DNTHYC#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 1361 de fecha 8 de septiembre de 2016, la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que el HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON de la provincia de San Juan, ha presentado según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias en PEDIATRÍA, INFECTOLOGÍA, ENFERMERÍA EN SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE, ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO: NEONATAL, PEDIATRÍCO Y ADULTO, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ANESTESIOLOGÍA y BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Que la entonces DIRECCIÓN NACIONAL TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró los informes técnicos correspondientes a cada una de las residencias los que, en virtud de la Resolución Ministerial N° 1361/2016, fueron suscriptos por la DIRECCION NACIONAL DE HABILITACION, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, atento a la vacancia de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO.

Que, en los mencionados informes técnicos, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, se propone asignar a las residencias en INFECTOLOGÍA, ENFERMERÍA EN SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES el Nivel A y a PEDIATRÍA, ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO: NEONATAL, PEDIATRÍCO Y ADULTO, ANESTESIOLOGÍA y BIOQUÍMICA CLÍNICA el Nivel B de reconocimiento.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias en PEDIATRÍA, INFECTOLOGÍA, ENFERMERÍA EN SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE, ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO: NEONATAL, PEDIATRÍCO Y ADULTO, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ANESTESIOLOGÍA y BIOQUÍMICA CLÍNICA del HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON de la provincia de San Juan.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias INFECTOLOGÍA, ENFERMERÍA EN SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES de la institución HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON de la provincia de San Juan, en el Nivel A por un período de 5 (CINCO) AÑOS de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2º.- Reconócese a las residencias PEDIATRÍA, ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO: NEONATAL, PEDIATRÍA Y ADULTO, ANESTESIOLOGÍA y BIOQUÍMICA CLÍNICA de la institución HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON de la provincia de San Juan, en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 3°.- La institución HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON de la provincia de San Juan deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 4°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 5°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse ante el MINISTERIO DE SALUD, 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 6°. - Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Pablo Vivas

e. 18/07/2025 N° 51125/25 v. 18/07/2025

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

Los Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I) Que el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.563, establece que “serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto cuestionado sea inferior a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000)”.

Con arreglo a esa norma de la ley del rito, es atribución de este Tribunal adecuar anualmente ese valor, si correspondiere (cfr. segundo y tercer párrafo).

II) Que, en ejercicio de estas facultades, el Tribunal ha ajustado dicho monto en los años 2014, 2016, 2018, 2019, 2022 y 2024 -acordadas 16/2014, 45/2016, 43/2018, 41/2019, 14/2022 y 10/2024- el que se fijó en la suma de pesos dos millones cien mil ($2.100.000).

III) Que atento el tiempo transcurrido, la apropiada preservación de los propósitos perseguidos por la disposición procesal en juego justifica que se proceda a una nueva cuantificación de la suma dineraria de que se trata, sobre la base de una apreciación atenta de la realidad, semejante a la llevada a cabo en oportunidades anteriores.

IV) Que, en atención a la naturaleza de la decisión, resulta aplicable la excepción prevista en el punto dispositivo 6 de la acordada 15/2023. Asimismo, y en razón de la cantidad de Ministros habilitados que participan, la medida se adopta de acuerdo a lo establecido, en lo pertinente, en el punto dispositivo segundo de la acordada 12/2024.

Por ello,

ACORDARON:

1) Adecuar el monto fijado en el segundo párrafo del artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fijándolo en el importe de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 3.200.000).

2) Establecer que el nuevo monto se aplicará para las demandas o reconvenciones que se presentaren a partir del primer día del mes siguiente a la suscripción de la presente.

3) Poner en conocimiento de la presente a las distintas cámaras nacionales y federales, y por su intermedio a los tribunales que de ellas dependen, y a los tribunales orales con asiento en las provincias.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el Boletín Oficial, en el sitio web del Tribunal y se registre en el libro correspondiente, de lo que doy fe.

