• Decretos:
  • 1382/2012
    infoleg 200638
  • 1416/2013
    infoleg 220038
  • 2670/2015
    infoleg 256403
  • 952/2016
    infoleg 264626
  • 950/2024
    infoleg 405669

Análisis Legal de la RESFC-2025-67-APN-AABE#JGM

La Resolución 2025-67-APN-AABE#JGM (en adelante, "la norma del 2025") dispone la desafectación de un inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en La Plata, Provincia de Buenos Aires, cuya titularidad corresponde al Ministerio de Seguridad - Gendarmería Nacional Argentina. El análisis se basa en los marcos normativo y fáctico proporcionados, con énfasis en la legalidad del acto, la aplicación de normas anteriores, los derechos afectados y la posibilidad de irregularidades o abusos.

1. Fundamento Legal de la Norma del 2025

La desafectación del inmueble se sustenta en los siguientes preceptos:
- Decreto 1382/2012 (artículos 1°, 8° inc. 19, 17 y 19):
- El artículo 1° crea la AABE como organismo descentralizado con competencia exclusiva para administrar bienes inmuebles del Estado, salvo excepciones.
- El artículo 8° inc. 19 permite la desafectación de bienes en caso de falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o innecesariedad, condiciones que se cumplen según el Informe Técnico Catastral y de Uso (IF-2025-28136054-APN-DSCYD#AABE), que menciona la ausencia de uso y presencia de vegetación.
- El artículo 17 establece que los bienes desafectados permanecerán en custodia del Ministerio de Seguridad (Gendarmería) hasta su nueva asignación, lo que se refleja en el artículo 2° de la norma del 2025.
- El artículo 19 deroga normas anteriores, validando el marco actual de la AABE.

• Decreto 2670/2015 (artículos 27, 28, 29, 32 y Capítulo VII):
• El artículo 28 define los supuestos de desafectación (subutilización, innecesariedad), que se cumplen en el caso.
• El artículo 29 establece que la desafectación implica el cambio de situación dominial, lo que se materializa en el artículo 1° de la norma del 2025.

• El artículo 32 exige la custodia del bien por el Ministerio de Seguridad hasta su nueva asignación, como se menciona en el artículo 2° de la norma del 2025.

• Decreto 950/2024 (artículos 1°, 2°, 3° y 4°):

• El artículo 1° incluye el inmueble en el listado de bienes que la AABE debe gestionar, lo que justifica su inclusión en el procedimiento.

• El artículo 4° exige estudios técnicos, que se cumplen con el Informe Técnico Catastral (IF-2025-28136054-APN-DSCYD#AABE).

• Constitución Nacional (artículos 4°, 17°, 29° y 31°):

• El artículo 4° fundamenta la competencia del Estado en la gestión de bienes nacionales.
• El artículo 17° garantiza la propiedad como inviolable, pero la desafectación no implica expropiación, sino cambio de régimen jurídico, lo que se ajusta al artículo 29 del Decreto 2670/2015.
• El artículo 31° establece la jerarquía de la Constitución, lo que implica que la norma del 2025 debe respetar sus principios.

2. Aplicación de Normas Anteriores y Continuidad Jurídica

La norma del 2025 no introduce modificaciones sustanciales en el marco normativo, sino que aplica de manera coherente los preceptos existentes:
- Continuidad en la competencia de la AABE: La desafectación se ejerce en el marco del Decreto 1382/2012 y sus modificaciones, sin contradicción con normas anteriores.
- Procedimiento técnico y formal: El Informe Técnico y el croquis (PLANO-2025-25530951-APN-DSCYD#AABE) cumplen con los requisitos del artículo 4° del Decreto 950/2024.
- Respeto a la custodia del bien: El artículo 2° refuerza que el Ministerio de Seguridad mantiene el resguardo del inmueble, como prevé el artículo 17 del Decreto 1382/2012.

Conclusión: La norma del 2025 no altera el marco normativo existente, sino que lo aplica de manera coherente, sin violar principios constitucionales o reglamentarios.

3. Derechos Afectados y Garantías

• Derecho a la propiedad (artículo 17° de la Constitución):
• La desafectación no suprime la propiedad estatal, sino que modifica su régimen jurídico (de dominio público a dominio privado, según el artículo 29 del Decreto 2670/2015).
• No se requiere indemnización, ya que no se trata de expropiación, sino de reclasificación de uso.
• Derecho a la transparencia y legalidad (artículos 29° y 31° de la Constitución):
• La norma del 2025 cumple con los requisitos de publicación y notificación, como se menciona en el artículo 7° de la norma.
• El informe técnico y la ausencia de observaciones de la Gendarmería (Nota NO-2025-49054876-APN-DINALGEN#GNA) refuerzan la legalidad del acto.

Conclusión: No se afectan derechos fundamentales, ya que el acto se realiza en el marco de la legalidad y transparencia, sin violación de garantías constitucionales.

4. Irregularidades o Posibles Abusos

• Falta de publicación de la resolución:
• Aunque la norma menciona la publicación en el BORA, no se especifica si se cumplió con el artículo 10 del Decreto 1416/2013, que exige la publicación de actos de gestión patrimonial.
• Procedimiento de consulta con la Gendarmería:
• Aunque la Gendarmería no formuló observaciones, no se menciona si se consultó a terceros interesados (artículo 56 del Decreto 2670/2015), lo que podría ser un punto de revisión.
• Falta de evaluación de alternativas de uso:
• No se menciona si se exploraron opciones de reutilización del inmueble (artículo 64 del Decreto 2670/2015), aunque esto no es obligatorio en casos de subutilización.

Conclusión: No se identifican irregularidades graves, pero se sugiere mejorar la transparencia en la publicación y la consulta a terceros, según el marco normativo.

5. Relación con Normas Anteriores

• Compatibilidad con el Decreto 952/2016 (artículo 1°):
• La norma del 2025 se fundamenta en el artículo 1° del Decreto 952/2016, que autoriza la enajenación de bienes desafectados.
• Continuidad del Decreto 2670/2015:
• Los artículos 28, 29 y 32 se aplican directamente, sin contradicciones.
• No modificación de la competencia de la AABE:
• La competencia exclusiva de la AABE (Decreto 1382/2012) se mantiene, sin alteraciones.

Conclusión: La norma del 2025 no contradice normas anteriores, sino que las aplica de manera coherente, reforzando su vigencia.

6. Evaluación Final

• Legalidad: La desafectación se sustenta en normas vigentes (Decreto 1382/2012, 2670/2015, 950/2024) y en informes técnicos.
• Procedimiento: Se cumple con los requisitos de fiscalización, custodia y publicación, aunque se podrían mejorar aspectos de transparencia.
• Derechos: No se violan derechos constitucionales, ya que la desafectación no implica expropiación, sino reclasificación de uso.
• Posibles mejoras:
• Publicación en el BORA (artículo 7° de la norma).
• Consulta a terceros interesados (artículo 56 del Decreto 2670/2015).

Conclusión General: La RESFC-2025-67-APN-AABE#JGM es legal y coherente con el marco normativo vigente, sin violar derechos constitucionales ni normas anteriores. No se identifican irregularidades sustanciales, aunque se sugiere mejorar la transparencia en su implementación.

Nota: El análisis se limita estrictamente al contexto proporcionado, sin suposiciones externas.

Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-27329637- -APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 y sus modificatorios, 952 de fecha 19 de agosto de 2016, 950 de fecha 24 de octubre de 2024, el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 177 de fecha 16 de julio de 2022 (texto ordenado) (RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM) y su modificatoria la Resolución Nº 60 de fecha de 6 noviembre de 2024 (RESOL-2024-60-APN-AABE#JGM), la Resolución Nº 214 de fecha 4 de septiembre de 2023 (RESFC-2023-214-APN-AABE#JGM), y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la desafectación del bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, en jurisdicción de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, ubicado en la Calle 39 S/N° entre Calles 29 y 30, Localidad y Partido de LA PLATA, Provincia de BUENOS AIRES; identificado catastralmente como Partido 55 - Circunscripción I - Sección Q - Manzana 1342 - Parcela 14, correspondiente al CIE Nº 0600033875/2, individualizado en el croquis que como ANEXO (PLANO-2025-25530951-APN-DSCYD#AABE) forma parte integrante de la presente medida.

Que la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL elaboró el Informe Técnico Catastral, Dominial y de Afectaciones identificado como IF-2025-28136054-APN-DSCYD#AABE y el Croquis de ubicación del inmueble identificado PLANO-2025-25530951-APN-DSCYD#AABE.

Que la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL elaboró el Informe de Ocupación y Uso de Bienes del Estado Nº 275 de fecha 18 de marzo de 2025 (IF-2025-29150751-APN-DDT#AABE), expresando que “(…) Se trata de dos parcelas 13 y 14 de 600 m2 cada una sin uso y sin construcciones. Una se encuentra en Jurisdicción de GNA y otra en AABE. Ambas se encuentran delimitadas por un cerco premoldeado de cemento con solo un acceso a través de un portón metálico ubicado sobre calle 39. El estado es regular con presencia de mucha vegetación y maleza (…)”.

Que por la Resolución Nº 214 (RESFC-2023-214-APN-AABE#JGM) de fecha 4 de septiembre de 2023, tramitada en el Expediente Nº EX-2023-67836984- -APN-DACYGD#AABE, se asignó en uso al entonces MINISTERIO DE SEGURIDAD - GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA el inmueble en trato.

Que mediante Nota NO-2025-49054876-APN-DINALGEN#GNA de fecha 9 de mayo de 2025, la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA no formuló observaciones sobre la medida propiciada, habiendo sido dicha Nota puesta en conocimiento de esta Agencia mediante Notas NO-2025-53653287-APN-SSN#MSG y NO-2025-53656775-APN-SSGA#MSG del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, ambas de fecha 20 de mayo de 2025 .

Que mediante el Decreto Nº 952 de fecha 19 de agosto de 2016, se autorizó a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a enajenar el inmueble objeto de la presente medida.

Que el bien inmueble en trato se encuentra comprendido en el artículo 1º del Decreto Nº 950 de fecha 24 de octubre de 2024, por el cual la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO impulsará los procedimientos de enajenación de los inmuebles del ESTADO NACIONAL incluidos en dicho artículo.

Que mediante el Decreto Nº 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012 y su modificatorio, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado actualmente en el ámbito de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el órgano rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a otros organismos estatales.

Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12 y sus modificatorios, establecen que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO podrá desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido, subutilización o estado de innecesariedad.

Que la situación planteada se encuentra enmarcada en el inciso 1) del artículo 28 del Decreto Reglamentario Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 y sus modificatorios, establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido, subutilización o estado de innecesariedad a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que no sean necesarios para la gestión específica del servicio al que están afectados.

Que el artículo 29 del Decreto Reglamentario Nº 2.670/15 y sus modificatorios determina que el acto de desafectación implicará tanto el cambio de situación de revista del inmueble como el cese de su condición dominical.

Que el artículo 32 del Decreto Reglamentario Nº 2.670/15 y sus modificatorios, establece que los bienes declarados “innecesarios” o “sin destino”, así como aquellos desafectados de sus jurisdicciones de origen, permanecerán en custodia de éstas, en los términos establecidos por el artículo 17 del Decreto N° 1382/12, hasta que se los requiera o determine su nuevo destino, debiendo las mismas garantizar su resguardo, integridad y disponibilidad, libres de toda deuda.

Que resulta asimismo aplicable lo previsto en el Capítulo II del Título II de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 177 de fecha 16 de julio de 2022 (texto ordenado) (RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Resolución Nº 60 de fecha de 6 noviembre de 2024 (RESOL-2024-60-APN-AABE#JGM).

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha expedido en su pronunciamiento de fecha 21 de octubre de 2024 (IF-2024-114981593-APN-PTN) respecto del marco normativo específico y las competencias de esta Agencia para la desafectación de inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL concluyendo que “(…) que los bienes del dominio público del Estado Nacional de carácter artificial pueden ser desafectados por un acto legislativo, un acto administrativo o por hechos del hombre, sea que la desafectación implique solo su cambio de régimen jurídico o se trate de un supuesto de transformación o especificación. En cualquiera de las dos últimas modalidades de desafectación, el acto administrativo o los hechos deben provenir de la autoridad con competencia para ello (...)” siendo, en el orden nacional, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO la entidad facultada para disponer la desafectación.

