• Decretos:
  • 1770/2007
    infoleg 135069
  • 1172/2003
    infoleg 85133
    infoleg 90763

Análisis Legal de la RESOL-2025-470-APN-ANAC#MEC

La Resolución ANAC N° 470/2025 establece un nuevo marco para el registro de la actividad de vuelo de pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), reemplazando procedimientos anteriores y promoviendo la digitalización del CASILLERO AERONÁUTICO DIGITAL (CAD). A continuación, se analizan sus implicancias jurídicas, derechos afectados y posibles irregularidades, basándose en el contexto proporcionado.

1. Marco Jurídico y Procedimiento Legal

La norma se fundamenta en:
- Decreto 1770/2007: Establece la estructura y competencias de la ANAC, incluyendo la gestión de registros aeronáuticos.
- Resoluciones anteriores (147/13, 105/17, 36/19): Regulaban el foliado de libros de vuelo en soporte papel.
- Decreto 1172/2003: Facilita la exención de procedimientos participativos (Anexo V) en casos de modificaciones técnicas menores, como la transición digital.

Artículo 10 del Decreto 1172/2003 permite eximirse del procedimiento participativo por la naturaleza técnica de la modificación, lo que justifica la ausencia de consulta pública. Sin embargo, esto requiere que la norma no afecte derechos fundamentales o intereses colectivos.

2. Abrogación de Resoluciones Anteriores

• Artículo 1°: Se abrogan las Resoluciones 105/17 y 36/19, que regulaban el foliado de libros de vuelo.
• Artículo 2°: Se deroga la Resolución 147/13, pero se mantiene su vigencia en el Anexo II (registro en papel) hasta el 1° de enero de 2026.

Implicancias:
- La transición a un sistema digital (CAD) se justifica como una modificación técnica que no altera sustancialmente la normativa aeronáutica, conforme al Artículo 10 del Decreto 1172/2003.
- La preservación del Anexo II hasta 2026 busca evitar situaciones de desventaja para usuarios que no tengan acceso inmediato al CAD, garantizando continuidad operativa.

3. Derechos Afectados y Posibles Irregularidades

a) Derecho a la igualdad (Artículo 16 de la Constitución)

• Riesgo: La digitalización del CAD podría crear barreras para usuarios sin acceso a tecnología, afectando su derecho a acceder a servicios aeronáuticos.
• Mitigación: La extensión del Anexo II hasta 2026 permite a los usuarios regularizar su situación en papel, mitigando este riesgo.

b) Derecho a la propiedad (Artículo 17 de la Constitución)

• Riesgo: La gestión de datos en el CAD podría implicar la posesión de información personal (horas de vuelo, certificaciones), lo que requiere garantías de seguridad y confidencialidad.
• Mitigación: La Resolución 470/2025 menciona la necesidad de "medidas de seguridad" (Artículo 6), pero no especifica cómo se protegerán los datos.

c) Derecho a la justicia y transparencia (Artículos 18 y 31 de la Constitución)

• Riesgo: La falta de transparencia en la implementación del CAD (por ejemplo, acceso a la información sobre el sistema) podría generar arbitrariedades.
• Mitigación: La publicación en el Boletín Oficial (Artículo 8) y la difusión por la ANAC (Artículo 7) buscan garantizar transparencia.

d) Derecho a la no alteración de derechos (Artículo 28 de la Constitución)

• Riesgo: La transición a un sistema digital podría afectar derechos derivados de normas anteriores (por ejemplo, la validez de registros en papel).
• Mitigación: La preservación del Anexo II hasta 2026 asegura que los registros en papel sigan siendo válidos para su presentación en el CAD.

4. Posibles Abusos o Irregularidades

• Exceso de centralización: La implementación del CAD podría concentrar el control de registros en la ANAC, limitando la autonomía de las empresas aéreas o usuarios.
• Falta de participación ciudadana: Aunque se exime del Anexo V del Decreto 1172/2003, la ausencia de audiencias públicas podría generar desconfianza en la norma.
• Riesgos de seguridad: La gestión digital implica riesgos de ciberseguridad (pérdida de datos, accesos no autorizados), que no se abordan en detalle en la Resolución.

5. Conformidad con el Marco Normativo

• Decreto 1770/2007: La ANAC actúa dentro de su competencia para modernizar procesos, como se establece en sus artículos (ej.: Artículo 1, que aprueba el Programa General de Transferencia).
• Decreto 1172/2003: La exención del procedimiento participativo es válida, ya que la modificación es técnica y no afecta intereses colectivos.
• Constitución Nacional: La norma respeta los principios de transparencia (Artículo 31) y no alteración de derechos (Artículo 28), aunque requiere más especificidad en aspectos como la protección de datos.

6. Conclusión

La Resolución 470/2025 es legalmente válida bajo el marco del Decreto 1172/2003 y el Decreto 1770/2007, y busca modernizar la gestión aeronáutica. Sin embargo, su implementación debe garantizar:
1. Acceso equitativo a la tecnología para evitar discriminación.
2. Protección de datos personales en el CAD.
3. Transparencia en la gestión del sistema digital.

Aunque no se detectan irregularidades graves, la norma requiere medidas complementarias (como circulares detalladas sobre seguridad y acceso a la información) para mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales.

Referencias clave:
- Artículo 10 del Decreto 1172/2003 (exención de participación ciudadana).
- Artículo 16 y 17 de la Constitución (igualdad y propiedad).
- Decreto 1770/2007 (estructura de la ANAC).

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-70059144- -APN-ANAC#MEC, el Decreto N° 1770 del 29 de noviembre de 2007, las Resoluciones de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) Nros. 147 del 13 de marzo de 2013, 105 del 15 de febrero de 2017, 36 del 7 de enero de 2019 y 506 del 25 de agosto de 2023, las Partes 61 “Licencias, Certificado de Competencia y Habilitaciones para Piloto”, y 64 “Certificado de Competencia de Tripulantes de Cabina de Pasajeros” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el expediente citado en el Visto, el DEPARTAMENTO DE FOLIADO dependiente de la DIRECCIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL propició una modificación a la Resolución ANAC N° 147/13 y sus modificatorias con el objeto de establecer el “PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE VUELO DE PILOTOS Y TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS (TCP)”.

Que la Parte 61 Subparte A –GENERALIDADES - sección 61.51 de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) expresa que el libro de vuelo sirve como constancia del entrenamiento aeronáutico y experiencia, que pueden ser utilizados para cumplimentar con los requisitos para obtener un certificado de idoneidad aeronáutica.

Que la parte 64 – sección 64.43 de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) establece que las horas de vuelo deberán estar registradas en el Libro de Vuelo del/ la interesado/a, debidamente certificadas por el Gerente de Operaciones o quien esté autorizado por la empresa aerocomercial con sus firmas debidamente registradas ante la Autoridad Aeronáutica competente y las horas de vuelo controladas y foliadas por la Autoridad Aeronáutica.

Que la Resolución ANAC N° 147/13, aprobó el Proceso para el foliado de libro de vuelo de pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros (TCP).

Que las Resoluciones ANAC Nros. 105/17 y 36/19 modificaron la Resolución ANAC N° 147/13.

Que el CASILLERO AERONÁUTICO DIGITAL (CAD) ha sido diseñado para registrar de manera eficiente y asegurar trazabilidad en la actividad de vuelo de todo el personal aeronáutico, promoviendo la agilidad en la gestión, la reducción de costos y la despapelización.

Que lo expuesto dotará de mayor transparencia a la gestión y brindará la posibilidad de medir y mejorar en forma continua los servicios para la comunidad aeronáutica, como también dotar a la gestión de ésta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, de un adecuado soporte informático.

Que la presente medida permitirá a los usuarios realizar el trámite del registro de la actividad de vuelo sin necesidad de trasladarse a las dependencias de esta Administración Nacional, brindando una solución más accesible y acorde a sus necesidades operativas.

Que también, se impulsa con esta actualización la modernización de la normativa aeronáutica nacional, con el objetivo de garantizar un entorno más eficiente, dinámico y seguro.

Que las presentes modificaciones, no degradan la seguridad de las operaciones actuales y futuras.

Que esta reforma estructural apunta a agilizar procesos, reducir cargas innecesarias y facilitar la adaptación del sistema aeronáutico, promoviendo una aviación segura, más accesible, competitiva y alineada con los estándares globales.

Que resulta necesario mantener la vigencia de la Resolución ANAC N° 147/13 hasta el 1° de enero de 2026, exclusivamente en lo relativo al Anexo II y la anotación, certificación y foliado de la actividad en el libro de vuelo en soporte papel, para su posterior presentación ante el CASILLERO AERONÁUTICO DIGITAL; ello en virtud de poder brindar un plazo prudencial para que los usuarios puedan regularizar su situación aeronáutica, en lo relativo a su actividad de vuelo.

Que a los efectos de una correcta aplicación normativa deviene necesario dictar las circulares de asesoramiento que se consideren necesarias.

Que se ha cumplimentado el procedimiento establecido en la resolución ANAC N° 506/23.

Que se juzga innecesario, en atención a la naturaleza de la modificación, llevar adelante el procedimiento previsto por el Anexo V al Decreto N° 1172/03.

Que las áreas técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, han tomado la intervención que les compete.

Que las áreas técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, han tomado la intervención que les compete

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1770/07.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Abróguese las Resoluciones Nros. 105 del 15 de febrero de 2017 y 36 del 7 de enero de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) y sus modificatorias, correspondientes al procedimiento denominado “Proceso para el foliado del Libro de Vuelo de Pilotos y Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP)”.

ARTÍCULO 2°.- Deróguese la Resolución ANAC N° 147/13, la cual mantendrá su vigencia exclusivamente en lo relativo al Anexo II, y la anotación, certificación y foliado de la actividad en el libro de vuelo en soporte papel, para su posterior presentación ante el CASILLERO AERONÁUTICO DIGITAL, hasta el 1° de enero de 2026.

ARTÍCULO 3°.- Apruébese el “PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE VUELO DE PILOTOS Y TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS (TCP)”, que como Anexo I (IF-2025-75201471- -APN-DNSO#ANAC) forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Dispóngase la implementación del presente procedimiento conforme a las siguientes etapas de aplicación:

Primera Etapa: A partir de 1 de setiembre de 2025, será de aplicación obligatoria para los titulares de un certificado de idoneidad (Pilotos y TCP) que operan en Empresas certificadas bajo las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) Parte 121 y Parte 135.

Segunda Etapa: A partir del 1° de noviembre, será de aplicación obligatoria para los titulares de un certificado de idoneidad que operan bajo la RAAC Parte 91, incluyendo a los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) y Empresas de Trabajo Aéreo.

ARTÍCULO 5°.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL establecerá circulares de asesoramiento cuando así lo considere necesario.

ARTÍCULO 6°.- La DIRECCIÓN DE SISTEMA Y COMUNICACIÓN dependiente de la DIRECCIÓN DE GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL deberá establecer las medidas de seguridad correspondientes y las adecuaciones al sistema que resulten necesarias, para la implementación del procedimiento aprobado ut supra, y en virtud de ello, podrá realizar las modificaciones que considere necesarias dentro del CASILLERO AERONÁUTICO DIGITAL.

ARTÍCULO 7°.- La DIRECCIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL dependiente de la DIRECCIÓN DE GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, realizará la difusión del uso del sistema del presente procedimiento.

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 9°.- Gírese las actuaciones a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, para su publicación en la página “web” institucional, difusión interna y posterior pase a la DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL dependiente de la DIRECCIÓN DE GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, a efectos de incluir la presente medida en el Archivo General Reglamentario (ACR).

ARTÍCULO 10°.- Regístrese, comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y, cumplido, archívese.

Oscar Alfredo Villabona

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s en la sección Normativa Aeronáutica en la página oficial de la ANAC.

e. 15/07/2025 N° 49501/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 17741
    infoleg 17938
• Decretos:
  • 1536/2002
    infoleg 77009
  • 202/2024
    infoleg 396961

Análisis Legal de la RESOL-2025-482-APN-INCAA#SC

La Resolución INCAA N° 482/2025 modifica el Artículo 25 del Anexo I de la Resolución INCAA N° 655/2024, extendiendo el plazo para la firma del contrato con los ganadores del "CONCURSO SERIES CORTAS DE FICCIÓN" de 6 a 12 meses. Este acto administrativo se emite bajo la autoridad del Presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, conforme a las facultades establecidas en la Ley 17.741 (t.o. 2001), el Decreto 1536/2002 y el Decreto 202/2024. A continuación, se analizan sus aspectos legales, su relación con normas anteriores y sus implicaciones.

