• Leyes:
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  • 27742
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• Decretos:
  • 1738/1972
  • 55/2023
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  • 1738/1992
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  • 2455/1992
  • 2456/1992
  • 2459/1992
  • 1172/2003
    infoleg 85133
    infoleg 90763
  • 891/2017
    infoleg 285796

Análisis Legal de la Resolución ENARGAS N° RESOL-2025-375-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

1. Marco Normativo Aplicable

La norma analizada se fundamenta en los siguientes instrumentos legales: - Ley 24.076 (modificada por Ley 27.742): Art. 6°, que establece el derecho a una prórroga única de 20 años para licencias de distribución de gas, condicionada al cumplimiento "en lo sustancial" de obligaciones contractuales y técnicas. - Decreto 1738/1992 (reglamentario de la Ley 24.076): Art. 6° (modificado por Decreto 1057/2024), que refuerza el régimen de prórrogas y vincula la audiencia pública con la evaluación de la prestación del servicio. - Decreto 1172/2003: Anexo I, "Reglamento General de Audiencias Públicas", aplicado por la Resolución ENARGAS I-4089/16, que permite modalidades virtuales si garantizan transparencia y participación. - Decreto 55/2023 y prórroga por Decreto 1023/2024: Contexto de emergencia energética, que justifica medidas excepcionales, incluyendo la intervención del ENARGAS.

2. Validación de la Audiencia Pública Virtual

Fundamentos Legales

• Constitución Nacional Argentina (CNA):
• Art. 14: Derecho a la participación ciudadana y acceso a la información.
• Art. 33: Garantías implícitas derivadas del principio republicano, incluyendo el derecho a un procedimiento justo.
• Art. 42: Protección de usuarios y transparencia en servicios públicos.
• Art. 75, inc. 22: Jerarquía constitucional de tratados internacionales, como la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, que respalda la participación virtual si garantiza igualdad de acceso.
• Decreto 1172/2003, Anexo I: No prohíbe expresamente la modalidad virtual, dejando su definición a la autoridad convocante, siempre que se respeten principios de transparencia y no discriminación.
• Resolución ENARGAS I-4089/16: Establece el procedimiento para audiencias, sin limitar la modalidad, pero exigiendo publicidad y acceso al expediente.

Irregularidades Detectadas

• Modalidad exclusivamente virtual:
• Cuestionamiento: Algunos oradores (p. ej., DEUCO y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos) argumentaron que la ausencia de opción presencial limitó la participación de sectores con acceso restringido a internet.
• Análisis: Aunque el marco legal no prohíbe la virtualidad, el principio de igualdad (Art. 16 CNA) podría verse afectado si la modalidad excluye a grupos con menor conectividad. La Corte Suprema ha enfatizado que las audiencias deben garantizar "condiciones de igualdad" (Fallos 339:1077), lo cual podría cuestionarse en este caso.
• Difusión insuficiente:
• Se publicó en el Boletín Oficial y dos diarios de circulación nacional, cumpliendo con el Decreto 1172/03. Sin embargo, algunos oradores (p. ej., María José Lubertino) cuestionaron la falta de difusión en medios locales o especializados, lo que podría restringir la participación de actores regionales o técnicos.
• Riesgo de arbitrariedad: La Ley 27.742 (Art. 25 bis) exige "transparencia efectiva", que no se limita a la mera publicación formal. La omisión de estrategias adicionales (p. ej., redes sociales, campañas en zonas afectadas) podría vulnerar el derecho a la información (Art. 42 CNA).

3. Evaluación de la Prórroga de Licencias

Requisitos Legales

• Art. 6° de la Ley 24.076 (modificado): La prórroga requiere:
• Evaluación técnica del cumplimiento "sustancial" de obligaciones (incluyendo corrección de deficiencias).
• Audiencia pública previa.
• Propuesta al Poder Ejecutivo dentro de los 120 días posteriores a la audiencia.

Irregularidades y Posibles Abusos

• Cumplimiento sustancial de obligaciones:
• La resolución menciona informes técnicos internos (p. ej., IF-2024-141177348-APN-DDG#ENARGAS), pero no detalla públicamente las deficiencias corregidas por las empresas. Esto podría vulnerar el principio de transparencia (Art. 25 bis de la Ley 27.742) y limitar el control ciudadano.
• Competencia del ENARGAS en contexto de intervención:
• El Decreto 55/2023 prorrogó la intervención del ENARGAS hasta la designación del nuevo ente regulador. Si bien la resolución fue emitida por el Interventor, la falta de un directorio electo podría generar dudas sobre la independencia regulatoria, afectando la percepción de imparcialidad en la evaluación técnica.

4. Temas Ajenos a la Competencia del ENARGAS

Durante la audiencia, se plantearon cuestiones fuera del alcance de la norma, como: - Revisión del régimen impositivo (p. ej., neutralidad fiscal). - Financiamiento para subdistribuidores. - Diversificación de fuentes energéticas. - Reintegros en zonas frías.

La resolución remite estos temas a otras autoridades, lo cual es procedente. No obstante, la falta de claridad en la delimitación de competencias podría generar incertidumbre regulatoria, afectando la predictibilidad para actores del sector.

5. Impacto en Derechos y Garantías

• Derecho a la participación ciudadana (Art. 33 y 75 inc. 22 CNA):
• La virtualidad, aunque legal, debe garantizar acceso universal. La omisión de medidas adicionales (p. ej., puntos de acceso comunitario) podría restringir la participación de sectores vulnerables.
• Transparencia y acceso a la información (Art. 42 CNA):
• La publicación del expediente en línea cumple con el mínimo legal, pero la falta de síntesis accesible o formatos alternativos (p. ej., informes técnicos en lenguaje no especializado) limita la participación informada.
• Control judicial (Art. 43 CNA):
• La resolución es impugnable mediante acción de amparo si se alega ilegalidad manifiesta, como la omisión de criterios técnicos en la evaluación de cumplimiento.

6. Conclusión: Riesgos y Recomendaciones

Riesgos de la norma: 1. Procedimiento participativo restringido: La modalidad virtual, sin alternativas, podría vulnerar el derecho a la participación efectiva. 2. Falta de transparencia en la evaluación técnica: La escasez de detalles sobre deficiencias corregidas limita el escrutinio público. 3. Intervención regulatoria prolongada: La continuidad de la intervención del ENARGAS bajo emergencia podría erosionar la autonomía técnica del organismo.

Recomendaciones: - Incluir modalidades híbridas: Garantizar acceso presencial en zonas con baja conectividad, alineado con estándares internacionales (p. ej., OEA). - Publicar informes técnicos resumidos: Mejorar la transparencia con síntesis de los criterios de evaluación, accesibles a no especialistas. - Acelerar la creación del nuevo ente regulador: Restablecer la autonomía institucional del regulador, conforme al Art. 161 de la Ley 27.742.

Conclusión: La resolución se ajusta formalmente al marco legal, pero su implementación práctica presenta riesgos de exclusión y opacidad que podrían ser cuestionados judicialmente. La prórroga de licencias, aunque técnica y legalmente válida, requiere mayor claridad en la justificación de los criterios técnicos para evitar percepciones de arbitrariedad.

Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-40975487- -APN-GAL#ENARGAS, la Ley N° 24.076, su Decreto Reglamentario N° 1738/72, los Decretos DNU N° 55/23, N° 1023/24 y N° 370/25, la Resolución ENARGAS N° I-4089/16, la Resolución N° RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se convocó a la Audiencia Pública N° 107 con el objeto de poner a consideración las solicitudes presentadas por LITORAL GAS S.A. (LITORAL), METROGAS S.A. (METROGAS) y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. (PAMPEANA) a fin de la evaluación, por parte de este Organismo, de la prestación del servicio público de distribución de gas natural en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 24.076 y del numeral 3.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, y del resultado de dicha evaluación.

Que, mediante dicho acto de convocatoria, se fijó la celebración de la Audiencia Pública para el 20 de mayo de 2025, en forma virtual desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con inicio a las 9:00 hs., y transmisión en vivo por streaming.

Que por su parte, por el Anexo I (IF-2025-42230681-APN-GAL#ENARGAS) de dicho acto de convocatoria se estableció un Mecanismo para la Inscripción y Participación de los interesados bajo la modalidad ya indicada y en los términos de lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N° I-4089/16; a la vez que se dispuso que el Expediente del VISTO se encontraría (y se encuentra) disponible en la página web del ENARGAS para quienes quisieran tomar vista de aquel; y se establecieron las cuestiones inherentes al “Registro de Oradores” (Artículo 6° del Anexo I de la Resolución ENARGAS N.° I-4089/16).

Que asimismo, se determinó el “Área de Implementación”, y se estableció el procedimiento para la emisión del Orden del Día, a cargo de la Secretaría del Directorio de este Organismo; además, se aprobó, como Anexo II, un aviso de convocatoria a publicarse por DOS (2) días en el Boletín Oficial de la República Argentina, en DOS (2) diarios de amplia circulación y en la página web de este Organismo.

Que, para participar de la Audiencia se inscribieron quince (15) personas en carácter de oradores, de las cuales hicieron uso de la palabra diez (10); la Audiencia fue transmitida on-line vía streaming (por la plataforma YouTube), con acceso irrestricto de cualquier interesado.

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 24.076, modificado por el artículo 155 de la Ley Nº 27.742 prevé: “Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de veinte (20) años. A tal efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestadores para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo nacional resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas” (en destacado es propio).

Que, con similar criterio, el artículo 15 del Anexo II del Decreto N° 1057/24 modificó el artículo 6° del Decreto N° 1738/92, en consonancia con la sustitución introducida por el artículo 155 de la Ley N° 27.742 respecto del artículo 6° de la Ley N° 24.076.

Que, de esta manera, el texto de la reglamentación expresa en su parte pertinente: “El Prestador tendrá derecho a una única prórroga de VEINTE (20) años a partir del vencimiento del plazo inicial de TREINTA Y CINCO (35) años de su habilitación, siempre y cuando haya cumplido en lo sustancial (incluyendo la corrección de las deficiencias observadas por la Autoridad Regulatoria) todas las obligaciones a su cargo según el inciso (7) del artículo 4° de esta Reglamentación”.

Que, a raíz de ello, compete a esta Autoridad Regulatoria realizar la evaluación pertinente sobre la petición incoada por las Distribuidoras citadas, y elevar una propuesta al Poder Ejecutivo Nacional, previa celebración de Audiencia Pública, en el marco del precitado artículo 6° de la Ley N° 24.076.

Qué asimismo, el numeral 3.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (RBLD) determina: “Prórroga: La Licenciataria tendrá derecho a una única prórroga de diez años a partir del vencimiento del Plazo Inicial siempre que haya dado cumplimiento en lo sustancial a las obligaciones que le impone esta Licencia (incluyendo la corrección de las deficiencias notificadas por Autoridad Regulatoria) y a las que, de acuerdo con la Ley y el Decreto Reglamentario, le imponga la Autoridad Regulatoria. El pedido de prórroga deberá ser presentado con una anterioridad no menor de dieciocho meses, ni mayor de cincuenta y cuatro meses, a la fecha de vencimiento del Plazo Inicial, aplicándose al respecto el procedimiento previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley”.

Que, se debe tener en cuenta que con la sanción de la Ley Nº 27.742 el plazo adicional al que tendrían derecho las Distribuidoras es de VEINTE (20) años.

Que, en otro orden, corresponde señalar que el artículo 52 de la Ley N° 24.076, determina entre las funciones del ENARGAS: “Propiciar ante el Poder Ejecutivo Nacional cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de las concesiones” (inc. j); “Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley” (inc. l). A su vez, el artículo 59 de la referida Ley, dispone que es función de la máxima autoridad del Organismo, asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en todas las materias de competencia del Ente (inc. c).

Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que la Ley N° 24.076, por su artículo 2° determina los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural, los que son ejecutados y controlados por el ENARGAS, entre los que se encuentran los de: proteger adecuadamente los derechos de los consumidores (inciso a); promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo (inciso b); propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural (inciso c); regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables (inciso d); incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural (inciso e); incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente (inciso f); y propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones (inciso g).

Que, mediante Actuaciones N° IF-2024-75663259-APN-SD#ENARGAS del 18 de julio de 2024, N° IF-2024-92644036-APN-SD#ENARGAS del 28 de agosto de 2024 y N° IF-2024-116550124-APN-SD#ENARGAS del 24 de octubre de 2024, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (RBLD), LITORAL, METROGAS y PAMPEANA, solicitaron, respectivamente, el otorgamiento de la prórroga del plazo de la Licencia por el plazo adicional de VEINTE (20) años, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 24.076, modificado por Ley N° 27.742 y su Decreto Reglamentario N° 1738/92.

Que, en primer lugar, corresponde destacar que el PODER EJECUTIVO NACIONAL otorgó licencias para la prestación del servicio público de Distribución de Gas Natural a LITORAL, PAMPEANA y METROGAS mediante los Decretos N° 2455, 2456 y 2459, del 18 de diciembre de 1992 (B.O 22/12/92), respectivamente.

Que, al respeto, el artículo 1° del Decreto N° 2455/92 en su parte pertinente estableció que: “El término de dicha licencia será de TREINTA Y CINCO (35) años contados desde la fecha de Toma de Posesión de las acciones de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE GAS DEL LITORAL S.A., por su respectivo adjudicatario, sin perjuicio de la renovación prevista por el artículo 6° de la Ley N° 24.076, si correspondiere”.

