• Leyes:
  • 14878
    infoleg 15764
• Decretos:
  • 66/2024
    infoleg 396149

Análisis Legal de la RESOL-2025-23-APN-INV#MEC

1. Fundamento Legal y Competencia

La resolución se sustenta en:
- Ley 14.878 (Artículos 2º, 8º inc. e, 15º, 16º, 17º y 21º): Estas normas otorgan al INV facultades técnicas para fijar límites de composición del vino, incluido el tenor alcohólico, y garantizar la calidad de los productos vitivinícolas.
- Decreto 66/2024: Legitima la autoridad del Presidente del INV (Carlos Tizio Mayer) para emitir normas técnicas, reforzando la jerarquía institucional del organismo bajo el Ministerio de Economía.
- Resolución C.71/92: Delega en el INV la determinación de grados alcohólicos mínimos como criterio de fiscalización.

Constitución Nacional Argentina (CNA):
- Artículo 75 inc. 19: La regulación se justifica bajo el objetivo de "desarrollo económico con justicia social", vinculado a la protección de la industria vitivinícola.
- Artículo 42: Se invoca la protección del consumidor, aunque la norma se enfoca más en estándares técnicos que en salud o seguridad explícitos.

2. Derechos Afectados

• Artículo 14 (Derecho a trabajar y ejercer industrias lícitas):
  La fijación de límites mínimos de alcohol podría restringir la producción de vinos con menor graduación, afectando la libertad económica de pequeños productores o bodegas que optan por estilos específicos.
• Artículo 17 (Propiedad inviolable):
  El artículo 4º de la resolución establece que los análisis de vinos anteriores a 2025 caducarán en 30 días sin reintegro de aranceles, lo que podría vulnerar el derecho de los productores a disponer de su mercancía existente.
• Artículo 19 (Límites a la regulación estatal):
  Si la norma carece de justificación técnica clara (ej.: estándares internacionales o salud pública), podría considerarse una intromisión injustificada en la esfera económica privada.
• Artículo 28 (Irretroactividad de reglamentos):
  La aplicación a vinos remanentes de cosechas anteriores podría cuestionarse como una alteración retroactiva de condiciones de comercialización.

3. Irregularidades y Posibles Conflictos Normativos

• Delegación de facultades (Art. 76 CNA):
  Aunque la Ley 14.878 habilita al INV para fijar estándares técnicos, la resolución podría exceder el marco delegado si no se fundamenta en criterios objetivos (ej.: datos climáticos o estudios de mercado). La falta de transparencia en los "datos estadísticos" mencionados en el considerando podría generar dudas sobre su legalidad.
• Desigualdad de trato (Art. 20 CNA):
  La excepción para vinos varietales (Art. 3º) crea un régimen diferenciado sin claridad sobre los criterios de certificación, lo que podría generar discriminación entre productores nacionales y extranjeros o entre categorías de vinos.
• Conflictos con normas previas:
• La Resolución 57/2024, mencionada como marco para los varietales, no se detalla en el contexto, lo que dificulta evaluar su compatibilidad.
• La caducidad de análisis previos (Art. 4º) podría colisionar con derechos adquiridos si los productores ya cumplieron con trámites analíticos bajo normas anteriores.

4. Posibles Abusos y Riesgos de Aplicación

• Arbitrariedad en criterios técnicos:
  Si el tenor alcohólico mínimo no responde a estándares objetivos (ej.: exigencias de exportación o regulaciones internacionales), podría considerarse un abuso de poder para favorecer a sectores específicos (ej.: grandes bodegas con capacidad para ajustarse a los nuevos límites).
• Impacto en pequeños productores:
  Las zonas mencionadas (Río Negro, Neuquén, etc.) incluyen productores regionales que podrían verse afectados por costos adicionales de adaptación, contraviniendo el principio de "justicia social" del Art. 75 inc. 19.
• Sanciones desproporcionadas (Art. 24º y 25º de la Ley 14.878):
  Las multas o inhabilitaciones por incumplimiento de los límites podrían aplicarse de manera desmedida, especialmente si los controles no consideran variaciones técnicas legítimas.

5. Conclusión

La RESOL-2025-23-APN-INV#MEC se enmarca en las facultades técnicas del INV según la Ley 14.878 y el Decreto 66/2024, pero su validez dependerá de:
1. La transparencia y objetividad en la fijación de los límites alcohólicos (ej.: vinculación con estándares internacionales o estudios técnicos).
2. La proporcionalidad entre el objetivo de calidad y las restricciones impuestas a los productores.
3. La no discriminación en la excepción para vinos varietales.

En caso de impugnación judicial, podrían invocarse los Artículos 14, 17, 19 y 28 de la CNA para cuestionar su arbitrariedad o desproporción. Además, el tratamiento de vinos anteriores a 2025 requerirá una interpretación restrictiva para evitar afectaciones retroactivas injustificadas.

Mendoza, Mendoza, 09/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-61132904-APN-DD#INV, la Ley N° 14.878, la Resolución Nº C.71 del 24 de enero de 1992, los datos estadísticos obtenidos durante el Control Cosecha y Elaboración 2025, referidos al tenor azucarino de las uvas elaboradas en la zona de Origen Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la legislación vigente, compete al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, por lo cual se encuentra facultado para establecer los límites normales de la composición de los vinos.

Que el Punto 1º, Inciso 1.1, apartado a) de la Resolución N° C.71/92, establece que el INV determinará el grado alcohólico mínimo para el expendio de los productos allí definidos, en cumplimiento de la obligación impuesta por la Ley Nº 14.878.

Que la determinación del grado alcohólico real de las cosechas anuales para los vinos que se han de comercializar en el mercado interno, es una norma técnica que se utiliza como parámetro para ordenar y coadyuvar a las tareas de fiscalización.

Que lo expuesto precedentemente, aconseja fijar el grado alcohólico de los vinos elaboración 2025, unificado con los volúmenes de vinos remanentes de la cosecha 2024 y anteriores.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Organismo, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 14.878 y el Decreto Nº 66/24.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los límites mínimos de tenor alcohólico real para los vinos, elaboración 2025 unificados con vinos cosecha 2024 y anteriores que se liberen al consumo para los establecimientos ubicados en las subzonas de la zona de origen Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, conforme el Anexo Nº IF-2025-61342902-APN-DNF#INV que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Considérese grado alcohólico real, el contenido como tal en el vino, determinado mediante método oficial, sin tener en cuenta el alcohol potencial del probable contenido de azúcares reductores en el producto, remanentes de su fermentación.

ARTÍCULO 3º.- Los vinos certificados como varietales, quedan exceptuados del cumplimiento del grado mínimo que por la presente se establece, debiendo responder a los antecedentes de elaboración que a los efectos de su certificación se aporten, siguiendo los lineamientos de la Resolución Nº 57 del 15 de diciembre de 2024 o cualquier otra resolución que la reemplace.

ARTÍCULO 4º.- Los análisis correspondientes a vinos 2024 y anteriores, caducarán automáticamente a partir de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de la presente, sin que ello de lugar al reintegro de los aranceles analíticos equivalentes a los volúmenes no despachados, excepto aquellos cuyo vino base posea el grado establecido en dicho Anexo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y archívese.

Carlos Raul Tizio Mayer

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/06/2025 N° 40394/25 v. 11/06/2025

• Leyes:
  • 15336
    infoleg 28195
  • 24065
    infoleg 464
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la RESOL-2025-254-APN-SE#MEC

(Autorización de GAS SMART S.A. como Participante Comercializador del MEM)

1. Marco Normativo Aplicable

La resolución se basa en:
- Ley 24.065 (Artículos 35, 36 y 37): Delega facultades al Poder Ejecutivo para regular el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y autorizar participantes.
- Resolución 61/92 y sus modificatorias: Establece los requisitos técnicos y administrativos para la habilitación de comercializadores, incluyendo el Anexo 31 (requisitos de patrimonio y documentación societaria).
- Decreto 50/2019 (Anexo II, Apartado IX): Define las competencias de la Secretaría de Energía para gestionar el MEM, en concordancia con la estructura del Ministerio de Economía.

Conexión con el contexto proporcionado:
- El Decreto 50/2019 (Anexo II, Apartado IX) es el fundamento central, ya que otorga a la Secretaría de Energía la autoridad para regular el MEM y autorizar agentes, en línea con la Ley 24.065.
- La resolución cita explícitamente este anexo, reforzando la legitimidad de la Secretaría para emitir la medida.

2. Cumplimiento de Requisitos Procedimentales

• Verificación técnica: CAMMESA confirmó que GAS SMART S.A. presentó toda la información necesaria para operar en el MEM (Anexo 31 de los Procedimientos).
• Patrimonio neto: Se considera cumplido el requisito de patrimonio mínimo, según el Anexo 31.
• Publicidad y transparencia: La solicitud fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.671/2025 sin objeciones, cumpliendo con el procedimiento establecido por la Resolución 61/92.
• Intervención jurídica: El Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía validó la legalidad de la resolución.

Conclusión: La resolución respeta el marco normativo y los procedimientos establecidos, sin evidencia de irregularidades en su tramitación.

3. Efectos sobre Normas Anteriores

• No derogación explícita: La resolución no modifica ni deroga normas vigentes, sino que se aplica dentro del marco de la Ley 24.065 y la Resolución 61/92.
• Impacto en el Decreto 50/2019: Confirma la vigencia del Anexo II, Apartado IX, como base para la competencia de la Secretaría de Energía en el MEM.
• Coordinación con organismos descentralizados: Refuerza el rol del ENRE y CAMMESA en la supervisión del mercado, según el Decreto 50/2019 (Anexo III).

4. Derechos Afectados

• Derecho de GAS SMART S.A.: Se reconoce su derecho a operar en el MEM, garantizando acceso a un mercado regulado bajo condiciones de competencia.
• Derechos de otros participantes: La entrada de un nuevo comercializador podría afectar la dinámica competitiva, pero la normativa busca equilibrio mediante requisitos técnicos y financieros.
• Interés público: La resolución promueve la libre competencia y la transparencia en el MEM, en línea con el artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina (protección de derechos de usuarios).

5. Posibles Irregularidades o Abusos

• Riesgo de verificación insuficiente: Si el patrimonio neto de GAS SMART S.A. no fue evaluado rigurosamente, podría comprometer la solvencia del mercado. Sin embargo, la resolución menciona que CAMMESA validó la documentación.
• Falta de participación ciudadana: Aunque la publicación en el Boletín Oficial cumplió con el plazo mínimo, la ausencia de objeciones podría deberse a limitada difusión, afectando el derecho a la participación pública (artículo 42 de la Constitución Nacional).
• Concentración de poder en la Secretaría de Energía: La delegación amplia de facultades (Decreto 50/2019, Anexo II, Apartado IX) podría generar riesgos de discrecionalidad, aunque la resolución no muestra indicios de abuso en este caso.

6. Conclusión

La RESOL-2025-254-APN-SE#MEC es legalmente válida, ya que:
- Se fundamenta en normas vigentes (Ley 24.065, Resolución 61/92 y Decreto 50/2019).
- Cumple con los requisitos procedimentales (publicidad, verificación técnica y jurídica).
- No modifica ni deroga normas anteriores, sino que se aplica dentro del marco existente.

Recomendaciones:
1. Refuerzo de transparencia: Mejorar la difusión de solicitudes de autorización para garantizar participación ciudadana.
2. Supervisión continua: El ENRE debe monitorear el cumplimiento de GAS SMART S.A. con los requisitos financieros y técnicos.
3. Evitar concentración de poder: Mantener equilibrio entre delegación de facultades y control parlamentario, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.

La resolución refuerza la estructura regulatoria del MEM, pero requiere vigilancia constante para prevenir abusos y garantizar competencia leal.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-127808985-APN-DGDA#MEC y el Expediente N° EX-2025-26175089-APN-DGDA#MEC, en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la firma GAS SMART SOCIEDAD ANÓNIMA (GAS SMART S.A.) ha solicitado la habilitación para operar en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como Participante Comercializador, en el marco de lo establecido en las Resoluciones Nros. 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y 137 de fecha 30 de noviembre de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y sus modificatorias y complementarias.

Que, mediante la Nota B-179256-1 de fecha 12 de marzo de 2025 (IF-2025-26177763-APN-DGDA#MEC, obrante en el Expediente N° EX-2025-26175089-APN-DGDA#MEC en tramitación conjunta), la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) ha informado que GAS SMART S.A. ha presentado toda la información necesaria para la administración de sus transacciones, conforme lo establece el Punto 4 del Anexo 31 de Los Procedimientos.

Que, sobre la base de la información proporcionada por GAS SMART S.A., se considera cumplido el requisito de la existencia del patrimonio neto de la firma solicitante, conforme lo exige el Anexo 31 de Los Procedimientos.

Que GAS SMART S.A. ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de documentación societaria y comercial.

Que la correspondiente solicitud fue publicada en el Boletín Oficial Nº 35.671 de fecha 22 de mayo de 2025, no habiéndose presentado objeciones u oposiciones derivadas de dicha publicación.

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud las facultades conferidas por los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley N° 24.065, por el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y por la Resolución N° 61/92 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias y complementarias.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso de la firma GAS SMART SOCIEDAD ANÓNIMA (GAS SMART S.A.) en calidad de Participante Comercializador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese al Organismo Encargado del Despacho (OED) a informar a todos los agentes del MEM lo resuelto en este acto.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a GAS SMART S.A., a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de esta Secretaría.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 11/06/2025 N° 40015/25 v. 11/06/2025

• Leyes:
  • 24240
    infoleg 638
  • 24449
    infoleg 818
• Decretos:
  • 49/2025
    infoleg 408925

Análisis Legal de la Resolución 210/2025 (RESOL-2025-210-APN-SIYC#MEC)

La Resolución 210/2025 convoca a un nuevo llamado para la asignación de cupos de importación de vehículos bajo el régimen de alícuota 0% establecido por el Decreto 49/25, regulado por la Resolución 29/25. A continuación, se analiza su marco legal, impacto en normas previas, derechos afectados, irregularidades y posibles abusos, basándose en el contexto proporcionado.

1. Fundamento Legal y Relación con Normas Precedentes

La Resolución se sustenta en:
- Decreto 49/25 (Art. 5): Otorga a la Secretaría de Industria y Comercio la facultad para reglamentar y operativizar el régimen de cupos.
- Resolución 29/25: Establece el procedimiento para la solicitud, asignación y reasignación de cupos, incluyendo criterios de priorización (precio de venta y fecha de nacionalización).

Impacto en normas anteriores:
- Actualización de posiciones arancelarias: Se ajusta a la nueva clasificación NCM publicada por la Dirección General de Aduanas (15/05/2025), lo que implica una adaptación técnica sin modificar el marco legal sustancial.
- Reasignación de cupo remanente: De los 50.000 cupos anuales autorizados por el Decreto 49/25, se asignaron 28.262 en la primera convocatoria (Disposición 32/25), dejando 21.738 para esta nueva convocatoria.

