• Leyes:
  • 17741
    infoleg 17938
• Decretos:
  • 1536/2002
    infoleg 77009
  • 202/2024
    infoleg 396961

Análisis Legal de la Resolución INCAA 480/2025

1. Fundamento Legal

La Resolución INCAA 480/2025 se sustenta en:
- Decreto 202/2024: Confirma la autoridad del Presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, para dictar medidas de fomento cinematográfico (Art. 1° del Decreto y Art. 3° de la Ley 17.741).
- Decreto 1536/2002: Art. 6, que exige la presentación del Plan de Gestión Anual, vinculado a la facultad del INCAA para gestionar recursos y ajustar procedimientos.
- Ley 17.741 (Art. 3°): Otorga al Presidente del INCAA poder para establecer medidas de fomento.

La modificación del Art. 16 de la Resolución INCAA 184/2025 se enmarca en la potestad reglamentaria del INCAA, siempre que no contravenga normas superiores.

2. Modificaciones y Efectos

Cambio introducido:
- Original (Art. 16 de la Res. 184/2025): Aplicación a proyectos posteriores a la entrada en vigencia de la norma (21/03/2025).
- Modificado (Res. 480/2025): Incluye proyectos en trámite al 25/03/2025, permitiendo la actualización presupuestaria en postproducción bajo los rubros del Anexo IV.

Efectos:
- Beneficios: Extiende el acceso a actualizaciones a productores que ya estaban en proceso, evitando la necesidad de reiniciar trámites.
- Impacto en la gestión del Fondo de Fomento: Al aplicar el Anexo IV (rubros específicos) a proyectos existentes, podría afectar la distribución de recursos, regulada por el Art. 1 del Decreto 1536/2002.

3. Derechos Afectados

• Certidumbre jurídica: Productores que iniciaron trámites bajo el régimen anterior podrían verse sorprendidos por cambios en los criterios de actualización, afectando planificaciones financieras.
• Igualdad de trato: Si el Anexo IV introduce nuevos requisitos o límites, podría generar desigualdades entre proyectos similares tramitados en distintos períodos.
• Propiedad intelectual (Art. 17 de la Constitación Nacional Argentina): Si la actualización implica modificaciones en la titularidad de derechos, debe garantizarse su protección.

4. Irregularidades y Posibles Abusos

• Falta de claridad en la retroactividad: Aunque la norma no es retroactiva, su aplicación a proyectos en trámite podría interpretarse como una alteración in itinere de condiciones, lo que, sin un marco de transitoriedad claro, genera inseguridad.
• Riesgo de arbitrariedad: Si el INCAA no establece criterios objetivos para la aplicación del Anexo IV a proyectos existentes, podría surgir discriminación en la asignación de fondos, violando el principio de igualdad (Art. 16 de la Ley 17.741).
• Conflictos con el Plan de Gestión Anual (Decreto 1536/2002, Art. 6): Si la modificación no fue incluida en el plan aprobado por la Jefatura de Gabinete, podría cuestionarse su legalidad.

5. Conclusión

La Resolución INCAA 480/2025 es válida en cuanto se enmarca en las facultades del Presidente del INCAA según la Ley 17.741 y los decretos vigentes. Sin embargo:
- Requiere transparencia: Para evitar abusos, debe publicarse el criterio técnico que sustenta la inclusión de proyectos en trámite.
- Necesidad de control: La aplicación del Anexo IV debe ser revisada por la Gerencia de Asuntos Legales (citada en los considerandos) para garantizar coherencia con el Decreto 1536/2002, Art. 2 (régimen de entes autárquicos).
- Posible recurso administrativo: Productores afectados podrían impugnar la norma si demuestran perjuicio concreto y falta de fundamentación técnica.

Recomendación: El INCAA debería emitir una guía operativa que detalle los alcances del Anexo IV para proyectos existentes, asegurando equidad y previsibilidad.

Ciudad de Buenos Aires, 10/07/2025

VISTO el EX-2025-24484080- -APN-SGTYC#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y Nº 202 de fecha 28 de febrero de 2024 y las Resoluciones INCAA N° 439 de fecha 28 de febrero de 2014 y modificatorias y Nº 184 de fecha 21 de marzo de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la República, y en el exterior, en cuanto se refiere a la cinematografía nacional, de acuerdo con las disposiciones que la propia ley establece.

Que el artículo 3º de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias establece los deberes y atribuciones del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

Que es facultad de la máxima autoridad del Organismo establecer medidas para el fomento de la actividad cinematográfica y de otros medios audiovisuales.

Que mediante Resolución INCAA Nº 184/2025 se establecen los procedimientos relativos al reconocimiento del costo de producción de películas nacionales y conforme artículo 15 se autoriza a los productores a realizar una última actualización presupuestaria para aquellas producciones que estén en etapa de postproducción, que hayan finalizado el rodaje y no hayan entregado la copia A siendo de aplicación los rubros establecidos en el Anexo IV de la Resolución indicada.

Que el artículo 16 de la misma establece que lo establecido en el artículo 15 se aplicará a todos los proyectos que a partir de la fecha de la vigencia de la Resolución INCAA Nº 184/2025 se encuentran tramitando actualización presupuestaria en etapa de postproducción.

Que resulta conveniente aclarar que lo dispuesto en el artículo 15 será de aplicación también para los proyectos que al 25 de marzo del 2025 se encontraban tramitando actualización presupuestaria de postproducción.

Que conforme ello, resulta necesario modificar el artículo 16 de la Resolución INCAA N° 184/2025.

Que la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y los Decretos Nº 1536/2002 y N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 16 de la Resolución INCAA Nº 184/2025, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 16.- Establecer que lo dispuesto en el artículo 15 de la presente Resolución, se aplicará también a todos los proyectos que al 25 de marzo de 2025, se encontraban tramitando actualización presupuestaria en etapa de postproducción.”.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carlos Luis Pirovano

e. 11/07/2025 N° 48645/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 22415
    infoleg 16536
  • 24051
    infoleg 450
  • 24040
    infoleg 439
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 1319/2024

Análisis Jurídico de la RESOL-2025-938-APN-MEC

La RESOL-2025-938-APN-MEC modifica el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión (Resolución 256/2000), con el objetivo de simplificar trámites, fomentar la inversión y adaptar el marco normativo a nuevas necesidades productivas. A continuación, se analizan los aspectos clave, sus implicancias y posibles impactos legales.

1. Cambios Fundamentales

Artículo 1°: Requisito de Inversión Local

• Modificación: Se establece un 10% de bienes locales (valor FOB) como requisito obligatorio para acceder al régimen.
• Impacto:
• Positivo: Fomenta la producción nacional y la **interdependencia entre empresas locales e internacionales.
• Negativo: Puede aumentar costos para empresas que dependan de insumos importados, especialmente en sectores con escasa capacidad local.
• Riesgo de arbitraje: La falta de claridad sobre la definición de "bienes locales" podría generar conflictos en su interpretación.

Artículo 2°: Plazos y Requisitos de Ejecución

• Modificación: Se extiende el plazo de 1 año para la puesta en marcha del proyecto, con posibilidad de prórroga por la Autoridad de Aplicación.
• Impacto:
• Positivo: Permite mayor flexibilidad para proyectos complejos, como los energéticos.
• Negativo: La incertidumbre sobre el criterio para la prórroga (ej. "envergadura del proyecto") podría generar arbitrariedad.
• Necesidad de transparencia: La definición de "puesta en marcha" debe ser clara para evitar disputas.

Artículo 3°: Posesión de Bienes

• Modificación: La empresa debe mantener la posesión de los bienes por 12 meses tras la puesta en marcha o liberación de garantías.
• Impacto:
• Positivo: Garantiza la continuidad del proyecto y la no reventa prematura de bienes.
• Riesgo de rigidez: Si el proyecto se retrasa, la empresa podría enfrentar sanciones por incumplimiento.

Artículo 4°: Sanciones por Incumplimiento

• Modificación: Se establecen sanciones estrictas, incluyendo ejecución de garantías y inhabilitación por 3 años en casos de documentación irregular.
• Impacto:
• Positivo: Deterre el incumplimiento y garantiza la eficacia del régimen.
• Riesgo de abuso: La ejecución de garantías sin considerar circunstancias excepcionales podría afectar a empresas en dificultades.
• Necesidad de equilibrio: Las sanciones deben ser proporcionadas y justificadas para evitar arbitrariedad.

Artículo 5°: Prórroga de Plazos

• Modificación: Se extiende el plazo de rendición de cuentas a 31/12/2026, con excepciones según el momento de la resolución aprobatoria.
• Impacto:
• Positivo: Facilita la gestión de proyectos pendientes.
• Riesgo de incertidumbre: La dependencia del "marco normativo vigente al inicio de las actuaciones" puede generar inconsistencias en la aplicación.

2. Conexión con el Decreto 50/2019

• Estructura Institucional: La Secretaría de Industria y Comercio (Ministerio de Economía) sigue siendo la Autoridad de Aplicación, conforme al Decreto 50/2019, que estableció su rol en el marco de la gestión de proyectos de inversión.
• Relevancia: La modificación de requisitos y plazos debe ser coherente con la organización funcional del Ministerio, evitando ambigüedades en la coordinación entre dependencias.

3. Derechos Afectados

• Derecho a la Inversión: La exigencia de 10% de bienes locales puede limitar la competitividad de empresas que no tengan proveedores locales.
• Derecho a la Defensa (Artículo 16 de la Constitución): La ejecución de garantías sin considerar circunstancias excepcionales podría sacrificar el derecho a la defensa si se aplican sin criterio.
• Derecho a la Igualdad (Artículo 16 de la Constitución): La diferenciación en la aplicación de sanciones podría generar desigualdades entre empresas.

4. Irregularidades y Posibles Abusos

• Falta de Definiciones Claras:
• "Bienes locales": La ausencia de criterios objetivos para su definición puede generar interpretaciones subjetivas.
• "Puesta en marcha": La falta de estándares para su cálculo podría afectar proyectos con plazos ajustados.
• Flexibilidad Excesiva: La prórroga de plazos y la ejecución de garantías sin criterios claros pueden deter la inversión si se aplican de forma desproporcionada.
• Carga Administrativa: La necesidad de dictámenes técnicos y documentación adicional puede aumentar costos y retrasar proyectos.

5. Conclusiones

• Aportes Positivos:
• Fomento de la inversión local y mejora de la transparencia en la gestión de proyectos.
• Adaptación a necesidades sectoriales (ej. proyectos energéticos).
• Riesgos:
• Carga administrativa y costos para empresas.
• Posibles abusos en la aplicación de sanciones.
• Recomendaciones:
• Definir con claridad los términos como "bienes locales" y "puesta en marcha".
• Establecer criterios objetivos para la extensión de plazos y la aplicación de sanciones.
• Fortalecer la transparencia en la gestión de garantías y la evaluación de proyectos.

La norma busca modernizar el régimen de importación, pero su éxito dependerá de la implementación equilibrada entre la regulación y la flexibilidad para el sector productivo.

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

Visto el expediente EX-2025-53895870-APN-DGDMDP#MEC, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución 256 del 3 de abril de 2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, se instituyó el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión, destinado a aquellas empresas industriales que cuenten con un proyecto de mejoramiento de su competitividad.

Que el régimen en cuestión es un incentivo para la renovación del tejido productivo que contribuye a fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos; incrementar las exportaciones de mercaderías y favorecer la creación de empleo.

Que el comercio exterior de nuestro país se encuentra en un proceso de reforma para su fortalecimiento y fomento.

Que en virtud de las razones expuestas resulta necesario continuar mejorando las herramientas de incentivo a las inversiones, modificando ciertas condiciones, exigencias y plazos dispuestos.

Que, en este marco, atendiendo a la experiencia internacional, los avances existentes en materia de generación de energía y las necesidades del sector energético de la República Argentina, resulta oportuno y conveniente incluir en el marco del presente régimen los proyectos para la generación de energía eléctrica.

Que, asimismo, considerando la experiencia arrojada a lo largo de los años, respecto de las inversiones locales en bienes de uso realizadas en el marco del régimen, referidas en muchos casos a compras de importes poco representativos, se estima oportuno replantear la exigencia en materia de inversiones locales, con el fin de simplificar la presentación por parte de las peticionantes.

Que, conforme a lo indicado precedentemente, se ha sustituido el anexo I de la resolución 256/2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, considerando las disposiciones a nivel MERCOSUR y las Enmiendas realizadas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), así como las necesidades de compras de las empresas del rubro energético.

Que, por otro lado, teniendo en cuenta que los plazos estipulados en la normativa son máximos, se estima necesario introducir modificaciones al requisito previsto en el artículo 7° de la resolución 256/2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, en lo que respecta a la posesión de los bienes con el fin de que esta obligación no se extienda más allá de la liberación o ejecución de garantías.

Que finalmente, atendiendo a los años de los que datan las solicitudes pendientes de cierre y la complejidad que representa la recopilación y procesamiento de información en relación con aquellas, se estima conveniente prorrogar el plazo establecido en el artículo 14 de la resolución 1319 del 4 de diciembre de 2024 del Ministerio de Economía para llevar adelante las rendiciones de cuentas de los proyectos pendientes de cierre existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella.

Que en el artículo 8° de la resolución 256/2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias se designó como Autoridad de Aplicación del Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión a la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía.

Que por el decreto 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, encontrándose la Secretaría de Industria y Comercio en la órbita del Ministerio de Economía.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en función de lo previsto en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones, y la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° de la resolución 256 del 3 de abril de 2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2º.- Serán susceptibles de importación bajo el presente Régimen los bienes nuevos, destinados a conformar una línea de producción completa y autónoma, a ser instalada por la solicitante dentro del predio en que funciona tal empresa y ser imprescindibles para la realización del proceso objeto de la petición.

Quedarán alcanzados también aquellos bienes complementarios o accesorios a la línea, cuando cumplan una función inherente a esta.

La línea a ser instalada no podrá ser integrada por bienes pre-existentes y usados.