Horacio Daniel Rosatti - Carlos Fernando Rosenkrantz - Ricardo Luis Lorenzetti - Gerardo Gabriel Prataviera

e. 18/07/2025 N° 50712/25 v. 18/07/2025

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

Los Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I) Que con el fin de resguardar los objetivos señalados en los considerandos de la acordada 28/1991, que modificó la 77/1990, el Tribunal estableció en la suma fija de diez millones de australes –convertida en mil pesos según el decreto 2128/1991- el importe del depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como requisito para la viabilidad del recurso de queja por denegación del extraordinario.

II) Que este Tribunal en sucesivas oportunidades ha adecuado el monto de este depósito –conf. acordadas 77/1990, 28/1991, 2/2007, 27/2014, 44/2016, 42/2018, 40/2019, 13/2022 y 9/2024- el que actualmente se encuentra fijado en la suma de pesos novecientos mil ($900.000).

III) Que en razón al tiempo transcurrido, la apropiada preservación de los propósitos que fueran enunciados en la acordada mencionada en el acápite justifica que se proceda a una nueva determinación de la suma dineraria de que se trata, sobre la base de una apreciación atenta de la realidad, semejante a la llevada a cabo en oportunidades anteriores en que esta Corte hubo tomado intervención en ejercicio de la atribución que aquí se pone nuevamente en ejercicio.

IV) Que, en atención a la naturaleza de la decisión, resulta aplicable la excepción prevista en el punto dispositivo 6 de la acordada 15/2023. Asimismo, y en razón de la cantidad de Ministros habilitados que participan, la medida se adopta de acuerdo a lo establecido, en lo pertinente, en el punto dispositivo segundo de la acordada 12/2024.

Por ello,

ACORDARON:

1) Establecer en la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL ($ 1.400.000) el depósito regulado por el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

2) Disponer que el nuevo monto se aplicará para los recursos de queja que se presentaren a partir del primer día del mes siguiente a la suscripción de la presente.

3) Poner en conocimiento de la presente a las distintas cámaras nacionales y federales, y por su intermedio a los tribunales que de ellas dependen, y a los tribunales orales con asiento en las provincias.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el Boletín Oficial, en el sitio web del Tribunal y se registre en el libro correspondiente, de lo que doy fe.

Horacio Daniel Rosatti - Carlos Fernando Rosenkrantz - Ricardo Luis Lorenzetti - Gerardo Gabriel Prataviera

e. 18/07/2025 N° 50711/25 v. 18/07/2025

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

Los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I. Que, tal como lo ha sostenido reiteradamente, para esta Corte Suprema enfrentar la actividad delictiva, especialmente la delincuencia organizada y la corrupción, constituye una preocupación constante. En esta labor, resulta fundamental coordinar la colaboración interinstitucional y adoptar acciones concretas para la identificación, localización, embargo, secuestro y decomiso de bienes y el recupero de activos de origen ilícito.

Este deber forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, con base en el artículo 23 del Código Penal; el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal – ley 27.063, t.o. decreto 118/2019-; la ley 20.785 y diversas normas que regulan regímenes especiales (22.091, 23.853, 23.737, 25.246, 26.364, entre otras). También se encuentra incorporado en convenciones internacionales contra el tráfico ilícito de estupefacientes (ley 24.072), la corrupción (leyes 24.759 y 26.097), la delincuencia organizada trasnacional y el terrorismo (ley 26.023).

II. Que, en este contexto, el artículo 3°, inciso b, de la ley 23.853 establece que constituyen recursos específicos y propios del Poder Judicial de la Nación, “el producto de la venta o locación de bienes muebles o inmuebles afectados al Poder Judicial de la Nación…”, “los efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños” y los “objetos comisados”.

En cuanto a esos recursos, en la mencionada ley se dispone que el Tribunal “tendrá amplias facultades para (…) determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos” (art. 8) y para “adoptar las medidas que considere convenientes para efectuar el control y exigir el cobro de [esos] recursos” (art. 9).

A fin de determinar el alcance de tales disposiciones, esta Corte dictó la acordada 37/91, en la cual precisó que constituye recurso específico y propio del Poder Judicial “los ‘efectos secuestrados’ en causas penales que no hayan podido entregarse sus dueños así como los ‘objetos comisados’ comprenden a todos los bienes de cualquier naturaleza que se encuentren sometidos a una decisión jurisdiccional dentro del proceso judicial…”, constituyendo ellos el recurso específico y propio del Poder Judicial a que se refiere el art. 3° inciso b) de la ley 23.853.