2. Derechos Afectados y Cumplimiento Normativo

La norma vincula la importación a requisitos derivados de:

A. Ley 24.449 (Tránsito y Seguridad Vehicular)

• Art. 28, 30, 31, 33: Los vehículos deben cumplir con normas de seguridad activa/pasiva (cinturones, frenos, iluminación), emisiones contaminantes y estándares técnicos. La Resolución exige una Declaración Jurada comprometiendo este cumplimiento (Art. 5).
• Art. 40: Para circular, los vehículos deben contar con cédula de identificación, seguro vigente y placas, lo cual se condiciona a la admisión en el régimen.
• Art. 34: Los vehículos usados (si aplica) deben someterse a revisiones técnicas periódicas.

B. Ley 24.240 (Defensa del Consumidor)

• Art. 2, 4, 37: Se exige transparencia en la comercialización, prohibición de cláusulas abusivas y garantía de información clara sobre el precio (FOB ≤ USD 16.000) y características técnicas.
• Art. 10 bis: Los cupos se asignan a empresas cuya finalidad es la comercialización, vinculándose a obligaciones de garantía (Art. 11) y responsabilidad por daños (Art. 40).

3. Irregularidades y Posibles Abusos

A. Criterios de Asignación de Cupos

• Priorización por precio y fecha de nacionalización:
• El Art. 4 establece que los cupos se asignan al menor precio de venta y fecha estimada de nacionalización. Esto podría incentivar prácticas como:
  • Subvaluación artificial del precio para acceder al cupo, violando el principio de transparencia (Ley 24.240, Art. 4).
  • Postergación de la nacionalización para retrasar la entrada de vehículos al mercado, afectando la competencia.
• Riesgo de discriminación: Empresas con mayor capacidad logística podrían obtener ventajas desproporcionadas sobre pequeños importadores.

B. Reasignación de Cupos No Utilizados

• Falta de claridad en los plazos: El Art. 2 permite reasignar cupos liberados "en el orden de prelación original", pero no especifica un plazo máximo para la aceptación por parte del nuevo asignatario. Esto podría generar incertidumbre y demoras.

C. Cumplimiento Técnico y Documental

• Declaración Jurada como único mecanismo de control: La Resolución no establece mecanismos de verificación previa del cumplimiento de normas técnicas (ej.: homologación bajo Resolución 838/99). Esto abre espacio para:
• Importación de vehículos no homologados, violando la Ley 24.449 (Art. 28 y 30).
• Falta de fiscalización posterior, incumpliendo el deber de garantizar la seguridad vial (Art. 77, inc. x e y).

D. Exclusión de Presentaciones Físicas

• Acceso desigual a la plataforma TAD: El Art. 6 limita la presentación a medios electrónicos, sin contemplar excepciones para empresas sin acceso tecnológico. Esto podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley (Constitución Nacional Argentina, Art. 16).

4. Posibles Conflictos con Normativa Aplicable

• Incompatibilidad con el régimen de seguridad vial: Si los vehículos importados no cumplen con los requisitos técnicos (ej.: autonomía ≥ 80 km para eléctricos, según Decreto 49/25, Art. 4), su admisión en tránsito público sería ilegal (Ley 24.449, Art. 40).
• Responsabilidad solidaria de importadores: La Ley 24.240 (Art. 40) establece responsabilidad por daños derivados de defectos en los vehículos. La Resolución no aborda cómo se garantiza esta responsabilidad en caso de empresas con cupos no utilizados o renunciados.

5. Conclusión

La Resolución 210/2025 refuerza el marco normativo previsto por el Decreto 49/25 y la Resolución 29/25, pero presenta riesgos de:
1. Falta de transparencia en la asignación de cupos por criterios de precio y fecha.
2. Incumplimiento de normas técnicas por la dependencia exclusiva de Declaraciones Juradas.
3. Exclusión de pequeños operadores por la exigencia de presentación electrónica.

Para mitigar estos riesgos, se recomienda:
- Establecer controles previos de homologación técnica (Resolución 838/99) antes de asignar cupos.
- Garantizar mecanismos de asistencia tecnológica para pymes en la presentación de solicitudes.
- Publicar criterios objetivos para la reasignación de cupos liberados, con plazos definidos.

La norma, aunque legal en su origen, requiere ajustes para evitar abusos y garantizar el cumplimiento integral de las leyes de tránsito y defensa del consumidor.

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-57187379- -APN-DGDMDP#MEC, el Decreto N° 49 de fecha 30 de enero de 2025 y la Resolución N° 29 de fecha 28 de febrero de 2025 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto N° 49 de fecha 30 de enero de 2025, se fijó en CERO POR CIENTO (0%) la alícuota correspondiente al Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) para los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) y sus respectivas referencias, que se consignan en su ANEXO I, cuyo valor FOB no exceda los DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MIL (USD 16.000).

Que la Resolución N° 29 de fecha 28 de febrero 2025 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobó el procedimiento para la solicitud y asignación de cupo de importación en el marco del citado decreto.

Que, en razón de la actualización de las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) efectuada por la Dirección General de Aduanas, dependiente de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con fecha 15 de mayo de 2025, según información disponible en www.vuce.gob.ar, corresponde confeccionar una nueva planilla de solicitud de importación, así como también, definir la modalidad en la que se llevará a cabo su distribución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N° 49/25 y conforme a lo establecido en los Artículos 4°, 6° y 7° del Anexo de la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Que, en otro orden, corresponde señalar que a través de la Disposición N° 30 de fecha 14 de marzo de 2025 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se realizó el primer llamado a convocatoria a fin de solicitar la asignación de cupo de importación para un total de CINCUENTA MIL (50.000) vehículos para el año 2025.

Que, en tal sentido, mediante la Disposición N° 32 de fecha 15 de abril de 2025 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se asignaron unidades, las cuales a la fecha ascienden a un total de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (28.262).

Que, en virtud de no encontrarse insumido en su totalidad el límite máximo anual de unidades que efectivamente pueden importarse al amparo del Decreto N° 49/25, resulta procedente formalizar un nuevo llamado a convocatoria para asignar el remanente del cupo no utilizado, de conformidad a las previsiones contempladas en la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y la presente medida.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N° 49/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Convócase a las personas jurídicas interesadas en obtener la asignación de cupos de importación de vehículos automotores con la reducción de las alícuotas en concepto de Derecho de Importación Extrazona (D.I.E), prevista en el Decreto N° 49 de fecha 30 de enero de 2025, cuyas tecnologías de motorización alternativas se encuentren comprendidas en el citado decreto, con el alcance de la Resolución N° 29 de fecha 28 de febrero de 2025 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establécese en VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO (21.738) la totalidad de unidades a ser asignadas, de acuerdo a la proporción correspondiente a la distribución total de unidades prevista en el Artículo 8° del Anexo de la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en función al cupo ya utilizado en la Primera Convocatoria, a saber:

a) QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE (15.715) a empresas terminales radicadas y con producción en la REPÚBLICA ARGENTINA; y

b) SEIS MIL VEINTITRÉS (6.023) a personas jurídicas que no cumplan con las condiciones fijadas en el acápite a) de este artículo.

Todo aquel cupo, correspondiente a la Primera Convocatoria, que se libere se sumará a la totalidad de unidades previstas en la presente medida y podrá ser asignado con los criterios y la proporcionalidad prevista. Asimismo, en el supuesto que quede un remanente en una de las categorías, se lo podrá asignar a solicitantes de la otra categoría. De la misma manera, si a un requirente se le vence el cupo asignado o parte de aquél, se lo podrá reasignar a otro en esta misma convocatoria.

Los cupos liberados, por renuncia o no cumplimiento de nacionalización, serán reasignados a los solicitantes que, habiendo cumplido con los requisitos de admisibilidad y evaluación establecidos en la reglamentación y en el presente llamado, no se le hubieran asignado cupos o hubieran recibido uno inferior al solicitado, conforme al orden de prelación originalmente determinado que surge del acto de asignación.

La Autoridad de Aplicación notificará a los nuevos requirentes asignados, quienes deberán manifestar su aceptación en un plazo de CINCO (5) días hábiles. Vencido dicho plazo sin manifestación expresa, se considerará desistida la reasignación, pudiendo continuar con el siguiente solicitante en el orden de prelación.

El presente llamado únicamente se limita a la asignación de cupos para aquellos solicitantes constituidos como personas jurídicas, cuya finalidad sea la comercialización de los vehículos alcanzados por el régimen, en observancia con las obligaciones establecidas en las Leyes Nros. 24.240 de Defensa del Consumidor y 24.449 de Tránsito, y sus modificatorias, reglamentarias y complementarias. En tal sentido, los requirentes deberán cumplir no sólo con lo previsto en el Decreto N° 49/25 y en la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, sino también con todas aquellas normas que resulten aplicables a la comercialización, puesta en vía pública y circulación de los vehículos en cuestión.

ARTÍCULO 3°.- MONTO MÁXIMO DE VALOR FOB UNITARIO. El monto máximo de valor FOB unitario de los vehículos automotores objeto de tratamiento al amparo de la presente convocatoria, no deberá superar la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MIL (U$S 16.000), de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1° del Decreto N° 49/25 y el Artículo 8° del Anexo de la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

ARTÍCULO 4°.- METODOLOGÍA PARA ASIGNAR CUPO. El cupo correspondiente a cada una de las categorías definidas en el Artículo 2° de la presente medida, será asignado a los solicitantes en orden al menor precio de lista de venta al público comprometido y la fecha estimada para su nacionalización.

En ese sentido, las solicitudes de cupo se otorgarán según el precio de lista de venta al público en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$D), siguiendo un orden de prelación desde el más bajo al más alto. En caso de mediar igualdad de precio, se asignará verificando el mes estimado de Registro u Oficialización de la mercadería correspondiente a la posible Fecha de Nacionalización más próxima que se haya declarado.

ARTÍCULO 5°.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBERÁN PROVEER LOS SOLICITANTES. Las solicitudes se deberán presentar mediante la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) en el trámite específico generado al efecto en el Portal de la web: argentina.gob.ar, debiendo completar el formulario allí disponible y la planilla de solicitud de importación que, como Anexo (IF-2025-62115897- -APN-SSPI#MEC), forma parte integrante de la presente medida.

Asimismo, se deberá acompañar la documentación requerida en el Artículo 4° del Anexo de la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, y adjuntar una Declaración Jurada de la solicitante, por la cual se comprometan a dar cumplimiento con lo previsto en la normativa aplicable relacionada a las condiciones de seguridad vehícular en los términos de la Ley N° 24.449 y sus modificaciones, su Decreto Reglamentario N° 779/95 y sus modificatorios, y la Resolución N° 838 de fecha 11 de noviembre de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS o la que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 6°.- PLAZO DE PRESENTACIÓN y MODO EN QUE SE ADMITIRÁN LAS SOLICITUDES. Las personas jurídicas interesadas podrán presentar sus solicitudes por un plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el día de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.

Solo se admitirán las solicitudes presentadas por medio de la referida plataforma electrónica y a través del trámite establecido en el Artículo 5° de la presente medida, por lo que no serán consideradas válidas las presentaciones realizadas en soporte físico o por correo postal, así como tampoco, aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio o trámite “TAD” distinto al allí previsto.

A fin de garantizar su validez, la solicitud electrónicamente cargada deberá ser realizada por usuario facultado para ello, conforme se indica en el inciso 2) del Artículo 4° del Anexo I de la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y apoderado en la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD).

Al respecto, deberá tenerse presente que las solicitudes que no reúnan la totalidad de los recaudos consignados en la presente resolución, se tendrán por no presentadas.

ARTÍCULO 7°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. La presentación de la solicitud significa de parte del requirente el pleno conocimiento y aceptación de la totalidad de normas y cláusulas que rigen a este procedimiento, como también, aquellas cuyo cumplimiento resulte necesario para el desarrollo del presente trámite y para la posterior comercialización de los bienes aquí comprendidos, incluyendo mas no limitándose a la Ley N° 24.449, sus normas reglamentarias y complementarias, y todas las condiciones de seguridad activas y pasivas de los vehículos para ser librados al tránsito público con el fin de garantizar la conformidad de producción y satisfacción del consumidor, conforme lo definido en dicha normativa. Esto implica, además, la evaluación por parte del requirente de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquél guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su solicitud en los plazos perentorios aquí establecidos.

ARTÍCULO 8°.- RENUNCIA SIN PENALIDAD. El plazo para que los asignatarios renuncien total o parcialmente al cupo que se encuentren imposibilitados de cumplir sin penalidad, será de hasta DIEZ (10) días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del acto que asigna la importación sin arancel, ello, en los términos del Artículo 13 del Anexo de la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

ARTÍCULO 9°.- Las cuestiones y aspectos no reglados por la presente medida serán determinados y definidos en base a lo dispuesto en el Decreto N° 49/25 y la Resolución N° 29/25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 10.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Esteban Marzorati

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/06/2025 N° 40365/25 v. 11/06/2025

• Decretos:
  • 1585/1996
    infoleg 41316

Análisis Legal de la RESOL-2025-419-APN-PRES#SENASA

1. Fundamento Legal y Relación con Normas Anteriores

La RESOL-2025-419 se sustenta en el Artículo 8º, inciso h, del Decreto 1585/1996, que otorga al Presidente del SENASA facultades para resolver asuntos técnico-administrativos que garanticen la eficacia del organismo. Esta norma prorroga por 60 días corridos el plazo establecido en la RESOL-2025-186 (prórroga original de 90 días), que suspendía la entrada en vigencia de la RESOL-2025-180. Esta última establece condiciones sanitarias para el ingreso de material reproductivo y productos cárnicos desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia zonas sin vacunación.

La nueva resolución modifica temporalmente la implementación de la RESOL-2025-180, prolongando la incertidumbre regulatoria para los sectores afectados, especialmente en la Región Patagónica. La medida se justifica en la necesidad de continuar con la "Mesa de Diálogo y Trabajo" con provincias y entidades agropecuarias, en línea con el enfoque colaborativo previsto en el Decreto 1585/1996 (Art. 10 y siguientes).

2. Derechos Afectados

• Libre Circulación de Productos (Art. 11 de la Constitución Nacional Argentina - CNA):
  La prórroga podría restringir temporalmente el comercio interprovincial de productos cárnicos y material reproductivo entre zonas con diferentes estatus sanitarios, afectando la libre circulación garantizada por el Art. 11. Esto implica limitaciones para productores de la Patagonia, cuyas actividades dependen de la exportación a zonas sin vacunación.

• Competencia Federal en Sanidad y Comercio (Art. 75, incisos 12 y 13 CNA):
  La norma se enmarca en la facultad federal para legislar sobre códigos sanitarios y comercio interprovincial. Sin embargo, su aplicación debe equilibrarse con la autonomía provincial reconocida en el Art. 124 CNA, especialmente en la gestión de recursos naturales y actividades agropecuarias locales.