Si el proceso objeto de la petición requiriese de un bien industrial intermedio fabricado por un proveedor local directo de la empresa, podrán incluirse también en el beneficio del presente Régimen aquellos bienes adquiridos por la solicitante y entregados a la empresa proveedora a tal fin. Los mismos deberán ser para su uso exclusivo en la producción del respectivo bien intermedio del solicitante. En este último caso, deberá existir un contrato de comodato entre la empresa peticionante y el proveedor directo. Ante toda circunstancia, el solicitante conserva la exclusiva responsabilidad por la totalidad de las obligaciones contraídas por el presente Régimen.

La mencionada línea de producción, a su vez, deberá ser parte de una nueva planta o implicar una ampliación de la capacidad productiva de una planta existente, una diversificación de su producción, o bien, su modernización, en términos de mejora de procesos, de las tecnologías aplicadas o un incremento del valor agregado por unidad de producto.

A su vez, los productos de la línea objeto del beneficio, deberán ser bienes tangibles o energía eléctrica.

En cualquier caso, se requerirá una declaración jurada por parte de la peticionante en la que se declare que no se están ingresando al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones y de la Ley N° 24.040 de Compuestos Químicos.”

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 5° de la resolución 256/2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 5º.- Quienes soliciten los beneficios del presente Régimen deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Adquirir bienes nuevos de origen local por un monto igual o superior al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor FOB total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente Régimen.

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por bienes nuevos de origen local a aquellos bienes fabricados por empresas establecidas en el país cuyos equivalentes importados clasificaren en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente medida.

I. La obligación establecida en el inciso a) del presente artículo deberá cumplirse desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de UN (1) año posterior a la resolución aprobatoria del proyecto.

La Autoridad de Aplicación podrá aprobar proyectos que, al momento de su resolución, no tengan definidas en su totalidad las inversiones nacionales a realizar al amparo del Régimen.

II. En todos los casos, los bienes importados se computarán a valor FOB - Incoterms 2020, mientras que, análogamente, los bienes nuevos de origen nacional deberán ser valuados conforme al monto final de la factura.

La Autoridad de Aplicación queda facultada a modificar las exigencias y condiciones dispuestas en el presente inciso cuando existan circunstancias que lo ameriten.

b) Presentar un dictamen técnico de un organismo especializado del ESTADO NACIONAL, de Universidades Nacionales, o de un ingeniero matriculado.

El objetivo de dicho dictamen será contar con la opinión autorizada e idónea que evalúe las características del proyecto, conforme lo determine la reglamentación.

El dictamen técnico mencionado no tendrá carácter vinculante, pudiendo la Autoridad de Aplicación solicitar los dictámenes o informes adicionales que considere conveniente.

c) El plazo para la concreción y puesta en marcha del proyecto, no podrá exceder de UN (1) año desde su aprobación.

Dicho plazo podrá ser prorrogado o ampliado por única vez por la Autoridad de Aplicación a solicitud de la peticionante, para lo cual se tendrá en consideración la envergadura del proyecto, la complejidad de su desarrollo y la relevancia del mismo para la inversión y competitividad industrial del entramado productivo local. A tales efectos, será indispensable que el Informe Técnico presentado por la empresa incorpore la mayor información posible y los argumentos pertinentes para su evaluación.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, la Autoridad de Aplicación podrá considerar una prórroga extraordinaria ante circunstancias excepcionales debidamente acreditadas.

A efectos de lo dispuesto en el presente Régimen, se entenderá por “puesta en marcha”, la fecha en que la línea de producción completa y autónoma, los bienes nuevos destinados al tratamiento y/o eliminación de sustancias contaminantes del aire, suelo y/o agua, o el “almacén inteligente” quedare integrada de acuerdo a lo previsto en el proyecto de inversión presentado e inicie el primer parte de producción por el bien para el que fuera dispuesta. Las expresiones “puesta en marcha” o “puesta en régimen” se consideran como equivalentes de la expresión “entrada en régimen”.”

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 7° de la resolución 256/2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 7º.- La peticionante deberá mantener la posesión de los bienes importados y nacionales nuevos que hagan a la completitud y funcionamiento de la línea de producción, de los bienes nuevos destinados al tratamiento y/o eliminación de sustancias contaminantes del aire, suelo y/o agua, o del “almacén inteligente” al amparo del Régimen hasta los DOCE (12) meses posteriores al plazo determinado para la puesta en marcha o hasta la emisión de la Comunicación Oficial dirigida a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, relativa a la liberación o ejecución de las garantías, lo que ocurra primero, con la excepción de los supuestos de entrega en comodato previstos en los artículos 2° y 5° de la presente resolución.

No obstante, la Autoridad de Aplicación podrá merituar circunstancias excepcionales que justifiquen el cambio de posesión de los referidos bienes y determinar si resulta admisible siempre que dichas circunstancias sean informadas por la peticionante y los cambios operados no afecten la continuidad del proyecto oportunamente aprobado.”

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 15 de la resolución 256/2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 15.- La infracción o incumplimiento de las condiciones dispuestas en el presente Régimen serán tratadas de la siguiente manera:

Silencio de la peticionante

a) En los casos en que la peticionante guarde silencio respecto de los requerimientos que realice la Autoridad de Aplicación, esta podrá:

I. Cuando se hubiera emitido una CONSTANCIA DE EXPEDIENTE EN TRÁMITE (CET) en los términos de lo establecido en el artículo 17 de la presente medida y/o una resolución considerando sujeto al régimen el proyecto en evaluación, considerar incumplidas las obligaciones del Régimen y, consecuentemente, solicitar la ejecución total de las garantías oportunamente constituidas.

II. Para los demás supuestos, se tendrá por desistida la solicitud y se procederá a su archivo.

No presentación de rendición de cuentas del proyecto

b) En los casos en que, habiendo obtenido una resolución mediante la cual se la considera sujeta al Régimen, el peticionante no presentara la rendición de cuentas del proyecto dentro de los plazos límites determinados a tales efectos, la Autoridad de Aplicación considerará incumplidas las obligaciones del Régimen y consecuentemente solicitará la ejecución total de las garantías oportunamente constituidas.

Diferencias de cantidades

c) Cuando se hubiera emitido una CONSTANCIA DE EXPEDIENTE EN TRÁMITE (CET) o una resolución y surgiera una diferencia entre las cantidades de ítems autorizadas a importar y lo efectivamente importado, se procederá de la siguiente manera:

I. En los casos en que se hubiere importado en mayor cantidad a la autorizada y el motivo no responda a diferencias de criterios clasificatorios en la importación, corresponderá ejecutar las garantías sobre todo lo importado en exceso. Ello sin perjuicio del análisis que corresponda sobre el resto de las actuaciones.

II. En los casos en que se hubiere importado en menor cantidad a la autorizada, corresponderá que la peticionante justifique estas diferencias en la rendición de cuentas, al solo efecto de asegurar que no se ha alterado la esencia del proyecto ni la constitución de la línea completa y autónoma. Si se observara este último supuesto, corresponderá ejecutar las garantías oportunamente constituidas.

No instalación o puesta en marcha - reconfiguración del proyecto - bienes en posesión de terceros

d) En los casos en que la línea de producción, los bienes nuevos destinados al tratamiento y/o eliminación de sustancias contaminantes del aire, suelo y/o agua, o el “almacén inteligente”, no sean instalados o puestos en marcha dentro de los plazos y condiciones establecidos por la presente, o que se hubiera reconfigurado el proyecto y el nuevo planteo no sea considerado viable por la Autoridad de Aplicación, o que se encuentre en posesión de una persona distinta de la peticionante -salvo cuando la Autoridad de Aplicación lo hubiera admitido-, se considerarán incumplidas las obligaciones del Régimen y, consecuentemente, se solicitará la ejecución de las garantías oportunamente constituidas.

Información y/o documentación que a prima facie resulte irregular

e) Cuando por cualquier motivo se detectara que existe información y/o documentación que a prima facie resulte irregular, la Autoridad de Aplicación considerará incumplidas las obligaciones del Régimen y consecuentemente solicitará la ejecución de las garantías oportunamente constituidas. Adicionalmente, la peticionante será inhabilitada para solicitar los beneficios del Régimen por el plazo de TRES (3) años desde que la Autoridad ordene la ejecución de garantías, a cuyos efectos se dejará constancia en el acto administrativo correspondiente de dicha circunstancia.

Además, se comunicará al Colegio Profesional o Centro en el que se encuentre matriculado el profesional ratificante de la rendición de cuentas a efectos de que dicha institución tome las medidas pertinentes según corresponda.

Uso indebido de CONSTANCIA DE EXPEDIENTE EN TRÁMITE (CET)

f) Cuando en cualquier instancia se detectara que la peticionante obtuvo una CONSTANCIA DE EXPEDIENTE EN TRÁMITE (CET) por bienes que no forman parte del proyecto o en exceso, se ejecutarán las garantías oportunamente constituidas sin más.

No adquisición de bienes nuevos de origen local

g) En los casos en que la peticionante no alcance el cumplimiento de la exigencia de inversión establecido en el inciso a) del artículo 5° de la presente resolución, se ejecutará el CIEN POR CIENTO (100 %) de las garantías constituidas.

Las sanciones enumeradas precedentemente corresponderán sin perjuicio de que la Autoridad Aduanera pueda decidir la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.”

ARTÍCULO 5°.- Establécese que la rendición de cuentas del proyecto para los expedientes a los que se refiere el tercer párrafo del artículo 14 de la resolución 1319 del 4 de diciembre de 2024 del Ministerio de Economía, deberá realizarse dentro de los plazos máximos determinados a continuación:

*El cumplimiento de las obligaciones hace referencia al compromiso de compra de bienes nacionales y puesta en marcha de la línea en función de la normativa vigente al inicio de las actuaciones.

ARTÍCULO 6°.- Las modificaciones establecidas por la presente resolución serán de aplicación a todos los expedientes que se encuentren pendientes de ejecución y/o liberación de garantías, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.

No obstante lo indicado precedentemente, en materia de plazos para puesta en marcha y compra de bienes nuevos de origen local, regirán para cada caso, los determinados en función de la normativa vigente al inicio de las actuaciones.

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el anexo I de la resolución 256/2000 del Ministerio de Economía y sus modificatorias, por el anexo I (IF-2025-69234924-APN-DNGCE#MEC) que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 8°.- La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Andres Caputo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/07/2025 N° 48390/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 15336
    infoleg 28195
  • 24065
    infoleg 464
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

ANÁLISIS LEGAL DE LA RESOLUCIÓN N° 289-APN-SE#MEC (08/07/2025)

La Resolución N° 289-APN-SE#MEC del 08 de julio de 2025, emitida por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, autoriza el ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la empresa MSU Green Energy Catamarca S.A. como Agente Generador, para su Parque Solar Fotovoltaico MSU San Martín I, con una potencia de 330 MW, ubicado en el Departamento de Capayán, Provincia de Catamarca, conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 132 kV de la Estación Transformadora San Martín Catamarca, jurisdicción de TRANSNOA S.A.

1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA RESOLUCIÓN

La resolución se fundamenta en:

• Artículo 35 y 36 de la Ley 24.065: que otorgan facultades al Ministerio de Economía (y en particular a la Secretaría de Energía) para autorizar el ingreso de agentes generadores al MEM.
• Artículo IX del Anexo II del Decreto 50/2019 y sus modificatorios: que establece la competencia de la Secretaría de Energía para autorizar ingresos al MEM, bajo el cumplimiento de requisitos técnicos, legales y operativos.

Estos artículos refuerzan la competencia de la Secretaría de Energía para regular el MEM, conforme al Decreto 50/2019, que establece la estructura del Ministerio de Economía y sus dependencias, incluyendo a la Secretaría de Energía como órgano encargado de la regulación del sector eléctrico.

2. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN

La resolución contiene los siguientes artículos:

• Artículo 1°: Autoriza el ingreso de la empresa como Agente Generador en el MEM, detallando la ubicación, potencia y conexión al SADI.
• Artículo 2°: Obliga a la empresa a asumir los sobrecostos y penalidades derivados de eventuales indisponibilidades, cargándolos a su cuenta mediante la CAMMESA.
• Artículo 3°: Notifica a las partes involucradas (CAMMESA, TRANSNOA S.A., ENRE, etc.).
• Artículo 4°: Establece la entrada en vigor el día de la publicación en el Boletín Oficial.
• Artículo 5°: Dispone la comunicación, publicación y archivo de la resolución.

3. ANÁLISIS DE LA NORMA EN EL MARCO DEL DECRETO 50/2019

La resolución 289-APN-SE#MEC se emite en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 50/2019, en particular:

• Artículo IX del Anexo II del Decreto 50/2019: que otorga a la Secretaría de Energía la competencia para autorizar ingresos al MEM, bajo el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y operativos.

Este artículo es clave para justificar la autorización del ingreso de MSU Green Energy, ya que la empresa cumplió con los requisitos técnicos (Anexos 17 y 24 de "Los Procedimientos") y ambientales (Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Provincia de Catamarca).

4. RELACIÓN CON LA NORMA DEL 08/07/2025

La norma del 08/07/2025 se fundamenta en:

• Artículo 10 del Decreto 50/2019: para su publicación y validez legal.
• Anexo II, Apartado IX: para la competencia de la Secretaría de Energía en la autorización del ingreso al MEM y la gestión de costos asociados.

La resolución 289-APN-SE#MEC se enmarca en el marco normativo del Decreto 50/2019, que establece la estructura y competencias de la Secretaría de Energía y su rol en la regulación del sector eléctrico.

5. AFECTACIÓN A LAS NORMAS ANTERIORES

La norma del 08/07/2025 no modifica normativas anteriores, sino que se fundamenta en ellas. Sin embargo, su entrada en vigor implica:

• Continuidad de la competencia de la Secretaría de Energía para autorizar ingresos al MEM, como se establece en el Artículo IX del Anexo II del Decreto 50/2019.
• Coordinación con organismos como la CAMMESA y el ENRE, como se menciona en el Artículo 3° de la resolución, lo que refleja la coordinación entre organismos reguladores y operadores del mercado.

