• Leyes:
  • 24156
    infoleg 554
• Decretos:
  • 1/2025
    infoleg 408105
  • 70/2023
    infoleg 379436
    infoleg 395521
  • 1759/1972
    infoleg 21715

Análisis Legal de la RESOL-2025-393-APN-STAYD#JGM

La RESOL-2025-393-APN-STAYD#JGM establece procedimientos específicos para la importación, tránsito y exportación de residuos no peligrosos valorizados, enmarcada en el Decreto 1/2025 y otras normativas previas. A continuación, se analizan sus implicancias legales, su relación con normas anteriores, derechos afectados, irregularidades y posibles abusos, basado exclusivamente en el contexto proporcionado.

1. Relación con normas anteriores

La RESOL-2025-393-APN-STAYD#JGM se fundamenta en el Decreto 1/2025, que define los lineamientos para la gestión de residuos no peligrosos valorizados. Además, se alinea con:
- Decreto 1759/1972:
- Artículo 1° y 19: Establece la gestión electrónica de trámites (TAD), que se menciona en la RESOL-2025-393 como medio de tramitación.
- Artículo 25 y 10: Regula la presentación de escritos y la asociación de expedientes, que se reflejan en los procedimientos de autorización.
- Artículo 26 y 5°: Responsabiliza a los órganos competentes (como la Subsecretaría de Ambiente) de cumplir con plazos y resoluciones, lo que se reitera en la RESOL-2025-393.
- Decreto 70/2023:
- Artículo 14: Obliga a tramitar permisos electrónicos (VUCEA), que se menciona como plataforma para la recepción de LPCO (Anexo II y III).
- Artículo 121 y 122: Establece mecanismos de control aduanero y devolución de mercaderías en caso de inconsistencias, vinculados con los artículos 9° y 10° de la RESOL-2025-393.
- Ley 24.156:
- Artículo 8° y 3°: Define el marco del Sector Público Nacional y sistemas de control interno, que respaldan la responsabilidad de la Subsecretaría de Ambiente.

La RESOL-2025-393 complementa y opera dentro del marco normativo existente, sin contradecirlo, sino formalizando procedimientos específicos para la gestión de residuos valorizados.

2. Derechos afectados

La norma impacta directamente en derechos fundamentales:
- Derecho a un ambiente sano (Artículo 41 de la Constitución Nacional):
- La regulación de residuos no peligrosos valorizados busca garantizar la protección del entorno, alineándose con el principio de sostenibilidad ambiental.
- Derecho a la propiedad y libertad de comercio:
- La autorización de importaciones y exportaciones implica un control estatal, que podría limitar la libertad de comercio si no se ajusta a los principios de proporcionalidad y transparencia.
- Derecho a la defensa y debido proceso:
- La revocación de autorizaciones (Artículo 10) y la devolución de mercaderías (Artículo 9) requieren garantías procesales, como la posibilidad de impugnación, que se mencionan en el contexto (Artículo 75 del Decreto 1759/1972).

3. Irregularidades y posibles abusos

La norma incluye mecanismos de control, pero también plantea riesgos:
- Revocación de autorizaciones por inconsistencias:
- El Artículo 10 permite la revocación de permisos y la prohibición de nuevas solicitudes por 180 o 365 días. Esto podría generar abuso de poder si no se respeta el principio de proporcionalidad o si se aplican de manera arbitraria.
- Dependencia de plataformas electrónicas:
- La obligación de tramitar mediante TAD y VUCEA (Anexos I, II y III) podría excluir a actores sin acceso a tecnología, violando el principio de igualdad (Artículo 16 de la Constitución).
- Concentración de autoridad:
- La Subsecretaría de Ambiente es la única autoridad de aplicación, lo que podría generar centralización excesiva de poder, aunque el contexto no menciona mecanismos de control externo.

4. Ajustes y continuidad con normas anteriores

• Continuidad:
• La RESOL-2025-393 reafirma los principios del Decreto 1/2025, como la necesidad de autorizaciones y controles, y los concreta en procedimientos específicos.
• La digitalización de trámites (TAD, VUCEA) se alinea con el Decreto 70/2023, que promueve la modernización administrativa.
• Ajustes:
• Vigencia de autorizaciones: El plazo de 365 días (Artículo 2° y 6°) se mantiene, pero se añade un plazo de 90 días para tránsito (Artículo 4°), lo que refleja una diferenciación en la gestión de operaciones.
• Listado de residuos no peligrosos (Anexo IV): Permite actualizaciones por la Subsecretaría de Ambiente, lo que implica flexibilidad, pero también riesgos de arbitrariedad si no se regula con transparencia.

5. Conclusiones

La RESOL-2025-393-APN-STAYD#JGM refuerza el marco legal existente para la gestión de residuos no peligrosos valorizados, integrando procedimientos electrónicos, controles y responsabilidades. Sin embargo, su aplicación debe garantizar transparencia, proporcionalidad y acceso equitativo para evitar irregularidades. La norma se alinea con los principios constitucionales, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva de mecanismos de control y defensa de derechos.

Recomendaciones:
- Establecer mecanismos de impugnación para revocaciones de autorizaciones.
- Garantizar acceso a plataformas digitales para todos los actores.
- Regular la actualización del listado de residuos con participación de expertos y transparencia.

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-12747063- -APN-DGDYL#MI, el Decreto N° 1 de fecha 2 de enero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1/25 se establecieron los lineamientos para la importación definitiva o temporaria al TERRITORIO NACIONAL, al Área Aduanera Especial y a las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos, y para la exportación, de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización, a partir de la cual se obtengan materiales que serán utilizados como insumo para un proceso productivo determinado, o un producto de uso directo. Todo ello, sin perjuicio de las prohibiciones normativas existentes en materia de residuos no valorizados y de residuos peligrosos, así como de residuos valorizados que pretendan ser importados con fines de valorización energética, las que se mantienen.

Que conforme el artículo 3° de la norma mencionada en el considerando anterior, son autoridad de aplicación del decreto la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la SECRETARÍA DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cada una en el marco de su estricto ámbito de competencia.

Que la SECRETARÍA DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES será la Autoridad de Aplicación en lo que respecta a la importación de residuos no peligrosos valorizados (sin norma técnica), tránsito y exportación de los residuos alcanzados por el decreto en cuestión y, a través de la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE realizará la evaluación y emitirá las autorizaciones.

Que, en este sentido y de acuerdo con el texto del decreto mencionado, corresponde a la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE intervenir en la emisión de la autorización de importación de residuos no peligrosos valorizados (sin norma técnica), tránsito y exportación de todos los residuos alcanzados por la norma.

Que de acuerdo con las definiciones establecidas en el decreto en cuestión se entiende por Residuo No Peligroso Valorizado a “aquel residuo que, no estando encuadrado en los alcances de la normativa nacional en materia de residuos peligrosos, haya sido sometido a una operación de valorización o de eliminación de su carácter de peligrosidad”.

Que, por otra parte, el Decreto N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023 estableció que los organismos comprendidos en los incisos a) y b) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, deberán tramitar los permisos, autorizaciones y demás informaciones inherentes a las operaciones aduaneras que dicten para regular el tráfico internacional de mercaderías mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) de forma electrónica.

Que mediante la Resolución General N° 5384 de fecha 13 de julio de 2023 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se implementó el servicio “web” denominado “Servicio de Recepción de LPCO” para la admisión de Licencias, Permisos, Certificados y otros documentos y su validación automática en el Sistema Malvina (SIM), poniendo a su vez, a disposición de la Unidad Ejecutora del Régimen Nacional de VUCEA y de las Agencias Regulatorias del Comercio Transfronterizo (ARTF), el servicio “web” para la recepción de LPCO, así como los sistemas para su validación automática del Sistema Informático Malvina (SIM), consolidando así la aplicación del sistema y mejora de sus resultados.

Que el Convenio Marco N° CONVE-2022-02352332-AFIP-AFIP entre la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA establece un compromiso de colaboración técnica entre los dos organismos a fin de promover e introducir el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

Que mediante el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración N° CONVE-2019-00117738-AFIP-AFIP, la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN y la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, acordaron acciones de cooperación y colaboración mutua para facilitar información que sirva al desarrollo institucional, que resulte relevante y necesaria para el cumplimiento de la función pública, con los recaudos y limitaciones legales existentes.

Que, conforme el Convenio Específico N° CONVE-2023-01227103-AFIP-DGADUA la Dirección General de Aduanas y las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y de Planificación, en representación de la entonces ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y la Unidad Ejecutora VUCEA, establecen los mecanismos electrónicos de intercambio, así como las obligaciones y responsabilidades de las partes para implementar los mecanismos de envío y recepción de Licencias, Permisos, Certificados y Otros documentos (LPCO).

Que en línea con el Decreto N° 1/25 resulta pertinente determinar los procedimientos, alcances de control y fiscalización de las mercaderías en trato, sin obstruir el libre comercio, fundamentales para el desarrollo industrial nacional y la economía circular.

Que en este marco, deviene necesario establecer los procedimientos para emitir las autorizaciones que establece el decreto mencionado, garantizando el cumplimiento de la normativa nacional en materia de residuos y de los compromisos, deberes y obligaciones, asumidos internacionalmente en el marco de los acuerdos multilaterales suscriptos.

Que la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE ha elaborado a través de sus áreas sustantivas informe técnico y ha prestado conformidad a la medida que se propicia.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto administrativo se dicta de acuerdo con el artículo 9° del Decreto N° 1 de fecha 2 de enero de 2025.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el procedimiento para la importación de residuos no peligrosos valorizados, en los términos del artículo 6° del Decreto N° 1/25 que como Anexo I N° IF-2025-69178511-APN-SSAM#JGM forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las autorizaciones previstas en el artículo 1° de la presente resolución serán emitidas por la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE y tendrán una vigencia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de la fecha de su emisión.

ARTÍCULO 3°.- Apruébese el procedimiento para el tránsito por Territorio Nacional con destino a un tercer país, de los residuos alcanzados por el Decreto N° 1/25 que, como Anexo II N° IF-2025-69178160-APN-SSAM#JGM, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Las autorizaciones previstas en el artículo 3° de la presente norma serán emitidas por la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE, deberán ser tramitadas previo a iniciar el tránsito y en oportunidad de cada operación. Tendrán una vigencia de NOVENTA (90) días corridos.

ARTÍCULO 5°.- Apruébase el procedimiento para la exportación de los residuos alcanzados por el Decreto N° 1/25, que como Anexo III N° IF-2025-69177856-APN-SSAM#JGM forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Las autorizaciones previstas en el artículo 5° de la presente resolución serán emitidas por la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE y tendrán una vigencia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de su emisión.

ARTÍCULO 7º.- Establécese que las Autorizaciones a las que hace mención el presente régimen y las eventuales renovaciones en caso de ser solicitadas, se realizarán mediante la Plataforma Nacional de Trámites a Distancia (TAD), o la que las suceda, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto N° 1/25 y cumpliendo con las compromisos, deberes y obligaciones, asumidos en el marco del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos y su Eliminación y normativa nacional en materia de Residuos.

ARTICULO 8°.- La SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE podrá realizar los controles que considere necesarios a los fines de asegurar el cumplimiento de la presente norma.

ARTÍCULO 9°.- En caso de verificarse inconsistencias en las condiciones de las mercaderías importadas o en tránsito, respecto de las especificaciones técnicas declaradas bajo las cuales se otorgó la autorización, la misma deberá devolverse al lugar de origen con carácter de urgente -en un plazo máximo de TREINTA (30) días- por cuenta y cargo del importador y/o transportista, sin perjuicio de la aplicación del artículo 110 del Decreto Nº 1759/72 y sus normas modificatorias, y/o las acciones administrativas o judiciales que pudieren derivarse de la aplicación de las normas penales, ambientales y/o aduaneras que correspondan en cada caso.

ARTÍCULO 10.- En caso de verificarse inconsistencias en las condiciones de las mercaderías o en la información declarada a los fines de obtener la autorización para la importación, tránsito o exportación de las mercaderías alcanzadas por la presente resolución, se revocará la autorización y las personas involucradas no podrá tramitar nuevas autorizaciones en el marco de la presente resolución por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos y en caso de reincidencia por el plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la fecha en que se emitió la revocación.

ARTÍCULO 11.- Apruébese el listado enunciativo de residuos no peligrosos que como Anexo IV N° IF-2025-65793694-APN-SSAM#JGM forma parte integrante de la presente resolución. El mismo podrá ser actualizado y/o modificado por la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE conforme a los antecedentes generados de autorizaciones emitidas y en base a la evidencia científica técnica o nuevas normas que se dicten en la materia.