• Protección de Tratados Internacionales (Art. 75, inciso 22 CNA):
  La RESOL-2025-180 y sus prórrogas se basan en estándares de la OMSA, lo que refuerza su validez constitucional. No obstante, la prolongación indefinida de plazos podría generar tensiones con compromisos internacionales si afecta la predictibilidad del marco regulatorio.

3. Irregularidades y Posibles Abusos

• Uso Extensivo de Facultades Discrecionales (Art. 8º, inciso h, Decreto 1585/1996):
  Aunque el Decreto permite ajustar plazos, la acumulación de prórrogas (90 + 60 días) sin un límite temporal explícito podría interpretarse como un abuso de la discrecionalidad presidencial. Esto genera inseguridad jurídica para los operadores del sector, en contraste con el principio de eficiencia que inspira la norma.

• Falta de Participación Formal del Consejo Consultivo (Art. 10, Decreto 1585/1996):
  La "Mesa de Diálogo y Trabajo" no reemplaza al Consejo Consultivo mencionado en el Art. 10, que incluye representantes oficiales y privados. La exclusión de este órgano institucional podría cuestionar la legitimidad del proceso de toma de decisiones, pese a la intención colaborativa declarada.

• Impacto en Derechos Económicos (Art. 14 CNA, implícitamente):
  Aunque no se menciona explícitamente en el contexto, la prórroga afecta la capacidad de los productores patagónicos para comercializar sus productos, vulnerando derechos implícitos como la libertad de trabajo y propiedad (Art. 14 CNA).

4. Conclusión

La RESOL-2025-419 es formalmente válida al ajustarse a las facultades del Presidente del SENASA y al procedimiento de publicación en el Boletín Oficial (Art. 32, Decreto 1585/1996). Sin embargo, su aplicación plantea riesgos de abuso en el uso de plazos discrecionales y una gestión insuficiente de la participación institucional. Para mitigar estos problemas, se recomienda:
- Establecer un plazo máximo definitivo para la entrada en vigencia de la RESOL-2025-180.
- Incorporar formalmente al Consejo Consultivo previsto en el Decreto 1585/1996 en futuras decisiones.
- Garantizar compensaciones o medidas transitorias para productores afectados por la prórroga.

La norma refleja un esfuerzo por equilibrar la sanidad animal con intereses económicos regionales, pero requiere mayor transparencia y límites para evitar desbordes en el ejercicio de facultades discrecionales.

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-09492695- -APN-DGTYA#SENASA; las Resoluciones Nros. RESOL-2023-1259-APN-PRES#SENASA del 4 de diciembre de 2023, RESOL-2025-180-APN-PRES#SENASA del 17 de marzo de 2025 y RESOL-2025-186-APN-PRES#SENASA del 18 de marzo de 2025, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° RESOL-2025-180-APN-PRES#SENASA del 17 de marzo de 2025 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se establecen las condiciones sanitarias para el ingreso de material reproductivo, carnes y productos cárnicos de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa, desde las Zonas Libres de Fiebre Aftosa con vacunación con destino a las Zonas Libres de Fiebre Aftosa sin vacunación, ambas de la REPÚBLICA ARGENTINA, reconocidas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OMSA).

Que el dictado de la mencionada Resolución N° RESOL-2025-180-APN-PRES#SENASA generó diversas consultas y pedidos por parte de las provincias que integran la Región Patagónica.

Que, en consecuencia, se dictó la Resolución N° RESOL-2025-186-APN-PRES#SENASA del 18 de marzo de 2025 del aludido Servicio Nacional mediante la cual se dispuso prorrogar por NOVENTA (90) días corridos la entrada en vigencia de la referida Resolución N° RESOL-2025-180-APN-PRES#SENASA.

Que, asimismo, se determinó invitar a los gobernadores de las provincias que integran la Región Patagónica (Provincias de RÍO NEGRO, del NEUQUÉN, del CHUBUT, de SANTA CRUZ, de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y de BUENOS AIRES) y a entidades representativas del sector agropecuario a la Mesa de Diálogo y Trabajo, la cual funcionará en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en la que se trabajarán conjuntamente los alcances y la coordinación de acciones tendientes a la implementación de las medidas establecidas en la citada Resolución N° RESOL-2025-180-APN-PRES#SENASA.

Que, atento a que en la actualidad continúan los trabajos iniciados en el marco dispuesto por la mentada Resolución N° RESOL-2025-186-APN-PRES#SENASA, corresponde extender la prórroga oportunamente establecida.

Que las Direcciones Nacionales de Sanidad Animal y de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria han tomado intervención en el ámbito de sus competencias.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8º, inciso h), del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prórroga. Se prorroga por SESENTA (60) días corridos el plazo establecido en la Resolución N° RESOL-2025-186-APN-PRES#SENASA del 18 de marzo de 2025 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 2°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Pablo Cortese

e. 11/06/2025 N° 40357/25 v. 11/06/2025

• Leyes:
  • 3959
    infoleg 49274
  • 12566
    infoleg 36455
  • 24305
    infoleg 701
  • 24696
    infoleg 39613
  • 27233
    infoleg 257451
• Decretos:
  • 1585/1996
    infoleg 41316

Análisis Legal de la Resolución SENASA 2025-421-APN-PRES#SENASA

1. Marco Normativo de Fundamento

La Resolución 2025-421 se sustenta en un conjunto de normas que establecen el marco sanitario y de competencia del SENASA:
- Ley 27.233 (Art. 1°, 2°, 5°, 14°, 16°): Declara de interés nacional y orden público la sanidad animal, otorga al SENASA facultades para controlar enfermedades (ej. fiebre aftosa) y establece un régimen sancionatorio.
- Ley 24.305 (Art. 2°, 13°, 19°): Refuerza la autoridad del SENASA para reglamentar requisitos técnicos y fiscalizar vacunaciones, clave para exigir certificados de buena salud (Anexo II) y zonificación (Art. 9 inc. b).
- Ley 24.696 (Art. 2°, 11°, 13°): Legitima la zonificación epidemiológica (Zona Libre de Fiebre Aftosa Sin Vacunación) y el control de movimientos ganaderos.
- Decreto 1585/1996 (Art. 2°, 8° inc. e) y f), 18°-22°): Otorga al SENASA competencia para diseñar programas sanitarios, emitir normas reglamentarias y aplicar sanciones por incumplimientos.
- Ley 3959 (Art. 1°, 3°, 9°): Justifica el control de enfermedades exóticas y la zonificación para prevenir brotes.

2. Principales Disposiciones de la Norma

• Requisitos Sanitarios y Documentales (Art. 1°-9°):
• Verificación previa (Art. 4): Exige presentar documentación 7 días antes del traslado, incluyendo certificados sanitarios emitidos por veterinarios acreditados (Art. 6) y análisis de laboratorios oficiales (Art. 7).
• Documento de Tránsito Electrónico (DT-e): Condiciona el movimiento a la autorización del SENASA tras revisión documental.
• Transporte (Art. 10): Vehículos habilitados y certificados de desinfección, exceptuando aves y conejos.
• Sanciones (Art. 12): Aplica multas y decomisos según la Ley 27.233.
• Suspensión Preventiva de Exposiciones (Art. 15 inc. b): Permite cancelar eventos ante emergencias sanitarias.

3. Impacto en Normas Preexistentes

La Resolución abroga cinco resoluciones previas (Art. 16), entre ellas:
- Resoluciones 2019-269 y 2019-793: Relacionadas con requisitos para exposiciones, ahora actualizadas para incluir nuevos protocolos (ej. certificados electrónicos y zonificación).
- Resoluciones 2023-193 y 2023-959: Reemplazadas para alinearse con la Resolución 2023-1259 (zonificación territorial).
- Resoluciones 2024-599 y 2024-959: Modificadas para integrar estándares internacionales (OMSA) y procedimientos tecnológicos (DT-e).

Evolución Regulatoria: La norma actualiza mecanismos de control (ej. digitalización del DT-e) y refuerza criterios basados en riesgo epidemiológico (zona de origen), superando normas anteriores centradas en controles genéricos.

4. Derechos Afectados y Posibles Conflictos

• Libertad de Industria y Propiedad (CNA, Art. 14):
• Restricciones: La obligación de presentar documentación 7 días antes del movimiento (Art. 4 inc. a) y la suspensión de exposiciones (Art. 15 inc. b) podrían limitar la libre circulación de bienes y la organización de eventos.
• Justificación: La CNA Art. 28 y 31 permite limitaciones si se fundamentan en interés público (salud animal). La Ley 27.233 Art. 2° afirma que las normas sanitarias son de orden público, priorizando sobre derechos individuales.
• Derecho a la Defensa (CNA, Art. 18):
• Acta de Constatación (Art. 11 inc. a): Obliga al SENASA a documentar rechazos, garantizando transparencia, pero no se menciona un recurso específico para impugnar decisiones, lo que podría vulnerar el debido proceso.
• Competencia Federal (CNA, Art. 126):
• Centralización: La norma refuerza el control nacional sobre movimientos ganaderos, limitando autonomía provincial en zonas libres. Esto se alinea con la Ley 24.696 Art. 11, que faculta al SENASA a establecer zonas epidemiológicas uniformes.

5. Irregularidades y Posibles Abusos

• Exigencia de 7 Días de Anticipación (Art. 4 inc. a):
• Riesgo de Abuso: Productores de zonas rurales alejadas podrían enfrentar dificultades técnicas o logísticas para cumplir este plazo, afectando su capacidad de participar en exposiciones.
• Base Legal: No se explicita en las leyes citadas, lo que podría cuestionar su proporcionalidad.
• Suspensión Preventiva de Eventos (Art. 15 inc. b):
• Amplia Discrecionalidad: La falta de criterios objetivos para declarar una emergencia sanitaria (ej. definición de "evento epidémico") podría llevar a decisiones arbitrarias.
• Dependencia de Laboratorios Oficiales (REDLAB, Art. 7):
• Restricción a Laboratorios Privados: Aunque la Ley 27.233 Art. 14 permite sanciones por incumplimientos, la exclusión de laboratorios no oficiales podría limitar opciones y generar retrasos, sin justificación técnica clara en el contexto.

6. Conclusión

La Resolución 2025-421 refuerza el marco sanitario nacional, alineándose con tratados internacionales (OMSA) y leyes de interés público. Sin embargo, su implementación requiere equilibrar el control epidemiológico con garantías constitucionales:
- Recomendación: Establecer plazos diferenciados para productores de zonas con infraestructura limitada y definir criterios objetivos para la suspensión de exposiciones.
- Riesgo Pendiente: La centralización de laboratorios oficiales y la falta de recursos para impugnar rechazos documentales podrían vulnerar principios de igualdad y defensa en juicio (CNA Art. 16, 17).

La norma, aunque técnica y coherente con el marco legal, debe ajustarse a estándares de proporcionalidad para evitar afectaciones desproporcionadas a derechos económicos y procedimentales.

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-46922785- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 3.959; 12.566, 24.305, 24.696 y 27.233; el Decreto-Ley N° 27.342 del 10 de octubre de 1944; el Decreto Reglamentario Nº DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. 308 del 27 de febrero de 2004, 25 del 7 de febrero de 2005, 617 del 12 de agosto de 2005 y sus modificatorias, 356 del 17 de octubre de 2008 y sus modificatorias, y 474 del 31 de julio de 2009, todas de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, 618 del 18 de julio de 2002 y su modificatoria, 128 del 16 de marzo de 2012 y su modificatoria, 63 del 18 de febrero de 2013, 82 del 1 de marzo de 2013, 545 del 5 de noviembre de 2015, RESOL-2017-372-APN-PRES#SENASA del 9 de junio de 2017, RESOL-2017-382-APN-PRES#SENASA del 15 de junio de 2017, RESOL-2017-386-APN-PRES#SENASA del 15 de junio de 2017, RESOL-2018-1-APN-PRES#SENASA del 2 de enero de 2018, RESOL-2019-67-APN-PRES#SENASA del 28 de enero de 2019, RESOL-2019-269-APN-PRES#SENASA del 26 de marzo de 2019, RESOL-2019-733-APN-PRES#SENASA del 21 de junio de 2019, RESOL-2019-793-APN-PRES#SENASA del 5 de julio de 2019, RESOL-2019-1697-APN-PRES#SENASA del 9 de diciembre de 2019, RESOL-2021-134-APN-PRES#SENASA del 15 de marzo de 2021, RESOL-2022-503-APN-PRES#SENASA del 17 de agosto de 2022 y sus modificatorias, RESOL-2022-619-APN-PRES#SENASA del 27 de septiembre de 2022, RESOL-2023-193-APN-PRES#SENASA del 3 de marzo de 2023, RESOL-2023-339-APN-PRES#SENASA del 21 de abril de 2023, RESOL-2023-959-APN-PRES#SENASA del 2 de octubre de 2023, RESOL-2023-1259-APN-PRES#SENASA del 4 de diciembre de 2023, RESOL-2024-115-APN-PRES#SENASA del 23 de enero de 2024, RESOL-2024-599-APN-PRES#SENASA del 3 de junio de 2024, RESOL-2024-959-APN-PRES#SENASA del 14 de agosto de 2024 y RESOL-2024-1446-APN-PRES#SENASA del 12 de diciembre de 2024, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley de Policía Sanitaria Animal Nº 3.959 se establece la defensa de los ganados en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA contra la invasión de enfermedades contagiosas exóticas y la acción de las epizootias ya existentes en el país.

Que mediante la Ley N° 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades que afecten la producción agropecuaria nacional y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades ganaderas, entre otras responsabilidades.

Que, en tal sentido, declara de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal.

Que a través del Artículo 5° de la mencionada ley se establece que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) será la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la citada ley.

Que, a fin de dar cumplimiento a las acciones encomendadas por las leyes referidas, el citado Servicio Nacional desarrolla planes y programas sanitarios con el objetivo de prevenir, controlar y/o erradicar enfermedades animales o ganaderas de importancia para la actividad agropecuaria del país.

Que los planes y programas para la prevención, el control y/o la erradicación de las enfermedades de los animales se encuentran establecidos en el conjunto normativo de competencia del SENASA.

Que mediante la Resolución N° RESOL-2023-1259-APN-PRES#SENASA del 4 de diciembre de 2023 del aludido Servicio Nacional se establecen los requisitos generales para el movimiento y las concentraciones ganaderas de animales de especies susceptibles a la Fiebre Aftosa y la zonificación del Territorio Nacional, al solo efecto del movimiento de animales en pie en relación con la prevención y el control de dicha enfermedad.

Que en febrero de 2023 la Comisión Científica de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OMSA) para las Enfermedades Animales consideró, con respecto a la evaluación de permitir que los países o zonas libres de Fiebre Aftosa en que no se aplica la vacunación introduzcan animales vacunados, teniendo en cuenta que estas importaciones se permitirían desde «países/zonas/compartimentos libres de Fiebre Aftosa en que se aplica la vacunación» y que las disposiciones de los artículos correspondientes establecen que se demuestre la ausencia de infección/transmisión del virus de dicha enfermedad en los animales que se van a importar, que el riesgo asociado a la importación de animales vacunados procedentes de esos países, zonas o compartimentos es insignificante.