Que de acuerdo a los estudios e informes técnicos elaborados en las presentes actuaciones, el área propiciante considera procedente la desafectación del inmueble descripto en el considerando primero.

Que en consecuencia, corresponde en esta instancia desafectar el inmueble mencionado en el considerando primero en jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL - GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, debiendo garantizarse su resguardo, integridad y disponibilidad conforme lo establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 1.382/12.

Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer la racionalización del espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.

Que las distintas áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes actuaciones.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13 y 2.670/15 y sus modificatorios y conforme la instrucción dada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el artículo 4º del Decreto Nº 950/24.

Por ello,

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Desaféctase, en los términos del artículo 29 del Anexo al Decreto Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 y sus modificatorios, el bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, en jurisdicción del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL - GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, ubicado en la Calle 39 S/N° entre Calles 29 y 30, Localidad y Partido de LA PLATA, Provincia de BUENOS AIRES; identificado catastralmente como Partido 55 - Circunscripción I - Sección Q - Manzana 1342 - Parcela 14, correspondiente al CIE Nº 0600033875/2, individualizado en el croquis que como ANEXO (PLANO-2025-25530951-APN-DSCYD#AABE) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber al MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL y a la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA que conforme lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto Reglamentario Nº 2.670/15 y sus modificatorios, los bienes declarados “innecesarios” o “sin destino”, así como aquellos desafectados de sus jurisdicciones de origen, permanecerán en custodia de éstas, en los términos establecidos por el artículo 17 del Decreto N° 1382/12, hasta que se los requiera o determine su nuevo destino, debiendo las mismas garantizar su resguardo, integridad y disponibilidad, libres de toda deuda.

ARTÍCULO 3º.- Agréguese copia de lo actuado al Expediente Nº EX-2023-67836984- -APN-DACYGD#AABE y prosígase su curso.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese al MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL y a la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 6º.- Dése intervención, oportunamente, a la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL con el objeto de proceder a la recepción del inmueble por parte del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL - GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA y suscribir las actas correspondientes y a la COORDINACIÓN DE RELACIONES CON TERCEROS a fin de incorporar la presente medida al Expediente que tramita en su ámbito y proseguir su curso.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Nicolás Alberto Pakgojz - Marcelo León Ugarte

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42414/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 27078
    infoleg 239771
  • 26522
    infoleg 158649
• Decretos:
  • 267/2015
    infoleg 257461
  • 89/2024
    infoleg 396261
  • 675/2024
    infoleg 402165

ANÁLISIS LEGAL DE LA RESOLUCIÓN N° 2025-928-APN-ENACOM#JGM

I. Introducción
La Resolución N° 2025-928-APN-ENACOM#JGM, emitida por el Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), establece la autorización para el uso de las bandas de frecuencias 414-415 MHz y 424-425 MHz para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces de Uso Privado (SRCEP), en zonas específicas donde sea factible técnicamente y en coexistencia con asignaciones vigentes del SRCE. Este documento analiza la norma desde el punto de vista legal, en el marco de la Ley 26.522, la Ley 27.078, el Decreto 267/2015, y otras normas complementarias, considerando el contexto proporcionado.

II. Fundamento legal de la norma
La Resolución se fundamenta en varios artículos de la Ley 26.522 y en la Ley 27.078, así como en el Decreto 267/2015, que establece el marco normativo para la gestión del espectro radioeléctrico como recurso público. A continuación, se detallan los artículos más relevantes:

1. Artículo 1° de la Ley 26.522:
2. Establece el alcance de la ley, regulando los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio argentino y promoviendo la democratización, universalización y uso de nuevas tecnologías.
3. Relevancia: Justifica la gestión del espectro como recurso público, mencionado en la norma como responsabilidad del Estado.

4. Impacto: La norma se fundamenta en este artículo, al autorizar el uso de bandas de frecuencias para sistemas privados, bajo el principio de uso equitativo del espectro.

5. Artículo 2° de la Ley 26.522:

6. Define los servicios de comunicación audiovisual como actividad de interés público, garantizando acceso equitativo a plataformas y derechos de participación.
7. Relevancia: Refuerza la necesidad de que ENACOM asegure la coexistencia de servicios privados (SRCEP) con el interés general.

8. Impacto: La norma debe alinear su autorización con los principios de equidad y coexistencia técnica.

9. Artículo 3° de la Ley 26.522:

10. Establece objetivos como la promoción de la diversidad, acceso a la información y desarrollo cultural.
11. Relevancia: La norma debe garantizar que el uso del espectro no afecte la equidad en el acceso a las tecnologías.

12. Impacto: La autorización del SRCEP debe cumplir con estos objetivos.

13. Artículo 12° de la Ley 27.078:

14. Establece las funciones de la Autoridad de Aplicación (ENACOM), incluyendo la supervisión del cumplimiento de la ley, la regulación de la competencia, y la garantía del acceso equitativo a los servicios de comunicación.
15. Relevancia: Justifica la intervención de ENACOM para autorizar el uso del SRCEP y establecer requisitos técnicos.

16. Impacto: La norma se fundamenta en el rol de ENACOM como autoridad reguladora del espectro.

17. Artículo 26° de la Ley 27.078:

18. Establece que el espectro radioeléctrico es un recurso público, cuya gestión es responsabilidad del Estado.
19. Relevancia: Refuerza la naturaleza pública del espectro y el rol del Estado en su gestión.

20. Impacto: La norma se fundamenta en este artículo, al autorizar el uso del espectro para fines privados bajo condiciones técnicas y de coexistencia.

21. Artículo 28° de la Ley 26.522:

22. Establece que la autoridad evaluará las propuestas para licencias, considerando el arraigo y propuesta comunicacional.
23. Relevancia: El artículo 28° de la Ley 26.522 se menciona en la norma como base para la evaluación de las propuestas de uso del espectro.

24. Impacto: La norma debe considerar este criterio para garantizar que el SRCEP no afecte el pluralismo y la diversidad.

25. Artículo 45 de la Ley 26.522 (modificado por el Decreto 70/2023):

26. Establece límites a la multiplicidad de licencias para evitar monopolios.
27. Relevancia: Aunque modificado, su esencia persiste en la regulación de la concentración de medios.

28. Impacto: La norma debe garantizar que el uso del SRCEP no genere concentración de poder en manos de actores privados.

29. Artículo 47 de la Ley 26.522:

30. La autoridad debe evaluar periódicamente las reglas de multiplicidad de licencias.
31. Relevancia: La norma debe considerar este artículo para evaluar el impacto del SRCEP en la regulación del espectro.

32. Impacto: La norma debe incluir criterios técnicos y de coexistencia.

33. Artículo 7° de la Ley 27.078:

34. Establece que el espectro es un recurso público, cuya administración debe ser eficiente, equitativa y conforme a normas internacionales.
35. Relevancia: Refuerza la autoridad de ENACOM para autorizar el uso del espectro.

36. Impacto: La norma se fundamenta en este artículo, al autorizar el uso del espectro para el SRCEP.

37. Artículo 12° de la Ley 27.078:

38. Establece las funciones de la Autoridad de Aplicación (ENACOM), incluyendo la regulación técnica y la evaluación de proyectos.
39. Relevancia: Justifica la intervención de ENACOM para autorizar el uso del SRCEP y establecer requisitos técnicos.
40. Impacto: La norma se fundamenta en el artículo 12°, al establecer condiciones técnicas para la operación del SRCEP.

III. Efectos de la nueva norma sobre las anteriores
La Resolución N° 2025-928-APN-ENACOM#JGM modifica y amplía la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la utilización de bandas de frecuencias para sistemas privados. A continuación, se detallan las principales modificaciones:

1. Modificación del punto 3.5 del Anexo I de la Resolución N° 31/2011:
2. Se establece una distancia mínima de 136 km entre Estaciones Radioeléctricas Centrales (ERC) de distintos usuarios en isocanal, en la banda de 420 MHz.
3. Efecto: Refuerza la coexistencia técnica entre el SRCEP y el SRCE, evitando interferencias.

4. Impacto: La norma modifica la normativa técnica vigente, para garantizar la operación segura del SRCEP.

5. Autorización del uso de bandas de frecuencias 414-415 MHz y 424-425 MHz:

6. Se autoriza el uso de estas bandas para el SRCEP, en zonas donde sea técnicamente viable.
7. Efecto: Amplía el uso del espectro para aplicaciones privadas, en consonancia con la política estatal de fomentar tecnologías de telecomunicaciones.

8. Impacto: La norma se inserta en el marco de la Ley 26.522 y la Ley 27.078, al promover el uso eficiente del espectro.

9. Cumplimiento de los requisitos técnicos:

10. Los usuarios del SRCEP deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución N° 31/2011 y sus modificaciones.
11. Efecto: Refuerza la regulación técnica y la coexistencia con otros servicios.
12. Impacto: La norma se alinea con los principios de eficiencia y coexistencia.

IV. Derechos afectados por la nueva norma
La Resolución N° 2025-928-APN-ENACOM#JGM puede afectar derechos fundamentales, especialmente en el ámbito de la libertad de comunicación, derecho a la información, pluralismo informativo, y derecho a la igualdad de acceso a las tecnologías.

1. Derecho a la información:
2. La autorización del SRCEP podría limitar el acceso equitativo a las tecnologías de comunicación, especialmente en zonas donde se implemente el sistema.

3. Riesgo: Si el SRCEP no se regula con criterios de equidad, podría generar desigualdades en el acceso a la información.

4. Pluralismo informativo:

5. La norma no menciona explícitamente cómo se garantizará el pluralismo en el uso del espectro.

6. Riesgo: La autorización del SRCEP sin un marco claro de diversidad podría favorecer a actores privados, afectando el pluralismo.

7. Derecho a la igualdad de acceso a las tecnologías:

8. La norma no establece mecanismos para garantizar que el SRCEP no afecte el acceso a las tecnologías en zonas de baja cobertura.
9. Riesgo: Si no se considera el impacto en zonas rurales, podría generar brechas digitales.

V. Irregularidades y posibles abusos
Aunque la norma se fundamenta en normas vigentes, existen aspectos que podrían considerarse irregulares o posibles abusos:

1. Falta de transparencia en la evaluación de proyectos:
2. La norma no menciona cómo se evalúan los proyectos de uso del espectro, lo que podría dar lugar a decisiones subjetivas.

3. Riesgo: La falta de transparencia podría generar arbitrariedades en la asignación de frecuencias.

4. Falta de mecanismos de participación ciudadana:

5. La norma no menciona la participación de la sociedad en la evaluación de los proyectos de uso del espectro.

6. Riesgo: La ausencia de participación ciudadana podría afectar el principio de transparencia y participación.

7. Falta de mecanismos de control y fiscalización:

8. La norma no establece cómo se controlará el cumplimiento de los requisitos técnicos y de coexistencia.

9. Riesgo: La ausencia de mecanismos de control podría permitir el incumplimiento de las condiciones de uso del espectro.

10. Falta de criterios claros para la coexistencia:

11. Aunque se menciona la coexistencia con asignaciones vigentes del SRCE, no se detallan criterios claros para garantizarla.
12. Riesgo: La falta de criterios podría generar conflictos entre usuarios del espectro.

VI. Conclusión
La Resolución N° 2025-928-APN-ENACOM#JGM se fundamenta en el marco legal establecido por la Ley 26.522, la Ley 27.078, y el Decreto 267/2015, al autorizar el uso de bandas de frecuencias para el SRCEP. Sin embargo, aunque la norma se presenta como una medida técnica y de fomento de las tecnologías, su implementación puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la información, el pluralismo informativo y la igualdad de acceso a las tecnologías, si no se establecen mecanismos claros de regulación, control y participación ciudadana.
La norma también presenta irregularidades en cuanto a la transparencia, la participación ciudadana y la fiscalización, lo que puede dar lugar a abusos en la asignación de frecuencias. Por lo tanto, es fundamental que ENACOM establezca criterios claros y transparentes para garantizar que el uso del espectro sea equitativo, eficiente y en consonancia con los principios constitucionales y legales vigentes.

Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2025

VISTO el EX-2025-49621563-APN-SDYME#ENACOM, la Ley N° 27.078, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, Nº 89 de fecha 26 de enero de 2024 y N° 675 de fecha 29 de julio de 2024, la Resolución N° 31 de fecha 14 de febrero de 2011 y la Resolución N° 8 de fecha 29 de enero de 2015, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES entonces dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 848 de fecha 20 de febrero de 2018 y la Resolución N° 682 de fecha 11 de mayo de 2023, ambas del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el IF-2025-65070008-APN-DNPYC#ENACOM, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que a través del Decreto Nº 89 de fecha 26 de enero de 2024 se dispuso la intervención de este ENACOM, en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días y a través del Decreto N° 675 de fecha 29 de julio de 2024 se prorrogó el mismo y, se designó Interventor, otorgándole las facultades establecidas para la Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y Nº 26.522 y sus respectivas modificatorias, especialmente las asignadas al Directorio y las establecidas en el decreto aludido.

Que, conforme al Artículo 26 de la Ley N° 27.078, el espectro radioeléctrico es un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del ESTADO NACIONAL.

Que es competencia de este Ente la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo que establece la Ley N° 27.078, la reglamentación que en consecuencia se dicte, las normas internacionales, y aquellas dictadas por las Conferencias Mundiales y Regionales en la materia a la que la REPÚBLICA ARGENTINA adhiera.

Que el Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, aprobado como Anexo I de la Resolución N° 682 de fecha 11 de mayo de 2023 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, establece los principios y disposiciones que regirán la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico.

Que asimismo, dicho Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico establece que, como resultado de la planificación del espectro, y con los alcances en él fijados, la Autoridad de Aplicación determinará e implementará la canalización según el servicio correspondiente.

Que es política de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES promover el desarrollo de las nuevas aplicaciones de las telecomunicaciones que surgen de los adelantos tecnológicos, en la medida que el comportamiento radioeléctrico de los equipos involucrados cumpla con los requerimientos necesarios para preservar el uso eficiente del espectro, entre otros aspectos.

Que la gestión del espectro radioeléctrico posee como objetivo alcanzar la mayor eficiencia posible en su uso, concepto que implica, entre otros aspectos, que el espectro radioeléctrico sea utilizado de manera tal que favorezca el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, permitiendo el acceso a todos los usuarios a los mismos y con la misma calidad.

Que se ha recibido en este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES una solicitud de asignación de canales para el despliegue privado de un sistema troncalizado de radiocomunicaciones con terminales móviles y portátiles, en la banda de frecuencias 414-424 MHz, para un proyecto minero en zona cordillerana.

Que la Resolución N° 31, de fecha 14 de febrero de 2011, de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, aprobó, como Anexo I, el REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES, PARA EL SERVICIO RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES (SRCE), EL SISTEMA RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES DE USO PRIVADO (SRCEP) Y EL SISTEMA RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES DE USO OFICIAL (SRCEO).

Que el sistema radioeléctrico que el solicitante pretende desplegar puede ser encuadrado dentro del SISTEMA RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES DE USO PRIVADO (SRCEP), definido como el “Conjunto de estaciones formadas por la o las ERC y las estaciones de corresponsal pertenecientes a un mismo titular, que utiliza un sistema de esta naturaleza como complemento de su actividad específica, no existiendo terceros abonados”.

Que las bandas de frecuencias comprendidas entre 414 y 415 MHz, y entre 424 y 425 MHz, poseen atribución al servicio Móvil, con categoría primaria.

Que la Resolución N° 848, de fecha 20 de febrero de 2018, del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, sustituyó la distribución de canales para el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) que obra en el ANEXO I de la Resolución N° 8 de fecha 29 de enero de 2015 del Registro de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES entonces dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, por la distribución de canales que consta en el ANEXO “Distribución de canales para el SRCE dentro del rango 414 a 424 MHz.” registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2018-03083664-APN-DNPYC#ENACOM, el que forma en un todo parte integrante de la citada Resolución.

Que dicha distribución de canales consta de 40 portadoras comprendidas entre 414,0125 MHz y 414,9875 MHz para los enlaces de IDA, formando pares con 40 portadoras comprendidas entre 424,0125 MHz y 424,9875 MHz para los enlaces de VUELTA.

Que es política del Estado Nacional impulsar medidas que tiendan a desarrollar actividades de exploración de los recursos naturales del país, brindando herramientas que permitan implementar sistemas de comunicaciones que complementen actividades tales como la minería y la explotación petrolífera, entre otras.

Que las tecnologías de radiocomunicaciones troncalizadas de voz y datos en la banda de frecuencias en trato encuentran su aplicación en otros países de nuestra Región en aplicaciones de seguridad pública y privada, fuerzas policiales, bomberos y servicios de emergencia, misión crítica, minería, petróleo y gas, entre otras.

Que a modo de antecedentes regionales, estas tecnologías se utilizan tanto en el ámbito de las aplicaciones de seguridad pública como de la explotación minera y petrolera en Argentina, Brasil, México, Chile y Perú.

Que en los últimos años la demanda del SERVICIO RADIOELÉCTRICO DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES (SRCE) de uso comercial ha sufrido una merma en virtud de los avances alcanzados por los Servicios de Comunicaciones Móviles.

Que por lo expuesto, se considera oportuno extender la utilización de la distribución de canales aprobada por el Anexo IF-2018-03083664-APN-DNPYC#ENACOM de la Resolución ENACOM N° 848/2018, para la operación del SISTEMA RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES DE USO PRIVADO (SRCEP) en aquellas localidades y emplazamientos geográficos donde la disponibilidad espectral y la coexistencia con las asignaciones vigentes del SERVICIO RADIOELÉCTRICO DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES (SRCE) así lo permitan.

Que a los efectos de asegurar la coexistencia entre las asignaciones del SRCE y/o del SRCEP, resulta necesario establecer la separación mínima entre Estaciones Radioeléctricas Centrales (ERC) de distintos usuarios que operen en isocanal en la banda de frecuencias objeto de la presente resolución.

Que a tal efecto se ha verificado, bajo ciertas condiciones técnicas de operación, la factibilidad de mantener una distancia de separación mínima de 136 km en la banda genérica de 420 MHz.

Que han tomado debida intervención las áreas técnicas competentes de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que se ha dado intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS, en su carácter de servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Organismo.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 267, del 29 de diciembre de 2015; Nº 89, del 26 de enero de 2024, y N° 675, del 29 de julio de 2024.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- INCORPÓRESE la utilización de las bandas de frecuencias comprendidas entre 414 y 415 MHz, y entre 424 y 425 MHz, para la operación del SISTEMA RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES DE USO PRIVADO (SRCEP) en aquellas localidades y emplazamientos geográficos donde la disponibilidad espectral y la coexistencia con las asignaciones vigentes del SERVICIO RADIOELÉCTRICO DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES (SRCE) así lo permitan.

ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE que los sistemas de uso privado a los que refiere el ARTÍCULO 1° utilizarán la disposición de canales contenida en el Anexo IF-2018-03083664-APN-DNPYC#ENACOM de la Resolución N° 848, de fecha 20 de febrero de 2018, del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 3°.- MODIFÍCASE el punto 3.5. del Anexo I de la Resolución N° 31, de fecha 14 de febrero de 2011, de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “3.5. Salvo excepciones debidas a las características geográficas de cada región, la separación mínima entre ERC de distintos usuarios que operen en isocanal en las bandas genéricas de 420 u 800 MHz será de 136 y 110 kilómetros respectivamente. La señal de dichas estaciones no deberá exceder los 40 dBu en el contorno de un área de 30 kilómetros de radio alrededor de las mismas.”

ARTÍCULO 4°.- Los usuarios del SRCEP en las bandas de frecuencias establecidas en el Artículo 1° de la presente, deberán cumplimentar todos los requisitos dispuestos en la Resolución N° 31, de fecha 14 de febrero de 2011, de la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.

Juan Martin Ozores

e. 19/06/2025 N° 42206/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 24076
    infoleg 475
• Decretos:
  • 1738/1992
    infoleg 10239
  • 55/2023
    infoleg 378899
    infoleg 395394
  • 1023/2024
    infoleg 406373
  • 370/2025

Análisis Legal de la RESOL-2025-398-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

La resolución del Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) que aprueba la implementación del sistema de credenciales digitales para el personal auditor se fundamenta en los dispositivos legales mencionados en el contexto proporcionado. A continuación, se detalla su análisis jurídico, su relación con normas anteriores y posibles implicaciones.

1. Fundamento Legal de la Norma

La resolución se sustenta en los siguientes artículos de la Ley 24.076 y de los Decretos 1738/92 y 1023/2024:
- Artículo 51 de la Ley 24.076:
- Establece que el ENARGAS goza de autarquía y plena capacidad jurídica para actuar en ámbitos públicos y privados.
- Relevancia: Justifica la autonomía del ENARGAS para diseñar y aprobar sistemas internos, como las credenciales digitales, sin interferencias externas.
- Artículo 52, inciso x) de la Ley 24.076:
- Faculta al ENARGAS a realizar todo acto necesario para el cumplimiento de sus funciones.
- Relevancia: El sistema de credenciales digitales se considera un acto esencial para modernizar procesos y garantizar seguridad.
- Artículo 59, incisos d) y h) de la Ley 24.076:
- Permite al ENARGAS contratar y remover personal, así como realizar actos necesarios para cumplir sus funciones.
- Relevancia: Soporta la gestión interna del personal encargado del sistema y la flexibilidad para adaptar mecanismos de identificación.
- Decreto 1023/2024:
- Prorroga la emergencia del Sector Energético Nacional, lo que justifica medidas de flexibilidad y continuidad en la regulación.
- Relevancia: Facilita la implementación de tecnologías digitales para optimizar procesos en el marco de la emergencia.

Conclusión: La norma se enmarca en los poderes de autonomía y gestión otorgados al ENARGAS por la Ley 24.076 y los decretos reglamentarios, lo que le otorga legitimidad y viabilidad jurídica.

2. Relación con Normas Anteriores

La resolución no contradice normas anteriores, sino que se fundamenta en ellas para modernizar procesos:
- Decreto 1738/1992:
- Establece la autonomía del ENARGAS y su capacidad para actuar en su ámbito regulatorio.
- Conexión: La implementación de credenciales digitales se alinea con la flexibilidad institucional prevista en este decreto.
- Decreto 55/2023:
- Establece la emergencia energética, lo que justifica la necesidad de eficiencia y modernización.
- Conexión: La digitalización de credenciales responde a la necesidad de optimizar recursos en un contexto de crisis.

Conclusión: La norma refuerza y actualiza el marco regulatorio existente, sin alterar su esencia.

3. Derechos Afectados y Posibles Irregularidades

La implementación de credenciales digitales podría afectar derechos y generar riesgos, según el contexto proporcionado:
- Derecho a la privacidad:
- La digitalización de credenciales implica el manejo de datos personales, lo que podría afectar el derecho a la privacidad si no se cumplen normas de protección de datos.
- Nota: El contexto no menciona medidas específicas para garantizar esta protección, lo que podría ser un punto crítico.
- Riesgos de suplantación de identidad:
- La resolución menciona la necesidad de mecanismos de seguridad robustos para mitigar el riesgo de falsificación, lo que refleja una preocupación legítima.
- Acceso y equidad:
- Si el sistema no considera a personal con limitaciones tecnológicas, podría generar discriminación indirecta, aunque el contexto no aborda este aspecto.

Conclusión: Aunque la norma menciona medidas de seguridad, no se especifican garantías adicionales para derechos como la privacidad o la equidad, lo que podría generar riesgos legales si no se complementan con normas de protección de datos.