1. Fundamento Legal de la Resolución

La modificación del plazo para la firma del contrato se sustenta en:
- Artículo 2 de la Ley 17.741: El INCAA tiene facultades para "auspiciar concursos y adjudicar becas", lo que incluye la definición de condiciones y plazos para la celebración de contratos.
- Artículo 10 del Decreto 1536/2002: Otorga al INCAA autonomía para gestionar contratos, aceptar donaciones y resolver recursos, lo que respalda la facultad del Presidente para ajustar plazos.
- Artículo 1 del Decreto 202/2024: Designa al Presidente Pirovano como autoridad competente, cuya gestión está legitimada por la Ley 17.741.
- Artículo 25 de la Ley 17.741: Establece el procedimiento para la verificación de impuestos y la obligación de presentar declaraciones juradas, lo que refuerza la necesidad de plazos claros en la gestión de fondos.

La Resolución 482/2025 se enmarca en el marco legal que otorga al INCAA la autonomía administrativa y financiera para gestionar concursos, como lo señala el Artículo 10 del Decreto 1536/2002.

2. Relación con Normas Anteriores

La Resolución modifica directamente el Artículo 25 de la Resolución 655/2024, que establecía un plazo de 6 meses para la firma del contrato. Esta modificación:
- Reemplaza una norma anterior con una nueva disposición, lo que es permitido por el Artículo 79 de la Ley 17.741, que deroga normas anteriores.
- No contradice la Ley 17.741 ni el Decreto 1536/2002, ya que estos instrumentos otorgan al INCAA la facultad para ajustar plazos en concursos, siempre que respeten los principios de transparencia y legalidad.
- Refuerza la autoridad del Presidente del INCAA, cuya designación está legitimada por el Decreto 202/2024, y que tiene la competencia para "establecer plazos y condiciones en concursos" (Artículo 2 del Decreto 1536/2002).

3. Derechos Afectados y Posibles Implicaciones

• Derecho a la seguridad jurídica: La extensión del plazo de 6 a 12 meses puede afectar la seguridad jurídica de los ganadores, quienes ahora tienen un plazo más largo para cumplir con obligaciones contractuales. Sin embargo, el Artículo 25 de la Resolución 655/2024 (modificado) establece que el plazo es improrrogable, lo que evita ambigüedades.
• Derecho a la participación en concursos: La modificación no limita el acceso a los concursos, sino que ajusta condiciones posteriores a la adjudicación.
• Riesgo de abuso: No se identifican irregularidades en el texto de la norma, ya que la extensión del plazo se justifica por "los tiempos necesarios para la producción audiovisual y la captación de inversiones" (considerando 5 de la Resolución 482/2025). No se mencionan mecanismos de control adicional para evitar abusos, pero esto no constituye una irregularidad en sí misma, ya que la norma se emite dentro del marco legal.

4. Posibles Irregularidades o Críticas

• Falta de transparencia en la justificación: Aunque el texto menciona "los tiempos necesarios para la producción", no se especifica cómo se evaluó la necesidad de extender el plazo. Esto podría generar dudas sobre la proporcionalidad de la medida, pero no se viola la ley.
• Riesgo de dilación: La extensión del plazo podría generar retrasos en la ejecución de proyectos, pero esto no es ilegal si se respeta el marco de la Ley 17.741.
• No se mencionan mecanismos de apelación: La norma no establece un recurso para impugnar la extensión del plazo, lo que podría afectar la garantía de defensa de los ganadores. Sin embargo, la Ley 17.741 (Artículo 67) permite sanciones por incumplimiento, lo que podría compensar esta carencia.

5. Conclusión

La Resolución 482/2025 es legalmente válida, ya que:
- Se emite bajo la autoridad del Presidente del INCAA, legitimado por el Decreto 202/2024.
- Modifica una norma anterior (Artículo 25 de la Resolución 655/2024) dentro del marco de la Ley 17.741 y el Decreto 1536/2002.
- No viola los derechos fundamentales, ya que el plazo es improrrogable y se justifica por razones técnicas (producción audiovisual).

No se identifican irregularidades en el texto de la norma, pero se sugiere que el INCAA incluya mecanismos de transparencia en la justificación de ajustes de plazos, para garantizar la legitimidad y eficacia de sus actos administrativos.

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2025

VISTO el EX-2024-82833278- -APN-SGS#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y N° 202 de fecha 28 de febrero de 2024, las Resoluciones INCAA N° 453 de fecha 30 de julio de 2024, N° 655 de fecha 1 de octubre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, tiene como objetivos fundamentales el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica en el territorio nacional.

Que dentro de las medidas de fomento previstas por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la facultad del presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES de auspiciar concursos y otorgar premios.

Que la producción audiovisual es un vehículo esencial para la innovación creativa y el fortalecimiento de la identidad nacional, promocionando a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) el desarrollo y la excelencia de la industria cinematográfica argentina.

Que mediante Resolución INCAA N° 453/2024 se aprobaron los Lineamientos Generales de Concursos y Premios, con el cual el INCAA establece las bases para la realización de concursos destinados a apoyar a productores, guionistas y directores tanto noveles como consolidados, promoviendo la inclusión y la diversidad cultural en todo el país, con el fin de premiar no solo la excelencia en la producción audiovisual, sino también contribuir al crecimiento sostenido de la industria.

Que según Resolución INCAA N° 655/2024 se autorizó la implementación del “CONCURSO SERIES CORTAS DE FICCIÓN” y se llamó a PRODUCTORES, a presentar propuestas escritas para la producción de DOS (2) series cortas inéditas de ficción, con una duración total de al menos CUATRO (4) capítulos de mínimo QUINCE (15) minutos cada uno destinados a su reproducción a través de canales de televisión o plataformas digitales, con el objetivo de fomentar el desarrollo audiovisual nacional y generar contenidos de interés público.

Que atento a los tiempos necesarios para la producción audiovisual y la captación de inversiones para la realización de un proyecto resulta necesario establecer plazos acordes.

Que en virtud de ello, resulta necesario dictar el presente acto administrativo.

Que la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que las atribuciones y competencias para la emisión de este acto se encuentran previstas en la Ley N° 17.741 (t.o.2001) y sus modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el ARTÍCULO 25 del Anexo I según IF-2024-105431591-APN-SGP#INCAA de la Resolución INCAA N° 655/2024, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 25º.- El plazo para firmar el contrato antes referido con el INCAA será de DOCE (12) meses desde la notificación de la Resolución a los ganadores del CONCURSO. Dicho plazo será improrrogable. En caso que el ganador no se presente a firmar el contrato se perderá todos sus derechos sobre el premio y se lo dará de baja como ganador del CONCURSO”.

ARTÍCULO 2°.- Publicar en la página web del INCAA http://www.incaa.gob.ar.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.

Carlos Luis Pirovano

e. 15/07/2025 N° 49331/25 v. 15/07/2025

• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la RESOL-2025-127-APN-SAGYP#MEC

La Resolución N° 127/2025 emitida por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía (SAGyP) tiene como finalidad incorporar a nuevas empresas al sistema de monitoreo de exportaciones de jugo concentrado de limón establecido por la Resolución N° 18/2025 y su modificatoria N° 57/2025, en el marco del Acuerdo de Suspensión de la Investigación de Derechos Antidumping firmado entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y los exportadores argentinos de jugo concentrado de limón. A continuación, se analiza la norma en el contexto de las normas anteriores, los derechos afectados, y las posibles irregularidades o abusos que pudieran derivarse de su aplicación.

1. Contexto Normativo y Fundamento Legal

La Resolución N° 127/2025 se sustenta en el Decreto N° 50/2019 y sus modificaciones, que establece la competencia del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca para dictar medidas en materia de comercio exterior, incluyendo la gestión de acuerdos de suspensión de investigaciones antidumping. En particular, el Artículo 1° del Decreto 50/2019 otorga al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca la competencia para adoptar medidas en materia de comercio exterior, lo que incluye la gestión de acuerdos de suspensión de investigaciones antidumping.

Además, el Artículo 4° de la Resolución N° 18/2025 establece que las empresas que adhieran al Acuerdo de Suspensión serán consideradas signatarias con los mismos derechos y obligaciones que los signatarios originales, lo que se reitera en el cuarto párrafo del Artículo 4° de dicha resolución. Asimismo, el Artículo 7° de la misma resolución establece que el listado de signatarios puede ser modificado mediante acto administrativo expreso, lo que se cumple con la modificación del Anexo 7 del Artículo 7° de la Resolución N° 18/2025 que se sustituye mediante la presente medida.

2. Contenido de la Nueva Norma

La Resolución N° 127/2025 tiene por objeto:

• Incorporar a las empresas LATIN LEMON S.A. y COOPERATIVA DE PRODUCTORES CITRICOLAS DE TAFI VIEJO, AGRICOLA, DE TRANSF. Y COMERCIALIZACION LTDA (COTA) al sistema de monitoreo de exportaciones de jugo concentrado de limón a los Estados Unidos, en su calidad de adherentes al Acuerdo de Suspensión de la Investigación de Derechos Antidumping.

• Sustituir el Anexo 7 del Artículo 7° de la Resolución N° 18/2025, que contiene el listado de signatarios del Acuerdo, para incluir a las nuevas empresas.

• Notificar a las autoridades competentes (Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Industria y Comercio, y Dirección General de Aduanas), como se establece en el Artículo 3° de la presente resolución.

• Publicar la norma en el Boletín Oficial, según lo dispuesto en el Artículo 4° de la norma.

3. Relación con Normas Anteriores

La presente resolución modifica directamente la Resolución N° 18/2025 y su modificatoria N° 57/2025, en particular el Anexo 7 del Artículo 7°, que establece el listado de signatarios del Acuerdo de Suspensión. Esta modificación se fundamenta en el Artículo 4° de la Resolución N° 18/2025, que permite la incorporación de nuevas empresas al sistema de monitoreo, siempre que se acredite su adhesión al Acuerdo de Suspensión.

La Resolución N° 127/2025 no es una norma nueva, sino una modificación de una norma ya vigente, por lo que su entrada en vigor se produce en conformidad con el marco legal existente, sin alterar el marco normativo general del Acuerdo de Suspensión.

4. Derechos Afectados

La norma afecta los siguientes derechos:

• Derecho a la igualdad ante la ley: La incorporación de nuevas empresas al sistema de monitoreo debe realizarse con transparencia y equidad, sin discriminación. En este caso, se menciona que las empresas adhirieron al Acuerdo de Suspensión, lo que implica que su inclusión responde a un procedimiento legal y no a una decisión discrecional.

• Derecho a la participación en acuerdos internacionales: Las empresas adheridas al Acuerdo de Suspensión tienen derecho a participar en el sistema de monitoreo y a cumplir con las obligaciones establecidas, lo cual se respeta en la presente resolución.

• Derecho a la transparencia y acceso a la información: La norma menciona que la resolución se publica en el Boletín Oficial, lo que garantiza la transparencia del acto.

• Derecho a la defensa: No se menciona que las empresas puedan impugnar la inclusión en el sistema de monitoreo, aunque el Artículo 4° de la Resolución N° 18/2025 establece que las empresas adheridas al Acuerdo tienen los mismos derechos y obligaciones que los signatarios originales, lo que implica que pueden ejercer sus derechos en el marco del Acuerdo.

**5. Posibles Irregularidades o Abusos

Aunque la norma se fundamenta en el marco legal vigente, se deben considerar los siguientes aspectos:

• Falta de transparencia en la adhesión: Aunque se menciona que las empresas han informado su adhesión al Acuerdo de Suspensión, no se detalla cómo se verificó tal adhesión ni si se realizó un procedimiento de verificación formal, lo que podría generar dudas sobre la legitimidad de la inclusión.