ARTÍCULO 12.- Los instrumentos que autorizan la importación y exportación conforme los artículos 2° y 6° de la presente resolución emitidos en el marco del presente régimen, se remitirán a la Dirección General de Aduanas mediante el Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), en el marco del “Servicio de Recepción de LPCO” para la admisión de Licencias, Permisos, Certificados y Otros documentos y su validación automática en el SISTEMA INFORMÁTICO MALVINA (S.I.M.), las que deberán ser declaradas al momento de la oficialización de las solicitudes de destinación definitiva de importación y exportación. Asimismo, la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), remitirá a la Autoridad de Aplicación y a la Unidad Ejecutora del Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), la información correspondiente a las declaraciones y garantías aduaneras vinculadas al presente Régimen para optimizar su control; así como toda aquella información que la Autoridad de Aplicación estime corresponder para su correcta aplicación.

Las disposiciones del presente Artículo se tornarán operativas el día de entrada en vigencia de la norma complementaria que a sus efectos dicte la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA).

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Daniel Scioli

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 16/07/2025 N° 50197/25 v. 16/07/2025

• Leyes:
  • 27742
    infoleg 401266
• Decretos:
  • 749/2024
    infoleg 403230

Análisis legal de la RESOL-2025-983-APN-MEC

La RESOL-2025-983-APN-MEC modifica el marco regulatorio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), delegando a secretarías de gobierno con competencia técnica específica la evaluación y aprobación de solicitudes de modificaciones al listado de mercaderías y/o servicios importables bajo el RIGI. Este acto normativo se sustenta en los artículos 164 a 228 de la Ley 27.742, especialmente el artículo 219, que permite a la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Economía) delegar funciones a secretarías de gobierno. A continuación, se detalla el análisis jurídico de la norma, su relación con normas anteriores y posibles implicaciones.

1. Fundamento legal de la norma**

La RESOL-2025-983-APN-MEC se fundamenta en:
- Artículo 219 de la Ley 27.742:
- Permite a la Autoridad de Aplicación delegar funciones, como la evaluación y aprobación de solicitudes de adhesión o modificaciones al listado de mercaderías, a secretarías de gobierno con competencia técnica.
- La norma actual extiende esta delegación a secretarías especializadas en proyectos RIGI, con el objetivo de agilizar los procesos de aprobación.
- Decreto 749/2024 y sus modificaciones:
- El Anexo I del decreto 749/2024, que incluye el listado de mercaderías importables, se modifica mediante el reemplazo del anexo de la RESOL-2024-1074-APN-MEC.
- La resolución 1358/2024 (artículos 2°, 3° y 4°) se anula, ya que su contenido se considera redundante o incoherente con la nueva delegación.

Conclusión: La norma se fundamenta en el marco legal establecido por la Ley 27.742 y el Decreto 749/2024, sin violar el principio de competencia y delegación de funciones previsto en el artículo 219.

2. Modificaciones a normas anteriores**

La RESOL-2025-983-APN-MEC:
- Sustituye el anexo de la RESOL-2024-1074-APN-MEC por un nuevo anexo (IF-2025-72762247-APN-SLYA#MEC), que refleja la delegación de funciones a secretarías técnicas.
- Anula los artículos 2°, 3° y 4° de la RESOL-2024-1358-APN-MEC, que regulaban el proceso de ajuste de listados de mercaderías, considerando que su contenido se considera redundante en el nuevo marco.

Implicaciones:
- Coherencia con el Decreto 749/2024: La modificación refuerza la eficiencia en la gestión de incentivos, al reducir la carga administrativa en la Autoridad de Aplicación.
- Transparencia y control: La delegación a secretarías técnicas debe garantizar que los procesos de aprobación de modificaciones al listado de mercaderías sean transparentes y sujetos a supervisión para evitar arbitrariedades.

3. Derechos afectados y posibles irregularidades**

• Derechos de los VPU:
• La transparencia en la aprobación de modificaciones al listado de mercaderías es un derecho fundamental para los VPU, ya que afecta directamente su capacidad para acceder a incentivos.
• Si la delegación a secretarías técnicas no incluye mechanismos de control interno o revisión externa, podría generar riesgos de arbitrariedad en la evaluación de solicitudes.
• Irregularidades potenciales:
• Falta de criterios objetivos: La norma no especifica si las secretarías técnicas deben aplicar criterios públicos y objetivos para evaluar las modificaciones al listado, lo que podría generar discriminación o desigualdad en la aplicación de incentivos.
• Falta de garantías procesales: No se menciona si los VPU tendrán derecho a defensa o recurso ante decisiones negativas de las secretarías, lo que podría vulnerar el principio de debido proceso (artículo 17 de la Constitución Nacional).

Conclusión: Aunque la norma busca agilizar procesos, su implementación requiere mecanismos claros de transparencia y control para evitar abusos.

4. Posibles abusos y limitaciones**

• Abuso de la delegación de facultades:
• La delegación a secretarías técnicas podría ser sustraída si no se establecen límites claros en la competencia de dichas dependencias.
• Si las secretarías actúan sin coordinación con la Autoridad de Aplicación, se podría generar incoherencia en la aplicación del RIGI.
• Falta de control judicial:
• La norma no menciona si las decisiones de las secretarías son viables ante tribunales, lo que podría limitar la garantía de derechos de los VPU.

Recomendación: Es necesario que el marco normativo incluya mecanismos de revisión (ej.: recursos administrativos o arbitraje) para garantizar la imparcialidad en la evaluación de modificaciones al listado de mercaderías.

5. Conclusión general**

La RESOL-2025-983-APN-MEC se fundamenta en el artículo 219 de la Ley 27.742, que permite la delegación de funciones a secretarías técnicas para agilizar la gestión del RIGI. Sin embargo, su implementación requiere:
1. Claridad en los criterios de evaluación de modificaciones al listado de mercaderías.
2. Garantías de transparencia y debido proceso para los VPU.
3. Control interno y externo para evitar abusos en la delegación de poderes.

La norma, aunque busca eficiencia, debe equilibrar celeridad con protección de derechos para mantener la estabilidad y certidumbre del RIGI, como establece la Ley 27.742.

Referencias clave:
- Artículo 219 de la Ley 27.742 (delegación de facultades).
- Decreto 749/2024 (reglamentación del RIGI).
- Resoluciones 1074/2024 y 1358/2024 (modificaciones anteriores al listado de mercaderías).

Nota final: La norma debe ser aplicada con rigor legal para evitar que la delegación de funciones se convierta en una vía para la falta de transparencia en la gestión de incentivos.

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

Visto el expediente EX-2025-63281763-APN-DGDA#MEC, la ley 27.742, el decreto 749 del 22 de agosto de 2024 y sus modificatorios, las resoluciones 814 del 27 de agosto de 2024 (RESOL-2024-814-APN-MEC) y 1074 del 20 de octubre de 2024 (RESOL-2024-1074-APN-MEC) y su modificatoria, ambas del Ministerio de Economía, y

CONSIDERANDO:

Que a través de los artículos 164 a 228 del Título VII -Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)- de la ley 27.742 se creó un régimen promocional por el que se establecieron ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos, en beneficio de Vehículos de Proyecto Único (VPU), con los alcances y limitaciones determinadas en la citada ley y su correspondiente reglamentación.

Que conforme surge del artículo 166 de la ley 27.742, entre los objetivos prioritarios del RIGI se encuentra el de generar condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad necesarias para atraer Grandes Inversiones a la República Argentina.

Que mediante el artículo 1° del decreto 749 del 22 de agosto de 2024 y sus modificatorios, se aprobó la reglamentación de los artículos 164 a 228 del citado Título VII de la ley 27.742, que como anexo I integra esa norma, a los fines de su adecuada implementación.

Que a través del artículo 219 de la mencionada ley, se dispuso que la Autoridad de Aplicación podrá delegar en las secretarías de Gobierno, entre otras facultades, la de evaluar y aprobar o rechazar las solicitudes de adhesión y de los planes de inversión presentados por los VPU.

Que, asimismo, a los fines de dotar de mayor celeridad al proceso de aprobación de las solicitudes de adecuaciones o modificaciones al listado de mercaderías y/o servicios susceptibles de ser importados al amparo de la franquicia del artículo 190 de la ley 27.742 de un proyecto RIGI aprobado, presentadas en el marco de los artículos 82 y 83 del anexo I al decreto 749/2024 por un VPU adherido al RIGI, resulta conveniente delegar en las secretarías con competencia técnica específica en la materia objeto del respectivo proyecto RIGI la facultad para su aprobación o rechazo.

Que para implementar ello, resulta necesario sustituir el anexo a la resolución 1074 del 20 de octubre de 2024 del Ministerio de Economía (RESOL-2024-1074-APN-MEC) y dejar sin efecto los artículos 2°, 3° y 4° de la resolución 1358 del 9 de diciembre de 2024 del Ministerio de Economía (RESOL-2024-1358-APN-MEC).

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones, la ley 27.742 y el decreto 749/2024 y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el anexo a la resolución 1074 del 20 de octubre de 2024 del Ministerio de Economía (RESOL-2024-1074-APN-MEC) y su modificatoria, por el anexo (IF-2025-72762247-APN-SLYA#MEC) que integra esta medida.

ARTÍCULO 2°.- Déjanse sin efecto los artículos 2°, 3° y 4° de la resolución 1358 del 9 de diciembre de 2024 del Ministerio de Economía (RESOL-2024-1358-APN-MEC).

ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Andres Caputo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 16/07/2025 N° 49994/25 v. 16/07/2025

• Leyes:
  • 23660
    infoleg 62
  • 23661
    infoleg 63
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 912/2024
    infoleg 405427
  • 1045/2024
    infoleg 406548

Análisis Legal de la RESOL-2025-2178-APN-MS

I. Marco Normativo y Antecedentes

La presente resolución se dicta en el marco de la Ley 22.520 y sus modificaciones, la Ley 23.660 y Ley 23.661, así como el Decreto 912/2024 y Decreto 1045/2024, que establecen el marco legal para la intervención de la Obra Social del Personal Ladrillero (R.N.A.S. N° 1-1030-5). La norma en análisis extiende la intervención por 180 días, basándose en el Decreto 912/2024, que ya había dispuesto la intervención inicial de la misma entidad.

II. Fundamento Legal de la Prórroga

La prorrogación de la intervención se fundamenta en los siguientes artículos de la Ley 22.520:

• Artículo 23: Establece las competencias del Ministerio de Salud en materia de supervisión, intervención y gestión de entidades de seguridad social y salud, incluyendo la Obra Social del Personal Ladrillero.
• Artículo 23.40: Regula la intervención de mutuales y obras sociales bajo las leyes 23.660 y 23.661.
• Artículo 23.41: Establece la autoridad de aplicación de la Ley 26.682, vinculada a la gestión de servicios de salud.
• Artículo 23.42: Establece la formulación de políticas para prevenir efectos adversos del ambiente sobre la salud, que puede incluir la estabilidad financiera de entidades.

Además, el Decreto 912/2024 y el Decreto 1045/2024 son fundamentales, ya que establecen la intervención inicial y la guía de buenas prácticas para los interventores. La Ley 23.660 también respalda la intervención, especialmente en sus artículos 1, 2, 12, 16, 22, 25, 27, 28, 35 y 37-40, que regulan la gestión, responsabilidad, y sostenibilidad de las entidades de seguridad social.

III. Contenido de la Resolución

La resolución prorroga la intervención de la Obra Social del Personal Ladrillero por 180 días, manteniendo al Interventor (Jorge Carlos Alonso) en el cargo, con las mismas facultades que el Consejo Directivo. Además, el interventor debe continuar con la "Guía de Buenas Prácticas" y presentar informes mensuales a la Superintendencia de Servicios de Salud.

IV. Impacto en las Normas Anteriores

La presente resolución no modifica ni derogada normas anteriores, sino que prorroga la intervención ya establecida por el Decreto 912/2024, extendiendo el plazo de 180 días. Esto implica que:

• La intervención se mantiene en vigor, sin cambios en su estructura ni en su objetivo principal: la normalización de la entidad.
• El interventor sigue con las mismas funciones y responsabilidades, incluyendo la gestión de la entidad y la presentación de informes.
• La guía de buenas prácticas sigue vigente, como establece el Decreto 1045/2024, y el interventor debe cumplirla.

V. Derechos Afectados

La intervención de la Obra Social del Personal Ladrillero afecta directamente los derechos de los afiliados y beneficiarios, especialmente:

• Derecho a la salud: La cobertura asistencial podría verse afectada si la intervención no se gestiona adecuadamente, aunque la resolución menciona que se busca garantizar la cobertura médica.
• Derecho a la seguridad social: La estabilidad de la entidad es clave para el cumplimiento de las obligaciones de la obra social.
• Derecho a la transparencia y rendición de cuentas: La presentación de informes mensuales es un mecanismo de transparencia, aunque su eficacia depende de su cumplimiento.

VI. Irregularidades y Posibles Abusos

Aunque la resolución no menciona irregularidades específicas, el contexto sugiere que la Obra Social del Personal Ladrillero enfrentaba problemas financieros, administrativos y legales que justificaron la intervención. Sin embargo, la prórroga podría generar:

• Incertidumbre institucional: La prolongación de la intervención sin una solución definitiva podría afectar la estabilidad de la entidad.
• Riesgo de abuso de poder: La continuidad del interventor sin una evaluación periódica podría generar falta de transparencia.
• Dificultad para la normalización: Si no se logra un plan de estabilización efectivo, la intervención podría prolongarse indefinidamente, lo que afectaría a los afiliados.

