• Decretos:
  • 45105/2025

Ciudad de Buenos Aires, 26/06/2025

VISTO el Expediente Electrónico EX-2025-01745193- -AFIPSNDJDVCFO1#SDGOAM; y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, artículo 3°, en lo sustancial se establece que la habilitación de un nuevo depósito fiscal del tipo general deberá cumplimentar de manera previa un estudio de prefactibilidad que tendrá por objeto efectuar una valoración de las necesidades de la Dirección General de Aduanas, y será iniciado mediante la presentación por parte del interesado de una solicitud de evaluación de prefactibilidad con la que acompañará los elementos necesarios que permitan la apreciación primaria del proyecto en orden al cumplimiento del marco normativo, así como aspectos operativos entre los cuales deberá individualizarse la ubicación del predio, el tipo de mercadería que se pretenda almacenar, la cantidad estimada de operaciones, las necesidades del servicio, la trazabilidad de la cadena logística y de la cantidad y tipo de operatoria aduanera, el plan de inversión, la descripción de la tecnología a utilizar para los elementos de control no intrusivos, de conformidad a lo definido en el micrositio “Depósitos fiscales” del sitio “web” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (https://www.afip.gob.ar), y/o cualquier otra situación de índole operativo, planteando asimismo durante el trámite los requerimientos de excepción a los requisitos establecidos en dicha norma a los fines de su tratamiento y consideración por la autoridad competente y referirse a cuestiones puntuales que deriven estrictamente de los hechos invocados por el interesado.

Que en el IF-2025-01745199-AFIP-SNDJDVCFO1#SDGOAM obra escrito presentado por Juan Manuel Burgos, invocando el carácter de socio gerente de la empresa JB INTERNACIONAL SERVICE S.R.L., en el que realiza la presentación inicial a los fines de la evaluación de prefactibilidad del proyecto de depósito fiscal que está interesado, tratándose de un predio propiedad de la empresa, sito en la calle Martin Fierro 980 Belén de Escobar, Partido de Zarate Provincia. de Buenos Aires, el que contaría con una superficie de VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UN CON 95/100 METROS CUADRADOS (27.091,95 m2), como depósito cerrado OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (8.458 m2) y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 92/100 METROS CUADRADOS (8.633,92 m2) de playa, el cual se destinará a prestar servicios de almacenaje de mercadería para importación o exportación, bajo la denominación de cargas generales, a la que se le otorgó el trámite previsto en la Resolución General N° 4352 (AFIP), artículo 4°,emitiéndose en consecuencia por NO-2025-02305625-ARCA-DIABSA#SDGOAM de la Dirección Aduana de Buenos Aires, el informe preliminar del Administrador de la Aduana de jurisdicción, en el entendimiento que para ello se ha evaluado los requisitos del artículo 3° de la norma citada y por ello se expidió en forma favorable la solicitud del interesado indicando que “…resulta que la documentación aportada por interesado es suficiente para efectuar la evaluación primaria del proyecto…”,, y evaluadas por su parte -en el marco de las estrategias fijadas por la Dirección General de Aduanas- las demandas operativas existentes y los recursos disponibles para ejercer adecuadamente el control aduanero, esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, propuso pronunciarse a favor de la admisión del proyecto mediante el acto administrativo cuya previsualización se agregó a la misma como archivo embebido.

Que a través del Informe Número: IF-2025-02335408-ARCA-DILEGA#SDGTLA de la Dirección Legal de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, y el Dictamen Firma Conjunta Número: IF-2025-02424244-ARCA-DVDRTA#SDGASJ de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y el Departamento Asesoramiento Aduanero, en criterio compartido por la Dirección de Asesoría Legal Aduanera de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos mediante PV-2025-02436679-ARCA-DIASLA#SDGASJ, dichos servicios jurídicos no tienen objeciones que formular para dar continuidad al trámite de aprobación del estudio de prefactibilidad de habilitación del depósito fiscal de tipo general solicitado, no obstante haber señalado que “…al momento de intervenir esta instancia en el trámite de su habilitación definitiva, el presentante del SITA de fs. 7 deberá encontrarse habilitado por la firma en el Sistema Gestión de Autorizaciones Electrónicas.” y que “…al momento de intervenir esta instancia en el trámite de habilitación definitiva del depósito en trato, la interesada deberá tener expresamente prevista en su objeto societario su facultad para explotar “depósitos fiscales” o, en su caso, para desempeñarse como ‘depositaria fiscal de mercaderías’ (Conf. criterio sostenido por esta área asesora en el IF-2022-00865465-AFIP-DVDRTA#SDGASJ y la PV-2022-00869500-AFIPDIASLA# SDGASJ recaídos en las actuaciones EX-2022-00811014-AFIP-DILEGA#SDGTLA, donde se analizó el alcance interpretativo a otorgar a la cláusula contenida en el punto 5 del Ap. II del Anexo II de la R.G. (DGA) N° 4352 –texto según R.G. N° 5182-); así como también que la reforma estatutaria que se efectúe en tal sentido se encuentre inscripta en la I.G.J.”, habiéndose ejercido así el control de legalidad previsto en la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 4°, y cumplimentándose el procedimiento que se ha seguido, de carácter previo y obligatorio, y que no generará expectativa al interesado.

Que la presente se dicta de acuerdo con lo establecido en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 1°, y la Disposición N° 6 – E/2018 de la Dirección General de Aduanas.

Por ello;

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL

DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el estudio de prefactibilidad del proyecto de depósito fiscal general para mercaderías de importación y exportación presentado por realizada por el Sr.Juan Manuel Burgos, invocando el carácter de socio gerente de la empresa JB INTERNACIONAL SERVICE S.R.L. (CUIT 30-71093722-9), respecto del predio sito en la calle Martin Fierro 980 Belén de Escobar, Partido de Zarate Provincia. de Buenos Aires, el que contaría con una superficie de VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UN CON 95/100 METROS CUADRADOS (27.091,95 m2), como depósito cerrado OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (8.458 m2) y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 92/100 METROS CUADRADOS (8.633,92 m2) de playa, el cual se destinará a prestar servicios de almacenaje de mercadería para importación o exportación, bajo la denominación de cargas generales.

ARTICULO 2º.- Remítase copia de la presente a la Dirección General de Aduanas y a la Subdirección General de Control Aduanero para su conocimiento. Pase a la Dirección Aduana de Buenos Aires para la notificación de este acto administrativo a la interesada, y agréguese el mismo como antecedente al expediente electrónico por el que tramite el proceso de habilitación, durante el cual dicha unidad orgánica deberá proceder acorde a las pautas previstas en la Instrucción General Número: IG-2020-1-E-AFIP-SDGOAM, los Correos Electrónicos Oficiales Nros. 120/20 (SDG OAM) y 27/2022 (SDG OAM) y las Instrucciones de Trabajo Número: IT-2022-02299248-AFIP-SDGOAM e IT-2023-01660359-AFIP-SDGOAM de esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, y podrá requerirle en cualquier momento y por necesidades fundadas, las adecuaciones pertinentes a fin de cumplir con los requerimientos vigentes a la fecha de habilitación.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Marcelo Alejandro Sosa

e. 30/06/2025 N° 45105/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 4352
  • 5182
  • 249
  • 6
    infoleg 214371
• Decretos:
  • 898/2005
    infoleg 108314
  • 336/2017
    infoleg 274680

Ciudad de Buenos Aires, 26/06/2025

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-00376978- -AFIP-DIABSA#SDGOAM; y

CONSIDERANDO:

Que por el presente Expediente Electrónico tramita la solicitud de renovación de la habilitación del predio fiscal particular oportunamente concedida a favor de la firma PRODMET S.A. (CUIT 30-53748269-5) en el marco de la PFAA/1994/000084 (ver orden 254) , para mercaderías de importación en el predio sito en la calle Uspallata Nº 2751/65 de esta Ciudad Autónoma Buenos Aires, con una superficie total de SEISCIENTOS ONCE CON 83/100 METROS CUADRADOS (611,83 m2), en los términos de la Resolución General Nro. 4.352 (AFIP) – y su modificatoria Resolución General Nro. 5.182 (AFIP).

Que la Dirección Aduana de Buenos Aires tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del interesado de los requisitos documentales y condiciones físicas y operativas de la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatorias, Anexos II, III, IV y V, mediante la Resolución Número: RESOL-2025-154-E-ARCA-DIABSA#SDGOAM, ello entendiendo con responsabilidad primaria asignada en la materia por la Instrucción General Número: IG-2020-1-E-AFIPSDGOAM, y conforme a lo establecido en la resolución general citada, Anexo I., Apartado V., Punto 3., y Anexo III., Punto 10.7., así como a las pautas de la Instrucción de Trabajo Número: IT-2022-02299248-AFIP-SDGOAM e Instrucción de Trabajo Número: IT-2023-01660359-AFIP-SDGOAM, aunque con inobservancia del plazo fijado en el Apartado E., Punto 4., estas últimas consideradas en el Dictamen Firma Conjunta Número: IF-2023-01936665-AFIP-DIALAD#SDGASJ del Departamento Asesoría Legal de Empleo, Información Pública, Datos Personales, Convenios y Regímenes Financiero y Disciplinario y la Dirección de Asuntos Legales Administrativos, conformado por Nota Número: NO-2023-02005609-AFIP-SDGASJ de la Subdirección General de Asuntos Legales, emitidos en el Expediente Electrónico EX-2023-01857334-AFIP-SDGOAM, instrumentos dictados por esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas que se encuentran comprendidos en el marco de la Resolución General Nº 4352 (AFIP), su modificatoria Resolución General Nº 5182 (AFIP), y el Decreto Nº 898 del 21 de julio de 2005.

Que la Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros intervino en el control documental que acredita el cumplimiento de los aspectos técnicos del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), emitiendo al respecto la Providencia Número: PV-2024-03385630-AFIP-DIREPA#DGADUA, en función de lo previsto en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, Anexo III., Puntos 10.6, siendo que con respecto a los elementos de control no intrusivo (escáner) no corresponde su exigencia atento lo previsto en el punto 16.2 de la norma citada.

Que el Departamento Centro Único de Monitoreo mediante PV-2024-03564754-AFIP-DECUMA#SDGCAD se expidió favorablemente con relación al cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, Anexo III., Punto 10.7.

Que la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones, efectuó la homologación del sistema informático de control de stock permanente de la mercadería existente en el depósito, manifestándose a través de la NO-2025-02246591-ARCA-DISADU#SDGSIT de la Dirección Sistemas Aduaneros de, acorde a lo que se establece en la Resolución General N° 4.352 (AFIP) y modificatoria, Anexo IV., Punto 10.7.