Que atento a que las exposiciones ganaderas pueden celebrarse en todo el país y son punto de concentración de animales de distintas especies, que provienen de diferentes regiones del país y en ciertos casos de diferentes condiciones sanitarias, se requiere establecer requisitos sanitarios estandarizados para el traslado de los animales hacia las referidas exposiciones.

Que dichos traslados deben respetar las normas de bienestar animal como así también los requisitos sanitarios establecidos en las distintas normativas, con el fin de evitar la trasmisión de enfermedades.

Que, a los efectos de facilitar el control de ingreso de los animales a las exposiciones y fortalecer las tareas de prevención, resulta apropiado compendiar los requisitos que deben cumplirse con relación a los establecimientos de origen y de destino, así como a los movimientos y las exigencias sanitarias, documentales y de trato de los animales.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes de los Artículos 4° y 8°, incisos e) y f), del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Requisitos sanitarios y documentales y actividades de control de los animales que concurren a exposiciones ganaderas. Se establecen los requisitos sanitarios y documentales y las actividades de control necesarios para el ingreso y egreso de los animales de todas las especies que concurren a exposiciones ganaderas.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. Se encuentran alcanzadas por las exigencias de la presente resolución todas las exposiciones ganaderas dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3°.- Bienestar de los animales. Se debe cumplir con lo establecido en la Resolución N° RESOL-2019-1697-APN-PRES#SENASA del 9 de diciembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) y con las recomendaciones del citado Organismo en materia de protección y bienestar de los animales en todas las prácticas veterinarias y sanitarias que se lleven a cabo por aplicación de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Verificación Documental Oficial. Previo al movimiento de los animales hacia las exposiciones ganaderas y sin necesidad de realizar inspección al establecimiento en donde se encuentran alojados, el productor agropecuario titular de los animales debe presentar ante la Oficina Local del SENASA, con jurisdicción sobre la Unidad Productiva del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) en donde se encuentran estos, la totalidad de la documentación y/o los requisitos solicitados en la presente resolución, y el Veterinario de la Oficina Local del SENASA debe verificar que la documentación y los registros garantizan que los animales y el establecimiento han cumplido con la totalidad de las exigencias sanitarias, luego de lo cual se puede autorizar en el sistema de información sanitaria la emisión del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) que amparará el traslado.

Inciso a) La documentación y los requisitos deben presentarse al menos SIETE (7) días corridos antes del egreso de los animales con destino a la exposición ganadera.

REQUISITOS SANITARIOS

ARTÍCULO 5º.- Requisitos sanitarios para el ingreso a exposiciones por especies. Los requisitos sanitarios por especie solicitados para el traslado de animales a las exposiciones ganaderas, y que deben ser cumplidos y presentados en la Verificación Documental Oficial, se encuentran listados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

Inciso a) Además de cumplimentar los requisitos sanitarios dispuestos en el Anexo I, se debe presentar un certificado de Buena Salud, donde un Veterinario Privado constate la situación sanitaria de los animales, cuyo modelo obra como Anexo II de la presente resolución.

REQUISITOS GENERALES

ARTÍCULO 6°.- Certificados sanitarios. Todos los certificados sanitarios requeridos en la presente norma deben ser extendidos por los Veterinarios o Técnicos Privados Acreditados, según lo dispuesto en la Resolución N° RESOL-2018-1-APN-PRES#SENASA del 2 de enero de 2018 del mencionado Servicio Nacional.

ARTÍCULO 7°.- Diagnósticos y resultados de laboratorios. Todos los diagnósticos y resultados de laboratorio requeridos en la presente deben ser realizados por los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Controles Analíticos Oficiales (REDLAB), según lo establecido en la Resolución N° RESOL-2024-1446-APN-PRES#SENASA del 12 de diciembre de 2024 del aludido Servicio Nacional.

ARTÍCULO 8°.- Animales importados. Los animales importados de cualquier especie que participen de exposiciones ganaderas deben cumplir con los requisitos de importación que establece la normativa vigente, a los efectos de obtener la autorización de ingreso al Predio Ferial.

ARTÍCULO 9°.- Documentación exigida para el movimiento de animales a la exposición ganadera. Luego de realizada la Verificación Documental Oficial, requerida en el Artículo 4° del presente marco normativo, los animales remitidos con destino a las exposiciones deben movilizarse de acuerdo con la legislación vigente, amparados con la siguiente documentación:

Inciso a) el Documento de Tránsito electrónico (DT-e);

Inciso b) en el caso de bovinos y/o bubalinos provenientes de la Zona Libre de Fiebre Aftosa Sin Vacunación, el detalle de la identificación individual de los animales involucrados mediante la confección de la Tarjeta de Registro Individual de Tropa (TRI),

Apartado I) en el caso de las especies menores susceptibles a la Fiebre Aftosa provenientes de la Zona Libre de Fiebre Aftosa Sin Vacunación, además, deben contar con detalle de la identificación individual, por un método verificable, la que debe ser constatada documentalmente por el Veterinario de la Oficina Local del SENASA actuante al realizar la verificación documental establecida en el Artículo 4° de la presente resolución;

Inciso c) los Certificados Sanitarios y la documentación presentada en la Verificación Documental Oficial, establecida en el Artículo 4° de la presente resolución;

Inciso d) la guía de traslado extendida por la autoridad competente, cuando corresponda.

ARTÍCULO 10.- Transporte. El vehículo que realiza el traslado de los animales debe encontrarse habilitado por el SENASA. Al momento de llevar a cabo el transporte de los animales hacia la exposición ganadera deberá contar con Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos de Transporte de Animales Vivos vigente.

Inciso a) Se encuentran exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los conejos y las aves ornamentales.

ARTÍCULO 11.- Rechazo. El incumplimiento de los requisitos sanitarios y documentales que se establecen por la presente resolución es motivo de rechazo durante la Verificación Documental Oficial y, consecuentemente, implica que no se realizará la emisión del DT-e para el amparo del movimiento de los animales con destino a la exposición ganadera de destino.

Inciso a) En caso de rechazo por incumplimiento de lo dispuesto en el presente marco normativo por parte del propietario del animal/establecimiento, el Veterinario de la Oficina Local del SENASA actuante debe dejar asentada dicha novedad mediante el labrado de un Acta de Constatación en la que exponga el motivo del rechazo.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 12.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento o las transgresiones a la presente norma serán pasibles de las sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las acciones preventivas que pudieran adoptarse en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 13.- Anexo I. Aprobación. Se aprueban los “Requisitos Sanitarios para el Ingreso a Exposiciones Ganaderas por Especie” que, como Anexo I (IF-2025-59874617-APN-DPYESA#SENASA), forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 14.- Anexo II. Aprobación. Se aprueba el “Certificado de Buena Salud para Traslado de Animales a Exposiciones Ganaderas” para todas las especies que, como Anexo II (IF-2025-60343112-APN-DPYESA#SENASA), forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 15.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a modificar las condiciones establecidas en la presente, así como también a dictar la normativa complementaria necesaria para la adecuada implementación de esta norma.

Inciso a) Establecer, para las distintas zonas del país y las especies animales, los requisitos zoosanitarios específicos para los movimientos de animales.

Inciso b) Cancelar y/o suspender las exposiciones ganaderas de forma preventiva, total o parcialmente, ante la ocurrencia de eventos epidémicos.

ARTÍCULO 16.- Abrogación. Se abrogan las Resoluciones Nros. RESOL-2019-269-APN-PRES#SENASA del 26 de marzo de 2019, RESOL-2019-793-APN-PRES#SENASA del 5 de julio de 2019, RESOL-2023-193-APN-PRES#SENASA del 3 de marzo de 2023, RESOL-2023-959-APN-PRES#SENASA del 2 de octubre de 2023, RESOL-2024-599-APN-PRES#SENASA del 3 de junio de 2024 y RESOL-2024-959-APN-PRES#SENASA del 14 de agosto de 2024, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 17.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Pablo Cortese

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/06/2025 N° 40391/25 v. 11/06/2025

• Decretos:
  • 1400/2001
    infoleg 69724

Análisis Legal de la RESOL-2025-945-APN-SSS#MS

1. Marco Normativo Aplicable

La resolución se fundamenta en el Decreto 1400/2001 (artículos 20 y ANEXO III), que establece el procedimiento para abordar situaciones de crisis en obras sociales. Este marco tiene su base constitucional en el Artículo 75, inciso 21 de la CN, que otorga competencia al Congreso para legislar sobre seguridad social. La norma también cita la Resolución 102/2025-SSSALUD, que creó el Comité de Evaluación y Seguimiento, garantizando un control técnico y administrativo conforme a los principios de legalidad (Artículo 19) y debido proceso (Artículo 18).

2. Determinación de la Crisis

La OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CÓRDOBA fue declarada en crisis por incumplir los Criterios 1 a 4 del ANEXO II del Decreto 1400/2001:
- Criterio 1: Incumplimiento de obligaciones prestacionales, jurídico-institucionales y contables (ej.: no presentación de estados contables y estadísticas médicas).
- Criterio 2: Indicadores económico-financieros negativos derivados del incumplimiento del Criterio 1.
- Criterio 3: Capacidad de repago >150 días.
- Criterio 4: Dependencia de subsidios financieros.
El factor de criticidad superó el umbral de 65, lo que, según el Decreto, legitima la intervención.

Análisis Constitucional:
- Artículo 14 bis: La medida busca proteger el derecho a la seguridad social y la continuidad de la cobertura sanitaria.
- Artículo 18: Se respetó el derecho a la defensa, ya que se intimó a la obra social a presentar un Plan de Contingencia en 15 días, permitiéndole impugnar o subsanar los incumplimientos.

3. Obligaciones Impuestas a la Obra Social

• Presentación de un Plan de Contingencia (Artículo 20, Decreto 1400/2001):
• Incluye metas trimestrales basadas en los Criterios 1, 2 y 3.
• Debe garantizar la viabilidad financiera y operativa.
• Supervisión por el Comité de Evaluación y Seguimiento (Resolución 102/2025):
• Asegura el control técnico y la transparencia del proceso.

Derechos Afectados:
- Artículo 17: Aunque la intervención limita la autonomía de la obra social, no constituye una expropiación directa, sino una medida administrativa provisional para salvaguardar derechos de terceros.
- Artículo 125: La acción federal no vulnera la autonomía provincial, ya que se justifica por el interés nacional en la seguridad social (competencia concurrente).

4. Posibles Irregularidades o Abusos

• Cálculo del Factor de Criticidad:
• Si los incumplimientos reportados (ej.: falta de estados contables) no fueron debidamente notificados o si existen errores en la valorización técnica (ej.: ponderación de Criterios 2 y 3 basada en datos incompletos), podría cuestionarse la validez de la declaración de crisis.

• Artículo 19: La medida debe basarse en normas vigentes y aplicarse con proporcionalidad. Un cálculo arbitrario del factor de criticidad podría vulnerar este principio.

• Plazo para Presentar el Plan de Contingencia:

• El plazo de 15 días es ajustado a lo previsto en el Decreto 1400/2001 (ANEXO III). Sin embargo, si la obra social demuestra imposibilidad objetiva de cumplir, podría invocar el Artículo 43 (amparo) para solicitar una prórroga.

• Riesgo de Baja del Registro Nacional (Artículo 22, Decreto 1400/2001):

• Si la obra social no cumple el Plan de Contingencia en 180 días, se ordenará su baja, lo que implicaría la reasignación aleatoria de beneficiarios. Este extremo debe equilibrarse con la necesidad de evitar afectaciones abruptas al acceso a la salud (Artículo 14 bis).

5. Relación con Normas Preexistentes

• Resolución 501/2010: Define los requisitos evaluados en el Criterio 1, legitimando la base técnica para determinar la crisis.
• Resolución 102/2025: Refuerza la legalidad del procedimiento al crear un órgano de control específico, evitando arbitrariedades.
• Decreto 1400/2001: La resolución no modifica ni desvía el marco legal existente, sino que lo aplica fielmente.

6. Conclusión

La RESOL-2025-945-APN-SSS#MS es constitucional y conforme a la normativa vigente, ya que:
1. Se fundamenta en el Decreto 1400/2001, autorizado por el Artículo 75, inciso 21.
2. Garantiza el debido proceso (Artículo 18) al permitir a la obra social presentar un plan de recuperación.
3. Prioriza el derecho a la salud (Artículo 14 bis) sobre intereses institucionales.

Recomendaciones:
- La obra social puede impugnar la valorización de los criterios ante la Superintendencia o mediante acción judicial (amparo, Artículo 43).
- La Superintendencia debe asegurar que la reasignación de beneficiarios (si se llega a ese extremo) no interrumpa el acceso a servicios esenciales.
- El Comité de Evaluación debe documentar minuciosamente el seguimiento del Plan de Contingencia para evitar acusaciones de arbitrariedad (Artículo 19).

En síntesis, la norma respeta el marco constitucional, pero su aplicación debe mantener un equilibrio entre la legalidad administrativa y la protección de derechos fundamentales.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-50878992-APN-SAT#SSS, el Decreto Nº 1400 del 4 de noviembre de 2001 y las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nros. 501 del 12 de mayo de 2010 y 102 del 7 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1400/2001 en el CAPÍTULO IV - OBRAS SOCIALES EN CRISIS: GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA COBERTURA (artículos 18 a 26) y en los ANEXOS II, III y IV establece el procedimiento a seguir, en aquellos casos de Agentes del Seguro de Salud que se encuentren en situación de crisis.

Que dicha situación –conforme el ANEXO II del citado Decreto- se consolida cuando el factor de criticidad es superior al valor límite de SESENTA Y CINCO (65); entendiéndose por tal, al cociente entre la sumatoria de la valorización de los Criterios Números 1, 2, 3 y 4 y el número TRES COMA DOS (3,2) multiplicado por el número CIEN (100).

Que el Criterio Nº 1 evalúa el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud de aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario; el Criterio Nº 2 pondera indicadores económico-financieros; el Criterio Nº 3 hace lo propio con la capacidad de repago y el Criterio Nº 4 valora la dependencia de subsidios financieros por parte de las Obras Sociales.

Que específicamente, en lo que hace al Criterio Nº 1, la Resolución Nº 501/2010-SSSALUD enumera los requisitos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, que deberán considerarse a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud.

Que la Resolución Nº 102/2025-SSSALUD creó el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud en el ámbito de la GERENCIA GENERAL, a efectos de implementar las disposiciones del Decreto Nº 1400/2001.

Que el citado Comité mediante Acta de Reunión Nº 5 – IF-2025-55707396-APN-GG#SSS - ratificó por unanimidad los resultados obtenidos en el IF-2025-46497964-APN-SAT#SSS correspondientes al 1º Trimestre del año 2025.