Que del mismo modo, el artículo 1° del Decreto N° 2456/92 determinó un precepto de igual tenor para el caso de PAMPEANA: “El término de dicha licencia será de TREINTA Y CINCO (35) años contados desde la fecha de Toma de Posesión de las acciones de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE GAS PAMPEANA S.A. por su respectivo adjudicatario, sin perjuicio de la renovación prevista por el artículo 6° de la Ley N° 24.076, si correspondiere”, mientras que el artículo 1° del Decreto N° 2459/92 hizo lo suyo respecto de METROGAS al expresar: “El término de dicha licencia será de TREINTA Y CINCO (35) años contados desde la fecha de Toma de Posesión de las acciones de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE GAS METROPOLITANA S.A. por su respectivo adjudicatario, sin perjuicio de la renovación prevista por el artículo 6° de la Ley N° 24.076, si correspondiere”.

Que, en función del análisis que le cabe puntualmente realizar a esta Autoridad Regulatoria en el marco de las presentaciones efectuadas y bajo los términos previstos en la Ley N° 24.076, se encomendó intervenir a diferentes áreas técnicas de este Organismo, a los efectos de formular la evaluación indicada en el precitado artículo 6° de la Ley N° 24.076 y en el numeral 3.2 de las RBLD.

Que, en esa línea, tomaron intervención el Departamento de Despacho de Gas, la Gerencia de Desempeño y Economía, la Gerencia de Control Económico Regulatorio, la Gerencia de Protección del Usuario, la Gerencia de Administración, la Gerencia de Distribución y la Gerencia de Asuntos Legales.

Que para el caso examinado de LITORAL se emitieron los Informes N° IF-2024-141177348-APN-DDG#ENARGAS, N° IF-2024-141924818-APN-GDYE#ENARGAS, N° IF-2024-141972470-APN-GCER#ENARGAS, N° IF-2024-142025711-APN-GPU#ENARGAS, N° IF-2024-142507409-APN-GA#ENARGAS, y N° IF-2024-142614808-APN-GD#ENARGAS y el Dictamen N° IF-2024-142702603-APN-GAL#ENARGAS.

Que a su vez, con respecto a la petición de METROGAS se efectuaron los Informes N° IF-2025-35900336-APN-DDG#ENARGAS, N° IF-2025-35830424-APN-GDYE#ENARGAS, N° IF-2025-36664628-APN-GCER#ENARGAS, N° IF-2025-35985542-APN-GPU#ENARGAS, N° IF-2025-36183773-APN-GA#ENARGAS y N° IF-2025-37538727-APN-GD#ENARGAS y el Dictamen N° IF-2025-38271081-APN-GAL#ENARGAS.

Que del mismo modo, para el caso de PAMPEANA se elaboraron los Informes N° IF-2025-39493185-APN-DDG#ENARGAS, N° IF-2025-39656751-APN-GDYE#ENARGAS, N° IF-2025-39680654-APN-GCER#ENARGAS, N° IF-2025-39623325-APN-GPU#ENARGAS, N° IF-2025-39441283-APN-GA#ENARGAS, y N° IF-2025-40224227-APN-GD#ENARGAS y el Dictamen N° IF-2025-40961299-APN-GAL#ENARGAS

Que, cabe destacar que dichos Informes y Dictámenes, y las presentaciones de las Distribuidoras se encuentran vinculados en el Expediente de referencia, como así también como material de consulta en la página web del ENARGAS.

Que, la participación pública de la ciudadanía y las Licenciatarias es previa a la adopción de la decisión pública y en el caso coadyuva a que, en la misma, sean ponderados conforme la normativa de aplicación, las exposiciones o presentaciones que se formulen.

Que, a su vez, la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009).

Que, la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del Artículo 1°, de los Artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del Artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Instrumentos Internacionales.

Que en ese sentido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Decreto N.° 1172/03 aprobó, en su ANEXO I, el “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” y el “Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas del Poder Ejecutivo Nacional”, cuyo objeto consiste en establecer un marco general para el mecanismo de participación ciudadana en Audiencias Públicas y su ámbito de aplicación se circunscribe a las audiencias convocadas por los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que, en esa línea, este Organismo dictó la Resolución ENARGAS N° I-4089/16 mediante la que, entre otras cuestiones, aprobó el “Procedimiento de Audiencias Públicas” que como ANEXO I integra dicho acto, receptando los preceptos del Decreto antes citado, y en uso de sus facultades propias.

Que, por su parte, el Decreto N° 891/17, en su artículo 4°, dispuso que: “El Sector Público Nacional deberá aplicar mejoras continuas de procesos, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas, utilizar e identificar los mejores instrumentos, los más innovadores y los menos onerosos, con el fin de agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios”.

Que así, como ya fuera expuesto, mediante Resolución N° RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se convocó Audiencia Pública en los términos de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16, bajo la modalidad virtual o remota, con el objeto de poner a consideración de la ciudadanía, los puntos dispuestos en su objeto.

Que el ENARGAS es la autoridad competente para la convocatoria a la Audiencia Pública N° 107.

Que la competencia es el conjunto de funciones y atribuciones que un órgano o ente pueden ejercer legítimamente y que brinda la medida de las actividades que corresponden a cada órgano administrativo de acuerdo al ordenamiento jurídico; es, en definitiva, la aptitud legal de obrar de los órganos administrativos por lo que integra el concepto mismo de órgano. La clasificación de la competencia se relaciona con las distintas maneras de atribuirla. En ese sentido se distingue, por ejemplo, la competencia en razón de la materia o del grado.

Que la competencia en razón de la materia atiende al conjunto de poderes, facultades y atribuciones que le corresponde a un ente u órgano, en razón de la naturaleza de sus funciones o los cometidos asignados.

Que, por lo tanto, la competencia respecto de la convocatoria y demás procedimientos que implican la celebración de una Audiencia Pública deriva de aquella competencia propia e inherente del ENARGAS, que surge de la Ley N° 24.076, su reglamentación y las Reglas Básicas de las Licencias. Así, se ha utilizado el “Procedimiento de Audiencias Públicas” que como ANEXO I integra la Resolución ENARGAS N° I-4089/16, siendo en consecuencia la norma aplicable a los supuestos de estos actuados en razón de la materia o sea el propio acto de convocatoria que señala el objeto de la Audiencia Pública, desde el punto de vista de sus aspectos de incumbencia.

Que, respecto del cumplimiento de lo normado, es de relevancia indicar que se han respetado en este aspecto los requisitos establecidos por la Resolución ENARGAS N° I-4089/16 y el Decreto N° 1172/03 en lo que hace a la “Autoridad Convocante” y la competencia que debe poseer la misma para emitir a futuro con validez y eficacia, los actos administrativos o actos de otra naturaleza, que correspondan en razón del objeto, siguiendo el iter procedimental previsto normativamente.

Que en lo que concierne al trámite y modalidad de la Audiencia Pública, la observancia y cumplimiento de los procedimientos normados, debe ponerse de resalto que durante la Audiencia Pública N° 107 se produjeron las exposiciones de todos los interesados, correspondiendo adelantar que no se verificaron incumplimientos de procedimiento ni tampoco sustanciales.

Que, efectivamente y a título enunciativo, la Audiencia Pública cumplió mediante el acto de convocatoria (Resolución N° RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS) y el procedimiento seguido, todos los requisitos normados a este respecto; v.gr. un acto de convocatoria y respectivas publicaciones, todo ello emitido y publicado en tiempo y forma (Cnfr. Artículo 2° del ANEXO I Resolución ENARGAS N° I-4089/16); la designación de un área de implementación; un expediente donde tramita la misma (EX-2025-40975487- -APN-GAL#ENARGAS) y un expediente donde constan todas las inscripciones (EX-2025-43259213- -APN-SD#ENARGAS); los participantes contaron con el registro de inscripciones pertinentes, etc. según lo determinado en la citada Resolución ENARGAS N° I-4089/16.

Que por su parte, respecto del aviso de convocatoria aprobado como Anexo II de la Resolución N° RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, a publicarse por DOS (2) días; se destaca que ello se efectuó en el Boletín Oficial de la República Argentina (Publicación en el Boletín Oficial N° 35.654 – 25 de abril de 2025 y N° 35.655 – 28 de abril de 2025) y en DOS (2) diarios de gran circulación, conforme consta en estas actuaciones identificadas como IF-2025-44308636-APN-GAL#ENARGAS, IF-2025-44308088-APN-GAL#ENARGAS, IF-2025-45024192-APN-GAL#ENARGAS e IF-2025-45024614-APN-GAL#ENARGAS.

Que a su vez, se ha elevado a la Máxima Autoridad del ENARGAS, el respectivo Informe de Cierre, vinculado al Expediente N° EX-2025-40975487- -APN-GAL#ENARGAS, que contiene la descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la Audiencia, donde no se realizan -ni deben realizarse- apreciaciones de valor sobre el contenido de las presentaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16; en los términos del mismo artículo y en línea con el Decreto N° 1172/03.

Qué asimismo, el ENARGAS ha dado cuenta de la realización de la Audiencia Pública, mediante una publicación en el Boletín Oficial y en la página web del Organismo, de un aviso que contiene: a) Objeto de la Audiencia Pública; b) Fecha en las que se sesionó; c) Funcionarios Presentes; d) Cantidad de participantes; e) Lugar donde se encuentra a disposición el Expediente; y f) Plazos y modalidad de publicidad de los Actos Administrativos correspondientes.

Que por lo tanto, en función de todos los extremos mencionados que se verifican en la convocatoria a la Audiencia Pública N° 107 y posterior actividad administrativa a ella relacionada, se ha cumplido con lo establecido en las normas mencionadas y con los lineamientos fijados por la Corte Suprema Corte Suprema de Justicia de la Nación (particularmente in re “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, Fallos 339:1077), en tanto se ha garantizado a todos los ciudadanos su derecho de participación, en un ámbito apropiado que brinda la oportunidad de un intercambio responsable de ideas y de opiniones, en condiciones de igualdad y respeto.

Que en el transcurso de la Audiencia Pública N° 107 ciertos oradores hicieron manifestaciones, observaciones y/o cuestionamientos relacionados con el procedimiento y la validez de aquella.

Que a continuación, se referirán aquellas vinculadas al objeto de la Audiencia Pública y/o a su procedimiento, adelantando desde ya que, los supuestos agravios no pasan de ser una mera discrepancia que no logra conmover la validez previamente descripta.

Que, durante la Audiencia Pública N° 107, algunos oradores (p.ej. la Sra. María José LUBERTINO BELTRÁN -Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y el Sr. Pedro Alberto Bussetti, en representación de Defensa de Usuarios y Consumidores - DEUCO) manifestaron que aquella era irregular debido a la modalidad de realización. Al respecto, y a su criterio, entendían que sería necesaria una modalidad “híbrida” o “mixta”, es decir, presencial y virtual.

Que al respecto, cabe destacar que el marco jurídico aplicable a los procedimientos de Audiencias Públicas (la Constitución Nacional, el Decreto N.° 1172/03 y la Resolución ENARGAS N° I-4089/16) no establecen una modalidad única de celebración y tampoco prohíben expresamente que aquellas se celebren bajo la modalidad “virtual”.

Que, en efecto, nada dice la Constitución sobre el lugar o la forma presencial o remota en que deben encontrarse para participar los ciudadanos interesados en las Audiencias que convoquen las Autoridades. Efectivamente, el marco jurídico no impone condicionamientos ni limitaciones a la modalidad de la celebración de las Audiencias Públicas, es decir, si deben ser “presenciales” o “virtuales”. Y ello es así, en tanto la modalidad se halla sujeta a la consideración de la autoridad competente, al interés público comprometido y, por supuesto, al principio de razonabilidad, que debe imperar en todas las decisiones administrativas.

Que incluso, a nivel internacional, son de destacar las Audiencias Públicas Virtuales que viene llevando adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) transmitiéndose por las plataformas virtuales habilitadas al efecto, en concordancia con el artículo 68 de su Reglamento (ver, https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/145.asp).

Que, es decir que, la CIDH como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo objetivo consiste en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, reconoce la validez de este tipo de participación virtual en defensa de los derechos que tutela.

Que, en este orden, atento el plexo normativo citado y la experiencia internacional de la que el Estado argentino es parte, no existe óbice para la realización de una Audiencia Pública virtual, siendo una elección de participación amplísima que recae en la competencia que le es propia y exclusiva del ENARGAS.

Que, por otro lado, la modalidad virtual no sólo no interfiere con la participación ciudadana, sino que, por el contrario, la promueve. En este sentido, no debe perderse de vista que lo más importante en los mecanismos de participación ciudadana es habilitar un espacio institucional que permita exponer, intercambiar y/o refutar opiniones.

Que al respecto, vale la pena recordar lo expresado por nuestro Máximo Tribunal en cuanto tiene dicho que: “La [segunda] condición está dada por la celebración de este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en todo momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el connatural presupuesto de que constituye un foro de discusión por un tiempo predeterminado en función de las circunstancias del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública” (conf. Fallos: 339:1077, considerando 19).