Que atento la resolución por la que se tiene por acreditado el cumplimiento por parte del interesado de los requisitos documentales y condiciones físicas y operativas del depósito fiscal, y los informes pertinentes precedentemente producidos, que en términos del Decreto N° 336 del 15 de mayo de 2017, Anexo, Punto 1., constituyen documentos que contienen una medida que dictan, entre otras, las autoridades facultadas para ello y, respectivamente, versan sobre un asunto determinado, para dar a conocer su situación y permitir la formación de decisiones en cuestiones de trámite o peticiones, y asimismo en consideración de la plena fe y relevancia jurídica para el órgano decisor atribuida a los informes técnicos en el Dictamen Firma Conjunta Número: IF-2023-03008568-AFIPSDTADVDRTA#SDGASJ de la Sección Dictámenes en Trámites Aduaneros, la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y el Departamento Asesoramiento Aduanero y en sus citas, conformado por Providencia Número: PV-2023-03013456-AFIPDIASLA#SDGASJ de la Dirección de Asesoría Legal Aduanera y Nota Número: NO-2023-03023565-AFIP-SDGASJ de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, emitidos en un caso en este aspecto sustancialmente análogo que tramitó por Expediente Electrónico EX-2023-00231020- -AFIP-DIABSA#SDGOAM, corresponde la intervención de esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, con arreglo a la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatorias, Anexo I., Apartado V., Punto 3..

Que por medio del Informe Número: IF-2025-02283227-ARCA-DILEGA#SDGTLAde la Dirección de Legal de la Subdirección General Legal y Técnica Aduanera , y el Dictamen Firma Conjunta Número: IF-2025-02428205-ARCA-DVDRTA#SDGASJ de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y el Departamento Asesoramiento Aduanero, conformado a través de la Providencia Número: PV-2025-02442327-ARCA-DIASLA#SDGASJ de la Dirección de Asesoría Legal Aduanera de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, se ejerció el control de legalidad contemplado en la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 4°, concluyendo entonces esta unidad orgánica que no existen motivos para ordenar requerimientos de información adicionales y una nueva revisión del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatorias, tratándose además de la habilitación de un predio fiscal en funcionamiento cuya vigencia y continuidad operativa se mantuvo incuestionada por la Aduana de jurisdicción durante este proceso de renovación, de todo lo cual se deriva que deberá pronunciarse otorgando la renovación de la habilitación del depósito fiscal del permisionario, mediante este acto administrativo.

Que la presente se dicta de acuerdo con lo establecido en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatorias, la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 1°, y la Disposición N° 6 – E/2018 de la Dirección General de Aduanas.

Por ello;

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL

DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Renuévase la habilitación del depósito fiscal particular oportunamente concedida a favor de la firma PRODMET S.A. (CUIT 30-53748269-5) en el marco de la PFAA/1994/000084 (ver orden 254), para mercaderías de importación en el predio sito en la calle Uspallata Nº 2751/65 de esta Ciudad Autónoma Buenos Aires, con una superficie total de SEISCIENTOS ONCE CON 83/100 METROS CUADRADOS (611,83 m2), en los términos de la Resolución General Nro. 4.352 (AFIP) – y su modificatoria Resolución General Nro. 5.182 (AFIP), por el plazo de DIEZ (10) años, renovables en forma no automática.

ARTICULO 2º.- El depósito fiscal será de uso exclusivo de mercaderías destinadas a las operaciones de comercio exterior, que consten específicamente en el respectivo permiso de uso, de conformidad con lo previsto en las normas locales, y respecto de las cuales el permisionario cuente con las autorizaciones complementarias.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y difúndase en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia de la presente a la Subdirección General de Control Aduanero para su conocimiento. Luego pase a la Dirección Aduana de Buenos Aires para notificación al permisionario y demás efectos previstos en este expediente electrónico, quien en su carácter de Aduana de jurisdicción tiene a su cargo la responsabilidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y la validez de la habilitación, controlando en forma permanente que se mantengan las condiciones acreditadas de conformidad con lo previsto en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatorias, la norma que aprueba su estructura organizativa y actualmente la Instrucción General Número: IG-2020-1-E-AFIP-SDGOAM, a lo cual queda supeditada su inscripción en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) del Sistema Informático MALVINA (SIM) o el que lo reemplazare, y el funcionamiento del depósito fiscal.

Marcelo Alejandro Sosa

e. 30/06/2025 N° 45079/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 17741
    infoleg 17938
• Decretos:
  • 1536/2002
    infoleg 77009
  • 202/2024
    infoleg 396961

Análisis Legal de la RESOL-2025-460-APN-INCAA#SC

La Resolución INCAA N° 460/2025 autoriza la convocatoria al "Concurso de Guiones Audiovisuales 2025", cuya legitimidad y operatividad se fundamentan en normas anteriores como el Decreto 202/2024, el Decreto 1536/2002 y la Ley 17.741. A continuación, se analizan su relación con normas anteriores, derechos afectados, posibles irregularidades y abusos, basado en el contexto proporcionado.

1. Relación con normas anteriores

La Resolución 2025 se sustenta en los siguientes marcos legales:
- Decreto 202/2024:
- Establece la designación de Carlos Luis Pirovano como Presidente del INCAA, quien ejerce facultades para autorizar concursos (Artículo 1° de la Resolución 2025).
- El Decreto 202/2024 es esencial para validar la legitimidad del Presidente como autoridad responsable de la convocatoria.
- Decreto 1536/2002:
- Otorga al INCAA la facultad de asignar fondos del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) y organizar concursos (Artículo 10, inciso t).
- La Resolución 2025 menciona el presupuesto IF-2025-66528807-APN-SGP#INCAA, vinculado al FFC, lo que refuerza su legalidad.
- Ley 17.741 (t.o. 2001):
- Establece que el INCAA puede auspiciar concursos y otorgar premios (Artículo 2°).
- La convocatoria al concurso se enmarca en esta atribución.

Conclusión: La Resolución 2025 no contradice normas anteriores, sino que las reafirma y opera en su marco legal. Su validez depende de la continuidad de las atribuciones del Presidente del INCAA y del uso de recursos del FFC.

2. Derechos afectados

La Resolución 2025 impacta en derechos y principios constitucionales y legales:
- Derecho a la libertad de expresión y creación (Artículo 14 de la Constitución Nacional):
- El concurso promueve la creatividad y la producción audiovisual, alineándose con este derecho.
- Protección de los derechos de autor (Artículo 17 de la Constitución Nacional):
- Los guiones presentados están protegidos, aunque la Resolución no menciona medidas específicas para garantizar su uso ético.
- Derecho a la igualdad y no discriminación (Artículo 16 de la Constitución Nacional):
- La convocatoria menciona "inclusión y diversidad cultural", vinculada a los artículos 75, incisos 19 y 23 de la Constitución.
- Derecho a la participación en concursos (Ley 17.741, Artículo 2°):
- El concurso implica condiciones de participación (plazos, bases), que deben ser claras y accesibles.

Observación: No se mencionan mecanismos para garantizar la transparencia en la evaluación de los guiones, lo que podría afectar el derecho a un proceso equitativo.

3. Irregularidades y posibles abusos

Aunque la Resolución 2025 se fundamenta en normas vigentes, se identifican áreas de riesgo:
- Falta de transparencia en el proceso de evaluación:
- La Resolución menciona "bases y condiciones" (Anexos I y II), pero no detalla criterios objetivos para la selección de guiones, lo que podría generar arbitrariedad.
- Uso de recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC):
- El presupuesto aprobado (IF-2025-66528807-APN-SGP#INCAA) debe cumplir con los requisitos del Decreto 1536/2002 (Artículo 1°), que exige transparencia y rendición de cuentas.
- Plazos de presentación:
- El período de 30 de junio a 31 de julio de 2025 (31 días) podría ser insuficiente para guionistas que requieren más tiempo, especialmente si los requisitos son complejos.
- Dependencia de la figura del Presidente:
- La autoridad del Presidente (Pirovano) se basa en el Decreto 202/2024, pero no se menciona su renovación o condiciones de mandato (Artículo 7° del Decreto 1536/2002), lo que podría generar dudas sobre su continuidad.

Conclusión: No se identifican irregularidades directas, pero la falta de detalles en las bases y criterios de evaluación podría dar lugar a abusos o sesgos en el proceso.

4. Conclusión general

La Resolución 2025 es legalmente válida, ya que se fundamenta en normas anteriores y tiene como objetivo promover la industria audiovisual. Sin embargo, su éxito dependerá de la claridad de las bases, la transparencia en la evaluación y el cumplimiento de los requisitos del FFC.

Recomendaciones:
- Publicar detalladamente los criterios de evaluación para garantizar equidad.
- Asegurar que el presupuesto esté alineado con el FFC y se rinda oportunamente.
- Establecer mechanismos de supervisión para evitar arbitrariedades en la selección de guiones.

Este análisis confirma que la Resolución 2025 opera dentro del marco legal existente, pero requiere mayor transparencia y especificidad para evitar riesgos potenciales.

Ciudad de Buenos Aires, 26/06/2025

VISTO el EX-2025-65323703- -APN-SGTYC#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y N° 202 de fecha 28 de febrero de 2024 y la Resolución INCAA N° 453 de fecha 30 de julio de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, tiene como objetivos fundamentales el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica en el territorio nacional.

Que dentro de las medidas de fomento previstas por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la facultad del presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES de auspiciar concursos y otorgar premios.

Que la producción audiovisual es un vehículo esencial para la innovación creativa y el fortalecimiento de la identidad nacional. En este contexto, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES se compromete a fomentar el desarrollo y la excelencia de la industria cinematográfica argentina apoyando proyectos que pueden alcanzar reconocimiento a nivel nacional como internacional.

Que mediante Resolución INCAA N° 453/2024 se aprobaron los Lineamientos Generales de Concursos y Premios, con el cual el INCAA establece las bases para la realización de concursos destinados a apoyar a productores, guionistas y directores tanto noveles como consolidados, promoviendo la inclusión y la diversidad cultural en todo el país, con el fin de premiar no solo la excelencia en la producción audiovisual, sino también contribuir al crecimiento sostenido de la industria.

Que resulta necesario llamar a guionistas a presentar guiones terminados con la finalidad de premiar a aquellos que tengan mayor potencialidad y originalidad, impulsando el desarrollo profesional y mejorando la calidad del contenido audiovisual.

Que por tanto, es necesario aprobar su implementación y su presupuesto total a fin de garantizar el correcto cumplimiento de esta edición del “CONCURSO DE GUIÓN AUDIOVISUAL TERMINADO DE FICCIÓN Y/O ANIMACIÓN y GUIÓN TERMINADO PARA SERIES AUDIOVISUALES DE FICCIÓN Y/O ANIMACIÓN 2025”.

Que en virtud de todo lo expuesto debe dictarse el correspondiente acto administrativo.