4. Posibles Abusos o Inconsistencias

• Exceso de autonomía:
• La autonomía del ENARGAS, respaldada por el Artículo 51 de la Ley 24.076, podría ser cuestionada si se interpreta de manera excesiva, aunque el contexto no señala irregularidades.
• Falta de transparencia:
• La resolución no detalla cómo se garantizará la transparencia en la gestión del sistema de credenciales, lo que podría generar dudas sobre su control.
• Dependencia de tecnologías externas:
• Si el sistema requiere de plataformas externas, podría haber riesgos de dependencia o vulnerabilidades, aunque el contexto no menciona este punto.

Conclusión: Los riesgos mencionados son hipotéticos y no se fundamentan en el contexto proporcionado. Sin embargo, la ausencia de detalles sobre medidas de seguridad y transparencia podría generar vacíos legales.

5. Conclusión General

La RESOL-2025-398-APN-DIRECTORIO#ENARGAS es jurídicamente válida y funcionalmente justificada en el marco de los poderes otorgados al ENARGAS por la Ley 24.076 y los decretos reglamentarios. Su implementación busca modernizar procesos, reducir costos y fortalecer la seguridad institucional, lo que se alinea con los objetivos de eficiencia y transparencia mencionados en el contexto.

No obstante, es necesario complementar la norma con medidas específicas para garantizar el derecho a la privacidad, la equidad y la transparencia, especialmente en la gestión de datos personales y en la accesibilidad del sistema.

Referencias clave citadas:
- Ley 24.076 (Artículos 51, 52, 59).
- Decreto 1023/2024 (prórroga de la emergencia energética).
- Decreto 1738/1992 (autonomía del ENARGAS).

Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-56459651- -APN-GTIC#ENARGAS, la Ley Nº 24.076, el Decreto N° 1738/92, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 24.076 establece en su Artículo 51 que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) goza de autarquía y posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.

Que el Artículo 52, inciso x) del citado texto legal, faculta al ENARGAS a realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de la Ley y su reglamentación.

Que asimismo, el Artículo 59, inciso d) de dicha Ley determina como función de su Máxima Autoridad, la de contratar y remover personal del Ente, fijándole sus funciones y condiciones de empleo; a su vez, el inciso h) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ente y los objetivos de la Ley.

Que en este contexto, a través del Memorándum N° ME-2025-56098604-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 26 de mayo de 2025, se requirió el desarrollo de un sistema de credenciales digitales para la identificación del personal auditor del ENARGAS ante entidades externas, contemplando mecanismos de seguridad robustos que mitiguen el riesgo de suplantación de identidad por alteración o falsificación del medio digital, y diseñado con criterios de escalabilidad, a fin de permitir su eventual implementación para el conjunto del personal del Organismo.

Que ello, con el propósito de modernizar los mecanismos de identificación institucional, reducir tiempos administrativos, optimizar el uso de recursos y fortalecer los estándares de seguridad.

Que cabe señalar que, a la fecha, este Organismo utiliza un sistema manual para la emisión de credenciales físicas para el personal auditor, y que si bien ese sistema es funcional, implica un circuito extenso con múltiples etapas.

Que a su vez, el proceso completo, incluyendo los envíos, puede demorar hasta tres semanas. Además, las pérdidas de credenciales o el ingreso de nuevo personal requieren repetir este circuito varias veces al año, incrementando los costos y la carga administrativa.

Que, cabe destacar que ese sistema evidenció limitaciones en tres ejes: económico, operativo y de seguridad.

Que es por ello que, ante esta situación, en línea con los avances en materia de digitalización documental y con el propósito de modernizar los mecanismos de identificación institucional, reducir tiempos administrativos, optimizar el uso de recursos y fortalecer los estándares de seguridad, se diseñó un sistema de credenciales digitales para el personal auditor, con posibilidad de extensión a otros perfiles en el futuro.

Que, la implementación de credenciales digitales permitirá, entre otras cuestiones, modernizar los procesos administrativos, reducir tiempos y riesgos de falsificación, disminuir costos y posicionar al Organismo a la vanguardia en soluciones de identificación tecnológica.

Que por último, a fin de garantizar una adecuada comprensión y utilización del sistema, se desarrollaron los manuales para:

· Uso interno de la aplicación miEnargas: Dirigido al personal del Organismo, brinda instrucciones para la descarga, registro, validación y visualización de la credencial digital, incluyendo detalles sobre su contenido y recomendaciones de seguridad.

· Uso externo de la aplicación ValidAR: Orientado a terceros ajenos al Organismo, explica cómo verificar la autenticidad de una credencial digital mediante la aplicación ValidAR.

Que tal como se ha indicado precedentemente, esta medida significa un avance sustancial en términos de modernización administrativa, eficiencia operativa y seguridad institucional.

Que, el Ente Nacional Regulador del Gas no debe permanecer indiferente a los cambios ante la dinámica, exigencias y tecnologías existentes, a fin de optimizar su funcionamiento, para el adecuado cumplimiento de las facultades conferidas por la Ley N° 24.076.

Que el Servicio Jurídico Permanente de esta Autoridad Regulatoria ha tomado la intervención que le corresponde.

Que el presente acto se dicta conforme las facultades otorgadas por el Artículo 52, incisos x) y Artículo 59, incisos d) y h) de la Ley N° 24.076, los Decretos DNU N° 55/2023, N° 1023/2024 y N° 370/2025, y la Resolución N° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la implementación del sistema de credenciales digitales para el personal de este Organismo.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Manual de Uso “ValidAR credencial” que como Anexo (IF-2025-63029491-APN-GTIC#ENARGAS) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Manual de Uso “MiEnargas” que como Anexo (IF-2025-63023221-APN-GTIC#ENARGAS) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°-. Comunicar, publicar, registrar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente, archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42251/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 17741
    infoleg 17938
• Decretos:
  • 1536/2002
    infoleg 77009
  • 202/2024
    infoleg 396961
  • 662/2024
    infoleg 401988
  • 545/2024
    infoleg 400858

Análisis Legal de la RESOL-2025-445-APN-INCAA#SC

La RESOL-2025-445-APN-INCAA#SC modifica los requisitos para acceder a los subsidios por otras formas de exhibición del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con especial énfasis en la diferenciación entre películas de género documental y de ficción/animación. A continuación, se analizan sus implicaciones legales, su relación con normas anteriores y posibles impactos en derechos y procedimientos.

1. Modificaciones en los Requisitos para Subsidios

La norma introduce cambios significativos en los requisitos de estreno en salas y acreditación de audiencia mínima para acceder a subsidios por otras formas de exhibición:

• Películas de ficción/animación:
• Requieren 14 funciones en 45 días (CABA) o 14 funciones en 45 días (resto del país).

• Audiencia mínima: 10.000 espectadores en otras formas de exhibición.

• Películas documentales:

• Requieren 7 funciones en 60 días (CABA) o 7 funciones en 60 días (resto del país).
• Audiencia mínima: 5.000 espectadores en otras formas de exhibición.

Relación con normas anteriores:
- La Resolución INCAA N° 545/2024 y la Resolución N° 1102/2018 establecían requisitos basados en días de estreno consecutivos y audiencias mínimas más elevadas.
- La nueva norma cambia el enfoque de "días" a "funciones" y reduce la audiencia mínima para documentales, justificando la medida por la menor subvención aplicable a este género (50% del monto para ficción).

2. Fundamento Legal y Vinculación con Normas Anteriores

• Base legal: La norma se fundamenta en la Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificaciones, el Decreto 662/2024 (que limita el uso del Fondo de Fomento Cinematográfico) y el Decreto 202/2024 (que designa al Presidente del INCAA).
• Conexión con el Decreto 662/2024:
• El Artículo 24° (inciso a) del Decreto 662/2024 limita el uso del FFC a no más del 20% para gastos no cinematográficos, lo que se alinea con la reducción de requisitos para subsidios en la nueva norma.
• La diferenciación entre géneros (documental vs. ficción) refleja el objetivo de adaptar los mecanismos de subvención a las realidades del mercado, como se menciona en el contexto.

3. Derechos Afectados y Posibles Irregularidades

• Derecho a la igualdad (Artículo 16 de la Constitución Nacional):

• La norma distingue entre géneros cinematográficos, lo que podría ser cuestionado si se considera discriminación injusta. Sin embargo, el contexto justifica la medida por la diferente subvención aplicable (50% para documentales), lo que podría argumentarse como una diferenciación razonable.

• Derecho a la libertad de expresión (Artículo 14 de la Constitución Nacional):

• La regulación de subsidios no afecta directamente este derecho, pero su aplicación podría generar incentivos distorsionados si se prioriza la obtención de subvenciones sobre la calidad artística o cultural.

• Posibles irregularidades:

• Falta de claridad en la definición de "funciones": Si no se especifica cómo se cuentan las funciones (ej.: por sala, por horario), podría generar ambigüedades en la aplicación.
• Riesgo de abuso en la acreditación de audiencia:
  • La posibilidad de presentar contratos certificados en lugar de visualizaciones (views) podría permitir sobreestimaciones de audiencia, especialmente si los medios de exhibición no supervisan rigurosamente los datos.
• Inflexibilidad en el plazo de estreno:
  • La extensión de 60 días para documentales (vs. 45 días para ficción) podría facilitar retardos en la difusión de películas, afectando su visibilidad en el mercado.

4. Impacto en Procedimientos y Transparencia

• Flujograma actualizado (Artículo 3):
• La norma sustituye el flujograma de la Resolución 545/2024, lo que implica una actualización de los trámites para acceder a subsidios. Esta modificación debe garantizar transparencia y claridad en los pasos a seguir.
• Publicación en la web del INCAA (Artículo 4):
• La obligación de publicar la norma en la página web del INCAA refuerza la transparencia, pero no garantiza que los productores tengan acceso a la información o que se respeten los plazos de implementación.

5. Evaluación de la Nuevas Reglas

• Ventajas:
• Adaptación a nuevas tecnologías: La flexibilidad en el número de funciones y plazos responde a los hábitos de consumo actualizados (ej.: streaming, exhibiciones no convencionales).

• Reducción de barreras para documentales: La menor exigencia de audiencia y plazo de estreno puede fomentar la producción de películas documentales, que suelen tener menores presupuestos.

• Riesgos:

• Posible desvío de recursos: Si los documentales se subvencionan con menos exigencia, podría haber incentivos para producir obras de menor calidad.
• Inequidad en la distribución de subsidios: La subvención del 50% para documentales, combinada con requisitos más bajos, podría generar desigualdades en la distribución de fondos.

Conclusión

La RESOL-2025-445-APN-INCAA#SC actualiza los requisitos para subsidios por otras formas de exhibición, adaptándose a las realidades del mercado y las nuevas tecnologías. Aunque su base legal es sólida, su aplicación requiere vigilancia para evitar irregularidades (ej.: sobreestimación de audiencia, falta de transparencia en el cálculo de funciones). La distinción entre géneros, aunque justificada por la subvención diferenciada, debe ser evaluada periódicamente para garantizar que no genere discriminación injusta o desviaciones en el uso de recursos.

Recomendaciones:
- Establecer criterios claros para definir "funciones" y "audiencia mínima".
- Implementar mecanismos de auditoría para verificar la acreditación de audiencia.
- Evaluar periódicamente la efectividad de los requisitos para asegurar que promuevan la producción cinematográfica sin comprometer la calidad o la equidad.

Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-50326786-APN-SGTYC#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, N° 202 de fecha 28 de febrero de 2024 y N° 662 de fecha 23 de julio de 2024 y las Resoluciones INCAA N° 1102 de fecha 17 de julio de 2018 y sus modificatorias, Nº 485 de fecha 9 de mayo de 2022 y modificatorias y Nº 545 de fecha 22 de agosto de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la República, y en el exterior, en cuanto se refiere a la cinematografía nacional.

Que, asimismo, la norma establece el otorgamiento de subsidios a la exhibición por sala y subsidios por otras formas de exhibición.

Que la condición para acceder a ambos subsidios es la exhibición en sala cinematográfica.

Que conforme el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley N° 17741 (t.o Decreto N° 1248/01) y sus modificatorias el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES dictará además normas reglamentarias referentes al otorgamiento y formas de pago de los subsidios relacionados a las otras formas de exhibición.

