• Leyes:
  • 22351
    infoleg 16299

Análisis Legal de la Resolución RESFC-2025-138-APN-D#APNAC

1. Fundamento Legal de la Norma

La Resolución RESFC-2025-138-APN-D#APNAC se sustenta en los siguientes marcos normativos:
- Ley 22.351:
- Artículo 18, inciso r): Faculta a la Administración de Parques Nacionales (APN) para elaborar y aprobar planes de gestión, condicionando asentamientos humanos (hasta el 10% del área) a la existencia de dichos planes.
- Artículo 23, incisos f) y g): Otorga al Directorio de la APN la facultad para emitir resoluciones vinculadas a la gestión de áreas protegidas y aprobar los Planes Maestros.
- Constitución Nacional Argentina (C.N.A.):
- Artículo 41: Refuerza el derecho a un ambiente sano y la obligación estatal de preservar recursos naturales, alineándose con los objetivos del Plan de Gestión.
- Artículo 75, incisos 17-19: Sustenta la competencia federal en conservación ambiental, desarrollo regional y protección de recursos naturales.
- Artículo 99, incisos 2 y 10: Apoya la facultad ejecutiva para gestionar recursos y ejecutar políticas públicas, incluyendo planes de manejo.

La norma respeta el marco legal vigente, actualizando el Plan de Gestión del Parque Nacional Monte León (anteriormente aprobado en 2002) para adaptarse a nuevas realidades y principios de sostenibilidad.

2. Efectos sobre Normas Anteriores

• Reemplazo de la Resolución 223/2002: La norma actualiza el Plan de Manejo del Parque Nacional Monte León, derogando implícitamente el plan anterior. Esto es procedimentalmente válido, ya que la Ley 22.351 permite la revisión periódica de instrumentos de gestión.
• Concordancia con Resoluciones Previas:
• Resolución 169/2010: La Guía para la Elaboración de Planes de Gestión se aplicó durante el proceso participativo (talleres, aportes técnicos), garantizando transparencia y legitimidad.
• Disposición DISFC-2023-1-APN-DRPA#APNAC: Inició el proceso de actualización, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos.

No se identifican contradicciones con normas anteriores; la Resolución refuerza la continuidad de políticas ambientales bajo criterios actualizados.

3. Derechos Afectados

• Derecho al Ambiente Sano (C.N.A., Art. 41):
• El Plan refuerza este derecho al priorizar la conservación de ecosistemas marino-costeros del Parque, compatibilizando el uso público con la protección.
• Participación Ciudadana:
• El proceso de elaboración incluyó actores clave (organismos nacionales, comunidades locales) y talleres interdisciplinarios, respetando el principio de participación establecido en la Ley 22.351 (Art. 18, inciso f) y la C.N.A. (Art. 75, inciso 19).
• Competencia Federal y Provincial (C.N.A., Art. 124 y 125):
• La norma no afecta el dominio provincial sobre recursos naturales, ya que el Parque Nacional es de jurisdicción federal. Sin embargo, promueve la coordinación con actores locales, en línea con el federalismo cooperativo.

4. Irregularidades Detectadas

No se identifican irregularidades en la norma, según el contexto proporcionado:
- Cumplimiento Procedimental:
- El Plan fue elaborado bajo la Guía de la Resolución 169/2010 y contó con la intervención de las Direcciones Nacionales de Conservación, Uso Público y Asuntos Jurídicos.
- La revisión participativa (2022-2024) incorporó sugerencias de expertos y comunidades, garantizando legitimidad técnica y social.
- Conformidad con Ley 22.351:
- Se respetan los límites para asentamientos humanos (máximo 10% del área), evitando afectaciones a la integridad del Parque.

5. Posibles Abusos o Riesgos

Aunque la norma en sí no presenta abusos, se identifican riesgos asociados a su implementación:
- Exceso en Asentamientos Humanos:
- El Art. 18(r) de la Ley 22.351 permite asentamientos hasta el 10% del área, pero su aplicación podría vulnerar el principio de conservación si se prioriza el desarrollo inmobiliario sobre la protección.
- Conflicto con Competencias Provinciales (C.N.A., Art. 124):
- Aunque el Parque es federal, la coordinación con la provincia de Santa Cruz (donde se ubica el Parque) debe garantizar que proyectos regionales (ej.: infraestructura turística) no contravengan el Plan de Gestión.
- Falta de Supervisión en Planes Operativos Anuales (Art. 2º de la Resolución):
- La implementación a través de planes operativos anuales requiere control estricto para evitar desvíos de los objetivos de conservación.

Conclusión

La Resolución RESFC-2025-138-APN-D#APNAC es constitucional y legalmente válida, respaldada por la Ley 22.351 y principios constitucionales. Actualiza el Plan de Gestión del Parque Nacional Monte León, promoviendo la conservación y participación ciudadana. No se detectan irregularidades en su elaboración, pero su éxito dependerá de la estricta supervisión de asentamientos humanos y la coordinación interinstitucional. Los riesgos potenciales radican en la implementación, no en la norma misma.

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2025

VISTO el Expediente EX-2024-99251526-APN-DGA#APNAC del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, la Resolución Nº 223/2002 del Directorio, la Resolución Nº 169/2010 del Presidente del Directorio, la Disposición de Firma Conjunta DISFC-2023-1-APN-DRPA#APNAC entre la Intendencia del Parque Nacional Monte León y la Dirección Regional Patagonia Austral, y

CONSIDERANDO:

Que se otorga fundamental importancia al hecho de dotar a las Áreas Protegidas de Planes de Gestión, en tanto instrumentos que contienen las directrices necesarias para orientar su manejo y administración, al definir objetivos y líneas de acción en el corto, mediano y largo plazo.

Que resulta indispensable la actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Monte León, aprobado mediante la Resolución Nº 223/2002 del Directorio, ya que se trata del instrumento que guía la gestión del Área Protegida.

Que, por ello, mediante la Disposición de Firma Conjunta DISFC-2023-1-APN-DRPA#APNAC entre la Intendencia del Parque Nacional Monte León y la Dirección Regional Patagonia Austral se aprobó el Diseño del Proceso de Actualización del Plan de Gestión y se dio inicio al proceso en cuestión, de acuerdo a lo establecido en la Guía para la Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas, aprobada mediante la Resolución Nº 169/2010 del Presidente del Directorio.

Que la elaboración y coordinación del referido Plan de Gestión se llevó adelante a través del equipo de planificación integrado por agentes del Parque Nacional Monte León y de la Dirección Regional Patagonia Austral, dependiente de la Dirección Nacional de Conservación.

Que, a su vez, el Plan de Gestión es producto de un proceso técnico interdisciplinario y de múltiples reuniones de trabajo y talleres con personal de distintas dependencias de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, así como también de actores clave relacionados con el Área Protegida.

Que dicho proceso de planificación estratégica se desarrolló durante los años 2022, 2023 y 2024, culminando la revisión participativa del documento en los últimos meses del 2024 e incorporando las sugerencias de actores clave externos, resultando en la presentación del manuscrito final para su aprobación.

Que, al respecto, la versión final del Plan de Gestión del Parque Nacional Monte León 2025-2034 obra como documento IF-2025-13634985-APN-DRPA#APNAC.

Que, mediante Notas NO-2024-111876286-APN-DNO#APNAC y NO-2024-113790434-APN-DNUP#APNAC, las Direcciones Nacionales de Operaciones y de Uso Público, respectivamente, manifestaron no presentar objeciones al Proyecto de Actualización del Plan de Gestión.

Que las Direcciones Nacionales de Conservación, de Operaciones y de Uso Público, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervenciones de sus competencias.

Que la presente se dicta de acuerdo con las facultades conferidas por los Artículos 18, inciso r) y 23, incisos f) y g), de la Ley Nº 22.351.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Gestión del Parque Nacional Monte León 2025-2034, el que como Anexo IF- 2025-13634985-APN-DRPA#APNAC forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que la implementación del Plan de Gestión aprobado en el Artículo 1º se llevará a cabo a través de los Planes Operativos Anuales de las diferentes dependencias involucradas.

ARTÍCULO 3º.- Tomen conocimiento la Unidad de Auditoría Interna, las Direcciones Nacionales de Conservación, de Operaciones, de Infraestructura y de Uso Público y las Direcciones Generales de Recursos Humanos, de Administración y de Asuntos Jurídicos. Comuníquese a la Intendencia del Parque Nacional Monte León y a la Dirección Regional Patagonia Austral.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Walter Rubén Scibilia Campana - Guillermo Eduardo Diaz Cornejo - Maria Victoria Haure - Marcelo Miguel Forgione

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 05/06/2025 N° 38369/25 v. 05/06/2025

• Leyes:
  • 24093
    infoleg 492
• Decretos:
  • 769/1993
    infoleg 12738
  • 3/2025
    infoleg 408164
  • 42/2025
    infoleg 408805

Análisis Legal de la Resolución ANPYN 21/2025

1. Fundamento Legal y Competencia de la ANPYN

La Resolución ANPYN 21/2025 se sustenta en el marco normativo vigente, particularmente en:
- Decreto 3/2025 (Art. 3, 13 y 14): Establece a la ANPYN como Autoridad Portuaria Nacional y le atribuye facultades para delimitar la jurisdicción portuaria y gestionar bienes estatales.
- Ley 24.093 (Art. 22, inc. ñ): Confirma las competencias de la ANPYN para regularizar y disponer de bienes en jurisdicción portuaria.
- Decreto 42/2025 (Anexos I y II): Define las funciones técnicas y administrativas de las gerencias encargadas de ejecutar el Programa (Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa y Gerencia de Coordinación Técnica).

Conclusión: La norma opera dentro del marco de competencias federales sobre navegación y puertos (CNA, Art. 26 y 75.10) y respeta la creación de la ANPYN como órgano autárquico (CNA, Art. 99.2).

2. Derechos Afectados

• Propiedad Estatal (CNA, Art. 17 y 75.5):
  El Programa implica la gestión directa de bienes estatales heredados de la ex AGP SAU y la Subsecretaría de Puertos. Si bien la regulación de bienes públicos no viola el derecho de propiedad privada, su administración debe garantizar transparencia y no afectar derechos de terceros sobre inmuebles cuestionados.
• Coordinación con Autoridades Locales (Ley 24.093, Art. 21):
  La delimitación de la jurisdicción portuaria podría generar conflictos con competencias provinciales o municipales, especialmente en áreas urbanas o rurales adyacentes a puertos.

3. Posibles Irregularidades o Vacíos Normativos

• Continuidad Operativa de la AGP SAU en Liquidación (Art. 3 de la Resolución):
  Si bien el Decreto 3/2025 y 42/2025 autorizan la colaboración de la AGP SAU en liquidación, su prolongación indefinida en funciones podría vulnerar el principio de cierre de entidades disueltas (Decreto 3/2025, Art. 2).
• Falta de Mecanismos de Participación Pública:
  La Resolución no menciona procedimientos de consulta a comunidades locales o usuarios de los bienes regulares, lo que podría contravenir principios de transparencia y participación en gestión pública (Ley 24.093, Art. 24).
• Compatibilidad con Normas Ambientales y Operativas (Decreto 769/1993, Art. 19 y 23):
  No se explicita cómo el Programa garantizará el mantenimiento de servicios esenciales (ej.: seguridad, control ambiental) durante la regularización, lo que podría derivar en sanciones por incumplimiento técnico (Decreto 769/1993, Art. 23).