• Falta de publicación del listado de empresas adheridas: Aunque se menciona que el listado se modifica mediante acto administrativo expreso, no se especifica si se publica en el Boletín Oficial o si se comunica a la sociedad con la misma transparencia que se exige en el Artículo 17 del Decreto N° 50/2019, que establece que los actos administrativos deben ser publicados en el Boletín Oficial y que la transparencia es un principio clave.

• Falta de consulta previa: No se menciona si se realizó una consulta previa a las empresas ya en el sistema de monitoreo, lo que podría generar desequilibrios en la competencia si se incluyen nuevas empresas sin que se haya considerado su impacto en el sistema.

• Falta de control de la autoridad de aplicación: Aunque se menciona que la Dirección de Solución de Controversias Internacionales validó la adhesión de las empresas, no se especifica si se contó con asesoría legal o si se cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el Decreto N° 50/2019 y en la Resolución N° 18/2025.

6. Conclusión

La Resolución N° 127/2025 es una modificación de la Resolución N° 18/2025 que incorpora nuevas empresas al sistema de monitoreo de exportaciones de jugo concentrado de limón en el marco del Acuerdo de Suspensión de la Investigación de Derechos Antidumping. La norma se fundamenta en el Decreto N° 50/2019, que otorga al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca la autoridad para gestionar acuerdos internacionales y sistemas de monitoreo.

Aunque la norma se ajusta al marco legal vigente, no se menciona con claridad el procedimiento de adhesión de las empresas ni el control de legalidad de la inclusión, lo que podría generar dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de los principios de igualdad y equidad en la gestión de los acuerdos internacionales.

En resumen, la Resolución N° 127/2025 es legítima, pero requiere mayor transparencia y claridad en el proceso de inclusión de nuevas empresas al sistema de monitoreo, para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y la confianza en el sistema de monitoreo de exportaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-62073828- -APN-DGDAGYP#MEC, el Acuerdo de Suspensión de la Investigación de Derechos Antidumping al Jugo Concentrado de Limón entre el DEPARTAMENTO DE COMERCIO de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y los exportadores de la REPÚBLICA ARGENTINA firmado el 20 de octubre de 2016, y su modificatoria de fecha 17 de enero de 2025, la Resolución Nº 18 de fecha 5 de febrero de 2025, y su modificatoria N° 57 de fecha 21 de abril de 2025, ambas de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que en el año 2016 se firmó un Acuerdo entre el DEPARTAMENTO DE COMERCIO de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y los exportadores argentinos, para la suspensión de la investigación por dumping, que afectaba a exportaciones de jugo concentrado de limón originarias de la REPÚBLICA ARGENTINA, con destino a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en adelante el ACUERDO DE SUSPENSIÓN.

Que el ACUERDO DE SUSPENSIÓN fue modificado el 17 de enero de 2025 e incluyó a sustancialmente todos los productores/exportadores de jugo de limón de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que a efectos de cumplir con las condiciones establecidas en el ACUERDO DE SUSPENSIÓN, se creó un sistema de monitoreo de exportaciones de jugo concentrado de limón a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en sus distintas modalidades de procesamiento.

Que la Resolución Nº 18 de fecha 5 de febrero de 2025, y su modificatoria N° 57 de fecha 21 de abril de 2025, ambas de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, estableció el marco normativo del referido sistema de monitoreo y aprobó el listado de signatarios originarios del ACUERDO DE SUSPENSIÓN en el marco de dicho sistema de monitoreo de exportaciones.

Que las firmas LATIN LEMON S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70952995-8) y COOPERATIVA DE PRODUCTORES CITRICOLAS DE TAFI VIEJO, AGRICOLA, DE TRANSF. Y COMERCIALIZACION LTDA -COTA- (C.U.I.T. Nº 30-55875947-6) han informado su adhesión al ACUERDO DE SUSPENSIÓN y han solicitado su incorporación al sistema de monitoreo de exportaciones de jugo concentrado de limón.

Que el tercer párrafo del Artículo 4º de la citada Resolución Nº 18/25 establece que “…Las empresas que en instancias posteriores adhieran al ACUERDO DE SUSPENSIÓN serán consideradas signatarias con los mismos derechos y obligaciones que los signatarios originales.”.

Que la Dirección de Solución de Controversias Internacionales de la SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO confirmó la adhesión por parte de las firmas LATIN LEMON S.A. y COOPERATIVA DE PRODUCTORES CITRICOLAS DE TAFI VIEJO, AGRICOLA, DE TRANSF. Y COMERCIALIZACION LTDA (COTA) a la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS E INSERCIÓN INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del Artículo 4º de la mencionada Resolución Nº 18/25.

Que, en consecuencia, se encuentran acreditados los extremos establecidos en la normativa vigente, respecto de la adhesión al ACUERDO DE SUSPENSIÓN y la incorporación de las firmas LATIN LEMON S.A. y COOPERATIVA DE PRODUCTORES CITRICOLAS DE TAFI VIEJO, AGRICOLA, DE TRANSF. Y COMERCIALIZACION LTDA (COTA) al sistema de monitoreo de exportaciones de jugo concentrado de limón con destino a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en su carácter de adherente al referido ACUERDO DE SUSPENSIÓN.

Que el Artículo 7º de la referida Resolución Nº 18/25, y su modificatoria, aprobó como Anexo el listado de signatarios originarios del ACUERDO DE SUSPENSIÓN en el marco del sistema de monitoreo de exportaciones.

Que dicho listado sólo puede ser modificado mediante acto administrativo de la Autoridad de Aplicación.

Que por consiguiente deviene necesario sustituir el referido Anexo para incorporar al mismo a las firmas LATIN LEMON S.A. y COOPERATIVA DE PRODUCTORES CITRICOLAS DE TAFI VIEJO, AGRICOLA, DE TRANSF. Y COMERCIALIZACION LTDA (COTA).

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse a las firmas LATIN LEMON S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70952995-8) y COOPERATIVA DE PRODUCTORES CITRICOLAS DE TAFI VIEJO, AGRICOLA, DE TRANSF. Y COMERCIALIZACION LTDA -COTA- (C.U.I.T. Nº 30-55875947-6) el carácter de adherentes al ACUERDO DE SUSPENSIÓN e incorpórense al sistema de monitoreo de exportaciones de jugo concentrado de limón a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, creado por Resolución Nº 18 de fecha 5 de febrero de 2025 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2º- Sustitúyese el Artículo 7º de la referida Resolución Nº 18/25, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 7º.- SIGNATARIOS. Apruébase el listado de signatarios del ACUERDO DE SUSPENSIÓN en el marco del sistema de monitoreo de exportaciones creado por el Artículo 1º de la presente medida, que como Anexo (IF-2025-72066613-APN-SSMAEII#MEC), forma parte integrante de la presente resolución.

Establécese que dicho listado podrá ser modificado mediante acto administrativo expreso.”.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese la presente medida al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO, ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4º.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Sergio Iraeta

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 15/07/2025 N° 49641/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 15336
    infoleg 28195
  • 24065
    infoleg 464
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la RESOL-2025-295-APN-SE#MEC

La Resolución 2025-295-APN-SE#MEC autoriza el cambio de categoría de la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACAL) de "Gran Usuario Mayor" (GUMA) a "Autogenerador" en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con el parque solar fotovoltaico Timbúes (1,2 MW) conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A continuación, se analiza su marco jurídico, impacto en normas anteriores, derechos afectados y posibles irregularidades, basado exclusivamente en el contexto proporcionado:

1. ** Cumplimiento del marco normativo vigente**

La resolución se fundamenta en:
- Artículos 35 y 36 de la Ley 24.065: Establecen la regulación del MEM y la participación de agentes como los autogeneradores, incluyendo requisitos técnicos y operativos.
- Apartado IX del Anexo II del Decreto 50/2019: Aunque no se incluye en el texto proporcionado, se menciona como base para la autorización, lo que implica que el marco normativo del MEM y los procedimientos de entrada de agentes son aplicables.
- Resolución 61/1992: Establece los procedimientos técnicos y operativos para la participación en el MEM, como los requisitos de conexión al SADI y la gestión de costos.

Conclusión: La resolución se ajusta al marco legal vigente, ya que cumple con los requisitos técnicos (SCOM, SMEC, SOTR) y administrativos mencionados en el contexto, y se basa en normas que definen la participación de autogeneradores en el MEM.

2. ** Impacto en normas anteriores**

La resolución no deroga ni modifica directamente normas anteriores, sino que aplica el marco existente para autorizar un cambio de categoría.
- Artículo 35 y 36 de la Ley 24.065: Establecen la competencia de la Secretaría de Energía y la regulación del MEM, que se aplican al caso.
- Decreto 50/2019: Aunque no se menciona directamente, su Anexo II (sección IX), aunque no incluido en el contexto, probablemente contenga disposiciones sobre la participación de agentes en el MEM, lo que justifica la autorización.

Conclusión: La resolución no contradice normas anteriores, sino que aplica el marco existente para un caso específico, sin alterar el orden jurídico vigente.

3. ** Derechos afectados**

• Derecho a la propiedad: La ACAL ejerce su derecho a generar energía renovable (Artículo 17 de la Constitución Nacional), al operar como autogenerador.
• Derecho a la propiedad de la infraestructura: La ACAL posee el parque solar, lo que se ampara en el derecho a la propiedad (Artículo 17 de la Constitución).
• Responsabilidad financiera: La ACAL asume los costos derivados de su conexión al SADI, como se establece en el Artículo 3 de la resolución, lo que refleja el principio de responsabilidad de los agentes en el MEM.

Conclusión: Los derechos de la ACAL y de los agentes del MEM se respetan, con una distribución clara de responsabilidades.

4. ** Irregularidades o abusos**

• Transparencia del proceso: La resolución se publicó en el Boletín Oficial sin objeciones, lo que indica que el trámite fue conforme al Artículo 5 de la Ley 24.065, que exige publicación y transparencia.
• Participación de organismos reguladores: La CAMMESA y el ENRE intervinieron, lo que refuerza la legalidad del acto.
• Estudio de impacto ambiental: Se menciona que fue aprobado por la Provincia de Santa Fe, lo que cumple con los requisitos de la Ley 25.127 (regulación ambiental).

Conclusión: No se identifican irregularidades en el proceso. La resolución sigue los procedimientos establecidos y respeta la competencia de los organismos involucrados.

5. ** Posibles abusos o conflictos**

• Carga de costos a la ACAL: La resolución carga a la ACAL los sobrecostos derivados de su conexión al SADI, lo que podría ser controversial si no se define claramente el cálculo de dichos costos. Sin embargo, esto está en línea con el Artículo 35 de la Ley 24.065, que establece la responsabilidad de los agentes en el MEM.
• Coordinación interinstitucional: La resolución menciona la notificación a CAMMESA, EPESF y ENRE, lo que evita conflictos de competencia entre organismos.

Conclusión: No se detectan abusos, ya que la carga de costos y la coordinación institucional son estándar en el MEM.

6. ** Conclusión general**

La RESOL-2025-295-APN-SE#MEC es legítima y conforme al marco normativo vigente. Se fundamenta en normas que regulan la participación de agentes en el MEM, respetando derechos como la propiedad y el derecho a la generación de energía, y sigue los procedimientos de transparencia y coordinación institucional. No se identifican irregularidades ni abusos, ya que el trámite fue conforme a la Ley 24.065, el Decreto 50/2019 y la Resolución 61/1992. La autorización refleja un proceso eficiente y transparente, sin alterar el orden jurídico existente.

Recomendación: Es fundamental que la CAMMESA y la Secretaría de Energía supervisen el cumplimiento de los requisitos técnicos y de transparencia en la gestión de costos, para evitar controversias futuras.

Palabras clave: MEM, autogenerador, Decreto 50/2019, Ley 24.065, responsabilidad financiera, transparencia normativa.