Que a mayor abundamiento, debe colegirse que la posibilidad de celebrar una Audiencia Pública de manera virtual habilita la posibilidad de que cualquier usuario pueda participar desde cualquier punto del país sin necesidad de movilizarse, lo que se traduce en un alto grado de transparencia y participación, en clara consonancia con los postulados de raigambre constitucional, en la medida que los usuarios tienen derecho a recibir información adecuada y veraz respecto de los bienes y servicios que consumen (Conf. Art. 42 de la Constitución Nacional).

Que la modalidad virtual garantiza el derecho aludido supra, ya que asegura brindar -además- información en tiempo real a todos aquellos interesados en participar o acceder y seguir el desarrollo de las exposiciones.

Que, por lo tanto, en el acto de la Audiencia Pública N° 107 se ha cumplido en un todo con la normativa pertinente y con los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto se garantizó a todos los ciudadanos su derecho de participación, en un ámbito apropiado que ha brindado la oportunidad de un intercambio responsable de ideas y de opiniones, en condiciones de igualdad y respeto.

Que, por otro lado, la Sra. María José LUBERTINO BELTRÁN (en representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos), y el Sr. Pedro Alberto BUSSETTI, (en representación de Defensa de Usuarios y Consumidores – DEUCO), sostuvieron que hubo falta de difusión de la Audiencia Pública

Que, sobre el particular, es de destacar que, como fuera expuesto, este Organismo cumplió con lo normado respecto de la publicación y difusión de la referida Audiencia Pública. Así, se destaca que el aviso de convocatoria aprobado como Anexo II de la Resolución N° RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, se publicó por DOS (2) días; se destaca que ello se efectuó en el Boletín Oficial de la República Argentina y en DOS (2) diarios de gran circulación, conforme consta en estas actuaciones.

Que, a su vez, no debe dejar de mencionarse que esta Autoridad Regulatoria no puede condicionar o dirigir las líneas editoriales de medios masivos; sin perjuicio de que distintos medios, contemporáneamente a la convocatoria de la Audiencia Pública se hicieron eco de la noticia y así la difundieron.

Que entre los temas planteados por diversos oradores (p. ej. la Sra. Maria Victoria NORIEGA SANCHEZ en representación de la FEDERACIÓN DE SUBDISTRIBUIDORES DE GAS -FESUBGAS-, Sr. Pablo Alejandro GODDIO, en representación de ESPERANZA SERVICIOS SAPEM, la Sra. Verónica GEESE, en representación del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, el Sr. Javier DÍAZ DECHIARA, Defensor del Pueblo ad hoc de la Provincia de Santa Fe y el Sr. Pedro BUSSETTI, en representación de DEUCO) y que no eran objeto de la Audiencia Pública, se pueden detallar, entre otros, los siguientes: 1) Actualización del margen bruto de subdistribución; 2) cuestiones vinculadas con obras de expansión y refuerzo de redes de gas que permanecen inconclusas; 3) extensión a setenta y cinco (75) días el plazo de pago de las subdistribuidoras a las Distribuidoras; 4) necesidad de un esquema tarifario específico para las subdistribuidoras; 5) deficiencias en la atención a usuarios, y 6) Control sobre las Licenciatarias y la escasa transparencia en torno al tratamiento de sus pasivos regulatorios; los que, eventualmente y en caso de corresponder, serán analizados por el ENARGAS en la oportunidad pertinente.

Que, por otra parte, en el marco de la Audiencia Pública N° 107 distintos oradores (NORIEGA, LUBERTINO, BUSETTI) se refirieron a temas o cuestiones que resultaban ajenas a la competencia de esta Autoridad Regulatoria.

Que entre los temas planteados que no son competencia de esta Autoridad Regulatoria, se pueden mencionar, entre otros, los siguientes: 1) se revise y/o modifique el Régimen de Zona Fría, en particular, retrasos en los reintegros. En el mismo sentido, se pidió que se asegure la neutralidad respecto de aquellas; 2) eliminación de la neutralidad impositiva; 3) modificación del Marco Regulatorio por medio del artículo 155 de la Ley N° 27.742; 4) creación de líneas de financiamiento específicas a los Subdistribuidores de gas; 5) se estudie y/o analice la diversificación de fuentes energéticas. Los que serán puestos en conocimiento de las autoridades y/u organismos pertinentes y/o de las prestadoras del servicio público de distribución, según corresponda.

Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo ha tomado la intervención que por derecho corresponde.

Que la presente Resolución se dicta de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley N° 24.076, su Decreto Reglamentario N° 1738/92, la Resolución N° I-4089/16 y lo establecido en los Decretos DNU N° 55/23, N° 1023/24 y N° 370/25; y la Resolución N° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar la validez de la Audiencia Pública N° 107, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas mediante Resolución N° RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, por haberse respetado todas las normas procedimentales y sustantivas que regulan el particular conforme se explicita en los CONSIDERANDOS del presente acto.

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber que los actos administrativos vinculados al objeto de la Audiencia Pública N° 107 se dictarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

e. 10/06/2025 N° 39745/25 v. 10/06/2025

• Leyes:
  • 14878
    infoleg 15764
  • 24566
    infoleg 28251
• Decretos:
  • 66/2024
    infoleg 396149

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-21-APN-INV#MEC

1. Fundamento Legal

La norma se sustenta en las facultades conferidas al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por:
- Ley 14.878 (Artículos 2º, 8º, 17, 19 y 21): Establece la autonomía técnica del INV para fijar estándares de composición de vinos, garantizar su autenticidad (ej.: alcohol real) y modificar límites legales según condiciones zonales.
- Ley 24.566 (Artículos 4, 9, 15 y 25): Refuerza la autoridad del INV como "Autoridad de Aplicación" para regular la producción y comercialización de alcoholes, incluyendo el control del tenor alcohólico en vinos.
- Decreto 66/2024 (Artículo 1°): Legitima la designación del Presidente del INV (Carlos Raúl Tizio Mayer), cuya competencia incluye dictar normas técnicas en el marco de las leyes mencionadas.

2. Cumplimiento con Normativa Preexistente

• Coherencia con Ley 14.878: La fijación de grados alcohólicos mínimos responde al mandato del Artículo 21, que autoriza al INV a ajustar límites de componentes del vino. Además, el enfoque zonal (Buenos Aires, Córdoba, etc.) se alinea con el Artículo 17, que vincula el grado alcohólico a la definición de "vinos genuinos".
• Compatibilidad con Ley 24.566: El control mediante análisis oficial (Artículo 2º) y la caducidad de certificados (Artículo 4º) refieren al Artículo 15 (análisis previo) y 37 (prescripción de infracciones).
• Vinculación con Decretos y Resoluciones: La excepción para vinos varietales (Artículo 3º) remite a la Resolución RESOL-2024-57, coherente con la autonomía reglamentaria del INV bajo el Decreto 66/2024.

3. Derechos Afectados

• Derecho a la propiedad y comercialización: La caducidad automática de análisis a los 30 días (Artículo 4º) sin reintegro de aranceles podría vulnerar el principio de proporcionalidad, afectando el derecho de productores a comercializar sus productos si no cumplen el plazo.
• Igualdad ante la ley: La excepción para vinos varietales (Artículo 3º) podría generar discriminación si otras categorías de vinos no tienen acceso a regímenes similares, afectando la competencia equitativa.

4. Posibles Irregularidades

• Delegación de facultades: Aunque el Decreto 66/2024 refuerza la autonomía del INV, la fijación de límites por bodega (Anexo IF-2025-61342425) podría cuestionarse si carece de criterios objetivos y públicos, vulnerando el principio de legalidad (Artículo 75, inc. 12 y 20 de la Constitución Nacional Argentina).
• Transparencia en la regulación técnica: El Anexo, que establece límites específicos, no se publica en el texto oficial, limitando el acceso a la información para fiscalizar su base científica o técnica.

5. Posibles Abusos

• Favoritismo en la asignación de límites alcohólicos: Si la determinación de grados mínimos por bodega responde a criterios discrecionales (ej.: lobby de grandes productores), podría violar el principio de igualdad ante la ley (Artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina).
• Sanciones desproporcionadas: La caducidad de análisis sin excepciones (Artículo 4º) podría llevar a decomisos o multas (según Ley 24.566, Art. 30) desproporcionadas en relación con la infracción, especialmente para pequeños productores.

Conclusión

La Resolución RESOL-2025-21-APN-INV#MEC se enmarca en las facultades legales del INV, pero requiere clarificar los criterios técnicos para fijar límites por bodega y garantizar transparencia en su aplicación. Las excepciones para vinos varietales y la caducidad de análisis deben equilibrarse con salvaguardas para evitar afectaciones injustificadas a derechos económicos. Su legitimidad dependerá de la proporcionalidad entre el objetivo regulatorio (calidad del vino) y las cargas impuestas a los productores.

Mendoza, Mendoza, 06/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-60672574-APN-DD#INV, la Ley N° 14.878, la Resolución N° C.71 del 24 de enero de 1992, los datos estadísticos obtenidos durante el Control Cosecha y Elaboración 2025, referidos al tenor azucarino de las uvas elaboradas en la zona de Origen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, se tramita la fijación del grado alcohólico de los vinos Cosecha 2025, unificados con remanentes de elaboraciones anteriores y su respectiva liberación de la zona de Origen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis.

Que en el marco de la legislación vigente, compete al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, por lo cual se encuentra facultado para establecer los límites normales de la composición de los vinos.

Que el Punto 1º, Inciso 1.1, apartado a) de la Resolución N° C.71 de fecha 24 de enero de 1992, establece que el INV determinará el grado alcohólico mínimo para el expendio de los productos allí definidos, en cumplimiento de la obligación impuesta por la Ley Nº 14.878.

Que la determinación del grado alcohólico real de las cosechas anuales para los vinos que se han de comercializar en el mercado interno, es una norma técnica que se utiliza como parámetro para ordenar y coadyuvar a las tareas de fiscalización.

Que los diversos microclimas existentes en las refiridas zonas determinan apreciables diferencias en la graduación alcohólica de los productos elaborados en los diferentes establecimientos.

Que las características de comercialización de esta zona, determinan un mercado de traslado prácticamente inexistente, envasando cada uno de ellos los productos de su elaboración.

Que lo expuesto precedentemente aconseja determinar el grado alcohólico 2025 por bodega, unificado con los volúmenes de vinos remanentes de la cosecha 2024 y anteriores de aquellos inscriptos que hayan cumplimentado con la transmisión de la Declaración Jurada CEC-05.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Organismo del INV, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto Nº 66/24.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase los límites mínimos de tenor alcohólico real para los Vinos y Vinos Regionales, elaboración 2025 unificados con remanentes de elaboración 2024 y anteriores, que se liberen al consumo de los establecimientos ubicados en la zona de origen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, conforme el Anexo Nº IF-2025-61342425-APN-DNF#INV, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Considérese grado alcohólico real, el contenido como tal en el vino, determinado mediante método oficial, sin tener en cuenta el alcohol potencial del probable contenido de azúcares reductores en el producto, remanentes de su fermentación.

ARTÍCULO 3º.- Los vinos certificados como varietales, quedan exceptuados del cumplimiento del grado mínimo que por la presente se establece, debiendo responder a los antecedentes de elaboración que a los efectos de su certificación se aporten, siguiendo los lineamientos de la Resolución Nº RESOL-2024-57-APN-INV#MEC del 15 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 4º.- Los análisis correspondiente a vinos regionales y vinos 2024 y anteriores, caducarán automáticamente a partir de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de la presente, sin que ello de lugar al reintegro de los aranceles analíticos equivalentes a los volúmenes no despachados, excepto aquellos cuyo vino base posea el grado establecido en dicho Anexo.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese.

Carlos Raul Tizio Mayer

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 10/06/2025 N° 39746/25 v. 10/06/2025

• Leyes:
  • 14878
    infoleg 15764
  • 25163
    infoleg 60510
• Decretos:
  • 57/2004
    infoleg 91880
  • 66/2024
    infoleg 396149

Análisis Legal de la Resolución INV N° 22/2025 (RESOL-2025-22-APN-INV#MEC)

1. Fundamento Legal y Legitimidad

La resolución se sustenta en las facultades conferidas por:
- Ley 14.878 (Art. 2°, 8°, 17, 19, 21): Otorga al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) competencia técnica para modificar listados de variedades y ajustar normas enológicas, siempre que se respalden con estudios técnicos.
- Ley 25.163 (Art. 15 inc. c, 36, 38): Faculta al INV a actualizar listados de variedades aptas y unificar criterios para vinos de calidad, Reserva y Gran Reserva.
- Decreto 57/2004 (Art. 20 inc. b, Anexo II): Establece el procedimiento para agregar variedades mediante estudios de aptitud enológica.
- Decreto 66/2024 (Art. 1 y 2): Legitima al Presidente del INV, Carlos Raúl Tizio Mayer, para dictar medidas reglamentarias y garantizar la publicación en el Registro Oficial.

Legitimidad del acto: La resolución cumple con los requisitos formales (Art. 4), incluyendo publicación y comunicación, y se enmarca en las competencias delegadas por el ordenamiento vigente.