Que la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CÓRDOBA (R.N.A.S. Nº 1-1800-2) se encuentra en situación de crisis, por presentar -al 28 de febrero de 2025- un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el ANEXO II del Decreto Nº 1400/01; resultante del incumplimiento del Criterio Nº 1- Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario: Requisitos incumplidos: Gerencia de Control Económico Financiero: Memoria y Estados Contables R5, Presupuesto de Gastos y Recursos R6 y Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación financiera Corriente R7; Gerencia de Control Prestacional: Programa Médico Asistencial R1 y Resolución Nº 650/97-ANSSAL- Estadísticas de Prestaciones Médicas R4; Criterio Nº 2- Indicadores económico-financieros: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero, valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio Nº 3- Indicador de capacidad de repago: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero, valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio N° 4-Dependencia de subsidios financieros: Requisitos incumplidos: se valorizó en 0,2 considerando el ingreso ordinario mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud; de acuerdo con los términos del informe Nº IF-2025-56005149-APN-SAT#SSS.

Que frente a la determinación de la situación de crisis atravesada por la entidad, resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el ANEXO III del Decreto Nº 1400/01.

Que, en consecuencia, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los Criterios Números 1, 2 y 3 del ANEXO II del Decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del mentado Plan.

Que las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA GENERAL toman la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996, 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 83 de fecha 24 de enero de 2024.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CÓRDOBA (R.N.A.S. Nº 1-1800-2) se encuentra en Situación de Crisis, conforme las previsiones del Decreto Nº 1400/01 y los términos del Informe IF-2025-56005149-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 2º.- Intímase a la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CÓRDOBA (R.N.A.S. Nº 1-1800-2) a acompañar un Plan de Contingencia, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente, con sujeción a lo normado en el Decreto Nº 1400/01 (artículo 20 y ANEXO III) y lo expuesto en el IF-2025-56005149-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para efectuar el seguimiento del trámite.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CÓRDOBA (R.N.A.S. Nº 1-1800-2), publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Agentes del Seguro y a la GERENCIA GENERAL para la intervención de sus respectivas competencias y, vincúlese al expediente electrónico que le dió origen.

Gabriel Gonzalo Oriolo

e. 11/06/2025 N° 40224/25 v. 11/06/2025

• Decretos:
  • 1400/2001
    infoleg 69724
  • 1615/1996
    infoleg 41312
  • 2710/2012
    infoleg 207477
  • 83/2024
    infoleg 396225

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-946-APN-SSS#MS

La Resolución RESOL-2025-946-APN-SSS#MS declara en situación de crisis a la Obra Social Peones de Taxis de Rosario (RNAS 1-2830-0) bajo el marco del Decreto 1400/2001 y la Resolución 102/2025-SSSALUD. A continuación, se analiza su legalidad, derechos afectados, posibles irregularidades y riesgos de abuso, vinculando la norma con el contexto constitucional y normativo proporcionado:

1. Fundamento Legal y Cumplimiento de Requisitos

• Base normativa:
  La declaración de crisis se sustenta en el Decreto 1400/2001 (Capítulo IV y Anexos II, III y IV), que establece el procedimiento para evaluar la situación de las obras sociales mediante el factor de criticidad (cálculo basado en los Criterios 1 a 4). La Resolución cita el incumplimiento de requisitos técnicos en los Criterios 1, 2 y 3, como la falta de presentación de estados contables (R5), presupuestos (R6) y estadísticas médicas (R4), lo que eleva el factor de criticidad por encima del umbral de 65.
• Artículo 19 y Anexo II del Decreto 1400/01: Validación del cálculo del factor de criticidad.

• Artículo 20 y Anexo III: Exigencia de un Plan de Contingencia en 15 días.

• Conexión con normas vigentes:
  La Resolución se apoya en el Decreto 2710/2012 (estructura de la Superintendencia) y el Decreto 83/2024 (designación del Superintendente). Estos marcos legitiman la autoridad del órgano de control para aplicar el régimen de crisis.

2. Derechos Afectados y Garantías Constitucionales

• Artículo 14 bis de la CN:
  El Estado garantiza la seguridad social con carácter irrenunciable. La declaración de crisis debe asegurar la continuidad de prestaciones (Art. 21 del Decreto 1400/01), permitiendo a los beneficiarios elegir otra obra social sin restricciones. La Resolución no menciona medidas concretas para proteger este derecho durante la implementación del Plan de Contingencia, lo que podría generar incertidumbre.

• Artículo 18 de la CN (Debido Proceso):
  La obra social tiene derecho a audiencia y motivación clara de la decisión. La Resolución menciona que el Comité de Evaluación y Seguimiento validó los resultados por unanimidad (Acta N.º 5), pero no detalla si se respetó el derecho a la defensa previo a la declaración de crisis.

• Artículo 43 de la CN (Acción de Amparo):
  Los beneficiarios podrían cuestionar actos que suspendan prestaciones médicas injustificadamente. Si el Plan de Contingencia no garantiza el acceso a la salud, se abriría la puerta a recursos de amparo.

• Artículo 28 de la CN:
  Las normas reglamentarias (como la Resolución 102/2025) no pueden alterar principios constitucionales. Si el Comité de Evaluación actúa con discrecionalidad en la supervisión del Plan de Contingencia, podría vulnerar este artículo.

3. Posibles Irregularidades y Riesgos de Abuso

• Falta de transparencia en el cálculo del factor de criticidad:
  La Resolución no explica cómo se valorizaron los incumplimientos (ej.: por qué el Criterio 4 se calificó con 0,2 y no con 1). Esto podría generar arbitrariedad en la aplicación de los criterios técnicos.

• Riesgo de intervención excesiva:
  El Comité de Evaluación y Seguimiento (Resolución 102/2025) tiene facultades amplias para monitorear el Plan de Contingencia. Si no opera con independencia y transparencia (Art. 114 CN), podría vulnerar la autonomía de la obra social.

• Impacto en derechos sociales:
  Si el Plan de Contingencia implica recortes de prestaciones para equilibrar cuentas (Criterio 2 y 3), se podría afectar el principio de irrenunciabilidad del Artículo 14 bis.

• Legitimidad de la autoridad:
  La designación del Superintendente mediante el Decreto 83/2024 (Art. 3) es válida, pero el cese del anterior titular (Art. 1) podría generar cuestionamientos sobre la continuidad institucional.

4. Relación con Normas Anteriores y Jerarquía Normativa

• Decreto 1615/1996:
  La Superintendencia tiene facultades de fiscalización (Art. 2º), pero su intervención debe respetar los límites de la Ley de Presupuesto (Art. 7º). La Resolución 102/2025, al crear el Comité de Evaluación, debe alinearse con esta estructura.

• Decreto 2710/2012:
  La estructura orgánica de la Superintendencia (Art. 14) respalda la creación del Comité, pero su funcionamiento debe adherir a los principios de legalidad (Art. 1º) y control de subsidios (Art. 12).

• Conflictos normativos:
  No se mencionan derogaciones explícitas de normas anteriores, pero la Resolución 102/2025 podría generar tensiones si sus criterios técnicos contradicen interpretaciones previas del Decreto 1400/01.

5. Conclusión

La Resolución RESOL-2025-946-APN-SSS#MS es formalmente válida al aplicar el procedimiento del Decreto 1400/01 y basarse en la estructura de la Superintendencia (Decretos 2710/2012 y 83/2024). Sin embargo, su implementación plantea riesgos de vulneración de derechos sociales (Art. 14 bis), falta de transparencia en la evaluación técnica y posible arbitrariedad en el monitoreo del Plan de Contingencia. Para mitigar estos riesgos, se recomienda:
1. Publicar detalles del cálculo del factor de criticidad.
2. Garantizar participación de los beneficiarios en el seguimiento del Plan.
3. Respetar el debido proceso (Art. 18) en futuras declaraciones de crisis.
4. Vigilar la legalidad de los actos del Comité de Evaluación (Art. 28 y 114 CN).

Este análisis refuerza la necesidad de equilibrar el control financiero con la protección de derechos fundamentales, como lo exige el sistema constitucional argentino.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-50882521-APN-SAT#SSS, el Decreto Nº 1400 del 4 de noviembre de 2001 y las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nros. 501 del 12 de mayo de 2010 y 102 del 7 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1400/2001 en el CAPITULO IV - OBRAS SOCIALES EN CRISIS: GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA COBERTURA (artículos 18 a 26) y en los ANEXOS II, III y IV establece el procedimiento a seguir, en aquellos casos de Agentes del Seguro de Salud que se encuentren en situación de crisis.

Que dicha situación –conforme el ANEXO II del citado Decreto- se consolida cuando el factor de criticidad es superior al valor límite de SESENTA Y CINCO (65); entendiéndose por tal, al cociente entre la sumatoria de la valorización de los Criterios Números 1, 2, 3 y 4 y el número TRES COMA DOS (3,2) multiplicado por el número CIEN (100).

Que el Criterio Nº 1 evalúa el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud de aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario; el Criterio Nº 2 pondera indicadores económico-financieros; el Criterio Nº 3 hace lo propio con la capacidad de repago y el Criterio Nº 4 valora la dependencia de subsidios financieros por parte de las Obras Sociales.

Que específicamente, en lo que hace al Criterio Nº 1, la Resolución Nº 501/2010-SSSALUD enumera los requisitos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, que deberán considerarse a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud.

Que la Resolución Nº 102/2025-SSSALUD creó el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud en el ámbito de la Gerencia General, a efectos de implementar las disposiciones del Decreto Nº 1400/2001.

Que el citado Comité mediante Acta de Reunión Nº5 – IF-2025-55707396-APN-GG#SSS- ratificó por unanimidad los resultados obtenidos en el IF-2025-46497964-APN-SAT#SSS correspondientes al 1º Trimestre del año 2025.

Que la OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE ROSARIO (R.N.A.S. Nº 1-2830-0) se encuentra en situación de crisis, por presentar -al 28 de febrero de 2025- un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el ANEXO II del Decreto Nº 1400/01; resultante del incumplimiento del Criterio Nº 1- Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario: Requisitos incumplidos: Gerencia de Control Económico Financiero: Memoria y Estados Contables R5, Presupuesto de Gastos y Recursos R6 y Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación financiera Corriente R7; Gerencia de Control Prestacional: Programa Médico Asistencial R1, Cartilla destinada a los beneficiarios R2 y Resolución Nº 650/97-ANSSAL- Estadísticas de Prestaciones Médicas R4; Gerencia de Sistemas de la Información: Padrón actualizado de beneficiarios R12; Criterio Nº 2- Indicadores económico-financieros: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero, valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio Nº 3- Indicador de capacidad de repago: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero, valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio N° 4-Dependencia de subsidios financieros: Requisitos incumplidos: se valorizó en 0,2 considerando el ingreso ordinario mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud; de acuerdo con los términos del informe Nº IF-2025-56003078-APN- SAT#SSS.

Que frente a la determinación de la situación de crisis atravesada por la entidad, resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el ANEXO III del Decreto Nº 1400/01.

Que, en consecuencia, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los Criterios Números 1, 2 y 3 del ANEXO II del Decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del mentado Plan.

Que las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA GENERAL toman la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996, 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 83 de fecha 24 de enero de 2024.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE ROSARIO (R.N.A.S. Nº 1-28300)se encuentra en Situación de Crisis, conforme las previsiones del Decreto Nº 1400/01 y los términos del Informe IF-2025-56003078-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 2º.- Intímase a la OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE ROSARIO (R.N.A.S. Nº 1-2830-0) a acompañar un Plan de Contingencia, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente, con sujeción a lo normado en el Decreto Nº 1400/01 (artículo 20 y ANEXO III) y lo expuesto en el IF-2025-56003078-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 3º.- Facúltanse a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para efectuar el seguimiento del trámite.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la OBRA SOCIAL PEONES DE TAXIS DE ROSARIO (R.N.A.S. Nº 1-2830-0), publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL pase a la Coordinación de Registros de Agentes del Seguro y a la GERENCIA GENERAL para la intervención de sus respectivas competencias y, vincúlese al expediente electrónico que le dió origen.

Gabriel Gonzalo Oriolo

e. 11/06/2025 N° 40261/25 v. 11/06/2025

• Decretos:
  • 1400/2001
    infoleg 69724
  • 1615/1996
    infoleg 41312
  • 2710/2012
    infoleg 207477
  • 83/2024
    infoleg 396225

Análisis Legal de la Resolución SSS Nº 947/2025

(RESOL-2025-947-APN-SSS#MS)

1. Fundamento Legal y Competencia

La Resolución declara en situación de crisis a la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (RNAS Nº 1-1970-8) basándose en el Decreto 1400/2001 (artículos 18-26 y Anexos II-IV), que establece los criterios para evaluar la sostenibilidad financiera y prestacional de las obras sociales.

Bases legales invocadas:
- Decreto 1400/2001 (Anexo II):
- Define el factor de criticidad (cálculo: sumatoria de los criterios 1-4 / 3,2 × 100). La entidad superó el umbral del 65% por incumplimientos en:
- Criterio 1: Falta de presentación de Memoria y Estados Contables (R5), Estados de Origen y Aplicación de Fondos (R7) y Programa Médico Asistencial (R1).
- Criterio 2: Valoración mínima (1) por incumplimientos en Criterio 1.
- Criterio 3: Valoración mínima (1) por los mismos motivos.
- Criterio 4: Dependencia de subsidios (0,2 puntos).
- Artículo 20 y Anexo III: Obliga a la obra social a presentar un Plan de Contingencia en 15 días, con metas trimestrales para revertir la crisis.

• Decreto 2710/2012:

• Aprueba la estructura orgánica de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), legitimando sus facultades para declarar crisis (Art. 1° y Anexo II, Objetivos 3-4) y exigir planes de contingencia (Art. 14, Gerencia de Control Económico-Financiero y Gerencia General).

• Decreto 83/2024:

• Designa al Lic. Gabriel Oriolo como Superintendente, cuya autoridad se invoca para validar la resolución (Art. 3°).

• Resolución SSS Nº 102/2025:

• Crea el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis, encargado de monitorear el cumplimiento del Plan de Contingencia (Art. 3° de la norma en análisis).

2. Efectos sobre Normas Anteriores

La Resolución no modifica ni deroga normas vigentes, sino que aplica mecanismos ya establecidos por:
- Decreto 1400/2001: Activa el procedimiento de crisis y liquidación de obras sociales (Anexo IV).
- Decreto 2710/2012: Utiliza la estructura orgánica de la SSS para justificar la intervención de sus gerencias (Control Económico-Financiero, Asuntos Jurídicos).
- Resolución SSS Nº 102/2025: Da continuidad al rol del Comité de Evaluación, creado bajo el marco del Decreto 1400/2001.

La norma refuerza la continuidad institucional tras el cambio de autoridades en la SSS (Decreto 83/2024), asegurando que las medidas de crisis se implementen bajo la nueva gestión.

3. Derechos Afectados

• Derecho a la continuidad de la cobertura sanitaria (Art. 18 del Decreto 1400/2001):
  La norma prioriza la protección de los beneficiarios, permitiéndoles cambiar libremente de obra social (Art. 21 del Decreto 1400/2001) mientras se resuelve la crisis.