III. Que, en ejercicio de estas facultades legales, esta Corte ha desarrollado una prolífica actividad para reglar la gestión de estos bienes a lo largo de los años.

Inicialmente, se dictó normativa para determinar que el producto de la venta de efectos secuestrados con arreglo a la ley 20.785 y los depósitos de dinero, títulos y valores ingresen en cuentas bancarias a favor de la Subsecretaría de Administración (acordada n° 8/1991).

A su vez, se requirió información a diversas cámaras nacionales y federales sobre los bienes existentes y se planificó la creación de un registro informático (acordada n° 14/91).

Asimismo, se establecieron regímenes especiales, como la posibilidad de transferir sustancias e instrumental secuestrado bajo la ley 23.737 a laboratorios del Cuerpo Médico Forense (acordada n° 17/91).

IV. Que, ante la necesidad de optimizar la gestión de estos bienes y remediar las insuficiencias del parque automotor, la acordada n° 55/1992 consideró conveniente disponer el uso transitorio de vehículos secuestrados, posición que fue respaldada por el Tribunal de Cuentas de la Nación. Posteriormente, la resolución n° 31/1993 dispuso la utilización provisoria de vehículos hasta tanto se efectivizara su trámite de afectación y la resolución n° 68/1993 estableció el régimen para la asignación provisoria de automotores, incluyendo a las cámaras nacionales, juzgados federales con competencia penal, tribunales orales, el ministerio público con asiento en el interior del país y las fuerzas de seguridad.

Por su parte, la resolución n° 294/1994, estableció la obligación de los magistrados a cargo de los tribunales donde se encuentren vehículos secuestrados en los términos de la ley 23.737 de informarlos al Tribunal para que éste disponga su afectación y se determinó por acordada n° 32/2009 que la ley 26.348 sobre compactación de vehículos se aplica solo a aquellos que se encuentren en un estado de deterioro, mientras que los que se hallan en buen estado de conservación continúan sometidos al régimen de la acordada n° 55/1992 y la resolución n° 294/1994 como recursos propios.

Asimismo, por resoluciones n° 1298/1993 y 2283/2000 se aprobaron sendos convenios con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, para constituir una Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición que se encargue de la recepción, administración y enajenación de los bienes puestos a su disposición por decomisos en causas originadas en infracciones a la ley 23.737.

El Tribunal, por su parte, ha reafirmado la aplicación del artículo 3°, inciso b de la ley 23.853, al abordar en un caso concreto el destino de los fondos derivados del producido de la venta de un bien decomisado (resolución n° 1897/2013).

V. Que ante el avance tecnológico y la necesidad de una administración más eficiente, esta Corte, mediante acordada 1/2013, creó la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”(BBSD), en la cual ordenó inscribir la información completa de los bienes de cualquier naturaleza que se encuentren sometidos a decisión jurisdiccional y puedan devenir en recursos del Poder Judicial de la Nación en los términos del artículo 3, inc. b, de la ley 23.853.

Posteriormente, por acordada 33/2015, se reglamentó el funcionamiento de la BBSD y se estableció su uso obligatorio para todos los tribunales nacionales y federales de capital federal e interior de país, con competencia penal. Asimismo, se precisó el contenido de la información a registrar, la modalidad para su carga en el sistema informático y se enfatizó en la confidencialidad de dicha información.

VI. Que en la acordada n° 2/2018, que aprobó el “Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en Causas Penales”, se reitera la obligatoriedad de la inscripción de los bienes en la BBSD y se ratifica su utilidad pública, en beneficio de la sociedad.

A su vez, en línea con la política de gobierno abierto y la necesidad de garantizar la publicidad de los actos del Poder Judicial de la Nación, se dispone la publicación de los datos de los bienes allí inscriptos que se encuentren a disposición del Tribunal para su asignación, y reitera el requerimiento de confidencialidad previsto en el punto VI del anexo de la acordada 33/2015.