4. Riesgos de Abuso o Inconstitucionalidad

• Delimitación Arbitraria de Jurisdicción Portuaria:
  Si la ANPYN define límites sin criterios técnicos o participación interinstitucional (CNA, Art. 75.15), podría generar conflictos federales-provinciales o afectar derechos de propiedad privada en áreas contiguas.
• Gestión Opaca de Bienes Estatales:
  La ausencia de plazos o mecanismos de control público (ej.: publicación de inventarios) podría facilitar el uso discrecional de activos, contrariando el principio de transparencia (Ley 24.093, Art. 24).
• Concentración de Facultades en la ANPYN:
  La exclusividad de la ANPYN para definir límites y gestionar bienes (sin contrapesos claros) podría vulnerar el principio de separación de poderes, especialmente si afecta competencias de otras entidades nacionales (ej.: Ministerio de Transporte).

5. Relación con Normas Preexistentes

• Armonización con el Decreto 769/1993:
  La Resolución respeta los requisitos de habilitación de puertos (Art. 5 y 6) y la obligación de servicios esenciales (Art. 19), pero su enfoque en regularización de bienes no aborda explícitamente la compatibilidad con normas de seguridad o medio ambiente.
• Conflictos Potenciales con la Ley 24.093 (Art. 11):
  Si bien el Programa prioriza la gestión directa por el Estado, podría chocar con disposiciones que permiten la transferencia de puertos a provincias o privados en caso de desinterés estatal (Art. 11).

6. Conclusión General

La Resolución ANPYN 21/2025 es formalmente válida al enmarcarse en las competencias federales y normativa vigente. Sin embargo, su implementación requiere:
1. Clarificar la relación con autoridades locales para evitar conflictos de competencia (CNA, Art. 75.15).
2. Establecer mecanismos de transparencia en la gestión de bienes, como publicación de inventarios y audiencias públicas.
3. Asegurar cumplimiento de estándares técnicos (ej.: mantenimiento de obras esenciales) para evitar sanciones (Decreto 769/1993, Art. 23).
4. Evitar prolongación ilegítima de funciones de la AGP SAU en liquidación, respetando los plazos de transferencia operativa.

De no abordarse estos puntos, la norma podría ser cuestionada por arbitrariedad en la gestión estatal o infracción a principios de legalidad administrativa (CNA, Art. 100).

Ciudad de Buenos Aires, 30/05/2025

VISTO el Expediente EX-2025-56079947- -APN-GCLYA#ANPYN, la Ley 24.093, el Decreto 769 del 19 de abril de 1993 reglamentario de la Ley de Actividades Portuarias, el Decreto 3 del 3 de enero de 2025, el Decreto 42 del 28 de enero de 2025, y la Resolución 21 del 24 de enero de 2025 del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 24.093 de Actividades Portuarias en su artículo 22 de la norma citada establece que la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPyN), es la Autoridad de Aplicación de la misma teniendo entre sus facultades, funciones y atribuciones la de “Delimitar la jurisdicción portuaria nacional y disponer de los bienes del dominio estatal que lo conforman”.

Que el Decreto 769 del 19 de abril de 1993, reglamentario de la Ley 24.093 de Actividades Portuarias, asimismo establece que la Autoridad de Aplicación de dicha ley es la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN), ente autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, que revistará el carácter de AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia 3 del 3 de enero de 2025 creó AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN) como organismo descentralizado actuante dentro en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con la misión de gestionar integralmente las actividades portuarias y de navegación a nivel nacional transfiriéndole los bienes e inmuebles que se detallan en el Anexo II del Decreto, previamente bajo la órbita de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos S.A.U.

Que por el Decreto 42 del 28 de enero de 2025 se aprobó la estructura organizativa de Primer Nivel operativo de la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN, de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que como ANEXOS I (IF-2025-07700098-APN-ANPYN#MEC) y II (IF-2025-07699822-APN-ANPYN#MEC).

Que, atento resultar necesario garantizar la continuidad operativa de las funciones y actividades esenciales vinculadas a la administración de puertos y vías navegables, hasta que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) complete el proceso de implementación de su estructura organizativa y determine sus dependencias y funciones, y dado que dicha operatividad requiere no solo la aprobación de su estructura orgánica sino que exige la realización de distintos actos jurídicos, comunicaciones y notificaciones a terceros, que insumen un período mínimo de tiempo es que se encomendó al Interventor de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.) el despacho de los asuntos indispensables para asegurar la continuidad de la gestión en lo que atañe a la administración de bienes, recursos, derechos y obligaciones a transferir, así como lo relativo al cumplimiento y seguimiento de los contratos en curso de ejecución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) hasta que esta se encuentre totalmente operativa.

Que surge del decreto de creación de ANPYN la existencia de inmuebles de propiedad del Estado Federal afectados a los fines, funciones y competencias de la autoridad portuaria nacional.

Que surge de sus competencias entender en la administración, control, disposición y gestión de las instalaciones afectados a las actividades y a las áreas de su competencia.

Que con el fin de lograr una correcta gestión y administración de los bienes encomendados se hace necesario realizar un inventario completo y actualizado de los mismos, elaborar programas para la regularización de los bienes asignados, establecer los mecanismos internos de control para prevenir su deterioro o mal uso, y optimizar la asignación de los recursos públicos a través del dictado de las normas pertinentes, así como también la definición de las distintas áreas de uso, de las actividades que se pueden realizar y las condiciones generales de la operación de la jurisdicción portuaria nacional.

Que con miras en los objetivos señalados y en el marco del pleno ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de Actividades Portuarias 24.093 a los fines de la coordinación con otras autoridades federales resulta necesario proceder a definir y establecer los límites de la jurisdicción portuaria nacional y disponer de los bienes del dominio estatal que lo conforman en todo el territorio de la República Argentina donde ella exista.

Que asimismo ello facilitará la coordinación entre las autoridades locales y la autoridad portuaria nacional.

Que ello a su vez redundará en beneficio del rediseño de la espacialidad pública, integrando a la trama y a los tejidos urbanos o a las zonas industriales o rurales aledaños una serie de espacios e instalaciones que integran el patrimonio construido local.

Que en virtud de ello corresponde proceder a evaluar y definir los límites de la jurisdicción portuaria nacional.-

Que resulta adecuado que dicha tarea sea encomendada en cuanto le compete a la Gerencia de Coordinación Técnica y a la Gerencia de Coordinación legal y Administrativa.

Que la presente medida no implica erogación presupuestaria.

Que el Servicio Jurídico ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 3 del 3 de enero de 2025 y la Ley 24.093.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el “Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria” identificado como IF-2025-58366984-APN-ANPYN#MEC que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Encomiéndese a la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa y a la Gerencia de Coordinación Técnica el desarrollo, la ampliación, la ejecución y el control de los proyectos que integran el “Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria”, debiendo a tal efecto instrumentar todas las medidas que resulten pertinentes para el adecuado cumplimiento de los objetivos del mencionado Programa.

ARTÍCULO 3°.- La ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SAU - en liquidación- deberá colaborar y prestar asistencia técnica y operativa, con todos sus recursos, a la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN), cuando le sea requerido, tanto en la realización de todos los estudios preliminares que se le soliciten en los términos de la de Resolución N° 21/2025 del Ministerio de Economía, hasta tanto esta Agencia se encuentre plenamente operativa.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Iñaki Miguel Arreseygor

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 05/06/2025 N° 38483/25 v. 05/06/2025

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2025

VISTO: la Resolución COPITEC N° 1/2025 del 12 de marzo de 2025, las Actas de Comisión Directiva N° 1173 de fecha 12 de marzo de 2025 y N° 1776 de fecha 8 de mayo de 2025,

Y CONSIDERANDO:

Que la Resolución COPITEC N° 1/2025 fue aprobada en la Reunión Extraordinaria de la Comisión Directiva del día 12 de marzo de 2025, registrada en el Acta N° 1173.

Que en dicha reunión fueron tratadas y decididas modificaciones al Reglamento Interno.

Que sin embargo, no contó con el quorum calificado para sesionar de dos tercios (2/3) de los consejeros titulares exigido por el artículo 37 del Reglamento Interno para la modificación del mismo.

Que ello se basó en el artículo 15 del mismo cuerpo legal, que establece un quorum de cinco miembros para sesionar en las reuniones extraordinarias, en primera convocatoria.

Que posteriormente, advirtiendo este vicio de forma, en la reunión extraordinaria del 8 de mayo de 2025, instrumentada en Acta N° 1176, se decidió anular la Resolución 1/25.

Que el artículo 17 del Reglamento Interno impone a los consejeros la obligación de votar y solo admite excusaciones con previa autorización de la Comisión Directiva.

Que conforme lo antedicho, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución por vicio de quorum.

Que la ley 19549 de Procedimientos Administrativos contempla en su art. 17 la posibilidad de revocación de un acto de alcance general por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

Que asimismo, el artículo 83 del Decreto N° 1759/72 autoriza la derogación de actos administrativos de alcance general, total o parcialmente, y su reemplazo por otros de oficio, a petición de parte o mediante recurso.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7 inc. b) y h) del Reglamento Interno.

Que, la Asesoría Legal de la Institución ha emitido el dictamen correspondiente, Por ello:

EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° – Declarar la nulidad de la Resolución COPITEC N° 1/2025.

ARTÍCULO 2°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°. Comuníquese a la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería.

ARTÍCULO 4°- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Nación y en la página web de este Consejo Profesional.

Luis A. Chavarría - Enrique L. Larrieu-Let

e. 05/06/2025 N° 38275/25 v. 05/06/2025

• Leyes:
  • 27742
    infoleg 401266
  • 17520
    infoleg 16942
  • 27275
    infoleg 265949
  • 27445
    infoleg 311585
  • 16920
    infoleg 46593
  • 23696
    infoleg 98
• Decretos:
  • 713/2024
    infoleg 402675
  • 654/2024
    infoleg 401832
  • 97/2025
    infoleg 408925
  • 1172/2003
    infoleg 85133
    infoleg 90763
  • 613/2024
    infoleg 401515

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-924-APN-DNV#MEC

1. Marco Normativo Aplicable

La Resolución se fundamenta en un conjunto de normas que incluyen:
- Ley 27.742 (Art. 7°): Justifica la privatización de Corredores Viales S.A. mediante concesión por peaje, delegando facultades en el Ministerio de Economía.
- Ley 17.520 (modificada por Ley 27.742): Regula las concesiones de obras públicas, aplicable a los tramos viales mencionados en el Anexo I.
- Decreto 654/2024: Cita este decreto para atribuir a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la gestión del "sistema troncal de caminos nacionales". Sin embargo, el fragmento del Decreto 654/2024 proporcionado en el contexto no explicita las funciones de la DNV, lo que sugiere una posible inconsistencia en la fundamentación legal.
- Decreto 1172/2003: Reglamento de Audiencias Públicas, aplicado correctamente en los artículos 2°, 8°, 11° y 14° de la Resolución.

Problema Destacado:
- Cita Incompleta del Decreto 654/2024: La Resolución menciona este decreto como base legal, pero el fragmento disponible no desarrolla las competencias de la DNV. Esto podría implicar un error de remisión o una interpretación extensiva de las atribuciones de la DNV, cuestionando su legitimidad si el decreto completo no respalda explícitamente dichas funciones.