2. Efectos sobre Normas Anteriores

• Derogación de la Resolución 57/2024:
  La derogación se justifica bajo el Art. 33 del Decreto 57/2004, que permite al INV ajustar regulaciones previas. La unificación de listas en la nueva resolución refleja una evolución técnica, no una arbitrariedad, ya que incorpora estudios actualizados sobre las variedades Saint Jeannet y Moscatel Rosado.
• Modificación de listas autorizadas:
  Las variedades agregadas (Saint Jeannet y Moscatel Rosado) reemplazan criterios parciales de la Resolución 57/2024, alineándose con estándares de calidad y estándares internacionales (ej.: reconocimiento de la Unión Internacional de Vitivinicultura).

Impacto en normas vigentes:
- No se alteran los principios básicos de la Ley 25.163, sino que se actualizan criterios técnicos.
- La excepción al grado alcohólico mínimo (Art. 2°) replica disposiciones previas de la Nota Infoleg del Anexo II del Decreto 57/2004, sin crear nuevas categorías.

3. Derechos Afectados

• Productores vitícolas:
• Positivos: Facilita la innovación varietal, permitiendo diversificar productos y acceder a mercados internacionales.
• Negativos: Productores que invirtieron en variedades no incluidas en los listas actualizadas podrían verse perjudicados si sus vinos no cumplen con los nuevos estándares de certificación.
• Consumidores:
• Garantía de calidad en vinos Reserva y Gran Reserva, al exigir estudios técnicos para la inclusión de variedades.
• Competencia en el mercado:
• La excepción al grado alcohólico mínimo (Art. 2°) podría generar ventajas competitivas para productores que utilicen Saint Jeannet o Moscatel Rosado, si otros no pueden ajustarse técnicamente.

4. Irregularidades Detectadas

• Transparencia en los estudios técnicos:
  La resolución menciona que las nuevas variedades fueron validadas con estudios del INV, pero no detalla públicamente los criterios ni metodologías utilizados. Esto podría vulnerar el principio de transparencia administrativa (Ley 27.142, no mencionada en el contexto, pero relevante en la práctica).
• Conflictos de interés potenciales:
  Si los estudios técnicos fueron influenciados por intereses privados (ej.: bodegas con inversiones en las nuevas variedades), podría cuestionarse la imparcialidad del proceso.

5. Posibles Abusos

• Uso discrecional de la excepción al grado alcohólico:
  El Art. 2° permite a productores certificados evadir el mínimo anual, lo que podría incentivar prácticas de lobby para obtener excepciones en otras variedades sin justificación técnica.
• Inclusión futura de variedades sin estudios rigurosos:
  La resolución establece un precedente que, sin controles estrictos, podría llevar a la incorporación de nuevas variedades con estudios superficiales, afectando la reputación del vino argentino.

6. Conclusión

La Resolución INV N° 22/2025 se enmarca en las facultades legales del Instituto Nacional de Vitivinicultura y promueve la modernización de la normativa vitivinícola argentina. Sin embargo, su validez depende de la rigurosidad de los estudios técnicos y de la transparencia en su aplicación. Para evitar abusos, se recomienda:
- Publicar los estudios que respaldan la inclusión de Saint Jeannet y Moscatel Rosado.
- Establecer un mecanismo de revisión externa para futuras modificaciones de listas varietales.

Referencias legales clave:
- Leyes 14.878 (Art. 8°, 21) y 25.163 (Art. 15, 38).
- Decretos 57/2004 (Art. 20, Anexo II) y 66/2024 (Art. 1°, 2°).
- Principios constitucionales de promoción económica (Art. 75 inc. 17, 18) y protección de la propiedad (Art. 17).

Mendoza, Mendoza, 06/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-15469745-APN-DM#INV, las Leyes Nros. 14.878 y 25.163, el Decreto Nº 57 del 14 de enero de 2004, la Resolución Nº 57 del 5 de diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se tramita la incorporación de las variedades SAINT JEANNET y MOSCATEL ROSADO al listado de variedades autorizadas, reconocidas como aptas para la elaboración de vinos de calidad.

Que la Ley Nº 25.163 y su Decreto Reglamentario Nº 57/04, establecen las Normas Generales para la Designación y Presentación de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico de la Argentina.

Que el mencionado decreto establece las variedades autorizadas reconocidas como aptas para la elaboración de vinos con las características enunciadas en el considerando precedente y faculta a este Instituto, como Autoridad de Aplicación, a agregar o eliminar variedades en las listas establecidas, previo estudio sobre la aptitud enológica.

Que por la Resolución Nº 57/24, se aprobó la unificación del listado de variedades reconocidas como aptas para la elaboración de vinos de calidad y aquellas autorizadas para la elaboración de Vinos Reserva y Gran Reserva.

Que a través de estudios realizados por este Organismo se concluyó que las variedades SAINT JEANNET y MOSCATEL ROSADO son aptas para elaborar vinos de calidad.

Que resulta oportuno incorporar dichas variedades al listado de variedades aptas para la elaboración de vinos de calidad en un único acto administrativo.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Instituto, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 25.163 y el Decreto Nº 66/24.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la unificación del listado de variedades Vitis vinífera L. reconocidas como aptas para la elaboración de vinos de calidad, que obran en el Decreto Nº 57/04 y en el listado de variedades autorizadas para la elaboración de Vinos Reserva y Gran Reserva:

1. Variedades tintas: Malbec; Merlot; Cabernet Sauvignon; Syrah; Pinot Negro; Pinot Meunier; Tannat; Lambrusco Maestri; Barbera; Sangiovese; Bonarda; Tempranillo; Cinsault; Carignan; Petit Verdot; Cabernet Franc; Carmenère; Corvina Veronese; Rondinella; Ancellota; Croatina; Lambrusco Grasparossa; Casavecchia; Garnacha; Tinta Cao; Touriga Nacional y Criolla Chica.

2. Variedades rosadas: Gewurztraminer; Pinot Gris; Canari y Moscatel Rosado.

3. Variedades blancas: Chardonnay; Chenin; Sauvignon Blanc; Semillón; Sauvignonasse; Riesling; Torrontés Riojano; Ugni Blanc; Moscato Bianco; Pinot Blanco; Glera; Viognier; Pedro Giménez; Petit Manseng; Moscatel de Alejandría; Alvarinho; Grüner Veltliner; Fiano; Verdelho ; Torrontés Sanjuanino y Saint Jeannet.

ARTÍCULO 2º.- Todos los vinos certificados como varietales, Reserva y Gran Reserva elaborados a partir de las variedades que se consignan en el Artículo 1º de la presente resolución, quedan exceptuados del cumplimiento del grado alcohólico mínimo que fija en forma anual este Organismo para las distintas zonas de producción, debiendo responder a los antecedentes de elaboración aportados.

Los vinos elaborados con variedades que no están listadas en el Artículo 1º, podrán ser certificados, pero deberán cumplir con el grado alcohólico mínimo establecido en el año de elaboración correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Derógase la Resolución Nº 57 del 5 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y archívese.

Carlos Raul Tizio Mayer

e. 10/06/2025 N° 39754/25 v. 10/06/2025

• Leyes:
  • 27640
    infoleg 352587
  • 23287
    infoleg 23981
  • 26093
    infoleg 116299
  • 26334
    infoleg 136339
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la RESOL-2025-252-APN-SE#MEC

(Autorización del uso de biocombustibles en embarcaciones fluviales y marítimas)

I. Fundamento Legal y Competencia

La Resolución se sustenta en:
1. Ley 27.640 (Art. 2 y 23):
- Artículo 2: Designa a la Secretaría de Energía como Autoridad de Aplicación del marco regulatorio de biocombustibles.
- Artículo 23: Faculta a la Secretaría a establecer condiciones técnicas y comerciales para la utilización de biocombustibles en estado puro o mezclados.
- Artículo 21: Deroga expresamente las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, eliminando restricciones previas (ej.: obligatoriedad de mezcla en embarcaciones).

1. Decreto 50/2019 (Anexo II, Apartado IX):
2. Define las competencias de la Secretaría de Energía para regular biocombustibles, incluyendo la creación de registros y categorías operativas (ej.: "Operador de Bunker").

Conclusión: La norma se enmarca en las facultades delegadas por la Ley 27.640 y el Decreto 50/2019, sin contradecir el régimen derogado.

II. Modificaciones Regulatorias Clave

1. Autorización del uso de biocombustibles en embarcaciones:
2. Elimina la excepción previa (Res. 689/22, Art. 9 inc. a) que prohibía la mezcla de biodiésel en embarcaciones.

3. Condiciona el uso a:

   • Elección voluntaria del usuario.
   • Compatibilidad técnica del motor.

4. Creación de la categoría "Operador de Bunker":

5. Modifica el Anexo I de la Res. 689/22 para incluir operadores que suministren biocombustibles a embarcaciones.
6. Requisitos técnicos y ambientales implícitos (Art. 5 de la Ley 27.640).

Conexión con la Ley 27.640:
- Artículo 8 y 9: Permite excepciones a los porcentajes obligatorios de mezcla (5-7,5% biodiésel y 12% bioetanol) si se justifica técnica o ambientalmente.
- Artículo 3: Habilita a la Secretaría a dictar normas complementarias para interpretar el régimen.

III. Derechos Afectados

1. Derecho a un ambiente sano (Art. 41 de la CN):

2. La medida promueve la reducción de emisiones en el transporte marítimo, alineándose con el objetivo de sostenibilidad ambiental.

3. Derecho a la libre competencia (Art. 16 y 42 de la CN):

4. La creación de la categoría "Operador de Bunker" debe garantizar igualdad de oportunidades y no generar barreras injustificadas para nuevos actores.

5. Derecho a la información (Art. 42 de la CN):

6. Se requiere transparencia en los requisitos técnicos de compatibilidad para evitar discriminación o prácticas anticompetitivas.

IV. Posibles Irregularidades o Abusos

1. Falta de sanciones explícitas:

2. La Resolución no menciona mecanismos de control ni sanciones para incumplimientos, lo que podría debilitar su cumplimiento.

3. Requisito de compatibilidad técnica:

4. Podría usarse como barrera de entrada para operadores pequeños si se aplican estándares técnicos desproporcionados.

5. Coordinación con jurisdicciones provinciales:

6. El transporte marítimo y fluvial involucra competencias federales (Art. 75 inc. 10 CN) y provinciales (Art. 124 CN). La norma no aborda coordinación con provincias, lo que podría generar conflictos en zonas costeras.

7. Derogación tácita de normas previas:

8. Aunque la Ley 27.640 derogó la Ley 26.093, la Resolución no clarifica cómo se adaptan los requisitos de calidad y trazabilidad heredados (ej.: Art. 6 y 9 de la Ley 26.093).

V. Conclusión

La Resolución 252/2025 es legalmente válida dentro del marco de la Ley 27.640 y el Decreto 50/2019, al expandir el uso de biocombustibles a nuevos sectores y actualizar registros obligatorios. Sin embargo, requiere:
1. Clarificar mecanismos de fiscalización y sanciones.
2. Evitar abusos en la aplicación de requisitos técnicos.
3. Coordinar con provincias en aspectos de transporte y medio ambiente.

Su impacto ambiental es positivo, pero su éxito dependerá de la transparencia en la gestión del Registro de Operadores y la equidad en el acceso al mercado.

Recomendación: Realizar un análisis técnico sobre los estándares de compatibilidad y establecer un régimen sancionatorio para garantizar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-56477754-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 27.640, la Resolución Nº 689 de fecha 6 de octubre de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.640 aprobó el Marco Regulatorio de los Biocombustibles, el cual comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, distribución y mezcla de biocombustibles, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030.

Que el Artículo 2° de la referida ley establece que esta Secretaría es la Autoridad de Aplicación del mencionado marco regulatorio.

Que, conforme surge del Artículo 21 de la citada ley, a partir de su entrada en vigencia, quedaron sin efecto todas las disposiciones establecidas en las Leyes Nros. 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de estas últimas.

Que, por su parte, el Artículo 23 de la mencionada ley dispuso, entre otras cosas, que la Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos y condiciones para la comercialización de biocombustibles en estado puro o mezclados en distintos porcentajes con combustibles fósiles autorizados.

Que, a través del Artículo 1° de la Resolución N° 689 de fecha 6 de octubre de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, se creó el Registro de Operadores de Biocombustibles y Mezcladores, que comprende las actividades de elaboración, mezcla, almacenaje y comercialización de biocombustibles.

Que por el Inciso a) del Artículo 9° de la Resolución N° 689/22 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, se exceptuó de la mezcla obligatoria con biodiesel al gasoil utilizado en embarcaciones fluviales y marítimas.

Que, en la actualidad, el uso de biocombustibles en embarcaciones marítimas se encuentra en aumento, en tanto tienen el potencial de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector marítimo.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta conveniente disponer que podrá utilizarse biocombustibles en estado puro o mezclados en distintos porcentajes con combustibles fósiles en embarcaciones fluviales y marítimas, a elección del usuario y siempre que el motor propulsor de la embarcación sea compatible con estos combustibles.