Que mediante la Resolución INCAA N° 1102/2018 y sus modificatorias se establecieron los requisitos para acceder a los subsidios por medios electrónicos de las PRODUCCIONES DE PELÍCULAS NACIONALES DE AUDIENCIA MEDIA.

Que a través de la Resolución INCAA N° 545/2024 se aprobó el procedimiento y los requisitos para acceder a los subsidios por otras formas de exhibición y el correspondiente flujograma.

Que la denominación “otras formas de exhibición y medios electrónicos” refieren a un mismo subsidio.

Que para el acceso al subsidio a la exhibición en sala se debe tener en cuenta el producido bruto de boletería.

Que para el acceso al subsidio de “otras formas de exhibición” debe tenerse en cuenta la intensidad de la audiencia en los otros medios o formas de exhibición.

Que atento los tiempos necesarios para la producción audiovisual y la captación de inversiones para la realización de un proyecto resulta necesario establecer una diferenciación en las películas de género documental con respecto a las películas de ficción o animación en cuanto a: (i) estreno en salas cinematográficas comerciales y (ii) acreditación de audiencia mínima de espectadores en las otras formas de exhibición.

Que en el caso del género documental resulta menester reducir de DIEZ MIL (10.000) a CINCO MIL (5.000) la acreditación de audiencia mínima exigida en las otras formas de exhibición, toda vez que, para dicho género el tope de los subsidios aplicables por otras formas de exhibición equivale al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del previsto para las obras del género de ficción de audiencia media.

Que la normativa citada establece los requisitos necesarios para acreditar el estreno en salas cinematográficas, los cuales no responden a las nuevas formas de programar de los complejos cinematográficos y mucho menos a los hábitos de consumo de los espectadores y no contribuye a un resultado eficiente para la exhibición y captación de mayores audiencias.

Que plantear una reglamentación de estreno en salas cinematográficas que se rija por cantidad de funciones en un plazo de tiempo determinado, y no por días y pasadas consecutivas, resulta necesario para responder a los tiempos que corren y a los consumos actuales.

Que, asimismo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías que complementan el consumo de cine en salas cinematográficas, una ventana de exhibición más extensa otorga mayor posibilidad de permanencia de las películas en las salas permitiendo trabajar mejor la estrategia de difusión y la optimización en captación de espectadores.

Que, asimismo, corresponde aprobar un nuevo flujograma de procedimiento y requisitos para acceder a los subsidios por otras formas de exhibición.

Que la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, la SUBGERENCIA DE EXHIBICIÓN Y FISCALIZACIÓN, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES y la GERENCIA GENERAL han tomado la intervención de competencia.

Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y el Decreto N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el punto 2. del Anexo V identificado como IF-2024-90166572-APN-GPP#INCAA de la Resolución INCAA N° 545/2024, el que quedará redactado de la siguiente forma:

2. - Para devengar los subsidios por otras formas de exhibición Fijo, el Productor deberá:

A. Películas de ficción o animación:

(i) estrenar la película en sala cinematográfica comercial acreditando:

a) En CABA, CATORCE (14) funciones en un plazo de 45 días desde el día del estreno y

b) En el RESTO DEL PAÍS, CATORCE (14) funciones en un plazo de 45 días desde el día del estreno.

(ii) declarar las otras formas de exhibición en las que se reproducirá la película; y

(iii) acreditar una audiencia mínima de DIEZ MIL (10.000) espectadores en las otras formas de exhibición declarados. Para acreditar la audiencia en las otras formas de exhibición, el Productor podrá presentar, por la plataforma INCAA en Línea:

a) las visualizaciones (views) mediante certificación fehaciente extendida por la/s Plataforma/s de exhibición de que se trate o

b) copia certificada del contrato entre el Productor y eI/los medios de exhibición.

En este último caso, para la acreditación de la audiencia mínima establecida en el párrafo anterior, se dividirá el monto del contrato por el valor de la entrada promedio publicada por el INCAA en su Página Web.

B. Películas de género documental: (i) estrenar la película en sala cinematográfica comercial acreditando:

a) En CABA, SIETE (7) funciones en un plazo de 60 días desde el día del estreno y

b) En el RESTO DEL PAÍS, SIETE (7) funciones en un plazo de 60 días desde el día del estreno.

(ii) declarar las otras formas de exhibición en los que se reproducirá la película; y

(iii) acreditar una audiencia mínima de CINCO MIL (5.000) espectadores en las otras formas de exhibición declaradas.

Para acreditar la audiencia en las otras formas de exhibición, el Productor podrá presentar por la plataforma INCAA en Línea:

a) las visualizaciones (views) mediante certificación fehaciente extendida por la/s Plataforma/s de exhibición de que se trate o

b) copia certificada del contrato entre el Productor y el/los medios de exhibición a que se refieran las otras formas de exhibición.

En este último caso, para la acreditación de la audiencia mínima establecida en el párrafo anterior, se dividirá el monto del contrato por el valor de la entrada promedio publicada por el INCAA en su Página Web.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el punto 1 del Artículo N° 26 de la Resolución INCAA N° 1102/2018 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

1- Para devengar los subsidios por otras formas de exhibición Fijo, el Productor deberá:

A. Películas de ficción o animación: estrenar la película en sala cinematográfica comercial acreditando:

a) En CABA, CATORCE (14) funciones en un plazo de 45 días desde el día del estreno y

b) En el RESTO DEL PAÍS, CATORCE (14) funciones en un plazo de 45 días desde el día del estreno.

B. Películas de género documental: estrenar la película en sala cinematográfica comercial acreditando:

a) En CABA, SIETE (7) funciones en un plazo de 60 días desde el día del estreno y

b) En el RESTO DEL PAÍS, SIETE (7) funciones en un plazo de 60 días desde el día del estreno.

ARTÍCULO 3°.- Sustituir el flujograma Anexo VI identificado como IF-2024-90166866-APN-GPP#INCAA de la Resolución INCAA N° 545/2024, por el IF-2025-60124624-APN-SGP#INCAA el cual forma parte integrante de la presente y de la Resolución INCAA N° 545/2024.

ARTÍCULO 4°.- Publicar en la página web del INCAA http://www.incaa.gob.ar.

ARTÍCULO 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.

Carlos Luis Pirovano

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42185/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 27742
    infoleg 401266
• Decretos:
  • 1968/2015
    infoleg 252813
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la RESOL-2025-267-APN-SE#MEC

1. Fundamento Jurídico de la Resolución

La RESOL-2025-267-APN-SE#MEC se fundamenta en los siguientes marcos normativos:
- Decreto 50/2019 (Artículo 9 del Anexo II):
- Facultad del Poder Ejecutivo para terminar contratos en casos de inutilidad, falta de financiamiento o finalización del objeto del contrato.
- Cláusula 5.2.1 del Pliego de la contratación (PLIEG-2023-124919687-APN-DGPYPSYE#MEC):
- Permite la terminación por conveniencia de la contratante cuando el proyecto se torna "abstracto" por falta de financiamiento y finalización del proyecto.
- Ley 27.742 (Emergencia Pública):
- Delega al Poder Ejecutivo facultades para modificar o terminar contratos en situaciones de emergencia o inutilidad.
- Ley de Bases y Puntos de Partida:
- Establece el marco general para la gestión de contratos públicos, incluyendo la posibilidad de terminación por causas legales.

Conclusión: La resolución se sustenta en bases legales vigentes, con la finalidad de evitar gastos innecesarios y garantizar la eficiencia en la gestión pública.

2. Relación con Normas Anteriores

• Decreto 50/2019 (Anexo II, Apartado IX):
• Efecto: La resolución no modifica ni derogó normas anteriores, sino que aplica facultades ya otorgadas en el marco del Decreto 50/2019, como la terminación de contratos por inutilidad.
• Resolución 945/2023:
• Efecto: La resolución no se contradice con la Resolución 945/2023, ya que la terminación se justifica por causas distintas (finalización del proyecto y falta de financiamiento).
• Ley 27.742:
• Efecto: La resolución aplica la emergencia declarada para justificar la terminación, sin alterar el marco legal previo.

Conclusión: La norma no afecta normas anteriores, sino que aplica facultades ya establecidas en el marco legal vigente.

3. Derechos Afectados

• Derecho de la Contratista (OPTARIS S.A.):
• Derecho a la ejecución del contrato según el plazo y condiciones acordadas.
• Derecho a la garantía (Póliza de Caución N° 1590380):
  • Liberación de la garantía por terminación del contrato, conforme a la cláusula 5.2.1 del Pliego.
• Derecho del Estado:
• Facultad para gestionar recursos públicos y evitar gastos innecesarios en proyectos sin financiamiento.

Conclusión: Los derechos del contratista no se ven afectados de forma irregular, ya que la terminación se justifica por causas legales y procedimientos formales.

4. Irregularidades o Abusos

• Ausencia de incumplimiento de obligaciones:
• La resolución no menciona incumplimiento de obligaciones por parte de OPTARIS S.A., sino que la terminación se debe a la finalización del proyecto y falta de financiamiento.
• Procedimiento de terminación:
• Notificación a la empresa y a la aseguradora (Artículos 2° y 3° de la resolución).
• Cumplimiento de la cláusula 5.2.1 del Pliego, que autoriza la terminación por conveniencia de la contratante.
• Falta de revisión previa:
• La resolución no menciona una evaluación previa de la viabilidad del contrato, pero la finalización del proyecto y la falta de financiamiento son causas válidas.

Conclusión: No se identifican irregularidades o abusos en la terminación, ya que se respetaron los procedimientos y se justificó con causas legales.

5. Consideraciones Finales

• Legitimidad: La resolución se fundamenta en normas vigentes (Decreto 50/2019, Ley 27.742, cláusula 5.2.1 del Pliego).
• Eficiencia: La terminación evita gastos innecesarios en un proyecto sin continuidad.
• Transparencia: Se notificó a la empresa y a la aseguradora, cumpliendo con el principio de transparencia.

Conclusión Final: La RESOL-2025-267-APN-SE#MEC es legal y procedente, ya que respetó el marco normativo y justificó la terminación por causas válidas. No se detectaron irregularidades ni abusos, ya que la acción se alinea con los principios de eficiencia y transparencia.

Nota: Para un análisis más profundo, se requeriría el texto completo del Decreto 50/2019 y la evaluación de la gestión del proyecto PERMER II.

Ciudad de Buenos Aires, 17/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2023-123851128-APN-SE#MEC, los Decretos Nros. 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 945 de fecha 16 de noviembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF, a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF).

Que por el Contrato de Préstamo 8484-AR de fecha 9 de octubre de 2015 suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BIRF, ambas partes de forma concurrente financian el Proyecto de Energías Renovables Para Zonas Rurales de Argentina (PERMER II).

Que mediante la Nota N° NO-2023-123757351-APN-SSEE#MEC de fecha 18 de octubre de 2023, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, complementada por la Nota N° NO-2023-124848855-APN-SSEE#MEC, solicitó a la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el inicio del proceso de la contratación directa para los “Servicios de Solución Informática para la gestión y el monitoreo de datos y procesos para el Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina (PERMER II) de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, en el marco del cierre del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Préstamo BIRF 8484-AR) y su continuidad a través del Proyecto de Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables (Préstamo BIRF N° 9521- AR), adjuntando las Especificaciones Técnicas (IF-2023-123745095-APN-SSEE#MEC) y el Análisis de soluciones informáticas para la gestión y el monitoreo de datos y procesos DEYEL (IF-2023-123745663-APN-SSEE#MEC).

Que a través de la Nota N° NO-2023-124007749-APN-DGPYPSYE#MEC de fecha 19 de octubre de 2023, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales solicitó a la Dirección General de Administración de Energía que le informase sobre la disponibilidad de partida presupuestaria para la respectiva contratación, la cual se realizaría bajo el Componente 3 del Préstamo BIRF 8484-AR “Respaldo para la implementación del Proyecto”, indicándose que el monto estimado ascendía a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS (USD 266.400), el cual se ejecutaría en su totalidad en el Ejercicio 2023, por el Servicio Administrativo Financiero (SAF) 328. En respuesta, la Dirección General de Administración de Energía informó mediante la Nota N° NO-2023- 125603840-APN-DGAE#MEC de fecha 23 de octubre de 2023 que de acuerdo a la información brindada por el Sistema e-SIDIF, existía crédito disponible en el Ejercicio 2023, para atender el citado gasto.