Por otra parte, en el reglamento anexo a la acordada 2/18, se prevé la posibilidad de la asignación provisoria de los bienes muebles secuestrados para uso del Poder Judicial de la Nación, de las fuerzas de seguridad o entidades de interés público.

VII. Que con posterioridad al dictado de la acordada 2/2018, comenzó la implementación paulatina del nuevo Código Procesal Penal Federal en el país a fin de instaurar el sistema acusatorio en el orden federal (ley 27.063, t.o. decreto 118/2019).

En dicho ordenamiento, se establece expresamente la separación de funciones entre jueces y fiscales. En tanto a estos últimos les corresponde la investigación de los delitos y por ende la promoción de la acción penal; aquellos son los únicos facultados para realizar actos propiamente jurisdiccionales y en ese sentido recae sobre ellos el deber de asegurar el respeto de las garantías constitucionales durante el proceso e imponer las penas y sus efectos accesorios.

En materia de bienes secuestrados, en el artículo 156 de ese cuerpo normativo se dispone que “los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del Ministerio Público Fiscal” y que “será obligación de las autoridades devolver los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo a las personas legitimadas para poseerlos, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron”. Por otra parte, en el artículo 310 se prevé que el decomiso de bienes en caso de condena será resuelto por el juez de la causa, en favor del Estado Nacional.

Se destaca que si bien al momento del dictado de la acordada 2/2018, el código ya había sido aprobado y publicado en el boletín oficial, su vigencia se encontraba supeditada a una ley posterior de implementación.

En esa oportunidad, este Tribunal entendió que las disposiciones del nuevo ordenamiento no modificaban sustancialmente el régimen de disposición de bienes secuestrados y decomisados previstos en el artículo 23 del Código Penal y la ley 23.853.

VIII. Que esa interpretación no ha variado con la efectiva y escalonada implementación del código en distintas localidades del país y es esta Corte la que legalmente se encuentra facultada para administrar los bienes que devienen en recursos propios y disponer su asignación provisoria y destino.

Sin embargo, la experiencia y las necesidades actuales justifican que otros órganos vinculados con la administración del servicio de justicia, como el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, así como otras reparticiones nacionales o locales, que acrediten fehacientemente una finalidad de interés público, puedan ser beneficiarias de asignaciones provisorias de bienes muebles secuestrados que por su valor económico y cultural puedan cumplir una utilidad social.

Ello permitiría una asignación más eficiente y directa de recursos a entidades que contribuyen significativamente en la lucha contra el delito y fortalecería aún más el impacto positivo de la recuperación de activos de origen ilícito, a la vez que optimizaría su utilización en beneficio de la sociedad.

IX. Que, asimismo, resulta frecuente que se decomisen o secuestren bienes que, por sus características, no ameritan o no son factibles de ser vendidos en una subasta, tales como útiles, alimentos no perecederos, herramientas, electrodomésticos, prendas de vestir, calzado u otros efectos de naturaleza similar.

Su mantenimiento en depósitos judiciales los expone a un deterioro progresivo y a una pérdida de valor de uso. Esa circunstancia, además de obligar a afrontar el correspondiente costo de almacenamiento, impide otorgarles una utilidad inmediata y concreta para la comunidad.

En esos casos, el magistrado interviniente puede disponer su entrega a las autoridades nacionales, provinciales o municipales o, en su defecto, a entidades de bien público debidamente registradas, con el objeto de que se destinen prioritariamente a programas vinculados con la asistencia a víctimas, educativos, de salud, reinserción social o contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.

X. Que, del mismo modo, corresponde establecer una regulación específica para los casos en los que los magistrados decomisen bienes inmuebles que puedan tener utilidad para la administración de justicia. En tales supuestos, los bienes podrán ser exceptuados de la obligación de la subasta y utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en coordinación con el Consejo de la Magistratura de la Nación del Poder Judicial de la Nación, por los tribunales de Justicia.

XI. Que, finalmente, se estima adecuado prever la posibilidad de que el Tribunal suscriba convenios interinstitucionales tendientes a promover una reutilización eficiente de los bienes en beneficio del interés público.