Que, por lo tanto, resulta necesario incorporar la categoría Operador de Bunker en el Registro de Operadores de Biocombustibles y Mezcladores regulado por la referida Resolución Nº 689/22 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificatorias, a fin de establecer los requisitos que deberán cumplir aquellos sujetos cuya actividad sea el suministro de biocombustibles en estado puro o mezclados en distintos porcentajes con combustibles fósiles a embarcaciones fluviales y marítimas.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades conferidas por el Artículo 2° de la Ley Nº 27.640, y el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la utilización de biocombustibles en estado puro o mezclados en distintos porcentajes con combustibles fósiles en embarcaciones fluviales y marítimas, a elección del usuario, y siempre que el motor propulsor de la embarcación sea compatible con estos combustibles.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Anexo I (IF-2023-131696278-APN-SSH#MEC) de la Resolución N° 689 de fecha 6 de octubre de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, por el Anexo I (IF-2025-59149774-APN-SSCL#MEC) que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 10/06/2025 N° 39744/25 v. 10/06/2025

• Leyes:
  • 17565
    infoleg 19424
• Decretos:
  • 891/2017
    infoleg 285796
  • 1058/2024
    infoleg 406652
  • 1138/2024
    infoleg 407918
  • 7123/1968
    infoleg 162529
  • 1759/1972
    infoleg 21715

Análisis Legal de la Resolución 2025-274-APN-SGS#MS
(Otorgamiento de certificados de libre regencia a farmacéuticos mediante declaración jurada)

1. Marco Legal Aplicable

La Resolución se fundamenta en:
- Ley 17.565/67 (regulación del ejercicio farmacéutico) y su Decreto Reglamentario 7.123/68 (arts. 3, 17, 25).
- Decreto 891/2017 (simplificación administrativa), especialmente el Art. 7 (presunción de buena fe del ciudadano).
- Decreto 1759/72 (t.o. 2017), en particular el Art. 109 (validez de la declaración jurada como medio de prueba).
- Decreto 1058/2024 (estructura de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras).
- Decreto 1138/2024 (organigrama del Ministerio de Salud).

2. Aspectos Clave de la Norma

a) Simplificación del Trámite

• Declaración Jurada como Mecanismo Ágil: Permite acreditar la no titularidad de cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mediante un modelo estandarizado (Anexo I), en lugar de exigir documentación adicional (ej.: certificaciones laborales). Esto se alinea con el Art. 3 del Decreto 891/17 (eliminación de cargas innecesarias) y el Art. 109 del Decreto 1759/72 (presunción de buena fe).
• Digitalización: La declaración jurada se integra al expediente electrónico, promoviendo la celeridad (Art. 2 del Decreto 1759/72) y la eficiencia (Art. 5.a del Decreto 695/2024).

b) Fundamento Constitucional

• Art. 14 de la CN: Garantiza el derecho a trabajar y ejercer profesiones lícitas. La simplificación facilita el acceso al certificado de libre regencia, reforzando este derecho.
• Art. 16 de la CN: Promueve la igualdad ante la ley al estandarizar el trámite para todos los farmacéuticos, sin discriminación.
• Art. 129 de la CN: La norma respeta la autonomía de la CABA, ya que solo exige acreditar la no titularidad de cargos en su jurisdicción, sin invadir competencias locales.

c) Conexión con Normativa Sectorial

• Ley 17.565, Art. 18: Refuerza la responsabilidad del Director Técnico al garantizar que no exista conflicto de intereses (ej.: doble cargo en CABA).
• Decreto 7.123/68, Art. 25: La declaración jurada complementa la obligación de supervisión exclusiva del farmacéutico en su rol técnico.

3. Derechos Afectados

• Derecho a Trabajar (Art. 14 CN): Facilita el acceso a la profesión al simplificar trámites, aunque su incumplimiento podría generar sanciones (Art. 45 de la Ley 17.565).
• Igualdad ante la Ley (Art. 16 CN): El modelo estandarizado evita discrecionalidades en la evaluación de solicitudes.
• Presunción de Buena Fe (Art. 7 del Decreto 891/17): Confía en la veracidad de las declaraciones, aunque su falsedad implica responsabilidad (Art. 46 de la Ley 17.565).

4. Posibles Irregularidades y Riesgos de Abuso

a) Conflictos de Competencia

• Art. 129 CN: Si la CABA no reconoce la declaración jurada como prueba suficiente, podría surgir una duplicidad de requisitos, generando inseguridad jurídica.

b) Falta de Verificación

• Art. 16 del Decreto 1759/72: La declaración jurada opera como medio de prueba válido, pero su falta de verificación cruzada con registros de la CABA podría permitir fraudes (ej.: ocultar cargos concurrentes).

c) Infracción a Normas Reglamentarias

• Art. 44 del Decreto 695/2024: Si la declaración jurada no cumple requisitos formales (ej.: modelo no aprobado), podría invalidar el trámite.

d) Delegación de Competencias

• Art. 76 CN: La Resolución se basa en facultades delegadas (Ley 17.565 y Decretos 7.123/68 y 1058/24), pero su alcance no debe invadir funciones reservadas al Congreso (ej.: regulación general de profesiones).

5. Conclusión

La Resolución 2025-274-APN-SGS#MS se alinea con los principios de simplificación administrativa (Decreto 891/17) y buena fe (Decreto 1759/72), facilitando el acceso al certificado de libre regencia mediante declaraciones juradas. Sin embargo, su implementación requiere:
1. Coordinación con la CABA para evitar conflictos de competencia (Art. 129 CN).
2. Mecanismos de Verificación que respalden la presunción de buena fe, evitando abusos.
3. Claridad Normativa para garantizar que la simplificación no menoscabe derechos constitucionales (Art. 14 y 16 CN).

En síntesis, la norma refuerza la eficiencia estatal pero debe complementarse con controles que aseguren su cumplimiento sin vulnerar derechos ni competencias.

Referencias Clave:
- Decreto 891/17 (Art. 3, 7).
- Decreto 1759/72 (Art. 109).
- Ley 17.565 (Art. 14, 18, 45).
- Decreto 7.123/68 (Art. 25).
- Constitución Nacional Argentina (Art. 14, 16, 129).

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2025

VISTO el Expediente EX 2024-15632164-APN-DNHFYSF#MS del Registro del Ministerio de Salud, la Ley 17.565 del 05 de diciembre de 1967; el Decreto Reglamentario Nº 7.123 del 27 de noviembre de 1968 y los Decretos N° 891 del 1° de noviembre de 2017, N° 1058 de fecha 29 de noviembre de 2024 y N° 1138 del 30 de diciembre de 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS emitir certificados de libre regencia a los farmacéuticos que quieran desempeñar su profesión en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Que el dictado del Decreto N° 891/17 ha permitido implementar cambios y simplificaciones en los procedimientos que favorecen a los administrados y que han significado un cambio radical en el modo en el que se tramita la solicitud ante esta orgánica.

Que de acuerdo a los términos de dicha norma corresponde avanzar en la mejora continua de los procesos internos de tramitación incorporando la posibilidad de permitir al administrado acreditar determinadas circunstancias a través de la presentación de declaraciones juradas.

Que cabe destacar lo dispuesto en el artículo 7º del citado Decreto que consagra el principio de presunción de buena fe del ciudadano permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que deba acreditar por lo cual se encuentra en consonancia con lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos según Decreto 1759/72 (t.o. 2017).

Que, a fin de imprimir celeridad en el otorgamiento de los trámites, se debe permitir a los interesados la manifestación a modo de declaración jurada que no desempeñan cargo alguno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que a tal fin corresponde aprobar el modelo de declaración jurada que como ANEXO I integra la presente.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS ha propiciado la presente medida. Que la SUBSECRETARÍA DE INSTITUTOS Y FISCALIZACIÓN ha prestado su conformidad.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 17.565 y su Decreto Reglamentario 7123/68 y por el Decreto N° 1058/24.

Por ello:

EL SECRETARIO DE GESTIÓN SANITARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a los profesionales que deban obtener el certificado de libre regencia que emite esta jurisdicción a través de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras a acreditar mediante declaración jurada que no desempeñan cargo alguno relacionado con las incumbencias emanadas de la Ley N° 17565 y su Decreto Reglamentario N° 7123/68 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el modelo de declaración jurada que como Anexo I (IF-2024-77174733-APN-DNHFYS#MS) integra la presente.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alejandro Alberto Vilches

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 10/06/2025 N° 39805/25 v. 10/06/2025

• Decretos:
  • 1400/2001
    infoleg 69724
  • 1615/1996
    infoleg 41312
  • 2710/2012
    infoleg 207477
  • 83/2024
    infoleg 396225

Análisis Legal de la RESOL-2025-939-APN-SSS#MS

1. Fundamento Legal y Vinculación con Normas Preexistentes

La resolución declara en situación de crisis a la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (RNAS 1-1840-8) bajo el marco del Decreto 1400/2001 (artículos 18-26 y anexos II-IV), y se sustenta en la Resolución 102/2025 (creación del Comité de Evaluación y Seguimiento). Su validez se apoya en:
- Decreto 1615/1996 (Art. 2): Otorga a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) autonomía para supervisar y fiscalizar agentes del sistema, incluyendo la declaración de crisis.
- Decreto 2710/2012 (Art. 14): Define las funciones de las gerencias técnicas (Control Económico-Financiero, Control Prestacional, Sistemas de Información) que evaluaron los incumplimientos (Criterios 1, 2 y 3 del Anexo II).
- Decreto 83/2024 (Art. 3 y 4): Legitima la autoridad del Superintendente Gabriel Oriolo y del Gerente General Claudio Stivelman, creadores del Comité de Evaluación y Seguimiento, órgano clave para aplicar el procedimiento de crisis.

Impacto en normas anteriores:
- Resolución 501/2010: Se cita como base para evaluar el Criterio 1 (requisitos prestacionales y contables), pero su aplicación rígida (ej.: valorización automática de Criterios 2 y 3 por incumplimiento de Criterio 1) podría generar discrecionalidad.
- Decreto 1400/2001 (Anexo II): La valorización con "1" de los Criterios 2 y 3 por falta de documentación (R5, R6, R7) se ajusta al marco normativo, pero podría cuestionarse su proporcionalidad si la obra social alega causa de fuerza mayor.

2. Derechos Afectados

• Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina (CNA): La intervención estatal busca garantizar la seguridad social (salud de beneficiarios), pero podría afectar la autonomía de la obra social si el Plan de Contingencia implica restricciones excesivas.
• Artículo 42 CNA: Protección de derechos de usuarios frente a la interrupción de servicios. La resolución prioriza la continuidad de la cobertura, alineada con este derecho.
• Artículo 18 CNA (Debido Proceso): La intimación a presentar el Plan de Contingencia en 15 días podría vulnerar garantías procesales si no se acredita que la obra social tuvo acceso a los informes técnicos (ej.: IF-2025-56003947) y oportunidad de defensa previa.

3. Irregularidades Detectadas

• Valorización Automática de Criterios 2 y 3: Según el Decreto 1400/2001 (Anexo II), la falta de presentación de estados contables (R5, R6, R7) implica valorizar con "1" los Criterios 2 y 3. Sin embargo, esta medida podría carecer de análisis individualizado de la capacidad real de la obra social para cumplir, especialmente si el incumplimiento se debió a factores externos (ej.: crisis económica).
• Transparencia en la Evaluación: La resolución no detalla cómo se calculó el factor de criticidad (cociente entre sumatoria de criterios y 3,2 × 100), lo que limita la verificación de su exactitud técnica.
• Composición del Comité de Evaluación: La Resolución 102/2025, vinculada al Decreto 83/2024 (Art. 4), excepciona la Ley 27.701 para designar al Gerente General sin autorización previa. Esto podría generar cuestionamientos sobre la independencia del comité, al concentrar poder en autoridades recientemente designadas.

4. Posibles Abusos de Autoridad

• Uso Discrecional de la Declaración de Crisis: La resolución se basa en incumplimientos formales (ej.: falta de estados contables), pero no se menciona si estos afectaron directamente la calidad de la atención médica. Esto podría evidenciar un enfoque excesivamente formalista, priorizando requisitos burocráticos sobre la realidad operativa.
• Falta de Medidas Alternativas: El Decreto 1400/2001 (Anexo III) permite planes de contingencia, pero no se explicita si se consideraron medidas menos gravosas, como asistencia técnica o plazos adicionales para regularizar la documentación.
• Riesgo de Intervención Política: La vinculación con el Decreto 83/2024 (cambio de autoridades en 2024) podría generar sospechas de que la declaración de crisis responde a motivaciones ajenas al control técnico, especialmente si la obra social tiene características regionales o sectoriales (ej.: vinculación con agentes de propaganda médica).

5. Conclusión

La RESOL-2025-939-APN-SSS#MS se ajusta formalmente al marco legal vigente (Decretos 1400/2001, 1615/1996, 2710/2012 y Resolución 102/2025), pero presenta riesgos de discrecionalidad en la aplicación de criterios técnicos y vulneración de garantías procesales. Para mitigar estos riesgos, se recomienda:
1. Transparencia en el cálculo del factor de criticidad y publicación de los informes técnicos (ej.: IF-2025-56003947).
2. Ampliación del plazo para presentar el Plan de Contingencia, considerando las causas del incumplimiento.
3. Control judicial o parlamentario del Comité de Evaluación, para evitar abusos derivados de cambios institucionales recientes (Decreto 83/2024).

La norma refleja un esfuerzo por garantizar la continuidad del sistema de salud, pero su implementación debe equilibrar la protección de derechos con el respeto al debido proceso y la proporcionalidad.