VII. Conclusiones

La RESOL-2025-2178-APN-MS es una prórroga de la intervención ya establecida, basada en el marco legal de la Ley 22.520, la Ley 23.660, el Decreto 912/2024 y la Ley 23.661. Aunque se busca estabilizar la entidad, la prolongación de la intervención puede generar riesgos institucionales y de transparencia, especialmente si no se logra una solución sostenible. La continuidad del interventor y la presentación de informes son mecanismos de control, pero su eficacia dependerá de la gestión y supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud.

VIII. Recomendaciones

• Seguimiento estricto de los informes mensuales del interventor.
• Evaluación periódica de la gestión de la intervención.
• Involucrar a los afiliados en el proceso, garantizando su participación en la toma de decisiones.
• Establecer un plan de normalización con fechas límite claras para la devolución de la autonomía de la Obra Social.

IX. Conclusión Final

La resolución extiende la intervención de la Obra Social del Personal Ladrillero por 180 días, con el objetivo de estabilizar la entidad y garantizar la cobertura asistencial. Aunque se fundamenta en el marco legal existente, su prolongación sin una solución definitiva puede generar riesgos institucionales y de transparencia, lo que requiere de una gestión responsable y transparente por parte del interventor y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-55409713-APN-SCPASS#SSS, las Leyes Nros. 23.660 y sus modificaciones, 23.661 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 912 del 17 de octubre de 2024 y 1045 del 25 de noviembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 912/2024 se dispuso la intervención de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO (R.N.A.S. Nº 1-1030-5) por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, facultándose a este MINISTERIO DE SALUD a prorrogar dicho plazo si así lo considerase necesario para la consecución del objetivo del acto.

Que por el citado decreto, se designó al señor Jorge Carlos ALONSO (D.N.I. Nº 13.799.687), en el cargo de Interventor del Agente del Seguro de Salud, con las facultades de administración y ejecución que el Estatuto de la entidad le otorga al Consejo Directivo; debiendo elevar a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en el ámbito de este MINISTERIO DE SALUD, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la citada Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional.

Que en cumplimiento de dicha manda, el señor Jorge Carlos ALONSO (D.N.I. Nº 13.799.687), presentó los informes de gestión, en los cuales detalló la situación en la que se encontraba inmersa la Obra Social al momento de su asunción, el relevamiento practicado sobre los diferentes sectores de la misma y la acciones emprendidas -hasta la fecha- con el objetivo de poner en marcha el proceso de normalización de la entidad.

Que en este orden, explicitó el interventor que desde que asumiera el cargo, ha realizado denodados esfuerzos por estabilizar la situación en la que se encontraba la Obra Social, procurando normalizar su funcionamiento sin interrumpir la prestación de servicios médicos a su población beneficiaria, cuya cobertura se vio comprometida como consecuencia de los desmanejos administrativos, económicos y jurídicos a los que fue sometida por las autoridades desplazadas de su conducción.

Que así pues, precisó que se establecieron prioridades, dado que resultaba imposible encarar las acciones en forma simultánea, sin acentuar la situación anómala que presentaba en su desenvolvimiento. La primera acción, se centralizó en determinar la legitimidad de los reclamos de los prestadores, a los cuales no se les habían cancelado las deudas contraídas por los servicios prestados. Establecida esa legitimidad de origen y a fin de no interrumpir la atención de los usuarios de los servicios médicos, se trató de normalizar los pagos, afrontando las acreencias derivadas de servicios previos a la asunción de las autoridades actuales, mediante convenios de pago en cuotas accesibles y tiempos razonables.

Que como resultado de ello, se logró mantener el flujo de servicios en un ritmo adecuado, satisfaciendo los servicios de atención médica y minimizando los reclamos mediante acciones administrativas ante el órgano de contralor y las judiciales, a través de los amparos, medidas que disminuyeron drásticamente; se rescindieron contratos de prestaciones médicas por transferencia de aportes, dado que los montos fijados eran exorbitantes, siendo entabladas las acciones penales respectivas.

Que con el accionar coordinado en los aspectos médicos, jurídicos y administrativos, se está logrando gradualmente estabilizar el desempeño de la obra social.

Que si bien la instancia judicial encarada por la conducción relevada para recuperar el control de la Obra Social se encuentra cerrada; se están afrontando procesos por embargos decretados, que han alterado el patrimonio de la Obra Social y acciones legales iniciadas por prestadoras de salud, por cobro de prestaciones contra el Agente del Seguro de Salud, que no reúnen las condiciones para ser abonadas.

Que, asimismo, el interventor informó que se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede de la entidad que se encontraba sita en la Localidad de Ciudadela; por razones de espacio físico y preservación de la documentación respaldatoria de la contabilidad de la entidad; encontrándose en pleno proceso de reestructuración, clasificación y ordenamiento para que sea de utilidad a la actividad del Agente del Seguro de Salud. En esta línea, se encaró una tarea de saneamiento con el cierre de las delegaciones y prescindencia de personal, que no prestaban servicios para la Obra Social y en algunos casos sin tareas definidas.

Que el interventor se encuentra avocado tanto a las acciones tendientes al recupero de aportes a la obra social, como a la problemática existente con los Hospitales Públicos, dada la significativa deuda generada por la atención de afiliados del Agente del Seguro de Salud por parte dichos Nosocomios.

Que frente a los informes de gestión presentados por el señor Jorge Carlos ALONSO (D.N.I. Nº 13.799.687), las diversas áreas técnicas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, tomaron las intervenciones de sus respectivas incumbencias, elaborando los informes de rigor, exponiendo los avances y las problemáticas pendientes de resolución, en el marco del proceso de normalización del Agente del Seguro de Salud.

Que la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL del citado Organismo de Control, advirtió que con las medidas de orden económico financiero llevadas a cabo, se logró una reducción sustancial del déficit operativo, se optimizaron los fondos disponibles y se garantizó la cobertura asistencial a los afiliados; no obstante, pese a los significativos avances registrados en materia de saneamiento financiero, regularización prestacional, reestructuración administrativa y fortalecimiento institucional, subsisten riesgos relevantes derivados de la persistencia de una situación financiera que podría impedir al Agente del Seguro de Salud, cumplir con sus obligaciones.

Que, en consecuencia, la continuidad de la intervención resulta indispensable para garantizar la estabilización definitiva del funcionamiento institucional, consolidar los avances logrados en materia de cobertura médica a los afiliados, completar las acciones de recuperación financiera iniciadas y asegurar la plena sostenibilidad de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO (R.N.A.S. Nº 1-1030-5).

Que en virtud de lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 912/2024, corresponde prorrogar la intervención por un nuevo plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a fin de continuar con las acciones necesarias para su normalización y garantizar el adecuado funcionamiento de la cobertura médico asistencial a los beneficiarios.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes tomaron la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 103 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificaciones, y el Decreto N° 912 del 17 de octubre de 2024.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, la intervención de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO (R.N.A.S. Nº 1-1030-5), dispuesta por el Decreto N° 912 del 17 de octubre de 2024.

ARTÍCULO 2°.- El Interventor designado por el Decreto N° 912 del 17 de octubre de 2024, señor Jorge Carlos ALONSO (D.N.I. Nº 13.799.687), continuará en el ejercicio del cargo con las facultades de administración y ejecución previstas por el Estatuto del Agente del Seguro de Salud.

ARTÍCULO 3°.- El Interventor deberá proseguir con el cumplimiento de la “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORES DEL AGENTE DEL SEGURO DE SALUD”, aprobada por el Decreto N° 1045 del 25 de noviembre de 2024 y elevar a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en el ámbito de este MINISTERIO DE SALUD, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO (R.N.A.S. Nº 1-1030-5), con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese

Mario Iván Lugones

e. 16/07/2025 N° 50193/25 v. 16/07/2025

• Leyes:
  • 27233
    infoleg 257451
  • 27742
    infoleg 401266
• Decretos:
  • 1585/1996
    infoleg 41316

Análisis Legal de la RESOL-2025-525-APN-PRES#SENASA

La RESOL-2025-525-APN-PRES#SENASA establece requisitos técnicos mínimos para la autorización por equivalencia de productos veterinarios de países socios del MERCOSUR, enmarcada en el marco normativo de la Ley 27.233 (sanidad animal, inocuidad y principios de equivalencia del Acuerdo MSF de la OMC) y la Ley 27.742 (procedimientos administrativos, sanciones y transparencia). A continuación, se analizan sus aspectos legales, conexión con normas anteriores, derechos afectados y posibles irregularidades.

1. Fundamento Legal y Conexión con Normas Anteriores

La resolución se sustenta en:
- Ley 27.233:
- Artículo 1°: Establece el interés nacional en la sanidad animal y la equivalencia con estándares nacionales, lo que justifica los requisitos técnicos de la norma.
- Artículo 3° y 5°: Refuerzan la responsabilidad de los actores agroalimentarios y la autoridad del SENASA para garantizar la inocuidad, alineándose con los requisitos de la resolución (p. ej., certificados de libre venta y buenas prácticas de manufactura).
- Artículo 6°: Otorga al SENASA facultades para establecer procedimientos de control y certificación, lo que respalda la exigencia de documentación técnica (Artículo 2°).
- Artículo 14°: Establece sanciones por incumplimiento, lo que justifica la posibilidad de rechazar productos no equivalentes.

• Ley 27.742:
• Artículos 24-27 y 31: Garantizan transparencia, motivación y plazos en actos administrativos, lo que se refleja en la exigencia de documentación y la publicación en el Boletín Oficial.
• Artículos 212-213: Establecen sanciones por incumplimiento, vinculadas al rechazo de productos no cumplidores.

• Artículo 218: Refuerza la competencia del SENASA para evaluar y autorizar productos, como se menciona en el Artículo 1° de la resolución.

• Decreto 1585/1996:

• Artículo 8° (incisos e y f): Otorga al Presidente del SENASA facultades para dictar normas técnicas, lo que justifica la creación de requisitos mínimos para productos MERCOSUR.

Conexión con normas anteriores:
La resolución complementa las Resoluciones Nros. 333/25 y 338/25 del SENASA, que establecieron el régimen de equivalencia para productos veterinarios. Sin embargo, agrega requisitos técnicos específicos (p. ej., traducción de "puntos críticos" y certificados de BPM), lo que podría generar sobrecarga administrativa para los exportadores.

2. Derechos Afectados y Posibles Irregularidades

• Derecho a la libre circulación de bienes:
  La exigencia de documentación adicional (p. ej., traducción de "puntos críticos") podría ser vista como una barra no arancelaria que limita el comercio con MERCOSUR, en conflicto con el principio de no discriminación del Acuerdo MSF (Artículo 1° de la Ley 27.233).

• Derecho a la transparencia y motivación:
  La resolución menciona "puntos críticos" sin definirlos concretamente, lo que podría generar subjetividad en la evaluación de equivalencia, vulnerando el principio de legalidad (Artículo 23 de la Ley 27.742).

• Derecho a la defensa:
  Aunque la resolución menciona la posibilidad de sanciones (Artículo 14° de la Ley 27.233), no se especifica cómo se garantizaría el derecho a impugnar decisiones (Artículo 41-43 de la Ley 27.742), lo que podría generar irregularidades en el proceso de autorización.

• Derecho a la igualdad:
  La exigencia de certificados de BPM y CLV para productos MERCOSUR, pero no para nacionales, podría ser vista como discriminación indirecta, aunque se justifica bajo el principio de equivalencia.

3. Posibles Abusos y Limitaciones

• Discrecionalidad del SENASA:
  La evaluación de "equivalencia" depende de la interpretación del SENASA, lo que podría llevar a abuso de poder si no se establecen criterios objetivos.

• Carga administrativa excesiva:
  La obligación de traducir "puntos críticos" (Artículo 2°) podría generar costos adicionales para los exportadores, afectando la competitividad de los productos MERCOSUR.

• Falta de transparencia en la definición de "puntos críticos":
  Sin una lista clara de estos puntos, se abre espacio para interpretaciones arbitrarias, lo que podría violar el principio de seguridad jurídica.

4. Conclusión

La RESOL-2025-525-APN-PRES#SENASA es legalmente válida en su marco normativo, pero su aplicación requiere transparencia y objetividad para evitar irregularidades. Aunque refuerza la protección de la salud animal y la inocuidad, su enfoque en requisitos técnicos específicos podría generar sobrecargas administrativas y dudas sobre la igualdad de trato entre productos nacionales y extranjeros. Su vigencia en el Boletín Oficial (Artículo 4°) garantiza su publicidad, pero su implementación dependerá de la claridad en la definición de criterios de equivalencia y la garantía de derechos procesales.