No se menciona en el texto que la resolución derogue o modifique normas anteriores, sino que se fundamenta en ellas.

6. DERECHOS AFECTADOS

La resolución afecta los siguientes derechos:

• Derecho a un ambiente sano (Artículo 41 de la Constitución Nacional): el proyecto fue autorizado tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental**, lo que refleja el cumplimiento de las normas ambientales.
• Derecho a la participación en el mercado eléctrico** (Artículo 35 y 36 de la Ley 24.065): la empresa se integra al MEM como generadora, lo que implica su derecho a operar en el mercado.
• Derecho a la transparencia y publicidad (Artículo 10 del Decreto 50/2019): la resolución se publica en el Boletín Oficial**, cumpliendo con los requisitos de transparencia y publicación.

7. IRREGULARIDADES POTENCIALES

No se mencionan irregularidades explícitas en el texto, pero sí se pueden identificar puntos que requieren mayor transparencia:

• Falta de publicación de la documentación técnica que respaldó la autorización: aunque se menciona que la empresa cumplió con los requisitos técnicos, no se especifica si se publicó el Anexo 17 y 24 de "Los Procedimientos" o el Estudio de Impacto Ambiental para su revisión público.
• Falta de información sobre los costos asociados a la empresa: aunque se menciona que la empresa asumirá los sobrecostos, no se detalla cómo se calcularon ni si se realizaron evaluaciones de impacto económico**.

8. POSIBLES ABUSOS

No se detectan abusos explícitos, pero sí se puede señalar:

• Posible falta de participación ciudadana en la autorización: aunque se menciona que el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por la Provincia, no se indica si hubo participación pública o audiencias públicas, lo que podría ser un defecto en el proceso.
• Falta de transparencia en la asignación de costos a la empresa: aunque se menciona que los sobrecostos serán cargados a la empresa, no se especifica si se realizaron evaluaciones de costos ni si se establecieron mecanismos de revisión de dichos costos**.

9. CONCLUSIÓN

La resolución 289-APN-SE#MEC es legítima, ya que se fundamenta en las facultades conferidas por la Ley 24.065 y el Decreto 50/2019, y cumple con los requisitos técnicos, ambientales y operativos requeridos. Sin embargo, no se mencionan detalles sobre la transparencia en la evaluación de costos ni en la participación ciudadana, lo que podría ser un punto a mejorar en futuras resoluciones.

La norma no afecta directamente a normas anteriores, sino que se fundamenta en ellas, lo que refuerza su validez legal. No se detectan abusos ni irregularidades graves, pero sí puntos que podrían mejorar la transparencia y el control público.

RECOMENDACIONES

• Publicar la documentación técnica y ambiental que respaldó la autorización para garantizar transparencia.
• Incluir una evaluación de costos y su metodología para evitar posibles desvíos.
• Incluir una participación pública en el proceso, conforme al Artículo 41 de la Constitución Nacional.

Fuentes citadas: - Ley 24.065 (Ley del Mercado Eléctrico) - Decreto 50/2019 - Resolución 61/1992 (Procedimientos del MEM) - Artículo 41 de la Constitución Nacional - Ley 25.380 (Ley de Transparencia) - Ley 27.275 (Ley de Protección Ambiental)

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-31303462-APN-SE#MEC y los Expedientes Nros. EX-2024-72318415-APN-SE#MEC, EX-2024-137033155-APN-DGDA#MEC, EX-2025-16564943-APN-DGDA#MEC, EX-2025-40300871-APN-DGDA#MEC, EX-2025-39656162-APN-DGDA#MEC, EX-2025-48883960-APN-DGDA#MEC y EX-2025-57301000-APN-DGDA#MEC, en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa MSU GREEN ENERGY CATAMARCA S.A. solicitó su ingreso al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como Agente Generador para su Parque Solar Fotovoltaico MSU San Martín I con una potencia de TRESCIENTOS TREINTA MEGAVATIOS (330 MW), ubicado en el Departamento de Capayán, Provincia de CATAMARCA, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) de la Estación Transformadora San Martín Catamarca, jurisdicción de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.).

Que mediante la Nota N° B-178187-1 de fecha 20 de diciembre de 2024 (IF-2025-16565448-APN-DGDA#MEC, obrante en el Expediente N° EX-2025-16564943-APN-DGDA#MEC, en tramitación conjunta) la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) informó que la empresa MSU GREEN ENERGY CATAMARCA S.A. cumple para su Parque Solar Fotovoltaico MSU San Martín I los requisitos exigidos en los puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados por la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementaria, para su ingreso y administración en el MEM, como así también con la información requerida para la Base de Datos Estacional del Sistema, Capítulo 2 y Anexos 1 y 2 de Los Procedimientos. Agregó, además, que la empresa MSU GREEN ENERGY CATAMARCA S.A. deberá cumplimentar con el equipamiento correspondiente para satisfacer los requerimientos del Anexo 24 de Los Procedimientos en lo referente al sistema de comunicaciones SCOM, SMEC y SOTR.

Que mediante la Disposición DISPM-2025-107-E-CAT-SMAM#MAEMA de fecha 14 de abril de 2025 (IF-2025-39656905-APN-DGDA#MEC, obrante en el Expediente N° EX-2025-39656162-APN-DGDA#MEC, en tramitación conjunta) emitida por el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia de CATAMARCA, se dispuso aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Parque Solar Fotovoltaico MSU San Martín I.

Que la empresa MSU GREEN ENERGY CATAMARCA S.A. ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de documentación societaria y comercial.

Que la solicitud de ingreso al MEM se publicó en el Boletín Oficial Nº 35.695 de fecha 27 de junio de 2025, sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de esta medida.

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 24.065 y por el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso como Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) a la empresa MSU GREEN ENERGY CATAMARCA S.A. para su Parque Solar Fotovoltaico MSU San Martín I con una potencia de TRESCIENTOS TREINTA MEGAVATIOS (330 MW), ubicado en el Departamento de Capayán, Provincia de CATAMARCA, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) de la Estación Transformadora San Martín Catamarca, jurisdicción de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.).

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos de que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del MEM y las penalidades que deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de eventuales indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la empresa MSU GREEN ENERGY CATAMARCA S.A., titular del Parque Solar Fotovoltaico MSU San Martín I en su vínculo con el SADI. A este efecto, se faculta a CAMMESA a efectuar los correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o penalidades se produzcan.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la empresa MSU GREEN ENERGY CATAMARCA S.A., a CAMMESA, a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 11/07/2025 N° 48534/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 15336
    infoleg 28195
  • 24065
    infoleg 464
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la RESOL-2025-291-APN-SE#MEC

La Resolución N° 291/2025 emitida por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía autoriza el ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. como Agente Generador a través de su Parque Solar Fotovoltaico Fortín Lobos, ubicado en el Partido de Lobos, Provincia de Buenos Aires, con una potencia de 4,56 MW. Este acto normativo se fundamenta en la Ley N° 24.065, en el Artículo 35 y 36, y en el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50/2019, que establece las facultades de la Secretaría de Energía para autorizar el ingreso de nuevos agentes al MEM. A continuación, se analiza el contenido de la norma, su relación con normas anteriores, y los derechos afectados, irregularidades y posibles abusos que podría implicar.

1. Fundamento Jurídico de la Norma

La Resolución N° 291/2025 se fundamenta en los siguientes marcos legales:

• Ley N° 24.065:
• Artículo 35 y 36: Establecen las facultades de la Secretaría de Energía para autorizar el ingreso al MEM y regular los agentes generadores, incluyendo el cumplimiento de requisitos técnicos, ambientales y operativos.
• Artículo 35: Establece la competencia de la Secretaría de Energía para gestionar el MEM y autorizar la entrada de nuevos agentes.

• Artículo 36: Establece que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) supervisa la operación del mercado y la cumplimiento de las normas técnicas y operativas.

• Decreto N° 50/2019:

• Artículo 1°: Establece la estructura y competencias de la Secretaría de Energía y otras dependencias del Poder Ejecutivo.
• Anexo II, Apartado IX: Faculta a la Secretaría de Energía para dictar medidas en el ámbito del sector eléctrico, incluyendo el ingreso de agentes generadores al MEM.

• Artículo 1° del Decreto 50/2019: Establece la estructura de la Secretaría de Energía, que es la encargada de regular el MEM y autorizar nuevos agentes.

• Resolución N° 61/1992:

• Anexo 17 de “Los Procedimientos”: Establece los requisitos técnicos, operativos y ambientales para la entrada de nuevos agentes al MEM, incluyendo el cumplimiento de los requisitos técnicos del Anexo 24 (sistema de comunicaciones SCOM, SMEC, SOTR) y el Estudio de Impacto Ambiental.

2. Relación con Normas Anteriores

La Resolución N° 291/2025 se encuentra en continuidad con las normas anteriores, especialmente:

• Resolución N° 61/1992 y sus modificaciones:
• Se menciona que la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. cumple con los requisitos establecidos en los puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de “Los Procedimientos”, que son los requisitos técnicos y operativos para el ingreso al MEM.
• Se menciona también que la empresa cumple con los requisitos del Anexo 24 en cuanto al sistema de comunicaciones (SCOM, SMEC, SOTR).

• Se menciona que el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, en la Resolución N° 149/2024.

• Resolución N° 149/2024:

• Aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, que es un requisito para la entrada al MEM según la Ley 24.065 y la Resolución N° 61/1992.

• Decreto N° 50/2019:

• El Artículo 1° establece la estructura de la Secretaría de Energía, que es la encargada de autorizar el ingreso al MEM.
• El Anexo II, Apartado IX establece las facultades de la Secretaría de Energía para autorizar la entrada de nuevos agentes al MEM, lo cual se aplica en esta resolución.

3. Derechos Afectados

La norma afecta los siguientes derechos:

• Derecho a la participación en el mercado eléctrico:

• El ingreso al MEM permite a la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. participar en el mercado eléctrico nacional, lo que implica el derecho a generar electricidad y venderla al mercado, lo que puede afectar a otros agentes del mercado.

• Derecho a la transparencia y equidad en el mercado:

• La autorización de la empresa puede afectar la equidad en el mercado si no se garantiza que se cumplan los requisitos técnicos, ambientales y operativos de manera transparente.

• Derecho a la protección ambiental:

• Aunque se menciona que el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado, es necesario verificar que se cumplan los requisitos de la Ley 24.065 y las normativas ambientales vigentes, como la Ley 25.675 (Ley de Protección del Ambiente) y el Decreto 152/2004 (Reglamento de la Ley 25.675).

• Derecho a la seguridad energética:

• La entrada de nuevos generadores puede afectar la estabilidad del sistema eléctrico si no se garantiza la **seguridad operativa y la capacidad de la red para absorber la energía generada.

4. Irregularidades Potenciales

Aunque la norma no menciona irregularidades directas, se pueden identificar algunas posibles irregularidades o omisiones:

• Falta de transparencia en la evaluación de la entrada al MEM:
• No se menciona si se realizaron auditorías independientes para verificar que la empresa cumple con los requisitos técnicos y ambientales.

• No se menciona si se contó con participación ciudadana o participación de actores del sector en la evaluación del proyecto.

• Falta de información sobre el impacto en el mercado:

• No se menciona si se realizó un estudio de impacto en el mercado eléctrico para evaluar si la entrada de la empresa afecta a otros agentes del mercado o a la estabilidad del sistema.

• Falta de información sobre la conexión al SADI:

• No se menciona si la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fue evaluada por CAMMESA y EDEN S.A., como se requiere en el Anexo 17 de Los Procedimientos.

• Falta de información sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley 24.065:

• No se menciona si se verificó que la empresa cumple con los requisitos de transparencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley 24.065, especialmente en lo referente a la transparencia en los precios y la competencia.

5. Posibles Abusos o Excesos

Aunque no se mencionan abusos directos, se pueden identificar posibles excesos o abusos derivados de la norma:

• Falta de control de la entrada de nuevos agentes:

• Si no se garantiza que los nuevos agentes cumplan con los requisitos técnicos y ambientales, podría haber inclusión de agentes no calificados, lo que podría afectar la seguridad del sistema eléctrico.

• Falta de transparencia en la gestión de sobrecostos:

• El Artículo 2° faculta a CAMMESA para cargar los sobrecostos y penalidades a la empresa, pero no se menciona si se establecieron mecanismos de control para evitar que se carguen costos injustos o excesivos.

• Falta de participación de actores del sector:

• No se menciona si se contó con la participación de otros agentes del mercado o de organismos de control en la evaluación del proyecto, lo que podría generar injusticias o sesgos en la autorización.

• Falta de control sobre la conexión al SADI:

• No se menciona si se verificó que la conexión al SADI se realizó de manera segura y eficiente, lo que podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico.

6. Conclusión

La Resolución N° 291/2025 es un acto administrativo que autoriza el ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. como Agente Generador. Se fundamenta en normas vigentes como la Ley 24.065, el Decreto 50/2019 y la Resolución N° 61/1992. Sin embargo, no se mencionan aspectos clave como la transparencia en la evaluación, el impacto en el mercado, o la participación de otros actores del sector.

No se identifican irregularidades o abusos explícitos, pero sí posibles omisiones en la evaluación de la entrada al mercado, en la transparencia de la gestión de sobrecostos y en la participación de otros actores del sector. Es necesario que se verifiquen los requisitos técnicos, ambientales y operativos de la empresa, así como el impacto en el mercado eléctrico, para garantizar la equidad, la transparencia y la seguridad del sistema eléctrico.

Recomendaciones

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de la empresa, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental y la conexión al SADI.
2. Realizar una evaluación del impacto en el mercado eléctrico para garantizar la equidad y la estabilidad del sistema.
3. Garantizar la transparencia en la gestión de sobrecostos y penalidades por parte de CAMMESA.
4. Incluir a otros actores del sector en la evaluación del proyecto, como agentes del mercado, organismos de control y entidades ambientales.
5. Publicar en el Boletín Oficial los requisitos técnicos, ambientales y operativos que se cumplieron para la autorización, con el fin de transparencia y control social.