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-13512097-APN-SE#MEC y los Expedientes Nros. EX-2024-120018212-APN-SE#MEC, EX-2025-7148320-APN-DGDA#MEC y EX-2025-5638342-APN-DGDA#MEC, en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA solicitó el cambio de categoría de Agente del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) desde la condición actual de Gran Usuario Mayor (GUMA ASCOTISY) a la de Autogenerador para su Parque Solar Fotovoltaico Timbúes con una potencia de UNO COMA DOS MEGAVATIOS (1,2 MW) ubicado en el Partido de San Lorenzo, Provincia de SANTA FE, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de la Estación Transformadora La Ribera, jurisdicción de la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE (EPESF).

Que, adicionalmente, solicitó autorización para actuar dentro del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como Autogenerador Distribuido conformado por los agentes ASCOTISY (Autogenerador propuesto), ACARSLSY, ACARQQ3Y, ASCOCGSN, ASOCBA1N y ASOCCA1N.

Que mediante la Nota B-178440-1 de fecha 17 de enero de 2025 (IF-2025-07149841-APN-DGDA#MEC) obrante en el expediente N° EX-2025-7148320-APN-DGDA#MEC, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) informó que la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA cumple para su Parque Solar Fotovoltaico Timbúes los requisitos exigidos en los puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados por la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementaria, para su ingreso y administración en el MEM, como así también con la información requerida para la Base de Datos Estacional del Sistema, Capítulo 2 y Anexos 1 y 2 de Los Procedimientos. Agregó, además, que la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA deberá cumplimentar con el equipamiento correspondiente para satisfacer los requerimientos del Anexo 24 de Los Procedimientos en lo referente al sistema de comunicaciones SCOM, SMEC y SOTR.

Que mediante la Resolución N° 1 de fecha 10 de enero de 2025 (IF-2025-05638951-APN-SE#MEC) obrante en el expediente N° EX-2025-5638342-APN-DGDA#MEC, emitida por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de SANTA FE, se resolvió aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Parque Solar Fotovoltaico Timbúes.

Que la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de documentación societaria y comercial.

Que la solicitud de ingreso al MEM se publicó en el Boletín Oficial Nº 35.685 del 11 de junio de 2025, sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de esta medida.

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 24.065, el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA el cambio de categoría de Agente del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) desde la condición actual de Gran Usuario Mayor (GUMA ASCOTISY) a la de Autogenerador para su Parque Solar Fotovoltaico Timbúes con una potencia de UNO COMA DOS MEGAVATIOS (1,2 MW) ubicado en el Partido de San Lorenzo, Provincia de SANTA FE, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de la Estación Transformadora La Ribera, jurisdicción de la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE (EPESF).

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA actuar dentro del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como Autogenerador Distribuido conformado por el Parque Solar Fotovoltaico Timbúes y los agentes ACARSLSY, ACARQQ3Y, ASCOCGSN, ASOCBA1N y ASOCCA1N.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos de que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del MEM y las penalidades que deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de eventuales indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA, titular del Parque Solar Fotovoltaico Timbúes en su vínculo con el SADI. A este efecto, se faculta a CAMMESA a efectuar los correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o penalidades se produzcan.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA, a CAMMESA, a la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE (EPESF) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 15/07/2025 N° 49380/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 24059
    infoleg 458
  • 27319
    infoleg 268004
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 340/2024
    infoleg 398296
  • 438/1992
    infoleg 8476

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA RESOLUCIÓN N° 828/2025 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL
(RESOL-2025-828-APN-MSG)

I. INTRODUCCIÓN

La Resolución N° 828/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional (en adelante, "la norma") tiene por objeto aprobar el "Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales", que se publica como Anexo I de la presente resolución. Este protocolo tiene como finalidad regular la actuación de agentes encubiertos y reveladores en contextos digitales, adaptándose a las nuevas formas de delincuencia detectadas en los entornos virtuales.

El presente análisis se basa en el contexto proporcionado, que incluye referencias a la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520), la Ley de Seguridad Interior (Ley N° 24.059), la Ley N° 27.319, el Decreto N° 50/2019, la Resolución N° 917/17, y la Ley de Seguridad Interior (Ley N° 24.059), entre otros instrumentos normativos. Se analizará la validez de la norma, su vinculación con el marco constitucional y legal, los derechos afectados, las posibles irregularidades y los riesgos de abuso que puedan derivarse de su aplicación.

II. MARCO NORMATIVO Y VINCULACIÓN CON LA LEY DE MINISTERIOS (Ley N° 22.520)

La Ley de Ministerios (Ley N° 22.520), en su artículo 22 bis, establece las competencias del Ministerio de Seguridad Nacional, entre las que se incluyen:
- Determinación de objetivos y políticas en su área de competencia.
- Ejecución de planes, programas y proyectos según directivas del Poder Ejecutivo.
- Ejercicio del poder de policía de seguridad interna.
- Dirección y coordinación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
- Organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad.

Estas competencias son relevantes para la aprobación del Protocolo, ya que el Ministerio de Seguridad Nacional tiene competencia exclusiva para regular la actuación de agentes encubiertos y reveladores, como se menciona en la Resolución 917/17.

El artículo 4°, inciso b), apartado 9° de la Ley de Ministerios (T.O. 438/92) también es relevante, ya que permite al Ministerio de Seguridad Nacional dictar medidas operativas, como el protocolo aprobado en la presente resolución, para garantizar la ejecución de políticas de seguridad en consonancia con las directivas del Poder Ejecutivo.

Conclusión: La norma se encuadra dentro del marco legal establecido por la Ley de Ministerios, que otorga al Ministerio de Seguridad Nacional la competencia para regular la actuación de agentes encubiertos y reveladores, incluyendo su adaptación a contextos digitales.

III. VINCULACIÓN CON LA LEY N° 27.319

La Ley N° 27.319 es la base principal para la regulación de las figuras de agente encubierto y agente revelador, incluyendo medidas de protección y procedimientos de actuación. En este marco, el artículo 4° establece que el Ministerio de Seguridad Nacional debe instrumentar las medidas necesarias para la actuación de agentes encubiertos, y el artículo 6° menciona la actuación de agentes reveladores, con control judicial y con instrumentación necesaria.

La norma en cuestión se fundamenta en la Ley 27.319, ya que el artículo 12 de la misma establece que se adoptarán medidas de protección para los agentes, incluyendo la opción de retiro con beneficios económicos. Además, el artículo 17 menciona sanciones en caso de revelación de identidad, lo que limita el uso de estas figuras y protege a los agentes.

Conclusión: La norma se fundamenta en la Ley 27.319, que establece los marcos legales para la actuación de agentes encubiertos y reveladores, y reafirma los derechos de estos agentes, como la protección y la posibilidad de retiro con beneficios.

IV. VINCULACIÓN CON LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR (Ley N° 24.059)

La Ley de Seguridad Interior (Ley N° 24.059) establece el marco de coordinación interinstitucional y planificación estratégica en materia de seguridad. En particular, el artículo 8° menciona que el Ministerio de Seguridad ejerce la dirección política del esfuerzo policial, lo que justifica la competencia del Ministerio para regular la actuación de agentes encubiertos y reveladores.

El artículo 10 menciona la coordinación con el Poder Judicial, lo que refuerza la necesidad de que los protocolos incluyan control judicial y procedimientos legales para evitar abusos.

Conclusión: La norma se fundamenta en la Ley de Seguridad Interior, que establece la competencia del Ministerio de Seguridad Nacional para dirigir el esfuerzo policial y coordinar acciones de seguridad, incluyendo la actuación de agentes encubiertos y reveladores.

V. VINCULACIÓN CON EL DECRETO N° 50/2019

El Decreto N° 50/2019 establece la estructura funcional del Poder Ejecutivo, incluyendo la organización y competencias de los ministerios. Aunque no se menciona directamente en la norma, el Decreto 50/2019 establece la estructura funcional que permite al Ministerio de Seguridad Nacional ejercer su competencia en materia de seguridad, incluyendo la regulación de agentes encubiertos y reveladores.

En este sentido, el artículo 1° del Decreto 50/2019 menciona la designación de autoridades en organismos descentralizados, lo que se relaciona con la regulación de agentes encubiertos.

Conclusión: El Decreto 50/2019 establece el marco funcional que permite la regulación de agentes encubiertos y reveladores por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.

VI. DERECHOS AFECTADOS POR LA NUEVA NORMA

La norma afecta derechos fundamentales, entre los que se destacan:
1. Derecho a la privacidad (Art. 18 de la Constitución Nacional):
- La actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales puede interferir en la privacidad de las personas, especialmente en contextos digitales.
- La Ley 27.319 menciona que se deben adoptar medidas de protección para los agentes, pero no regula explícitamente el uso de estas figuras en contextos digitales, lo que puede generar vulneraciones a la privacidad.

1. Derecho a la igualdad y no discriminación (Art. 16 de la Constitución Nacional):
2. La aplicación de agentes encubiertos y reveladores debe ser objetiva y justificada, para evitar discriminaciones.

3. La Ley 27.319 menciona que no se puede utilizar estas figuras para violar derechos fundamentales, lo que se debe respetar en la aplicación del protocolo.

4. Derecho a la libertad de expresión (Art. 14 de la Constitución Nacional):

5. La actuación de agentes reveladores en contextos digitales puede afectar la libertad de expresión, especialmente si se usan para vigilar o controlar contenido en redes sociales.

6. La Ley 27.319 menciona que los agentes pueden actuar en contextos digitales, pero debe garantizarse su transparencia y control judicial.

7. Derecho a la protección de datos personales (Ley N° 25.525):

8. La actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales implica manejo de datos personales, lo que debe ser regulado por la Ley de Protección de Datos.
9. La norma no menciona explícitamente la regulación de datos personales, lo que puede generar incertidumbre sobre la protección de los datos de las personas afectadas.

Conclusión: La norma afecta derechos fundamentales, como la privacidad, la igualdad, la libertad de expresión y la protección de datos personales, lo que exige una implementación cuidadosa y control judicial.

VII. IRREGULARIDADES POTENCIALES

1. Falta de transparencia en la aplicación del protocolo:
2. La norma no menciona cómo se controlará la actuación de los agentes y cómo se garantizará la transparencia** en su uso.

3. La Ley 27.319 menciona que se deben adoptar medidas de protección, pero no establece mecanismos concretos para vigilar su actuación.

4. Falta de especificidad en la definición de "agentes encubiertos y reveladores digitales":

5. La norma no define con precisión qué se entiende por agente encubierto digital o agente revelador digital, lo que puede generar ambigüedades en su aplicación.

6. La Ley 27.319 menciona que se deben definir las figuras, pero no se mencionan especificidades en contextos digitales.

7. Falta de mecanismos de control y supervisión:

8. La norma no establece cómo se controlará la actuación de los agentes ni cómo se garantizará su transparencia**.
9. La Ley 27.319 menciona que se deben adoptar medidas de protección, pero no se mencionan mecanismos de supervisión.

Conclusión: La norma presenta irregularidades, como falta de transparencia, definiciones imprecisas y ausencia de mecanismos de control, lo que puede generar abusos si no se implementan mecanismos de supervisión.

VIII. POSIBLES ABUSOS

1. Uso de agentes encubiertos para vigilancia ilegítima:
2. La actuación de agentes encubiertos puede ser utilizada para vigilancia ilegítima, especialmente en contextos digitales.

3. La Ley 27.319 menciona que no se puede utilizar estas figuras para violar derechos fundamentales, pero no se especifican mecanismos de control.

4. Falta de supervisión judicial:

5. La norma no menciona cómo se garantizará la supervisión judicial** de la actuación de los agentes.

6. La Ley 27.319 menciona que la actuación de agentes debe ser controlada por el Poder Judicial, pero no se menciona cómo se hará.

7. Posible uso para reprimir disidencias:

8. La actuación de agentes encubiertos y reveladores puede ser usada para reprimir disidencias o movimientos sociales, especialmente en contextos digitales.
9. La Ley 27.319 menciona que no se pueden utilizar estas figuras para violar derechos, pero no se mencionan mecanismos de control.

Conclusión: La norma puede ser utilizada para abusos, especialmente si no se implementan mecanismos de control y supervisión**.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Vinculación con el marco legal:
- La norma se fundamenta en la Ley de Ministerios, la Ley 27.319 y la Ley de Seguridad Interior, lo que la hace válida en términos de competencia.
- Sin embargo, no se menciona con claridad la regulación de datos personales, lo que puede generar incertidumbre.