2. Derechos Afectados

La Resolución impacta en los siguientes derechos:
- Participación Ciudadana (Art. 14, 33, 37 y 40 de la CN):
- La convocatoria a audiencias públicas cumple con el deber de transparencia (Ley 27.275), pero el carácter no vinculante de las opiniones ciudadanas (Art. 9°) limita su incidencia real en la toma de decisiones.
- Irregularidad Potencial: Si bien se garantiza el acceso a la información (Art. 4°), la falta de claridad sobre cómo se integrarán las observaciones en la resolución final (Art. 12°) podría vulnerar el principio de debido proceso participativo.
- Transparencia y Acceso a la Información (Ley 27.275):
- La publicación en el Boletín Oficial y medios digitales (Art. 14°) es conforme, pero la ausencia de análisis de impacto ambiental o social en el proyecto (Anexo I) podría contravenir el Art. 41 de la CN (derecho a un ambiente sano).
- Competencias Federales (Art. 75, inc. 10 y 18 de la CN):
- La coordinación con autoridades provinciales y locales (Art. 7°) es procedimentalmente correcta, pero la falta de participación vinculante de estas entidades en la adjudicación de concesiones podría generar conflictos federales.

3. Irregularidades Detectadas

1. Falta de Fundamento Legal Suficiente:
2. La Resolución cita el Decreto 654/2024 como base para atribuir a la DNV la gestión del sistema troncal de caminos, pero el fragmento del decreto analizado no desarrolla dichas funciones. Esto sugiere un posible vacío normativo o una interpretación expansiva de las facultades de la DNV, lo que podría ser cuestionado judicialmente.

3. Artículo 30 de la Ley 27.445 (citado en el contexto) establece que la DNV es la autoridad de aplicación de concesiones, pero su vinculación con el Decreto 654/2024 requiere verificación en el texto completo del decreto.

4. Privatización de Corredores Viales S.A.:

5. El Decreto 97/2025 autoriza la privatización bajo el régimen de la Ley 17.520, pero su articulado (no incluido en el contexto) debe alinearse con el Art. 67 de la Ley 23.696, que exige delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. Si el Decreto 97/2025 no incluye mecanismos de tasación previa (Art. 19 de la Ley 23.696) o garantías de rentabilidad razonable (Art. 57 de la Ley 23.696), podría vulnerar principios de equidad en concesiones.

6. Inconsistencia en la Aplicación del Decreto 1172/2003:

7. Aunque la Resolución replica los plazos y procedimientos del Reglamento de Audiencias Públicas (ej.: 20 días de antelación, informe final en 10 días), el Art. 38 del Decreto 1172/2003 (resolución en 30 días) no garantiza que las observaciones ciudadanas sean motivadamente desestimadas, como exige el Art. 9° de la Resolución.

4. Posibles Abusos

1. Concentración de Facultades en el Ministerio de Economía:

2. La delegación de la licitación en el Ministerio de Economía (Decreto 97/2025, Art. 3°) podría centralizar el control de infraestructuras críticas, limitando la autonomía de gobiernos locales y provinciales, contraviniendo el principio federal (Art. 1° de la CN).

3. Riesgo de Sesgo en la Evaluación de Opiniones Ciudadanas:

4. Al no establecer criterios objetivos para integrar las observaciones en la resolución final (Art. 12°), existe el riesgo de que se prioricen intereses económicos sobre las necesidades de las comunidades afectadas, especialmente en tramos con impacto ambiental o social no evaluado.

5. Privatización sin Garantías de Equilibrio Económico:

6. El Art. 57 de la Ley 23.696 exige una relación razonable entre inversiones y utilidades, pero la Resolución no detalla cómo se asegurará este equilibrio en los tramos concesionados, lo que podría llevar a tarifas abusivas para los usuarios.

5. Conclusión y Recomendaciones

La Resolución RESOL-2025-924-APN-DNV#MEC cumple parcialmente con los principios de transparencia y participación, pero presenta deficiencias estructurales en su fundamentación legal y en la protección de derechos colectivos. Para evitar abusos:
1. Verificar el Texto Completo del Decreto 654/2024: Es crucial confirmar si este decreto establece explícitamente las competencias de la DNV, corrigiendo posibles errores de remisión.
2. Incluir Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social: Cumplir con el Art. 41 de la CN y tratados internacionales (Art. 75, inc. 22 de la CN) antes de adjudicar concesiones.
3. Reglamentar Criterios para Integrar Opiniones Ciudadanas: Establecer mecanismos vinculantes para considerar observaciones en la resolución final, fortaleciendo el principio de participación (Art. 39 de la CN).

Síntesis: La norma avanza en la privatización de infraestructura vial, pero su base legal es frágil y su proceso participativo carece de garantías. Su validez dependerá de la coherencia entre el Decreto 654/2024 y las competencias efectivas de la DNV, así como del cumplimiento de estándares federales y ambientales.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-59701840- -APN-DNV#MEC, del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA; la Ley N° 27.742, la Ley N° 17.520 y su Decreto reglamentario N° 713 de fecha 9 de agosto de 2024; el Decreto - Ley N° 505 del 16 de enero de 1958; La Ley N° 27.275; el Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003; y la Ley de Ministerios (texto ordenado por el Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que la LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS N° 27.742, establece los lineamientos base de la reorganización administrativa para mejorar el funcionamiento del Estado y lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común.

Que la misma norma propicia la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Que es objetivo del Estado Nacional garantizar la conservación y mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas pertinentes, asegurando los servicios de asistencia al usuario y la mejora en infraestructura y seguridad para el transporte en general.

Que, conforme lo establecido en el Decreto-Ley N° 505/58, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, conforme el Decreto N° 654 de fecha 19 de julio de 2024, tiene a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias.

Que, por el artículo 30 de la Ley Nº 27.445 de SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA, se estableció que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado actuante bajo la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, es la Autoridad de Aplicación de los contratos de concesiones viales vigentes y de los que se otorguen en el futuro, por lo que ejerce la supervisión y control sobre los mismos.

Que por el artículo 1° de la Ley N° 17.520 -modificado por la Ley N° 27.742- se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos por un plazo fijo o variable a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas y para la prestación de servicios públicos mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones conforme los procedimientos que fija la mencionada ley.

Que por el Decreto DECTO-2025-97-APN-PTE el PODER EJECUTIVO NACIONAL autorizó el procedimiento para la privatización total de CORREDORES VIALES S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 27.742.

Que, asimismo, el artículo 2° del mencionado decreto estableció que el MINISTERIO DE ECONOMÍA, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS”, adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 1° de ese decreto, disponiendo las acciones necesarias para ello.

Que, además, por el artículo 3° de la citada medida, se delegó en el MINISTERIO DE ECONOMÍA la facultad de efectuar el llamado y la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje, respecto de los Tramos de la Red Vial Nacional que como ANEXO I (IF2025-11997807-APN-DNV#MEC) forman parte integrante del mencionado decreto, pudiendo modificar la conformación de los referidos Tramos de la Red Vial, excluyendo tramos de rutas que la integren y/o incluir nuevos tramos, cuando resulte oportuno para su concesión en los términos de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias.

Que el SR. MINISTRO DE ECONOMÍA indicó que atento las consideraciones y evaluación efectuada por la autoridad con competencia técnica en la materia, instruyó a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD elaborar la documentación necesaria para efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional para los Tramos de la Red Vial Nacional que como ANEXO I (IF-2025-11997807-APN-DNV#MEC) forman parte integrante del Decreto N° 97/2025, bajo las determinadas pautas.

Que, a su vez, el SR. MINISTRO DE ECONOMÍA instruyó que una vez proyectada la documentación licitatoria preliminar llevar a cabo todos los actos necesarios para efectuar las correspondientes Audiencias Públicas.

Que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Que el Decreto N° 1172/03 aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional y establece que el área a cargo de las decisiones relativas al objeto de la audiencia pública será la Autoridad Convocante, y que la máxima autoridad de dicha área convocará mediante acto administrativo expreso y presidirá la audiencia pública, pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razón del objeto de la misma.

Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de los artículos 1, 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

Que constituye un objetivo de esta Administración fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente.

Que la Audiencia Pública habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que dichas opiniones, no obstante, su carácter no vinculante, deben ser consideradas adecuadamente, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar sus desestimaciones.

Que, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES remitió los actuados con un INFORME TÉCNICO PROYECTO: “RED FEDERAL DE CONCESIONES – ETAPA III “TRAMO CENTRO, TRAMO MESOPOTÁMICO, TRAMO CENTRO NORTE, TRAMO NOROESTE, TRAMO LITORAL, TRAMO NORESTE, TRAMO CHACO SANTA FE y TRAMO CUYO” a la GERENCIA DE COMUNICACIÓN PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, a fin de que se lleve adelante el procedimiento de participación correspondiente.

Que la GERENCIA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES y la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Ley Nº 505/58 ratificado por la Ley Nº 14.467, la Ley N° 16.920, la Ley Nº 17.520, la Ley Nº 23.696, la Ley Nº 27.445, la Ley 16.920 y el Decreto el N° 613 de fecha 15 de julio de 2024.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Convócase a Audiencias Públicas para informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y locales convocadas, respecto del Proyecto “Red Federal de Concesiones- Etapa III”, para los denominados “Tramo Centro”, “Tramo Mesopotámico”, “Tramo Centro Norte”; “Tramo Noroeste”, “Tramo Litoral”, “Tramo Noreste”, “Tramo Chaco-Santa Fe”, “Tramo Cuyo”; conformados por las trazas de Rutas Nacionales que se detallan en el ANEXO I (IF-2025-60143686-APN-RRIICP#DNV) de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Fecha, hora y lugar de realización. Establécese que las Audiencias Públicas se desarrollarán de manera presencial. No obstante, quedará a exclusiva consideración del Presidente de las Audiencias Públicas la posibilidad de habilitar, además, su realización en manera virtual, siempre que las condiciones técnicas y de conectividad del lugar permitan su normal desarrollo. Todo ello se efectuará observando las previsiones del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003, conforme el siguiente detalle:

· Tramo Cuyo: lunes 30 de junio de 2025 a las 10 a.m., en el Microcine Municipal David Eisenchlas ubicado en 9 de Julio 500, Mendoza, capital.

· Tramos Centro Norte y Noroeste: miércoles 02 de julio de 2025 a las 10 a.m., en el Teatro Municipal Rosita Ávila ubicado en Combate de Las Piedras 1500, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Tucumán.

· Tramos Chaco Santa Fe, Litoral y Noreste: viernes 04 de julio de 2025 a las 10 a.m., en el Auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad ubicado en Av. 25 de Mayo y Ruta Nacional Nº 11, Resistencia - Chaco.

· Tramos Mesopotámico y Centro: lunes 07 de julio de 2025 a las 10 a.m., en la Sala Mayo ubicada en Martín Miguel de Güemes, Paraná, Entre Ríos.

ARTÍCULO 3°. - Lugar y horario para inscribirse para ser participante y presentar la documentación relacionada con el objeto de las audiencias. Establécese que los interesados en participar en cada Audiencia Pública, sean personas humanas o jurídicas, deberán inscribirse a partir de las 00:00 horas del día 08 de junio de 2025 y hasta las 23:59 horas del día 28 de junio de 2025, en la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional) en las secciones de la RED FEDERAL DE CONCESIONES o ESPACIOS PARTICIPATIVOS, donde también podrán tomar vista del expediente. La inscripción será libre y gratuita, y se realizará a través del formulario que como ANEXO II (IF-2025-60143951APN-RRIICP#DNV) forma parte integrante de la presente, el cual estará disponible para su carga online en la página web antes citada durante los días precedentemente mencionados. En dicho formulario, los participantes informarán al orador designado y detallarán brevemente el contenido de la exposición a realizar en relación a los documentos de consulta, los cuales estarán disponibles en la página web citada. Los oradores que elijan realizar su exposición en forma virtual, en caso de que como se detalló en el artículo precedente esta modalidad quede habilitada, deberán indicarlo en el Formulario de Inscripción marcando la opción correspondiente, en este caso la participación se realizará a través de una plataforma digital a la que accederán mediante el link que se les informe. En caso de que algún interesado requiera asistencia para realizar la inscripción, podrá acercarse a la MESA GENERAL DE ENTRADAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD sita en la Av. Julio A. Roca N° 738 Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

ARTÍCULO 4°-. Vista de las actuaciones. Dejase establecido que, durante el plazo estipulado en el Artículo precedente, los interesados podrán tomar vista del Expediente citado en el Visto, consultar los Proyectos de Norma y sus antecedentes, ante esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) eligiendo la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en atención a que se encuentra implementado el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Esta Repartición notificará mediante Sistema TAD el archivo correspondiente con la totalidad de los documentos en citadas actuaciones.