Referencias Legales Citadas:
- Decreto 1400/2001: Artículos 18-20, Anexos II y III.
- Decreto 1615/1996: Artículos 1, 2, 4, 5, 7.
- Decreto 2710/2012: Artículos 14, 15.
- Decreto 83/2024: Artículos 3, 4.
- Constitución Nacional Argentina: Artículos 14 bis, 18, 42.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-50880582-APN-SAT#SSS, el Decreto Nº 1400 del 4 de noviembre de 2001 y las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nros. 501 del 12 de mayo de 2010 y 102 del 7 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1400/2001 en el CAPITULO IV - OBRAS SOCIALES EN CRISIS: GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA COBERTURA (artículos 18 a 26) y en los ANEXOS II, III y IV establece el procedimiento a seguir, en aquellos casos de Agentes del Seguro de Salud que se encuentren en situación de crisis.

Que dicha situación –conforme el ANEXO II del citado Decreto- se consolida cuando el factor de criticidad es superior al valor límite de SESENTA Y CINCO (65); entendiéndose por tal, al cociente entre la sumatoria de la valorización de los Criterios Números 1, 2, 3 y 4 y el número TRES COMA DOS (3,2) multiplicado por el número CIEN (100).

Que el Criterio Nº 1 evalúa el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud de aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario; el Criterio Nº 2 pondera indicadores económico-financieros; el Criterio Nº 3 hace lo propio con la capacidad de repago y el Criterio Nº 4 valora la dependencia de subsidios financieros por parte de las Obras Sociales.

Que específicamente, en lo que hace al Criterio Nº 1, la Resolución Nº 501/2010-SSSALUD enumera los requisitos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, que deberán considerarse a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud.

Que la Resolución Nº 102/2025-SSSALUD creó el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud en el ámbito de la GERENCIA GENERAL, a efectos de implementar las disposiciones del Decreto Nº 1400/2001.

Que el citado Comité mediante Acta de Reunión Nº5 – IF-2025-55707396-APN-GG#SSS- ratificó por unanimidad los resultados obtenidos en el IF-2025-46497964-APN-SAT#SSS correspondientes al 1º Trimestre del año 2025.

Que la OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA DE ENTRE RIOS (R.N.A.S. Nº 1-1840- 8) se encuentra en situación de crisis, por presentar -al 28 de febrero de 2025- un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el ANEXO II del Decreto Nº 1400/01; resultante del incumplimiento del Criterio Nº 1- Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario: Requisitos incumplidos: Gerencia de Control Económico Financiero: Memoria y Estados Contables R5, Presupuesto de Gastos y Recursos R6 y Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación financiera Corriente R7; Gerencia de Control Prestacional: Programa Médico Asistencial R1, Cartilla destinada a los beneficiarios R2, Contratos de Prestaciones de Salud R3, Resolución Nº 650/97-ANSSAL- Estadísticas de Prestaciones Médicas R4 y Autoridades R9; Gerencia de Sistemas de la Información: Padrón actualizado de beneficiarios R12; Criterio Nº 2- Indicadores económico-financieros: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero, valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio Nº 3- Indicador de capacidad de repago: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5, R6 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero, valoriza con uno (1) el presente criterio; de acuerdo con los términos del informe Nº IF- 2025-56003947-APN-SAT#SSS.

Que frente a la determinación de la situación de crisis atravesada por la entidad, resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el ANEXO III del Decreto Nº 1400/01.

Que, en consecuencia, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los Criterios Números 1, 2 y 3 del ANEXO II del Decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del mentado Plan.

Que las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA GENERAL toman la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996, 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 83 de fecha 24 de enero de 2024.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA DE ENTRE RIOS (R.N.A.S. Nº 1-1840-8) se encuentra en Situación de Crisis, conforme las previsiones del Decreto Nº 1400/01 y los términos del Informe IF- 2025-56003947-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 2º.- Intímase a la OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA DE ENTRE RIOS (R.N.A.S. Nº 1-1840-8) a acompañar un Plan de Contingencia, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente, con sujeción a lo normado en el Decreto Nº 1400/01 (artículo 20 y ANEXO III) y lo expuesto en el IF- 2025-56003947-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para efectuar el seguimiento del trámite.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA DE ENTRE RIOS (R.N.A.S. Nº 1-1840-8), publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Agentes del Seguro y a la GERENCIA GENERAL para la intervención de sus respectivas competencias y vincúlese al expediente electrónico de origen.

Gabriel Gonzalo Oriolo

e. 10/06/2025 N° 39966/25 v. 10/06/2025

• Decretos:
  • 1400/2001
    infoleg 69724
  • 1615/1996
    infoleg 41312
  • 2710/2012
    infoleg 207477
  • 83/2024
    infoleg 396225

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-940-APN-SSS#MS

1. Fundamento Jurídico y Aplicación de Normas Preexistentes

La resolución se sustenta en el Decreto 1400/2001 (Capítulo IV y Anexos II-IV), que establece el procedimiento para declarar la situación de crisis de una obra social y exigir un Plan de Contingencia. Este marco normativo se complementa con:
- Decreto 1615/1996: Confiere a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) facultades para supervisar el Sistema Nacional del Seguro de Salud.
- Decreto 2710/2012: Define la estructura orgánica de la SSS, incluyendo la Gerencia General y las Gerencias de Control Económico-Financiero y Control Prestacional, responsables de evaluar los criterios de crisis.
- Decreto 83/2024: Legitima la autoridad del Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo, firmante de la resolución, y del Gerente General Claudio Adrián Stivelman, vinculados a la creación del Comité de Evaluación y Seguimiento (Res. 102/2025).

La resolución no modifica normas preexistentes, sino que aplica las disposiciones ya vigentes. Su validez depende de la correcta ejecución del procedimiento establecido en el Decreto 1400/2001, particularmente:
- Cálculo del Factor de Criticidad (Anexo II): La obra social superó el umbral de 65 debido a incumplimientos en los Criterios 1-4.
- Obligación de presentar un Plan de Contingencia (Art. 20 y Anexo III): Plazo de 15 días hábiles para la presentación del plan.

2. Derechos Afectados

La resolución impacta en los siguientes derechos:
- Derecho a la Salud y Seguridad Social (Art. 14 bis CN): Prioriza la protección de beneficiarios, garantizando la continuidad de la cobertura médica.
- Derecho a la Propiedad y Debido Proceso (Art. 17 y 18 CN): La declaración de crisis y la exigencia de un Plan de Contingencia podrían afectar la autonomía de la obra social, requiriendo un equilibrio entre control estatal y derechos institucionales.
- Igualdad Ante la Ley (Art. 16 CN): Es crucial verificar que la aplicación del Factor de Criticidad no sea arbitraria o discriminatoria.

3. Irregularidades Detectadas

• Cálculo del Factor de Criticidad:
• Criterio 1: Se incumplieron requisitos contables (Memoria y Estados Contables R5, Estados de Origen y Aplicación de Fondos R7) y prestacionales (Estadísticas Médicas R4). Sin embargo, no se explica cómo estos incumplimientos afectaron directamente la capacidad operativa de la obra social, lo que podría cuestionar la proporcionalidad de la medida.
• Criterios 2 y 3: Se valorizaron con "1" automáticamente por el incumplimiento del Criterio 1, sin evaluar independientemente su impacto económico-financiero o de repago. Esto podría vulnerar el principio de debido proceso, al no analizar cada criterio de forma individual.

• Criterio 4: Se valorizó en 0,2 (por encima del umbral de 0,167), pero no se detalla cómo se calculó la dependencia de subsidios, lo que reduce la transparencia del análisis.

• Plazo de 15 Días para el Plan de Contingencia:

• Aunque el Decreto 1400/2001 establece este plazo, no se considera la capacidad institucional de la obra social para cumplirlo, especialmente si carece de recursos técnicos o financieros. Esto podría llevar a una baja automática del Registro (Art. 22 del Decreto) sin oportunidad real de recuperación.

• Falta de Motivación Detallada:

• La resolución remite a informes técnicos (IF-2025-56002238-APN-SAT#SSS) sin incluirlos en el texto, limitando la posibilidad de impugnación judicial o administrativa por parte de la obra social.

4. Posibles Abusos

• Concentración de Poder en el Comité de Evaluación y Seguimiento:

• El Comité, creado por la Res. 102/2025, tiene facultades para evaluar y monitorear el Plan de Contingencia, pero no se establecen límites claros a su discrecionalidad. Esto podría llevar a decisiones sesgadas si no hay mecanismos de revisión externa.

• Dependencia de Subsidios como Criterio de Crisis:

• El Criterio 4 penaliza la dependencia de subsidios, pero no distingue entre subsidios estructurales necesarios y abusivos, afectando a obras sociales con alta proporción de beneficiarios de bajos ingresos.

• Riesgo de Intervención Estatal Indebida:

• Si la obra social no cumple el Plan de Contingencia, se aplicará la baja del Registro y redistribución de beneficiarios (Art. 22 del Decreto). Este mecanismo, aunque legal, podría usarse para intervenir entidades críticas con fines políticos o económicos, especialmente en contextos de debilidad institucional.

5. Conclusión

La Resolución RESOL-2025-940-APN-SSS#MS se ajusta formalmente al marco normativo vigente, pero presenta riesgos de arbitrariedad en la aplicación del Factor de Criticidad y en la falta de transparencia del proceso. Para garantizar su legalidad:
- Se debe exigir una motivación detallada de cada criterio evaluado, especialmente en los Criterios 2 y 3, para evitar valoraciones automáticas.
- Se debe revisar la proporcionalidad del plazo de 15 días, considerando las capacidades reales de la obra social.
- Se debe fortalecer el control judicial sobre las decisiones del Comité de Evaluación, para prevenir abusos de poder.

En síntesis, la resolución cumple su objetivo de proteger a los beneficiarios, pero requiere ajustes para evitar impactos desproporcionados sobre la institución afectada y garantizar el respeto al debido proceso.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-50876984-APN-SAT#SSS, el Decreto Nº 1400 del 4 de noviembre de 2001 y las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nros. 501 del 12 de mayo de 2010 y 102 del 7 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1400/2001 en el CAPITULO IV - OBRAS SOCIALES EN CRISIS: GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA COBERTURA (artículos 18 a 26) y en los ANEXOS II, III y IV establece el procedimiento a seguir, en aquellos casos de Agentes del Seguro de Salud que se encuentren en situación de crisis.

Que dicha situación –conforme el ANEXO II del citado Decreto- se consolida cuando el factor de criticidad es superior al valor límite de SESENTA Y CINCO (65); entendiéndose por tal, al cociente entre la sumatoria de la valorización de los Criterios Números 1, 2, 3 y 4 y el número TRES COMA DOS (3,2) multiplicado por el número CIEN (100).

Que el Criterio Nº 1 evalúa el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud de aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario; el Criterio Nº 2 pondera indicadores económico-financieros; el Criterio Nº 3 hace lo propio con la capacidad de repago y el Criterio Nº 4 valora la dependencia de subsidios financieros por parte de las Obras Sociales.

Que específicamente, en lo que hace al Criterio Nº 1, la Resolución Nº 501/2010-SSSALUD enumera los requisitos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, que deberán considerarse a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud.

Que la Resolución Nº 102/2025-SSSALUD creó el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud en el ámbito de la GERENCIA GENERAL, a efectos de implementar las disposiciones del Decreto Nº 1400/2001.

Que el citado Comité mediante Acta de Reunión Nº5 – IF-2025-55707396-APN-GG#SSS- ratificó por unanimidad los resultados obtenidos en el IF-2025-46497964-APN-SAT#SSS correspondientes al 1º Trimestre del año 2025.

Que la OBRA SOCIAL DE TÉCNICOS DE FÚTBOL (R.N.A.S. Nº 1-0870-4) se encuentra en situación de crisis, por presentar -al 28 de febrero de 2025- un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el ANEXO II del Decreto Nº 1400/01; resultante del incumplimiento del Criterio Nº 1- Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario: Requisitos incumplidos: Gerencia de Control Económico Financiero: Memoria y Estados Contables R5 y Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación financiera Corriente R7; Gerencia de Control Prestacional: Resolución Nº 650/97-ANSSAL- Estadísticas de Prestaciones Médicas R4; Criterio Nº 2- Indicadores económico-financieros: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio Nº 3- Indicador de capacidad de repago: Requisitos incumplidos: Ante el incumplimiento en la presentación de los requisitos R5 y R7 mencionados en el Criterio N° 1, la Gerencia de Control Económico Financiero valoriza con uno (1) el presente criterio; Criterio N° 4-Dependencia de subsidios financieros: Requisitos incumplidos: se valorizó en 0,2 considerando el ingreso ordinario mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud; de acuerdo con los términos del informe Nº IF- 2025-56002238-APN- SAT#SSS.

Que frente a la determinación de la situación de crisis atravesada por la entidad, resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el ANEXO III del Decreto Nº 1400/01.

Que, en consecuencia, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los Criterios Números 1, 2 y 3 del ANEXO II del Decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del mentado Plan.