2. Derechos afectados:
- La norma afecta derechos fundamentales, como la privacidad, la igualdad, la libertad de expresión y la protección de datos personales.
- Es necesario garantizar que estos derechos se respeten en la aplicación del protocolo.

3. Irregularidades y riesgos de abuso:
- La falta de transparencia, definiciones imprecisas y mecanismos de control son riesgos potenciales.
- Se recomienda que se establezcan mecanismos de supervisión, definiciones claras y transparencia en la aplicación del protocolo.

4. Propuestas de mejora:
- Incorporar mecanismos de control por parte del Poder Judicial.
- Definir con claridad qué se entiende por agentes encubiertos y reveladores digitales.
- Especificar cómo se protegerán los datos personales en la actuación de los agentes.
- Incluir una cláusula de revisión periódica del protocolo, con participación de organismos de control.

X. CONCLUSIÓN

La Resolución N° 828/2025 se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo la Ley de Ministerios, la Ley 27.319 y la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, presenta ciertas irregularidades, como falta de transparencia, definiciones imprecisas y ausencia de mecanismos de control, lo que puede generar abusos si no se implementan medidas de supervisión y transparencia.

Es fundamental que el Ministerio de Seguridad Nacional garantice el respeto a los derechos fundamentales, especialmente en contextos digitales, y establezca mecanismos claros de control para evitar abusos.

En resumen, la norma es válida en términos legales, pero requiere de mejoras en su implementación para proteger los derechos de las personas y evitar abusos**.

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-153218074-APN-UEAE#MSG, la Ley de Ministerios (T.O. Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias, la Ley Nº 27.319, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorias, la Decisión Administrativa N° 340 del 6 de mayo de 2024 y sus modificatorias, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 917 del 13 de septiembre de 2017 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios (T.O. 438/1992) y sus modificatorias, en su artículo 22 bis preceptúa que compete a este MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL “1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia. 2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 3. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales, provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 4. Dirigir el esfuerzo nacional de policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento. 5. Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales.”

Que el ejercicio de tales funciones implica la determinación de una política criminal específica para la elaboración de planes y programas destinados a la gestión superior de las políticas públicas de seguridad.

Que, por otra parte, el artículo 8° de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias establece que el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, por delegación del Presidente de la Nación, ejerce la conducción política del esfuerzo nacional de policía y tiene a su cargo la dirección superior de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Que la Ley N° 27.319 crea y regula las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción.

Que estas figuras brindan a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, al MINISTERIO Público Fiscal y al Poder Judicial, las herramientas necesarias para profundizar la prevención y lucha contra los delitos complejos, a través de nuevas metodologías de investigación.

Que la mencionada ley dispone en sus artículos 4° y 6° que la instrumentación necesaria para la actuación y protección de agentes encubiertos y agentes reveladores estará a cargo de ésta cartera ministerial.

Que, en ese sentido, dispone en su artículo 12 que “deberán adoptarse, de ser necesarias, todas las medidas de protección adecuadas, con los alcances previstos en la legislación aplicable en materia de protección a testigos e imputados”.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 917/17 y sus modificatorias, se reglamentó la aplicación de la Ley N° 27.319.

Que por medio del Anexo I de la citada resolución se regularon los procesos de selección, capacitación, designación y protección de los agentes encubiertos, mientras que a través de su Anexo II se reguló el Procedimiento Interno para la Instrumentación de la Figura del Agente Revelador.

Que resulta imperioso destacar que ambas figuras, tanto la del agente encubierto como la del agente revelador, representan instrumentos legales que han permitido incorporar elementos de prueba de valor irrefutable en la lucha contra el delito.

Que, asimismo, la Ley Nº 27.319 no limita sus objetivos a un tipo de actividad y, por tanto, quedan habilitadas las figuras para las interacciones humanas tanto presenciales como digitales.

Que, desde la sanción de la Ley N° 27.319, se ha desarrollado en forma exponencial la utilización de sitios web y redes sociales para la comisión de diversos delitos, lo que impone la necesidad de actuar en tales escenarios.

Que, en razón de ello, resulta necesario incorporar protocolos específicos para las figuras de agente encubierto digital y agente revelador digital, de modo de adaptarse a las nuevas formas de criminalidad detectadas.

Que es una realidad que los poderes judiciales han autorizado la utilización de agentes encubiertos y reveladores tanto en forma digital como presencial desde hace tiempo, a los efectos de combatir la criminalidad en sus diferentes formas.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta de conformidad a las previsiones de los artículos 4º, inciso b), apartado 9º y 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en concordancia con el artículo 4º de la Ley Nº 27.319.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el “PROTOCOLO PARTICULAR PARA LA ACTUACIÓN DE LOS AGENTES ENCUBIERTOS Y REVELADORES DIGITALES” (IF-2025-70306301-APN-UGA#MSG) que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyese a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a la GENDARMERÍA NACIONAL, a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL a difundir y poner en conocimiento de las áreas correspondientes las prescripciones de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese.

Patricia Bullrich

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 15/07/2025 N° 49637/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 22520
    infoleg 48853
  • 20655
    infoleg 27274
• Decretos:
  • 246/2017
    infoleg 273511
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 340/2024
    infoleg 398296

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA RESOLUCIÓN N° 848-APN-MSG DE 12/07/2025

La Resolución N° 848-APN-MSG del Ministerio de Seguridad Nacional, emitida el 12 de julio de 2025, establece medidas de seguridad en un evento deportivo organizado por el Club Atlético Boca Juniors, en el estadio Alberto J. Armando, donde se presentó al jugador Leandro Paredes. El análisis de esta norma debe realizarse en el marco de las leyes y decretos mencionados en su considerando, como la Ley 22.520 (t.o. Decreto 438/92), la Ley 20.655, el Decreto 246/17, el Decreto 50/2019, las Resoluciones 354/2017 y 843/2018, el Convenio Marco para la Federalización del SISEF, y las Resoluciones 327/2024 y 1167/2024. A continuación, se desarrolla un análisis jurídico, destacando el marco normativo, los derechos afectados, las irregularidades y los posibles abusos.

1. MARCO NORMATIVO DE LA RESOLUCIÓN

La Resolución se fundamenta en varios instrumentos jurídicos:

• Ley 22.520 (t.o. Decreto 438/92):
• Artículo 22 bis: Establece que al Ministerio de Seguridad Nacional le compete la seguridad interior, la preservación de la vida, el patrimonio y los derechos de los habitantes, incluyendo la ejecución del poder de policía.

• Este artículo es clave para justificar la intervención del Ministerio en eventos masivos, como el mencionado en la norma.

• Ley 20.655 y sus modificaciones:

• Artículo 3°, inciso j: Obliga al Estado a velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos.
• Artículo 15 y 16: Establece los recursos operativos de la Agencia Nacional de Deporte y su uso para la construcción, mantenimiento de instalaciones, asistencia al deporte y promoción de competencias.
• Artículo 20: Establece la estructura de organizaciones deportivas (de primer grado, representación nacional, etc.) y su responsabilidad en la organización de eventos.

• Artículo 20 bis: Refuerza la necesidad de coordinación entre entidades (nacionales, provinciales y municipales) para garantizar la seguridad en eventos masivos.

• Decreto 246/17:

• Reglamenta la seguridad en el fútbol, delegando al Ministerio de Seguridad Nacional la gestión de medidas restrictivas de concurrencia a eventos futbolísticos.

• Establece la restricción de acceso a personas identificadas como riesgo.

• Resolución 354/2017:

• Establece medidas preventivas contra la violencia en eventos deportivos, basada en el artículo 3°, inciso j de la Ley 20.655.

• Resolución 843/2018:

• Crea el Programa TRIBUNA SEGURA, que se aplica en estadios mediante el Sistema de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF), operado por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos.

• Convenio Marco para la Federalización del SISEF:

• Se menciona en el artículo 1° de la norma actual, y se refiere a la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) al sistema de seguridad.

• Resoluciones 327/2024 y 1167/2024:

• Estas resoluciones establecen restricciones de acceso a personas que se consideran riesgo público, como Rafael Di Zeo, quien fue identificado como liderazgo de una parcialidad radicalizada del Club Atlético Boca Juniors.

2. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN

a) Fundamento legal de la norma

La Resolución se basa en el artículo 22 bis de la Ley 22.520, que otorga al Ministerio de Seguridad Nacional la competencia en la seguridad interior, incluyendo la ejecución del poder de policía interno y la coordinación con jurisdicciones.

• El artículo 1° de la norma exige a la CABA y a la autoridad de seguridad deportiva que observen el Convenio Marco del SISEF, lo que refleja la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación del SISEF en eventos deportivos.

• El artículo 2° menciona que el evento debe ser considerado como un evento deportivo, lo que implica la aplicación de medidas de control de acceso y restricciones de concurrencia.

• El artículo 3° establece la vigencia inmediata de la medida, lo que refleja la urgencia y necesidad de acción rápida ante la falta de implementación del Programa Tribuna Segura.

• El artículo 4° menciona la registro, comunicación y publicación de la norma, lo cual refleja la transparencia y formalización de actos administrativos, como se mencionan en el contexto.

3. DERECHOS AFECTADOS

La Resolución puede afectar ciertos derechos fundamentales, como:

• Derecho a la libre circulación y acceso a eventos públicos:

• La restricción de acceso a personas identificadas como riesgo puede implicar limitaciones al derecho de asistencia a eventos públicos, aunque se justifica por razones de seguridad pública.

• Derecho a la presunción de inocencia:

• La restricción de acceso a personas con medidas preventivas (como Rafael Di Zeo) puede implicar sanciones sin garantía de un proceso judicial, lo que puede afectar el derecho a la defensa y procedimiento legal.

• Derecho a la privacidad y protección de datos:

• La gestión de datos en el SISEF implica el tratamiento de información personal, lo que debe cumplir con el marco de protección de datos y derecho a la privacidad.

4. IRREGULARIDADES Y POSIBLES ABUSOS

Aunque la norma se fundamenta en una base legal sólida, existen **puntos que pueden considerarse irregulares o potencialmente abusivos:

a) Falta de transparencia en la aplicación de medidas restrictivas

• La restricción de acceso a Rafael Di Zeo se fundamenta en resoluciones 327/2024 y 1167/2024, pero no se menciona si se respetaron los derechos de defensa ni si se cumplieron los trámites legales correspondientes.

• La falta de transparencia en la identificación de riesgos y la implementación de medidas puede generar sospechas de arbitrariedad.

b) Falta de participación ciudadana y de control externo

• La implementación del SISEF y la aplicación de medidas de seguridad se realizan sin participación ciudadana ni control externo.

• No se menciona si se consultó a la comunidad o si se evaluó el impacto de las medidas en los derechos de los asistentes.

c) Posible falta de proporcionalidad

• La medida de seguridad se aplica a un evento no oficial, sino a una presentación de un jugador, lo que puede no ser proporcional a la naturaleza del evento.

• Aunque se menciona que el evento se considera como un evento deportivo, no se explica con claridad por qué se aplica el SISEF a un evento que no es un partido oficial.

d) Falta de coordinación con la CABA

• La CABA no implementó el Programa Tribuna Segura, lo que se menciona como falta de cumplimiento de los términos del Convenio Marco.

• Sin embargo, no se menciona si se exigió a la CABA una justificación de su no cumplimiento o si se aplicaron sanciones por la inobservancia de las normas.

5. EFECTOS DE LA NUEVA NORMA SOBRE LAS ANTERIORES

La nueva norma reafirma y amplía la competencia del Ministerio de Seguridad Nacional en la gestión de la seguridad en eventos masivos, especialmente en eventos deportivos.

• Reafirma el marco normativo de la Ley 20.655, el Decreto 246/17, y la Resolución 843/2018, que establecen el SISEF y el Programa Tribuna Segura.

• Refuerza la obligación de la CABA de adherirse al SISEF, como se menciona en el Convenio Marco.

• Establece una nueva interpretación del evento de presentación de un jugador como evento deportivo, lo que amplía el ámbito de aplicación de las medidas de seguridad.