XII. Que, en este marco, resulta necesario aprobar un nuevo “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados en causas penales”, que recepte las pautas del existente y las actualice y complemente a fin de lograr una mayor eficiencia, control y transparencia en la disposición de los bienes.

XIII. Que, por otra parte, de un relevamiento efectuado en la BBSD, desde su implementación a la fecha, se advierte un dispar cumplimiento de los distintos tribunales en la obligación de ingresar la información.

En consecuencia, con el fin de otorgar mayor transparencia al sistema, y teniendo en cuenta que la BBSD constituye la herramienta fundamental para el control y la correcta asignación de los bienes, resulta indispensable reforzar la obligación de los magistrados de proceder a su inscripción de manera completa y oportuna.

XIV. Que, en cuanto a ello, es de caso recordar que, mediante resolución 3506/2023, esta Corte hizo lugar a un reclamo de acceso a la información pública y ordenó, conforme los principios de publicidad y transparencia (art. 1º, ley 27.275 y punto dispositivo I, acordada 42/17), y en virtud de lo previsto en el punto dispositivo 3°) de la acordada 2/18; poner a disposición la lista de los bienes inscriptos en la BBSD, sin indicar la identidad de sus titulares y los detalles concretos de su identificación, en resguardo de la confidencialidad establecida en las acordadas 1/13 y 33/15.

En consonancia con lo allí resuelto, esta oportunidad resulta propicia para modificar el punto VI de la acordada 33/2015 y disponer que la información contenida en la BBSD deberá encontrarse disponible al público en general en un micro sitio en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la preservación de la identidad de los titulares de los bienes y de los terceros y sin indicación de los detalles concretos de su identificación.

XV. Que con el objeto de facilitar el cumplimiento de esa tarea por parte de los tribunales y de simplificar el acceso a la información de las decisiones que se adoptan respecto de estos recursos, se considera necesario instruir a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura y a la Dirección de Sistemas del Tribunal, para que de manera conjunta desarrollen herramientas que optimicen tanto el proceso de carga de información como la difusión pública de los bienes disponibles para asignación o asignados.

XVI. Que, por otra parte, a fin de lograr una mejor articulación de los procedimientos previstos para la información, administración, afectación, asignación y disposición de los bienes secuestrados y comisados entre los distintos operadores del sistema, se estima conducente establecer mecanismos de cooperación y coordinación institucionales.

A esos efectos, bajo la supervisión de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura, dependencia del Tribunal encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en la materia, se creará una Unidad de Coordinación con competencia en materia penal de todo el país, que sustituirá la comisión creada mediante acordada 2/18.

La unidad, integrada por un Coordinador, funcionario de la mencionada dirección, y por referentes de las cámaras nacionales y federales con competencia penal y tribunales orales nacionales y federales, tendrá como objetivo primordial la coordinación y supervisión de la implementación efectiva de la presente acordada.

XVII. Que la presente se adopta en ejercicio de las competencias atribuidas por los artículos 108 y 113 de la Constitución Nacional y por los artículos 3°, inc. b), 8° y 9° de la ley 23.853 y concordantes.

XVIII. Que, en atención a la naturaleza de la decisión, resulta aplicable la excepción prevista en el punto dispositivo 6 de la acordada 15/2023. Asimismo, y en razón de la cantidad de Ministros habilitados que participan, la medida se adopta de acuerdo a lo establecido, en lo pertinente, en el punto dispositivo segundo de la acordada 12/2024.

Por ello,

ACORDARON:

1º) Aprobar el “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados en causas penales” (“el Reglamento”), que forma parte de la presente como anexo I.

2º) Recordar a todos los magistrados que intervengan en causas penales donde corresponda el secuestro y decomiso de efectos, que deberán inscribir -con carácter obligatorio e inexcusable- la información completa de todos aquellos bienes que se encuentren sometidos a decisión jurisdiccional únicamente en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”.

La inscripción deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de dispuesto el secuestro, decomiso o afectación de un bien a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.

La inscripción comprenderá necesariamente la totalidad de los bienes registrables y, en caso de los no registrables, aquellos que presenten un significativo valor o relevancia económica, artística, cultural, científica o armamentística. Los bienes que reúnan otras características se inscribirán a petición del magistrado interviniente en el proceso.