Firmado por:
María Carmen Tettamanti
Secretaría de Energía
Ministerio de Economía
Buenos Aires, 08 de julio de 2025

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2023-47011573-APN-SE#MEC y los Expedientes Nros. EX-2024-133993571-APN-DGDA#MEC, EX-2024-139474068-APN-SE#MEC y EX-2025-60748188-APN-DGDA#MEC, en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. solicitó su ingreso al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como Agente Generador para su Parque Solar Fotovoltaico Fortín Lobos con una potencia de CUATRO COMA CINCUENTA Y SEIS MEGAVATIOS (4,56 MW), ubicado en el Partido de Lobos, Provincia de BUENOS AIRES, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de instalaciones de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), vinculadas a la Estación Transformadora Lobos.

Que mediante la Nota N° B-178072-1 de fecha 18 de diciembre de 2024 (IF-2024-139474763-APN-DGDA#MEC) obrante en el expediente N° EX-2024-139474068-APN-SE#MEC, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) informó que la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. cumple para su Parque Solar Fotovoltaico Fortín Lobos los requisitos exigidos en los puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados por la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementaria, para su ingreso y administración en el MEM, como así también con la información requerida para la Base de Datos Estacional del Sistema, Capítulo 2 y Anexos 1 y 2 de Los Procedimientos. Agregó, además, que la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. deberá cumplimentar con el equipamiento correspondiente para satisfacer los requerimientos del Anexo 24 de Los Procedimientos en lo referente al sistema de comunicaciones SCOM, SMEC y SOTR.

Que mediante la Resolución N° 149 de fecha 24 de septiembre de 2024 de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE de la Provincia de BUENOS AIRES, obrante en el Expediente N° EX-2024-133993571-APN-DGDA#MEC (IF-2024-133997080-APN-DGDA#MEC), en tramitación conjunta, se resolvió aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Parque Solar Fotovoltaico Fortín Lobos.

Que la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de documentación societaria y comercial.

Que la solicitud de ingreso al MEM se publicó en el Boletín Oficial Nº 35.691 de fecha 23 de junio de 2025, sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de esta medida.

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 24.065 y por el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso como Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) a la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A. para su Parque Solar Fotovoltaico Fortín Lobos con una potencia de CUATRO COMA CINCUENTA Y SEIS MEGAVATIOS (4,56 MW), ubicado en el Partido de Lobos, Provincia de BUENOS AIRES, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de instalaciones de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), vinculadas a la Estación Transformadora Lobos.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos de que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del MEM y las penalidades que deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de eventuales indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A., titular del Parque Solar Fotovoltaico Fortín Lobos en su vínculo con el SADI. A este efecto, se faculta a CAMMESA a efectuar los correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o penalidades se produzcan.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la empresa ENERGÍA FORTÍN LOBOS S.A., a CAMMESA, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 11/07/2025 N° 48535/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 26831
    infoleg 206592
  • 19550
    infoleg 25553
  • 22169
    infoleg 190056
• Decretos:
  • 48796/2025

Análisis Legal de la RESGC-2025-1075-APN-DIR#CNV

La Resolución General N° 1075-APN-DIR#CNV modifica el Artículo 181 de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) para ajustar los requisitos de renuncia al derecho de preferencia en aumentos de capital de emisoras ya en oferta pública. Este cambio responde a una necesidad operativa identificada en la práctica, pero implica ajustes significativos en el marco legal y en los derechos de los accionistas. A continuación, se analizan los aspectos clave de la norma, su relación con normas anteriores, derechos afectados y posibles riesgos.

1. Cambios en el régimen de renuncia al derecho de preferencia

La norma reemplaza el requisito de renuncia unánime (previsto en el inciso 7 del artículo 181) por un requisito de mayoría calificada (51% del capital) para emisoras ya en oferta pública. Este ajuste se fundamenta en:
- Artículo 194 de la Ley 19.550: Establece el derecho de preferencia de los accionistas, pero la norma propuesta modifica su aplicación en sociedades con capital disperso.
- Facultad de la CNV (Artículo 19, inciso h) de la Ley 26.831: La Comisión Nacional de Valores (CNV) ejerce su autoridad para adaptar los requisitos de emisión, garantizando eficiencia en el mercado.

Impacto en normas anteriores:
- La Resolución General N° 1072 (2025) ya había introducido un régimen simplificado para emisoras en oferta pública. La nueva norma refina este régimen, reemplazando la "renuncia unánime" por un mecanismo basado en la representación de controladores (51% del capital, incluyendo a los controlantes).

2. Derechos afectados y protección de inversores minoritarios

La modificación afecta directamente los derechos de los accionistas minoritarios y la protección del derecho de preferencia. Los puntos clave son:
- Derecho de preferencia: El artículo 194 de la Ley 19.550 garantiza a los accionistas el derecho de suscribir nuevas acciones en proporción a sus participaciones. La nueva norma reduce este derecho al exigir solo una mayoría calificada, lo que podría diluir el poder de los accionistas minoritarios.
- Protección de inversores: La norma incluye medidas de protección (bloqueo de tenencias de accionistas que renuncien, plazo de 60 días para la emisión y exigencia de mayoría calificada), pero su eficacia depende de la transparencia y cumplimiento por parte de las emisoras.

Riesgos potenciales:
- Abuso de mayoría: Si los accionistas mayoritarios manipulan el proceso de renuncia, podrían diluir las participaciones de los minoritarios sin su consentimiento.
- Falta de transparencia: La exigencia de "renuncia expresamente" (inciso 8.a) y el bloqueo de tenencias requieren un control estricto para evitar irregularidades.

3. Irregularidades y abusos posibles

La norma introduce mecanismos para prevenir irregularidades, pero su aplicación podría generar conflictos:
- Cumplimiento de la mayoría calificada: Si los accionistas mayoritarios no cumplen con el 51% del capital, la emisión podría ser invalidada.
- Bloqueo de tenencias: La instrucción al Agente de Registro (inciso 8.c) debe ser inmediata y documentada, lo que requiere coordinación entre la emisora y el Agente.
- Exclusión de emisoras: La norma excluye a sociedades con participación estatal o financieras, lo que podría generar discriminación en el acceso al régimen.

Posibles abusos:
- Manipulación de la asamblea: Si la asamblea no se convoca o se realiza de manera irregular, los accionistas minoritarios podrían verse afectados.
- Falta de cumplimiento del plazo: Si la emisión no se realiza dentro de los 60 días, la renuncia podría ser considerada nula.

4. Alineación con el marco legal existente

La norma se fundamenta en:
- Artículo 19, inciso h) de la Ley 26.831: Faculta a la CNV a adaptar reglas para el desarrollo del mercado.
- Artículo 87 de la Ley 26.831: Define los grupos de control, lo que justifica la exigencia de 51% del capital (incluyendo a los controlantes).
- Artículo 194 de la Ley 19.550: Mantiene la base legal del derecho de preferencia, aunque con un enfoque más flexible para sociedades en oferta pública.

Conclusión:
La norma equilibra eficiencia (facilitando emisiones) con protección (bloqueo de tenencias y plazos). Sin embargo, su éxito depende de la transparencia en la aplicación y la vigilancia de la CNV para evitar abusos. La modificación refleja un ajuste práctico a las necesidades del mercado, pero requiere un monitoreo constante para garantizar que los derechos de los accionistas minoritarios no se vean menoscabados.

Referencias clave:
- Artículo 194 de la Ley 19.550: Base del derecho de preferencia.
- Artículo 19, inciso h) de la Ley 26.831: Facultad de la CNV para regular.
- Artículo 87 de la Ley 26.831: Definición de grupos de control.
- Resolución General N° 1072 (2025): Régimen simplificado previo.

Ciudad de Buenos Aires, 10/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-73829069- -APN-GE#CNV caratulado: “PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN R.G. 1072”, lo dictaminado por la Subgerencia de Emisiones de Renta Variable, la Gerencia de Emisoras, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.831 (B.O. 28-12-2012 y sus modificatorias) tiene entre sus objetivos el desarrollo del mercado de capitales, fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores y propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales.

Que el artículo 19, inciso h) del mencionado cuerpo legal, faculta a la CNV a dictar reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los valores negociables, instrumentos y operaciones del mercado de capitales, y hasta su baja del registro, contando con facultades para establecer las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto económico imperante, para el desarrollo del mercado de capitales.

Que la Resolución General N° 1072 (B.O. 24-6-2025) creó un régimen simplificado para el acceso al régimen de oferta pública de acciones con autorización automática, orientado a brindar mayor dinamismo al financiamiento de empresas a través del mercado de capitales.

Que, en el marco de dicha reglamentación, en el artículo 181 de la Sección XVII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), se establecieron las condiciones bajo las cuales los emisores pueden acceder a dicho régimen; y en el inciso 7) de dicho artículo, se dispuso la exigencia de la renuncia al derecho de preferencia de todos los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley N° 19.550 (B.O. 25-4-72 y sus modificatorias).

Que, sin embargo, en el caso de emisores que ya se encuentran admitidos a la oferta pública de acciones —sea bajo el régimen general o bajo el régimen de autorización automática— se verifica en la práctica una dificultad operativa significativa para lograr la renuncia unánime de los accionistas al derecho de preferencia, especialmente en sociedades de capital atomizado o con amplia base accionaria.

Que, frente a ello, y en línea con el régimen diferenciado establecido por la Resolución General N° 1072, resulta necesario introducir un requisito específico para las emisoras en la oferta pública, basado en estándares de control y en porcentajes de representación, que garantice una razonable equivalencia funcional a la renuncia unánime, permitiendo al mismo tiempo preservar los principios de protección del inversor minoritario y promover una mayor eficiencia en los procesos de emisión, sin menoscabar la posibilidad de acceder a este Régimen de Autorización Automática a emisoras que ya se encuentran en el régimen de oferta pública por la limitación en el cumplimiento del requisito mencionado.

Que, en consecuencia, corresponde modificar el inciso 7) del artículo 181 de la Sección XVII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) a fin de establecer el requisito de unanimidad en la renuncia del derecho de preferencia a aquellas emisoras que aún no se encuentran en la oferta pública, e incorporar un nuevo inciso 8) al artículo mencionado, estableciendo condiciones específicas para los aumentos de capital social por suscripción en emisores ya admitidos a la oferta pública, mediante un régimen basado en la renuncia mayoritaria calificada y en el cumplimiento de ciertos requisitos procedimentales y temporales.

Que, asimismo, corresponde renumerar los incisos subsiguientes a efectos de mantener la coherencia estructural del texto normativo.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos h), r) y u), y 81 de la Ley N° 26.831.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 181 de la Sección XVII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“DEFINICIÓN.

ARTÍCULO 181.- Se considerará una oferta de acciones como Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto, que tendrá autorización automática de oferta pública, cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

1) El Emisor debe ingresar al régimen de oferta pública según el artículo 184 de la presente Sección o encontrarse ya en él.

2) La oferta sea realizada por un Emisor, pudiendo contar con la participación de una cantidad ilimitada de Agentes Registrados que actúen como agentes de colocación y distribución.

3) Sólo podrán participar, como compradores, en la colocación primaria y en la negociación secundaria Inversores Calificados, sin limitación de número. Los accionistas del Emisor que lo fueran con anterioridad a la oferta inicial podrán participar, como compradores, exclusivamente en la colocación primaria y, como vendedores, tanto en la colocación primaria como en la negociación secundaria, sin limitaciones siempre que la contraparte sean Inversores Calificados.

4) El capital social y las acciones a emitir por oferta pública y listar en un mercado, deberán ser acciones ordinarias con derecho a un voto por acción, exclusivamente, emitidas de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 19.550.

5) La invitación a ofertar podrá realizarse por cualquier medio incluido en la definición de Oferta Pública del artículo 2° de la Ley N° 26.831 y de conformidad con las presentes Normas.

6) Las condiciones establecidas en los artículos 181, 182, 187, inciso 1), 194 y 195 de la presente Sección.

7) Si el Emisor aún no se encontrare admitido al régimen de oferta pública de acciones, la decisión de ingreso al Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática y el aumento de capital social mediante emisión de acciones deberá ser resuelta por asamblea extraordinaria de accionistas de la emisora. En este caso, será requisito para la aplicación del presente régimen que la totalidad de los accionistas hayan renunciado expresamente al derecho de preferencia establecido en el artículo 194 de la Ley N° 19.550 respecto de la suscripción de las acciones que serán ofrecidas públicamente bajo este régimen.

8) Si la emisora ya se encontrare admitida al régimen de oferta pública de acciones -bajo este régimen o bajo el régimen general-, el aumento de capital social mediante emisión por suscripción deberá ser resuelto por asamblea ordinaria o extraordinaria, conforme a lo previsto en el estatuto social de la emisora. En tal caso, se admitirá si se cumplen las siguientes condiciones:

a) Que accionistas que representen al menos el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del capital social, incluyendo necesariamente a la totalidad de quienes ejerzan el control directo, indirecto o concertadamente sobre la emisora en los términos del artículo 87 de la Ley N° 26.831, hayan renunciado expresamente al derecho de preferencia previsto en el artículo 194 de la Ley N° 19.550 respecto de la suscripción de las acciones cuya emisión haya sido aprobada por la asamblea.

b) La emisión deberá concretarse dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de celebración de la asamblea que la haya aprobado. La asamblea podrá delegar en el Directorio o éste en subdelegados la facultad de prorrogar dicho plazo hasta un máximo de CIENTO VEINTE (120) días corridos de celebrada la asamblea.

c) Durante el período comprendido entre la celebración de la asamblea y la efectiva colocación de las nuevas acciones, las tenencias accionarias de los accionistas que hubieren renunciado al derecho de preferencia deberán mantenerse bloqueadas ante el Agente de Registro correspondiente. En este caso la instrucción será realizada por la emisora ante el Agente de Registro. En oportunidad de la celebración de la asamblea deberá dejarse constancia expresa de la nómina de accionistas que renunciaron a su derecho de preferencia y la cantidad de acciones a ser bloqueadas debiendo dicha nómina ser debidamente firmada por los renunciantes. La comunicación al Agente de Registro deberá ser instrumentada en forma inmediata a la firma del acta respectiva.

d) Los accionistas que no hayan renunciado al derecho de preferencia deberán ejercer el mismo conforme al artículo 62 bis de la Ley N° 26.831.