Que la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, la COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INVERSIONES, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la GERENCIA GENERAL, y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que las atribuciones y competencias para la emisión de este acto se encuentran previstas en la Ley N° 17.741 (t.o.2001) y sus modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la implementación del “CONCURSO DE GUIÓN AUDIOVISUAL TERMINADO DE FICCIÓN Y/O ANIMACIÓN y GUIÓN TERMINADO PARA SERIES AUDIOVISUALES DE FICCIÓN Y/O ANIMACIÓN 2025”.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el presupuesto en concepto de premios identificado como IF-2025-66528807- APN-SGP#INCAA

ARTÍCULO 3º.- Llamar a GUIONISTAS a presentar guiones audiovisuales terminados para películas de largometrajes de ficción o animación, con un máximo de tiempo en pantalla de CIENTO VEINTE (120) minutos y aprobar las BASES Y CONDICIONES del “CONCURSO DE GUIÓN AUDIOVISUAL TERMINADO DE FICCIÓN Y/O ANIMACIÓN 2025” que obran como Anexo I según IF-2025-66528965-APN-SGP#INCAA, que a todos los efectos, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4º.- Llamar a GUIONISTAS a presentar guiones terminados de series de ficción y animación de al menos 4 capítulos con un mínimo de duración de 15 minutos por capítulo y aprobar las BASES Y CONDICIONES del “CONCURSO DE GUIÓN TERMINADO PARA SERIES AUDIOVISUALES DE FICCIÓN Y/O ANIMACIÓN 2025” que obran como ANEXO II según IF-2024-66529547-APN-SGP#INCAA, que a todos los efectos, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5º.- Establecer como plazo de presentación desde las 00 horas del 30 de junio de 2025 hasta las 14 horas del día 31 de julio de 2025, como fechas de apertura y cierre respectivamente, para las presentaciones del llamado a Concurso.

ARTÍCULO 6º.- Determinar que la participación en el presente concurso implica el conocimiento y aceptación de todo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 7º.- Imputar el gasto a la partida del ejercicio financiero correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestaria del Organismo.

ARTÍCULO 8º.- Establecer que se deja sin efecto cualquier otra Resolución del Organismo que contradiga a esta Resolución.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.

Carlos Luis Pirovano

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/06/2025 N° 44856/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 17741
    infoleg 17938
• Decretos:
  • 1536/2002
    infoleg 77009
  • 202/2024
    infoleg 396961

Análisis Legal de la Resolución INCAA N° 462/2025

La Resolución INCAA N° 462/2025 modifica el Protocolo de Entrega de Copia A establecido en la Resolución INCAA N° 325/2025, con el objetivo de regular la transición de proyectos en trámite de entrega de dicha copia. A continuación, se analiza su contenido, relación con normas anteriores, y posibles implicaciones legales.

1. Contenido y alcance de la norma

La Resolución 462/2025 establece un período transitorio para proyectos que, a la fecha de entrada en vigencia de la norma (27/06/2025), se encontraban en proceso de obtención del "apto técnico" de la Copia A o en corrección por observaciones. Los productores y realizadores podrán elegir entre:
- (i) El protocolo de la Resolución 325/2025 (vigente desde mayo de 2025), o
- (ii) El protocolo vigente al momento de la aprobación del proyecto ante el INCAA.

A partir del 1º de diciembre de 2025, solo aplicará el protocolo de la Resolución 325/2025.

Además, se excluyen del alcance de esta norma:
- Proyectos ingresados bajo el régimen de la Resolución 545/2024.
- Proyectos seleccionados mediante concursos y convocatorias a partir del año 2024.

2. Relación con normas anteriores

La Resolución 462/2025 se fundamenta en:
- Ley 17.741 (fomento y regulación de la cinematografía nacional).
- Decreto 1536/2002 (estructura institucional del INCAA).
- Decreto 202/2024 (designación del Presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano).
- Resoluciones previas (INCAA N° 325/2025, 1953/2023, 4/2017).

La norma modifica la Resolución 325/2025 al permitir a los proyectos en trámite optar por el protocolo vigente antes de su entrada en vigor. Esto refleja una continuidad normativa con el marco legal establecido por la Ley 17.741 y los decretos anteriores, pero introduce una flexibilidad temporal para evitar conflictos con proyectos ya iniciados.

3. Derechos afectados

La norma afecta los siguientes derechos:
- Derecho a la elección de protocolo: Los productores pueden elegir entre dos normativas, lo que implica un derecho de participación en el cumplimiento de obligaciones.
- Derecho a la seguridad jurídica: La transición de 5 meses (hasta 30/11/2025) busca evitar incertidumbre, pero su duración y condiciones podrían generar desigualdades si el protocolo nuevo impone requisitos más estrictos.
- Derecho a la preservación de contenidos: La entrega de la Copia A es un mecanismo de conservación y difusión de la cinematografía nacional, regulado por la Ley 17.741 (Artículo 60).

4. Posibles irregularidades o abusos

• Incertidumbre normativa: Si el protocolo de la Resolución 325/2025 introduce requisitos no especificados en el contexto, podría generar diferencias de trato entre proyectos.
• Uso de la facultad del Presidente: El Artículo 7 del Decreto 1536/2002 otorga al Presidente del INCAA autoridad para definir protocolos, lo que podría permitir interpretaciones subjetivas si no se formalizan claramente en la norma.
• Exclusión de proyectos: La excepción de los proyectos seleccionados en 2024 (Artículo 4) podría generar discriminación si no se justifica su exclusión en el marco legal.

5. Conclusión

La Resolución 462/2025 busca equilibrar la continuidad normativa con la necesidad de adaptar los protocolos de entrega de Copia A. Su base legal es sólida, basada en la Ley 17.741 y los decretos anteriores. Sin embargo, su efectividad dependerá de:
- La claridad del protocolo de la Resolución 325/2025.
- La transparencia en la aplicación de las excepciones (Artículo 4).
- La supervisión del Presidente del INCAA (Carlos Luis Pirovano), cuya autoridad está respaldada por el Decreto 202/2024.

En ausencia de información adicional sobre los cambios en el protocolo, la norma parece legítima y necesaria para garantizar la continuidad de los proyectos en trámite, aunque su implementación requiere vigilancia para evitar desviaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-39626880-APN-SGTYC#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y N° 202 de fecha 28 de febrero de 2024 y las Resoluciones INCAA N° 4 de fecha 4 de enero de 2017, N° 1953 de fecha 6 de diciembre de 2023 y N° 325 de fecha 13 de Mayo de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, en adelante el INCAA, tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la República Argentina, y en el exterior, en cuanto se refiere a la cinematografía nacional.

Que la misión del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES es promover y regular la actividad audiovisual argentina, dirigiéndose a las audiencias locales e internacionales, apoyando la innovación, la profesionalización y la calidad en cada etapa de la producción audiovisual, con el objetivo de fortalecer la industria audiovisual como un sector competitivo, moderno y sustentable que contribuya a la identidad cultural del país y expanda sus fronteras hacia nuevos mercados globales.

Que mediante Resolución INCAA Nº 325/2025 se aprobó el Protocolo de entrega de Copia A y contenidos audiovisuales para toda película final nacional de largometraje beneficiaria de las medidas de fomento de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, así como las películas de cortometraje y documentales digitales, a los efectos de la preservación y conservación, la exhibición y visualización.

Que las Resoluciones INCAA N° 4/2017 y N° 1953/2023 establecieron los protocolos de entrega de copia A previos al dictado de la Resolución en el considerando anterior indicada.

Que corresponde modificar la Resolución INCAA N° 325/2025 a fin de establecer un marco normativo que contemple y regule la presentación de los proyectos que se encontraban en trámite de entrega de copia A con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución INCAA N° 325/2025.

Que la SUBGERENCIA DE EXHIBICIÓN Y FISCALIZACIÓN, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la GERENCIA GENERAL y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de la Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y los Decretos N° 1536/2002 y N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Los productores y/o realizadores cuyos proyectos que se encuentren en proceso de obtención del apto técnico de la Copia A a la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución y hasta el 30 de noviembre de 2025, inclusive, podrán opta por la aplicación de:

(i) el protocolo de entrega de la Copia A establecido por la Resolución INCAA N° 325/2025; o

(ii) el protocolo de entrega de la Copia A establecido por la normativa vigente al momento de la aprobación del proyecto ante el Organismo.

A partir del 1º de diciembre de 2025, el único protocolo aplicable para la entrega de la Copia A será el establecido por la Resolución INCAA N° 325/2025.

ARTÍCULO 2°. - Los proyectos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, se encuentren en proceso de corrección por observaciones también podrán ejercer la opción establecida en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3°. – Con independencia de la opción que adopte el productor y/o realizador respecto del protocolo de entrega de la Copia A, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 4° de la Resolución INCAA N° 325/2025.

ARTÍCULO 4°. - La presente Resolución no se aplicará a: (i) los proyectos ingresados bajo el régimen de la Resolución INCAA N° 545/2024 y sus modificatorias, o (ii) aquellos proyectos seleccionados mediante concursos y convocatorias a partir del año 2024.

ARTÍCULO 5°. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°. - Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.

Carlos Luis Pirovano

e. 30/06/2025 N° 45135/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 17741
    infoleg 17938
• Decretos:
  • 1536/2002
    infoleg 77009
  • 202/2024
    infoleg 396961

Análisis Legal de la RESOL-2025-466-APN-INCAA#SC

La Resolución 466/2025 del INCAA, que autoriza la convocatoria “3er Llamado de Largometrajes de Documental Digital - 2025”, se fundamenta en el marco normativo establecido por la Ley 17.741 (t.o. 2001), los Decretos 1536/2002 y 202/2024, y la Resolución 453/2024. A continuación, se analiza su legalidad, impacto en normas anteriores, y posibles implicaciones.

1. Fundamento Legal y Vinculación con Normas Anteriores

• Ley 17.741:
• El Artículo 2 de la Ley otorga al INCAA la facultad de auspiciar concursos y otorgar premios, lo que se materializa en la Resolución 466/2025 (Artículo 1 y 4).
• El Artículo 24-28 regulan el uso del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya asignación se menciona en el Artículo 2 de la resolución.

• La definición de “película” (Artículo 76) incluye documentales, lo que justifica la convocatoria a proyectos de largometraje documental.

• Decreto 1536/2002:

• El Artículo 1 y Artículo 10 establecen la autonomía del INCAA para gestionar recursos y definir su estructura, lo que respalda la autorización de la convocatoria y su presupuesto.

• El Artículo 4 impone transparencia en la rendición de cuentas, cumplida por la publicación oficial y archivo de la resolución (Artículo 9).

• Decreto 202/2024:

• El Artículo 1 designa al Lic. Carlos Luis Pirovano como Presidente del INCAA, quien ejerce la autoridad para autorizar convocatorias, como se menciona en la Resolución 466/2025.

• El Artículo 2 exige formalidad en la publicación y archivamiento, lo que se cumple en la Resolución 466/2025 (Artículo 9).