Que la documentación para llevar a cabo la Contratación directa de una Plataforma Informática de Gestión para el Proyecto y su continuidad obra incorporada a las presentes actuaciones como PLIEG-2023-124919687-APN- DGPYPSYE#MEC de fecha 27 de octubre de 2023.

Que mediante la Nota N° NO-2023-124924118-APN-DGPYPSYE#MEC de fecha 20 de octubre de 2023, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales cursó la invitación a ofertar a la firma OPTARIS S.A. para la adquisición de una “Plataforma Informática de Gestión para el Proyecto y su continuidad” en el marco del Programa (PERMER II), informando las condiciones para presentar la misma.

Que mediante la Providencia N° PV-2023-126818257-APN-SSEE#MEC de fecha 25 de octubre de 2023, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA constituyó la Comisión Evaluadora con el fin de analizar las propuestas presentadas en el proceso de cotización de referida contratación.

Que con fecha 27 de octubre de 2023 se realizó el Acto de Apertura de la Oferta para la Contratación Directa, en la cual se consignó que la empresa OPTARIS S.A. había cotizado por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (USD 266.311,32), impuestos incluidos (IF-2023-128760187-APN-DGPYPSYE#MEC).

Que con fecha 31 de octubre de 2023, se dejó constancia, mediante correos electrónicos, que no surgían objeciones por parte del Banco Mundial al “Plan de Adquisiciones enviado por la SECRETARÍA DE ENERGÍA para Argentina - P133288 - Argentina Renewable Energy for Rural Areas Project” (IF-2023-129343719-APN- DGPYPSYE#MEC).

Que, en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Informe de Evaluación de Oferta de fecha 31 de octubre de 2023, en el cual concluyó que la oferta presentada por la firma OPTARIS S.A., se ajustaba a las especificaciones y requerimientos que justificaron la selección de la Plataforma Deyel para el desarrollo de la Plataforma Informática de Gestión del Proyecto PERMER II y su continuidad, en virtud de lo cual aconsejó la adjudicación del contrato a dicha firma (IF-2023-129580066-APN-DGPYPSYE#MEC).

Que mediante el Artículo 1° de la Resolución N° 945 de fecha 16 de noviembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se aprobó el procedimiento realizado para los “Servicios de Solución Informática para la gestión y el monitoreo de datos y procesos para el Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina (PERMER II) de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA” y por su Artículo 2° adjudicó dicha contratación a la firma OPTARIS S.A. por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON 32/100 (USD 266.311,32), impuestos incluidos.

Que la firma OPTARIS S.A. presentó la Póliza de Seguro de Caución N° 1590380, emitida por la compañía de seguros ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS (USD 26.632), con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023 hasta la extinción de las obligaciones del tomador, cuyo beneficiario era la SECRETARÍA DE ENERGÍA (IF-2023-138936230-APN-DER#MEC).

Que con fecha 22 de noviembre de 2023 fue suscripto el CONVENIO DE CONTRATO entre la SECRETARÍA DE ENERGÍA y la firma OPTARIS S.A. (CONVE-2023-139689284-APN-DDYL#MEC).

Que mediante comunicación del proveedor de fecha 26 de diciembre de 2023, se adjuntó la licencia de uso del sistema y su garantía, así como también una nota confirmando la entrega y tendiente a la certificación de los Hitos Nros. 1 y 2 (IF-2023-153111096-APN-SSEE#MEC).

Que posteriormente, la referida firma remitió un nuevo correo adjuntando el documento respecto a la cesión de la licencia no exclusiva de uso local (IF-2023-153112793-APN-SSEE#MEC).

Que, mediante comunicación realizada por el proveedor, de fecha 27 de diciembre de 2023, obran como adjuntos el informe de las tareas realizadas y los entregables para el Hito N° 3 del proyecto, a la espera de la certificación por parte de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (IF-2023-153114376-APN-SSEE#MEC).

Que la contratación adjudicada a la firma OPTARIS S.A. tuvo por objeto la selección de un desarrollo de Plataforma Informática de Gestión para el Proyecto PERMER II, para el relevamiento de actividades para usos productivos, con el fin de mejorar la eficiencia energética en hogares mediante el recambio de heladeras.

Que el Proyecto PERMER II (BIRF 8484-AR) en cuyo marco se realizó la adjudicación a la firma OPTARIS S.A. mediante la Resolución N° 945/23 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, finalizó el día 31 de diciembre de 2023.

Que nunca se suscribió la adenda para la incorporación del contrato adjudicado al Contrato del Préstamo BIRF 9521-AR, denominado “Proyecto de energía limpia para hogares y comunidades vulnerables”, debido a que el programa de recambio de equipos de refrigeración no fue implementado y fue discontinuado por esta Secretaría.

Que, en ese contexto el contrato adjudicado entre la firma OPTARIS S.A. y la SECRETARÍA DE ENERGÍA no contaba con otra fuente de financiamiento más que la del Préstamo BIRF 8484-AR, ya finalizado lo que obsta a su continuación, tornándose abstracto el objeto de la contratación.

Que por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL facultades vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, con arreglo a las bases allí establecidas y por el plazo indicado y se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer la eliminación de contrataciones cuyo mantenimiento resulte innecesario.

Que en virtud de haberse tornado abstracto continuar con la contratación a raíz de que el desarrollo informático no cumple una finalidad necesaria y no cuenta con financiamiento actual, corresponde dar por terminada por conveniencia de la contratante, la contratación directa adjudicada a la firma OPTARIS S.A., mediante la Resolución N° 945/23 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

Que, en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula 5.2.1. del Punto D “Condiciones del Contrato” del Pliego (PLIEG-2023-124919687-APN-DGPYPSYE#MEC), se notificó a la firma contratista OPTARIS S.A. la terminación por conveniencia de la contratación directa a partir del 31 de diciembre de 2023, y adicionalmente se notificó a la Compañía ASEGURADORA DE CREDITOS Y CAUCIONES S.A., con el fin de la liberación, por baja, de la garantía constituida por la firma OPTARIS S.A. mediante la Póliza de Seguro de Caución N° 1590380, cuyo beneficiario era la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA (NO-2025-61390975-APN-SSTYPE#MEC).

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades conferidas en el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la terminación por conveniencia, a partir del 31 de diciembre de 2023, de la contratación directa adjudicada a la firma OPTARIS S.A. mediante la Resolución N° 945 de fecha 16 de noviembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para la provisión de “Servicios de Solución Informática para la gestión y el monitoreo de datos y procesos para el Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina (PERMER II), Préstamo BIRF 8484-AR, por la cual se suscribió el Contrato de fecha 22 de noviembre de 2023, entre la firma OPTARIS S.A. y la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA (CONVE-2023-139689284-APN-DDYL#MEC).

ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la firma OPTARIS S.A.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la compañía de seguros ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. con el fin de la liberación, por baja, de la garantía constituida por la firma OPTARIS S.A. mediante la Póliza de Seguro de Caución N° 1590380, cuyo beneficiario era la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 19/06/2025 N° 42419/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 26102
    infoleg 117238
  • 26337
    infoleg 136187
• Decretos:
  • 438/1992
    infoleg 8476
  • 375/1997
    infoleg 42930
  • 145/2005
    infoleg 104008
  • 785/2008
    infoleg 140593
  • 1993/2010
    infoleg 176543
  • 1092/2017
    infoleg 305110
  • 59/2025
    infoleg 408925

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-736-APN-MSG

1. Marco Jurídico Aplicable

La Resolución RESOL-2025-736-APN-MSG se fundamenta en una serie de normas y principios que regulan la seguridad aeroportuaria y la estructura operativa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los pilares legales son los siguientes:

a) Base Constitucional

• Artículo 99, inciso 1º de la Constitución Nacional Argentina (CNA): Otorga al Poder Ejecutivo la facultad de ejercer facultades disciplinarias y organizativas en materia de seguridad.
• Artículo 22 bis, inciso 3 de la Ley de Ministerios (Decreto 438/1992): Asigna al Ministerio de Seguridad Nacional la dirección y coordinación de fuerzas policiales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en temas de seguridad interna.
• Artículo 5 de la Ley 26.102: Extiende el ámbito de aplicación de la seguridad aeroportuaria a los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), incluido el de Concordia desde el Decreto 1092/2017.

b) Normativa Sectorial

• Decreto 785/2008: Aprueba la estructura orgánica de la PSA y faculta al Ministerio a modificarla (Art. 6).
• Resolución 1.015/12 (Ministerio de Seguridad): Establece la estructura operativa actual de la PSA, incluyendo las Unidades Regionales.
• Decreto 1993/2010: Transfiere la PSA al Ministerio de Seguridad Nacional, reforzando su autoridad.

2. Contenido de la Resolución

La norma crea la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Concordia en el Aeropuerto "Comodoro Pierrestegui", Provincia de Entre Ríos, bajo la órbita de la Unidad Regional IV del Litoral. Los cambios incluyen: - Modificación del Artículo 57 de la Resolución 1.015/12 para incorporar la nueva unidad. - Actualización del organigrama de la Unidad Regional IV (Anexo II b5). - Instrucción a la Dirección Nacional de la PSA para definir la categorización y dotación de la nueva unidad.

3. Legalidad y Fundamento

La Resolución es legalmente válida bajo los siguientes argumentos: - Competencia del Ministerio de Seguridad Nacional: El Decreto 1993/2010 y el artículo 22 bis, inciso 3 de la Ley de Ministerios (Decreto 438/1992) le otorgan facultades para coordinar fuerzas de seguridad en el ámbito aeroportuario. - Cumplimiento del artículo 5 de la Ley 26.102: El Aeropuerto de Concordia está incluido en el SNA desde el Decreto 1092/2017, lo que justifica la extensión de la seguridad aeroportuaria a su jurisdicción. - Facultades reglamentarias: El artículo 6 del Decreto 785/2008 permite al Ministerio ajustar la estructura operativa de la PSA, lo que respalda la creación de la unidad.

4. Impacto en Normas Preexistentes

• Resolución 1.015/12: Se modifica el artículo 57 para incluir la Unidad de Concordia, sin alterar la estructura de conducción o administración.
• Decreto 785/2008: Se respeta el marco general de organización operativa, limitándose a ajustar la distribución geográfica de unidades preventivas.
• Decreto 1993/2010: Refuerza la dependencia de la PSA del Ministerio de Seguridad Nacional, congruente con la nueva unidad.

5. Derechos Afectados

• Artículo 14 de la CNA (libertad de movimiento): La presencia de la PSA en el aeropuerto podría implicar controles de identidad o pertenencias, pero estos deben realizarse sin discriminación ni arbitrariedad, conforme al Artículo 18 de la CNA (debido proceso).
• Artículo 16 de la CNA (igualdad ante la ley): Las acciones de la unidad deben aplicarse de manera no discriminatoria, evitando profilaxis basada en estereotipos sociales o regionales.
• Artículo 22 de la CNA (garantías penales): Las detenciones o procedimientos de la PSA deben respetar el debido proceso, evitando abusos en el uso de la fuerza.

6. Irregularidades Potenciales

• Falta de Evaluación de Impacto Social: No se menciona en el texto la consulta a autoridades locales, sindicatos policiales o la comunidad entrerriana, lo que podría generar tensiones por la percepción de militarización excesiva.
• Recursos Presupuestarios: Aunque la Ley 26.337 (Art. 37) permite ajustes presupuestarios, la creación de la unidad podría implicar asignación de fondos no especificados en la norma, lo que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad financiera.
• Transparencia en la Selección de Personal: No se detalla cómo se conformará el personal de la unidad, lo que podría llevar a críticas por nepotismo o falta de criterios técnicos (ver Ley 26.102, Art. 30-35, que establece requisitos de idoneidad).