Recomendación: Se sugiere que el SENASA publique un reglamento detallado sobre los "puntos críticos" y los criterios de evaluación de equivalencia, para asegurar transparencia y evitar abusos.

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-42957573- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 27.233 y 27.742; las Resoluciones Nros. RESOL-2025-11-APN-PRES#SENASA del 9 de enero de 2025, RESOL-2025-333-APN-PRES#SENASA del 15 de mayo de 2025 y RESOL-2025-338-APN-PRES#SENASA del 17 de mayo de 2025, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° RESOL-2025-11-APN-PRES#SENASA del 9 de enero de 2025 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA aprueba los requisitos generales para el registro y la comercialización de productos veterinarios en la REPÚBLICA ARGENTINA, en resguardo de la salud animal, la inocuidad alimentaria y el comercio seguro.

Que mediante la Resolución N° RESOL-2025-333-APN-PRES#SENASA del 15 de mayo de 2025 del citado Servicio Nacional se establece el procedimiento de autorización por equivalencia para productos veterinarios, permitiendo el reconocimiento de registros otorgados por autoridades sanitarias extranjeras con estándares equiparables.

Que, a su vez, por la Resolución N° RESOL-2025-338-APN-PRES#SENASA del 17 de mayo de 2025 del mencionado Servicio Nacional se incorpora a los países socios fundadores del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) al régimen de equivalencia.

Que resulta necesario complementar dicho marco normativo a fin de establecer los requisitos técnicos mínimos específicos que deben cumplir los productos veterinarios provenientes de países socios fundadores del MERCOSUR, garantizando su equivalencia con los estándares nacionales.

Que esta norma procura evitar la autorización de productos que no respondan a los estándares mínimos establecidos en la REPÚBLICA ARGENTINA y dotar de fundamentos claros a las decisiones técnicas de rechazo, cuando corresponda.

Que la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico y la Dirección Nacional de Sanidad Animal han tomado intervención en el ámbito de sus competencias.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 8°, incisos e) y f), del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Requisitos para países socios fundadores del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR). Los productos veterinarios elaborados en países socios fundadores del MERCOSUR para los que se solicite autorización por equivalencia, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones Nros. RESOL-2025-333-APN-PRES#SENASA del 15 de mayo de 2025 y RESOL-2025-338-APN-PRES#SENASA del 17 de mayo de 2025, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, deben cumplir con los requisitos establecidos en la presente norma complementaria.

ARTÍCULO 2°.- Documentación técnica obligatoria. Los productos veterinarios elaborados en países socios fundadores del MERCOSUR deben presentar la siguiente documentación técnica:

Inciso a) Para productos veterinarios: Certificado de Libre Venta (CLV) o de exportación para los países incorporados al Anexo de la citada Resolución N° 333/25 y su modificatoria, emitido por la autoridad sanitaria competente del país de origen, en el que conste la fórmula completa, garantizando que estos no afecten en forma comprobada el estatus sanitario de la REPÚBLICA ARGENTINA, en concordancia con el principio de equivalencia previsto en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), y el establecimiento elaborador; y Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigentes.

Inciso b) Traducción obligatoria. Puntos Críticos. En caso de que el Dossier de los productos veterinarios requerido por el Artículo 4° de la citada Resolución N° 333/25, no estuviera en idioma inglés o español, los puntos críticos que deben ser considerados para su traducción son los de inocuidad, eficacia, seguridad, pureza, tolerancia, duración de la inmunidad, estabilidad y trazabilidad de procesos.

ARTÍCULO 3°.- Comercialización de productos. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, todos los productos veterinarios que se comercialicen para o entre los países listados en el Anexo de la citada Resolución N° 333/25 y su complementaria N° 338/25, deben cumplir con lo establecido en la presente norma.

ARTÍCULO 4°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Los plazos dispuestos para los procedimientos de autorización por equivalencia se computarán a partir de la entrada en vigencia de esta norma complementaria.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Pablo Cortese

e. 16/07/2025 N° 50234/25 v. 16/07/2025

• Leyes:
  • 22415
    infoleg 16536
  • 24385
    infoleg 774
• Decretos:
  • 618/1997
    infoleg 44432
  • 953/2024
    infoleg 405666

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2025

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-01664998- -AFIP-DECEAD#DGADUA y

CONSIDERANDO:

Que el Título I de la Sección V del Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones- dispone, entre otras cuestiones, que el servicio aduanero permitirá que toda o parte de la mercadería transportada transborde a otro medio de transporte, siempre que se encontrare incluida en la declaración de la carga y no hubiere sido aún descargada, pudiendo efectuarse dicho transbordo sólo con la previa autorización y bajo control del servicio aduanero, en los lugares y durante los horarios habilitados para ello.

Que, asimismo, el artículo 416 del citado plexo legal establece que este Organismo determinará las formalidades y los demás requisitos que deberá contener la solicitud de transbordo, incluidos los relativos al modo de descripción de la mercadería.

Que, el Protocolo Adicional de Asuntos Aduaneros al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná -aprobado mediante la Ley N° 24.385-, determinó el control de las autoridades de la aduana donde se transbordan las mercancías desde un medio de transporte fluvial, exponiendo que ninguna de sus disposiciones limita el derecho de las aduanas, en caso de sospecha de fraude, a ejercer la visita, verificación de las cargas u otros controles juzgados convenientes.

Que, por su parte, la Resolución N° 630 (ANA) del 15 de marzo de 1994, sus modificatorias y complementarias, estableció las disposiciones operativas asociadas a la afectación de transbordo.

Que, en relación a ello, mediante la Resolución General N° 3.433 se reglamentó un procedimiento simplificado de declaración aduanera en el Sistema Informático MALVINA (SIM), con carácter de declaración comprometida a través de la utilización del “Código AFIP” específico, para las operaciones de transbordo de mercaderías arribadas al territorio aduanero por la vía acuática.

Que, posteriormente, la Resolución General N° 5.261 abrogó a su par, la Resolución General Nº 3.433, en tanto se entendió propicio incorporar al procedimiento simplificado de registro y trámite allí establecido a aquellas operaciones de transbordo de mercaderías que arribaren al territorio aduanero por la vía aérea o terrestre y debieran transbordar a otro medio de transporte por la vía acuática hacia el exterior o al Sector Antártico Argentino.

Que, en virtud de la experiencia recogida en la aplicación de cada una de las normas referidas, se estima necesario modificar los procedimientos vigentes, tendientes a optimizar la fluidez en la operatoria aduanera y reducir los costos del comercio exterior, evitando una sobrecarga en el control de mercaderías destinadas a otra plaza.

Que, en ese sentido, resulta oportuno reformular las condiciones de registro de las declaraciones de transbordo y asegurar la aplicación efectiva del análisis de riesgo, a fin de agilizar el control aduanero de las operaciones involucradas.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Operaciones Aduaneras del Interior, Control Aduanero y Sistemas y Telecomunicaciones, y la Dirección General de Aduanas.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 5.261, en la forma que se indica a continuación:

a) Sustituir el artículo 2°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2º.- Para la declaración de las mercaderías en las operaciones de transbordo detalladas (TRB) se integrará, con carácter de declaración comprometida, el campo “Posición SIM/DC” del formulario OM-1993-A SIM con el “Código AFIP” específico correspondiente a la operación de que se trate.

Los referidos códigos y sus actualizaciones, de corresponder, serán publicados en el micrositio “Transbordo Código” del sitio “web” de este Organismo (https://www.arca.gob.ar).”.

b) Sustituir el Anexo I por el Anexo (IF-2025-02602894-ARCA-SGDADVCOAD#SDGINS) que se aprueba y forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y la implementación de sus disposiciones se efectuará conforme el cronograma que estará disponible en el micrositio “Transbordo Código” del sitio “web” de este Organismo (https://www.arca.gob.ar).

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial, difúndase en el Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.

Juan Alberto Pazo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 16/07/2025 N° 49789/25 v. 16/07/2025

• Leyes:
  • 24156
    infoleg 554
  • 27701
    infoleg 375860
• Decretos:
  • 1131/2024
    infoleg 407815
  • 1344/2007
    infoleg 133006
  • 820/2020
    infoleg 343526
  • 436/2023
    infoleg 389005
  • 56/2023
    infoleg 378946
    infoleg 395395
  • 23/2024
    infoleg 395823
  • 280/2024
    infoleg 397667
  • 594/2024
    infoleg 401270
  • 1104/2024
    infoleg 407339

Análisis Legal de la RESFC-2025-33-APN-SH#MEC

La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC, emitida por el Ministerio de Economía, es una resolución que autoriza la ampliación de la emisión de una "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses" con vencimiento en 2030, cuyo monto es de USD 1.519.453, para reemplazar el 60% de los intereses de una "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses" con vencimiento en 2033, que se vence el 16 de julio de 2025. Este acto normativo se basa en un marco normativo complejo que incluye leyes, decretos y resoluciones anteriores, y se fundamenta en la Ley 27.701, el Decreto 1131/2024, y la Ley 24.156**, entre otros.

1. Marco Normativo de la RESFC-2025-33-APN-SH#MEC

La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC se fundamenta en:

• Ley 24.156: Establece el marco general de la Administración Financiera del Sector Público Nacional, regulando la gestión de la deuda pública y la **competencia de los órganos responsables de la coordinación de los sistemas financieros del Estado.
• Ley 27.701: Es la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, que rige para el ejercicio 2025, conforme al artículo 27 de la Ley 24.156.
• Decreto 1131/2024: Establece la continuidad presupuestaria en ausencia de la Ley de Presupuesto 2025, y autoriza la ampliación de la emisión de títulos públicos dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la Ley 27.701.
• Decreto 1104/2024: Establece la reemplazabilidad de títulos públicos y el reemplazo de intereses mediante nuevos títulos, con condiciones específicas de tasa de interés y plazo.
• Decreto 1344/2007: Regula la gestión de la deuda pública y la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas.
• Decreto 820/2020: Modifica la distribución de competencias en los procesos de contratación, especialmente en la emisión de títulos públicos y la gestión de créditos públicos.
• Decreto 23/2024: Permite la emisión de títulos públicos en dólares, con condiciones específicas de tasa de interés y plazo.
• Decreto 280/2024: Establece el reemplazo de títulos públicos y la reestructuración de la deuda.
• Decreto 436/2023: Autoriza operaciones de crédito público y la emisión de títulos públicos con límites y condiciones establecidos.
• Resolución Conjunta 3/2023: Establece la coordinación entre las secretarías de Hacienda y Finanzas para la gestión de la deuda pública.
• Resolución Conjunta 1/2025: Autoriza la emisión de la "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2030.
• Decreto 56/2023: Establece límites para operaciones de crédito público y la autorización de operaciones de deuda pública.
• Decreto 594/2024: Establece planillas anexas que definen los límites y condiciones para la emisión de títulos públicos.

2. Impacto de la RESFC-2025-33-APN-SH#MEC en las normas anteriores

La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC se inserta en un marco normativo que ya establece límites, condiciones y autorizaciones para la emisión de títulos públicos y la gestión de la deuda pública. En este sentido, la nueva resolución modifica y amplía** lo establecido en:

• Artículo 37 de la Ley 27.701: La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC amplía la emisión de títulos públicos dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la Ley 27.701, que se encuentra vigente para el ejercicio 2025.
• Artículo 9° del DNU 1104/2024: La nueva resolución se alinea con el mecanismo de reemplazo de títulos públicos y la reestructuración de la deuda, como se establece en este decreto.
• Decreto 1104/2024: La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC repite el mecanismo de reemplazo de títulos públicos y reemplaza el 60% de los intereses de la "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 16 de enero de 2033" por nuevos títulos públicos.
• Decreto 23/2024: La nueva resolución se fundamenta en la autorización de operaciones de crédito público y la emisión de títulos públicos en dólares, como se establece en este decreto.
• Decreto 280/2024: La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC se alinea con el mecanismo de reemplazo de títulos públicos y la reestructuración de la deuda.

En consecuencia, la RESFC-2025-33-APN-SH#MEC no modifica directamente las normas anteriores, sino que se fundamenta en ellas y se inserta en el marco normativo existente para autorizar una operación específica de reemplazo de títulos públicos.

3. Derechos afectados por la RESFC-2025-30-APN-SH#MEC

La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC afecta los siguientes derechos:

• Derecho a la transparencia y publicidad: Aunque la norma menciona la publicación en el Boletín Oficial, no se especifica si se cumplen los requisitos de transparencia y participación ciudadana en la decisión de reemplazar parte de los intereses por nuevos títulos públicos.
• Derecho a la legalidad y el debido proceso: La autorización de la operación se fundamenta en normas previas, pero no se menciona un proceso de consulta pública o participación de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación o la Auditoría General de la Nación, lo que podría generar dudas sobre su legalidad.
• Derecho a la igualdad y equidad: La reestructuración de la deuda puede afectar a los inversionistas que adquirieron los títulos originales, al reemplazarlos por nuevos títulos con condiciones diferentes, lo que podría ser discriminatorio si no se cumplen los requisitos de transparencia y equidad.
• Derecho a la propiedad y la libertad de contratación: La reemplazabilidad de los títulos puede afectar los derechos de los inversores, si no se garantiza la libertad de elección y transparencia en la operación.