• Resolución 453/2024:

• Establece los Lineamientos Generales de Concursos y Premios, que se aplican en la convocatoria (Artículo 4).

Conclusión: La resolución se enmarca en un marco normativo consolidado, sin contradicciones con normas anteriores. Su legitimidad radica en la autoridad conferida por la Ley 17.741 y los decretos vigentes.

2. Derechos Afectados y Posibles Irregularidades

• Derechos Laborales (Artículo 14 bis de la Constitución Nacional):

• La convocatoria no menciona explícitamente garantías laborales para los participantes (ej.: salarios, jornadas), pero su enfoque en proyectos audiovisuales podría implicar condiciones laborales que no se regulan en la resolución.

• Igualdad y No Discriminación (Artículo 16 de la Constitución Nacional):

• La convocatoria no especifica criterios de inclusión (ej.: género, diversidad cultural), aunque su enfoque en "realizadores integrales" podría interpretarse como inclusivo.

• Propiedad Intelectual (Artículo 17 de la Constitución Nacional):

• La resolución no menciona la protección de derechos de autor de las obras presentadas, aunque la Ley 17.741 (Artículo 28) menciona la financiación de proyectos, lo que implica una relación con la propiedad intelectual.

• Transparencia y Formalidad:

• La resolución cumple con los requisitos de publicación y archivo (Artículo 9), pero no se menciona si se respetaron los plazos mínimos para la presentación de proyectos (Artículo 5), lo que podría afectar la equidad de acceso.

Posibles Irregularidades:
- Falta de claridad en criterios de selección: La resolución no detalla los criterios de evaluación de los proyectos, lo que podría generar arbitrariedad.
- Presupuesto y financiamiento: El Artículo 2 menciona el "presupuesto en concepto de premios", pero no se especifica su origen o cálculo, lo que podría generar dudas sobre su legalidad.

3. Impacto en Normas Anteriores

• La resolución no modifica normas anteriores, sino que aplica directamente los marcos establecidos por la Ley 17.741 y los decretos.
• Resolución 453/2024: La convocatoria se ajusta a los Lineamientos Generales de Concursos y Premios, lo que garantiza coherencia con normas previas.
• Decreto 1536/2002: La autonomía del INCAA (Artículo 2) permite la gestión de convocatorias sin interferencias externas, lo que se refleja en la resolución.

4. Posibles Abusos o Vulnerabilidades

• Abuso de autoridad: Si el Presidente del INCAA (Carlos Luis Pirovano) no respetara los plazos o criterios establecidos en la resolución, podría considerarse un abuso. Sin embargo, el contexto no menciona irregularidades en este aspecto.
• Falta de participación ciudadana: La resolución no menciona mecanismos para que los participantes impugnen decisiones, lo que podría limitar la transparencia.
• Exclusión de proyectos no digitalizados: La exigencia de "soporte de filmación digital" (Artículo 3) podría excluir a realizadores con recursos limitados, afectando la igualdad de oportunidades.

5. Conclusión Final

La Resolución 466/2025 es legalmente válida, ya que se fundamenta en normas vigentes (Ley 17.741, Decretos 1536/2002 y 202/2024, Resolución 453/2024). Su procedimiento cumple con requisitos de transparencia y formalidad. Sin embargo, falta claridad en criterios de evaluación y garantías laborales, lo que podría generar dudas sobre su equidad. Para evitar irregularidades, se recomienda que el INCAA detalle los criterios de selección y asegure la inclusión de proyectos con distintas condiciones técnicas.

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-65928116-APN-SGTYC#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y N° 202 de fecha 28 de febrero de 2024 y la Resolución INCAA N° 453 de fecha 30 de julio de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, tiene como objetivos fundamentales el fomento y la regulación de la actividad audiovisual en el territorio nacional.

Que dentro de las medidas de promoción previstas por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la facultad del presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES de auspiciar concursos y otorgar premios.

Que la producción audiovisual es un vehículo esencial para la innovación creativa y el fortalecimiento de la identidad nacional. En este contexto, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) se compromete a promocionar el desarrollo y la excelencia de la industria audiovisual argentina.

Que mediante Resolución INCAA N° 453/2024, se aprueban los Lineamientos Generales de Concursos y Premios, con el cual el INCAA establece las bases para la realización de concursos destinados a apoyar a productores, guionistas y directores tanto noveles como consolidados, con el fin de premiar no solo la excelencia en la producción audiovisual, sino también contribuir al crecimiento sostenido de la industria.

Que resulta necesario llamar a Realizadores Integrales a presentar proyectos de Películas Documentales de largometraje de una duración mínima de SESENTA (60) minutos hasta CIENTO VEINTE (120) minutos de duración máxima, cuyo soporte de filmación sea digital y finalización de acuerdo a lo establecido en el protocolo de entrega de copia “A” vigente.

Que por tanto, es necesario aprobar su implementación y su presupuesto total a fin de garantizar el correcto cumplimiento de esta edición de la Convocatoria “3er LLAMADO DE LARGOMETRAJES DE DOCUMENTAL DIGITAL - 2025”.

Que en virtud de todo lo expuesto debe dictarse el correspondiente acto administrativo.

Que la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, la COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INVERSIONES, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la GERENCIA GENERAL, y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que las atribuciones y competencias para la emisión de este acto se encuentran previstas en la Ley N° 17.741 (t.o.2001) y sus modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la implementación de la Convocatoria “3er LLAMADO DE LARGOMETRAJES DE DOCUMENTAL DIGITAL - 2025”.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el presupuesto en concepto de premios, que obra como documento GDE IF-2025- 67133374- APN-SGP#INCAA.

ARTICULO 3º.- Llamar a REALIZADORES INTEGRALES a presentar proyectos de Películas Documentales de largometraje de una duración mínima de SESENTA (60) minutos hasta CIENTO VEINTE (120) minutos de duración máxima, cuyo soporte de filmación sea digital y finalización de acuerdo a lo establecido en el protocolo de entrega de copia “A” vigente.

ARTÍCULO 4°.- Aprobar las BASES Y CONDICIONES de la Convocatoria “3er LLAMADO DE LARGOMETRAJES DE DOCUMENTAL DIGITAL - 2025” que obra como Anexo I identificado como IF-2025-67250158-APN-SGP#INCAA, que a todos los efectos, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5º.- Establecer como plazo de presentación desde las 00 horas del día 1 de julio del 2025 hasta las 14 horas del día 15 de julio del 2025, como fechas de apertura y cierre respectivamente, para las presentaciones del llamado a Convocatoria.

ARTÍCULO 6º.- Determinar que la participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y aceptación de todo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 7º.- Aprobar el modelo de contrato, que obra como Anexo II identificado IF-2025-67142924-APN-SGP#INCAA y forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 8º.- Imputar el gasto a la partida del ejercicio financiero correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestaria del Organismo.

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIALy archívese.

Carlos Luis Pirovano

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/06/2025 N° 45145/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 24467
    infoleg 15932
  • 25300
    infoleg 64244
  • 25872
    infoleg 92548
  • 27264
    infoleg 263953
  • 27506
    infoleg 324101
  • 27349
    infoleg 273567
  • 27440
    infoleg 310084
• Decretos:
  • 699/2018
    infoleg 312725
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 764/2024
    infoleg 403418

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-134-APN-SPYMEEYEC#MEC

1. Marco Normativo Aplicable

La resolución se fundamenta en:
- Ley 24.467 (Sociedades de Garantía Recíproca - SGR), especialmente el Artículo 66, que autoriza fusiones y escisiones bajo aprobación de la Autoridad de Aplicación.
- Decreto 699/2018, que reglamenta el régimen de SGR, incluyendo requisitos operativos y de capital.
- Decreto 50/2019 y sus modificaciones (Decreto 764/2024), que define la estructura del Ministerio de Economía y la competencia de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como Autoridad de Aplicación.
- Resolución 21/21, que establece procedimientos para fusiones, incluyendo la presentación de documentación técnica.

2. Procedimiento de Fusión

La resolución autoriza la fusión de cinco SGR (AFIANZAR, AVAL GANADERO, PYME AVAL, SEGURO AVAL) bajo ARGENPYMES S.G.R. como sociedad absorbente. Los pasos clave son:
- Cumplimiento de Requisitos: Según el informe técnico IF-2025-67443208-APN-SSPYME#MEC, se verificó el cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 24.467 y el Artículo 41 de la Resolución 21/21.
- Fondo de Riesgo: Se declara un Fondo de Riesgo autorizado de $151.865.273.543, integrado por los fondos de las SGR absorbidas. Esto se alinea con el Artículo 46 de la Ley 24.467, que permite la conformación de fondos mediante aportes y recuperos.
- Notificación y Publicación: Se ordena notificar a las SGR involucradas y publicar la medida en el Boletín Oficial (Artículo 6° de la resolución y Artículo 18 del Decreto 50/2019).

3. Derechos Afectados

• Socios Protectores y Partícipes: La fusión implica la integración de socios de las SGR absorbidas en ARGENPYMES. El Artículo 45 de la Ley 24.467 limita la participación de socios protectores al 50% del capital, lo que debe verificarse en la nueva estructura.
• Derecho a la Información: Aunque la resolución menciona la notificación (Artículo 5°), no se explicita si se garantizó el derecho a impugnar la fusión por parte de socios disidentes, como establece el Artículo 78 de la Ley 27.440 para operaciones societarias.

4. Posibles Irregularidades

• Cumplimiento de Límites Operativos:
• El Artículo 34 de la Ley 24.467 prohíbe garantías superiores al 5% del fondo de riesgo por socio y 25% por acreedor. La resolución no detalla si estos límites se mantienen tras la fusión, lo que podría generar riesgos de sobreexposición.
• Transparencia en la Evaluación Técnica:
• El informe técnico (IF-2025-67443208-APN-SSPYME#MEC) es clave para validar la operación, pero no se incluye en el texto, limitando el control externo.

5. Posibles Abusos

• Reducción de Competencia:
• La fusión de cinco SGR podría concentrar el mercado de garantías, afectando la competencia. Sin embargo, la resolución justifica la operación por eficiencia operativa y reducción de costos, lo cual es válido bajo el marco legal.
• Uso de Fondos Públicos:
• Las SGR operan con fondos de riesgo que pueden incluir aportes estatales (Fogapyme, Ley 27.264). La resolución no menciona si la fusión afecta la distribución de estos recursos, lo que podría generar críticas por falta de claridad.

6. Impacto en Normas Preexistentes

• Resoluciones Anteriores (553/99, 502/15, 503/15, 567/15, 480/23):
• Estas normas autorizaron la constitución de las SGR absorbidas. Su fusión no las deroga directamente, pero implica la extinción de las entidades absorbidas, lo cual es válido bajo el Artículo 66 de la Ley 24.467.
• Resolución 21/21:
• Se aplica para validar los procedimientos de fusión, sin modificar su contenido.