ARTÍCULO 5°.- Inscriptos. Establécese que los representantes de personas humanas o jurídicas que deseen participar de la/s Audiencia/s Pública/s deberán acompañar, al momento de la inscripción, copia debidamente certificada del instrumento legal a través del cual acrediten el carácter invocado, en formato digital para el caso correspondiente y completar el formulario al que se alude en el artículo precedente, caso contrario no se tendrán por inscriptos.

ARTÍCULO 6°.- Implementación, coordinación y organización. Instrúyase la implementación, coordinación y organización de las Audiencias Públicas estará a cargo de la GERENCIA EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES la que podrá requerir la participación de las restantes áreas.

ARTÍCULO 7°- Autoridades nacionales, provinciales y municipales convocadas. Invitase a las autoridades nacionales, provinciales y municipales directamente involucradas en los proyectos que se consultan a tomar parte de la misma y efectuar sus observaciones.

ARTÍCULO 8°. – Orden del día. Establécese que la Orden del Día estará a disposición de los participantes y del público en general en la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional) en las secciones de la RED FEDERAL DE CONCESIONES o ESPACIOS PARTICIPATIVOS, VEINTICUATRO (24) horas antes de la realización de la Audiencia Pública. El mismo incluirá: a. La nómina de los participantes registrados indicando el tipo de exposición elegida y de los expertos y funcionarios convocados; b. Breve descripción de los informes, documentación y/o propuestas presentadas por los participantes; c. El orden y tiempo de las alocuciones previstas; d. El nombre y cargo de quien presidirá y coordinará la Audiencia.

ARTÍCULO 9°. – Participación. Establécese que las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en cada Audiencia Pública tienen carácter consultivo no vinculante.

ARTÍCULO 10°. – Autoridad. Desígnase como Presidente de las CUATRO (4) Audiencias Públicas al subgerente de atención al usuario de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Lic. Martín Nahuel Zangirolami, quien podrá delegar dicha función de acuerdo a normativa vigente.

ARTÍCULO 11. – Informe Final. Hágase saber que en el plazo de DIEZ (10) días desde la finalización de cada Audiencia Pública se deberá elevar el Informe Final y efectuar la publicación ordenada, conforme lo establecido en el Artículo 36° del Reglamento General de Audiencias Públicas.

ARTÍCULO 12.- Informe Final. Establécese que dentro del plazo de TREINTA (30) días de recibido el Informe Final, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD procederá a adoptar una resolución sobre la cuestión puesta en consulta, conforme lo previsto en el artículo 38 del Reglamento General de Audiencias Públicas.

ARTÍCULO 13.- Normativa. Dispóngase que todos aquellos aspectos no previstos expresamente en la presente se regirán por las disposiciones del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado como ANEXO I del Decreto N° 1172/2003 en forma supletoria, o en su defecto serán resueltos por la Presidencia de la Audiencia según estime corresponder, teniendo en consideración las circunstancias de la cuestión planteada.

ARTÍCULO 14.- Convocatoria. Publíquese el aviso de Convocatoria que como ANEXO III (IF-202560145203-APN-RRIICP#DNV) se embebe en la presente durante DOS (2) días, con una antelación no menor de VEINTE (20) días corridos a la fecha fijada para su realización, en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional y en la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. La publicación debe contener las mismas especificaciones exigidas para la convocatoria. A la vez, publíquese la presente Resolución, con sus respectivos anexos, durante DOS (2) días en el Boletín Oficial de la Republica Argentina.

ARTÍCULO 15.- Notificación. Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS, quien comunicará por medios electrónicos a las áreas intervinientes; comuníquese a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES y a la GERENCIA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES (Subgerencia de Atención al Usuario); ambas de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD de lo dispuesto en la presente.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Marcelo Jorge Campoy

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 05/06/2025 N° 38763/25 v. 06/06/2025

• Leyes:
  • 24156
    infoleg 554
• Decretos:
  • 1344/2007
    infoleg 133006

Análisis Legal de la Resolución 761/2025 del Ministerio de Economía

La Resolución 761/2025 aprueba el Plan de Acción y Presupuesto 2025 de TANDANOR S.A.C.I. y N., empresa pública bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Este análisis se basa en el marco normativo proporcionado, incluyendo la Ley 24.156, el Decreto 1344/2007 y los artículos constitucionales relevantes.

1. Marco Legal Aplicable

a) Ley 24.156 (Administración Financiera y Sistemas de Control)

• Artículo 49: Otorga al Poder Ejecutivo la facultad para aprobar los presupuestos de empresas públicas, delegada en este caso en el Ministro de Economía. La resolución se fundamenta explícitamente en este artículo.
• Capítulo III del Título II: Establece el régimen presupuestario específico para empresas públicas, incluyendo la obligación de presentar planes de acción, estimaciones de ingresos/gastos operativos, resultados económicos y financieros. La resolución cumple con estos requisitos al detallar:
• Ingresos operativos: $44.671.815.334.
• Gastos operativos: $45.050.145.818 (con una pérdida operativa de $378.330.484).
• Resultado financiero: Superávit de $2.550.438.291.

b) Decreto 1344/2007 (Reglamento de la Ley 24.156)

• Artículo 1º: Aprueba el Reglamento que sustenta la legalidad del procedimiento de aprobación del presupuesto.
• Artículo 49: Delega en el Ministro de Economía la facultad para aprobar presupuestos de empresas públicas, como TANDANOR S.A.
• Artículo 51: Exige que el presupuesto incluya programas, metas, inversión y recursos humanos, lo cual se refleja en los anexos de la resolución.

c) Constitución Nacional Argentina

• Artículo 75 inc. 8 y 20: Reconoce al Congreso la facultad de legislar sobre presupuesto y empresas públicas.
• Artículo 99 inc. 1 y 2: Asigna al Poder Ejecutivo la gestión de la administración pública, incluyendo la ejecución de leyes y reglamentos.

2. Cumplimiento Procesal

La resolución respeta los pasos obligatorios establecidos por la Ley 24.156:
1. Presentación ante la ONP: El proyecto fue remitido antes del 30 de septiembre de 2024 (según el Artículo 46 de la Ley 24.156) y obtuvo informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) (Artículo 48).
2. Aprobación por el Poder Ejecutivo: El Ministro de Economía ejerció la facultad delegada antes del 31 de diciembre de 2024 (Artículo 49).
3. Publicación y Transparencia: Los anexos incluyen detalles conforme al Artículo 51 del Decreto 1344/2007, cumpliendo con el principio de publicidad (Artículo 51 de la Ley 24.156).

3. Posibles Irregularidades o Cuestiones Destacadas

a) Pérdida Operativa vs. Superávit Financiero

• El presupuesto prevé una pérdida operativa de $378.330.484, pero un superávit financiero de $2.550.438.291. Esto sugiere que el resultado positivo se sustenta en factores externos a la operación principal (ej.: financiamiento externo o transferencias estatales).
• Riesgo: La dependencia de recursos no operativos podría indicar ineficiencia en la gestión productiva de la empresa, lo que podría contravenir el principio de sostenibilidad económica establecido en el Artículo 74 de la Ley 24.156.

b) Coherencia con Políticas Públicas

• El Artículo 50 de la Ley 24.156 exige que los representantes estatales en el directorio de TANDANOR voten el presupuesto aprobado, garantizando alineación con las políticas nacionales. No se menciona en la resolución si este requisito se cumplió, lo que podría generar dudas sobre su vinculación estratégica con el Ministerio de Defensa.

c) Modificaciones Posteriores

• El Artículo 52 de la Ley 24.156 establece que cualquier alteración del presupuesto durante la ejecución que afecte resultados o inversión requiere aprobación del Poder Ejecutivo. La resolución no incluye cláusulas preventivas para estos casos, lo que podría facilitar ajustes discrecionales sin control parlamentario.

4. Derechos Afectados

• Transparencia y Acceso a la Información: La publicación detallada en anexos cumple con el Artículo 51 de la Ley 24.156, garantizando acceso público a los datos presupuestarios.
• Principio de Legalidad: La resolución se ajusta al marco normativo vigente, sin derogar ni modificar normas anteriores (Artículo 2º del Decreto 1344/2007).

5. Relación con Normas Anteriores

• Decreto 1344/2007: La resolución se enmarca en el régimen unificado aprobado por este decreto, derogando cualquier normativa previa en conflicto (Artículo 2º).
• Ley 24.156: No introduce cambios sustantivos, sino que aplica el régimen presupuestario ya establecido.

6. Conclusión

La Resolución 761/2025 es legalmente válida, ya que:
1. Se fundamenta en las facultades delegadas por la Ley 24.156 y su reglamento.
2. Cumple con los plazos y procedimientos de aprobación.
3. Garantiza transparencia mediante la publicación de anexos detallados.

Cuestiones a Monitorear:
- La sostenibilidad de la empresa dada la pérdida operativa.
- La necesidad de clarificar mecanismos de control para modificaciones presupuestarias.
- Verificar el cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 24.156 en la votación del presupuesto por el directorio.

No se identifican abusos o afectaciones directas a derechos constitucionales, aunque la eficiencia económica de TANDANOR S.A. podría requerir revisión en futuros ejercicios.

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2025

Visto el expediente EX-2025-45432545- -APN-DGDA#MEC, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2025 formulado por Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (TANDANOR S.A.C.I y N.), actuante en la órbita del Ministerio de Defensa.

Que la ley 24.156 contiene en el capítulo III del título II el Régimen Presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.

Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida propiciada.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2025, de Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (TANDANOR S.A.C.I y N.), actuante en la órbita del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el detalle obrante en los anexos I (IF-2025-55345872-APN-SSP#MEC) y II (IF-2025-55345691-APN-SSP#MEC), que integran esta medida.

ARTÍCULO 2º.- Estímanse en la suma de cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y un millones ochocientos quince mil trescientos treinta y cuatro pesos ($ 44.671.815.334) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de cuarenta y cinco mil cincuenta millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos ($ 45.050.145.818), los gastos de operación, y como consecuencia de ello, apruébase el Resultado Operativo (Pérdida de Operación) estimado en la suma de trescientos setenta y ocho millones trescientos treinta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($ 378.330.484), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2025-55345691-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 3º.- Estímanse en la suma de cincuenta y un mil trescientos doce millones quinientos un mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($ 51.312.501.478) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de cuarenta y nueve mil trescientos setenta y nueve millones quinientos treinta y tres mil doscientos veintiséis pesos ($ 49.379.533.226) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello, apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en la suma de mil novecientos treinta y dos millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos ($ 1.932.968.252), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2025-55345691-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 4º.- Estímanse en la suma de mil cuarenta y cinco millones ochocientos veintisiete mil setecientos cuarenta y tres pesos ($ 1.045.827.743) los recursos de capital y fíjanse en la suma de cuatrocientos veintiocho millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos cuatro pesos ($ 428.357.704) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 3º de la presente resolución, estímase el Resultado Financiero (Superávit) para el ejercicio 2025, en la suma de dos mil quinientos cincuenta millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos noventa y un pesos ($ 2.550.438.291), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2025-55345691-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Andres Caputo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 05/06/2025 N° 38474/25 v. 05/06/2025

• Leyes:
  • 26967
    infoleg 234097
• Decretos:
  • 1341/2016
    infoleg 270117
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-89-APN-SAGYP#MEC

1. Fundamento Legal y Competencia

La resolución se basa en la Ley 26.967, que crea el Sello “Alimentos Argentinos Una Elección Natural”, y en las Resoluciones 392/05, 26/19 y 90/17, modificadas por normativas posteriores (ej. Resolución 112/24). La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca actúa bajo la competencia delegada por el Decreto 50/2019 (art. 1 y 9), que aprueba su estructura orgánica y deroga normas anteriores que pudieran generar conflictos.