4. Posibles irregularidades y abusos

Aunque la RESFC-2025-33-APN-SH#MEC se fundamenta en normas anteriores, existen puntos que podrían considerarse como irregularidades o posibles abusos**:

• Falta de transparencia: No se menciona si se informó a los inversores sobre la reemplazabilidad de los títulos ni si se respetaron los derechos de los acreedores.
• Falta de control institucional: No se menciona si la Sindicatura General de la Nación o la Auditoría General de la Nación participaron en la evaluación de la operación, lo que podría ser una omisión en el marco de la Ley 24.156.
• Falta de justificación clara: No se detalla por qué se opta por reemplazar los intereses por nuevos títulos en lugar de pagarlos en efectivo, lo que podría ser un mecanismo de financiación de la deuda sin una justificación clara**.
• Falta de garantías para los inversores: No se menciona si se garantizan los derechos de los inversores ni si se respetan los términos de los títulos originales, lo que puede generar incertidumbre en el mercado.

5. Conclusión

La RESFC-2025-33-APN-SH#MEC es una resolución que autoriza la ampliación de la emisión de títulos públicos en el marco de un sistema de reemplazo de intereses por nuevos títulos, dentro de los límites y condiciones establecidos en el marco normativo vigente. Sin embargo, no se mencionan los mecanismos de transparencia, participación ciudadana o control institucional que son esenciales para garantizar la legalidad y la equidad en la gestión de la deuda pública.

Aunque no se detectan irregularidades explícitas, sí se identifican puntos que podrían considerarse como posibles abusos o deficiencias en el marco normativo, como la falta de transparencia, control institucional y justificación clara de la operación**.

En este contexto, la RESFC-2025-33-APN-SH#MEC se inscribe en un sistema de gestión de la deuda pública que, aunque está regulado, necesita un mayor marco de transparencia y participación ciudadana para garantizar la legalidad y la equidad en la gestión de los recursos públicos.

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2025

Visto el expediente EX-2025-00202918- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131 del 27 de diciembre de 2024, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de 2020, 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE), 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), 280 del 26 de marzo de 2024 (DNU-2024-280-APN-PTE), 594 del 5 de julio de 2024 (DNU-2024-594-APN-PTE) y 1104 del 17 de diciembre de 2024 (DNU-2024-1104-APN-PTE), y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que a través del artículo 37 de la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131 del 27 de diciembre de 2024 con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 2° del decreto 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE), 1° del decreto 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), 7° del decreto 280 del 26 de marzo de 2024 (DNU-2024-280-APN-PTE), 6° del decreto 594 del 5 de julio de 2024 (DNU-2024-594-APN-PTE) y 6º del decreto 1104 del 17 de diciembre de 2024 (DNU-2024-1104-APN-PTE), se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.

Que en el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado a través del artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de Economía.

Que mediante el artículo 9° del decreto 1104/2024 se dispone que durante el corriente ejercicio fiscal los pagos de los servicios de amortización de capital y el sesenta por ciento (60%) de los servicios de intereses de las letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses, en cartera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos emitidos a la par, a cinco (5) años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, y que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa SOFR TERM a un (1) año más el margen de ajuste de cero coma setenta y un mil quinientos trece cienmilésimas por ciento (0,71513%) menos un (1) punto porcentual, aplicada sobre el monto de capital efectivamente suscripto, conforme lo determine el Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera; y que el cuarenta por ciento (40%) restante de los servicios de intereses de las citadas letras se abonará en efectivo.

Que el 16 de julio del corriente año opera el vencimiento del quinto cupón de interés de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 16 de enero de 2033”, emitida originalmente mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 3 del 13 de enero de 2023 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2023-3-APN-SH#MEC).

Que a fin de cancelar el sesenta por ciento (60%) del servicio de interés mencionado en el considerando precedente se procederá a la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2030”, emitida originalmente mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 1 del 6 de enero de 2025 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2025-1-APN-SH#MEC).

Que la operación que se impulsa se encuentra dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la ley 27.701, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131 del 27 de diciembre de 2024, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023, 1° del decreto 23/2024, 7° del decreto 280/2024, 6° del decreto 594/2024 y 6º del decreto 1104/2024.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 37 de la ley 27.701, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131/2024, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023, 1° del decreto 23/2024, 7° del decreto 280/2024, 6° del decreto 594/2024 y 6º del decreto 1104/2024, en el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344/2007, y en el artículo 9° del decreto 1104/2024.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2030”, emitida originalmente mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 1 del 6 de enero de 2025 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2025-1-APN-SH#MEC), por un monto de valor nominal original dólares estadounidenses un millón quinientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y tres (VNO USD 1.519.453) para ser entregada al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a la par, devengando intereses desde la fecha de colocación, en el marco de lo dispuesto en el artículo 9° del decreto 1104 del 17 de diciembre de 2024 (DNU-2024-1104-APN-PTE).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de la operación dispuesta en el artículo 1º de esta resolución.

ARTÍCULO 3º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pablo Quirno Magrane - Carlos Jorge Guberman

e. 16/07/2025 N° 49842/25 v. 16/07/2025

• Leyes:
  • 12443
  • 5542
  • 17801
    infoleg 53050
• Decretos:
  • 1017/2024
    infoleg 406267

Análisis Legal de la RESFC-2025-2-APN-MEC

La RESFC-2025-2-APN-MEC se enmarca en el marco normativo establecido por el Decreto 1017/2024, que busca regular las hipotecas divisibles y derechos de superficie en proyectos inmobiliarios, así como la anotación de boletos de compraventa. Este acto normativo complementa y detalla los mecanismos de implementación del Decreto 1017/2024, con un enfoque en la seguridad jurídica, la transparencia y la protección de derechos reales. A continuación, se analiza su contenido en relación con los artículos constitucionales y legales mencionados en el contexto proporcionado.

1. Fundamento Constitucional y Legal

La RESFC-2025-2-APN-MEC se sustenta en los siguientes artículos constitucionales y legales:
- Artículo 17 de la Constitución Nacional: Protege el derecho a la propiedad, esencial para la regulación de hipotecas y garantías. La norma permite la constitución de hipotecas divisibles, lo que implica una división de la garantía hipotecaria en función de la subdivisión del inmueble, sin violar el principio de inviolabilidad de la propiedad (Artículo 17).
- Artículo 75 inciso 12 de la Constitución: El Congreso tiene facultad para regular el derecho civil y comercial, lo que incluye la creación de marcos legales para hipotecas y garantías. La RESFC-2025-2-APN-MEC se enmarca en esta competencia al detallar requisitos para la constitución de hipotecas divisibles y derechos de superficie.
- Ley 17.801: La norma se alinea con los artículos 1°, 2°, 3°, 10°, 12°, 14°, 18° y 29°, que regulan la inscripción de documentos, la matriculación de inmuebles y la prioridad en los derechos registrales. Por ejemplo, el Artículo 14° de la Ley 17.801 se refleja en la obligación de inscribir transmisiones y derechos reales en orden cronológico (Artículo 14 de la RESFC-2025-2-APN-MEC).

2. Impacto en Normas Anteriores

La RESFC-2025-2-APN-MEC complementa al Decreto 1017/2024 sin contradecirlo, sino profundizando en sus disposiciones:
- Hipotecas Divisibles: El Decreto 1017/2024 (Título I) estableció la posibilidad de constituir hipotecas divisibles, mientras que la RESFC-2025-2-APN-MEC (Artículos 1°, 2°, 4°) detalla los requisitos para su constitución, como la descripción del proyecto de subdivisión y la documentación necesaria (planos, certificados, etc.).
- Anotación de Boletos de Compraventa: El Decreto 1017/2024 (Título III) facultó a la CNV para autorizar entidades a anotar boletos de compraventa, y la RESFC-2025-2-APN-MEC (Artículos 9°, 10°, 11°) establece los pasos para su inscripción, incluyendo la necesidad de inscribir la afectación del inmueble en el registro de propiedad antes de recurrir a la CNV.
- Derechos de Superficie: El Decreto 1017/2024 (Título II) reguló las hipotecas sobre derechos de superficie, y la RESFC-2025-2-APN-MEC (Artículos 5°, 6°) exige documentación adicional, como croquis firmados por profesionales habilitados, para garantizar la individualización del derecho.

3. Derechos Afectados

La norma impacta en los siguientes derechos:
- Derecho a la Propiedad (Artículo 17): La constitución de hipotecas divisibles y la afectación de unidades proyectadas al régimen de propiedad horizontal pueden limitar la libre disposición del inmueble, aunque se garantiza la indemnización previa en caso de expropiación (Artículo 17).
- Derecho a la Seguridad Jurídica: La obligación de inscribir boletos de compraventa y contratos en registros públicos (Artículos 9°, 11°) busca evitar conflictos sobre la titularidad de las unidades, pero podría generar cargas administrativas para los desarrolladores.
- Derecho a la Igualdad (Artículo 16): La norma no discrimina entre sujetos, pero su aplicación estricta podría generar desigualdades si las entidades autorizadas por la CNV no cumplen con estándares uniformes.

4. Irregularidades y Posibles Abusos

Aunque la norma busca regularizar los procesos, se identifican riesgos:
- Falta de Transparencia en la CNV: La Artículo 13 exige que la CNV publique un listado de entidades autorizadas, pero no especifica mecanismos para garantizar su imparcialidad. Esto podría permitir abuso de poder si se otorgan autorizaciones a entidades no reguladas.
- Cargas Excesivas en la Documentación: La Artículo 2° exige documentación detallada (planos, certificados, informes de deuda), lo que podría retrasar proyectos inmobiliarios o excluyendo a desarrolladores de menor capacidad financiera.
- Expiración de Anotaciones: La Artículo 12 establece que la anotación de boletos de compraventa caduca a los 5 años si no se renueva. Esto podría generar incertidumbre para los adquirentes si no se cumplen los plazos.

5. Coherencia con el Marco Constitucional

La RESFC-2025-2-APN-MEC se alinea con los principios constitucionales:
- Artículo 108 y 116: La estructura judicial garantiza la aplicación de la norma, pero su eficacia depende de la independencia de los registros públicos (Artículo 34).
- Artículo 75: El rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación (Artículo 18) refuerza la competencia del Congreso para regular materias inmobiliarias.
- Artículo 14 bis: Aunque se enfoca en derechos laborales, la norma refuerza la protección legal de operaciones económicas, incluyendo las inmobiliarias.

Conclusión

La RESFC-2025-2-APN-MEC constituye un marco operativo para la implementación del Decreto 1017/2024, con un enfoque en la seguridad jurídica y la transparencia en las operaciones inmobiliarias. Sin embargo, su aplicación requiere supervisión para evitar irregularidades en la autorización de entidades por la CNV y garantizar que los requisitos de documentación no generen barreras injustas para los sujetos involucrados. La norma respete los derechos constitucionales, pero su éxito dependerá de la coordinación entre las autoridades (Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia y registros provinciales) y la eficacia de los mecanismos de control.

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

Visto el expediente EX-2025-37229133- -APN-DGDA#MEC, la Ley de Ministerios – t.o. 1992 - y sus modificaciones, el decreto 1017 del 12 de noviembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el decreto 1017 del 12 de noviembre de 2024 se implementaron medidas destinadas a estimular el desarrollo del mercado de créditos hipotecarios, con el propósito de establecer las condiciones necesarias para su promoción, impulsando a su vez el sector inmobiliario y urbanístico, con el principal objetivo de reducir el déficit habitacional y contribuir a la reactivación económica del país.

Que, en dicho marco, en el título I del decreto mencionado en el considerando precedente se regularon las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios, disponiendo en su artículo 1° que podrán constituirse hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en los artículos siguientes de esa medida.

Que, asimismo, por el título II del decreto 1017/2024 se reguló la hipoteca sobre derecho real de superficie para proyectos inmobiliarios, previendo en su artículo 5° que el titular del derecho de superficie podrá constituir hipoteca sobre el derecho real de superficie, es decir sobre la rasante, vuelo o subsuelo, o sobre el derecho a construir en el inmueble, dentro del plazo de duración del derecho de superficie, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2120 y 2206 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Que en el título III del decreto mencionado en el considerando precedente se reguló la anotación y, en particular, por el artículo 10 se facultó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, a autorizar a las entidades que cumplan con los requisitos que establezca la normativa que dicte al efecto, a anotar los boletos de compraventa, y todo otro contrato sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal o cualquier otro régimen de subdivisión del suelo, que prometan la entrega del derecho real de dominio o superficie sobre un inmueble futuro, sobre el cual no se pueda ejercer la posesión, en razón de la inexistencia de situación constructiva suficiente.

Que, asimismo, a través del artículo 15 del decreto 1017/2024 se establece que el Ministerio de Economía dictará las medidas complementarias necesarias para la mejor implementación de esa medida, asegurando la vigencia y resguardo del derecho de propiedad y acceso a la vivienda.