• Derecho a la defensa de la obra social:
  La intimación a presentar un Plan de Contingencia en 15 días (Art. 2°) podría considerarse ajustada a derecho, pero su incumplimiento derivaría en baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (Anexo IV, Art. 22), afectando su capacidad operativa.

• Derecho a la transparencia y legalidad:
  La SSS debe garantizar que la evaluación de los criterios (1-4) sea objetiva y documentada, como establece el Decreto 2710/2012 (Art. 14, Subgerencia de Control de Gestión).

4. Irregularidades Potenciales

• Falta de fundamentación detallada en el cálculo del factor de criticidad:
  La norma menciona brevemente los incumplimientos (ej.: R5, R7, R1), pero no explica cómo se valoraron los indicadores económicos-financieros (Criterio 2) ni la capacidad de repago (Criterio 3). Esto podría generar dudas sobre la objetividad del análisis técnico.

• Posible violación al principio de proporcionalidad:
  La declaración de crisis y la exigencia de un Plan de Contingencia son medidas legítimas, pero su aplicación debe ser proporcional a la gravedad de los incumplimientos. Si la obra social no tiene capacidad real para revertir la situación en 180 días (Anexo III, Art. 23), podría cuestionarse la viabilidad de las metas impuestas.

• Riesgo de arbitrariedad en la valoración de subsidios (Criterio 4):
  La norma asigna 0,2 puntos al criterio de dependencia de subsidios basándose en "ingresos ordinarios", pero no detalla cómo se calculó este valor. Esto podría generar incertidumbre sobre la metodología aplicada.

5. Posibles Abusos

• Intervención política en la gestión de la SSS:
  El Decreto 83/2024 renovó las autoridades de la SSS, lo que podría generar sospechas de parcialidad en la declaración de crisis, especialmente si la obra social tiene vinculaciones políticas.

• Sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento:
  Si la obra social no cumple el Plan de Contingencia, la SSS podría proceder a su baja del Registro (Anexo IV, Art. 22), afectando a miles de beneficiarios. Este extremo requiere un monitoreo riguroso para evitar decisiones apresuradas.

• Falta de participación de los beneficiarios en el proceso:
  Aunque el Decreto 1400/2001 permite elegir otra obra social, no se garantiza su inclusión en la elaboración del Plan de Contingencia, lo que podría vulnerar su derecho a ser escuchados.

6. Conclusión

La Resolución SSS Nº 947/2025 se fundamenta en un marco legal sólido (Decretos 1400/2001, 2710/2012 y 83/2024), pero su aplicación requiere:
1. Mayor transparencia en la valoración de los criterios de crisis.
2. Garantías de proporcionalidad para evitar sanciones desproporcionadas.
3. Participación activa de los beneficiarios en el seguimiento del Plan de Contingencia.

La norma cumple con los requisitos formales, pero su legitimidad dependerá del rigor técnico en la evaluación de los incumplimientos y del respeto a los derechos de los afectados. Cualquier arbitrariedad en estos aspectos podría dar lugar a recursos judiciales basados en el Art. 28 de la Constitución Nacional Argentina (prohibición de alterar derechos constitucionales mediante reglamentos).

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-50881556-APN-SAT#SSS, el Decreto Nº 1400 del 4 de noviembre de 2001 y las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nros. 501 del 12 de mayo de 2010 y 102 del 7 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1400/2001 en el CAPITULO IV - OBRAS SOCIALES EN CRISIS: GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA COBERTURA (artículos 18 a 26) y en los ANEXOS II, III y IV establece el procedimiento a seguir, en aquellos casos de Agentes del Seguro de Salud que se encuentren en situación de crisis.

Que dicha situación –conforme el ANEXO II del citado Decreto- se consolida cuando el factor de criticidad es superior al valor límite de SESENTA Y CINCO (65); entendiéndose por tal, al cociente entre la sumatoria de la valorización de los Criterios Números 1, 2, 3 y 4 y el número TRES COMA DOS (3,2) multiplicado por el número CIEN (100).

Que el Criterio Nº 1 evalúa el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud de aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario; el Criterio Nº 2 pondera indicadores económico-financieros; el Criterio Nº 3 hace lo propio con la capacidad de repago y el Criterio Nº 4 valora la dependencia de subsidios financieros por parte de las Obras Sociales.

Que específicamente, en lo que hace al Criterio Nº 1, la Resolución Nº 501/2010-SSSALUD enumera los requisitos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, que deberán considerarse a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud.

Que la Resolución Nº 102/2025-SSSALUD creó el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud en el ámbito de la GERENCIA GENERAL, a efectos de implementar las disposiciones del Decreto Nº 1400/2001.

Que el citado Comité mediante Acta de Reunión Nº5 – IF-2025-55707396-APN-GG#SSS- ratificó por unanimidad los resultados obtenidos en el IF-2025-46497964-APN-SAT#SSS correspondientes al 1º Trimestre del año 2025.

Que la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS (R.N.A.S. Nº 1-1970-8) se encuentra en situación de crisis, por presentar -al 28 de febrero de 2025- un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el ANEXO II del Decreto Nº 1400/01; resultante del incumplimiento del Criterio Nº 1- Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario: Requisitos incumplidos: Gerencia de Control Económico Financiero: Memoria y Estados Contables R5 y Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación financiera Corriente R7; Gerencia de Control Prestacional: Programa Médico Asistencial R1 y Resolución Nº 650/97- ANSSAL- Estadísticas de Prestaciones Médicas R4; Criterio Nº 2- Indicadores económico-financieros: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio Nº 3- Indicador de capacidad de repago: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio N° 4-Dependencia de subsidios financieros: Requisitos incumplidos: se valorizó en 0,2 considerando el ingreso ordinario mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud; de acuerdo con los términos del informe Nº IF-2025-56000881-APN-SAT#SSS.

Que frente a la determinación de la situación de crisis atravesada por la entidad, resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el ANEXO III del Decreto Nº 1400/01.

Que, en consecuencia, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los Criterios Números 1, 2 y 3 del ANEXO II del Decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del mentado Plan.

Que las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA GENERAL toman la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996, 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 83 de fecha 24 de enero de 2024.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS (R.N.A.S. Nº 1-1970-8) se encuentra en Situación de Crisis, conforme las previsiones del Decreto Nº 1400/01 y los términos del Informe IF-2025-56000881-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 2º.- Intímase a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS (R.N.A.S. Nº 1-1970-8) a acompañar un Plan de Contingencia, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente, con sujeción a lo normado en el Decreto Nº 1400/01 (artículo 20 y ANEXO III) y lo expuesto en el IF-2025-56000881-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 3º.- Facúltanse a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para efectuar el seguimiento del trámite.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS (R.N.A.S. Nº 1-1970-8), publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Agentes del Seguro y a la GERENCIA GENERAL para la intervención de sus respectivas competencias y, vincúlese al expediente electrónico de origen.

Gabriel Gonzalo Oriolo

e. 11/06/2025 N° 40245/25 v. 11/06/2025

• Decretos:
  • 1400/2001
    infoleg 69724
  • 1615/1996
    infoleg 41312
  • 2710/2012
    infoleg 207477
  • 83/2024
    infoleg 396225

Análisis Legal de la RESOL-2025-948-APN-SSS#MS

1. Fundamento Legal y Aplicación de Normas Vigentes

La resolución se sustenta en el Decreto 1400/2001 (CAPÍTULO IV y ANEXOS II-IV), que establece el procedimiento para declarar la situación de crisis de obras sociales. Este marco se aplica cuando el factor de criticidad supera el umbral de 65 puntos, calculado mediante la valoración de cuatro criterios (Art. 19 y ANEXO II del Decreto 1400/01):
- Criterio 1: Incumplimiento de obligaciones prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario (ej.: no presentación de estados contables R5, presupuesto R6 y estados financieros R7).
- Criterio 2: Incumplimiento de 7 o más indicadores económico-financieros (liquidez, endeudamiento, etc.).
- Criterio 3: Capacidad de repago superior a 150 días.
- Criterio 4: Dependencia de subsidios (valorizado en 0,2).

La Superintendencia de Servicios de Salud aplicó estos criterios, calculando un factor de criticidad de 100 [(1+1+1+0,2)/3,2 × 100], lo que justifica la declaración de crisis. Este procedimiento se alinea con el Decreto 2710/2012 (Anexo II, Arts. 3, 4, 10 y 11), que otorga a la Superintendencia facultades para:
- Evaluar el funcionamiento del sistema de salud (Art. 3).
- Exigir planes de contingencia y garantizar la continuidad de prestaciones (Art. 4).
- Implementar mecanismos de control contra fraudes y corrupción (Art. 10).
- Verificar la eficiencia del Plan Estratégico y adoptar medidas correctivas (Art. 11).

Además, la Resolución 102/2025 creó el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis, cuya estructura operativa se fundamenta en el Decreto 1615/1996 (creación de la Superintendencia) y el Decreto 83/2024 (designación del Superintendente actual, Gabriel Oriolo).

2. Derechos Afectados

La norma impacta en los siguientes derechos constitucionales y normativos:
- Derecho a la salud y seguridad social (Art. 14 bis, CN): La declaración de crisis busca proteger a los afiliados, garantizando la continuidad de prestaciones mediante el derecho a elegir otra obra social (Art. 21 del Decreto 1400/01).
- Debido proceso (Art. 18, CN): La resolución otorga 15 días para presentar el Plan de Contingencia, lo que podría considerarse ajustado al plazo legal (Art. 20 del Decreto 1400/01). Sin embargo, si la obra social no tuvo oportunidad de impugnar los criterios de valoración (ej.: calificación automática de Criterios 2 y 3 por falta de documentación), podría vulnerar el derecho a la defensa.
- Acceso a recursos judiciales (Art. 43, CN): La obra social o sus beneficiarios podrían recurrir a la acción de amparo para cuestionar la legalidad de la declaración de crisis o la proporcionalidad de las medidas.

3. Irregularidades Potenciales

a) Cálculo del Factor de Criticidad

• Valoración automática de Criterios 2 y 3: Según el ANEXO II del Decreto 1400/01, el incumplimiento de requisitos contables (Criterio 1) no debería derivar automáticamente en la valorización negativa de los Criterios 2 y 3. Si la obra social no presentó estados financieros, la Superintendencia debería haber realizado una auditoría independiente para evaluar su situación económica, en lugar de asumir incumplimientos.
• Transparencia en la metodología: La resolución no detalla cómo se calculó el puntaje de los Criterios 2 y 3, lo que podría generar dudas sobre la objetividad del proceso.

b) Cumplimiento de Requisitos Formales

• Intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos: Aunque el Decreto 2710/2012 (Art. 11) exige control de legalidad, la resolución no explicita si se verificó la validez de los informes técnicos que sustentan la crisis (ej.: informe IF-2025-56004547).
• Plazo para el Plan de Contingencia: Los 15 días otorgados son congruentes con el Decreto 1400/01, pero podrían ser insuficientes si la obra social requiere tiempo para subsanar deficiencias estructurales.

4. Posibles Abusos o Discrecionalidad

• Aplicación rígida de los criterios: La valorización automática de Criterios 2 y 3 por falta de documentación podría ser considerada abusiva, especialmente si la obra social alega dificultades técnicas o administrativas para cumplir con plazos.
• Dependencia de subsidios (Criterio 4): La valorización en 0,2 puntos se basa en el último estado financiero presentado, sin considerar posibles mejoras recientes. Esto podría penalizar desproporcionadamente a obras sociales en recuperación.
• Falta de medidas alternativas: El Decreto 1400/01 permite acciones correctivas antes de declarar la crisis, pero la resolución no menciona si se aplicaron medidas previas (ej.: asistencia técnica o plazos adicionales).

5. Relación con Normas Preexistentes

• Decreto 2710/2012: La resolución refuerza la estructura orgánica de la Superintendencia, legitimando la intervención del Comité de Evaluación bajo la Gerencia General (Art. 2 y 15 del Decreto 2710/2012).
• Decreto 83/2024: La designación del Superintendente actual (Art. 3) y del Gerente General (Art. 4) confiere legitimidad a la resolución, evitando vacíos de autoridad.
• Decreto 1615/1996: La declaración de crisis se enmarca en las funciones de fiscalización y control de la Superintendencia, consolidadas desde su creación.

6. Conclusión

La RESOL-2025-948-APN-SSS#MS es formalmente válida al aplicar el procedimiento del Decreto 1400/01 y basarse en las atribuciones de la Superintendencia según el Decreto 2710/2012. Sin embargo, su legalidad material podría ser cuestionada si se demuestra que:
- La valorización de los Criterios 2 y 3 carece de fundamentación técnica.
- Se violó el derecho a la defensa al no permitir impugnar los informes previos.
- Las medidas carecen de proporcionalidad frente a las deficiencias detectadas.

Los afectados (obra social y beneficiarios) tienen herramientas constitucionales (Art. 43, CN) para impugnar la resolución, destacando la importancia de garantizar la transparencia en la evaluación técnica y el respeto al debido proceso.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-50875951-APN-SAT#SSS, el Decreto Nº 1400 del 4 de noviembre de 2001 y las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nros. 501 del 12 de mayo de 2010 y 102 del 7 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1400/2001 en el CAPÍTULO IV - OBRAS SOCIALES EN CRISIS: GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA COBERTURA (artículos 18 a 26) y en los ANEXOS II, III y IV establece el procedimiento a seguir, en aquellos casos de Agentes del Seguro de Salud que se encuentren en situación de crisis.

Que dicha situación – conforme el ANEXO II del citado Decreto - se consolida cuando el factor de criticidad es superior al valor límite de SESENTA Y CINCO (65); entendiéndose por tal, al cociente entre la sumatoria de la valorización de los Criterios Números 1, 2, 3 y 4 y el número TRES COMA DOS (3,2) multiplicado por el número CIEN (100).

Que el Criterio Nº 1 evalúa el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud de aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario; el Criterio Nº 2 pondera indicadores económico-financieros; el Criterio Nº 3 hace lo propio con la capacidad de repago y el Criterio Nº 4 valora la dependencia de subsidios financieros por parte de las Obras Sociales.

Que específicamente, en lo que hace al Criterio Nº 1, la Resolución Nº 501/2010-SSSALUD enumera los requisitos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, que deberán considerarse a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud.

Que la Resolución Nº 102/2025-SSSALUD creó el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud en el ámbito de la GERENCIA GENERAL, a efectos de implementar las disposiciones del Decreto Nº 1400/2001.

Que el citado Comité mediante Acta de Reunión Nº 5 – IF-2025-55707396-APN-GG#SSS- ratificó por unanimidad los resultados obtenidos en el IF-2025-46497964-APN-SAT#SSS correspondientes al 1º Trimestre del año 2025.