Conexión con el Decreto 50/2019:
- El artículo 1 del Decreto 50/2019 establece la jerarquía de la Secretaría, legitimando su facultad para otorgar el Sello.
- El artículo 9 deroga disposiciones anteriores (ej. Decreto 802/2018), asegurando que la estructura actual sea la base legal válida.

Irregularidad potencial:
Aunque la norma cita el Decreto 50/2019 como fundamento, el contexto menciona modificaciones posteriores (ej. Decreto 42/2025) que sustituyen artículos del Anexo I. Si estas modificaciones alteran la estructura de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios, podría cuestionarse la validez del procedimiento técnico utilizado para emitir el certificado.

2. Cumplimiento de Requisitos Técnicos

La resolución concede el Sello a GASTALDI HNOS S.A.I.Y.C.F.E.I. para “Maní Blanqueado”, verificando el cumplimiento del Protocolo de Calidad aprobado por Resolución 26/19 y el informe técnico de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios.

Aspectos críticos:
- Protocolo de Calidad (Resolución 26/19): No se menciona si el protocolo fue actualizado o modificado posteriormente, lo que podría generar incertidumbre sobre su vigencia.
- Certificación provincial: El producto cuenta con un Registro Nacional de Productos Alimenticios (R.N.P.A.) emitido por la Provincia de Córdoba. La resolución asume que este certificado cumple con estándares nacionales, pero no se detalla cómo se articula con el Protocolo de Calidad.

3. Obligaciones y Condiciones del Sello

• Vigencia de 2 años (art. 3): Alineado con el artículo 6 de la Ley 26.967, que permite renovaciones en idénticas condiciones.
• Exhibición obligatoria en exportaciones (art. 5): Vinculada al reintegro del 0,5% del Decreto 1.341/2016 (art. 4). La norma refuerza este beneficio, pero no aborda posibles conflictos con tratados internacionales (ej. MERCOSUR) que exijan etiquetados diferentes.
• Límite de 20 kg. en envases (desde 2027): Establecido por la Resolución 112/24, modificatoria de la Resolución 392/05. El contexto no incluye el texto de esta norma, lo que dificulta evaluar su justificación técnica o si afecta derechos de propiedad industrial (ej. diseños de packaging ya registrados).

Irregularidad potencial:
El límite de 20 kg. podría imponer costos adicionales a las empresas sin un período de transición claro, afectando la competencia en mercados donde los envases más grandes son estándar.

4. Derechos Afectados

• Libre Competencia: La vinculación del Sello al reintegro del 0,5% otorga ventajas a empresas certificadas, potencialmente discriminando a aquellas que no puedan cumplir con los requisitos técnicos o costos asociados.
• Propiedad Industrial: La obligatoriedad de exhibir el Sello en el packaging podría colisionar con marcas registradas o diseños protegidos, especialmente si el espacio disponible es limitado.

5. Posibles Abusos

• Facultades discrecionales en la certificación: La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios tiene amplia discreción para evaluar el cumplimiento del Protocolo de Calidad. Sin criterios objetivos o apelaciones claras, podría haber sesgos en la concesión del Sello.
• Reintegro vinculado al Sello: La dependencia de beneficios económicos (0,5%) del uso del Sello podría llevar a su instrumentalización política, favoreciendo a empresas con conexiones en el ámbito gubernamental.

6. Relación con Normas Anteriores

• Resolución 392/05 (modificada por 112/24): La nueva norma actualiza requisitos técnicos (ej. límite de envases), pero no detalla cómo estas modificaciones se alinean con los objetivos de la Ley 26.967 (promoción de calidad y diferenciación).
• Decreto 1.341/2016: La resolución refuerza la vinculación entre el Sello y los reintegros, pero no aborda si el 0,5% afecta el equilibrio fiscal o si existen controles para evitar fraudes en la certificación.

7. Conclusiones

La Resolución RESOL-2025-89-APN-SAGYP#MEC se fundamenta en un marco legal vigente (Ley 26.967, Decreto 50/2019, Resoluciones 392/05 y 26/19), pero presenta áreas de riesgo:
1. Transparencia en la certificación: La falta de criterios objetivos para evaluar el Protocolo de Calidad y el límite de 20 kg. podría generar arbitrariedades.
2. Impacto en derechos económicos: La vinculación del Sello a reintegros y la obligatoriedad de exhibición afectan la competencia y la propiedad industrial.
3. Modificaciones posteriores: Las referencias a decretos posteriores (ej. Decreto 42/2025) sin incluir su texto dificultan la validación de la competencia técnica.

Recomendación: Verificar el texto de la Resolución 112/24 y los decretos modificatorios del Decreto 50/2019 para asegurar coherencia normativa y evaluar la necesidad de mecanismos de apelación en el proceso de certificación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-43623151- -APN-DGDAGYP#MEC, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, 26 de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 90 de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.

Que, en virtud de la mencionada normativa, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.

Que asimismo, y atento lo previsto por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, modificada por su similar N° 112 de fecha 3 de diciembre del 2024 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, corresponde establecer que a partir del 1° de enero de 2027, y en todos los casos, el envase de aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello, deberá ser inferior o igual a VEINTE KILOGRAMOS (20 kg.).

Que de conformidad con lo establecido por la Ley N° 26.967 y por la citada Resolución N° 392/05, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.

Que, asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.

Que por el Artículo 2° de la Resolución N° 90 de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado debe presentar un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS E INSERCIÓN INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que, en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la Ley N° 26.967.

Que por la Resolución N° 26 de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se aprobó el Protocolo de Calidad para el producto “MANI BLANCHEADO, MANI TOSTADO, MANI FRITO Y PASTA DE MANI”.

Que la firma GASTALDI HNOS S A I Y C F E I (C.U.I.T. N° 30-53908108-6) con sede social en la calle Belgrano N° 42, General Deheza, Provincia de CÓRDOBA, con Constancia de Habilitación de Establecimientos Oficial Nº 04004128, y con número de Registro Nacional de Productos Alimenticio (R.N.P.A.) N° 04085935, para el producto Maní Blancheado, emitido por el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA de la Provincia de CÓRDOBA, ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir al producto “MANI BLANCHEADO” comercializado mediante la marca “GASTALDI”.

Que la peticionante ha cumplido con los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos por la citada Ley N° 26.967 y la mencionada Resolución N° 392/05 y sus modificatorias, para la obtención del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así también ha acreditado el cumplimiento del Protocolo de Calidad para “MANI BLANCHEADO, MANI TOSTADO, MANI FRITO Y PASTA DE MANI” aprobado por la citada Resolución N° 26/19.

Que el área técnica de la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS E INSERCIÓN INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA elaboró el informe correspondiente, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma GASTALDI HNOS S A I Y C F E I (C.U.I.T. N° 30-53908108-6) con sede social en la calle Belgrano N° 42, General Deheza, Provincia de CÓRDOBA, con Constancia de Habilitación de Establecimientos Oficial Nº 04004128, y con número de Registro Nacional de Productos Alimenticios (R.N.P.A.) N° 04085935, para distinguir al producto “MANÍ BLANCHEADO”, comercializado mediante la marca “GASTALDI”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967, por la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias y por la Resolución N° 26 de fecha 28 de mayo de 2019 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la Nota de “ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES” del referido Sello, que como Adjunto (IF-2025-48420788-APN-DGDAGYP#MEC) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El derecho de uso cedido por el Artículo 1° de la presente medida, se acuerda por el plazo de DOS (2) años contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en las muestras de rótulo y/o elementos de “packaging” del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjunto (IF-2024-43622704-APN-DGDAGYP#MEC), forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Hácese saber a la firma GASTALDI HNOS S A I Y C F E I (C.U.I.T. N° 30-53908108-6), la obligatoriedad del uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente, para aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución N°90 de fecha 12 de abril de 2017 del ex- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, asimismo que, a partir del 1° de enero de 2027, en todos los casos, el envase de aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello, deberá ser inferior o igual a VEINTE KILOGRAMOS (20 kg.).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Sergio Iraeta

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 05/06/2025 N° 38368/25 v. 05/06/2025

• Leyes:
  • 15336
    infoleg 28195
  • 24065
    infoleg 464
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-239-APN-SE#MEC

1. Fundamento Legal y Competencia

La resolución se sustenta en:
- Artículos 35 y 36 de la Ley 24.065: Otorgan a la Secretaría de Energía facultades para autorizar la participación de agentes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y gestionar la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
- Decreto 50/2019, Anexo II, Apartado IX: Define las competencias de la Secretaría de Energía para autorizar la conexión de nuevos generadores al SADI, supervisar estándares técnicos y coordinar con organismos descentralizados (CAMMESA, ENRE).
- Resolución 61/1992 (Anexos 17 y 24): Establece requisitos técnicos para la integración al MEM, incluyendo equipamiento de comunicaciones (SCOM, SMEC, SOTR).

Conclusión: La norma se enmarca en el marco legal vigente, ejerciendo facultades delegadas por la Ley 24.065 y el Decreto 50/2019.

2. Cumplimiento Procedimental

• Publicidad y Transparencia:
• La solicitud fue publicada en el Boletín Oficial (12/05/2025) sin objeciones, conforme al artículo 10 del Decreto 50/2019.

• Irregularidad potencial: No se especifica el plazo de publicidad ni si se garantizó acceso a comunidades locales o grupos ambientales, lo cual podría cuestionarse bajo el derecho a la participación (Art. 41 de la CN).

• Documentación Técnica:

• CAMMESA verificó el cumplimiento de los Anexos 17 y 24 de la Resolución 61/1992, incluyendo la Base de Datos Estacional.

• Irregularidad potencial: No se menciona si se evaluó el impacto ambiental del proyecto, pese a que la CN (Art. 41) exige preservar el ambiente sano.

• Cambio de Titularidad:

• La empresa obtuvo el proyecto mediante Resolución 156/2024 del Ministerio de Energía de Mendoza, lo cual refuerza la legalidad del traspaso.

3. Aspectos Técnicos y Económicos

• Conexión al SADI:

• El parque se conectará a la Estación Transformadora El Quemado 220/33 kV, seccionando la línea San Juan–Cruz de Piedra (jurisdicción de DISTROCUYO S.A.), conforme al artículo 6 de la Ley 15.336 (jurisdicción nacional sobre redes interconectadas).

• Responsabilidad Financiera (Art. 2):

• CAMMESA podrá cargar sobrecostos o penalidades por indisponibilidades técnicas a LUZ DEL CAMPO S.A., en línea con el Decreto 50/2019 (Objetivo 11 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica).
• Riesgo de Abuso: La falta de criterios explícitos para calcular penalidades podría generar discrecionalidad en su aplicación.