Que, a su vez, en el artículo 18 del decreto citado en el considerando precedente se dispone que el Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación de ese decreto pudiendo dictar las normas operativas y complementarias que resulten pertinentes.

Que, por otro lado, a través del artículo 20 de la Ley de Ministerios –t.o. 1992- y sus modificaciones, se establece entre las competencias del Ministerio de Economía la de entender en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con el desarrollo del hábitat, la vivienda y la integración urbana, atendiendo a las diversidades, demandas y modos de habitar de las diferentes regiones del país, entre otras.

Que, a su vez, mediante el artículo 22 de la Ley de Ministerios –t.o. 1992- y sus modificaciones, se establece entre las competencias del Ministerio de Justicia la de entender en la organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos de las personas, entre otras.

Que, en esta instancia, se considera pertinente dictar la presente medida con el objeto de reglamentar los referidos títulos del decreto 1017/2024 con el fin de permitir su adecuada implementación.

Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Justicia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios –t.o. 1992- y sus modificaciones, y los artículos 15 y 18 del decreto 1017/2024.

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA

Y

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que las hipotecas divisibles podrán constituirse al momento de otorgarse la escritura constitutiva del derecho real de hipoteca en los términos de lo previsto en el artículo 2208 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al momento de otorgarse la escritura de constitución del derecho real de superficie, a los efectos previstos en el título II del decreto 1017 del 12 de noviembre de 2024.

Asimismo, podrá constituirse el derecho real de hipoteca en virtud de lo establecido en el artículo 2208 del Código Civil y Comercial de la Nación que no sea divisible al momento de otorgarse su escritura constitutiva, pero sujetarlo a división en virtud de lo establecido en el artículo 1° del decreto 1017/2024 al momento en que se otorguen las escrituras, a los fines de subdividir el inmueble y transferir la titularidad de las unidades funcionales y complementarias y/o parcelas y subparcelas resultantes a favor de los respectivos adquirentes, produciéndose en consecuencia simultáneamente en ese momento, la división del crédito y de la garantía hipotecaria.

ARTÍCULO 2°.- En las escrituras públicas que se otorguen a los fines de constituir las hipotecas divisibles, en los términos de lo previsto en el título I del decreto 1017/2024, deberá realizarse una precisa descripción del proyecto de subdivisión al que se someterá el inmueble afectado a la garantía, dándose además cumplimiento a lo previsto en el artículo 2° del citado decreto y al resto de los requerimientos que exija la normativa aplicable.

Asimismo, se deberá adjuntar a dichas escrituras la siguiente documentación:

a) Plano de mensura del inmueble afectado;

b) Constancia de estado de ocupación del inmueble afectado;

c) Copia del proyecto urbanístico o plano del proyecto de la obra y/o plano de subdivisión respectivo, acompañado por la constancia de la apertura del expediente respectivo ante la misma autoridad competente (en este último supuesto, firmado por profesional con título habilitante), y del que resulte en cualquiera de ambos supuestos el número y características principales de todas las futuras unidades -funcionales y en su caso complementarias-, parcelas y/o subparcelas proyectadas como resultantes de la subdivisión del inmueble del que se trate, que permitan su adecuada individualización;

d) Informe de deuda por impuestos, tasas o contribuciones del inmueble afectado previstos en la normativa local;

e) Los certificados expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble y la oficina catastral correspondiente, según corresponda, de los cuales resulten las condiciones de dominio del inmueble y sus restricciones, así como que este y su propietario no están afectados por medidas cautelares que les impidan disponer de este;

f) El compromiso irrevocable del titular del inmueble de afectarlo al régimen de propiedad horizontal o cualquier otro régimen de subdivisión del suelo, según el proyecto de que se trate, que prometan la entrega del derecho real de dominio sobre un bien futuro (unidad, parcela y/o subparcela); y

g) Los datos claros y precisos del registro público o de la entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, a cargo del registro que llevará la anotación de los boletos de compraventa u otros contratos referidos en el artículo 10 del decreto 1017/2024, ante quien el desarrollador solicitará la inscripción de tales instrumentos.

ARTÍCULO 3°.- A los fines de su oponibilidad y para garantizar una correcta aplicación de lo dispuesto en el título I del decreto 1017/2024, podrán registrarse los boletos de compraventa así como cualquier otro contrato por el que se prometa la entrega del derecho real de dominio sobre un inmueble futuro, que tuvieren por objeto unidades funcionales y complementarias y/o parcelas y subparcelas proyectadas como resultantes de la subdivisión referida en el artículo 1° del citado decreto, debiendo en tal supuesto anotarse cada uno de ellos en un folio especial, con la debida vinculación al folio real del inmueble afectado a la hipoteca divisible. En el folio especial mencionado se tomará razón del estado jurídico del boleto de compraventa y/o del contrato sobre unidades construidas o proyectadas de que se trate, de la cesión, prenda, afectaciones cautelares, así como cualquier otra afectación a regímenes especiales, limitaciones y/o restricciones al contrato o derecho registrado.

ARTÍCULO 4°.- Al momento de otorgarse la escritura a los fines de subdividir el inmueble con los alcances previstos en el título I del decreto 1017/2024 y transferir la titularidad de las unidades funcionales y complementarias y/o parcelas y subparcelas resultantes a favor de los respectivos adquirentes, deberá también procederse a la correspondiente división del crédito de la garantía hipotecaria, de conformidad con lo que se hubiese acordado oportunamente con el acreedor hipotecario, y consignarse en esa escritura el saldo de la deuda vigente con relación a esa unidad, parcela o subparcela y sus condiciones de pago, así como la respectiva asunción de deuda por parte del adquirente y de la aceptación de su calidad de deudor hipotecario.

Asimismo, en dicha escritura deberá constar: (i) la liberación del propietario del inmueble si fuera el deudor originario respecto del saldo de la deuda asumida por cada adquirente; (ii) la aceptación del acreedor hipotecario a los términos bajo los cuales se lleve adelante el proceso de división del crédito de la garantía hipotecaria; y (iii) la liberación del derecho real de hipoteca sobre aquellas unidades, parcelas y/o subparcelas cuyo adquirente no asuma saldo de deuda alguna o, si habiéndola asumido, la cancele en forma previa al otorgamiento de dicho acto. En caso de no existir saldo deudor se deberá reflejar dicha situación en la escritura referida.

ARTÍCULO 5°.- En las escrituras públicas de constitución de hipotecas sobre el derecho real de superficie, a los efectos previstos en el título II del decreto 1017/2024, deberá agregarse un croquis o proyecto de plano firmado por profesional con título habilitante que certifique que el proyecto se ajusta a la normativa vigente en la materia, del cual resulte la determinación precisa del objeto de dicho derecho real, especificándose en caso de partes materialmente determinadas, su ubicación precisa, superficie, altura, u otros elementos que aseguren su adecuada individualización.

Asimismo, en dichas escrituras deberá preverse que, al momento de la extinción del derecho de superficie, la indemnización al superficiario prevista en el artículo 2126 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° del decreto 1017/2024, consista en la transmisión a este del dominio pleno del inmueble, subsistiendo los derechos reales constituidos sobre el derecho real de superficie, de corresponder.

ARTÍCULO 6°.- La afectación de las unidades construidas o proyectadas al régimen de propiedad horizontal o cualquier otro régimen de subdivisión del suelo que prometa la entrega del derecho real sobre un inmueble futuro en los términos de lo previsto en el artículo 10 del decreto 1017/2024, deberá instrumentarse mediante acta notarial e inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda en el rubro gravámenes del folio real respectivo. De dicha acta deberá resultar la determinación precisa de las unidades o parcelas a construirse o dividirse, conforme el proyecto de plano de obra y/o subdivisión presentado ante la autoridad competente en la materia que deba intervenir en virtud de lo dispuesto en la normativa que resulte aplicable y el croquis efectuado por profesional habilitado que en copia autenticada deberán quedar agregados o referenciados en el folio respectivo. La inscripción de dicha afectación ante el Registro de la Propiedad Inmueble caducará a los diez (10) años si antes no se renovare su anotación a solicitud de cualquiera de las partes interesadas, incluyendo a la entidad financiera que hubiera otorgado el crédito hipotecario para concretar la operación de que se trate, de corresponder.

ARTÍCULO 7°.- En el acta notarial referida en el artículo 6° de la presente medida se dejará constancia de:

a) Estado de ocupación del inmueble;

b) Informe de deuda por impuestos, tasas o contribuciones previstos en la normativa local;

c) Los certificados expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble y la oficina catastral correspondiente, según corresponda, de los cuales resulten las condiciones de dominio del inmueble y sus restricciones, así como que este y su propietario no están afectados por medidas cautelares que les impidan disponer de este;

d) El compromiso irrevocable del titular del inmueble de afectarlo al régimen de propiedad horizontal o cualquier otro régimen de subdivisión del suelo, que prometan la entrega del derecho real de dominio o superficie sobre un inmueble futuro, sobre el cual no se pueda ejercer la posesión; y

e) Los datos claros y precisos del registro público o la entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a cargo del registro que llevará la anotación de los boletos de compraventa u otros contratos referidos en el artículo 10 del decreto 1017/2024.

ARTÍCULO 8°.- Al acta notarial referida en el artículo 6° de la presente resolución deberá adjuntarse la solicitud de anotación de boletos de compraventa y todo otro contrato de las unidades referidas en el artículo 10 del decreto 1017/2024, así como la siguiente documentación:

a) Plano de mensura del inmueble afectado si correspondiere; y

b) Copia del proyecto urbanístico o plano del proyecto de subdivisión, con la constancia de apertura del expediente ante la autoridad competente, firmado por profesional con título habilitante y del que resulte el número y características principales de las unidades proyectadas que permitan su adecuada individualización.

ARTÍCULO 9°.- Los registros de la propiedad inmueble existentes en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referidos en el artículo 1° de la ley 17.801 y sus modificatorias y las entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en los términos de lo previsto en el artículo 10 del decreto 1017/2024 tendrán a su cargo la anotación de los boletos de compraventa y de todo otro contrato sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal o cualquier otro régimen de subdivisión del suelo alcanzadas por lo dispuesto en el citado artículo 10 del decreto 1017/2024.

En el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, el titular del inmueble de que se trate podrá optar por efectuar la anotación de los boletos de compraventa u otros contratos en el registro de la propiedad inmueble que corresponda o en la entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

ARTÍCULO 10.- En el caso de que el titular del inmueble de que se trate opte por efectuar la anotación de los boletos de compraventa o de los contratos respectivos en la entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el marco de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 9° de la presente resolución, deberá previamente inscribir la afectación del inmueble al régimen referido en el artículo 10 del decreto 1017/2024 en el registro de la propiedad inmueble existente en la provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.

ARTÍCULO 11.- Tanto en caso de que la anotación de los boletos de compraventa y de todo otro contrato sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal o cualquier otro régimen de subdivisión del suelo, alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1017/2024, sea efectuada por los registros de la propiedad inmueble existentes en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referidos en el artículo 1° de la ley 17.801 y sus modificatorias o por otras entidades que sean autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para realizar dicha tarea, a los efectos de proceder a la inscripción en forma definitiva del acta notarial de afectación al régimen citado en el artículo 10 del decreto 1017/2024, dichos registros o entidades procederán a calificar la correspondiente rogatoria de inscripción suscripta por escribano público, que podrá ser digital, presentada a efectos de la anotación del boleto de compraventa y otros contratos, según corresponda.

La rogatoria de inscripción deberá acompañar los boletos de compraventa y contratos referidos en el párrafo precedente y contener como mínimo la siguiente información, que deberá ser calificada por el profesional que ruegue su anotación:

a) Matrícula del inmueble, su ubicación y nomenclatura catastral completa;

b) Datos completos de las partes del contrato a registrar (Denominación social o nombre y apellido, datos de inscripción o Documento Nacional de Identidad, Clave Única de Identificación Tributaria, domicilio y estado civil completo si fueran personas humanas);

c) Identificación según proyecto agregado al acta notarial de afectación al régimen de la futura unidad funcional o parcela o subparcela y si correspondiera posibles futuras unidades complementarias;

d) Fecha cierta del boleto de compraventa u otros contratos previstos en el artículo 10 del decreto 1017/2024, y de tratarse de una cesión o prenda de boleto de compraventa además de la fecha cierta, el perfecto encadenamiento de la titularidad de estos; y

e) El cumplimiento de los artículos 470 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, si correspondiera.

ARTÍCULO 12.- La anotación de los boletos de compraventa y otros contratos previstos en el artículo 10 del decreto 1017/2024 se extinguirá en los siguientes casos:

a) Cuando se otorgue e inscriba la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de este;

b) A solicitud de todas las partes interesadas;

c) Por orden judicial; o

d) A los cinco (5) años, si antes no se renovare su anotación a solicitud de alguna de las partes interesadas, incluyendo a la entidad financiera que hubiera otorgado el crédito hipotecario para concretar la operación de que se trate, de corresponder.

ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo previsto en el artículo 10 del decreto 1017/2024, la Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá publicar un listado con la nómina de las entidades autorizadas para llevar adelante la registración allí prevista. Dicho listado será público y deberá ser actualizado periódicamente por el citado organismo.

ARTÍCULO 14.- Las entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para llevar adelante la registración citada en el artículo 10 del decreto 1017/2024, deberán publicar la información referida en el artículo 7° de la presente resolución.

ARTÍCULO 15.- Una vez otorgada el acta notarial referida en el artículo 6° de esta medida, los registros de la propiedad inmueble existentes en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires citados en el artículo 1° de la ley 17.801 y sus modificatorias y las entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) anotarán en el registro de boletos de compraventa y contratos respectivo:

a) Las transmisiones de derechos sobre las unidades funcionales y complementarias y/o parcelas o subparcelas proyectadas;

b) Los derechos de garantía y demás restricciones o limitaciones establecidas sobre los derechos relacionados con las unidades funcionales y complementarias y/o parcelas o subparcelas proyectadas, así como su extinción;

c) Las constancias de las certificaciones expedidas a los fines de la disposición de derechos sobre las unidades funcionales y complementarias y/o parcelas o subparcelas proyectadas;

d) El estado jurídico de los boletos de compraventa y otros contratos previstos en el artículo 10 del decreto 1017/2024, tales como lo referido al derecho personal del adquirente, la cesión, prenda, afectaciones cautelares, así como cualquier otra afectación a regímenes especiales y limitaciones y restricciones al derecho de que se trate; y

e) Cuando corresponda, la extinción de la anotación de los boletos de compraventa y otros contratos regulada en el artículo 12 de la presente medida.

Los asientos mencionados en los incisos precedentes se llevarán por orden cronológico y resguardando un perfecto encadenamiento entre los titulares de los derechos de que se trate, con la debida especificación de las circunstancias particulares que resulten de los respectivos documentos.

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, coordinarán con las jurisdicciones locales y los organismos competentes la adopción de las medidas pertinentes que garanticen una correcta aplicación de lo dispuesto en el decreto 1017/2024, cada una en el marco de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 17.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mariano Cúneo Libarona - Luis Andres Caputo

e. 16/07/2025 N° 50216/25 v. 16/07/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-59681147- -APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que, el personal del Departamento de Control de Mercado realizó una inspección en sede de la farmacia Homeopática de Flores de Alrone S.A., ubicada en Av. Rivadavia 6157, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, en la aludida inspección, el personal fue recibido por la presidenta de la firma, Nora Alicia Cáceres, quien permitió el ingreso y acompaño en el recorrido por las instalaciones, donde se detectaron cuatro (4) unidades de «ECONatural Laboratorios, ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL DECORBOXYLATED, 10 ml 5% CBD, MEDICAMENTO DE VENTA LIBRE, VIA SUBLINGUAL, FABRICADO POR LABORATORIOS ECONATURAL S.A, HECHO EN CHILE, FECHA DE VENCIMIENTO 10/2026». Asimismo, el producto declara en el estuche secundario: «ENFERMEDADES A TRATAR –Todo tipo de cáncer, Depresión, Estrés Crónico, Artritis, Trastornos de estrés postraumático, Glaucoma, Enfermedad de Alzheimer, Cefalea, Trastorno obsesivo- compulsivo, Esclerosis múltiple (EM), Esclerosis lateral amiotrofia, Dolor Crónico, Degeneración de disco, Lesión cerebral Traumática, Enfermedad de Parkinson, Distrofia Muscular, Epilepsia, Autismo, Lupus, Esquizofrenia, Leucemia, Fibromialgia, Las enfermedades del corazón, Asma, Enfermedad de Huntington, Alcoholismo, Diabetes, Obesidad, Trastornos del sueño, Síndrome de Tourette, Osteoporosis».

Que no se observan datos de un importador en la República Argentina, por lo que se procedió a tomar una unidad en carácter de muestra para posterior verificación y las tres (3) unidades restantes quedaron inhibidas preventivamente de uso, comercialización y distribución en el establecimiento.

Que se le consultó al responsable respecto de la procedencia, de la cual no ha podido acreditarla mediante documentación comercial.

Que, por otra parte, la Dirección de Gestión de la Información Técnica, que «no consta autorización de producto vegetal a base de cannabis y sus derivados, en los términos de la DI-2022-6431-APN-ANMAT#MS; ni registro de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional, del producto de nombre comercial: “ACEITE CBD decarboxilated, 10 ml, 5% CBD”, al día de la fecha. Asimismo, no consta registro de habilitación ante esta Administración Nacional, del establecimiento: “Laboratorios ECONATURAL S.A.”, al día de la fecha».

Que, no obstante, es así que, el producto simula una composición natural ya que refiere «suplemento nutricional» aunque declara ser efectivo para el tratamiento de varias patologías y síndromes.

Que, en principio, el producto podría asimilarse a los «Productos Vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana».

Que, a su vez, se desconoce su real composición, las condiciones en las que se elaboró, la calidad de las materias primas que se usaron para su fabricación y en definitiva su origen, situación que representa riesgo para la salud de los potenciales pacientes, que por desconocimiento podrían caer en el supuesto de que se trata de un producto seguro.

Que, por lo expuesto, con la finalidad de proteger a eventuales adquirientes y usuarios de los productos involucrados, el Departamento de Control de Mercado sugirió: a) Prohibir el uso, la comercialización y la distribución en el territorio nacional del «ECONatural Laboratorios, ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL DECORBOXYLATED, 10 ml 5% CBD, MEDICAMENTO DE VENTA LIBRE, VIA SUBLINGUAL, FABRICADO POR LABORATORIOS ECONATURAL S.A, HECHO EN CHILE». y b) Informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que finalmente, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en el territorio nacional del «ECONatural Laboratorios, ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL DECORBOXYLATED, 10 ml 5% CBD, MEDICAMENTO DE VENTA LIBRE, VIA SUBLINGUAL, FABRICADO POR LABORATORIOS ECONATURAL S.A, HECHO EN CHILE».

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 16/07/2025 N° 50059/25 v. 16/07/2025

• Leyes:
  • 16463
    infoleg 20414
• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909
  • 50222/2025

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2025

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2025-65366170-APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron en virtud de una denuncia recibida del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, referida a la página web https://www.cannaturalargentina.com.ar/.

Que, pudo constatarse que en el dominio antes mencionado se ofrecían distintos productos que declaran contener «aceite CBD», como ser: a.- Cannatural ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL 30% VIA ORAL, 30ml, b.- CANNAVID ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL 40 % VIA ORAL, 30 ml, c.- Cannatural Crema Analgésica con árnica por 100 g, ingredienes Cannabis, árnica, enebro, alcanfor y mentol, uso externo y d.- ACEITE DE CANNABIS SUPLEMENTO NUTRICIONAL 20 % CBD 5%THC, 20 ML. BIONNATURAL.

Que en el apartado de la pagina denominado “PARA QUE SIRVE EL CBD?” declaraba: “las propiedades terapéuticas más importantes del CBD, demostradas con distinta calidad de evidencia son: antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector, anticonvulsivante, antioxidante, anti-nausea y antiemético, antitumoral, ansiolítico, antipsicótico, reductor de la apetencia por heroína, cocaína y alcohol, inmuno modulador”.

Que además, la empresa afirmaba dedicarse a la importación y distribución de aceites de CBD, ventas mayoristas para distribuidores, revendedores y comercios y productos con análisis de laboratorio, pero en la página web no se daba cuenta de las habilitaciones sanitarias de la firma, ni de las autorizaciones de los productos que ofrecía.

Que de las imágenes de los productos pudo observarse que no cumplían con los requisitos mínimos de rotulado exigidos para los medicamentos (composición, numero de autorización, importador/fabricante, responsable técnico, etc.).

Que por lo expuesto, cabe concluir que el producto pretendía disimular que se trataba de un medicamento, refiriendo en su rótulo ser un «suplemento nutricional» pero afirmando ser efectivo para el tratamiento de varias patologías.

Que realizada la consulta a la Dirección de Gestión de la Información Técnica, informó mediante nota NO-2025-58144417-APN-DGIT#ANMAT que no consta autorización de producto vegetal a base de cannabis y sus derivados en los términos de la DI-2022-6431-APN-ANMAT#MS, ni registro de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la ANMAT del producto de nombre comercial “CANNAVID.

Que informó también que no consta registro de habilitación ante esta Administración Nacional del establecimiento “CANNATURAL ARGENTINA”.

Que por lo expuesto, la situación descripta deviene en peligro para la salud de los potenciales pacientes toda vez que se trata de productos sin autorización, de los cuales se desconoce su real composición, las condiciones en las que se elaboró, la calidad de las materias primas que se usaron para su fabricación, entre otras cuestiones..

Que la Resolución Ministerial N° 781/2022 estableció la categoría “Productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana” como una categoría diferente a los productos ya regulados como medicamento, especialidad medicinal y medicamento herbario, y la definió como “todo producto de composición cuali-cuantitativa claramente definida y comprobable que contenga como ingrediente/s farmacéutico/s activo/s (IFA) uno o más cannabinoides derivados de origen vegetal obtenidos con los requerimientos de buenas prácticas de elaboración establecidas”.

Que por su parte, la Disposición ANMAT N° 6431/2022 aprobó los requisitos para la autorización de estos productos y sus responsables.

Que en este sentido, las circunstancias detalladas representan un incumplimiento a la Ley 16.463 que en su Artículo 19 establece: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos” y a los artículos 4° y 6° de la Resolución Ministerial N° 781/22 y a los artículos 1° y 2° de la Disposición ANMAT N° 6431/22.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos sin registro sanitario y de los cuales se desconocen sus condiciones de elaboración/fabricación, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó: a.- prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todas las presentaciones de los productos identificados como: “CANNATURAL ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL, VIA ORAL”, “CANNAVID ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL, VIA ORAL”, “CANNATURAL CREMA ANALGÉSICA. USO EXTERNO” Y “ACEITE DE CANNABIS SUPLEMENTO NUTRICIONAL. BIONNATURAL.” Y b.- Prohibir a las firmas “Cannatural” y “Cannatural Argentina” importar, fabricar, comercializar y distribuir productos que contengan aceite de cannabis, CBD y CBD Y THC, hasta tanto cuente con las habilitaciones sanitarias necesarias.

Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todas las presentaciones de los productos identificados como: “CANNATURAL ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL, VIA ORAL”, “CANNAVID ACEITE CBD SUPLEMENTO NUTRICIONAL, VIA ORAL”, “CANNATURAL CREMA ANALGÉSICA. USO EXTERNO” Y “ACEITE DE CANNABIS SUPLEMENTO NUTRICIONAL. BIONNATURAL”.

ARTÍCULO 2°.- Prohíbese a las firmas “Cannatural” y/o “Cannatural Argentina” importar, fabricar, comercializar y distribuir productos que contengan aceite de cannabis, CBD y CBD Y THC, hasta tanto cuenten con las habilitaciones sanitarias necesarias.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos

Nelida Agustina Bisio

e. 16/07/2025 N° 50222/25 v. 16/07/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-43437718- -APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que, se recibió una comunicación por correo, remitida por la firma GALDERMA ARGENTINA SA, en la que informa de la oferta por medios electrónicos del producto médico «SCULPTRA Poly – L –lactic acid 2 vials, lote 4J1242, Cad./Vto: 02/2028» que se encuentra registrado en el país bajo su titularidad.

Que, por ello, la responsable técnica de la firma explicó que la empresa comercializó «SCULPTRA, lote 4J1242», en el transcurso del año 2024. Sin embargo, según las imágenes disponibles los productos ofrecidos no se corresponden con productos distribuidos y comercializados por la firma que representa, sino que por sus características visuales se trata de productos falsificados.

Que la responsable técnica señalo algunas diferencias observadas entre el producto original y el falsificado bajo estudio, entre las que mencionó: el estuche secundario falsificado declara «2 vials» mientras que el original declara «Contiene 1 vial», se observan diferencias en el contenido del texto en comparación con el texto original. Además, el vencimiento del producto original es 02/2027 y se encuentra impreso con láser sobre el estuche secundario, mientras que el producto falsificado posee vencimiento 02/2028 codificado sobre una etiqueta autoadhesiva adherida al estuche secundario.

Que el producto SCULPTRA se encuentra inscripto ante esta Administración mediante número de producto medico PM 1653-6 y corresponde a la clase de riesgo IV, en los términos de la Disp. ANMAT 2318/2002. Se encuentra autorizado para el aumento de volumen en áreas cutáneas deprimidas, para corregir lipoatrofia y atenuar el envejecimiento cutáneo. Se trata de un producto inyectable, por lo que debe cumplir las exigencias de un producto estéril. Es por ello, que la existencia de unidades falsificadas en el mercado representa riesgo para la salud de los potenciales pacientes a los que se pudieran aplicar tales productos.