Que la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MENDOZA (R.N.A.S. Nº 1-1780-1) se encuentra en situación de crisis, por presentar -al 28 de febrero de 2025- un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el ANEXO II del Decreto Nº 1400/01; resultante del incumplimiento del Criterio Nº 1- Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario: Requisitos incumplidos: Gerencia de Control Económico Financiero: Memoria y Estados Contables R5, Presupuesto de Gastos y Recursos R6 y Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación financiera Corriente R7; Gerencia de Control Prestacional: Resolución Nº 650/97-ANSSAL- Estadísticas de Prestaciones Médicas R4; Criterio Nº 2- Indicadores económico-financieros: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio Nº 3- Indicador de capacidad de repago: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio N° 4-Dependencia de subsidios financieros: Requisitos incumplidos: se valorizó en 0,2 considerando el ingreso ordinario mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud; de acuerdo con los términos del informe Nº IF-2025-56004547-APN-SAT#SSS.

Que frente a la determinación de la situación de crisis atravesada por la entidad, resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el ANEXO III del Decreto Nº 1400/01.

Que, en consecuencia, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los Criterios Números 1, 2 y 3 del ANEXO II del Decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del mentado Plan.

Que las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA GENERAL toman la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996, 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 83 de fecha 24 de enero de 2024.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MENDOZA (R.N.A.S. Nº 1-1780-1) se encuentra en Situación de Crisis, conforme las previsiones del Decreto Nº 1400/01 y los términos del Informe IF-2025-56004547-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 2º.- Intímase a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MENDOZA (R.N.A.S. Nº 1-1780-1) a acompañar un Plan de Contingencia, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente, con sujeción a lo normado en el Decreto Nº 1400/01 (artículo 20 y ANEXO III) y lo expuesto en el IF-2025-56004547-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 3º.- Facúltanse a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para efectuar el seguimiento del trámite.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MENDOZA (R.N.A.S. Nº 1-1780-1), publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Agentes del Seguro y a la GERENCIA GENERAL para la intervención de sus respectivas competencias y, vincúlese al expediente electrónico de origen.

Gabriel Gonzalo Oriolo

e. 11/06/2025 N° 40223/25 v. 11/06/2025

• Leyes:
  • 11683
    infoleg 18771
• Decretos:
  • 618/1997
    infoleg 44432
  • 953/2024
    infoleg 405666

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-00960792- -AFIP-DVNRIS#SDGREC y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución General Nº 4.991 se unificó el procedimiento de solicitud de inscripción y/o modificación de datos para las sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas y sujetos indicados en los incisos b) y c) del artículo 5° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, siempre que no se encuentren alcanzados por las previsiones de otras normas de inscripción específicas.

Que a través de la Resolución General N° 5.048 y sus modificatorias, se estableció el procedimiento de registración, autenticación y autorización de usuarios denominado “Clave Fiscal”, a fin de habilitar a las personas humanas a interactuar -en nombre propio y/o en representación de terceros con los servicios informáticos disponibles.

Que, en el marco de las políticas de simplificación y desregulación impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional, esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero continúa abocada a la revisión y adecuación de los diversos procedimientos que se encuentran a su cargo, a fin de facilitar y agilizar, entre otros, los trámites de registración que deban realizar los contribuyentes y/o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones.

Que en ese sentido y con el propósito de disminuir la carga administrativa vinculada a la certificación de la documentación que respalda la designación de un administrador o apoderado, se estima aconsejable extender, en esta oportunidad, a los consorcios de propiedad horizontal, la posibilidad de que un funcionario competente de la dependencia en la que se formalice la presentación de la misma proceda a su certificación conforme a lo establecido en los artículos 3° y 7° de las respectivas resoluciones generales.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación e Institucional, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el último párrafo del artículo 3° de la Resolución General N° 4.991, por el siguiente:

“En sustitución de la certificación a que se refiere el párrafo anterior podrá exhibirse la documentación en soporte papel original junto con sus respectivas copias para su cotejo y certificación por parte del funcionario competente de la dependencia en la que se formalice la presentación, cuando se trate de solicitudes de inscripción de las entidades que se indican seguidamente:

a) Asociaciones de bomberos voluntarios.

b) Asociaciones destinadas a la promoción y atención de cuestiones de género.

c) Bibliotecas populares.

d) Centros de jubilados.

e) Centros vecinales o barriales.

f) Clubes barriales.

g) Comunidades indígenas.

h) Consorcios de propiedad horizontal.

i) Cooperadoras de entidades de salud pública.

j) Cooperadoras escolares.

k) Institutos de vida consagrada, iglesias y entidades religiosas.

l) Sociedades de fomento.

m) Otras entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, científicas y artísticas que cumplan funciones de contención social.”.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el tercer párrafo del inciso b) del artículo 7° de la Resolución General N° 5.048 y sus modificatorias, por el siguiente:

“En sustitución de la certificación a que se refiere el párrafo anterior podrá exhibirse la documentación en soporte papel original junto con sus respectivas copias para su cotejo y certificación por parte del funcionario competente de la dependencia en la que se formalice la presentación, cuando se trate de solicitudes efectuadas por apoderados de personas humanas, administradores extrajudiciales de sucesiones indivisas, beneficiarios de prestaciones previsionales por fallecimiento o representantes legales de las entidades que se indican a continuación:

1. Asociaciones de bomberos voluntarios.

2. Asociaciones destinadas a la promoción y atención de cuestiones de género.

3. Bibliotecas populares.

4. Centros de jubilados.

5. Centros vecinales o barriales.

6. Clubes barriales.

7. Comunidades indígenas.

8. Consorcios de propiedad horizontal.

9. Cooperadoras de entidades de salud pública.

10. Cooperadoras escolares.

11. Cooperativas y mutuales.

12. Institutos de vida consagrada, iglesias y entidades religiosas.

13. Sociedades de fomento.

14. Otras entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, científicas y artísticas que cumplan funciones de contención social.”.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Juan Alberto Pazo

e. 11/06/2025 N° 40066/25 v. 11/06/2025

• Decretos:
  • 815/1999
    infoleg 59060
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la Resolución Conjunta RESFC-2025-30-APN-SGS#MS

Incorporación del fruto de la palmera Butia yatay al Código Alimentario Argentino (CAA)

1. Fundamento Legal y Competencia Normativa

La Resolución se sustenta en los Decretos 815/1999 y 50/2019, cuyas disposiciones son clave para validar su legitimidad:
- Decreto 815/1999 (Art. 3 y 6.b):
La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) tiene facultades para proponer modificaciones al CAA, lo cual se cumplió mediante su intervención favorable. La Secretaría de Gestión Sanitaria (Ministerio de Salud) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Ministerio de Economía) actúan dentro de sus competencias técnicas para actualizar el CAA, garantizando seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.
- Decreto 50/2019 (Art. 1º, 2º y Objetivos de las Secretarías):
La estructura organizativa aprobada por este decreto define las competencias de las Secretarías intervinientes. La Secretaría de Agricultura (Objetivo 1, 3 y 13) promueve el desarrollo de especies nativas y la soberanía alimentaria, mientras la Secretaría de Gestión Sanitaria (Objetivo 3) coordina controles alimentarios en colaboración con organismos técnicos como CONAL.

Conclusión: La norma se ajusta a las facultades delegadas por ambos decretos, respaldando la inclusión del yatay como medida de promoción de biodiversidad y seguridad alimentaria.

2. Cumplimiento Procedimental

La Resolución cumple con requisitos de transparencia y participación pública:
- Consulta Pública (Decreto 50/2019, Art. 15 y Decreto 815/1999, Art. 10):
Se menciona que la norma fue sometida a consulta pública, garantizando participación ciudadana, tal como exige el marco normativo.
- Intervención de CONAL y CONASE (Decreto 815/1999, Art. 6.b y 10):
La CONAL aprobó la medida, y el CONASE (órgano consultivo no vinculante) emitió opinión favorable, cumpliendo con el procedimiento de participación multisectorial.

Irregularidad Potencial:
Aunque la norma cita la consulta pública, no se detalla si se incluyó a comunidades originarias cuyas prácticas tradicionales de recolección del yatay se mencionan en los considerandos. Esto podría vulnerar el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina (CNA), que exige la participación de pueblos indígenas en decisiones sobre recursos naturales.

3. Impacto en Normas Preexistentes

• Derogación de Normas Anteriores (Decreto 50/2019, Art. 9):
  La Resolución no deroga normas específicas, pero se enmarca en el régimen actualizado tras la derogación de artículos del Decreto 174/2018 y su complementario 802/2018, asegurando coherencia con el marco institucional vigente.
• Actualización del CAA (Decreto 815/1999, Art. 42):
  La inclusión del yatay obliga a organismos como el SENASA (para productos frescos) y la ANMAT (para alimentos procesados) a actualizar guías de trámites y procedimientos. No se menciona en la norma si estos organismos han emitido regulaciones complementarias, lo que podría generar incertidumbre operativa.

4. Derechos Afectados

• Soberanía Alimentaria y Biodiversidad (CNA, Art. 75, Incisos 13 y 19):
  La medida refuerza la soberanía alimentaria al reconocer un recurso autóctono y promover su comercialización federal. Sin embargo, si no se establecen controles de sostenibilidad, podría llevar a la sobreexplotación del yatay en áreas protegidas como el Parque Nacional El Palmar (CNA, Art. 41).
• Derechos de Consumidores (CNA, Art. 42):
  La regulación garantiza seguridad alimentaria al incluir el fruto en el CAA, protegiendo la salud pública.

5. Riesgos de Abuso y Omisiones

• Falta de Protección Ambiental Específica:
  No se establecen medidas concretas para evitar la depredación del yatay en su hábitat natural, pese a su endemismo en Entre Ríos. Esto podría contravenir el Artículo 41 de la CNA, que obliga al Estado a proteger el ambiente.
• Dependencia de Regulaciones Secundarias:
  La Resolución carece de criterios técnicos detallados (ej.: límites de contaminantes, condiciones de recolección), delegando su definición en organismos técnicos. Esto genera un vacío normativo temporal.
• Riesgo de Apropiación Comercial:
  Si no se promueve la Denominación de Origen o Marcas Colectivas (Decreto 50/2019, Objetivo 16), podría haber apropiación del recurso por empresas sin beneficios para comunidades locales o indígenas.

6. Conclusión General

La Resolución cumple con los requisitos formales y de competencia, alineándose con los objetivos de promoción de biodiversidad, soberanía alimentaria y desarrollo regional. Sin embargo, presenta riesgos de implementación si no se complementa con regulaciones ambientales y sociales que:
1. Garanticen la participación efectiva de pueblos originarios.
2. Establezcan criterios de sostenibilidad para la recolección del yatay.
3. Protejan a las comunidades locales de la apropiación comercial indebida.

Recomendación:
Monitorear la emisión de normas secundarias por parte del SENASA y la ANMAT para definir estándares técnicos, y promover la declaración de Denominación de Origen del yatay para proteger su valor cultural y económico.

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2023-146749653- -APN-DLEIAER#ANMAT, los Decretos Nros. 815 del 26 de julio de 1999 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Control de Alimentación y Bromatología de la Provincia de ENTRE RÍOS (ICAB) solicitó a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) la incorporación de los frutos de la palmera Butia yatay al Artículo 888 del Capítulo XI - “ALIMENTOS VEGETALES” del Código Alimentario Argentino (CAA).

Que la palmera yatay posee una distribución subtropical endémica de Sudamérica, y en Argentina se distribuye en las Provincias de CORRIENTES y SANTA FE; y en la Provincia de ENTRE RÍOS está presente en los Departamentos de Colón, Concordia, Paraná, Villaguay y Federal.

Que este fruto es de interés para la Provincia de ENTRE RÍOS, ya que cuenta con diversos proyectos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), municipios y el Parque Nacional El Palmar, entre otros.

Que dicho fruto se puede consumir fresco o utilizarse para diversas preparaciones aprovechando su pulpa, semillas o fibra, habiéndose encontrado rastros de consumo en poblaciones originarias de la Provincia de ENTRE RÍOS que vivieron de la caza, pesca, recolección y horticultura.

Que su inclusión en el CAA otorga un marco regulatorio para su comercialización en todo el territorio argentino y permite mantener la biodiversidad de especies nativas, revalorizar las tradiciones y respetar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.

Que en el proyecto de resolución conjunta tomó intervención el Consejo Asesor de la CONAL (CONASE) y se sometió a la consulta pública.

Que la CONAL ha intervenido expidiéndose favorablemente.

Que los servicios jurídicos permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 815 del 26 de julio de 1999 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN SANITARIA

Y

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al fruto de la palmera yatay (Butia yatay) en el cuadro del Artículo 888 del Capítulo XI - “ALIMENTOS VEGETALES” del Código Alimentario Argentino (CAA), debajo del Título “OTRAS”, de la siguiente manera:

“Nombre común: Yatay.

Nombre taxonómico: Butia yatay.”

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alejandro Alberto Vilches - Sergio Iraeta

e. 11/06/2025 N° 40356/25 v. 11/06/2025

RESOL-2025-916-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/06/2025

EX-2022-97442265- -APN-SPE#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto:1.- APROBAR la primera Adecuación del CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO, COMA VEINTITRES PORCIENTO (465,23 %). de los presupuestos asignados a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, período marzo 2023 a abril 2025, correspondientes al proyecto presentado por la empresa INFRACOM OLAVARRIA S.A., que fuera aprobado mediante Resolución ENACOM N° 509/2023 en el marco de la convocatoria a concurso dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNET DESTINADO A VILLAS Y ASENTAMIENTOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), en cumplimiento de la Cláusula cuarta del Convenio suscripto y los lineamientos aprobados por la Resolución ENACOM N° 1.860/2022. 2.- DESTINAR la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($677.050.830), resultante del cálculo del porcentaje aprobado como primera Adecuación en el artículo precedente, a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes al proyecto aprobado a través de Resolución ENACOM N° 509/2023, del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078. 3.- ESTABLECER que, de conformidad con lo previsto en los lineamientos aprobados por la Resolución ENACOM N° 1.860/2022, el monto actualizado de Aportes No Reembolsables para la ejecución del proyecto aprobado mediante la Resolución ENACOM N° 509/2023, asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($919.659.659). 4.- COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 11/06/2025 N° 40292/25 v. 11/06/2025

RESOL-2025-917-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/06/2025

EX-2022-101972188- -APN-SPE#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- APROBAR la primera Adecuación del CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO, COMA DIECISÉIS PORCIENTO (465,16 %) de los presupuestos asignados a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, período marzo 2023 a abril 2025, correspondientes al proyecto presentado por la empresa INFRACOM S.A, que fuera aprobado mediante Resolución ENACOM N° 508/2023 en el marco de la convocatoria a concurso dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNET DESTINADO A VILLAS Y ASENTAMIENTOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), en cumplimiento de la Cláusula cuarta del Convenio suscripto y los lineamientos aprobados por la Resolución ENACOM N° 1.860/2022. 2.- DESTINAR la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS ($ 836.877.032), resultante del cálculo del porcentaje aprobado como primera Adecuación en el artículo precedente, a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes al proyecto aprobado a través de Resolución ENACOM N° 508/2023, del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078. 3. - ESTABLECER que, de conformidad con lo previsto en los lineamientos aprobados por la Resolución ENACOM N° 1.860/2022, el monto actualizado de Aportes No Reembolsables para la ejecución del proyecto aprobado mediante la Resolución ENACOM N° 508/2023, asciende a la suma de PESOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE ($ 1.136.757.829). 4.- COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 11/06/2025 N° 40308/25 v. 11/06/2025

• Leyes:
  • 11683
    infoleg 18771
• Decretos:
  • 618/1997
    infoleg 44432
  • 953/2024
    infoleg 405666

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2025

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2025-02276811- -ARCA-DICJCI#SDGASJ y

CONSIDERANDO:

Que la Disposición N° 194 (AFIP) del 29 de noviembre de 2021 estableció el procedimiento para la ejecución judicial de las obligaciones fiscales, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero, contemplando, entre otros aspectos, las pautas para la traba de medidas cautelares en el marco de los juicios de ejecución fiscal.