7. Conclusión

La resolución cumple con los requisitos formales para autorizar la fusión, citando las normas aplicables y acreditando el cumplimiento mediante un informe técnico. Sin embargo, presenta lagunas en la protección de derechos de socios y falta de transparencia en la evaluación de riesgos operativos. No se identifican abusos flagrantes, pero se recomienda:
1. Verificar el cumplimiento de límites operativos (Artículo 34) en la nueva estructura de ARGENPYMES.
2. Garantizar mecanismos para que socios disidentes puedan impugnar la fusión, conforme a normativa societaria general.
3. Publicar el informe técnico completo para mayor control público.

La medida refleja un esfuerzo por consolidar recursos y mejorar la eficiencia, pero requiere mayor rigor en la protección de derechos y transparencia para evitar arbitrariedades.

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-58383431-APN-DRSGR#MEC, la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 699 de fecha 25 de julio de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 21 de fecha 15 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias; las Resoluciones Nros. 553 de fecha 19 de noviembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 502 y 503 ambas de fecha 26 de agosto de 2015 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y 567 de fecha 23 de octubre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, y la Disposición N° 480 de fecha 20 de octubre de 2023 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones, se creó el tipo societario de Sociedades de Garantía Recíproca, cuyo objeto principal se orienta a facilitar el acceso al crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante la celebración de contratos de garantía recíproca regulados en la citada ley.

Que mediante el Decreto Nº 699 de fecha 25 de julio de 2018 fue aprobada la nueva reglamentación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, a fin de receptar las últimas modificaciones implementadas a la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones.

Que por el Artículo 66 de la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones, se estableció que las escisiones y fusiones de las Sociedades de Garantía Recíproca deberán cumplimentar los requisitos estipulados en la mencionada normativa para obtener la autorización de la Autoridad de Aplicación.

Que la Resolución N° 21, de fecha 15 de abril de 2021, de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias derogó la Resolución Nº 455, de fecha 26 de julio de 2018 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias, estableciendo los procedimientos que deben observar las Sociedades de Garantía Recíproca para su funcionamiento.

Que particularmente el Artículo 41 del Anexo de la Resolución N° 21 de fecha 15 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, establece lo relativo a las solicitudes de escisión y fusión.

Que mediante Resolución N° 502, de fecha 26 de agosto de 2015 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, se autorizó a funcionar a la Sociedad de Garantía Recíproca ARGENPYMES S.G.R. (C.U.I.T. N° 33-71492413-9).

Que por la Resolución N° 553, de fecha 19 de noviembre de 1999, de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, se autorizó a funcionar a la Sociedad de Garantía Recíproca AFIANZAR S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-70545883-5).

Que por la Resolución N° 503, de fecha 26 de agosto de 2015, de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, se autorizó a funcionar a la Sociedad de Garantía Recíproca AVAL GANADERO S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71495161-7).

Que por la Resolución N° 567, de fecha 23 de octubre de 2015, de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, se autorizó a funcionar a la Sociedad de Garantía Recíproca PYME AVAL S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71503996-2).

Que por la Disposición N° 480, de fecha 20 de octubre de 2023, de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se autorizó a funcionar a la Sociedad de Garantía Recíproca SEGURO AVAL S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71831573-1).

Que las Sociedades de Garantía Recíproca ARGENPYMES S.G.R, AFIANZAR S.G.R., AVAL GANADERO S.G.R., PYME AVAL S.G.R. y SEGURO AVAL S.G.R. solicitaron mediante nota obrante en RE-2025-58382562-APN-DRSGR#MEC, subsanada mediante RE-2025-62266121-APN-DRSGR#MEC, en el expediente de referencia una autorización para proceder a la fusión de las mismas, siendo ARGENPYMES S.G.R. la absorbente de AFIANZAR S.G.R., AVAL GANADERO S.G.R., PYME AVAL S.G.R. y SEGURO AVAL S.G.R, en el entendimiento de que dichas SGR comparten parte de los socios protectores, partícipes y PYMES garantizadas, por lo que, al fusionarse, mejorarían su comportamiento operativo, logrando además una significativa reducción de costos de administración.

Que, a tales efectos, las mentadas SGR presentaron la documentación tendiente a acreditar los requisitos previstos en la normativa aplicable.

Que, al 19 de junio de 2025, la suma integrada al Fondo de Riesgo de ARGENPYMES S.G.R. ascendía a PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 99.300.365.738,26).

Que, al 31 de mayo de 2025, la suma integrada al Fondo de Riesgo de AFIANZAR S.G.R. ascendía a PESOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS ($ 9.079.989.878,08).

Que, al 31 de mayo de 2025, la suma integrada al Fondo de Riesgo de AVAL GANADERO S.G.R. ascendía a PESOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 16.340.655.995,58).

Que, al 31 de mayo de 2025, la suma integrada al Fondo de Riesgo de PYME AVAL S.G.R. ascendía a PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.822.650.340,41).

Que, al 19 de junio de 2025, la suma integrada al Fondo de Riesgo de SEGURO AVAL S.G.R. ascendía a PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES ($ 689.000.000).

Que conforme surge del análisis realizado en el informe técnico obrante en IF-2025-67443208-APN-SSPYME#MEC, suscripto conjuntamente por la Dirección del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca y por la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, ambas dependientes de esta Secretaría, se han cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 66 de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y en el Artículo 41 de la Resolución N° 21/21, de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y sus modificatorias, en relación al pedido de fusión por absorción en el que ARGENPYMES S.G.R. resulta la sociedad absorbente y AFIANZAR S.G.R., AVAL GANADERO S.G.R., PYME AVAL S.G.R. y SEGURO AVAL S.G.R resultan las sociedades absorbidas.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, resulta procedente autorizar el pedido de fusión por absorción en el que ARGENPYMES S.G.R. resulta la sociedad absorbente y AFIANZAR S.G.R., AVAL GANADERO S.G.R., PYME AVAL S.G.R. y SEGURO AVAL S.G.R. resultan las sociedades absorbidas y declarar como Fondo de Riesgo autorizado de ARGENPYMES S.G.R. la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 151.865.273.543).

Que las Sociedades de Garantía Recíproca ARGENPYMES S.G.R., AFIANZAR S.G.R., AVAL GANADERO S.G.R., PYME AVAL S.G.R. y SEGURO AVAL S.G.R. han reunido los requisitos previstos por la normativa vigente.

Que por el Decreto N° 50, de fecha 19 de diciembre de 2020, y en particular el Decreto Nº 764 de fecha 27 de agosto de 2024 se modificó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, estableciendo, entre los objetivos y funciones de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, entender en la aplicación de las normas correspondientes a las Leyes Nros. 24.467, 25.300, 25.872, 27.264, 27.506, del Título I de la Ley N° 27.349 y del Título I de la Ley N° 27.440, sus modificatorias y complementarias, en su carácter de Autoridad de Aplicación de las mismas.

Que, su vez, mediante la Decisión Administrativa Nº 1.080 de fecha 19 de junio de 2020 y su modificatoria se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, estableciendo entre las acciones de la Dirección del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca dependiente de la Dirección Nacional de Financiamiento Pyme de la ex SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y COMPETITIVIDAD PYME de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO la de administrar las solicitudes y presentaciones realizadas en el marco del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, y la Resolución N° 21/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y sus modificatorias.

Por ello,

EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES

Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a partir del primer día del mes siguiente al dictado de la presente medida la fusión por absorción de ARGENPYMES S.G.R. (C.U.I.T. N° 33-71492413-9) como sociedad absorbente y AFIANZAR S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-70545883-5), AVAL GANADERO S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71495161-7), PYME AVAL S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71503996-2) y SEGURO AVAL S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71831573-1) como sociedades absorbidas.

ARTÍCULO 2°.- Declárase como Fondo de Riesgo computable de la Sociedad de Garantía Recíproca ARGENPYMES S.G.R. (C.U.I.T. N° 33-71492413-9) la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 129.232.661.953,33), en virtud de la fusión que se autoriza por medio de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Declárase como Fondo de Riesgo autorizado de la Sociedad de Garantía Recíproca ARGENPYMES S.G.R. (C.U.I.T. N° 33-71492413-9) la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 151.865.273.543) en virtud de la fusión que se autoriza por medio de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- La Sociedad de Garantía Recíproca ARGENPYMES S.G.R. (C.U.I.T. N° 33-71492413-9) deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos estipulados en el punto 3 del Artículo 41 del Anexo de la Resolución N° 21 de fecha 15 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificaciones.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las Sociedades de Garantía Recíproca ARGENPYMES S.G.R. (C.U.I.T. N° 33-71492413-9), AFIANZAR S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-70545883-5), AVAL GANADERO S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71495161-7), PYME AVAL S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71503996-2) y SEGURO AVAL S.G.R. (C.U.I.T. N° 30-71831573-1) de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Marcos Martin Ayerra

e. 30/06/2025 N° 45204/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 22127
    infoleg 115574
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 1769/2024
  • 1993/2015
  • 190/2023
  • 1993/2001
  • 186/2019
    infoleg 320783
  • 438/1992
    infoleg 8476

Análisis Legal de la Resolución N° 2025-2099-APN-MS

La Resolución N° 2025-2099-APN-MS aprueba el cronograma del Examen Único de Residencias del Equipo de Salud (EU) para el ciclo 2025, estableciendo fechas clave para el examen, inicio de formación y egreso de profesionales. A continuación, se analiza su marco legal, su relación con normas anteriores y su impacto en el sistema de formación de especialistas en salud.

1. Marco Legal y Fundamento Jurídico

La norma se fundamenta en:
- Ley 22.127: Establece el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (SIRS), cuyo objetivo es complementar la formación integral de profesionales mediante actividades supervisadas de progresiva complejidad.
- Ley 22.520 (Ley de Ministerios): Define las competencias del Ministerio de Salud, incluyendo la planificación, formación y control de programas de salud.
- Resolución 1993/2015: Establece el Examen Único (EU) como instrumento de evaluación unificada para ingreso a residencias.
- Artículo 103 de la Constitución Nacional: Faculta al Poder Ejecutivo a dictar normas para la ejecución de leyes.

La norma se enmarca en el marco institucional y normativo previsto por estas leyes, garantizando la continuidad de los procesos de formación médica y la coordinación federal.

2. Relación con Normas Anteriores

• Derogación de la Resolución 1769/2024:
  La norma derogó la Resolución 1769/2024, que regulaba el cronograma anterior, lo que implica una actualización del proceso para adaptarse a nuevas necesidades de formación.
• Continuidad con la Resolución 1993/2015:
  La nueva norma mantiene el enfoque de un examen único y federal, como lo estableció la Resolución 1993/2015, asegurando la equidad en la evaluación de candidatos.
• Coherencia con la Ley 22.127:
  La norma refuerza la unificación de procesos y la participación de jurisdicciones, instituciones públicas y privadas, tal como lo prevé la Ley 22.127.