4. Derechos Afectados

• Derecho Ambiental (Art. 41 CN):

• Aunque el proyecto es renovable, la resolución no menciona estudios de impacto ambiental ni medidas mitigadoras, lo cual podría vulnerar el principio de sostenibilidad.

• Derechos Laborales (Art. 14 bis CN):

• No se especifica si la empresa garantiza condiciones laborales dignas o participación en beneficios, pese a ser obligatorio bajo la CN.

• Desarrollo Regional (Art. 75, inciso 19 CN):

• El proyecto en Mendoza (región de Cuyo) podría justificarse como medida para equilibrar el desarrollo regional, alineado con el marco constitucional.

• Comercio Interprovincial (Art. 75, inciso 13 CN):

• La integración al MEM refuerza la competencia federal sobre el comercio energético, garantizando acceso no discriminatorio (Art. 22 de la Ley 24.065).

5. Posibles Conflictos con Normas Anteriores

• Derogación de Normas Contrarias:
• El artículo 9 del Decreto 50/2019 deroga normas anteriores que contradigan su estructura, asegurando la vigencia de la resolución.

• Conflictos potenciales: Si existían concesiones previas sobre la misma línea de transmisión o área geográfica, podría surgir litigio con DISTROCUYO S.A. o terceros.

• Relación con el ENRE:

• La notificación al ENRE (Art. 3) es procedimental, pero no se detalla si el ente ejercerá facultades inspectivas o sancionadoras (Art. 56 de la Ley 24.065).

6. Conclusiones

Legalidad:
- La resolución es válida bajo el marco normativo citado, al ejercer facultades delegadas por la Ley 24.065 y el Decreto 50/2019.

Irregularidades Detectadas:
1. Falta de Evaluación Ambiental: No se menciona cumplimiento con el Art. 41 CN, lo cual podría ser cuestionado judicialmente.
2. Omisión de Criterios para Penalidades: Riesgo de discrecionalidad en la aplicación de cargos por parte de CAMMESA.

Recomendaciones:
- Realizar una auditoría ambiental del proyecto para garantizar su sostenibilidad.
- Establecer lineamientos claros para la aplicación de penalidades, evitando abusos.
- Verificar si se respetaron derechos laborales y de comunidades locales en la fase de construcción.

Impacto en Normas Anteriores:
- No se afectan normas vigentes, ya que la resolución se enmarca en la estructura del Decreto 50/2019 y la Ley 24.065, derogando implícitamente normas contrarias.

Constitución Nacional:
- La norma es compatible con principios federales (Art. 75, inciso 13 y 19 CN) y económicos (Art. 75, inciso 18 CN), pero requiere ajustes para alinearse plenamente con derechos ambientales y laborales.

Riesgos de Abuso:
- La falta de transparencia en la fijación de penalidades y la omisión de estudios ambientales podrían derivar en litigios administrativos o judiciales.

Este análisis se basa en el contexto proporcionado y no incluye elementos externos no referenciados.

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-27147509-APN-SE#MEC y los Expedientes Nros. EX-2017-23843018-APN-DDYME#MEM, EX-2017-25708193-APN-DDYME#MEM, EX-2018-7022543-APN-DDYME#MEM, EX-2018-7022158-APN-DDYME#MEM, EX-2018-8760136-APN-DDYME#MEM, EX-2018-8759895-APN-DDYME#MEM, EX-2022-94179005-APN-SE#MEC, EX-2022-127597034-APN-SE#MEC, EX-2023-109027019-APN-SE#MEC, EX-2024-20632965-APN-SE#MEC, EX-2024-20631102-APN-SE#MEC, EX-2024-36223932-APN-SE#MEC, EX-2024-62138028-APN-SE#MEC, EX-2024-72881421-APN-SE#MEC, EX-2024-129998193-APN-SE#MEC, EX-2025-21576665-APN-DGDA#MEC, EX-2025-27512371-APN-DGDA#MEC, EX-2025-34716702-APN-DGDA#MEC y EX-2025-36406077-APN-DGDA#MEC, en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa LUZ DEL CAMPO S.A. solicitó su ingreso al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como Agente Generador para su Parque Solar Fotovoltaico El Quemado con una potencia de TRESCIENTOS CINCO MEGAVATIOS (305 MW), ubicado en el Departamento Las Heras, Provincia de MENDOZA, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de la futura Estación Transformadora El Quemado 220/33 kV, seccionando la Línea de Alta Tensión de 220 kV San Juan – Cruz de Piedra, jurisdicción de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.).

Que mediante las Notas Nros. B-174728-1 de fecha 10 de julio de 2024 (IF-2024-72882509-APN-SE#MEC), obrante en el Expediente N° EX-2024-72881421-APN-SE#MEC, B-179127-1 de fecha 13 de marzo de 2025 (IF-2025-27513290-APN-DGDA#MEC), obrante en el Expediente N° EX-2025-27512371-APN-DGDA#MEC y B-177502-1 de fecha 15 de noviembre de 2024 (IF-2025-34717154-APN-DGDA#MEC), obrante en el Expediente N° EX-2025-34716702-APN-DGDA#MEC, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) informó que la empresa LUZ DEL CAMPO S.A. cumple para su Parque Solar Fotovoltaico El Quemado los requisitos exigidos en los Puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados por la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, para su ingreso y administración en el MEM, como así también con la información requerida para la Base de Datos Estacional del Sistema, Capítulo 2 y Anexos 1 y 2 de Los Procedimientos. Agregó, además, que la empresa LUZ DEL CAMPO S.A. deberá cumplimentar con el equipamiento correspondiente para satisfacer los requerimientos del Anexo 24 de Los Procedimientos en lo referente al sistema de comunicaciones SCOM, SMEC y SOTR.

Que mediante la Resolución N° 156 de fecha 8 de agosto de 2024 (IF-2024-130003208-APN-SE#MEC), obrante en el Expediente N° EX-2024-129998193-APN-SE#MEC, el MINISTERIO DE ENERGÍA Y AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, otorgó el cambio de titularidad a la empresa LUZ DEL CAMPO S.A. por el proyecto Parque Solar Fotovoltaico El Quemado.

Que la empresa LUZ DEL CAMPO S.A. ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de documentación societaria y comercial.

Que la solicitud de ingreso al MEM se publicó en el Boletín Oficial Nº 35.663 de fecha 12 de mayo de 2025, sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de esta medida.

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 24.065 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso como Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) a la empresa LUZ DEL CAMPO S.A. para su Parque Solar Fotovoltaico El Quemado con una potencia de TRESCIENTOS CINCO (305 MW), ubicado en el Departamento Las Heras, Provincia de MENDOZA, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) de la futura Estación Transformadora El Quemado 220/33 kV, seccionando la Línea de Alta Tensión de 220 kV San Juan – Cruz de Piedra, jurisdicción de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.).

ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos de que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del MEM y las penalidades que deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de eventuales indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la empresa LUZ DEL CAMPO S.A., titular del Parque Solar Fotovoltaico El Quemado en su vínculo con el SADI. A este efecto, se faculta a CAMMESA a efectuar los correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o penalidades se produzcan.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la empresa LUZ DEL CAMPO S.A., a CAMMESA, a DISTROCUYO S.A. y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de esta Secretaría.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 05/06/2025 N° 38394/25 v. 05/06/2025

• Leyes:
  • 15336
    infoleg 28195
  • 24065
    infoleg 464
  • 25943
    infoleg 100591
  • 23696
    infoleg 98
• Decretos:
  • 2259/1993
  • 1694/1994
    infoleg 13599
  • 1/2024
    infoleg 395770

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-240-APN-SE#MEC

1. Fundamento Legal y Alineación con Normativa Vigente

La resolución prorroga el período de transición para la concesión del Sistema Hidroeléctrico Diamante hasta el 19 de octubre de 2025, basándose en:
- Artículo 67.1 del Contrato de Concesión: Permite un período de transición de hasta 12 meses tras el vencimiento de la concesión (originalmente el 19/10/2024), con la finalidad de garantizar la seguridad de personas y bienes.
- Ley 15.336, Artículo 15 (Punto 8) y 18 (Inciso 8): Establecen que los bienes revertirán al Estado al finalizar la concesión, y se definirá un período de transición para asegurar la continuidad del servicio.
- Ley 24.065, Artículo 53: Autoriza prorrogar la operación del concesionario expirado por hasta 12 meses si no se otorga una nueva concesión.

Análisis:
- La prórroga hasta el 19/10/2025 (14 meses desde el vencimiento original) excede el límite de 12 meses previsto en el Contrato de Concesión (Art. 67.1) y la Ley 24.065 (Art. 53). Aunque la norma justifica la extensión por "seguridad pública", no se explicita cómo este criterio permite superar el plazo máximo legal.
- La Ley Provincial 9.630/2025 (Mendoza) declara la emergencia del sistema Nihuiles por 14 meses, pero no se vincula directamente con el Sistema Diamante, lo que podría generar incongruencias normativas entre niveles de gobierno.

2. Derechos Afectados

a) Propiedad y Reversión de Bienes (Artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina - CNA):

• El contrato establece que los bienes revertirán al Estado sin compensación (Contrato de Concesión, Art. 66.2 y Ley 15.336, Art. 15, Punto 6).
• Riesgo: La prolongación de la gestión privada más allá del plazo contractual podría vulnerar el derecho a la propiedad estatal, al mantener a HIDISA en posesión de activos que, según el marco legal, ya deberían haber sido transferidos.

b) Seguridad Ambiental (Artículo 41 CNA y Ley 24.065, Art. 17):

• La norma menciona la necesidad de "preservar la seguridad de las personas y los bienes en el río", pero no detalla medidas específicas para garantizar la protección ambiental durante la extensión.
• Riesgo: Falta de claridad sobre cumplimiento de obligaciones ambientales (ej.: manejo de cuencas, prevención de daños ecológicos), lo que podría incumplir el principio de desarrollo sostenible.

c) Federalismo y Cooperación Interjurisdiccional (Artículo 124 CNA y Ley 24.065, Art. 94):

• El Convenio-Acta Acuerdo entre Nación y Mendoza establece un proceso licitatorio conjunto para los sistemas Nihuiles y Diamante.
• Riesgo: La prórroga podría retrasar la licitación conjunta, afectando la coordinación federal y la optimización de recursos hídricos acordada en la Ley Provincial 9.630/2025.

3. Irregularidades y Posibles Abusos

a) Exceso de Plazo Legal (Artículo 67.1 del Contrato y Ley 24.065, Art. 53):

• La extensión de 14 meses supera el límite de 12 meses sin una fundamentación clara en la normativa. Esto podría interpretarse como una interpretación extensiva del contrato, potencialmente contraria al principio de legalidad (Art. 1, CNA).

b) Falta de Transparencia en la Justificación (Artículo 36 CNA):

• La norma no explica por qué no se concluyó el proceso licitatorio en los 12 meses iniciales de transición.
• Riesgo: Posible abuso de autoridad si la prórroga se utiliza para favorecer intereses privados bajo el pretexto de "emergencia", violando el orden institucional (Art. 36 CNA).

c) Inconsistencia con el Marco de Privatización (Decreto 1694/94 y Ley 23.696):

• El Decreto 1694/94 adjudicó el 59% de HIDISA a un consorcio privado, estableciendo un régimen de concesión temporal. La prolongación indefinida de la gestión privada podría contradecir el principio de reversión automática de bienes al Estado (Decreto 1694/94, Art. 2).