Que las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA GENERAL toman la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nros 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996, 2710 de fecha 28 de diciembre de 2012 y 83 de fecha 24 de enero de 2024.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la OBRA SOCIAL DE TÉCNICOS DE FÚTBOL (R.N.A.S. Nº 1-0870-4) se encuentra en Situación de Crisis, conforme las previsiones del Decreto Nº 1400/01 y los términos del Informe IF- 2025-56002238-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 2º.- Intímase a la OBRA SOCIAL DE TÉCNICOS DE FÚTBOL (R.N.A.S. Nº 1-0870-4) a acompañar un Plan de Contingencia, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días contados a partir de la notificación de la presente, con sujeción a lo normado en el Decreto Nº 1400/01 (artículo 20 y ANEXO III) y lo expuesto en el IF- 2025-56002238-APN-SAT#SSS.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para efectuar el seguimiento del trámite.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la OBRA SOCIAL DE TÉCNICOS DE FÚTBOL (R.N.A.S. Nº 1-0870-4), publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Agentes del Seguro y a la GERENCIA GENERAL para la intervención de sus respectivas competencias y vincúlese al expediente electrónico de origen.

Gabriel Gonzalo Oriolo

e. 10/06/2025 N° 40005/25 v. 10/06/2025

• Leyes:
  • 11683
    infoleg 18771
• Decretos:
  • 692/1998
    infoleg 51323
  • 953/2024
    infoleg 405666
  • 353/2025
  • 618/1997
    infoleg 44432

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-02257794- -ARCA-SDGFIS y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N° 2.126 dispuso un régimen de percepción del impuesto al valor agregado aplicable a los sujetos que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, exentos o no alcanzados con relación a dicho gravamen, o su condición de pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Que el artículo 71 de la Reglamentación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1º del Decreto N° 692 del 11 de junio de 1998 y sus modificatorios, referido a las operaciones con consumidores finales, previó que la Administración Federal de Ingresos Públicos pueda establecer, para ciertas actividades, los parámetros específicos que deben ser tenidos en cuenta por el vendedor, locador o prestador para entender que la condición de consumidor final se encuentra cumplida, pudiendo considerarse, entre otros, el monto de las operaciones y/o su volumen.

Que cabe recordar, que por medio del Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024 se disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos y se creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía; ejerciendo las funciones que se hubieran otorgado al organismo disuelto.

Que el artículo 4° del Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025 encomendó a este Organismo que simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros a su cargo.

Que por ello, la Resolución General N° 5.700 incrementó a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) el importe a partir del cual corresponde identificar en los comprobantes que se emitan al adquirente, locatario o prestatario cuando revista el carácter de consumidor final.

Que en un marco de continuidad de las acciones de simplificación que viene desarrollando esta Agencia y en uso de la facultad mencionada en el segundo párrafo del considerando, razones de buena administración tributaria aconsejan modificar la mencionada Resolución General N° 2.126.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación e Institucional.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el artículo 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el artículo 71 de la Reglamentación de la citada ley del gravamen aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 692 del 11 de junio de 1998 y sus modificatorios, el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el inciso b) del artículo 2° de la Resolución General N° 2.126, por el siguiente:

“b) Los adquirentes, locatarios o prestatarios, declaren expresamente su condición de consumidor final a través de la aceptación del comprobante o factura que para tales efectos se emitirá de conformidad con lo que disponga este organismo, y siempre que el vendedor, locador o prestador no pudiera razonablemente presumir que no se trata de un consumidor final.

Sin perjuicio de lo expuesto, se considerará que el adquirente, locatario o prestatario resulta consumidor final cuando el monto total de la operación perfeccionada no supere los PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-), ello exclusivamente, para el caso de que el vendedor, locador o prestador haya declarado como actividad económica alguno de los siguientes códigos, según el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario N° 883”, aprobado por la Resolución General N° 3.537:

ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el primer día del mes inmediato posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Juan Alberto Pazo

e. 10/06/2025 N° 40110/25 v. 10/06/2025

• Leyes:
  • 27701
    infoleg 375860
  • 24156
    infoleg 554
  • 11672
    infoleg 24541
• Decretos:
  • 1131/2024
    infoleg 407815
  • 1344/2007
    infoleg 133006
  • 820/2020
    infoleg 343526
  • 331/2022
    infoleg 366626
  • 280/2024
    infoleg 397667
  • 459/2024
    infoleg 399787
  • 846/2024
    infoleg 404360

Análisis Legal de la RESFC-2025-25-APN-SH#MEC

1. Fundamento Legal y Vigencia de Normas Aplicables
La norma en análisis se sustenta en:
- Ley 27.701 (Presupuesto 2023), vigente para 2025 según el artículo 27 de la Ley 24.156 (incorporado por el Decreto 1131/2024).
- Artículo 38 de la Ley 27.701, modificado por los Decretos 280/2024 (art. 8º) y 459/2024 (art. 1º), que autorizan la emisión de Letras del Tesoro con límites ampliados a $6,16 billones y $35 billones, respectivamente.
- Decreto 331/2022 (art. 11), incorporado a la Ley 11.672 y sustituido por el Decreto 846/2024 (art. 2º), que permite operaciones de deuda pública con precios basados en el mercado.
- Decreto 1344/2007 (Anexo, art. 6º, apartado I), modificado por el Decreto 820/2020, que atribuye funciones conjuntas a las Secretarías de Finanzas y Hacienda.

2. Contenido de la Norma
- Artículo 1º: Amplía la emisión de la LECAP S29G5 (vencimiento 29/08/2025) por hasta $1 billón, sin superar el límite autorizado por la Ley 27.701 y sus modificaciones.
- Artículo 2º: Aprueba el canje de las LECAP S18J5 y S30J5 (vencimientos 18/06/2025 y 30/06/2025) por S29G5, con precios determinados por cotizaciones de BYMA antes de las 13:30 horas del día de la operación.

3. Legalidad y Conformidad con Normativa Preexistente
- Autoridad para Emisión de Deuda:
- La ampliación de la LECAP S29G5 se enmarca en el art. 38 de la Ley 27.701, que permite emitir Letras del Tesoro para el programa financiero, reembolsables en el mismo ejercicio. El límite de $1 billón no excede los montos autorizados por los decretos 280/2024 y 459/2024.
- La operación de canje se justifica bajo el art. 11 del Decreto 331/2022 (modificado por Decreto 846/2024), que flexibiliza la moneda y precios de la deuda pública, excluyendo el régimen del art. 65 de la Ley 24.156 (contrataciones públicas).

• Competencia de las Secretarías:
• El Decreto 1344/2007 (modificado por 820/2020) legitima la intervención conjunta de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, como órgano responsable de la administración financiera.

4. Posibles Irregularidades o Riesgos Legales
- Transparencia en la Determinación de Precios:
- La fijación de precios basada en cotizaciones de BYMA antes de las 13:30 horas es técnicamente válida, pero carece de detalles sobre el mecanismo de arbitraje entre títulos. Esto podría generar incertidumbre o manipulación si no se supervisa rigurosamente.

• Riesgo de Sobregiro de Límites Presupuestarios:

• Aunque el monto de $1 billón está dentro de los límites autorizados, la acumulación de emisiones bajo los decretos 280/2024 y 459/2024 (hasta $35 billones) podría tensionar la responsabilidad fiscal, especialmente si no hay un control parlamentario efectivo (art. 120 de la Ley 27.701).

• Compatibilidad con el Régimen de Deuda Pública:

• La operación de canje evita aplicar el art. 65 de la Ley 24.156, que regula contrataciones públicas. Esta excepción, aunque válida según el Decreto 846/2024, podría cuestionarse si se percibe como una vía para eludir controles.

• Impacto en el Presupuesto 2025:

• La norma se basa en el presupuesto 2023 vigente por defecto (art. 27 de la Ley 24.156). Si el Congreso no aprueba el presupuesto 2025, la continuidad de operaciones de deuda bajo el marco 2023 podría considerarse una extensión tácita de facultades, cuestionable desde el principio de legalidad fiscal.

5. Derechos Afectados
- Derecho a la Información y Control Parlamentario:
- El artículo 4 de la Ley 27.701 obliga a informar al Congreso sobre deuda pública. La operación, aunque no requiere aprobación legislativa explícita, debe ser reportada a la Comisión Bicameral Permanente (Decreto 459/2024, art. 4º). La falta de mención explícita en la norma podría vulnerar este derecho.
- Principio de Responsabilidad Fiscal:
- La ampliación de deuda sin un nuevo presupuesto podría comprometer la sostenibilidad fiscal, afectando el derecho a una gestión financiera responsable (art. 120 de la Ley 27.701).

6. Posibles Abusos
- Operaciones de Refinanciamiento como Práctica Recurrente:
- Si se repiten canjes similares para postergar vencimientos sin reducir el stock de deuda, podría interpretarse como una estrategia para eludir límites presupuestarios, violando el espíritu del art. 38 de la Ley 27.701.
- Falta de Competencia en la Fijación de Precios:
- Al depender de cotizaciones de un único mercado (BYMA), si no hay mecanismos de verificación externa, podría favorecer a intermediarios específicos, generando riesgos de corrupción o discrecionalidad.

7. Conclusión
La RESFC-2025-25-APN-SH#MEC es formalmente válida al ajustarse a las normas citadas, pero su implementación requiere:
- Transparencia: Publicar los criterios técnicos para el cálculo de precios y la selección de títulos.
- Control Parlamentario: Garantizar el informe a la Comisión Bicameral Permanente para evitar vacíos de supervisión.
- Vigilancia Judicial: La Auditoría General de la Nación (art. 135 de la Ley 24.156) debe auditar la operación para descartar irregularidades.

La norma refleja una gestión técnica de pasivos, pero su repetición sin límites claros podría erosionar la disciplina fiscal, exigiendo mayor escrutinio en futuras operaciones.

Referencias Clave:
- Ley 27.701: Artículos 38, 120, 132.
- Decreto 331/2022 (modificado por 846/2024): Artículos 11 y 2º.
- Decreto 1344/2007 (modificado por 820/2020): Art. 6º, Anexo, Apartado I.
- Ley 24.156: Artículos 65 y 120.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

Visto el expediente EX-2025-06615872- -APN-DGDA#MEC, la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131 del 27 de diciembre de 2024, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de 2020, 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), 280 del 26 de marzo de 2024 (DNU-2024-280-APN-PTE), 459 del 24 de mayo de 2024 (DNU-2024-459-APN-PTE) y 846 del 20 de septiembre de 2024 (DNU-2024-846-APN-PTE), y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 38 de la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131 del 27 de diciembre de 2024, con las modificaciones dispuestas en los artículos 8º del decreto 280 del 26 de marzo de 2024 (DNU-2024-280-APN-PTE) y 1º del decreto 459 del 24 de mayo de 2024 (DNU-2024-459-APN-PTE), se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro, para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.

Que en el artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, sustituido por el artículo 2º del decreto 846 del 20 de septiembre de 2024 (DNU-2024-846-APN-PTE), se dispone que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago, y que los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados para cada una de las operaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas por la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA) y sus modificatorias, y conforme lo determinen ambas secretarías, aclarando que tales operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la ley 24.156 y sus modificatorias.

Que mediante el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado a través del artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de Economía.

Que, en ese marco normativo, se ha considerado conveniente ofrecer al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la suscripción de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 29 de agosto de 2025” (en adelante LECAP S29G5) emitida originalmente mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 50 del 28 de agosto de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-50-APN-SH#MEC), mediante la entrega de sus tenencias de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 18 de junio de 2025” (en adelante LECAP S18J5), emitida originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta 46 del 14 de agosto de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-46-APN-SH#MEC) y de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de junio de 2025” (en adelante LECAP S30J5), emitida originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta 50/2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

Que en tal sentido resulta necesario ampliar el monto emitido de la LECAP S29G5 por hasta las sumas necesarias para llevar a cabo la conversión aludida.

Que la operación que se impulsa se encuentra dentro de los límites establecidos en el artículo 38 de la ley 27.701, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131/2024, con las modificaciones dispuestas en los artículos 8º del decreto 280/2024 y 1º del decreto 459/2024.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 38 de la ley 27.701, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 1131/2024, con las modificaciones dispuestas en los artículos 8º del decreto 280/2024 y 1º del decreto 459/2024, en el artículo 11 del decreto 331/2022, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, sustituido por el artículo 2º del decreto 846/2024, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 29 de agosto de 2025” (en adelante LECAP S29G5) emitida originalmente mediante el artículo 4° de la resolución conjunta 50 del 28 de agosto de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-50-APN-SH#MEC), por hasta el monto necesario para llevar a cabo la operación de conversión que se aprueba por el artículo 2° de la presente norma, el que no podrá superar el monto de valor nominal original pesos un billón (VNO $ 1.000.000.000.000), que se colocará en el marco de las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA) y sus modificatorias, y el artículo 2° de esta resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase, en el marco del artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, sustituido por el artículo 2º del decreto 846 del 20 de septiembre de 2024 (DNU-2024-846-APN-PTE), la operación de conversión con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 18 de junio de 2025” (en adelante LECAP S18J5), emitida originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta 46 del 14 de agosto de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-46-APN-SH#MEC) y de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de junio de 2025” (en adelante LECAP S30J5), emitida originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta 50/2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, por la LECAP S29G5, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Fecha de realización de la operación: 9 de junio de 2025.

Fecha de liquidación de la operación: 10 de junio de 2025.

Determinación de precios: los precios de mercado de los Títulos Elegibles LECAP S18J5, LECAP S30J5 y LECAP S29G5 serán determinados en la fecha de realización de la operación considerando aquellos que figuren inmediatamente antes de las 13:30 horas en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con liquidación veinticuatro horas (24hs).

Para determinar la cantidad de valor nominal original que recibirá el BCRA de la LECAP S29G5 se utilizarán las siguientes fórmulas:

A los resultados obtenidos se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de la LECAP S29G5.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º y 2° de esta resolución.