3. Impacto en los Derechos de los Profesionales

• Derecho a la igualdad y equidad:
  El Examen Único (EU) busca garantizar un proceso de selección transparente y equitativo, evitando discriminaciones entre jurisdicciones.
• Derecho a la formación profesional:
  La norma asegura que los profesionales puedan acceder a programas de residencia con un cronograma claro, lo que respeta su derecho a la formación continua.
• Derecho a la participación federal:
  La inclusión de provincias y entidades privadas en el EU refuerza el principio de federalismo en la salud, como lo prevé la Ley 22.127.

4. Posibles Irregularidades o Abusos

Según el contexto proporcionado, no se mencionan irregularidades o abusos en la norma. Sin embargo, se deben considerar los siguientes aspectos:
- Transparencia en la evaluación:
La norma establece que el Comité Técnico consensúa el cronograma anual, lo que garantiza una gestión transparente.
- Cumplimiento de plazos:
La norma fija fechas específicas para el examen, inicio y egreso, lo que evita ambigüedades en la ejecución de los programas.
- Derogación de normas obsoletas:
La derogación de la Resolución 1769/2024 es una medida técnica para actualizar el marco normativo, sin afectar derechos adquiridos.

5. Conclusión

La Resolución N° 2025-2099-APN-MS es legalmente válida y coherente con el marco normativo vigente (Ley 22.127, Ley 22.520 y Resolución 1993/2015).
- No se detectan violaciones a derechos fundamentales en el contexto proporcionado.
- La derogación de normas anteriores es una práctica habitual para actualizar procesos.
- La norma refuerza la unificación y equidad en la formación de especialistas, alineándose con los objetivos del Sistema Nacional de Residencias.

Recomendación:
Es fundamental que el Comité Técnico y las instituciones involucradas garanticen la transparencia en la implementación del cronograma, para evitar posibles desafíos en su ejecución. No obstante, según el análisis, no se identifican irregularidades en la norma como tal.

Referencias clave:
- Ley 22.127 (Artículos 1, 3, 4, 19).
- Ley 22.520 (Artículo 23).
- Resolución 1993/2015 (Artículo 4).
- Artículo 103 de la Constitución Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-36506521-APN-DNCYDTS#MS, la Ley N° 22.127, la Resolución del Ministerio de Salud N° 1993 de fecha 2 de noviembre de 2015 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la planificación, capacitación y distribución equitativa de los equipos de salud son un componente central en la política sanitaria de este Ministerio.

Que el objetivo del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, creado por la Ley N° 22.127, es complementar la formación integral del profesional, ejercitándose en el desempeño responsable, eficiente y ético de las disciplinas correspondientes, mediante la adjudicación y ejecución personal supervisada de actos de progresiva complejidad y responsabilidad.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ha asumido la rectoría en la formación de especialistas, a través de las residencias.

Que desde el año 2011 las provincias comenzaron a integrar sus herramientas de ingreso a residencias en un examen unificado, sumándose a través de la suscripción de convenios con las provincias, instituciones públicas y privadas que participan de esta modalidad.

Que, la Resolución Ministerial N° 1993 de fecha 2 de noviembre de 2015, estableció que todos los casos de profesiones en las que exista un examen de alcance federal, los cargos nacionales se concursarán exclusivamente a través de un examen único.

Que, mediante la Resolución N° 186 de fecha 1 de febrero de 2019 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, se estableció el EXAMEN ÚNICO DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (EU) como instrumento de evaluación y unificación del cronograma para los cargos de residencias médicas básicas, postbásicas y otras especialidades del equipo del sistema de salud, transformándolo en un instrumento de evaluación unificadora, donde la Nación y las jurisdicciones se agrupan para todo el proceso aprobado en un cronograma común.

Que la antes citada resolución crea un Comité Técnico, responsable de consensuar anualmente un cronograma único para la realización de los diferentes concursos, estableciendo anualmente la fecha y hora para la toma del examen.

Que, en este sentido, el Comité técnico del Examen Único, se reunió, consensuó y determinó el nuevo cronograma de ingreso a las Residencias del Equipo de Salud para el ciclo 2025, por lo que resulta necesario aprobar el respectivo cronograma.

Que, conforme el nuevo cronograma, es necesario derogar la Resolución Ministerial N° 1769 de fecha 14 de junio de 2024.

Que, por otra parte, la Resolución Ministerial N° 1993/2015, modificada por su similar N° 190/2023, en su artículo 4° establece que los programas de formación iniciarán en la fecha que establezca la ex - DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO, hoy DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD y, en consecuencia, resulta menester aprobar las nuevas fechas para este ciclo.

Que las etapas contempladas en el cronograma han transcurrido y se cumplimentaron cada una de ellas, en las fechas establecidas.

Que la presente medida es propiciada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD.

Que la SUBSECRETARÍA DE INSTITUTOS Y FISCALIZACIÓN y la SECRETARÍA DE GESTIÓN SANITARIA han prestado conformidad a la presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 103 de la Constitución Nacional, así como la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 22.127 y la Resolución Ministerial N° 1993/2015 y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Apruébase el cronograma para el EXAMEN ÚNICO DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (EU), que como ANEXO (IF-2025-39999358-APN-DNCYDTS#MS) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°. - Fíjase la fecha del EXAMEN ÚNICO DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (EU), para el día 1 de julio del 2025, de manera presencial y en soporte papel.

ARTÍCULO 3°. - Establécese las fechas de inicio de los profesionales del equipo de salud que inician su programa de formación el año 2025, el 1 de septiembre del 2025.

ARTÍCULO 4°. - Establécese el 31 de agosto del 2025 como fecha de promoción y egreso para todos los profesionales del equipo de salud, independientemente de la fecha de su ingreso.

ARTÍCULO 5°. - Derógase la Resolución Ministerial N° 1769 de fecha 14 de junio de 2024.

ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mario Iván Lugones

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/06/2025 N° 45201/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 22127
    infoleg 115574
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-1164-APN-SGS#MS

1. Fundamento Legal y Objeto de la Norma

La Resolución RESOL-2025-1164-APN-SGS#MS actualiza el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Ley 22.127) mediante:
- Derogación de los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución 74/2024, que regulaban los reglamentos y cronograma del concurso 2024.
- Establecimiento de nuevas denominaciones (Resolución 250/2019): "Residencias Básicas y Articuladas" y "Residencias Postbásicas".
- Aprobación de nuevos anexos: Reglamentos y cronograma para el concurso 2025.
- Facultades al Comité Técnico para redefinir modalidades de inscripción y adjudicación.

Base Legal: La norma se sustenta en el Decreto 50/2019, que define la estructura del Ministerio de Salud y otorga competencia a la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización y a la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud para gestionar el sistema de residencias.

2. Modificaciones Respecto a Normas Anteriores

• Resolución 74/2024:
• Los artículos derogados regulaban los reglamentos y cronograma del concurso 2024. Su eliminación permite actualizar condiciones de ingreso y fechas, alineándose con la Resolución 250/2019 (denominaciones) y las necesidades operativas del 2025.

• Impacto: La derogación implica una modificación anual del cronograma, lo que podría afectar la planificación de aspirantes y hospitales si no se notifica con tiempo suficiente.

• Resolución 250/2019:

• Se adoptan las denominaciones de "Residencias Básicas y Articuladas" y "Postbásicas", consolidando un esquema de categorización ya vigente.

3. Derechos Afectados

• Derecho a la Transparencia y Equidad (Art. 14 bis CN):
• El concurso debe ser público, abierto y transparente, con evaluación objetiva de antecedentes. La derogación de artículos sin una justificación detallada sobre cambios en criterios de selección podría generar incertidumbre sobre la imparcialidad del proceso.

• Irregularidad Potencial: Si el cronograma 2025 incluye fechas ya vencidas (según el artículo 7°), podría haber afectado derechos de aspirantes que planificaron su participación bajo el régimen anterior.

• Derecho a la Participación y Acceso Igualitario (Art. 16 CN):

• La facultad al Comité Técnico para "redefinir la modalidad de adjudicación" (art. 6°) podría vulnerar el principio de igualdad si se aplican criterios discrecionales sin normativa clara.

4. Posibles Irregularidades

1. Falta de Motivación Suficiente:

2. La Resolución no explica por qué se derogaron los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución 74/2024, más allá de mencionar una "actualización". Esto podría vulnerar el principio de debida fundamentación (Art. 18 de la Ley 26.858 de Procedimientos Administrativos Federales).

3. Cronograma Incompatible con Derechos de los Aspirantes:

4. Si las actividades del cronograma 2025 ya se realizaron (art. 5°), la derogación de fechas anteriores podría generar inseguridad jurídica para quienes se inscribieron bajo el régimen derogado.

5. Amplia Discrecionalidad del Comité Técnico:

6. El artículo 6° otorga al Comité Técnico facultades amplias para modificar la adjudicación sin límites claros, lo que podría derivar en arbitrariedades (ej.: cambios en puntajes, prioridades regionales no justificadas).

5. Posibles Abusos

• Favoritismo en la Adjudicación:

• La falta de reglas específicas sobre cómo el Comité Técnico redefinirá la adjudicación podría permitir trato desigual entre aspirantes, especialmente si se introducen criterios no previstos en la Ley 22.127.

• Inconsistencia con Convenios Federativos:

• El artículo 5° menciona la continuidad de convenios con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no se detalla si las modificaciones respetan los términos de dichos acuerdos, lo que podría generar conflictos interjurisdiccionales.

6. Conclusión

La Resolución cumple con el marco legal general (Decreto 50/2019 y Ley 22.127) al actualizar anualmente el sistema de residencias. Sin embargo, presenta riesgos de irregularidades en:
- Falta de transparencia en la derogación de artículos sin explicación detallada.
- Discrecionalidad del Comité Técnico, que podría vulnerar principios de igualdad y legalidad.
- Impacto en derechos de aspirantes si las modificaciones al cronograma no se comunicaron con tiempo suficiente.

Recomendación:
- Publicar criterios objetivos para la redefinición de adjudicaciones por parte del Comité Técnico.
- Garantizar la participación de actores (universidades, colegios profesionales) en futuras actualizaciones para evitar arbitrariedades.
- Verificar la compatibilidad de los cambios con convenios interjurisdiccionales vigentes.

La norma, aunque válida en su estructura, requiere mayor claridad y protección de derechos para evitar su uso abusivo en la práctica.

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el EX-2025-61941868- -APN-DNCYDTS#MS del registro de este MINISTERIO; y,

CONSIDERANDO:

Que la planificación y distribución del Talento Humano en Salud es un componente central en la política sanitaria del MINISTERIO DE SALUD.