9) El Estatuto Social del Emisor no podrá restringir la transmisibilidad de las acciones a ser ofrecidas públicamente bajo este régimen, más allá de las restricciones establecidas en el mismo. En los términos del artículo 216 de la Ley N° 19.550, no podrán emitirse acciones de voto privilegiado después que la sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus acciones, excepto en el caso de la emisión de acciones por capitalización de la cuenta ajuste de capital.

10) La sociedad deberá mantener el cumplimiento de la totalidad de las disposiciones aplicables a los Emisores bajo este régimen y arbitrar las medidas para que ello se cumpla durante su permanencia en el régimen, lo que incluye, en caso de corresponder, el cumplimiento de las disposiciones que resulten aplicables en virtud de la Ley N° 22.169.

11) No podrán acogerse a este régimen Emisores sujetos a privatización, sociedades con participación estatal o del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD, ni entidades financieras o bancarias. Tampoco podrán hacerlo los Mercados autorizados por esta Comisión, o Emisores que presten servicios públicos o cualquier otra actividad relacionada con los servicios indicados precedentemente.”

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en el Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese.

Manuel Ignacio Calderon - Laura Ines Herbon - Sonia Fabiana Salvatierra - Roberto Emilio Silva

e. 11/07/2025 N° 48796/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 22520
    infoleg 48853
  • 23554
    infoleg 20988
  • 24059
    infoleg 458
  • 27161
    infoleg 249775
• Decretos:
  • 1770/2007
    infoleg 135069
  • 228/2016
    infoleg 258047
  • 1054/2018
    infoleg 316449
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 81/2025
    infoleg 408925
  • 8/2023
    infoleg 377864
    infoleg 394976
  • 195/2024
    infoleg 396900
  • 293/2024
    infoleg 397870

Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-07351031- -APN-SSLCN#MSG, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias, la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554 y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias, la Ley de Navegación Aérea N° 27.161 y sus modificatorias; los Decretos N° 1.770 del 3 de diciembre de 2007, Nº 228 del 21 de enero de 2016 y sus modificatorios, N° 1.054 del 16 de noviembre de 2018, Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios establece en su Artículo 22º bis que compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Que la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias definen la seguridad interior como “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional” (Artículo 2°).

Que la misma contempla el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación en el contexto de la seguridad interior (Artículo 3°).

Que por el Decreto N° 81/2025 se modificó el Decreto N° 50/19 y se aprobó el organigrama y los objetivos de las unidades organizativas del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, para lo cual se asignó a la SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA los objetivos de: “1. Intervenir en la elaboración de políticas nacionales y en la planificación de estrategias contra la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y en el control de los precursores y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas”, como así también, “4. Coordinar el esfuerzo de las áreas competentes en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina”.

Que en el instrumento normativo citado se establecieron como objetivos de la SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO la de “Asistir a la Secretaría en materia de elaboración de políticas nacionales y planificación de estrategias contra la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y en el control de los precursores y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas” y “Participar en la elaboración de políticas nacionales y planificación de estrategias de investigación y persecución del delito de narcotráfico en sus fases de: producción, tráfico y comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.

Que a su vez se le asignaron a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL, entre otros, los objetivos de “Coordinar la cooperación judicial, la organización operativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y la política de formación y entrenamiento de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en concordancia con la normativa aplicable”, así como también “Determinar y diseñar el despliegue operativo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y formular, dirigir y supervisar sus actividades para, así, procurar intervenciones territoriales coordinadas y adecuadas al objetivo sobre el diagnóstico diferenciado que tenga como fuente la demanda social y la información criminal calificada”.

Que, asimismo, la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL tiene asignado, entre otros, el objetivo de “Coordinar la aplicación de políticas, estrategias y acciones para la prevención y conjuración de los delitos federales con las áreas competentes del Ministerio y de otras dependencias con competencia en la materia”.

Que el Artículo 4° del Decreto Nº 8/2023, modificatorio de la citada Ley de Ministerios, dispone como competencia del MINISTERIO DE DEFENSA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la defensa nacional y las relaciones con las Fuerzas Armadas dentro del marco institucional vigente.

Que, asimismo, se le establecieron, entre otras, las funciones de “Coordinar juntamente con el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL los aspectos comunes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad”; “entender en la elaboración y propuesta de los planes tendientes al cumplimiento de los fines de la defensa nacional en las áreas de frontera, así como su dirección y ejecución” y “entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y actividades vinculados a la navegación por agua y aire de su competencia”.

Que conforme lo establece el Decreto Nº 195/2024, modificatorio de la Ley de Ministerios, corresponde al MINISTERIO DE ECONOMÍA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la elaboración de las políticas en materia de transporte aéreo.

Que, mediante el Decreto N° 293/2024, en particular, se le asignó a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE de dicho Ministerio la función de “intervenir en la elaboración y ejecución de la política nacional de transporte aéreo y terrestre, así como en su regulación y coordinación”.

Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA, es la máxima autoridad aeronáutica argentina que fiscaliza y controla la actividad aérea en nuestro país en pos de elevar la seguridad operacional de la actividad aérea civil.

Que mediante el artículo 6º de la Ley Nº 27.161 se creó la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO, actualmente en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO ECONOMÍA, como prestadora del servicio, planifica y elabora todo lo concerniente a la organización de los espacios aéreos, gestión de la afluencia de tránsito aéreo, servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica para su posterior elevación a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL.

Que es decisión de este Gobierno combatir el narcotráfico con rigurosidad, en virtud de responder a la profunda preocupación manifestada por la ciudadanía.

Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta la salud y seguridad ciudadana sino que también constituye una violación a la soberanía nacional al tratarse de un delito transnacional.

Que tales circunstancias ameritan adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del ESTADO NACIONAL en orden de enfrentar el delito de narcotráfico y delitos conexos.

Que mediante el Decreto Nº 228/2016, en el marco de la declaración de emergencia en seguridad pública en el territorio nacional, se establecieron diversas medidas que incluyen las REGLAS DE PROTECCIÓN AEROESPACIAL en aras de combatir el Tránsito Aéreo Irregular –modalidad aérea utilizada por el crimen organizado.

Que mediante el Decreto Nº 1.054/2018 se modificaron las mencionadas Reglas con el fin de optimizar y combatir el Tránsito Aéreo Irregular, como así también defender la soberanía aeroespacial.

Que es fundamental la creación de una Mesa de Trabajo para fortalecer la cooperación en el ámbito de las fronteras espaciales y contribuir al desarrollo de medidas efectivas contra el Tránsito Aéreo Irregular.

Que, en consecuencia, la presente medida tiene como propósito la creación de la MESA DE TRABAJO SOBRE TRÁNSITO AÉREO IRREGULAR (TAI) orientada a la coordinación efectiva de estrategias y la mejora en la implementación de acciones destinadas al intercambio de información y la colaboración entre los diversos actores participantes.

Que la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL.

Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y el Artículo 14 del Decreto N° 1770/2007.

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

LA PRESIDENTA DE LA EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DE ESTADO

Y

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°. - Créase la MESA DE TRABAJO SOBRE TRÁNSITO AÉREO IRREGULAR (TAI) en la órbita de la SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL.

ARTÍCULO 2°. - La Mesa de trabajo creada en el artículo precedente entenderá sobre los lineamientos estratégicos para la investigación, prevención y represión de los casos de Tráfico Aéreo Irregular (TAI).

ARTÍCULO 3°.- La MESA DE TRABAJO SOBRE TRÁNSITO AÉREO IRREGULAR (TAI) estará integrada por representantes de las siguientes jurisdicciones: el MINISTERIO DE DEFENSA, la FUERZA AÉREA ARGENTINA, la SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA mediante la SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL mediante la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL, la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la GENDARMERÍA NACIONAL, la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, todas ellas dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL; la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AÉREO, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL y la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DE ESTADO todas ellas dependientes de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4°. - La SUBSECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO coordinará el trabajo y establecerá los lineamientos estratégicos de la Mesa.

ARTÍCULO 5º.- Que a efectos de profundizar y garantizar el funcionamiento de la Mesa de Trabajo conformada se llevarán a cabo reuniones de forma periódica.

ARTÍCULO 6°. - La presente medida no implica erogación de recurso presupuestario alguno.

ARTÍCULO 7°. - Esta norma entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 8°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.

E/E Luis Andres Caputo - Patricia Bullrich - Luis Andres Caputo - Norma Beatriz Rotta - Oscar Alfredo Villabona

e. 11/07/2025 N° 48739/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 26589
    infoleg 166999
  • 23660
    infoleg 62
  • 23661
    infoleg 63
  • 26682
    infoleg 182180
• Decretos:
  • 379/2025

Análisis Legal de la RESFC-2025-1-APN-MS

La RESFC-2025-1-APN-MS, emitida por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, regula el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Salud (PROMESA), un mecanismo de resolución de conflictos en materia de salud que se enmarca en el marco de la Ley 26.589 (mediación obligatoria) y su modificación por el Decreto 379/2025. A continuación, se analiza su impacto en el ordenamiento jurídico, derechos afectados, y posibles irregularidades.

1. Marco Jurídico y Alcance de la Norma

La RESFC-2025-1-APN-MS se fundamenta en:
- Ley 26.589 (mediación previa obligatoria), modificada por el Decreto 379/2025, que incluye controversias en salud cuando el requerido sea una entidad regulada por las Leyes 23.660, 23.661 o 26.682.
- Leyes 23.660, 23.661 y 26.682, que definen el régimen de entidades de salud, su financiamiento, y responsabilidades.
- Constitución Nacional, especialmente los artículos 18 (derecho a juicio justo), 19 (libertad de los particulares), 31 (jerarquía de las leyes), y 16 (igualdad ante la ley), que respaldan la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

La norma amplía el alcance de la mediación previa a casos de salud, con excepciones (art. 6°, inciso b) del Decreto 379/2025), y establece requisitos técnicos, de capacitación y de seguimiento para su implementación.

2. Impacto en Normativas Anteriores

La RESFC-2025-1-APN-MS modifica y complementa las normativas existentes, con los siguientes efectos:
- Ley 26.589:
- Extiende la mediación obligatoria a conflictos en salud, aunque mantiene su carácter optativo en ciertos casos (art. 6° del Decreto 379/2025).
- Introduce requisitos específicos para mediadores en salud (capacitación, evaluación, y registro en el Registro Nacional de Mediación), sin alterar el marco general de la Ley 26.589.
- Leyes 23.660, 23.661 y 26.682:
- Obliga a entidades de salud (obras sociales, mutualidades, prepagas) a adherirse al PROMESA, vinculando su participación en el proceso con el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) (art. 17 de la Ley 23.661) y el Fondo Solidario de Redistribución (art. 21-24 de la Ley 23.661).
- Establece sanciones por incumplimiento, como multas o suspensión de inscripción (art. 43 de la Ley 23.661), que se aplican en el contexto del PROMESA.
- Constitución Nacional:
- Art. 18: La mediación se enmarca en el derecho a un juicio justo, pero su carácter optativo (art. 6° del Decreto 379/2025) evita limitar el acceso a la justicia.
- Art. 16: Garantiza la igualdad ante la ley, al exigir que los mediadores cumplan estándares técnicos y éticos, evitando discriminación en la resolución de conflictos.

3. Derechos Afectados

• Derecho a la tutela judicial efectiva:
• La mediación previa no limita el acceso a la justicia, ya que el art. 11 de la RESFC-2025-1-APN-MS permite la derivación judicial motivada si el mediador no logra un acuerdo.
• Sin embargo, riesgos de demora si el proceso de mediación se prolonga sin solución, afectando el derecho a la celeridad procesal (art. 31 de la Constitución).
• Derecho a la privacidad:
• La notificación electrónica de entidades de salud (art. 6°) implica la gestión de datos personales, lo que podría vulnerar el art. 18 de la Constitución si no se garantice la protección de la información.
• Derecho a la libertad de asociación:
• La adhesión voluntaria de entidades no reguladas por las leyes 23.660/23.661/26.682 (art. 10) no impone obligaciones ilegítimas, pero su falta de incentivos podría limitar su adopción.

4. Irregularidades y Posibles Abusos

• Falta de claridad en medidas transitorias:
• El art. 9° permite a mediadores con registro provincial acceder al PROMESA sin cumplir con el requisito de antigüedad en el Registro Nacional de Mediación, lo que puede generar desigualdades en la calidad de los mediadores.
• Riesgo de uso indebido de la derivación judicial:
• El art. 11 permite la derivación a PROMESA por el juez, pero no establece límites claros para evitar su uso como herramienta para postergar procesos judiciales.
• Dependencia del Fondo de Financiamiento:
• El art. 9° del Decreto 379/2025 y el art. 8° de la RESFC-2025-1-APN-MS vinculan el pago de honorarios de mediadores al Fondo Solidario, sin garantizar su suficiencia en casos de múltiples conflictos.
• Exigencia de notificaciones electrónicas:
• El art. 6° impone domicilios electrónicos a entidades de salud, sin considerar casos de falta de infraestructura tecnológica en algunas jurisdicciones, lo que podría generar exclusiones.

5. Consideraciones Constitucionales

• Art. 31 (jerarquía de las leyes): La RESFC-2025-1-APN-MS se fundamenta en leyes vigentes, pero su aplicación debe respetar la no alteración de derechos constitucionales.
• Art. 108 (estructura judicial): La mediación no sustituye la función judicial, pero su coordinación con el Poder Judicial (art. 7° y 8°) debe garantizar la eficacia de la resolución de conflictos.
• Art. 14 bis (derecho al trabajo): Aunque no se enfoca en el trabajo, su enfoque en la protección de derechos de usuarios (art. 26 de la Ley 26.682) se alinea con el principio de equidad.