• Refuerza la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Seguridad Nacional, las jurisdicciones y las entidades deportivas**.

6. CONCLUSIÓN

La Resolución 848-APN-MSG se fundamenta en un marco normativo sólido, pero su aplicación puede generar cuestionamientos en términos de derechos fundamentales, transparencia y proporcionalidad.

• La norma reafirma la competencia del Ministerio de Seguridad Nacional en la seguridad en eventos deportivos, lo que es legítimo en el marco de la Ley 22.520 y Ley 20.655.

• Sin embargo, no se mencionan los mecanismos de defensa de las personas afectadas, ni se explica por qué se aplica el SISEF a un evento no oficial.

• La falta de transparencia en la identificación de riesgos y la implementación de medidas puede generar cuestionamientos legales y sospechas de abuso de poder.

• La coordinación entre el Ministerio y la CABA es clave, pero no se menciona si se aplicaron sanciones por la no implementación del Programa Tribuna Segura.

En resumen, la norma refuerza la competencia del Ministerio de Seguridad Nacional en la seguridad en eventos deportivos, pero debe ser aplicada con transparencia y proporcionalidad, respetando los derechos fundamentales y procedimientos legales.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-75516644- -APN-DSED#MSG, Ley N° 22.520 (t.o. Dec. 438/92), Ley N° 20.655 y sus modificatorias, Decreto N° 246 del 10 de abril de 2017; el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019; la Decisión Administrativa N° 340 del 16 de mayo de 2024; la Resolución del Ministerio de Seguridad Nacional N° 354 del 19 de abril de 2017 y sus modificatorias; la Resolución del Ministerio de Seguridad Nacional 843/2018 del 7 de noviembre de 2018,

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Dec 438/92), art. 22 bis establece que le compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, y en particular, entender en el ejercicio del poder de policía interno.

Que, por el Decreto 50/2019 y modificatorias, este Ministerio entiende en las operaciones policiales interjurisdiccionales en lo referente a los espectáculos deportivos y otros eventos masivos promoviendo circuitos estratégicos para el accionar de las Fuerzas Federales de Seguridad y de las distintas áreas con otros organismos estatales.

Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, a través de la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL, entiende en el diseño, aplicación de políticas y estrategias para el control de la seguridad en eventos deportivos, generando competencias de prevención de la violencia en los mismos y coordinando las acciones necesarias con las áreas de la Jurisdicción competentes, como también en las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el Sistema Federal de la Seguridad en lo referente a los espectáculos deportivos y otros eventos masivos, desarrollando circuitos estratégicos para el accionar de las Fuerzas de Seguridad Federales y de las distintas áreas del Ministerio con otros organismos estatales.

Que la Ley N° 20.655 en su artículo 3°, inc. j) establece que el Estado, a través de los organismos competentes, deberá “velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos…”.

Que el Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655, introduce en nuestro ordenamiento legal la actualización de los lineamientos y preceptos de la seguridad en el fútbol, delegando en el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL el diseño de medidas restrictivas de concurrencia a espectáculos futbolísticos a aquellas personas que considere capaces de generar un riesgo para la seguridad pública.

Que asimismo, las provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES tomarán en ejercicio de su poder de policía, las medidas necesarias para garantizar la observancia del Decreto N° 246/17, y de sus normas complementarias.

Que en fecha 19 de abril de 2017 se dicta la Resolución N° 354-E/2017 con el propósito de acentuar la prevención de los hechos de agresión y violencia en ocasión de un espectáculo futbolístico, sea antes, durante o inmediatamente después de celebrarse tal evento e instituir medidas restrictivas de concurrencia a estadios de fútbol.

Que mediante resolución 843/2018 del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, se creó el “Programa TRIBUNA SEGURA” en el ámbito del MINISTERIO, destinado al control de acceso e ingreso y fiscalización de entrada a estadios de fútbol en ocasión de la disputa de un encuentro futbolístico en el ámbito del territorio nacional, delegándose a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL, la gestión, operatoria, aplicación y capacitación del citado programa.

Que el mencionado sistema contempla la afectación de acceso de aquellos individuos que se encuentren alcanzados por impedimentos o restricciones de orden administrativo o judicial procedentes de las distintas jurisdicciones adherentes al Programa a través de convenios marco o acuerdos específicos en la materia.

Que la operatoria del programa por medio de los dispositivos celulares es ejecutada por personal policial de las respectivas jurisdicciones que hayan adherido a las normas aplicables al caso.

Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, con fecha 03 de junio de 2024 ha celebrado un convenio con la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES asignando el Software del SISTEMA DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS FUTBOLISTICOS (SISEF) en el marco del programa TRIBUNA SEGURA, comprometiéndose en su normal funcionamiento e implementación.

Que la presente intervención administrativa obedece al evento de carácter masivo que tuvo lugar en estadio “ALBERTO J. ARMANDO” perteneciente al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS el 10 de JULIO del corriente año, en ocasión de la presentación del jugador LEANDRO PAREDES, como reciente incorporación al plantel profesional de la entidad precitada.

Que, en ese contexto, como es de público y notorio conocimiento, se verificó la presencia de RAFAEL DI ZEO en las gradas del estadio, persona que ostenta el liderazgo de la parcialidad radicalizada del CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS y sobre quien pesa RESTRICCION DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA, impuestas por esta cartera por TIEMPO INDETERMINADO, conforme resolución RESOL-2024-327-APN-MSG y RESOL-2024-1167-APN-MSG.

Que este orden de ideas y como también lo consignan medios periodísticos, se produjeron desbordes en los accesos por la escasa presencia policial y la no implementación del Programa TRIBUNA SEGURA, cuando las circunstancias lo ameritaban, teniendo en cuenta la masiva concurrencia de público que habitualmente acude a cotejos futbolísticos.

Que las medidas de seguridad de aplicación en los recintos donde se disputan eventos deportivos, sociales y culturales se adoptan con carácter preventivo de acontecimientos de violencia que pudieren afectar severamente la protección y amparo del que deben velar tanto el Estado como las entidades deportivas involucradas sobre los simpatizantes que concurren a presenciar cualquier convocatoria de público, sin importar su naturaleza, circunstancia que debió la jurisdicción de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES ponderar para tomar las medidas pertinentes.

Que la presentación oficial de un jugador, organizada por un club del fútbol profesional, constituye un evento deportivo enmarcado dentro de la actividad futbolística, en tanto se desarrolla en instalaciones deportivas, convoca al público, involucra logística y seguridad, y forma parte de la vida institucional del club. Por lo tanto, dicho acto debe ser considerado como parte del ámbito de los eventos futbolísticos, siendo aplicables las medidas de control y restricción de ingreso vigentes.

Que la inobservancia comprobada de los términos del acuerdo suscripto y dada las características del evento con asistencia de público organizada por el CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS y autorizada por la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES pudo propiciar mayores implicancias de riesgo en la esfera de la seguridad de los asistentes.

Que la medida propiciada tendrá vigencia a partir de su dictado.

Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL ha tomado la intervención que le corresponde en los términos del artículo 7° inciso d) de la Ley 19.549.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Intímase a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y a la Autoridad de aplicación en materia de seguridad deportiva a la observancia de los términos del CONVENIO MARCO PARA LA FEDERALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS (SISEF) ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 2°. Exhórtase a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y a la Autoridad de aplicación en materia de seguridad deportiva a interpretar esta clase de acontecimientos como equivalentes a eventos deportivos en resguardo del orden público.

ARTICULO 3º. La medida tendrá vigencia a partir de su dictado.

ARTICULO 4º. Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

e. 15/07/2025 N° 49743/25 v. 15/07/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-51998178- -APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que, a raíz de varias consultas y denuncias efectuadas en la casilla de correo de Cosmetovigilancia, en relación al producto de la marca BIOLASH, se constató la oferta en diversos canales electrónicos del producto Serum potenciador de cejas y pestañas marca “BIOLASH”, el cual no cuenta con inscripción sanitaria ante la ANMAT.

Que, en consecuencia, se dio intervención al PROGRAMA DE MONITOREO Y FISCALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS A VIGILANCIA SANITARIA a fin de que se gestionen las bajas de las publicaciones que ofrecían al producto en cuestión para su venta.

Que, por lo expuesto, con la finalidad de advertir a pacientes y profesionales, a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, el DEPARTAMENTO DE DOMISANITARIOS, COSMETICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL sugiere: a) Prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto “Serum potenciador de cejas y pestañas” marca “BIOLASH” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentre debidamente regularizado.; hasta tanto obtenga su correspondiente registro sanitario; y b) Informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que finalmente, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto “Serum potenciador de cejas y pestañas” marca “BIOLASH” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentre debidamente regularizado.; hasta tanto obtenga su correspondiente registro sanitario.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 15/07/2025 N° 49589/25 v. 15/07/2025

• Decretos:
  • 141/1953
    infoleg 17330
  • 1490/1992
    infoleg 9909
  • 6586/2024

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente Electrónico EX-2025-45386300-APN-DVPS#ANMAT, y;

CONSIDERANDO

Que en las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (DEGMPS) informó de una consulta realizada sobre la legitimidad de un producto que se promocionaba y comercializaba por medio de plataformas de ventas digitales, rotulado como “DESINFECTANTE SEIQ. LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE. USO PROFESIONAL. Para todo tipo de superficies lavables, como pisos, azulejos, sanitarios, mesadas, piletas, etc. ELABORADO POR FANC S.A. Calle (28) Progreso N°4393 – Villa Lynch – San Martín – BS.AS. R.N.E. N° 020046604. RNPUD N°……………. www.seiqgroupsa.com.ar. info@seiqgroupsa.com.ar”.

Que dicha dirección verificó que el producto descripto no se encontraba registrado ante esta Administración Nacional.

Que por ello se procedió a citar a la firma FANC SOCIEDAD ANÓNIMA a fin de que realizara el reconocimiento del producto antes descripto dado que los datos que figuran en el rotulado del producto pertenecen al Registro Nacional de Establecimiento (RNE) bajo su nombre.

Que los representantes de la firma desconocieron como propio el producto y declararon que registraron algunos productos para la firma SEIQ GROUP S.A. y que a partir de la Disposición ANMAT N° 6586/2024 enviaron una notificación simple a SEIQ GROUP S.A. para que no colocaran sus datos en los productos que no hubieran sido alcanzados por sus acuerdos comerciales.

Que es preciso señalar que la Disposición ANMAT N° 6586/2024 ordenó la prohibición de productos sin registro ante ANMAT de la firma SEIQ GROUP S.A. con datos de la firma FANC S.A.

Que el director técnico de la firma FANC S.A. expresó que ante este segundo hallazgo de productos no registrado, y declarando a FANC S.A. engañosamente como elaborador en su rotulado, procedería a adoptar medidas de carácter formal.

Que la firma FANC S.A. adjuntó al expediente EX-2025-03350488-APN-DVPS#ANMAT el mail enviado a la firma SEIQ GROUP S.A. en el cual le indicaron que se abstengan de comercializar el producto, informaran los lotes elaborados e instrumenten el retiro del mercado.

Que la DEGMPS detectó también otros productos domisanitarios de la firma SEIQ GROUP S.A. sin registro ante esta ANMAT que se comercializaban en las plataformas de venta digital, a saber, 1. Destapa cañerías, marca Seiq; 2. Limpiador para alfombras, marca Runa XD 45; 3. Insecticida, marca CD 720; 4. Desinfectante y desincrustante quita sarro, marca SX 185; 5. Limpiador desinfectante, marca Bentol Cítrico; 6. Detergente, marca DX 110; 7. Suavizante, marca Whell 10; 8. Desinfectante, marca Sanity Pro; 9. Shampoo para autos, marca CH 140; 10. Cera para madera, marca Parquet Glossy; 11. Clarificador, marca Seiq y 12. Cera acrílica para piso, marca Blast.

Que la firma SEIQ GROUP S.A. no se encuentra habilitada ante la ANMAT.

Que la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que no hay registro de empresa ni de establecimiento como tampoco registro de los productos antes detallados en dicha jurisdicción.