Que, por lo expuesto, con la finalidad de advertir a pacientes y profesionales, toda vez que se trata de un producto médico falsificado que deviene en riesgo para la salud, el Departamento de Control de Mercado sugiere: a) Prohibir el uso, la comercialización y la distribución en el territorio nacional «SCULPTRA Poly – L –lactic acid 2 vials, lote 4J1242, Cad./Vto: 02/2028»; y b) Informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que finalmente, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en el territorio nacional «SCULPTRA Poly – L –lactic acid 2 vials, lote 4J1242, Cad./Vto: 02/2028»

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 16/07/2025 N° 50049/25 v. 16/07/2025

• Decretos:
  • 1388/1996
    infoleg 40785
  • 240/2019
    infoleg 321705
  • 830/2024
    infoleg 404098
  • 838/2024
    infoleg 404261
  • 1388/1996
    infoleg 40785
  • 1661/2015
    infoleg 250773
  • 183/2024
    infoleg 396823
  • 1759/1972
    infoleg 21715

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-29142793- -APN-MESYA#CNRT, los Decretos Nros. 1388 del 29 de noviembre de 1996 y sus modificatorios, 240 del 3 de abril de 2019, 830 del 16 de septiembre de 2024, 838 del 7 de octubre de 2024 y la Resolución N° 57/2024 de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, la Decisión Administrativa N° 832 del 4 de octubre de 2019 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y las Disposición CNRT N° 499 del 31 de mayo de 2021 de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que, en la actualidad, el sistema de transporte automotor de jurisdicción nacional es operado y administrado por transportistas y empresas privadas, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la calidad y la prestación de los servicios de transporte automotor de pasajeros urbano, suburbano, interjurisdiccional, a los operadores de servicios internacionales y de carga en cualquiera de sus modalidades.

Que el Decreto N° 1388 del 29 de noviembre de 1996, y sus modificatorios, otorgan a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, el rol de Organismo de Control del transporte automotor de jurisdicción nacional, para lo cual fiscalizará y controlará a todos los actores que se desempeñen en el ámbito de la red automotor de la República Argentina, ejerciendo de manera permanente un accionar externo a los mismos, orientado a que la gestión técnico-operativa automotor tienda a garantizar los niveles de prestación y calidad que los usuarios de dichos servicios requieren.

Que mediante el Decreto Nº1388/96 y sus modificatorios, el cual regula las actividades de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, establece la responsabilidad de esta entidad en la fiscalización y control del transporte automotor, así como en la protección de los derechos de los usuarios.

Que el artículo 6°, inciso m) del ANEXO I del Decreto Nº 1661 del 12 de agosto de 2015, establece que es potestad de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, recabar, sistematizar y analizar información estadística sobre el transporte a los fines de conocer y contar con los elementos para evaluar el desempeño del sistema.

Que en el Anexo II de la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 832 del 4 de octubre del 2019, se delega a la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR “Realizar, en el ámbito de su competencia, el control de los operadores del sistema de transporte automotor, en cuanto a sus aspectos técnicos, económicos y financieros y evaluar el funcionamiento general del sistema”.

Que tal rol se encuentra debidamente fundado en los alcances del Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL que coloca en cabeza del Estado Nacional, la obligación indelegable de custodiar y proteger los derechos de los usuarios, a través de la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, del control de los monopolios naturales y legales, de la vigilancia de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, creando los Organismos de control y marcos regulatorios adecuados.

Que a los fines de la implementación del control integral del funcionamiento del Sistema de Transporte Automotor de Jurisdicción Nacional resulta necesario establecer criterios específicos, transparentes y preestablecidos que permitan evaluar de forma integral y objetiva el desempeño de todos los actores del sistema automotor nacional y que sirvan de insumo para los diversos informes a elevar a la superioridad.

Que en pos de la transparencia de los señalados criterios evaluativos se requiere establecer cómo se conformarán los indicadores que valorarán el desempeño de los actores del sistema de manera tal que las actividades de análisis se ejecuten con rigor metodológico convirtiendo datos en información que permita a la Autoridad de Aplicación direccionar la toma de decisiones para la mejora continua y la innovación.

Que, en tal sentido, resulta necesario contar con una herramienta metodológica de monitoreo de gestión que defina las bases conceptuales utilizadas en el proceso de diseño, cálculo y análisis de los indicadores que se utilizarán para el control integral del funcionamiento del Sistema de Transporte Automotor, permitiendo el estudio comparativo de su comportamiento a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el contexto histórico y social.

Que, para ello, la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, en conjunto con la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE PERMISOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR y la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR han elaborado un Manual de Indicadores CNRT del Sistema de Transporte Automotor Argentino.

Que para la confección de los Indicadores CNRT contenidos en el Manual de Indicadores CNRT del Sistema de Transporte Automotor Argentino, se tuvieron como referencia indicadores emitidos por la Infraestructura de Calidad del G-20 - Infrastructure Working Group (IWG - G-20), la Global Protocol for City-Scale Greenhouse Gas Emissions (GPC), la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y algunos de los indicadores de contenidos en la Resolución General N° 873/2020 de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

Que el mentado Manual, si bien contiene indicadores ya utilizados en la elaboración de los Informes mensuales, semestrales y anuales publicados por la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, de manera tal de brindar continuidad y trazabilidad al esquema evaluativo, incorpora nuevas bases conceptuales que otorgan un marco fiable basado en las mejores prácticas desarrolladas a nivel internacional por organizaciones referentes para recopilar y procesar datos, jerarquizando los procesos de gestión de datos, esquematizando las metodologías de cálculo y armonizando el lenguaje técnico.

Que los indicadores contenidos en el manual permitirán monitorear, evaluar y emitir recomendaciones específicas posibilitando a la Autoridad de Aplicación trazar los objetivos de sus políticas públicas y determinar los estándares mínimos deseables de eficiencia y rendimiento en el Sistema Automotor Nacional.

Que, en este marco, los indicadores presentados en este Manual no solo permiten medir el desempeño operativo y de seguridad del sector, sino también evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes y la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

Que como todo instrumento de evaluación el presente Manual habrá de mantenerse en un proceso de mejora continua hasta lograr que la transparencia y apertura de la información relevante logre cubrir las expectativas y necesidades de todos los participantes en el sector y usuarios de la información.

Que el dictado del presente acto administrativo conlleva necesariamente a la modificación del Manual de Procedimientos de la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR, a los fines de que recepte el cambio de paradigma.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, ha tomado la intervención que le compete, señalando, en los términos de su Dictamen, que no existen reparos de índole legal que oponer a la suscripción del presente acto administrativo.

Que este acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1388/96, y sus modificatorios y en los términos del Decreto N° 183/2024.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el Manual de Indicadores CNRT del Sistema de Transporte Automotor de Jurisdicción Nacional que como Anexo N° IF-2025-30924804-APN-SNTYCV#CNRT forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR a efectuar el seguimiento, actualización y revisión de los indicadores contenidos en el Manual de Indicadores CNRT del Sistema de Transporte Automotor Argentino, que se aprueban mediante la presente Disposición, promoviendo las modificaciones que resulten necesarias en virtud de los avances en la implementación de las herramientas informáticas que se desarrollen a tales efectos.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR a propiciar las modificaciones que resulten necesarias en su MANUAL DE PROCEDIMIENTOS a los efectos de otorgar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Instrúyase a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS y a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN a brindar la colaboración y los recursos que resultaren necesarios para la implementación plena del Manual de Indicadores CNRT del Sistema de Transporte Automotor Argentino.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, ambas pertenecientes a esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

ARTÍCULO 6°.- Establézcase que la presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, conforme al artículo 103 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), y sus modificatorios.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Edgar Rene Perez

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 16/07/2025 N° 50161/25 v. 16/07/2025

• Decretos:
  • 186/2025
  • 1/2025
    infoleg 408105

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-26096069-APN-DGDA#MEC, el Decreto N° 186 de fecha 12 de marzo de 2025 y la Disposición N° 1 de fecha 21 de abril de 2025 de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado del Decreto N° 186 de fecha 12 de marzo de 2025, el PODER EJECUTIVO NACIONAL estableció en el Título III del referido decreto, los Regímenes especiales de pago y crédito en el Sector de Energía Eléctrica.

Que mediante el Artículo 9° del referido decreto se designó como Autoridad de Aplicación del régimen de regularización de obligaciones y del régimen especial de créditos previstos en los Artículos 7° y 8°, respectivamente, a esta Subsecretaría de Energía Eléctrica.

Que, asimismo, se facultó a esta Subsecretaría a dictar las normas que sean necesarias para el cumplimiento e implementación de lo dispuesto en el referido Título III.

Que mediante la Disposición N° 1 de fecha 21 de abril de 2025 de esta Subsecretaría se aprobaron el Régimen Especial de Regularización de Obligaciones del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) para las deudas mantenidas con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y/o con el MEM, de las Distribuidoras de Energía Eléctrica agentes del MEM y del MEM SISTEMA TIERRA DEL FUEGO (MEMSTDF), ya sean por consumos de energía, potencia e intereses; y el Régimen Especial de Créditos para aquellas distribuidoras de energía eléctrica, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, que al 31 de diciembre de 2023 no hayan tenido deuda no regularizada con CAMMESA y hayan cancelado la totalidad de las transacciones de 2024.

Que por el Artículo 7° de la mencionada Disposición N° 1/2025, se estableció el plazo de SESENTA (60) días corridos para la suscripción los Acuerdos en el marco del Régimen aprobado por el Artículo 1° de la referida medida.

Que atento a que se encuentra próximo a vencer el plazo descripto en el considerando anterior, y que, pese a que algunas Distribuidoras y/o Cooperativas de Energía Eléctrica agentes del MEM que han adherido en tiempo y forma al Régimen, han solicitado a esta Autoridad de Aplicación, se conceda una prórroga a fin de obtener la documentación necesaria para cumplimentar los requisitos de fondo; por lo que se estima conveniente prorrogar el plazo por TREINTA (30) días corridos (IF-2025-74811362-APN-SSEE#MEC e IF-2025-75918180-APN-SSEE#MEC).

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 9° del Decreto N° 186 de fecha 12 de marzo de 2025.

Por ello

EL SUBSECRETARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase TREINTA (30) días corridos, el plazo establecido en el Artículo 7° de la Disposición N° 1 de fecha 21 de abril de 2025 de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2°.- La presente disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Damian Eduardo Sanfilippo

e. 16/07/2025 N° 50044/25 v. 16/07/2025

Por ignorarse los domicilios se notifica a los interesados que abajo se detallan que, en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, ha recaído fallo de condena al comiso de la mercadería oportunamente secuestrada, por la comisión de la infracción detallada a continuación, en los términos del art. 1112 inc. a) del Código Aduanero. Asimismo se les hace saber que contra el referido fallo podrán interponer Demanda Contenciosa, Recurso de Apelación ante la Justicia Federal o Tribunal Fiscal de la Nación en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado el presente decisorio (art. 1132 y 1133 C.A.).

Alcides Jose Francia, Administrador de Aduana.

e. 16/07/2025 N° 49926/25 v. 16/07/2025

14/07/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 – Coeficiente de estabilización de referencia (CER).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fernando Sciammarella, Subgte. de Producción y Control de Información Estadística - Adriana Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

Toda la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en el siguiente cuadro) puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), serie diaria Archivos de datos: https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/ceraaaa.xls, donde aaaa indica el año. https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/diar_cer.xls, serie histórica. Referencias metodológicas: https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf. https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasmet.pdf. Consultas: estadis.monyfin@bcra.gob.ar. Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI: El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en: https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Calendar_bcra_publications.asp

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 16/07/2025 N° 49991/25 v. 16/07/2025

14/07/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” – Ley 25.827 (“UVA”).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Fernando Sciammarella, Subgte. de Producción y Control de Información Estadística - Adriana Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), serie diaria Archivos de datos: https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uvaaaaa.xls, donde aaaa indica el año. https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/diar_uva.xls, serie histórica. Referencias metodológicas: https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf. https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasmet.pdf. Consultas: estadis.monyfin@bcra.gob.ar. Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI: El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en: https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Calendar_bcra_publications.asp

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 16/07/2025 N° 49998/25 v. 16/07/2025

Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo a lo establecido en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE Nº 137/92, sus modificatorias y complementarias, que las firmas citadas a continuación han presentado la solicitud para ser reconocidas como agentes de dicho mercado en la condición de GRANDES USUARIOS MAYORES (GUMAs) y GRANDES USUARIOS MENORES (GUMEs) a partir del 1° de agosto de 2025, conforme al siguiente detalle:

GUMAS

GUMES

Las presentes solicitudes se tramitan bajo el expediente EX-2025-63914431- -APN-DGDA#MEC. El plazo para la presentación de objeciones u oposiciones es de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de la presente publicación.

Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.

e. 16/07/2025 N° 49833/25 v. 16/07/2025