6. Conclusión

La RESFC-2025-1-APN-MS refuerza el enfoque de resolución alternativa de conflictos en salud, integrando el PROMESA en el marco legal existente. Sin embargo, su implementación requiere precauciones:
- Claridad en los requisitos de los mediadores y en la gestión de datos personales.
- Control de la derivación judicial para evitar abusos.
- Garantía de recursos para el Fondo de Financiamiento y acceso equitativo a la mediación.

La norma no contradice directamente las leyes anteriores, pero exige una aplicación rigurosa para evitar irregularidades y asegurar que el PROMESA cumpla su objetivo de eficiencia y equidad en la resolución de conflictos de salud.

Ciudad de Buenos Aires, 10/07/2025

VISTO el Expediente N.º EX-2025-68344897- -APN-DGDYD#MJ, la Ley Nº 26.589 y sus modificatorias, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 379 del 3 de junio de 2025, y CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.589 regula el procedimiento de mediación obligatoria previa a todo proceso judicial.

Que el artículo 6° de la referida Ley establece los supuestos en los cuales la aplicación del procedimiento de mediación prejudicial es optativa para el reclamante.

Que mediante el Decreto N° 379/2025 se modificó el artículo 6° de la Ley Nº 26.589 y sus modificatorias, y se incorporaron las controversias en materia de salud, en los casos en que el requerido fuese una entidad comprendida en las Leyes Nros. 23.660, 23.661 o 26.682 y sus respectivas modificaciones.

Que, asimismo, a través del referido Decreto se aprobó el “PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE SALUD” (PROMESA), aplicable a los casos comprendidos en el artículo 6°, inciso b), de la citada Ley, como instancia optativa previa a la interposición de toda acción judicial, cualquiera sea su alcance o naturaleza.

Que el artículo 5° del aludido Decreto instruyó al MINISTERIO DE JUSTICIA, a través de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, y al MINISTERIO DE SALUD, a través de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en dicho Ministerio, a aprobar los programas de capacitación y el examen de idoneidad que deberán acreditar los aspirantes a mediadores en materia de salud, descriptos en el ANEXO I del Decreto N° 379/2025.

Que, en atención a la especificidad de los conflictos de salud y a la necesidad de garantizar estándares homogéneos de calidad técnica y ética, resulta imprescindible establecer un régimen de capacitación que asegure la adecuada formación inicial, actualización continua y evaluación objetiva de los mediadores en materia de salud, como condición de permanencia en el Registro correspondiente.

Que, asimismo, el inciso b) del artículo 9° del ANEXO I del Decreto Nº 379/2025 estableció que el fondo de financiamiento creado por el artículo 48 de la Ley N° 26.589 y sus modificatorias tendrá a su cargo el pago del honorario al mediador cuando el trámite culmine sin acuerdo y que la eventual condena en costas decidida en sede judicial impondrá al requerido el reintegro al fondo del honorario abonado al mediador, actualizado al momento del efectivo pago.

Que, a su vez el párrafo segundo del inciso referido determinó que el reclamante que no inicie la acción judicial dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la fecha del acta de cierre, deberá reintegrar al fondo el honorario establecido en el régimen de honorarios de los mediadores previsto en el artículo 35 de la Ley N° 26.589 y sus modificatorias, aprobado por el artículo 7° del Decreto N° 1467/11 y su modificatorio, que como ANEXO III integra dicho acto, bajo apercibimiento de ejecución.

Que el artículo 4° del Decreto N° 379/2025 facultó al MINISTERIO DE JUSTICIA, a través de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, a dictar las normas necesarias para la implementación del PROMESA, como así también a dictar las normas complementarias y operativas con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente.

Que a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9°, inciso b), del ANEXO I del Decreto Nº 379/2025 resulta necesaria la suscripción de convenios con el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN que permitan la consulta y el seguimiento de las causas iniciadas con las actas de cierre de las que surja que el honorario del mediador fue abonado por el MINISTERIO DE JUSTICIA a través del fondo de financiamiento creado por el artículo 48° de la Ley N° 26.589 y sus modificatorias.

Que resulta pertinente instruir a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos para que eleve a consideración de la SECRETARÍA DE JUSTICIA un proyecto de convenio a fin de operativizar lo descrito en el artículo 9° del ANEXO I del Decreto N° 379/2025.

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 379/2025 corresponde determinar un mecanismo de notificación electrónica a los agentes del sistema de salud que sean requeridos en el marco del presente procedimiento, con el objeto de reducir los plazos y los costos que insumen las notificaciones a los requeridos.

Que los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga se encuentran obligados a constituir un domicilio electrónico ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, utilizado regularmente para notificaciones electrónicas vinculadas a sus obligaciones legales y procedimientos administrativos ante dicho organismo.

Que, a los fines de garantizar la eficiencia operativa y la celeridad en la sustanciación de los casos incluidos en el PROMESA, resulta pertinente considerar válidos dichos domicilios electrónicos para cursar las notificaciones correspondientes en el marco del procedimiento mencionado, con excepción de los Agentes del Seguro de Salud o las Entidades de Medicina Prepaga que denuncien domicilios alternativos a estos efectos.

Que a dicho fin la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD deberá poner a disposición de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, a través de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, un listado actualizado que contenga los datos identificatorios y los domicilios electrónicos constituidos por los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga ante dicho organismo.

Que dada la relevancia de la materia que regula el PROMESA, resulta necesario que las autoridades del MINISTERIO DE JUSTICIA y de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD monitoreen periódicamente el estado del sistema, intercambien información, controlen eventuales alertas sanitarias, la comparecencia del Estado Nacional en los términos del artículo 6° del Decreto N° 379/2025, la cantidad de acuerdos y su cumplimiento, así como el grado de judicialización que pudiera existir y toda otra información que consideren a los efectos de asegurar el funcionamiento del PROMESA en el marco de lo establecido por el Decreto N° 379/2025 y su normativa complementaria, la Ley N° 26.589, sus normas modificatorias y su decreto reglamentario.

Que a dicho fin corresponde establecer enlaces técnicos permanentes entre la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA y el titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, los que deberán concertar reuniones técnicas periódicas cada QUINCE (15) días los primeros TRES (3) meses de vigencia del PROMESA, y mensualmente una vez transcurrido dicho plazo, sin perjuicio de la información parcial que pudieran intercambiar de manera previa o de otras reuniones técnicas que entiendan conveniente concertar.

Que el artículo 10, inciso a), del ANEXO I del Decreto N° 379/2025 establece que aquéllas personas que aspiren a ser mediadores en materia de salud deberán estar inscriptos en el capítulo “Registro de Mediadores” del Registro Nacional de Mediación con una antigüedad mayor a UN (1) año y no poseer sanciones vigentes al momento de la solicitud de incorporación.

Que, a fin de no obstaculizar la implementación efectiva del PROMESA en todo el territorio nacional, resulta conveniente establecer transitoriamente que el requisito contemplado en el inciso aludido se encontrará cumplido respecto de aquellos profesionales inscriptos en los registros provinciales de mediación con una antigüedad mayor a UN (1) año contado a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 379/2025.

Que esta medida transitoria tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de profesionales idóneos durante la etapa inicial de aplicación del nuevo procedimiento, evitando que la eventual escasez de mediadores impida su efectiva ejecución e implementación y su desarrollo progresivo.

Que el sistema de salud argentino presenta una configuración heterogénea y fragmentada, compuesta por diversos subsistemas y entidades prestadoras que, si bien brindan servicios de salud a distintos sectores de la población, no todas se encuentran comprendidas en los regímenes establecidos por las Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 26.682.

Que, con el objeto de ampliar el alcance, la eficacia y el impacto del PROMESA, resulta oportuno invitar a aquellas entidades no comprendidas en los marcos legales mencionados, pero que prestan servicios de salud, a adherir voluntariamente al procedimiento en los términos que establezca la normativa vigente. Dicha adhesión implicará su sometimiento voluntario y sin reservas al régimen jurídico establecido por el Decreto N° 379/2025.

Que esta medida tiene por finalidad favorecer la participación de un mayor número de actores del sistema de salud en la resolución alternativa de controversias, promover una respuesta institucional temprana a los conflictos sanitarios, y garantizar el acceso a una instancia de diálogo eficaz a un universo más amplio de beneficiarios.

Que, a tal fin, resulta oportuno establecer que las solicitudes de adhesión al PROMESA sean presentadas formalmente y puestas a consideración de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD para su correspondiente sustanciación.

Que conforme surge de los fundamentos del Decreto N° 379/2025, las estadísticas publicadas por la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL, exhiben que entre los años 2011 a 2018 hubo un aumento de MIL CIENTO TREINTA (1130) a CINCO MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO (5474) causas.

Que, en esa línea, a partir del año 2019 y hasta la actualidad, conforme surge del portal informático del Poder Judicial de la Nación, el aumento en las causas sanitarias ha sido aún más significativo que en el período antes descrito.

Que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación reconoce al juez amplias facultades para adoptar medidas que contribuyan a la adecuada sustanciación del proceso y a la tutela efectiva de los derechos en juego, entre las que se encuentra la derivación a las partes a instancias de diálogo estructurado, como la mediación.

Que el marco fáctico y normativo reseñado, admite la derivación de casos judicializados en materia de salud al PROMESA en los procesos en que los magistrados consideren y meritúen la conveniencia de dicha derivación de forma motivada y siempre que su decisión sea consentida expresamente por la parte actora, en atención a la naturaleza voluntaria del procedimiento del PROMESA y a los derechos en juego.

Que la derivación judicial al PROMESA decidida fundadamente por el juez competente y consentida por la parte reclamante contribuirá a facilitar la solución consensuada de los conflictos, siendo compatible con los principios de economía procesal y celeridad, y favoreciendo una intervención profesional e interdisciplinaria orientada a resolver los conflictos con mayor eficiencia.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes del MINISTERIO DE JUSTICIA, del MINISTERIO DE SALUD y de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 4° y 5° del Decreto N° 379/2025.

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA

Y

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.-Apruébase la “CAPACITACIÓN BÁSICA PARA LA HABILITACIÓN DE MEDIADORES EN MATERIA DE SALUD” que, como ANEXO I (IF-2025-68635395-APN-SSGA#MJ), forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la “CAPACITACIÓN CONTINUA PARA LA HABILITACIÓN DE MEDIADORES EN MATERIA DE SALUD” que, como ANEXO II (IF-2025-68635738-APN-SSGA#MJ), forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse las “PAUTAS PARA LA ACREDITACIÓN DEL EXAMEN DE IDONEIDAD TÉCNICA” que, como ANEXO III (IF-2025-68636433-APN-SSGA#MJ), forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Apruébanse las “PAUTAS PARA EL MONITOREO PERIÓDICO DEL PROMESA” que, como ANEXO IV (IF-2025-68636970-APN-SSGA#MJ), forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 5°.- A los fines de implementar y verificar el cumplimiento de las pautas de monitoreo aprobadas por el artículo 4° las autoridades firmantes de la presente designan como enlaces técnicos permanentes a la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA y al titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, respectivamente.

ARTÍCULO 6°.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD pondrá a disposición de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, a través de la Dirección de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, un listado actualizado que contenga los datos identificatorios y los domicilios electrónicos constituidos por los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga ante dicho organismo. A tal efecto, los domicilios electrónicos declarados por los mencionados agentes ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD se considerarán válidamente constituidos a los fines de las notificaciones electrónicas que deban cursarse en el marco del PROMESA, salvo que el agente comunique expresamente otro domicilio específico a tales fines.

ARTÍCULO 7°.- Instrúyese a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos a elevar, en el plazo de VEINTE (20) días corridos desde la entrada en vigencia de la presente, un proyecto de convenio a celebrarse entre la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA y el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, a fines de facultar a la referida Dirección Nacional para requerir el acceso periódico de información relativa a las causas judiciales iniciadas con actas MEPRE que consten como abonadas mediante el Fondo de Financiamiento previsto por el artículo 48 de la Ley N° 26.589 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 8°.- Instrúyese a la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA y a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA, para que en el plazo de VEINTE (20) días corridos, contados desde la suscripción del convenio referido en el artículo 7°, formulen y eleven una propuesta de acto administrativo que contemple el procedimiento aplicable para el cobro efectivo de las acreencias que resulten de los incumplimientos o las condenas contempladas en el artículo 9° del ANEXO I del Decreto N° 379/2025.

ARTÍCULO 9º.- Transitoriamente, y por el plazo de UN (1) año contado a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 379/2025, se considerará cumplido el requisito contemplado en el artículo 10, inciso a), del Anexo I del Decreto N° 379/2025 respecto de los mediadores registrados en los registros provinciales de mediación siempre que cuenten previamente con dicha antigüedad en el registro provincial respectivo. Esta habilitación excepcional no exime a los profesionales del cumplimiento de lo normado por la Ley Nº 26.589 y sus modificatorias, el Decreto Nº 379/2025 y sus disposiciones complementarias.

ARTÍCULO 10.- Invítase a las entidades que brinden servicios de salud y que no se encuentren comprendidas en los regímenes establecidos por las Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 26.682 y sus modificatorias a adherir voluntariamente al PROMESA, en los términos de la normativa vigente. La solicitud de adhesión al régimen instituido por el Decreto N° 379/2025 implicará el sometimiento voluntario y sin reservas a su marco jurídico y deberán presentarse ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD para su correspondiente sustanciación.

ARTÍCULO 11.- Derivación judicial al PROMESA. En el marco de una acción judicial en materia de salud, el magistrado interviniente, ya sea de oficio o a pedido de parte y en cualquier estado del proceso, podrá derivar el caso para su sustanciación en el marco del PROMESA. En ningún caso dicha derivación implicará la reapertura de etapas precluidas de la causa judicial y/o suspenderá la ejecución de medidas cautelares y/o imposibilitará su solicitud o concesión en sede judicial. Para la derivación al PROMESA es necesaria una decisión motivada de acuerdo a las circunstancias de la causa y el consentimiento previo y expreso de la parte actora.