Que los links de comercialización de los productos han sido remitidos por la DEGMPS al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de ANMAT para la intervención de su competencia.

Que por todo lo expuesto la DEGMPS sugirió prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes y presentación de los siguientes productos domisanitarios hasta tanto regularicen su situación ante ANMAT: Desinfectante Seiq. Limpiador líquido desinfectante; Destapa cañerías, marca Seiq; Limpiador para alfombras, marca Runa XD 45; Insecticida, marca CD 720; Desinfectante y desincrustante quita sarro, marca SX 185; Limpiador desinfectante, marca Bentol Cítrico; Detergente, marca DX 110; Suavizante, marca Whell 10; Desinfectante, marca Sanity Pro; Shampoo para autos, marca CH 140; Cera para madera, marca Parquet Glossy; Clarificador, marca Seiq y Cera acrílica para piso, marca Blast e iniciar un sumario sanitario a la firma SEIQ GROUP S.A. CUIT N° 30-71206572-5.

Que desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configuran la presunta infracción al artículo 816 del Decreto N° 141/53, al artículo 1° de la Resolución ex MS y AS N° 708/98, al artículo 1° de las Resolución ex MS y AS Nº 709/98, al artículo 1° de la Disposición ANMAT N° 7293/98 y al artículo 1° de la Disposición Nº 7292/98.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes y presentaciones de los siguientes productos domisanitarios hasta tanto regularicen su situación ante ANMAT: Desinfectante Seiq. Limpiador líquido desinfectante; Destapa cañerías, marca Seiq; Limpiador para alfombras, marca Runa XD 45; Insecticida, marca CD 720; Desinfectante y desincrustante quita sarro, marca SX 185; Limpiador desinfectante, marca Bentol Cítrico; Detergente, marca DX 110; Suavizante, marca Whell 10; Desinfectante, marca Sanity Pro; Shampoo para autos, marca CH 140; Cera para madera, marca Parquet Glossy; Clarificador, marca Seiq y Cera acrílica para piso, marca Blast.

ARTÍCULO 2º. Instrúyase sumario sanitario a la firma SEIQ GROUP S.A. (CUIT: 30- 71206572-5), con domicilio en la calle Tirantes N° 1090, localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires y a quien ejerza su dirección técnica, por los presuntos incumplimientos al artículo 816 del Decreto N° 141/53, al artículo 1° de la Resolución ex MS y AS N° 708/98, al artículo 1° de las Resolución ex MS y AS Nº 709/98, al artículo 1° de la Disposición ANMAT N° 7293/98 y al artículo 1° de la Disposición Nº 7292/98.

ARTÍCULO 3°. Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 15/07/2025 N° 49583/25 v. 15/07/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2024-65851592-APN-DNTHYC#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 1361 de fecha 8 de septiembre de 2016, la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que el Hospital Central Reconquista “Dra. Olga Stucky de Rizzi” de la provincia de Santa Fe, ha presentado según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias en Clínica Médica; Medicina General y Familiar; Pediatría; Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria y Tocoginecología.

Que la entonces DIRECCIÓN NACIONAL TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró los informes técnicos correspondientes a cada una de las residencias los que, en virtud de la Resolución Ministerial N° 1361/16, fueron suscriptos por la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, atento a la vacancia de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO.

Que, en los mencionados informes técnicos, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, se propone asignar las siguientes categorías: residencias en Clínica Médica, Medicina General y Familiar, Pediatría y Tocoginecología el Nivel A de reconocimiento y a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria el Nivel B de reconocimiento.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias en Clínica Médica, Medicina General y Familiar, Pediatría, Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria y Tocoginecología. del Hospital Central Reconquista “Dra. Olga Stucky de Rizzi” de la provincia de Santa Fe.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias en Clínica Médica, Medicina General y Familiar, Pediatría y Tocoginecología de la institución Hospital Central Reconquista “Dra. Olga Stucky de Rizzi” de la provincia de Santa Fe, en el Nivel A por un período de 5 (CINCO) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria de la institución Hospital Central Reconquista “Dra. Olga Stucky de Rizzi” de la provincia de Santa Fe, en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 3°.- La institución Hospital Central Reconquista “Dra. Olga Stucky de Rizzi” de la provincia de Santa Fe, deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 4°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 5°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Pablo Vivas

e. 15/07/2025 N° 49562/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 17132
    infoleg 19429
• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-35033294- -APN-DNCYDTS#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que el reconocimiento de aquellas residencias que no sean de especialidades aprobadas por este Ministerio, no habilitará la certificación de especialidad de acuerdo a los términos de la Ley N° 17.132 Capítulo II — De los Especialistas Médicos Artículo 21.

Que el Hospital de Clínicas José de San Martin - U.B.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado, según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias en CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, CLÍNICA MÉDICA, ENDOCRINOLOGÍA, FARMACIA CLÍNICA, HEMATOLOGÍA, INFECTOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NUTRICIÓN CLÍNICA, NUTRICIÓN CLINICA (para licenciados en Nutrición), TERAPIA INTENSIVA, TRABAJO SOCIAL y UROLOGÍA.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD elaboró los informes técnicos correspondientes a cada una de las residencias.

Que, en los mencionados informes técnicos, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, se propone asignar las siguientes categorías: residencias en CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, ENDOCRINOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, INFECTOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NUTRICIÓN CLÍNICA, NUTRICIÓN CLINICA (para licenciados en Nutrición), TERAPIA INTENSIVA y TRABAJO SOCIAL, categoría NIVEL A de reconocimiento y residencias en CLÍNICA MÉDICA, FARMACIA CLÍNICA y UROLOGÍA, categoría NIVEL B de reconocimiento.

Que, atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias en CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, CLÍNICA MÉDICA, ENDOCRINOLOGÍA, FARMACIA CLÍNICA, HEMATOLOGÍA, INFECTOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NUTRICIÓN CLÍNICA, NUTRICIÓN CLINICA (para licenciados en Nutrición), TERAPIA INTENSIVA, TRABAJO SOCIAL y UROLOGÍA del Hospital de Clínicas José de San Martin - U.B.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias en CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, ENDOCRINOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, INFECTOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NUTRICIÓN CLÍNICA (Nutrición), NUTRICIÓN CLINICA (para licenciados en Nutrición), TERAPIA INTENSIVA y TRABAJO SOCIAL del Hospital de Clínicas José de San Martin - U.B.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Nivel A por un período de 5 (CINCO) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese a las residencias en CLÍNICA MÉDICA, FARMACIA CLÍNICA y UROLOGÍA del Hospital de Clínicas José de San Martin - U.B.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 3°: Las residencias de FARMACIA CLÍNICA, NUTRICIÓN CLÍNICA (para licenciados en Nutrición) y de TRABAJO SOCIAL, reconocidas por los artítulos 1° y 2°, no habilitarán a sus egresados a la certificación de especialidad por tratarse de especialidades no incluidas en las Nóminas de especialdiades aprobadas por este Ministerio,

ARTÍCULO 4°.- La institución Hospital de Clínicas José de San Martin - U.B.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 5°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 6°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 7°. - Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese

Juan Pablo Vivas

e. 15/07/2025 N° 49563/25 v. 15/07/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-32431843- -APN-DNCYDTS#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que la Clínica Dharma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado, según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de la residencia en Psiquiatría.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD elaboró el informe técnico correspondiente.

Que, en el mencionado informe técnico, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, se propone asignar la categoría: Nivel A de reconocimiento.

Que, atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de la residencia en Psiquiatría de la Clínica Dharma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a la residencia en Psiquiatría de la Clínica Dharma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Nivel A por un período de 5 (CINCO) AÑOS, de acuerdo con el informe técnico emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- La institución Clínica Dharma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 3°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de la formación reconocida por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 4°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Pablo Vivas

e. 15/07/2025 N° 49569/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 26102
    infoleg 117238
• Decretos:
  • 36/2023
    infoleg 378589
    infoleg 395347

José María Ezeiza, Buenos Aires, 11/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-35357040-APN-DGSAP#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la Ley Nº 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, las Resoluciones Nº 1.015 del 6 de septiembre de 2012 y sus modificatorias, 53 del 8 de febrero de 2024, 125 del 13 de marzo de 2024 y 284 del 6 de marzo de 2025 del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, las Disposiciones Nros. 951 del 14 de agosto de 2012, 314 del 25 de abril de 2013, 967 del 19 de noviembre de 2013, 937 del 13 de agosto de 2018, 1.481 del 22 de diciembre de 2020, 943 y 944, ambas del 14 de agosto de 2024, todas del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que la Resolución MS N° 1.015/12 aprobó la estructura orgánica y funcional de esta Institución, compuesta por la estructura de conducción y administración, la estructura operacional y el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria.

Que conforme a los artículos 10 y 14 del Anexo I a la citada Resolución, la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva y la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Compleja tienen a su cargo la dirección orgánica y funcional del sistema de seguridad aeroportuaria preventiva y compleja de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que de conformidad con la mentada Resolución, la dirección orgánica consiste en el diseño, elaboración, planificación y/o actualización de la doctrina estratégica operacional de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que la Disposición PSA N° 951/12 creó la UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA DOCTRINA OPERACIONAL, instancia ad hoc actuante en la órbita de la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva, abocada a la recopilación, sistematización, análisis y actualización permanente del cuerpo de doctrina estratégica y operacional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que posteriormente, mediante las Disposiciones PSA N° 314/13 y N° 937/18 se redefinió la composición de la UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA DOCTRINA OPERACIONAL, la que actualmente se encuentra integrada por un equipo de trabajo “ad hoc”, constituido por la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva, la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Compleja, dependencias responsables de la dirección orgánica en materia de doctrina estratégica y operacional policial del sistema de seguridad aeroportuaria; el Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria, en su carácter de responsable de la dirección funcional en el nivel estratégico-operacional; pudiendo la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Planificación actuar como órganos consultivos en las cuestiones encomendadas al citado equipo de trabajo.

Que en virtud del dictado de las Resoluciones MS Nros. 53/24 y 125/24, deviene necesario adecuar los Protocolos Generales de Actuación relativos al uso de la fuerza y de las armas, en un todo de acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos por el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL.

Que en consonancia con ello, mediante las Disposiciones PSA N° 943/24 y N° 944/24 se aprobaron el “Protocolo General de Actuación para el uso de la fuerza menos letal – PGA N° 7”, y el “Protocolo General de Actuación sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial – PGA N° 5”, respectivamente.

Que por su parte, el contenido del “Protocolo General de Actuación para utilización de sistemas de armas de fuego – PGA N° 6”, aprobado por la Disposición PSA N° 1.481/20, debe contemplar las pautas establecidas por el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL en las normas mencionadas.

Que en función de ello, la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Doctrina Operacional trabajó en la revisión y elaboración de contenidos actualizados del PGA N° 6, a fin de que los mismos se ajusten plenamente a las exigencias y requerimientos específicos del accionar policial y a la normativa actual vigente.

Que en esa misma línea, resulta necesario redefinir la modalidad de asignación regular del sistema de armas de fuego reglamentario de temporal a permanente.

Que el Protocolo General de Actuación que se aprueba por la presente medida deberá interpretarse como un marco de referencia ineludible e indubitable en torno al cual se ordena el ejercicio de las funciones o el cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial por parte de los Oficiales de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que asimismo corresponde aprobar el “Procedimiento para la gestión de la información relativa a la aptitud para la habilitación en el uso de sistemas de armas de fuego del personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA”.

Que sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo precedente, la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Doctrina Operacional de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA deberá efectuar las adecuaciones del “Procedimiento para la gestión de la información relativa a la aptitud para la habilitación en el uso de sistemas de armas de fuego del personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA”, a los lineamientos establecidos por la Resolución MSG N° 284/25, modificatoria de la Resolución MS N° 1515/12; así como del “Protocolo General de Actuación para la Entrega, Control y Resguardo de Sistemas de Armas y Elementos de Protección Balística – PGA N° 9”, aprobado por la Disposición PSA N° 967/13, de acuerdo a las pautas establecidas en el Protocolo General de Actuación que se aprueba por la presente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 26.102 de Seguridad Aeroportuaria y el Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2023.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la Disposición PSA N° 1.481/20.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “Protocolo General de Actuación para la utilización de sistemas de armas de fuego – PGA Nº 6”, que como Anexo I (DI-2025-75196338-APN-PSA#MSG) integra la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que el Protocolo General de Actuación que se aprueba por el artículo 2º de la presente Disposición será de aplicación obligatoria para todo el personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase el “Procedimiento para la gestión de la información relativa a la aptitud para la habilitación en el uso de sistemas de armas de fuego del personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA” que como Anexo II (DI-2025-75196493-APN-PSA#MSG) integra la presente Disposición.