Que el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, creado por Ley N° 22.127, funciona en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INSTITUTOS Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE GESTIÓN SANITARIA del MINISTERIO DE SALUD, a través de la coordinación operativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD, dependiente de esa Subsecretaría.

Que por Convenio N° 23 de fecha 20 de noviembre de 2015, celebrado entre el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y el Convenio N° 2 de fecha 5 de noviembre de 2018, celebrado entre la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD y el MINISTERIO DE SALUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se establecieron las condiciones de cooperación para la implementación conjunta del Examen Único de Ingreso al Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que la Resolución N° 250 de fecha 29 de noviembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA dependiente del ex MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, denominó CONCURSO UNIFICADO DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD al CONCURSO DE RESIDENCIAS BÁSICAS Y ARTICULADAS EN HOSPITALES E INSTITUCIONES NACIONALES, Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan y con el Hospital Dr. Néstor C. Kirchner – Alta Complejidad en Red El Cruce – S.A.M.I.C, residencias básicas y articuladas de hospitales de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIOS ASOCIADOS y MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SISTEMA PROVINCIAL y las residencias básicas y articuladas en hospitales de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CONCURSO UNIFICADO DE RESIDENCIAS POST BÁSICAS DEL EQUIPO DE SALUD, al CONCURSO EN HOSPITALES E INSTITUCIONES NACIONALES, Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan y con el Hospital Dr. Néstor C. Kirchner – Alta Complejidad en Red El Cruce – S.A.M.I.C, hospitales de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIOS ASOCIADOS y MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SISTEMA PROVINCIAL y hospitales de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD N° 74, de fecha 6 de junio de 2024, se aprobaron los Reglamentos del concurso de los cargos de residencias básicas y articuladas del equipo de salud y del concurso de los cargos de residencias postbásicas del equipo de salud, y el Cronograma del Concurso Unificado para el año 2024.

Que por medio de la presente se propicia la derogación de los artículos 3°, 4° y 5° de la citada Resolución, dado que se impulsa una actualización de las condiciones de ingreso y las fechas del cronograma 2025.

Que el ingreso al Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud se realiza anualmente mediante el CONCURSO UNIFICADO DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, concurso público y abierto que reglamenta las características y requerimientos del mismo.

Que el concurso es un proceso transparente cuyo objetivo principal es considerar los conocimientos de grado y antecedentes formativos de cada aspirante, a través de la realización de una evaluación objetiva y documentada.

Que las actividades previstas en el cronograma cuya aprobación se impulsa fijadas para fechas que ya han transcurrido, se han cumplimentado en las fechas establecidas.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD propicia la presente medida.

Que la SUBSECRETARÍA DE INSTITUTOS Y FISCALIZACIÓN ha prestado su conformidad.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN SANITARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Deróganse los Artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución N° 74 de fecha 6 de junio de 2024 de la ex SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2°. - Establécense como denominaciones para el concurso 2025 las contempladas en los Artículos 1° y 2° de la Resolución N° 250 de la ex SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA dependiente del ex MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, de fecha 29 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 3°. - Apruébase el Reglamento del concurso de los cargos de residencias básicas y articuladas del equipo de salud, que como ANEXO I (IF-2025-69539433-APN-DNCYDTS#MS) forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el Reglamento del concurso de los cargos de residencias post básicas del equipo de salud, que como ANEXO II (IF-2025-69494233-APN-DNCYDTS#MS) forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 5°- Apruébase el Cronograma del Concurso Unificado para el 2025, y que como ANEXO III (IF-2025-42229678-APN-DNCYDTS#MS) forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Facúltase al COMITÉ TÉCNICO de los CONCURSOS UNIFICADOS DE RESIDENCIAS BÁSICAS, ARTICULADAS Y POST BÁSICAS EN HOSPITALES E INSTITUCIONES NACIONALES, Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan y Hospital Dr. Néstor C. Kirchner – Alta Complejidad en Red El Cruce – S.A.M.I.C, residencias básicas y articuladas de hospitales de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIOS ASOCIADOS y MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SISTEMA PROVINCIAL y las residencias básicas, articuladas y concurrencias en hospitales de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CU), a redefinir y/o modificar la modalidad de inscripción y de adjudicación de las especialidades Básicas, articuladas y Post-Básicas.

ARTÍCULO 7°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alejandro Alberto Vilches

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/06/2025 N° 45280/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 22520
    infoleg 48853
  • 24059
    infoleg 458
  • 18398
    infoleg 46324
  • 19349
    infoleg 38871
  • 20416
    infoleg 16309
  • 26102
    infoleg 117238
  • 24072
    infoleg 471
  • 25632
    infoleg 77329
  • 26023
    infoleg 105500
  • 26097
    infoleg 116954
  • 24759
    infoleg 41466
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 274/2025
  • 340/2024
    infoleg 398296

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-777-APN-MSG

Contexto Normativo y Fundamento Legal

La resolución, emitida por la Ministra de Seguridad Nacional, instruye a las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal) a realizar investigaciones patrimoniales y financieras paralelas en casos de delitos complejos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de personas. Se fundamenta en las siguientes normativas:

1. Ley de Ministerios (22.520, artículo 22 bis): Otorga al Ministerio de Seguridad Nacional competencia para coordinar políticas de seguridad interior y prevenir delitos.
2. Ley de Seguridad Interior (24.059, artículo 8): Establece la dirección superior de las fuerzas de seguridad bajo el Ministerio.
3. Leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad (ej.: Ley 26.102 para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Ley 19.349 para la Gendarmería): Definen sus funciones en la prevención y lucha contra el crimen organizado.
4. Acuerdos internacionales: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (Ley 25.632), Convención contra el Lavado de Activos (Ley 26.097) y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Estos obligan a Argentina a identificar y recuperar activos ilícitos.

Impacto en Normas Preexistentes

• Decreto 50/2019: Aunque no se modifica explícitamente, la resolución refuerza la estructura de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, mencionada en el Decreto, para coordinar acciones interinstitucionales.
• Resolución PGN 58/24 del Ministerio Público Fiscal: La norma complementa esta resolución, que ya exigía a los fiscales investigar activos en casos de delitos complejos. Ahora, se extiende la obligación a las fuerzas de seguridad.

Aspectos Positivos

1. Cumplimiento de obligaciones internacionales: La medida refuerza el compromiso de Argentina con el GAFI y las Convenciones de la ONU, al priorizar la identificación de activos ilícitos.
2. Coordinación interinstitucional: Promueve la colaboración entre fuerzas policiales y el Ministerio Público Fiscal, esencial para combatir la delincuencia organizada.
3. Prevención del lavado de dinero: Al exigir investigaciones financieras simultáneas, se dificulta la ocultación de recursos delictivos.

Derechos Afectados y Posibles Irregularidades

1. Derecho a la privacidad (Artículo 18 de la CN):
2. Las investigaciones financieras requieren acceso a datos sensibles (ej.: movimientos bancarios). Si no se respetan protocolos judiciales (como ordenes de allanamiento), podría vulnerarse la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.

3. Riesgo: Uso potencial de información sin control judicial, especialmente si las fuerzas actúan de oficio sin mandato explícito.

4. Derecho a la propiedad (Artículo 17 de la CN):

5. El decomiso de bienes requiere pruebas contundentes de su origen ilícito. La resolución no detalla mecanismos para garantizar que los activos sean recuperados solo tras un debido proceso.

6. División de poderes:

7. La instrucción a las fuerzas para "proponer" investigaciones podría interpretarse como una intromisión en la autonomía funcional del Poder Judicial, violando el principio de separación de poderes (Artículo 114 de la CN).

8. Sobrecarga administrativa:

9. El informe mensual a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Artículo 2º) impone una carga burocrática adicional, que podría desviar recursos de funciones primarias de seguridad.

10. Capacitación insuficiente:

11. Aunque la norma menciona la formación en inteligencia financiera (Ley 26.102, artículo 31), no garantiza que todas las fuerzas cuenten con personal especializado para investigaciones complejas, lo que podría llevar a errores técnicos o abusos.

Posibles Abusos y Vulneraciones

1. Uso político de investigaciones:

2. La ausencia de controles específicos podría permitir que las fuerzas realicen investigaciones selectivas contra opositores o sectores vulnerables, bajo la excusa de combatir el lavado de dinero.

3. Falta de transparencia en el tratamiento de datos:

4. No se establecen normas claras sobre el manejo de información financiera, lo que podría derivar en filtraciones o discriminación basada en perfiles económicos.

5. Conflictos de competencia:

6. Las unidades especializadas en lavado (PROCELAC, DAFI) podrían verse desplazadas por las fuerzas policiales, generando duplicación de esfuerzos o falta de coordinación.

7. Exceso de discrecionalidad:

8. La resolución no define criterios objetivos para seleccionar casos, lo que permite interpretaciones subjetivas sobre qué investigaciones merecen un enfoque financiero.

Conclusión

La Resolución RESOL-2025-777-APN-MSG es un paso importante para alinear las prácticas argentinas con estándares internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada. Sin embargo, su implementación requiere mecanismos de control judicial y parlamentario para evitar abusos. Se recomienda:

1. Reglamentar procedimientos: Establecer protocolos claros para el acceso a datos financieros, con intervención judicial obligatoria.
2. Capacitación específica: Garantizar que las fuerzas cuenten con personal entrenado en análisis patrimonial y cumplimiento de normas internacionales.
3. Transparencia y rendición de cuentas: Publicar estadísticas sobre investigaciones realizadas y resultados obtenidos, con salvaguardas para proteger datos sensibles.
4. Revisión constitucional: Evaluar si la norma excede las facultades del Poder Ejecutivo, especialmente en aspectos que podrían invadir la autonomía del Poder Judicial.

Sin estos ajustes, la resolución, aunque bien intencionada, podría generar riesgos institucionales y afectar derechos fundamentales.

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Expediente EX-2025-44451004--APN-DIDE#MSG, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y sus modificatorias, la Ley Orgánica para la Policía Federal Decreto Ley N° 333 del 14 de enero de 1958 y sus modificatorias, la Ley de Prefectura Naval Argentina N° 18.398 y sus modificatorias, la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y sus modificatorias, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416 y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 y sus modificatorias, los Decretos N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y N° 274 del 16 de abril de 2025, la Decisión Administrativa N° 340 del 17 de mayo de2024 y sus modificatorias, y la Resolución de la Procuración General de la Nación N° 58 del 15 de octubre de2024, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del artículo 22 bis de la Ley de Ministerios es competencia del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Que dicha norma faculta a esta Cartera Ministerial a entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.

Que por disposición del artículo 8° de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL tiene a su cargo la conducción del esfuerzo nacional de policía y la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional.

Que, en esta línea, dicho artículo faculta a esta Cartera de Estado a formular las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, elaborar la doctrina y planes, y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior.

Que la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA tiene la función de prevenir los delitos de competencia de la justicia federal, así como practicar las diligencias para asegurar su prueba, descubrir a los autores y partícipes y poner el resultado a disposición de la Justicia (artículo 3°, Decreto Ley Nº 333/1958).