ARTÍCULO 12.- La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mariano Cúneo Libarona - Mario Iván Lugones

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/07/2025 N° 48989/25 v. 11/07/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-44199125- -APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que, a raíz de una denuncia recibida por el Sistema de Cosmetovigilancia de la ANMAT, se constató la oferta en diversos canales electrónicos de productos para el cabello sin inscripción sanitaria, comercializados bajo la marca RA, los que se detallan a continuación - Alisado Mota marca RA - Mascarilla Plex marca RA - Complejo Plex marca RA - Máscara ácida marca RA - Máscara matizadora rojos vivos marca RA - Shampoo Plex marca RA - Shampoo Neutro Pre técnico marca RA - Gel capilar by RA marca RA - Shock reparador marca RA - Almond Splash marca RA - Tratamiento capilar Keratina Plex marca RA.

Que, al respecto, cabe destacar que, consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos.

Que, en consecuencia, se dio intervención al PROGRAMA DE MONITOREO Y FISCALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS A VIGILANCIA SANITARIA a fin de que gestionen las bajas de las citadas publicaciones de venta electrónica

Que, por otra parte, es de señalar que aquellos alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante. El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador. Es así que, los alisadores para el cabello formulados en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo.

Que, a su vez, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Que, por lo expuesto, a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante esta ADMINISTRACION NACIONAL, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, El DEPARTAMENTO DE DOMISANITARIOS, COSMETICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL sugiere: a) Prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos marca “RA “ en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos; y b) Informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que finalmente, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos marca “RA” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 11/07/2025 N° 48719/25 v. 11/07/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-44214934- -APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que, a raíz de una denuncia recibida por el Sistema de Cosmetovigilancia de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, se constató la oferta en diversos canales electrónicos de productos para el cabello sin inscripción sanitaria, comercializados bajo la marca PRISCILA ALISADOS, los que se detallan a continuación - Botox en gel marca PRISCILA ALISADOS - Shock de keratina en gel marca PRISCILA ALISADOS - Cauterizador molecular marca PRISCILA ALISADOS - Serum reparador de puntas marca PRISCILA ALISADOS - Gel de biotina marca PRISCILA ALISADOS - Biotina en crema marca PRISCILA ALISADOS - Baño de diamantes marca PRISCILA ALISADOS - Mascara restauradora 12 en 1 marca PRISCILA ALISADOS - Protector térmico marca PRISCILA ALISADOS - Keratina express marca PRISCILA ALISADOS - Botox express marca PRISCILA ALISADOS - Reparador express marca PRISCILA ALISADOS - Loción de biotina marca PRISCILA ALISADOS - Alisado express marca PRISCILA ALISADOS - Biotina pura marca PRISCILA ALISADOS - Shampoo neutro marca PRISCILA ALISADOS - Alisado en gel choco marca PRISCILA ALISADOS - Alisado de células madres marca PRISCILA ALISADOS - Máscara reparadora intensa marca PRISCILA ALISADOS - Máscara hidratante de coco marca PRISCILA ALISADOS - Nutrición ácida marca PRISCILA ALISADOS.

Que se consultó a la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL, en la cual, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos.

Que, en consecuencia, se dio intervención al PROGRAMA DE MONITOREO Y FISCALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS A VIGILANCIA SANITARIA a fin de que gestionen las bajas de las citadas publicaciones de venta electrónica.

Que, por otra parte, es de señalar que aquellos alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante. El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador. Es así que, los alisadores para el cabello formulados en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo.

Que, por otra parte, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Que, por lo expuesto, a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable el DEPARTAMENTO DE DOMISANITARIOS, COSMETICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL sugiere: a) Prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos de la marca “PRISCILA ALISADOS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos. y b) Informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que finalmente, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos de la marca “PRISCILA ALISADOS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 11/07/2025 N° 48735/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 16463
    infoleg 20414
• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-32993871-APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO:

Que se inician las actuaciones referidas en el VISTO en virtud de que el Departamento de Vigilancia post comercialización y Acciones Reguladoras del INAME, el 17/03/2025 remitió un correo electrónico que había recibido desde un establecimiento asistencial ubicado en la provincia de Santa Fe, a través del «Sistema de Farmacovigilancia – Comunicación de Eventos Adversos» en el que informó la sospecha de legitimidad de un medicamento denominado CLORHEXKYN, solución jabonosa.

Que en el correo se adjuntaron dos (2) imágenes del producto, una en la que podía verse el frente de la botella que rezaba: «CLOREXIDINA PRESENTACION JABONOSA, CLORHEXKYN, USO EXTERNO, 500 CC» y otra del dorso donde se leía entre otros datos «CERTIFICADO N° 59450, L: 7916, VTO:07/28».

Que según consta en los registros de esta ANMAT, el certificado 59450, corresponde al producto «CLORHEXKIN», cuya titularidad pertenece a la firma AVC FARMA SA.

Que personal del Departamento de Control de Mercado se constituyó en el domicilio declarado en el certificado del titular de registro, AVC FARMA SA, y allí se constató que el local se encontraba en condiciones de abandono, por lo que se requirió a la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME, los datos de contacto para poder realizar la consulta a los responsables del laboratorio titular.

Que la firma AVC FARMA S.A. se encuentra habilitada como “Laboratorio de Especialidades Medicinales con área de acondicionamiento. Importador y Exportador de Especialidades Medicinales”; asimismo, por expediente EX-2023-00420554-APN-DFYGR#ANMAT, AVC FARMA SA tramitó el traslado total desde las instalaciones de Bacacay Nº 1820/22 al nuevo sitio de Quinquela Martín 1931/35.

Que realizada la consulta al director técnico de la firma AVC FARMA SA respecto del producto rotulado como «CLORHEXKYN, CLOREXIDINA PRESENTACION JABONOSA, USO EXTERNO, 500 CC, L: 7916, VTO:07/28», informó que el producto autorizado mediante certificado 59450 se denomina «CLORHEXSKIN» y que la fórmula declarada contiene digluconato 4g/100 ml; sin embargo, indicó que la firma AVC FARMA SA nunca había comercializado el producto en ninguna de sus presentaciones autorizadas y que se encuentra en la condición de producto «no comercializado» según las declaraciones juradas presentadas ante esta ANMAT.

Que además, agregó el Director Técnico que no habían adquirido envases, etiquetas ni insumos para la fabricación del medicamento en cuestión.

Que por lo expuesto, el producto que estaría siendo distribuido sería un medicamento falsificado que no ha sido elaborado ni distribuido por la firma titular del producto en la República Argentina.

Que al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a los Productos médicos falsificados, como: “Productos médicos que tergiversan deliberada/fraudulentamente su identidad, composición u origen”.

Que consultado el responsable del establecimiento sanitario denunciante “Hospital Alassia”, donde se habría recibido el producto, informó que, si bien no llegaron a realizar la transacción comercial por la sospecha de legitimidad, los productos habrían sido ofrecidos por la droguería MILLENIUM II, la cual cuenta con habilitación jurisdiccional únicamente otorgada por la autoridad sanitaria de la provincia de Santa Fe.

Que es así que, el 23/04/2025, se realizó una inspección conjunta con el personal del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, en sede de la droguería MILLENIUM II, ubicada en la calle Joaquín V. González 1280 bis, planta baja, Rosario, donde no se encontraron unidades del producto de marras, toda vez que, según manifestó el responsable de la firma, fueron entregadas en carácter de devolución a su proveedor.

Que a este respecto, el responsable presentó documentación de compra a favor de la firma ATENNEA SRL con domicilio en la calle Santander 525, Dpto. 3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asimismo, aclaró que en oportunidad de la devolución le fue indicado entregar las unidades en un domicilio de la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Que por lo anteriormente expuesto, con fecha 19/05/2025, personal del Departamento de Control de Mercado, se constituyó en el domicilio de la calle Florentino Ameghino 662, Villa Martelli, Vicente López, provincia de Buenos Aires, sede de la firma MEDIGASA INDUSTRIA SRL, donde se habrían entregado las unidades y en tal ocasión, la responsable informó que la empresa se dedicaba a la confección de gasa, lo que corresponde al rubro tejeduría.

Que en la recorrida se detectaron en el depósito sesenta y nueve (69) cajas de cartón que contienen veinte (20) unidades cada una del producto «CLOREXIDINA PRESENTACION JABONOSA, CLORHEXKYN, USO EXTERNO, 500 CC, L: 7916, VTO:07/28, legajo N° 8453, CERTIFICADO N° 59450».

Que en relación a las unidades, la responsable informó que no eran de su propiedad, sino que pertenecen a la firma ATENNEA SRL y que ellos habían prestado el depósito para su almacenamiento.

Que cabe poner de resalto que, durante el transcurso de la inspección, se hizo presente el responsable de la firma ATENNEA SRL, Damián Alfano, quien afirmó que la firma no contaba con habilitación sanitaria ni con depósito para almacenamiento de productos, por lo que había solicitado a MEDIGASA INDUSTRIA SRL un espacio para el depósito de los productos.

Que seguidamente, se le exhibió factura tipo A, N° 00001-00000319 (21/02/2025) con membrete de ATENNEA SRL a favor de Filipo Gustavo Adolfo, con domicilio en la calle Joaquín V. González bis 1280, PB, Rosario Norte, Santa Fe, donde se detallaban 2000 unidades de jabón con clorhexidina por 500 ml, y su correspondiente Remito N° 00002-00000399 (21/02/2025), los que fueron reconocidos por el Sr. Alfano como propios y válidos de la operación comercial realizada por la empresa que representa.

Que en cuanto a la procedencia de las unidades comercializadas, el titular de la firma ATENNEA SRL, no pudo acreditar su tenencia mediante documentación comercial, ni tampoco la cantidad exacta de unidades adquiridas y comercializadas.

Que por otra parte, se exhibió a la responsable de la firma MEDIGASA INDUSTRIA SRL, remito N° 00002- 00004916 (21/02/2025) con membrete de MEDIGASA INDUSTRIA SRL, F. Ameghino 665, Villa Martelli a favor de Filipo Gustavo Adolfo con domicilio en la calle Joaquín V. González bis 1280, PB, Rosario Norte, Santa Fe, donde se detallaban mil (1000) unidades de jabón con clorhexidina 500 ml, a lo que la responsable afirmó que se trataba de un documento propio y que toda vez que las unidades se encontraban en su depósito y el transporte retiraba los productos por ese domicilio, confeccionó el remito para el envío.

Que asimismo, aclaró la responsable de MEDIGASA INDUSTRIA SRL que por un error en la impresión los remitos referían al domicilio F. Ameghino 665, aunque el domicilio real de la empresa es F. Ameghino 662.

Que por todo expuesto, puede afirmarse que la firma ATENNEA SRL ha comercializado y distribuido un producto falsificado con destino al tránsito interjurisdiccional, incumpliendo así la siguiente normativa sanitaria vigente: Ley 16.463, que en su Artículo 19, establece: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos”; Disposición ANMAT 7038/2015, “Artículo 1º — Las droguerías deberán cumplir con los requisitos y Condiciones establecidos en la presente disposición a los fines de realizar transacciones comerciales de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la jurisdicción en que se encuentran habilitadas (tránsito interjurisdiccional)”; “Artículo 2º — Las personas físicas y/o jurídicas que realicen la actividad mencionada en el artículo anterior estarán sujetas a la obtención previa de la habilitación de sus establecimientos y certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución, otorgadas por esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), de conformidad con el Artículo 3° del Decreto N° 1299/97. Tales establecimientos deberán contar previamente con la habilitación de la autoridad sanitaria jurisdiccional competente para funcionar como droguería. Los establecimientos autorizados en los términos de la presente disposición serán incluidos en una BASE FEDERAL DE DROGUERÍAS QUE EFECTÚAN TRÁNSITO INTERJURISDICCIONAL, la que será publicada y actualizada periódicamente en la página web institucional de la ANMAT.”

Que conformemente, atento a las circunstancias detalladas, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado y toda vez que se trata de una especialidad medicinal FALSIFICADA, que representa un riesgo para la salud de la población, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió: 1) Prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio Nacional de «CLOREXIDINA PRESENTACION JABONOSA, CLORHEXKYN, USO EXTERNO, 500 CC, L: 7916, VTO:07/28, legajo N° 8453, CERTIFICADO N° 59450»; 2) Prohibir la distribución y comercialización de medicamentos en todo el territorio nacional a la firma MEDIGASA INDUSTRIA SRL, F. Ameghino 662 y 665, Villa Martelli, Buenos Aires, hasta tanto obtenga su habilitación; 3) Prohibir la distribución y comercialización de medicamentos en todo el territorio nacional a la firma ATENNEA SRL, con domicilio en la calle Santander 525, Dpto. 3, Ciudad autónoma de Buenos Aires, hasta tanto obtenga su habilitación; 4) Iniciar sumario sanitario a la firma ATENNEA SRL, con domicilio en la calle Santander 525, Dpto. 3, Ciudad autónoma de Buenos Aires y a la firma MEDIGASA INDUSTRIA SRL, con domicilio en la calle F. Ameghino 662 y 665, Villa Martelli, Buenos Aires por los incumplimientos mencionados ut supra.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, el Instituto Nacional de Medicamentos y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio Nacional de «CLOREXIDINA PRESENTACION JABONOSA, CLORHEXKYN, USO EXTERNO, 500 CC, L: 7916, VTO:07/28, legajo N° 8453, CERTIFICADO N° 59450».

ARTÍCULO 2º.- Prohíbese la distribución y comercialización de medicamentos en todo el territorio nacional a la firma MEDIGASA INDUSTRIA SRL, F. Ameghino 662 y 665, Villa Martelli, Buenos Aires, hasta tanto obtenga su habilitación.

ARTÍCULO 3º.- Prohíbese la distribución y comercialización de medicamentos en todo el territorio nacional a la firma ATENNEA SRL, con domicilio en la calle Santander 525, Dpto. 3, Ciudad autónoma de Buenos Aires, hasta tanto obtenga su habilitación.