3°) Sustituir el punto VI del anexo de la acordada 33/2015, por el siguiente:

“VI. Publicidad de la base de datos.

La información ingresada en la base de datos se encontrará disponible en la página web del Tribunal, se deberá resguardar la identidad de los titulares de los bienes, de terceros y cualquier detalle concreto con el que se los pudiera identificar.

Estos últimos datos tendrán carácter reservado y sólo podrán ser suministrados a requerimiento de autoridad judicial competente, con intervención de la Secretaría General de Administración, por intermedio de la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura”.

4°) Disponer que, además de lo ordenado en el punto anterior, se publicarán en un micro sitio en la página web de la Corte Suprema las afectaciones y las asignaciones de bienes que se dispongan de acuerdo con el Reglamento y las subastas que efectúen los tribunales en aplicación de la ley 20.785.

5°) Establecer que la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura será la encargada de velar por el cumplimiento de las previsiones de las acordadas 1/2013 y 33/2015 y de tramitar el procedimiento previsto en “el Reglamento”.

6º) Instruir a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura para que, conjuntamente con la Dirección de Sistemas, desarrollen e implementen las herramientas tecnológicas necesarias a fin de optimizar los procesos de inscripción de bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal” por parte de los tribunales, y facilitar su difusión pública, en un todo de acuerdo con los principios de transparencia y los principios de gobierno abierto y preservando las condiciones de publicidad establecidas en el punto 3° de la presente.

7°) Ordenar que dentro de la estructura de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura funcione una unidad de coordinación con las cámaras federales y nacionales con competencia en materia penal y los tribunales orales federales y nacionales, con los objetivos y funciones que se aprueban en el anexo II de la presente.

8°) Requerir a las cámaras nacionales y federales con competencia en materia penal y a los tribunales orales nacionales y federales que designen a los referentes necesarios para actuar en coordinación con los funcionarios de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura, de acuerdo con el artículo 3 del Anexo II.

9°) Disponer que resultará nulo cualquier procedimiento de disposición de bienes que no se adecue a las pautas reguladas en la presente acordada y en su anexo I.

10°) Dejar sin efecto la acordada 2/2018, sin perjuicio de mantener las asignaciones de bienes dispuestas hasta el dictado de la presente.

11°) Hacer saber lo aquí dispuesto a las cámaras nacionales y federales con competencia en materia penal y, por su intermedio, a los juzgados y a todos los tribunales orales nacionales y federales, y a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el sitio web del Tribunal, en el Boletín Oficial y se registre en el libro correspondiente, de lo que doy fe.

Horacio Daniel Rosatti - Carlos Fernando Rosenkrantz - Ricardo Luis Lorenzetti - Gerardo Gabriel Prataviera

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Acordada se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/07/2025 N° 50721/25 v. 18/07/2025

16/07/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Índice para Contratos de Locación - Ley 27.551 (“ICL”).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Índice para Contratos de Locación (ICL).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Fernando Sciammarella, Subgte. de Producción y Control de Información Estadística - Adriana Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Índice para Contratos de Locación (ICL), serie diaria

Archivos de datos:

https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/iclaaaa.xls, donde aaaa indica el año.

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/diar_icl.xls, serie histórica.

Referencias metodológicas: https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasmet

Consultas: estadis.monyfin@bcra.gob.ar

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 18/07/2025 N° 50710/25 v. 18/07/2025

Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la empresa TRANCURÁ ENERGÍA S.A. solicita su ingreso al MEM como Agente Generador para su Parque Solar Fotovoltaico Capiz I con una potencia de 20 MW, ubicado en el Departamento de San Carlos, Provincia de Mendoza, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 33 kV de la E.T. Capiz, jurisdicción de Distrocuyo.

La presente solicitud se tramita bajo el expediente EX-2017-23842476- -APN-DDYME#MEM. El plazo para la presentación de objeciones u oposiciones es de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de la presente publicación.

Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.

e. 18/07/2025 N° 50865/25 v. 18/07/2025