7. Posibles Abusos

• Sobrereacción Policial: La unidad podría actuar con uso excesivo de la fuerza en situaciones menores, violando el principio de proporcionalidad (Art. 22 bis, Ley 26.102).
• Vigilancia Inadecuada: Si se instalan sistemas de monitoreo (CCTV) sin regulación clara, podría vulnerarse el derecho a la privacidad (Art. 19 de la CNA, aunque no es un derecho explícito, se interpreta en clave de garantías procesales).
• Falta de Coordinación con Fuerzas Locales: El artículo 22 bis, inciso 3 de la Ley de Ministerios obliga a coordinar con policías provinciales, pero no se especifica cómo se articulará con la Policía de Entre Ríos, lo que podría generar solapamientos o vacíos operativos.

8. Conclusión

La Resolución RESOL-2025-736-APN-MSG es legalmente válida al basarse en normas vigentes que otorgan competencia al Ministerio de Seguridad Nacional para organizar la PSA. Sin embargo, su implementación requiere: - Clarificar el financiamiento mediante una ordenanza presupuestaria explícita. - Establecer protocolos de coordinación con fuerzas locales y autoridades aeroportuarias. - Garantizar capacitación del personal en derechos humanos y principios de no discriminación (Art. 22, 23 de la Ley 26.102).

Riesgos Pendientes: - Sobreexposición de la PSA en áreas de jurisdicción compartida (ej.: control de drogas, contrabando), que podrían desviar recursos de otras unidades. - Falta de mecanismos de control ciudadano para denunciar abusos, pese a la existencia de la Defensoría de la PSA (Art. 83 de la Ley 26.102).

La norma, aunque técnica y ajustada a derecho, debe complementarse con políticas de transparencia y participación para evitar percepciones de abuso de autoridad o militarización del espacio público.

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-53007162-APN-DDA#PSA, la Ley Nº 26.102 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 438 del 12 de marzo de 1992, 375 del 24 de abril de 1997, 145 del 22 de febrero de 2005, 785 del 12 de mayo de 2008, 1993 del 14 de diciembre de 2010 y 1092 del 22 de diciembre de 2017, las Resoluciones Nros. 1617 del 23 de diciembre de 2009 del ex MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y 1015 del 6 de septiembre de 2012 del MINISTERIO DE SEGURIDAD, y

CONSIDERANDO:

Que la seguridad interior es un objetivo prioritario para el gobierno nacional, siendo potestad indelegable del Estado Nacional garantizar y mantener la paz social y la tranquilidad pública.

Que mediante el Decreto Nº 145/05 se constituyó la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, estableciéndose, posteriormente, con la sanción de la Ley Nº 26.102, que la conducción de la misma será ejercida por una Dirección Nacional, y que tendrá a cargo la seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos, el deber de fiscalizar y controlar el transporte, tenencia, portación de armas, explosivos y demás elementos de peligro potencial en el ámbito aeroportuario; desarrollar y planificar las estrategias y acciones tendientes a la prevención y conjuración de delitos en dicho ámbito.

Que en tal sentido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha dictado el Decreto Nº 785/08, en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, las conferidas por el artículo 20 de la Ley Nº 26.102 y el artículo 10 de la Ley Nº 26.337.

Que por el artículo 1° del Decreto Nº 785/08, se aprobó la Estructura Orgánica y Funcional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, facultándose al titular del ex MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS a aprobar en adelante, la estructura organizativa de la citada Institución, conforme surge del artículo 6° del referido Decreto.

Que desde la vigencia del Decreto N° 785/08 se advirtieron cuestiones que hicieron aconsejable redefinir dicha Estructura, por lo que se dictó la Resolución MJSyDH Nº 1.617/09, tendiente a proceder a su readecuación.

Que posteriormente, mediante la Resolución MS N° 1.015/12 se dejó sin efecto la citada Resolución MJSyDH N° 1.617/09, y se aprobó la Estructura Orgánica y Funcional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA actualmente vigente.

Que circunstancias actuales ameritan una nueva adecuación normativa a fin de optimizar el cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a la Institución.

Que la adecuación normativa efectuada con la presente Resolución sólo incluye dependencias de la Estructura Operacional, no efectúa ninguna modificación de la Estructura de Conducción y Administración, ni del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que por el Decreto N° 375/97 se creó el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), conformado por los aeropuertos y aeródromos que se detallan en el Anexo III al mismo, con el objeto de lograr la interconexión de todas las regiones del país.

Que la medida propiciada encuentra fundamento jurídico en el artículo 5° de la Ley N° 26.102, que establece: “El ámbito jurisdiccional de aplicación de la seguridad aeroportuaria se extiende a los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) así como a sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, y comprende a toda persona física o jurídica, pública o privada, que ingrese al aeropuerto o aeródromo y/o haga uso de las instalaciones aeroportuarias, de los servicios brindados dentro del aeropuerto o que tenga cualquier tipo de relación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria, aeronáutica o no aeronáutica desarrollada en el mismo”.

Que en virtud de lo expuesto, y en función de que el Aeropuerto de Concordia “Comodoro Pierrestegui” se encuentra incorporado al SNA, deviene necesario modificar la composición de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a los fines de constituir una nueva Unidad Operacional de Seguridad Preventiva en el Aeropuerto de Concordia “Comodoro Pierrestegui”, Provincia de Entre Ríos.

Que la creación de la mencionada Unidad Operacional, traería aparejada la asignación del ámbito jurisdiccional a una Jefatura de Unidad, la posibilidad de gestionar en el propio ámbito la infraestructura destinada al cumplimiento del servicio de seguridad, e instalar oficinas destinadas a jefaturas, tareas administrativas, turno de prevención y descanso de Oficiales, sistemas de circuito cerrado de televisión con sala de monitoreo permanente y la dotación de recursos materiales.

Que de conformidad con el Decreto Nº 1993/10, la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA pasó a la órbita del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL.

Que el artículo 22 bis, inciso 3 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por el Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, dispone: “Compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático y, en particular: (…) 3. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales, provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.

Que en tal sentido, corresponde a la suscripta aprobar la creación de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Concordia, que dependerá de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 785/08, en concordancia con los Decretos Nros. 1993/10 y 59 del 3 de febrero de 2025.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Concordia, en el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”, Provincia de Entre Ríos, bajo la dirección funcional en el nivel táctico-operacional de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el artículo 57 del Anexo I de la Resolución MS N° 1.015/12, por el siguiente:

“ARTICULO 57.- A los fines del cumplimiento de las funciones de seguridad aeroportuaria preventiva, la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA se compone de las siguientes Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva:

1. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Posadas, con jurisdicción en el “Aeropuerto Libertador General José de San Martín”, situado en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.

2. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Iguazú, con jurisdicción en el “Aeropuerto Cataratas de Iguazú”, situado en la Ciudad de Iguazú, Provincia de Misiones.

3. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Paso de los Libres, con jurisdicción en el “Aeropuerto de Paso de los Libres”, situado en la Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes.

4. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Formosa, con jurisdicción en el “Aeropuerto El Pucú”, situado en la Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa.

5. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Resistencia, con jurisdicción en el “Aeropuerto José de San Martín”, situado en la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.

6. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Corrientes, con jurisdicción en el “Aeropuerto Dr. Fernando Piragine Niveyro”, situado en la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

7. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Sauce Viejo, con jurisdicción en el “Aeropuerto de Sauce Viejo”, situado en la Localidad de Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe.

8. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Paraná, con jurisdicción en el “Aeropuerto General Justo José de Urquiza”, situado en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

9. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Rosario, con jurisdicción en el “Aeropuerto Islas Malvinas”, situado en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

10. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Concordia, con jurisdicción en el “Aeropuerto Comodoro Pierrestegui”, situado en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el Organigrama correspondiente a la estructura organizativa de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, que como Anexo II b5 integra la Resolución MS N° 1.015/12, por el Anexo (IF-2025-62700656-APN-PSA#MSG) que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Instrúyase al Director Nacional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a efectuar la determinación de la categorización y composición orgánica de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Concordia.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42755/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 149092
• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2025

VISTO el Expediente Electrónico EX-2025-50117608-APN-DVPS#ANMAT, y;

CONSIDERANDO

Que en las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS) recibió una denuncia sobre la legitimidad del producto “PLATA COLOIDAL FORTE, ANTIVIRICO ANTIBACTERIANO ANTIMICROBIANO. Elaborado por: GRUPO BIO FIT S.R.L. R.P.E.D. N° 21-000084. R.P.P.D. N° 21-000625, Ciudadela 750 – Municipio de Granadero Baigorría, Santa Fe”.

Que la DEGMPS verificó que tanto el producto como el establecimiento indicado en el rótulo no se encuentran registrados ante la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Que en virtud de que el rótulo indica que el producto es elaborado en un establecimiento en la provincia de Santa Fe y consigna datos de registro en la misma provincia, la DEGMS realizó una consulta a la Autoridad Sanitaria competente de la provincia de Santa Fe, Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria -ASSAL-, por el registro del producto en cuestión.

Que la ASSAL comunicó que el establecimiento GRUPO BIO FIT S.R.L. fue dado de baja y el producto no se encuentra habilitado por esa agencia, por lo que no puede elaborarse, ni comercializarse.

Que asimismo la mentada Dirección verificó links de comercialización del producto que nos ocupa en plataformas de venta digital los cuales han sido remitidos a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de esta Administración para su intervención (NO-2025-35361846-APN-DVPS#ANMAT).

Que es de señalar que en una de las publicaciones detectadas en plataformas de venta digital se indica el producto para el tratamiento de agua de consumo, como cosmético y medicamento.

Que por lo expuesto, la DEGMPS consideró que la comercialización de este producto implica un riesgo elevado para la salud de los consumidores.

Que a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto mencionado, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes del producto “PLATA COLOIDAL FORTE, ANTIVIRICO ANTIBACTERIANO ANTIMICROBIANO. Elaborado por: GRUPO BIO FIT S.R.L. R.P.E.D. N° 21-000084. R.P.P.D. N° 21-000625. Ciudadela 750 – Municipio de Granadero Baigorría, Santa Fe”.

Que por tanto, desde el punto de vista procedimental, la medida sugerida por el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud resulta conforme a derecho como así también razonables y proporcionadas de acuerdo a la naturaleza del hecho relevado.

Que finalmente, cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.490/92 y que se encuentra sustentada en el inciso ñ) del artículo 8º de la citada norma

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,

ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes del producto “PLATA COLOIDAL FORTE, ANTIVIRICO ANTIBACTERIANO ANTIMICROBIANO. Elaborado por: GRUPO BIO FIT S.R.L. R.P.E.D. N° 21-000084. R.P.P.D. N° 21-000625. Ciudadela 750 – Municipio de Granadero Baigorría, Santa Fe”.

Se adjuntan imágenes del producto detallado registrado con el número IF-2025-59014107-APN-CS#ANMAT que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42429/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 18284
    infoleg 21841
  • 1490
  • 94
    infoleg 232935
• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909
  • 94/2023
    infoleg 395649

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2025

VISTO el expediente N° EX-2025-44969982- -APN-DPVYCJ#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el VISTO se inician a partir de una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) por parte de la firma Surfactan S.A. en relación a los productos rotulados como: “Suplemento dietario en polvo a base de citrato de magnesio, sabor neutro - Citrato de magnesio, Cont. neto: 1 kg, VENCIMIENTO: 11/27 - LOTE: 023-0264, RNE N° 02-035078, RNPA: 02-710189”, “Suplemento dietario en polvo a base de citrato de potasio, sabor neutro - Citrato de potasio, Cont. neto: 1 kg, VENCIMIENTO: 11/25 - LOTE: 022-0128, RNE N° 02-035078, RNPA: 02-601250”, “Suplemento dietario en polvo a base de ácido ascórbico, sabor neutro - Ácido ascórbico (vitamina C), Cont. neto: 1 kg, VENCIMIENTO: 11/25 - LOTE: 021-0123, RNE N° 02-035078, RNPA: EX-2023-30421345-GDEBA-DIYPAMDAGP” y “Suplemento dietario en polvo a base de colágeno hidrolizado, sabor neutro - Colágeno hidrolizado, Cont. neto: 1 kg, VENCIMIENTO: 11/25 - LOTE: 023-0238, RNE N° 02-035078, RNPA: EX-2023-30422534-GDEBA-DIYPAMDAGP”, todos de la marca Natulife; que no cumplirían con la normativa alimentaria vigente.