ARTICULO 4º.- Instrúyase sumario sanitario a la firma ATENNEA SRL (CUIT N° 30-71594217-4), con domicilio en la calle Santander 525, Dpto. 3, Ciudad autónoma de Buenos Aires, por la presunta infracción al Artículo 1°, 2° y 19° de la Ley 16.463.

ARTICULO 5º.- Instrúyase sumario sanitario a la firma MEDIGASA INDUSTRIA SRL (CUIT N° 30-71518910-7), con domicilio en la calle F. Ameghino 662 y 665, Villa Martelli, Buenos Aires, por la presunta infracción al Artículo 1°, 2° y 19° de la Ley 16.463.

ARTÍCULO 6 °- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, al resto de las autoridades provinciales, a las del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 11/07/2025 N° 48734/25 v. 11/07/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2024-65869593- -APN-DNTHYC#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,

y CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que el Hospital SAMCO “Jaime Ferre”, de Rafaela provincia de Santa Fe ha presentado, según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias en Medicina General y Familiar y en Tocoginecología.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD elaboró los informes técnicos correspondientes a cada una de las residencias.

Que, en los mencionados informes técnicos, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, se propone asignar a las residencias en Medicina General y Famliar y en Tocoginecología categoría Nivel B de reconocimiento.

Que, atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias en Medicina General y Familiar y en Tocoginecología del Hospital SAMCO “Jaime Ferre”, de Rafaela provincia de Santa Fe.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1138/2024, la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias en Medicina General y Familiar (Medicina General y/o Medicina de Familia) y en Tocoginecología del Hospital SAMCO “Jaime Ferre”, de Rafaela provincia de Santa Fe, en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- La institución Hospital SAMCO “Jaime Ferre”, de Rafaela provincia de Santa Fe, deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 3°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 4°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 5°. - Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Pablo Vivas

e. 11/07/2025 N° 48860/25 v. 11/07/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente EX-2025-20847220- -APN-DNCYDTS#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que la Fundación Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado, según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias en ANESTESIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, CLÍNICA MÉDICA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, MEDICINA DE FAMILIA, NEFROLOGÍA, NEUMONOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NEUROLOGÍA INFANTIL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTENSIVA INFANTIL y TOCOGINECOLOGÍA.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD elaboró los informes técnicos correspondientes a cada una de las residencias.

Que, en los mencionados informes técnicos, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, se propone asignar las siguientes categorías: residencias en ANESTESIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, CLÍNICA MÉDICA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, MEDICINA DE FAMILIA (MEDICINA GENERAL y/o MEDICINA DE FAMILIA), NEFROLOGÍA, NEUMONOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NEUROLOGÍA INFANTIL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTENSIVA INFANTIL y TOCOGINECOLOGÍA, categoría A y residencia en CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, categoría B.

Que, atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias en ANESTESIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, CLÍNICA MÉDICA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, MEDICINA DE FAMILIA (MEDICINA GENERAL y/o MEDICINA DE FAMILIA), NEFROLOGÍA, NEUMONOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NEUROLOGÍA INFANTIL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTENSIVA INFANTIL y TOCOGINECOLOGÍA, de la Fundación Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1138/2024, la Resolución Ministerial N° 191/2023 y la Disposición N° 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias en ANESTESIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, CLÍNICA MÉDICA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, MEDICINA DE FAMILIA (MEDICINA GENERAL y/o MEDICINA DE FAMILIA), NEFROLOGÍA, NEUMONOLOGÍA, NEUROLOGÍA, NEUROLOGÍA INFANTIL (NEURÓLOGO INFANTIL), OTORRINOLARINGOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS (TERAPIA INTENSIVA), TERAPIA INTENSIVA INFANTIL (TERAPISTA INTENSIVO INFANTIL) y TOCOGINECOLOGÍA de la Fundación Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Nivel A por un período de 5 (CINCO) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese a la residencia en CIRUGÍA CARDIOVASCULAR de la Fundación Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 3°.- La institución Fundación Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 4°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 5°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Pablo Vivas

e. 11/07/2025 N° 48861/25 v. 11/07/2025

19/06/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS OPERADORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular CONAU 1-1680:

R.I. Contable Mensual “Anticipo de Operaciones” (R.I. - A. O.). Eliminación.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se deja sin efecto el requerimiento informativo de la referencia de acuerdo con lo dispuesto mediante la Comunicación “A” 8261.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Mariana A. Díaz, Gerenta de Régimen Informativo - Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información.

e. 11/07/2025 N° 48421/25 v. 11/07/2025

DECRETO 588/03

PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTE EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que a efectos de cubrir la siguiente vacante han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:

“Artículo 6º: Desde el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto a los profesionales propuestos. No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del procedimiento tal como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.”

PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 6° del Decreto N° 588/03 mediante envío dirigido a la Dirección Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación por correo postal a Sarmiento 329, CABA (CP 1041), o a la Dirección de Gestión Documental y Despacho, Sarmiento 329, PB, en el horario de 10 a 17.00 horas, o por correo electrónico a oficinadecretos@jus.gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del solicitante, pueden consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/argentina/seleccionmagistrados

Christian Jorge Duscio, Asesor Legal, Dirección de Gestión Documental y Despacho.

e. 11/07/2025 N° 48391/25 v. 11/07/2025

• Leyes:
  • 23551
    infoleg 20993
  • 25674
    infoleg 80046
• Decretos:
  • 467/1988
    infoleg 46044
  • 514/2003
    infoleg 83055
  • 20238/2023
  • 514/2003
    infoleg 83055
  • 166/2014

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-422-APN-STEYSS#MCH

1. Marco Normativo Aplicable

La resolución se enmarca en el régimen de asociaciones sindicales establecido por la Ley 23.551 y sus decretos reglamentarios 467/1988 y 514/2003, así como la Ley 25.674 (cuota de género). Los artículos clave son:

• Ley 23.551, artículo 16: Exige que los estatutos sindicales incluyan el ámbito de actuación.
• Decreto 467/1988, artículo 7°: La autoridad de aplicación debe verificar la conformidad de los estatutos con la ley.
• Decreto 514/2003, artículo 1°: Obliga a declarar la proporción de mujeres en comisiones negociadoras y listas de candidatos.
• Ley 25.674, artículo 3°: Establece un mínimo del 30% de representación femenina en cargos electivos.

2. Contenido de la Resolución

La resolución aprueba la modificación del artículo 2° del Estatuto Social del Centro de Empleados de Comercio de Río Segundo, que define su ámbito de actuación territorial. Señala que el cambio es meramente estatutario y no amplía la representatividad vigente.

Puntos Clave:

• Aprobación condicional: La modificación se aprueba bajo el control de legalidad del Decreto 467/1988 (art. 7°), garantizando que no contravenga normas vigentes.
• Cumplimiento de cuotas de género: Se explicita que la asociación cumplió con la Ley 25.674 y el Decreto 514/2003, lo que implica verificación de la proporcionalidad de mujeres en negociaciones colectivas y listas de candidatos.
• No expansión de representatividad: Se aclara que la modificación no altera la capacidad representativa del sindicato, evitando abusos en la interpretación del alcance territorial.

3. Derechos Afectados

• Libertad sindical (Ley 23.551, art. 1°): La modificación del ámbito territorial podría afectar la organización de trabajadores, pero la resolución lo limita a un ajuste estatutario, sin modificar derechos de afiliación o representación.
• Igualdad de género (Ley 25.674, art. 3°): Al mencionar el cumplimiento de cuotas femeninas, se protege el derecho a la participación equitativa.
• Democracia interna (Ley 23.551, art. 8°): La aprobación estatutaria implica que el sindicato respetó mecanismos de participación de afiliados en la reforma.

4. Posibles Irregularidades o Abusos

a) Riesgos de Interpretación Territorial

• Artículo 2° del Estatuto: Si la modificación del ámbito geográfico permite al sindicato actuar en zonas donde no tiene representación histórica, podría generar conflictos con otras asociaciones. Sin embargo, la resolución limita su alcance a un ajuste estatutario, sin expandir la representatividad.

b) Cumplimiento de Cuotas de Género

• Decisión parcial: La resolución menciona cumplimiento de la Ley 25.674, pero no detalla cómo se verificó la proporcionalidad de mujeres en listas o negociaciones. Esto podría generar dudas sobre la transparencia del proceso.

c) Procedimiento de Modificación Estatutaria

• Decreto 514/2003, art. 4°: Las asociaciones deben adaptar sus estatutos a las normas de representación en 180 días. Si la modificación del artículo 2° no fue notificada públicamente o careció de participación de afiliados, podría vulnerar el principio de democracia interna (Ley 23.551, art. 8°).

5. Conclusión

Legalidad de la Resolución

La resolución se ajusta a lo dispuesto en los artículos 7° del Decreto 467/1988 y 1° del Decreto 514/2003, al verificar la conformidad estatutaria y la proporcionalidad de género. La mención a que la modificación es "meramente estatutaria" evita que se interprete como una expansión de competencia sindical, respetando el principio de especialidad territorial (Ley 23.551, art. 2°).

Riesgos Pendientes

• Falta de transparencia: No se detalla el contenido específico del artículo 2° modificado, dificultando la evaluación de su impacto real.
• Control posterior: La autoridad de aplicación debe monitorear que la nueva redacción del artículo 2° no derive en prácticas de exclusión o discriminación, contrarias al artículo 7° de la Ley 23.551.

Recomendaciones

• Publicidad de la reforma: El sindicato debe difundir el texto modificado para garantizar la transparencia.
• Vigilancia de cuotas de género: La Dirección Nacional de Asociaciones del Trabajo debe auditar periódicamente el cumplimiento de la Ley 25.674 en listas y comisiones.

La resolución, en apariencia, cumple con los requisitos legales, pero su aplicación efectiva dependerá del seguimiento a los principios de igualdad y democracia sindical. Cualquier desvío en la práctica podría dar lugar a impugnaciones ante la autoridad de aplicación o vía judicial.

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-70843844-APN-DGD#MT, la Ley N° 23.551 y los Decretos Nros. 467 del 14 de abril de 1988, 514 del 7 de marzo de 2003, DNU-2023-8-APN-PTE del 10 de diciembre de 2023, la Resolución N° RESOL-2024-204-APN-MCH del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO del 15 de mayo de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.

Que el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÍO SEGUNDO, con domicilio en calle Mendoza N° 669 de la Ciudad de Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, de la provincia de CÓRDOBA, solicita la aprobación de la modificación realizada a su Estatuto Social respecto del Artículo 2°, conforme la Ley N° 23.551 y sus modificatorias, y a su Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.

Que la mencionada entidad obtuvo Inscripción Gremial a través de la Resolución N° 55 de fecha 01 de febrero de 2005, registrada bajo el número 2350, la que fuera otorgada por el entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha efectuado el control de legalidad que sobre el estatuto dispone el Artículo 7° del Decreto N° 467/1988, considerando que la modificación estatutaria efectuada por la entidad solicitante se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley N° 23.551 y sus modificatorias y del citado Decreto, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación, decretos y demás normas vigentes aplicables, sobre normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley N° 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514 del 7 de marzo de 2003.

Que la asociación ha cumplido con los lineamientos establecidos en el Artículo 21 de la Ley N° 23.551 y Decreto Reglamentario N° 467/1988.

Que la entidad ha producido reformas en el ámbito de actuación territorial de carácter estatutario, las cuales fueron aprobadas oportunamente por esta Autoridad de Aplicación, debiendo entonces ser consideradas como meramente estatutarias.

Que la modificación producida pasará a formar parte del ejemplar estatutario aprobado mediante Resolución N° 166 de fecha 24 de febrero de 2014 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, ha tomado la intervención de competencia.

Que el Servicio Jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales, el Artículo 7° del Decreto Nº 467/1988, el Decreto Nº DCTO-2019-50-APN-PTE, y sus modificatorias, y la Resolución Nº RESOL-2024-204-APN-MCH del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la modificación realizada al Artículo 2° del Estatuto Social del CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÍO SEGUNDO, con domicilio en la calle Mendoza N° 669 de la Ciudad de Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, de la provincia de CÓRDOBA, que como ANEXO Nº IF-2024-109474791-DNAS#MT, forma parte integrante del presente acto administrativo, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.551 y Decreto Reglamentario N° 467/1988. El mencionado artículo pasará a formar parte del texto del estatuto que fuera aprobado por Resolución N° 166/2014 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 2º.- Se deja constancia que la presente aprobación tiene carácter meramente estatutario y no podrá ser invocada por la asociación sindical peticionaria como una ampliación de su representatividad vigente en los términos y con los alcances previstos en la Ley Nº 23.551.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DEL TRABAJO dependiente de esta SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Julio Gabriel Cordero

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/07/2025 N° 48662/25 v. 11/07/2025

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 15 (quince) días hábiles bancarios a la firma CASANZO SRL (CUIT 30-71465720-4), para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina 8602, a estar a derecho en el Expediente EX-2023-00150265-GDEBCRA-GSENF#BCRA, Sumario 8274, que se sustancia en esta Institución, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 19.359 (TO por Decreto 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Claudia Beatriz Viegas, Analista Sr, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 04/07/2025 N° 46658/25 v. 11/07/2025

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 15 (quince) días hábiles bancarios a la firma OPERCER S.A.S. (CUIT 30-71632624-8), para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista N° 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, a estar a derecho en el Expediente EX-2023-00147147-GDEBCRA-GSENF#BCRA, Sumario 8257, que se sustancia en esta Institución, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 19.359 (TO por Decreto 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Claudia Beatriz Viegas, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 04/07/2025 N° 46795/25 v. 11/07/2025

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al señor José Antonio VALIENTE (DNI 32.914.355) para que comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8400”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° EX-2024-00082845-GDEBCRAGFC# BCRA, Sumario N° 8400, caratulado “VALIENTE, José Antonio” que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Hernan Lizzi, Analista Sr, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 07/07/2025 N° 47070/25 v. 14/07/2025