Que en orden a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional tendientes a facilitar el ingreso de los tributos y a optimizar la cancelación de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, se estima conveniente adecuar el plazo oportunamente estipulado para la traba de medidas cautelares, reconociendo un cambio de paradigma en el esquema actual de recaudación y brindando al ciudadano mayores facilidades para regularizar su situación fiscal.

Que, por consiguiente, deviene necesario modificar el citado acto dispositivo.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación e Institucional, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4° y 6º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el punto 3.1.2. del Apartado 3. del Anexo denominado “PAUTAS DE GESTIÓN EN MATERIA DE EJECUCIONES FISCALES” de la Disposición N° 194 (AFIP) del 29 de noviembre de 2021, por el siguiente texto:

“3.1.2. Previa verificación de los pagos efectuados, por el funcionario competente, la traba de la medida cautelar será diligenciada dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de vencido el plazo para la interposición de las excepciones previstas en el segundo párrafo del artículo 92 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Sin perjuicio de ello, excepcionalmente, en los casos en que la distancia entre la sede desde donde se emita la notificación y el domicilio fiscal del contribuyente exceda los CIEN (100) kilómetros y no se cuente con suficiente cantidad de oficiales notificadores, pudiendo demorarse el procedimiento de notificación, el representante del Fisco, con autorización previa de su jefatura y siempre que cuente con la autorización judicial correspondiente, podrá trabar la aludida medida con anterioridad al vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior.

En tal supuesto, una vez radicada la demanda y previo a la traba de la medida cautelar, deberá notificarse al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente, el detalle de la deuda reclamada, haciendo saber que, de no cancelarse el crédito fiscal más la suma presupuestada para responder a intereses y costas en el plazo de CINCO (5) días desde la notificación en los términos del artículo 7° de la Resolución General N° 4.280 y su modificatoria, se procederá a efectivizar las medidas autorizadas.”.

ARTÍCULO 2°.- Esta disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Juan Alberto Pazo

e. 11/06/2025 N° 40553/25 v. 11/06/2025

• Decretos:
  • 40229/2025

Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2025

VISTO el Régimen de Reemplazos establecido mediante la DI-2023-22-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO suscripta el 11 de mayo de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de índole funcional, la Dirección Regional Mercedes -dependiente de esta Subdirección General- solicitó modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencias o impedimento de su jefatura.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la DI-2018-7-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la DI-2023-22-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección Regional Mercedes, el que quedará establecido de la forma que seguidamente se indica:

UNIDAD DE ESTRUCTURA: DIRECCIÓN REGIONAL MERCEDES (SDG OPII)

1° REEMPLAZANTE: AGENCIA SEDE MERCEDES (DI RMER)

2° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN REVISIÓN Y RECURSOS (DI RMER)

3° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N.° 3 (DI RMER)

ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese al Departamento Personal y a la Dirección Regional Mercedes y archívese.

Carlos Alberto Garcia Pastrana

e. 11/06/2025 N° 40229/25 v. 11/06/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2025-20689938- -APN-CGD#SGP, EX-2025-38256195- -APN-CGD#SGP, EX-2023-100082665- -APN-CGD#SGP, EX-2024-123754083- -APN-CGD#SGP, EX-2024-71602233- -APNCGD# SGP, EX-2024-129059394- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27441660- -APN-CGD#SGP, EX-2025- 24010986- -APN-CGD#SGP, EX-2025-38282601- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17633986- -APN-CGD#SGP, EX-2025-14389644- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, las Resoluciones Nros. RESOL-2023-756-APN-SGP del 13 de septiembre de 2023 y RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025, ambas dictadas por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2023-50-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI del 8 de agosto de 2023, dictada por la Aduana de Corrientes, DI-2024-180-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI del 24 de junio de 2024 y DI-2024-249-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI del 9 de septiembre de 2024, ambas dictadas por la Aduana de Mendoza, DI-2024-24-E-AFIP-ADLAPL#SDGOAM del 23 de septiembre de 2024, dictada por la Aduana de La Plata, DI-2024-124-E-AFIP-ADMARD#SDGOAI del 8 de octubre de 2024, dictada por la Aduana de Mar del Plata, DI-2024-174-E-AFIP-ADSAJU#SDGOAI del 23 de diciembre de 2024, dictada por la Aduana de San Juan, DI-2025-128-E-AFIP-ADCORD#SDGOAI del 13 de febrero de 2025, dictada por la Aduana de Córdoba, DI-2025-1-E-AFIP-ADRIGA#SDGOAI del 14 de febrero de 2025, dictada por la Aduana de Río Gallegos, DI-2025-13-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI del 20 de febrero de 2025, dictada por la Aduana de Orán, DI-2025-10-E-AFIP-ADCONC#SDGOAI del 31 de marzo de 2025, dictada por la Aduana de Concordia y DI- 2025-14-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI del 31 de marzo de 2025, dictada por la Aduana de Rosario, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se dispone que cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se han puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 5° de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Que a través de la Resolución N.° RESOL-2023-756-APN-SGP, debidamente notificada el 21 de septiembre de 2023 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA el 25 de octubre de 2023, la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, procedió a ceder sin cargo a la Municipalidad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición N° DI-2023-50-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI dictada por la Aduana de Corrientes.

Que mediante la NO-2024-01600680-AFIP-DECEAD#DGADUA se solicitó la asignación de un nuevo beneficiario para los bienes puestos a disposición mediante la Disposición N° DI-2023-50-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI por resultar pendiente de retiro con su plazo de entrega vencido.

Que no causa ningún perjuicio a la Municipalidad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, ni a terceros, la reasignación de los bienes incluidos en la Resolución N° RESOL-2023-756-APN-SGP, en virtud del comportamiento de aquel organismo, el cual no retiró los bienes cedidos en el plazo otorgado por la ley.

Que los bienes a ceder en las Disposiciones Nros. DI-2023-50-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI, DI-2024-180-EAFIP-ADMEND#SDGOAI, DI-2024-24-E-AFIP-ADLAPL#SDGOAM, DI-2024-124-E-AFIPADMARD#SDGOAI, DI-2024-174-E-AFIP-ADSAJU#SDGOAI, DI-2025-128-E-AFIP-ADCORD#SDGOAI, DI-2025-13-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI, DI-2025-10-E-AFIP-ADCONC#SDGOAI y DI-2025-14-E-AFIPADROSA#SDGOAI no requieren intervención previa de terceros organismos.

Que las mercaderías puestas a disposición en la DI-2025-1-E-AFIP-ADRIGA#SDGOAI cuentan con sus certificados de Seguridad Eléctrica.

Que, en lo que corresponde, los bienes incluidos en la DI-2024-249-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI cuentan con sus certificados de Aptitud de Uso.

Que el Ministerio de Seguridad Nacional, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, a los efectos de reforzar los recursos disponibles para el cumplimiento de las funciones y actividades a cargo del mencionado Ministerio.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, reasignará los bienes incluidos en la Disposición N.° DI-2023-50-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI, dictada por la Aduana de Corrientes y cederá sin cargo al Ministerio de Seguridad Nacional, en los términos del artículo 5° de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-180-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI y DI-2024-249-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Mendoza, DI-2024-24-E-AFIPADLAPL#SDGOAM, dictada por la Aduana de La Plata, DI-2024-124-E-AFIP-ADMARD#SDGOAI, dictada por la Aduana de Mar del Plata, DI-2024-174-E-AFIP-ADSAJU#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Juan, DI-2025-128-E-AFIP-ADCORD#SDGOAI, dictada por la Aduana de Córdoba, DI-2025-1-E-AFIPADRIGA#SDGOAI, dictada por la Aduana de Río Gallegos, DI-2025-13-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI, dictada por la Aduana de Orán, DI-2025-10-E-AFIP-ADCONC#SDGOAI, dictada por la Aduana de Concordia y DI-2025-14-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada por la Aduana de Rosario.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, así como también por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP, a través de la cual la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN facultó a esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Reasignase al Ministerio de Seguridad Nacional, los bienes incluidos en la Disposición N.° DI-2023-50-E-AFIP-ADCORR#SDGOAI, dictada por la Aduana de Corrientes.

ARTÍCULO 2°.- Cédase sin cargo al Ministerio de Seguridad Nacional, en los términos del artículo 5° de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-180-E-AFIP-ADMEND#SDGOAI y DI-2024-249-E-AFIPADMEND#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Mendoza, DI-2024-24-E-AFIP-ADLAPL#SDGOAM, dictada por la Aduana de La Plata, DI-2024-124-E-AFIP-ADMARD#SDGOAI, dictada por la Aduana de Mar del Plata, DI-2024-174-E-AFIP-ADSAJU#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Juan, DI-2025-128-E-AFIPADCORD#SDGOAI, dictada por la Aduana de Córdoba, DI-2025-1-E-AFIP-ADRIGA#SDGOAI, dictada por la Aduana de Río Gallegos, DI-2025-13-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI, dictada por la Aduana de Orán, DI-2025-10-E-AFIP-ADCONC#SDGOAI, dictada por la Aduana de Concordia y DI-2025-14-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada por la Aduana de Rosario.

ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá informar a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Seguridad Nacional, deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles –contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivase.

Eduardo Menem

e. 11/06/2025 N° 40217/25 v. 11/06/2025

LLAMADO A CONCURSOS

De conformidad con lo establecido por los artículos 114 inciso 1° de la Constitución Nacional, 13° de la Ley 24.937, sus modificatorias y el Reglamento de Concursos aprobado por Resolución N° 7/14 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, se convoca a concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir las siguientes vacantes de jueces/zas:

1) Concurso Nº 519, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Integran el Jurado los Dres., Juan Carlos Gemignani, José Luis Ortiz, Claudio Aníbal Contreras y Carolina del Milagro Martínez Andujar (titulares); y Adrián Norberto Martín, Maximiliano Jorge Brajer, Laura Julieta Casas y Cecilia Mariana Sgrazutti (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 30 de junio al 4 de julio de 2025.

Fecha para la prueba de oposición: 21 de agosto de 2025, a las 9:00 horas, en el lugar que con suficiente antelación la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar asistencia: 6 de agosto de 2025.

2) Concurso Nº 523, destinado a cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

Integran el Jurado los Dres., Rubén Norberto Ochipinti, Andrés Harfuch, Adrián Federico Ambroggio y Eliana María Santanatoglia (titulares); y Ana María Iácono, Mariano Bufarini, Omar Alejandro Palermo y Nancy Susana Cardinaux (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 30 de junio al 4 de julio de 2025.

Fecha para la prueba de oposición: 22 de agosto de 2025, a las 9:00 horas, en el lugar que con suficiente antelación la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar asistencia: 7 de agosto de 2025.

3) Concurso Nº 524, destinado a cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Rosario, provincia de Santa Fe.

Integran el Jurado los Dres., Mirta Gladis Sotelo de Andreau, Luis Horacio Cuervo, Emilio Armando Ibarlucía y Susana Marcela Volodsky Iturburu (titulares); y Roberto José Loustaunau, Edwin Manuel Montero Labat, Mónica Ángela Del Bene y María Jesús Rodríguez Bertoni (suplentes).

Plazo de Inscripción: del 30 de junio al 4 de julio de 2025.

Fecha para la prueba de oposición: 26 de agosto de 2025, a las 9:00 horas, en el lugar que con suficiente antelación la Comisión fijará.

Fecha límite para confirmar asistencia: 11 de agosto de 2025.

El reglamento y el llamado a concurso estarán disponibles en las páginas web del Consejo (www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar). La inscripción se realizará por vía electrónica desde las 00:00 horas de la fecha de inicio hasta las 24:00 horas del día de cierre.

La sede de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura se encuentra ubicada en la calle Libertad 731, 1° Piso, Capital Federal, y su horario de atención al público es de 9:00 a 15:00 hs.

La Comisión determinará con la suficiente antelación el lugar donde, en cada caso, se tomará el examen, información que estará disponible en las páginas web (artículo 6°, último párrafo).

En los términos del artículo 10° inc. ñ) del reglamento y de conformidad con los plazos de vigencia establecidos por las Resoluciones números 121/23 y 256/23 del CM, los/las postulantes deberán acompañar las constancias de capacitación en materia de perspectiva de género, ambiental, y derechos de niñas, niños y adolescentes, y todas las que se tornen obligatorias por la ley para integrantes del Poder Judicial de la Nación; dictadas por la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Universidades, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquellas capacitaciones de organismos o entidades que sean expresamente admitidas por la Comisión de Selección de Magistrados/as por resolución dictada al efecto, con un mínimo de 20 horas y el resto de los requisitos que establezca la reglamentación específica. Si al momento de la inscripción el/la postulante no tuviere culminadas las capacitaciones requeridas, podrá cumplimentar este requisito hasta la fecha de realización de la Entrevista Personal ante la Comisión (artículo 40).

El sistema de carga digitalizado no admitirá inscripciones luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la inscripción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19°, el listado de inscriptos con sus respectivos currículum vitae se darán a conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura dentro de los cinco (5) días hábiles judiciales del cierre de la inscripción de cada concurso, haciéndose saber el lugar donde se recibirán las impugnaciones acerca de la idoneidad de los postulantes. Las impugnaciones deberán ser planteadas en el plazo de (5) cinco días hábiles judiciales desde la publicación del listado de inscriptos.

En los términos del artículo 31° del Reglamento de Concursos, “los postulantes deberán confirmar su participación al examen de oposición con diez (10) días de antelación a la fecha fijada para la prueba. La confirmación se realizará únicamente por vía electrónica a través de la página web del Poder Judicial de la Nación, mediante el módulo de confirmación del sistema de concursos, dentro del período fijado para cada prueba. Quien no confirme por el medio aquí dispuesto y dentro del plazo establecido, será excluido de ese procedimiento de selección”.

Se comunica que, las notificaciones que deban cursarse, una vez abierto un concurso para seleccionar magistrados del Poder Judicial de la Nación, se realizarán a través del sitio web.

COMISION DE SELECCION DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

María Fernanda Vázquez, Presidenta.

e. 09/06/2025 N° 38448/25 v. 11/06/2025