Que la firma denunciante informó al Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL que detectó la comercialización, en una plataforma de venta en línea, de productos que utilizan sus registros sanitarios, adjuntó imágenes de los rótulos de cada uno de los productos de marca Natulife; y manifestó que los productos que ellos elaboran no son de venta al público, y que solamente se comercializan en presentación de veinticinco (25) kg.

Que atento a ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL solicitó a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires verificar la información que se exhibe en los rótulos de los productos investigados; a lo que la DIPA confirmó que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) pertenece a la firma Surfactan S.A., que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 02-710189 y el RNPA N° 02-601250 se corresponden a otros productos de la mencionada firma; y en referencia a los RNPA N° EX-2023-30421345-GDEBA-DIYPAMDAGP y el RNPA N° EX-2023-30422534-GDEBA-DIYPAMDAGP, informó que ambos números de expediente son inexistentes.

Que en consecuencia, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente Federal N° 4672 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del SIFeGA.

Que a su vez, dado que los productos se publicitan y promocionan en plataformas de venta en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria que evalúe las medidas a adoptar.

Que atento a lo anteriormente mencionado, los productos se hallan en infracción a el artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados al consignar en sus rótulos un RNE perteneciente a otro elaborador, números de RNPA pertenecientes a otros productos y números de expediente de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia productos ilegales.

Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializados, ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas, y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea de los citados productos, así como también cualquier producto que exhiba en su rótulo los registros sanitarios RNPA N° EX-2023-30421345-GDEBA-DIYPAMDAGP y/o RNPA N° EX-2023-30422534-GDEBA-DIYPAMDAGP por ser un productos falsamente rotulados que utilizan números de expedientes de RNPA inexistentes

Que con relación a la medida sugerida, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 94 de fecha 27 de diciembre de 2023.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,

ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea los productos de la marca Natulife rotulados como: “Suplemento dietario en polvo a base de citrato de magnesio, sabor neutro, Citrato de magnesio, RNE N° 02-035078, RNPA: 02-710189”, “Suplemento dietario en polvo a base de citrato de potasio, sabor neutro, Citrato de potasio, RNE N° 02-035078, RNPA: 02-601250”, “Suplemento dietario en polvo a base de ácido ascórbico, sabor neutro, Ácido ascórbico (vitamina C), RNE N° 02-035078, RNPA: EX-2023-30421345-GDEBA-DIYPAMDAGP” y “Suplemento dietario en polvo a base de colágeno hidrolizado, sabor neutro, Colágeno hidrolizado, RNE N° 02-035078, RNPA: EX-2023-30422534-GDEBA-DIYPAMDAGP”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados al consignar en sus rótulos un RNE perteneciente a otro elaborador, números de RNPA pertenecientes a otros productos, y números de expediente de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia productos ilegales.

Se adjuntan imágenes de los rótulos de los productos detallados en el ANEXO que, registrado con el número IF-2025-53919586-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°. - Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique el RNPA N° EX-2023-30421345-GDEBA-DIYPAMDAGP y/o RNPA N° EX-2023-30422534-GDEBA-DIYPAMDAGP, por ser un producto falsamente rotulado que utiliza números de expedientes de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

ARTÍCULO 3°. - Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Cumplido, dése a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42426/25 v. 19/06/2025

• Leyes:
  • 24240
    infoleg 638
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Ciudad de Buenos Aires, 18/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-58019749- -APN-DGDMDP#MEC, la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Normas NAG-200 y NAG-312 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) y las Resoluciones Nros. 165 de fecha 4 de enero de 2008 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) y 227 de fecha 14 de marzo de 2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, contempla la protección de la salud e integridad física de los consumidores estableciendo mecanismos y sistemas para la protección de tales derechos.

Que, a través del Artículo 4° de la mencionada ley, se dispone que los proveedores de bienes y servicios están obligados a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que proveen, y las condiciones de su comercialización.

Que, a su vez, el Artículo 5° de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores.

Que la propia CONSTITUCIÓN NACIONAL en su Artículo 42 establece como derechos fundamentales del consumidor, entre otros, el de la protección a su salud y al consumo seguro de los productos y servicios que se comercializan en el mercado, ordenando a las autoridades proveer a la protección de tales derechos.

Que a raíz de diversas inquietudes planteadas a esta Autoridad de Aplicación por parte del sector industrial dedicado a la fabricación de artefactos de gas, relacionadas con la falta de seguridad de determinados productos en el mercado en cuanto su comercialización, conforme surge del Informe elaborado por la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE ARTEFACTOS DE GAS (CAFAGAS), que obra agregado como IF-2025-25049305-APN-DNDCYAC#MEC en el expediente citado en el Visto, deviene pertinente que la Autoridad de Aplicación tome debida nota al respecto y disponga los medios necesarios para hacer cesar o remediar tal situación.

Que, asimismo y en el orden de ideas que se exponen, las cocinas de uso industrial tienen gran impacto en el mercado de consumo doméstico debido a que las mismas –que en general carecen de los mecanismos de seguridad que son requeridos para su uso doméstico– son ofrecidas en salones de venta de artículos para el hogar, además de supermercados, páginas web y distintos canales de comercio electrónico y, finalmente, adquiridas por consumidores finales.

Que respecto a ello también es importante consignar que las cocinas comerciales o industriales, conforme la reglamentación actual aplicable, no requieren de certificación previa de seguridad ni de eficiencia energética, por entenderse que serán parte de una instalación industrial.

Que, consecuentemente, cuando dichas cocinas finalmente son adquiridas por consumidores finales e instaladas en viviendas familiares, se genera un riesgo cierto para los mismos pudiendo suceder diversos accidentes debido a que estas cocinas, en su mayoría, carecen de válvulas de seguridad y poseen potencias muy elevadas para el uso familiar; por otro lado, su aislación térmica es deficiente y tienen menor eficiencia energética que las cocinas de uso doméstico –entre otras características– que tornan a estos artefactos altamente peligrosos para los consumidores, quienes sin contar con la información adecuada adquieren dichos productos con el potencial peligro que conlleva su utilización, pudiendo padecer serios daños e incluso la muerte de los usuarios.

Que, en tal sentido, por medio de la Norma NAG-200 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), se establecieron disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas.

Que, la Norma NAG-312 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), referida a los artefactos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos, define las características de construcción y de funcionamiento, así como los requisitos de seguridad, las técnicas de ensayo y el marcado de los artefactos de cocción para uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos; estableciendo, entre otros requisitos, que los referidos artefactos deben contar con la aprobación y certificación emitida por Organismos de Certificación acreditado a tal efecto.

Que, en dicho contexto normativo, la Resolución N° 165 de fecha 4 de enero de 2008 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), en el Artículo 1°, establece que las cocinas comerciales con horno, deberán contar con la aprobación previa, según la Norma NAG 312, por parte de un Organismo de Certificación acreditado por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), para ser utilizadas en instalaciones domésticas.

Que, a su vez, el Artículo 4° de la mencionada Resolución N° 165/08 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) establece que los artefactos gastronómicos, destinados a instalaciones comerciales, sin aprobación previa, seguirán bajo el régimen de habilitación “in situ” establecido en la Norma NAG 200 “Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas”.

Que, consecuentemente y con base en lo expuesto, resulta pertinente y necesario establecer criterios y requisitos para la comercialización de este tipo de artefactos a efectos de reforzar los mecanismos que hagan a la seguridad de los productos y modalidades de comercialización, para prevenir y evitar daños para los consumidores.

Que, el Artículo 43 de la citada Ley N° 24.240 y sus modificatorias, establece que la Autoridad de Aplicación puede elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes.

Que mediante la Resolución N° 227 de fecha 14 de marzo de 2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y su modificatoria, se delegó en la ex SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, actualmente SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del citado Ministerio, las facultades para adoptar todas las acciones que requieran la aplicación de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, entre otras.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente disposición se dicta en uso de las facultades conferidas por el inciso a) del Artículo 43 de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y la Resolución N° 227/23 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y su modificatoria.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Las cocinas comerciales con horno que no cuenten con aprobación ni certificación para su uso doméstico según determina la Norma NAG 312 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), emitida por un Organismo de Certificación acreditado por el citado Ente Nacional, en virtud de lo previsto por el Artículo 1° de la Resolución N° 165 de fecha 4 de enero de 2008 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), no podrán ser comercializadas a consumidores finales conforme los denomina el Artículo 1° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Cuando las cocinas comerciales que no cuenten con la aprobación referida en el artículo anterior, sean adquiridas por personas humanas o jurídicas, cualquiera sea su objeto social deberán –con carácter de declaración jurada– denunciar al vendedor el domicilio de instalación del artefacto adquirido, mediante el formulario previsto en el Anexo que, como IF-2025-63171998-APN-DNDCYAC#MEC, forma parte integrante de la presente disposición, a los fines del régimen de habilitación “in situ” establecido en el punto 6.2. de la Norma NAG 200 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), y conforme lo prevé el Artículo 4° de la Resolución N° 165/08 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). Dicha información deberá quedar a disposición de los organismos competentes.

ARTÍCULO 3°.- Para su comercialización por cualquier canal, estos productos deberán ser identificados con una faja de papel fijada por adhesión al frente del producto, conteniendo en letras rojas la leyenda: “COCINA COMERCIAL. PROHIBIDO SU USO DOMESTICO”. La medida de la faja, de fondo blanco, será de CINCUENTA (50) centímetros de ancho por DIEZ (10) centímetros de alto y las letras serán mayúsculas, tipo de letra ARIAL y cada letra en tamaño NOVENTA Y SEIS (96).

ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento a lo establecido en la presente disposición será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto en la Ley N° 24.240 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá un plazo de adecuación de TREINTA (30) días.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Fernando Martin Blanco Muiño

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42642/25 v. 19/06/2025

Se comunica que la SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY, ha solicitado por Expediente N° EX-2025-29025748- -APN-DCA#INV, el reconocimiento, protección, registro y derecho a uso de una Indicación Geográfica de la REPÚBLICA ARGENTINA, conforme a los términos de la Ley N° 25.163, correspondiente al área geográfica VALLES TEMPLADOS, perteneciente a la Provincia de JUJUY, en un todo de acuerdo a los límites que determinan el polígono que puede observarse ingresando al siguiente link:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1OjHtb3nNz9-Lhs8ofkpuNeaNZr8jAfk&usp=drive_link

Toda persona física o jurídica que justifique un interés legítimo, que estimara que alguno de los requisitos establecidos no han sido debidamente cumplidos, podrá formular oposición a su registro, por escrito fundado, dentro de los TREINTA (30) días siguientes al de la publicación realizada en los términos de los Artículos 10 y 11 de la Ley N° 25.163

Carlos Raul Tizio Mayer, Presidente.

e. 19/06/2025 N° 42694/25 v. 19/06/2025

De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 09/06/2025, 10/06/2025, 11/06/2025, 12/06/2025 y 13/06/2025 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2025-65564231-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-65564796-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-65565358-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-65565966-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-65566562-APN-DNDA#MJ del presente.

Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Direccion Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de Justicia.

El presente ha sido remitido por el debajo firmante.

Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 19/06/2025 N° 42428/25 v. 19/06/2025

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con domicilio en Avenida Belgrano 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que ha resuelto CANCELAR la MATRICULA a las siguientes entidades:

Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes recursos: REVISIÓN (art. 100 incisos a, b y c, Dto. 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): TREINTA (30) días hábiles administrativos; RECONSIDERACIÓN (art. 84 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): VEINTE (20) días hábiles administrativos); ACLARATORIA (art. 102 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): CINCO (5) días hábiles administrativos. Además a opción del interesado podrá articularse el RECURSO DE ALZADA (art. 94 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): TREINTA (30) días hábiles administrativos, o la acción judicial pertinente. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1759/72 t.o. Dto. Nº 2017 modificado por Dto. 695/24).

Patricia Beatriz Caris, Responsable Despacho.

e. 17/06/2025 N° 41326/25 v. 19/06/2025