ARTÍCULO 4º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pablo Quirno Magrane - Carlos Jorge Guberman

e. 10/06/2025 N° 39927/25 v. 10/06/2025

• Decretos:
  • 1490/1992
    infoleg 9909
  • 1490/1992
    infoleg 9909

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2025

VISTO el Expediente EX-2025-61890978- -APN-DVPS#ANMAT, el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992, la Resolución (ex MSyAS) N° 155 del 13 de marzo de 1998, la Resolución (ex MSyAS) N° 708 del 7 de septiembre de 1998, la Resolución (MS) N° 550 del 15 de marzo de 2022, la Disposición ANMAT N° 2723 del 2 de junio de 1997 y sus modificatorias y la Disposición ANMAT N° 692 del 2 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1490/1992, se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como organismo descentralizado del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con un régimen de autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.

Que de acuerdo al artículo 3 inc. e) del referido decreto, esta Administración Nacional tiene competencia en todo lo referente al contralor de las actividades que se realicen en función de la importación y/o exportación de los productos, sustancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas.

Que la Resolución (ex MSyAS) N° 155/98 y sus disposiciones complementarias, regulan las actividades de elaboración, envasado, importación, exportación y depósito de productos de cosméticos, para la higiene personal y perfumes, y las personas físicas o jurídicas que intervengan en dichas actividades.

Que la Resolución (ex MSyAS) N° 708/98 y sus disposiciones complementarias, regulan las actividades de elaboración, fraccionamiento, importación o exportación en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial y/o con el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires de productos de uso doméstico denominados domisanitarios.

Que la Resolución (MS) N° 550/2022 y sus disposiciones complementarias, regulan las actividades de elaboración, fraccionamiento, importación, depósito y comercialización de Productos Higiénicos Descartables de Uso Externo y Productos Higiénicos de Uso Intravaginal; y las personas físicas o jurídicas que intervengan en dichas actividades.

Que a través de la Disposición ANMAT N° 692/2012 se regulan las actividades de importación, exportación, elaboración, envasado y depósito de los Productos de Higiene Oral de Usa Odontológico, y las personas físicas o jurídicas que intervengan en dichas actividades.

Que mediante la Disposición ANMAT N° 2723/97 y sus modificatorias, se aprobó el formulario para la importación de los productos para la salud por parte de empresas habilitadas por esta Administración Nacional.

Que en tal sentido, en el marco de la gestión aduanera, los establecimientos importadores tramitan ante la ANMAT la solicitud de autorización de importación de los productos clasificados como cosméticos, domisanitarios, de higiene oral de uso odontológico, productos higiénicos descartables de uso externo y productos higiénicos de uso intravaginal, emitiéndose, previa verificación de los requisitos técnicos sanitarios, la autorización necesaria para su ingreso al país.

Que, a fin de promover la simplificación de procesos y la eficiencia en la gestión pública, se considera oportuno implementar mecanismos de desregulación mediante la simplificación de trámites tendientes optimizar recursos y agilizar procesos, ofreciendo un balance razonable entre la libertad del usuario y la agilidad operativa, no siendo necesaria a esos fines la previa intervención de esta Administración Nacional respecto de los mencionados productos.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado intervención.

Que la Dirección General de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,

ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no intervendrá, a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, en los trámites de solicitud de Autorización de importación iniciados por establecimientos habilitados ante este organismo para los productos cosméticos, domisanitarios, de higiene oral de uso odontológico, higiénicos descartables de uso externo, higiénicos de uso intravaginal, con fines de comercialización o distribución gratuita.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que los establecimientos importadores y los productos alcanzados por el artículo precedente deberán cumplir con las normas sanitarias de aplicación: Resolución (ex MSyS) N° 155/98, Resolución (ex MSyAS) N° 708/98, Resolución (ex MSyAS) N° 709/98; Disposición ANMAT N° 692/2012, Resolución (MS) N° 550/2022 y sus disposiciones complementarias, según corresponda.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no intervendrá, respecto de los productos detallados en el artículo 1° de la presente, en los trámites de importación de muestras destinadas exclusivamente a exhibiciones o demostraciones para concertar operaciones comerciales; muestras destinadas a laboratorios dedicados a la realización de ensayos; productos provenientes de donaciones; y materias primas destinadas a ser utilizadas por las industrias de los productos referidos.

ARTÍCULO 4°.- Los establecimientos que efectúen las importaciones de los productos detallados en el artículo 1° de la presente medida, deberán presentar, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de nacionalizados los productos, el “Aviso de importación” (en carácter de declaración jurada) a través de la plataforma TAD.

ARTÍCULO 5°.- La presente disposición entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Comuníquese a ARCA y demás Autoridades interesadas. Dese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, a la Dirección General de Administración, al Instituto Nacional de Productos Médicos y a la Dirección de Relaciones Institucionales, a sus efectos. Comuníquese a Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA); Asociación Industrial de Artículos para la Limpieza Personal, del Hogar y Afines; Asociación Argentina de Químicos Cosméticos (AAQC), Cámara Argentina de Aerosoles y demás cámaras sectoriales pertinentes. Cumplido, archívese.

Nelida Agustina Bisio

e. 10/06/2025 N° 40006/25 v. 10/06/2025

• Decretos:
  • 39632/2025

Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2025

VISTO lo actuado en el EX-2025-02228038- -ARCA-SGRDIRPAL#SDGOPIM, y

CONSIDERANDO:

Que la Disposición N°7-E/2018 (AFIP) delega en los Directores Regionales las atribuciones para establecer y/o modificar los Regímenes de Reemplazos Transitorios y Naturales de las unidades de sus respectivas jurisdicciones.

Que mediante la DI-2025-36-E-AFIP-ARCA, de fecha 28 de febrero de 2025, se modificaron las unidades organizativas dependientes de la Dirección General Impositiva.

Que, de conformidad con lo expresado anteriormente, se requiere implementar un nuevo régimen de reemplazos de los equipos dependientes de la División Revisión y Recursos, dependiente de la Dirección Regional Palermo.

Que en ejercicio de las facultades otorgadas por la Disposición N°7-E/2018 (AFIP) procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR (Int) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PALERMO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

DISPONE:

ARTICULO 1°: Implementar el régimen de reemplazos en caso de ausencia o impedimento de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo, de acuerdo al siguiente detalle:

ARTICULO 2°: Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial, y archívese.

Diego Hernan Vilches

e. 10/06/2025 N° 39632/25 v. 10/06/2025

• Decretos:
  • 39631/2025

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2025

VISTO el Régimen de Reemplazos establecido mediante la DI-2024-37-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO suscripta el 10 de mayo de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de índole funcional, la Dirección Regional San Juan -dependiente de esta Subdirección General- solicitó modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencias o impedimento de su jefatura.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la DI-2018-7-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la DI-2024-37-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección Regional San Juan, el que quedará establecido de la forma que seguidamente se indica:

UNIDAD DE ESTRUCTURA: DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN (SDG OPII)

1° REEMPLAZANTE: SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN (DI RSJU)

2° REEMPLAZANTE: SECCIÓN CAPACITACIÓN (DI RSJU)

3° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN FISCALIZACIÓN ACTIVIDAD MINERA (DI RSJU)

ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese al Departamento Personal y a la Dirección Regional San Juan y archívese.

Carlos Alberto Garcia Pastrana

e. 10/06/2025 N° 39631/25 v. 10/06/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221
  • 138/2025
    infoleg 408925

Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2025-37978859- -APN-CGD#SGP, EX-2025-35795725- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27612956- -APN-CGD#SGP, EX-2025-35882337- -APN-CGD#SGP, EX-2024-103743241- -APN-CGD#SGP, EX-2025-38865536- -APN-CGD#SGP, EX-2024-136630917- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27288343- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27309998- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27612854- -APN-CGD#SGP, EX-2025-31305863- -APN-CGD#SGP, EX-2025-32009588- -APN-CGD#SGP, EX-2025-32002206- -APN-CGD#SGP, EX-2025-38261459- -APN-CGD#SGP, EX-2025-35777458- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27295896- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27613026- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27313711- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27920459- -APN-CGD#SGP, EX-2025-31985073- -APN-CGD#SGP, EX-2025-18513747- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27914067- -APN-CGD#SGP y EX-2025-17756529- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025 dictada por la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2024-28-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI del 18 de septiembre de 2024 y DI-2025-18-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI del 7 de abril de 2025, ambas dictadas por la Aduana de Bernardo de Irigoyen, DI-2024-117-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI del 22 de noviembre de 2024, DI-2025-18-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI del 11 de febrero de 2025, DI-2025-19-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI del 12 de febrero de 2025, DI-2025-31-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI y DI-2025-32-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI ambas del 10 de marzo de 2025, DI-2025-33-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI y DI-2025-34-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI ambas del 12 de marzo de 2025, DI-2025-41-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI del 25 de marzo de 2025, DI-2025-43-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI del 4 de abril de 2025, todas dictadas por la Aduana de Puerto Iguazú, DI-2024-139-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 12 de septiembre de 2024, DI-2025-21-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 27 de febrero de 2025, DI-2025-24-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 9 de marzo de 2025, DI-2025-25-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI del 11 de marzo de 2025, todas dictadas por la Aduana de Posadas, DI-2025-6-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI del 22 de enero de 2025, dictada por la Aduana de Bariloche, DI-2025-23-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI del 5 de marzo de 2025, dictada por la Aduana de Oberá, DI-2025-4-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI del 12 de febrero de 2025, DI-2025-6-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI del 10 de marzo de 2025, ambas dictadas por la Aduana de San Javier, DI-2025-35-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI del 17 de marzo de 2025, DI-2025-39-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI del 19 de marzo de 2025, ambas dictadas por la Aduana de Clorinda, DI-2025-23-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI del 10 de marzo de 2025, DI-2025-30-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI del 21 de marzo de 2025, ambas dictadas por la Aduana de Formosa, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.

Que por el artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se dispone que cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2025-138-APN-SGP se facultó a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se han puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en los artículos 4° y 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Que las mercaderías involucradas en las Disposiciones Nros. DI-2025-18-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI, DI-2025-18-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-19-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-31-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-32-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-33-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-43-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2024-139-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-21-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-24-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-6-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI, DI-2025-4-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, DI-2025-6-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, DI-2025-35-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI, DI-2025-39-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI y DI-2025-23-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI no requieren intervención previa de terceros organismos.

Que ha tomado intervención la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), determinando que los bienes incluidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-117-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-34-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-41-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-25-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-23-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI y DI-2025-30-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI, pueden ser cedidos como artículos de primera necesidad.

Que mediante los “Certificados de Aptitud de Uso”, las mercaderías detalladas en la Disposición N.° DI-2024-28-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI se encuentran aptas en materia de Seguridad Eléctrica.

Que la Agencia Federal de Emergencias, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados para brindar apoyo directo a las personas afectadas por las inundaciones que impactan a distintas localidades del noreste argentino, contribuyendo al abastecimiento de insumos y al fortalecimiento operativo de los equipos de primera respuesta.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Agencia Federal de Emergencias, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, en los términos los artículos 4° y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-28-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI y DI-2025-18-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Bernardo de Irigoyen, DI-2024-117-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-18-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-19-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-31-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-32-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-33-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-34-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-41-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI y DI-2025-43-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Puerto Iguazú, DI-2024-139-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-21-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-24-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI y DI-2025-25-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Posadas, DI-2025-6-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI, dictada por la Aduana de Bariloche, DI-2025-23-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI, dictada por la Aduana de Oberá, DI-2025-4-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI y DI-2025-6-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de San Javier, DI-2025-35-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI y DI-2025-39-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Clorinda, DI-2025-23-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI y DI-2025-30-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Formosa.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, y la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo a la Agencia Federal de Emergencias, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, en los términos los artículos 4° y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-28-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI y DI-2025-18-E-AFIP-ADBEIR#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Bernardo de Irigoyen, DI-2024-117-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-18-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-19-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-31-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-32-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-33-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-34-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-41-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, DI-2025-43-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Puerto Iguazú, DI-2024-139-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-21-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-24-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, DI-2025-25-E-AFIP-ADPOSA#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Posadas, DI-2025-6-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI, dictada por la Aduana de Bariloche, DI-2025-23-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI, dictada por la Aduana de Oberá, DI-2025-4-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, DI-2025-6-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de San Javier, DI-2025-35-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI, DI-2025-39-E-AFIP-ADCLOR#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Clorinda, DI-2025-23-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI, DI-2025-30-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Formosa.

ARTÍCULO 2º.- La Agencia Federal de Emergencias, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, deberá informar a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Agencia Federal de Emergencias, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, deberá remitir a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles - contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Menem

e. 10/06/2025 N° 39723/25 v. 10/06/2025

06/06/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,

A LAS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,

A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULARES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS:

Ref.: Circular RUNOR 1-1901: Presentación de Informaciones al Banco Central - Rectificativas Parciales.

Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 61. de Presentación de Informaciones al Banco Central.

Las presentes modificaciones se aplicarán a partir de las presentaciones realizadas desde el 25/06/2025 inclusive.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.

ANEXO: 1 Hoja

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL Y NORMATIVO/Buscador de Comunicaciones)

e. 10/06/2025 N° 39755/25 v. 10/06/2025