4. Conclusión

La Resolución RESOL-2025-240-APN-SE#MEC presenta deficiencias legales y técnicas que ponen en riesgo la seguridad jurídica y el cumplimiento de principios constitucionales:
1. Exceso de competencia: La prórroga supera los plazos legales sin una justificación vinculada a normas aplicables.
2. Riesgo de afectación patrimonial: La demora en la reversión de bienes podría generar conflictos de propiedad entre el Estado y el concesionario.
3. Falta de coordinación federal: La extensión no garantiza la sincronización con los plazos y objetivos del Convenio con Mendoza.

Recomendaciones:
- Revisar la legalidad de la prórroga ante tribunales o el ENRE, si corresponde.
- Aclarar en futuras normas los criterios técnicos y jurídicos que justifican extensiones de transición.
- Garantizar la publicidad de informes técnicos sobre seguridad y ambientales durante el período prolongado.

Nota: Este análisis se limita al contexto proporcionado, sin aludir a normas o hechos externos.

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-99280148-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 15.336, 24.065 y sus modificatorias y 25.943, y

CONSIDERANDO:

Que la energía hidroeléctrica constituye una fuente renovable de generación, segura y limpia que, además, favorece la diversidad de la matriz energética y otorga confiabilidad al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI).

Que a partir de la década de 1960 se inició en la REPÚBLICA ARGENTINA un importante proceso de planificación y desarrollo de la hidroelectricidad por parte del ESTADO NACIONAL, a través de las empresas AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO (AYEE S.E.) e HIDROELÉCTRICA NORPATAGÓNICA SOCIEDAD ANÓNIMA (HIDRONOR S.A.) que proyectaron, construyeron y operaron grandes aprovechamientos que existen en el país y los dos complejos hidroeléctricos binacionales.

Que, como resultado de las reformas efectuadas en el sector eléctrico en la década de 1990, a partir de la sanción de la Ley N° 24.065, se estableció la división vertical de la industria eléctrica y se declararon sujetas a privatización las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica a cargo de las empresas SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (SEGBA), AYEE S.E. e HIDRONOR S.A.

Que conforme el Artículo 1° de la Ley N° 24.065, la actividad de generación de energía eléctrica, en cualquiera de sus modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público es considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal funcionamiento de dicho servicio público.

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley N° 15.336, modificado por la Ley N° 24.065 en su Artículo 89, el PODER EJECUTIVO NACIONAL otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Que, en lo que a la generación hidroeléctrica se refiere, las unidades de negocio fueron transferidas al sector privado mediante el procedimiento de venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades titulares de las concesiones de uno o varios aprovechamientos hidroeléctricos, otorgadas en su mayoría por un plazo de TREINTA (30) años.

Que con fundamento en la Ley N° 23.696 y su Decreto Reglamentario N° 1.105 de fecha 20 de octubre de 1989 y las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y su Decreto Reglamentario N° 1.398 de fecha 6 de agosto de 1992, el ESTADO NACIONAL y la Provincia de MENDOZA suscribieron un Acta de Transferencia de fecha 7 de febrero de 1992 y un Acta Complementaria de fecha 1º de septiembre de 1993. Esta última define la privatización de la actividad de generación hidroeléctrica vinculada al Sistema Hidroeléctrico Diamante y otorga al ESTADO NACIONAL la conformidad por parte de la Provincia de MENDOZA en los términos del Artículo 94 de la Ley N° 24.065.

Que a efectos de privatizar la actividad de generación hidroeléctrica vinculada al Sistema Hidroeléctrico Diamante mediante el Decreto N° 2.259 de fecha 27 de octubre de 1993 se dispuso la privatización de HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A. (HIDISA) y mediante la Resolución N° 140 de fecha 26 de enero de 1994 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Internacional para la venta del CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (59%) del paquete accionario de HIDISA y se procedió al llamado respectivo.

Que con fecha 11 de mayo de 1994 se procedió a firmar el correspondiente Contrato de Transferencia.

Que, en consecuencia, mediante la Resolución N° 152 de fecha 26 de mayo de 1994 la SECRETARÍA DE ENERGÍA transfirió a HIDISA los activos y pasivos que se determinaran en el referido Pliego resultando de su relación el aporte de capital societario correspondiente a la mencionada sociedad, para cuya valuación se tuvo en cuenta el valor de la oferta económica realizada por el preadjudicatario.

Que, finalmente, el Decreto N° 1.694 de fecha 23 de septiembre de 1994 adjudicó el CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (59%) del paquete accionario de HIDISA en acciones Clase “A” y “B”, a INVERSORA DIAMANTE SOCIEDAD ANÓNIMA, integrada por E.D.F. INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA y NUCLEAMIENTO INVERSOR SOCIEDAD ANÓNIMA; aprueba el Contrato de Transferencia de las acciones Clase “A” representativas del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) y “B” representativas del OCHO POR CIENTO (8%) de HIDISA.

Que HIDISA suscribió, por un lado, un contrato de concesión de uso hidroeléctrico de las aguas del Río Diamante otorgado por la Provincia de MENDOZA, aprobado mediante la Ley Provincial N° 6.088 y, por otro lado, un contrato de concesión para la generación de energía eléctrica, otorgado por el ESTADO NACIONAL, en base a las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y sus modificatorias, ambos por el término de TREINTA (30) años.

Que conforme surge del Contrato de Concesión celebrado para la generación de energía hidroeléctrica mediante el uso del Sistema Hidroeléctrico Diamante (IF-2024-98545033-APN-DGH#MEC) su vencimiento operó el 19 de octubre del año 2024.

Que mediante la Resolución N° 1 de fecha 18 de octubre de 2024 de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se estableció que, a partir del 19 de octubre de 2024, a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el Río, se inició el período de transición allí previsto y para ello, la Concesionaria deberá continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato hasta el 1º de junio del 2025.

Que en el artículo 2° de la mencionada resolución, se estableció como veedor, a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría.

Que finalmente, mediante el Artículo 3°, se invitó a la Provincia de MENDOZA a designar UN (1) representante para que, conjuntamente con el representante que designe el MINISTERIO DE ECONOMÍA, colaboren con la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría durante el período de transición establecido.

Que el 8 de marzo de 2025, el ESTADO NACIONAL y la Provincia de MENDOZA celebraron un Convenio - Acta Acuerdo para la tramitación conjunta de los Sistemas Hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante, donde acordaron llevar adelante en conjunto un proceso licitatorio o concurso público nacional e internacional destinado a concesionar, en los términos de las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y demás normativa complementaria y reglamentaria, los complejos hidroeléctricos Nihuiles y Diamante, en forma conjunta y como una unidad de negocio.

Que, posteriormente, la Provincia de MENDOZA sancionó la Ley N° 9.630, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de MENDOZA el 26 de mayo de 2025, donde se declara la emergencia del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles por el plazo de CATORCE (14) meses desde la promulgación de la misma.

Que por dicha ley se dispuso la continuidad del uso hidroeléctrico de las aguas del Río Diamante y la generación de energía eléctrica a partir del uso del recurso hídrico, conforme lo establecido por la Ley N° 6.497 de la Provincia de MENDOZA, a cargo de la empresa HIDISA, hasta tanto se verifiquen las obligaciones contractuales asumidas en el marco del Contrato de Concesión con dicha sociedad.

Que, en la citada Ley Provincial, se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos que resulten necesarios, por sí o de forma conjunta con el ESTADO NACIONAL en el marco de sus competencias propias y concurrentes, a fin de proceder con la licitación conjunta de los Sistemas Hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante, con el objeto de optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos y garantizar la continuidad del servicio de generación eléctrica.

Que el Artículo 64.1 del Capítulo XVIII del Contrato de Concesión regula el fin de la concesión por vencimiento del plazo y establece que, vencido el plazo de la concesión, la concesionaria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo XIX del contrato, respecto a la transferencia de bienes al concedente y período de transición.

Que el Artículo 65.1 del Capítulo XIX del citado contrato dispone que, si la concesión concluyera por cualquier causa, revertirán al ESTADO NACIONAL, en su carácter de Concedente, todos los bienes cedidos a la Concesionaria, siendo obligación de la Concesionaria desalojar el Sistema Hidroeléctrico y hacer entrega del mismo al personal que designe la SECRETARÍA DE ENERGÍA, en el momento en que ésta se lo indique.

Que el Artículo 66.2 del mencionado contrato establece que vencido el plazo el dominio y la posesión de los equipos de la Concesionaria se transferirán de pleno derecho al Concedente sin que éste deba abonar a la Concesionaria precio o contraprestación de ninguna índole.

Que, asimismo, el Artículo 67.1 del contrato vigente dispone que, a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el Río, declarada la resolución del contrato por cualquier causa, con la salvedad del supuesto de existencia de culpa de la Concesionaria, ésta deberá continuar a cargo del Sistema Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones, por el plazo que establezca la SECRETARÍA DE ENERGÍA, hasta un máximo de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de la resolución.

Que conforme lo establece el citado Artículo 67.2, la SECRETARÍA DE ENERGÍA podrá designar un veedor en representación del ESTADO NACIONAL a fin de que controle las actividades de la Concesionaria durante el plazo de transición.

Que atento a la proximidad del vencimiento del plazo previsto en la citada Resolución N° 1/2024, resulta conveniente, con el objeto de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el Río, que se continúe el período de transición previsto en el Artículo 67.1 del Contrato de Concesión y, para ello, resulta necesario que la Concesionaria continúe a cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumpla con todas las obligaciones derivadas del contrato, hasta el 19 de octubre de 2025.

Que se considera conveniente que durante el período de transición establecido continúe operando como Veedor la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que la Dirección Nacional de Generación Eléctrica de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia mediante el Informe Técnico Nº IF-2025-56712359-APN-DNGE#MEC.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado de la presente medida surgen de lo dispuesto por las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y sus modificatorias y el Artículo 67 del Contrato de Concesión del Sistema Hidroeléctrico denominada DIAMANTE.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese en el marco de lo previsto en el Artículo 67.1 del Contrato de Concesión con HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A. (HIDISA) para la Generación Hidráulica de Electricidad mediante el Uso del Sistema Hidroeléctrico Diamante que, vencido el plazo del 1° de junio de 2025, se prorrogue el período de transición a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el Río, debiendo la Concesionaria continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato hasta el 19 de octubre de 2025.

ARTÍCULO 2°.- Establécese la continuidad de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA en su calidad de veedor para la central referida en el Artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a HIDISA y a la Provincia de MENDOZA.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Carmen Tettamanti

e. 05/06/2025 N° 38393/25 v. 05/06/2025

• Leyes:
  • 22520
    infoleg 48853
  • 27150
    infoleg 248181
  • 27148
    infoleg 248194
• Decretos:
  • 438/1992
    infoleg 8476
  • 188/2024
    infoleg 396856

Análisis Legal de la Resolución MJ 346/2025

(CESIÓN DEL EDIFICIO N.º 11 A LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN)

1. Fundamento Legal y Normativa Aplicable

La Resolución MJ 346/2025 se sustenta en:
- Ley 22.520 (Texto Ordenado por Decreto 438/92):
- Artículo 4, inciso b), apartado 9: Faculta al Ministerio de Justicia a gestionar recursos y espacios bajo su custodia, incluyendo la reasignación temporal de inmuebles, en función de prioridades institucionales.
- Ley 27.150:
- Artículo 3, incisos c) y h): Autoriza al Ministerio a diseñar adecuaciones edilicias y emitir actos necesarios para la implementación del Código Procesal Penal Federal (TO 2019).
- Ley 27.148:
- Artículo 17: Define las fiscalías de distrito como órganos esenciales del Ministerio Público Fiscal (MPF), justificando la necesidad de infraestructura adecuada para su funcionamiento.
- Decreto 188/2024: Modificó el artículo 2° de la Ley 27.150, transfiriendo al Ministerio de Justicia la facultad de establecer el cronograma de implementación del Código Procesal Penal Federal.