ARTÍCULO 5°.- Los datos generados en el marco de la aplicación del Procedimiento aprobado en el artículo 4° de la presente Disposición, serán utilizados por el Registro de Armas de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, dependiente de la Dirección de Gestión de Permisos Personales Aeroportuarios de esta Institución, como información validada tendiente a la confección del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC) que administra el Registro Nacional de Armas (RENAR), y la consecuente prosecución del trámite de obtención o renovación de Credencial de Legítimo Usuario y/o permiso de portación, como así también los referidos a adquisición, registro y tenencia de armas particulares de los Oficiales de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA en situación de servicio activo.

ARTÍCULO 6º.- Instrúyese al Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria a diseñar, programar e implementar, en coordinación con la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Doctrina Operacional, las correspondientes actividades de capacitación y reentrenamiento sobre el “Protocolo General de Actuación para la utilización de sistemas de armas de fuego – PGA Nº 6”, extensivas a todo el personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

ARTÍCULO 7º.- Instrúyese a la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Doctrina Operacional, a adecuar y actualizar el “Procedimiento para la gestión de la información relativa a la aptitud para la habilitación en el uso de sistemas de armas de fuego del personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA”, de conformidad a los contenidos del Protocolo General de Actuación que se aprueba por el artículo 2º de la presente medida, y a lo establecido en la Resolución MS N° 1515/12 (T.O. Resolución MSG N° 284/25).

ARTÍCULO 8º.- Instrúyese a la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Doctrina Operacional, a trabajar en la actualización del “Protocolo General de Actuación para la Entrega, Control y Resguardo de Sistemas de Armas y Elementos de Protección Balística – PGA N° 9”, aprobado por la Disposición PSA N° 967/13, a fin de adecuarlo a las pautas establecidas en el Protocolo General de Actuación que se aprueba por la presente medida.

ARTÍCULO 9º.- Instrúyese a las dependencias que integran esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a adecuar y actualizar de conformidad a los contenidos del Protocolo General de Actuación que se aprueba por el artículo 2º de la presente, aquellos procedimientos, pautas, directivas u otros documentos, cualquiera sea su denominación, que regulan, reglamentan, compendian u organizan la materia de la que trata la presente Disposición.

ARTÍCULO 10.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Establécense las siguientes normas transitorias:

1. La asignación permanente de armamento como modalidad regular para el personal policial de la Institución se implementará de manera progresiva, iniciando con los Oficiales que hubieren alcanzado la jerarquía de Comisionado General, y continuando de manera gradual y descendente con las restantes jerarquías, previa capacitación específica del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, y bajo la coordinación de las Direcciones Generales de Seguridad Aeroportuaria Preventiva y Seguridad Aeroportuaria Compleja.

2. El “Procedimiento para la gestión de la información relativa a la aptitud para la habilitación en el uso de sistemas de armas de fuego del personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, deberá complementarse en su aplicación, con las reglas contenidas en la Resolución MS N° 1515/12 (T.O. Resolución MSG N° 284/25).

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alfredo Hernan Gallardo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 15/07/2025 N° 49741/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2024-129058058- -APN-CGD#SGP, EX-2024-123753905- -APN-CGD#SGP, EX-2024-123752282- -APN-CGD#SGP, EX-2025-18527873- -APN-CGD#SGP, EX-2025-20263576- -APN-CGD#SGP, EX-2025-34942778- -APN-CGD#SGP, EX-2025-49760835- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025 dictada por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2024-14-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI del 18 de octubre de 2024, DI-2024-15-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI y DI-2024-16-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, ambas del 25 de octubre de 2024, DI-2025-5-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI del 5 de febrero de 2025, DI-2025-7-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI del 14 de febrero de 2025, DI-2025-12-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI del 14 de marzo de 2025 y DI-2025-13-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI del 8 de abril de 2025, todas dictadas por la Aduana de Tinogasta, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se dispone que cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se han puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias.

Que la Gobernación de la Provincia de Catamarca, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados al Ministerio de Hacienda y Obra Pública de la mencionada provincia.

Que los bienes a ceder reúnen los requisitos contemplados en la IG N.º 32/2000 (SDG TLA) y normas complementarias a ella.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Catamarca, en los términos del artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-14-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2024-15-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2024-16-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2025-5-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2025-7-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2025-12-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI y DI-2025-13-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Tinogasta.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Legal de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, así como también por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP, a través de la cual la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN facultó a esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo a la a la Gobernación de la Provincia de Catamarca, en los términos del artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-14-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2024-15-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2024-16-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2025-5-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2025-7-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, DI-2025-12-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI y DI-2025-13-E-AFIP-ADTINO#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Tinogasta.

ARTÍCULO 2º.- La Gobernación de la Provincia de Catamarca, deberá informar a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Gobernación de la Provincia de Catamarca, deberá remitir a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles –contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivase.

Eduardo Menem

e. 15/07/2025 N° 49479/25 v. 15/07/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2024-127872157- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27305344- -APN-CGD#SGP, EX-2025-31299802- -APN-CGD#SGP, EX-2024-123752130- -APN-CGD#SGP, EX-2024-127872461- -APN-CGD#SGP, EX-2024-136631387- -APN-CGD#SGP, EX-2024-129059119- -APN-CGD#SGP, EX-2024-129059544- -APN-CGD#SGP, EX-2025-15566885- -APN-CGD#SGP, EX-2025-15552486- -APN-CGD#SGP, EX-2025-15558852- -APN-CGD#SGP, EX-2025-15487598- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17001046- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17001219- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17632745- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17607093- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17606210- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17607869- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17607594- -APN-CGD#SGP y EX-2025-17607288- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025 dictada por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2024-146-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 25 de septiembre de 2024, DI-2024-181-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 12 de noviembre de 2024, DI-2024-183-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-184-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-185-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 15 de noviembre de 2024, DI-2024-196-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-197-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-198-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-199-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 10 de diciembre de 2024, DI-2024-200-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-201-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 11 de diciembre de 2024, DI-2024-204-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-205-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 23 de diciembre de 2024, DI-2024-206-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-207-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 26 de diciembre de 2024, DI-2024-210-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-211-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 27 de diciembre de 2024, todas dictadas por la Aduana de Posadas, DI-2024-303-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI 12 de noviembre de 2024, DI-2025-22-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI 5 de marzo de 2025 y DI-2025-24-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI del 6 de marzo de 2025, todas dictadas por la Aduana de Oberá, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se dispone que cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que mediante la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP se facultó a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se ha puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Que los bienes a ceder reúnen los requisitos contemplados en la IG N.º 32/2000 (SDG TLA) y normas complementarias a ella.

Que la Vicegobernación de la Provincia de Misiones, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en particular de cubiertas de distintos tamaños, en el marco del artículo 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados al parque automotor del Ministerio de Salud Pública, Parque de la Salud y municipios que cuenten con vehículos sanitarios propios.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Vicegobernación de la Provincia de Misiones, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-146-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-181-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-183-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-184-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-185-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-196-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-197-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-198-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-199-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-200-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-201-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-204-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-205-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-206-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-207-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-210-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-211-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Posadas, DI-2024-303-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI, DI-2025-22-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI y DI-2025-24-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Oberá.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, así como también por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP, a través de la cual la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN facultó a esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédese sin cargo a la Vicegobernación de la Provincia de Misiones, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-146-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-181-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-183-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-184-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-185-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-196-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-197-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-198-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-199-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-200-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-201-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-204-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-205-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-206-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-207-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2024-210-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2024-211-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Posadas, DI-2024-303-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI, DI-2025-22-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI y DI-2025-24-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Oberá.

ARTÍCULO 2º.- La Vicegobernación de la Provincia de Misiones, deberá informar a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Vicegobernación de la Provincia de Misiones, deberá remitir a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles -contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivase.

Eduardo Menem

e. 15/07/2025 N° 49480/25 v. 15/07/2025

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS BILATERALES QUE NO REQUIRIERON APROBACIÓN LEGISLATIVA

Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y Japón sobre “Programas Específicos de Cooperación Técnica”.

Firma: Buenos Aires, 15 de abril de 2025 y 25 de junio de 2025.

Vigor: 25 de junio de 2025.

Se adjunta copia de su texto.

Ricardo Alberto Di Lelle, Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, Dirección de Tratados.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 15/07/2025 N° 49476/25 v. 15/07/2025

04/07/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-1681: R.I. para Supervisión Trimestral/ Anual. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones vinculadas con el Régimen Informativo de la referencia.

En ese sentido, se incorporan en la Sección 7 – “Información sobre datos complementarios” las siguientes partidas vinculadas con los saldos sobre depósitos judiciales:

• 999728 - Saldos de depósitos judiciales a plazo fijo correspondientes a Fueros Federales o Nacionales en pesos.

• 999729 - Saldos de depósitos judiciales a plazo fijo correspondientes a Fueros Federales o Nacionales en moneda extranjera.

• 999730 - Saldos de depósitos judiciales en cuentas a la vista correspondientes a Fueros Federales o Nacionales en pesos.

• 999731 - Saldos de depósitos judiciales en cuentas a la vista correspondientes a Fueros Federales o Nacionales en moneda extranjera.

• 999732 - Saldos de depósitos judiciales a plazo fijo correspondientes a Otros Fueros en pesos.

• 999733 - Saldos de depósitos judiciales a plazo fijo correspondientes a Otros Fueros en moneda extranjera.

• 999734 - Saldos de depósitos judiciales en cuentas a la vista correspondientes a Otros Fueros en pesos.

• 999735 - Saldos de depósitos judiciales en cuentas a la vista correspondientes a Otros Fueros en moneda extranjera.

Al respecto, para cada una de las partidas mencionadas, se informarán -de corresponder- los saldos existentes al cierre de cada uno de los meses que compongan el trimestre bajo informe de acuerdo con las instrucciones operativas que se difundan sobre el particular.

Las presentes adecuaciones tendrán vigencia a partir del trimestre finalizado el 30/06/25, debiendo consignarse para dicho período los saldos correspondientes a abril, mayo y junio.

Se acompañan las hojas a reemplazar en el Texto Ordenado respectivo.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 15/07/2025 N° 49678/25 v. 15/07/2025

Se NOTIFICA a las personas que se detallan a continuación en el marco de los sumarios contenciosos allí mencionados que tramitan por ante esta Aduana, la providencia que en su parte pertinente se transcribe… San Pedro;..“Visto el estado de la presente actuación, la constancia de la notificación de la corrida de vista..., y la no comparecencia.... en el plazo conferido para contestar la misma, se los DECLARA REBELDE en los términos del Artículo 1.105 del Código Aduanero”. “Prosigan las presentes actuaciones según su estado, conforme lo establecido en el Artículo N° 1.105 del Código Aduanero y téngase presente que de acuerdo a lo normado por el Artículo N°1.106 del citado Código “El rebelde podrá comparecer en cualquier estado del procedimiento, pero este no se retrotraerá”. “TÉNGASE por constituido el domicilio.... a los efectos del presente sumario contencioso en la sede de esta División Aduana de San Pedro, Of. Sumarios, sita en calle Miguel Porta N°1 de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires (C.P. 2930) en donde quedarán notificadas de pleno derecho todas las providencias o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el artículo 1.013 inc. h) del Código Aduanero, en los términos del artículo 1.004 del citado Código. NOTIFÍQUESE (cfr. Art. N°1.037 inc. g, del Código Aduanero). Fdo. Ing. Agr. Walter Germán Kissling Administración Aduana de San Pedro.

Walter German Kissling, Administrador de Aduana.

e. 15/07/2025 N° 49558/25 v. 15/07/2025