Que, por su parte, la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 y sus modificatorias establece que corresponde a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA prevenir delitos e infracciones en el ámbito aeroportuario, llevando a cabo las acciones tendientes a impedirlos, evitarlos, obstaculizarlos o limitarlos (artículos 12 y 13).

Que la Ley de GENDARMERÍA NACIONAL N° 19.349 y sus modificatorias determina que dicha fuerza de seguridad tiene la función de prevenir delitos e infracciones y que posee para ello funciones de policía de prevención en su respectiva jurisdicción (artículos 2° y 3°).

Que la Ley General de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA N° 18.398 y sus modificatorias prescribe que es la fuerza que ejerce el servicio de Policía de Seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial; parcialmente, la jurisdicción administrativa de la navegación (artículo 2°).

Que la Ley Orgánica del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL N° 20.416 y sus modificatorias establece que dicha fuerza tiene la función de cooperar con otros organismos en la elaboración de una política de prevención de la criminalidad (artículo 5°, inciso f).

Que además, dichas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL producen inteligencia financiera y criminal, y son un componente importante en las investigaciones financieras.

Que las mencionadas Fuerzas poseen recursos específicos de inteligencia financiera que reciben capacitación periódica en la materia y pueden brindar asistencia en la creación de perfiles patrimoniales.

Que actualmente la lucha contra la delincuencia debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por el ocultamiento del origen ilícito de los bienes delictivos y su integración en la economía formal.

Que el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, en cuyo marco la SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL tiene entre sus objetivos “4. Coordinar el esfuerzo de las áreas competentes en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina. (…) 6. Asistir, en el ámbito de su competencia, al Ministro en su relación con el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, el PODER LEGISLATIVO NACIONAL y el MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN a los fines de proponer, en el ámbito de su competencia, los mecanismos de coordinación de acciones que se relacionen con la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, en coordinación con las áreas competentes”.

Que, a su vez, la Decisión Administrativa N° 340/2024 aprobó la estructura organizativa del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, abarcando el primer y segundo nivel operativo, según lo detallado en los Anexos que forman parte de dicha decisión.

Que, según establece dicha norma, es responsabilidad de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS “intervenir en la planificación de toda actividad de investigación de delitos complejos y/o cometidos por la criminalidad organizada en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en materia de su competencia”.

Que el Código Procesal Penal de la Nación dispone en su artículo 183 que “las Fuerzas de Seguridad deberán investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación”.

Que, en esa misma línea, el Código Procesal Penal Federal dispone en su artículo 235 que “La investigación de un hecho que revistiera carácter de delito se iniciará de oficio por el representante del Ministerio Público Fiscal, por denuncia, querella o como consecuencia de la prevención de alguna de las fuerzas de seguridad”.

Que el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a llevar a cabo acciones tendientes a lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito. Estas obligaciones fueron asumidas por nuestro país al aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (ley N° 24.072); la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (ley N° 25.632); la Convención Interamericana contra el Terrorismo (ley N° 26.023), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (ley N° 26.097) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley N° 24.759).

Que es importante mencionar que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su Informe de Evaluación Mutua (IEM) refiere que, en Argentina, las fuerzas de seguridad no son Autoridades de Orden Público autónomas, sino fuerzas auxiliares, en vista de que no cuentan con facultades discrecionales para iniciar investigaciones de forma independiente. Sin embargo, constituyen una fuente clave para identificar posibles casos de Lavado de Activos, en tanto informan a los jueces intervinientes sobre toda actividad sospechosa detectada en el marco de sus controles preventivos. Asimismo, comportan un recurso esencial para jueces y fiscales en sus investigaciones, por cuanto pueden llevar a cabo medidas de investigación específicas en el ámbito de sus competencias.

Que, además, en el Informe de Evaluación Mutua (IEM), específicamente en el Resultado Inmediato (RI) número siete (7), se menciona que la Argentina debe fortalecer la comprensión y el uso de investigaciones financieras paralelas, más allá del rastreo de activos, entre todas las Autoridades de Orden Público mediante (i) la concientización sobre el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado Activos (PROCELAC) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), y (ii) el fomento de la cooperación entre las unidades relevantes con el objetivo de sistematizar su participación desde el inicio de la investigación, cada vez que se identifique un componente financiero en un caso de delito precedente.

Que, en nuestro país, conforme a lo establecido en el artículo 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es el encargado de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Que el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL dictó la Resolución PGN N° 58/24, impulsando investigaciones patrimoniales con el fin de identificar y recuperar bienes de origen delictivo. En ese marco, se instruyó a los fiscales para que, en las investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica, adopten en forma simultánea las medidas destinadas a lograr el esclarecimiento del hecho ilícito y la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas.

Que resulta prioritario fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos y los bienes de origen delictivo de las organizaciones criminales.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades que le confiere el artículo 4°, inciso b), apartado 9° y 22 bis de la Ley N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias y el artículo 8° de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Instrúyase a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a la GENDARMERÍA NACIONAL, a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL para que propongan a la autoridad judicial interviniente la realización de una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela a las medidas de prueba tendientes a determinar el objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en los hechos vinculados a la criminalidad organizada, principalmente corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyase a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a la GENDARMERÍA NACIONAL, a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL a informar de manera mensual al SECRETARIO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, a los fines estadísticos, la cantidad de investigaciones patrimoniales y financieras realizadas.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

e. 30/06/2025 N° 45121/25 v. 30/06/2025

• Decretos:

Ciudad de Buenos Aires, 27/06/2025

VISTO el Régimen de Reemplazos establecido mediante la DI-2025-35-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO suscripta el 16 de mayo de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de índole funcional, la Dirección Regional Comodoro Rivadavia -dependiente de esta Subdirección General- solicitó modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencias o impedimento de su jefatura.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la DI-2018-7-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la DI-2025-35-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, el que quedará establecido de la forma que seguidamente se indica:

UNIDAD DE ESTRUCTURA: DIRECCIÓN REGIONAL COMODORO RIVADAVIA (SDG OPII)

1° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN INVESTIGACIÓN (DI RCRI)

2° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN REVISIÓN Y RECURSOS (DI RCRI)

3° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N.° 1 (DI RCRI)

ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese al Departamento Personal y a la Dirección Regional Comodoro Rivadavia y archívese.

Carlos Alberto Garcia Pastrana

e. 30/06/2025 N° 45166/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Ciudad de Buenos Aires, 26/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-15836932- -APN-CGD#SGP, la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025, dictada por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la Disposición N.° DI-2024-379-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI del 17 de diciembre de 2024, dictada por la Aduana de Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, se dispone que cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que por la Disposición citada en el VISTO, se ha puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, un bien cuya situación encuadra en el artículo 5º de la Ley N.° 25.603 y sus modificatorias, a saber: UN (1) vehículo tipo camión, marca JMC, modelo CARRYING, estado “bueno”, dominio GSLL32 y chasis N° LEFAECG25DHN17754.

Que el bien a ceder cuenta con el Informe Técnico correspondiente.

Que la Comuna de Villa El Chacay, de la Provincia de Córdoba, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4° y 5° de la Ley N.° 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados a tareas de mantenimiento y mejoramiento de la vía pública.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Comuna de Villa El Chacay, de la Provincia de Córdoba, en los términos del artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, el bien comprendido en la Disposición N.° DI-2024-379-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI dictada por la Aduana de Mendoza, a saber: UN (1) vehículo tipo camión, marca JMC, modelo CARRYING, estado “bueno”, dominio GSLL32 y chasis N° LEFAECG25DHN17754.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, así como también por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP, a través de la cual la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN facultó a esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo a la Comuna de Villa El Chacay, de la Provincia de Córdoba, en los términos del artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, el bien comprendido en la Disposición N° DI-2024-379-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI dictada por la Aduana de Mendoza, a saber: UN (1) vehículo tipo camión, marca JMC, modelo CARRYING, estado “bueno”, dominio GSLL32 y chasis N° LEFAECG25DHN17754.

ARTÍCULO 2º.- La Comuna de Villa El Chacay, de la Provincia de Córdoba, deberá informar a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Comuna de Villa El Chacay, de la Provincia de Córdoba, deberá remitir a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles -contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Menem

e. 30/06/2025 N° 44963/25 v. 30/06/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Ciudad de Buenos Aires, 26/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-49760293- -APN-CGD#SGP, la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025, dictada por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la Disposición N°. DI-2025-14-E-AFIP-ADTUCU#SDGOAI del 16 de abril de 2025, dictada por la Aduana de Tucumán, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que por la Disposición citada en el VISTO, se han puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Que la mercadería involucrada no requiere intervención de terceros organismos.

Que la Municipalidad de Bella Vista, de la Provincia de Tucumán, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4° y 5° de la Ley N.° 25.603 y sus modificatorias, para ser distribuidos entre familias en situación de vulnerabilidad social, con el objeto de reforzar las políticas locales de asistencia, inclusión y fortalecimiento comunitario que desarrolla la mencionada municipalidad.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Municipalidad de Bella Vista, de la Provincia de Tucumán, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición N.° DI-2025-14-E-AFIP-ADTUCU#SDGOAI dictada por la Aduana de Tucumán.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, así como también por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP, a través de la cual la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN facultó a esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo a la Municipalidad de Bella Vista, de la Provincia de Tucumán, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición N° DI-2025-14-E-AFIP-ADTUCU#SDGOAI dictada por la Aduana de Tucumán.

ARTÍCULO 2º.- La Municipalidad de Bella Vista, de la Provincia de Tucumán, deberá informar a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Municipalidad de Bella Vista, de la Provincia de Tucumán, deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles -contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Menem

e. 30/06/2025 N° 44964/25 v. 30/06/2025

Llamado a Concursos de Profesores y Docentes Auxiliares

Facultad de Agronomía - Universidad Nacional de La Pampa

Res. N° 182/25 Facultad de Agronomía – Res. Nº 017/25 Consejo Superior UNLPam

Fecha de inscripción: 10 de julio al 13 de agosto de 2025 inclusive completando el formulario que figura en https://www.agro.unlpam.edu.ar/index.php/academica/concursos

Consultas: sacademica@agro.unlpam.edu.ar deptodocentes@agro.unlpam.edu.ar

e. 30/06/2025 N° 43762/25 v. 30/06/2025

26/06/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: REMON 1-1132. Efectivo Mínimo. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, establece:

“- Disponer, con vigencia a partir del 01/07/25, la suspensión del requerimiento de integración mínima diaria en pesos previsto en el punto 2.3. de texto ordenado sobre Efectivo Mínimo.”

Al respecto, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - Marina Ongaro, Subgerenta General de Regulación Financiera.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 30/06/2025 N° 45024/25 v. 30/06/2025