2. Conflictos Potenciales con Normativa Previa

• Convenio de Asignación de Uso del Edificio N.º 11 (2017):
• El inmueble fue originalmente asignado al Ministerio de Justicia por un plazo de 20 años para "la instalación de sus oficinas", conforme al acuerdo con el Ente Público Espacio para la Memoria y el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos.
• Irregularidad detectada: La Resolución MJ 346/2025 cede el uso del edificio a la Procuración General sin modificar explícitamente los términos del Convenio de 2017. Esto podría vulnerar el principio de irretroactividad normativa y el carácter vinculante de los acuerdos interinstitucionales, salvo que el Ente Público haya autorizado expresamente la reasignación.

• Artículo 3 de la Resolución: Obliga a las partes a celebrar un nuevo Convenio de Uso, pero no garantiza que este respete íntegramente el destino original del inmueble ni los derechos de los terceros intervinientes (Centro Internacional y Ente Público).

• Resolución MJ 761/19: Designó el Edificio N.º 11 como sede institucional del Ministerio de Justicia. La cesión a la Procuración General podría contradecir esta decisión, afectando la continuidad de las funciones del Ministerio en el inmueble.

3. Derechos Afectados

• Derechos de los Terceros Intervinientes en el Convenio de 2017:
• El Centro Internacional y el Ente Público podrían verse privados del cumplimiento de los fines pactados (promoción de derechos humanos y memoria histórica), si la reasignación del edificio limita su acceso o uso compartido.
• Derecho a la Transparencia y Participación Pública:
• No se menciona en la norma un proceso participativo con las partes interesadas ni una evaluación pública del impacto de la cesión en el cumplimiento del Convenio de 2017.
• Autonomía Funcional del MPF (Art. 11 de la Ley 27.148):
• Aunque la medida busca dotar de infraestructura al MPF, su implementación podría generar dependencia operativa respecto al Ministerio de Justicia, afectando su autonomía.

4. Irregularidades y Posibles Abusos

• Uso de la Ley 27.150 para Bypassar el Convenio de 2017:
• La Resolución invoca la necesidad de implementar el Código Procesal Penal Federal para justificar la cesión, pero no demuestra que el Edificio N.º 11 sea indispensable para este fin, ni que otras alternativas hayan sido evaluadas. Esto podría configurar un abuso de poder al instrumentalizar una reforma procesal para modificar unilateralmente un acuerdo vigente.
• Falta de Claridad sobre la Titularidad del Inmueble:
• El Convenio de 2017 establece que el Ministerio asume la "custodia y uso" del edificio, no la propiedad. La Resolución no aclara si la cesión a la Procuración General requiere la autorización explícita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dada la ubicación del inmueble, ni si se respetan las competencias federales (Art. 129 de la CN).
• Riesgo de Inconstitucionalidad por Violación al Artículo 17 de la CN:
• Si la reasignación del edificio implica una afectación indirecta de la propiedad estatal sin un marco legal claro, podría cuestionarse su validez constitucional, ya que la propiedad estatal requiere una ley específica para su modificación de uso (Art. 17 CN).

5. Conclusión

La Resolución MJ 346/2025, aunque se fundamenta en disposiciones legales vigentes (Leyes 22.520, 27.150 y 27.148), presenta riesgos de ilegalidad por:
1. Conflicto con el Convenio de 2017: La cesión del Edificio N.º 11 a la Procuración General podría vulnerar los términos originales del acuerdo sin un mecanismo formal de modificación.
2. Falta de Garantías Procesales: No se asegura la participación de los terceros afectados ni se demuestra la necesidad imperativa de la medida.
3. Posible Abuso de Facultades: La instrumentalización de la Ley 27.150 para reasignar recursos edilicios sin un análisis técnico o alternativas viables podría ser cuestionada judicialmente.

Recomendaciones:
- Realizar una evaluación jurídica del Convenio de 2017 para verificar si permite la reasignación temporal del inmueble.
- Garantizar la participación de todas las partes en la elaboración del nuevo Convenio de Uso (Art. 3 de la Resolución).
- Publicar un informe técnico que justifique la necesidad del Edificio N.º 11 para el MPF, evitando la percepción de arbitrariedad.

Esta medida, aunque orientada a cumplir objetivos institucionales legítimos, requiere un marco de transparencia y respeto a los acuerdos previos para evitar conflictos legales y políticos.

Ciudad de Buenos Aires, 03/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-58719501-APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 22.520 (T.O. Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, 27.150 y sus modificatorias y 27.148; el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 188 del 23 de febrero de 2024, las Resoluciones Nros. 761 del 10 de septiembre de 2019 del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y 143 del 20 de marzo de 2025, el Convenio de Asignación de Uso y Guarda del Edificio N° 11 suscripto entre el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS y el ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS del 7 de noviembre de 2017 y el Acta de Reunión del Órgano Ejecutivo del ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS del 28 de mayo de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 7 de noviembre de 2017, se celebró el Convenio de Asignación de Uso y Guarda del Edificio N° 11, ubicado en la calle Pinedo, entre las calles Rosales y Ezquerra, dentro del predio de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, entre el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS y el ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, por el cual se asignó al MINISTERIO DE JUSTICIA el uso y la guarda del mencionado inmueble para la instalación de sus oficinas, por un plazo de veinte (20) años.

Que, en cumplimiento de dicho convenio, el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS llevó adelante las tareas de puesta en valor del inmueble y adecuó sus instalaciones con vistas al funcionamiento administrativo previsto.

Que, mediante la Resolución N° 761/19 el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS estableció como nueva sede institucional del organismo al mencionado Edificio N° 11, e instituyó oficialmente su denominación como “PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN”.

Que el artículo 2° de la Ley N° 27.150 dispuso que el MINISTERIO DE JUSTICIA sea el organismo a cargo de establecer el cronograma de la implementación progresiva del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en todo el territorio nacional.

Que, mediante la Resolución N° 143/25 del MINISTERIO DE JUSTICIA, se dispuso la plena entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (TO 2019): (i) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a partir de las 00:00 horas del 11 de agosto de 2025; (ii) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO a partir de las 00:00 horas del 11 de agosto de 2025; (iii) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORRIENTES a partir de las 00:00 horas del 1° de diciembre de 2025; y (iv) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA a partir de las 00:00 horas del 1° de diciembre de 2025.

Que, en virtud del compromiso asumido por este Ministerio en el avance sin dilación en la implementación del nuevo sistema acusatorio, se requiere una planificación eficiente de los recursos disponibles.

Que la implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) exige la adecuación de espacios de trabajo para los operadores del sistema penal, a fines de garantizar las condiciones materiales para su correcto funcionamiento.

Que el artículo 3°, incisos c) y h) de la Ley N° 27.150, faculta al MINISTERIO DE JUSTICIA a diseñar propuestas de readecuación edilicia, así como a formular los actos conducentes para la adecuada implementación del nuevo ordenamiento procesal.

Que, conforme ha quedado establecido en la Ley N° 27.148 y demás normativa aplicable, la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN cumple un rol esencial en el sistema acusatorio y, por lo tanto, resulta prioritario dotarlo de un ámbito físico apropiado en las jurisdicciones en las que entra en vigencia el nuevo Código.

Que, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148, las fiscalías de distrito son los órganos encargados “de llevar adelante las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación en un ámbito territorial determinado, a través de las sedes descentralizadas y unidades fiscales que la integran, en coordinación con las procuradurías especializadas, las unidades especializadas y las direcciones generales”.

Que el edificio “PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN” (Edificio N° 11) se erige como una alternativa inmediata y viable para cubrir las necesidades edilicias derivadas de esta etapa del proceso de implementación, dado que se encuentra estratégicamente ubicado en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES posee infraestructura adecuada, y ha sido oportunamente reacondicionado por este Ministerio.

Que la reasignación temporal del inmueble aludido en favor de otro organismo del Estado Nacional constituye una manifestación concreta de los principios de racionalidad, economía y cooperación interinstitucional que deben orientar la gestión pública.

Que en la reunión del Órgano Ejecutivo del ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, celebrada el 28 de mayo de 2025, se aprobó la propuesta de modificación del uso del Edificio N° 11 aludido.

Que en dicha reunión se facultó expresamente a este Ministerio a ceder el uso del edificio a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, por el plazo previsto en el convenio vigente, a los fines de ser destinado al funcionamiento operativo y funcional de dicho organismo, en el marco de la implementación del nuevo sistema procesal penal.

Que ha tomado intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el artículo 3° incisos c) y h) de la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispóngase la cesión en uso del Edificio “PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN” (Edificio N° 11, predio Ex ESMA) a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, por el plazo de duración del Convenio de Asignación de Uso y Guarda del Edificio N° 11 suscripto entre el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS y el ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS del 7 de noviembre de 2017

ARTÍCULO 2°.- El inmueble cedido en razón de lo previsto en el artículo 1° de la presente Resolución deberá ser destinado exclusivamente a las fiscalías de distrito correspondientes a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, que se establezcan en el marco del proceso de implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019).

ARTICULO 3°.- Las partes suscribirán un Convenio de Uso donde se determinen las obligaciones y responsabilidades de las mismas a los efectos de materializar la cesión dispuesta en el ARTICULO 1° el cual deberá respetar íntegramente el destino que se detalla en la presente medida, y las disposiciones del Convenio de Asignación de Uso y Guarda del Edificio N° 11 citado en el mismo artículo.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mariano Cúneo Libarona

e. 05/06/2025 N° 38736/25 v. 05/06/2025

• Leyes:
  • 25246
    infoleg 62977
  • 21526
    infoleg 16071
  • 18924
    infoleg 97583
• Decretos:
  • 290/2007
    infoleg 126807
  • 353/2025

Análisis Legal de la RESOL-2025-78-APN-UIF#MJ

(Modificaciones a umbrales y procedimientos para prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas)

1. Marco Legal y Fundamento Normativo

La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por:
- Ley 25.246 (artículos 14 inc. 10 y 20), que autoriza a la UIF a emitir directivas para prevenir riesgos financieros.
- Decreto 290/2007 (artículo 14), que reglamenta el enfoque basado en riesgo (RBA) y la actualización de umbrales.
- Leyes sectoriales (ej.: Ley 21.526 para entidades financieras, Ley 18.924 para casas de cambio), que vinculan a los Sujetos Obligados (Registros Inmobiliarios, Automotores, Escribanos, entidades financieras) a cumplir con las obligaciones de reporte.

Relevancia constitucional:
- Artículo 75 inc. 22 CN: Legitima la adaptación a estándares internacionales (GAFI/GAFILAT), vinculados a la prevención de delitos transfronterizos.
- Artículo 19 CN: Justifica las medidas como restricciones legales para proteger el orden público económico.

2. Principales Modificaciones

1. Umbrales Actualizados:
2. Inmuebles: De 200 a 750 SMVM (Res. 70/2011, art. 12).
3. Automotores: $50 millones (Res. 127/2012, art. 26) y eliminación de certificaciones contables para perfiles de clientes por $115 millones (Res. 127/2012, art. 16).

4. Efectivo: De 20 a 40 SMVM para depósitos, compraventas en efectivo y operaciones de cambio (Res. 14/2023, arts. 42 y 44).

5. Suspensión Temporal de Actualizaciones Automáticas:

6. Los umbrales de la Res. 127/2012 no se ajustarán hasta enero 2026, alineándose al Decreto 353/2025.

7. Simplificación de Requisitos:

8. Eliminación de declaraciones juradas impositivas en perfiles de clientes (Res. 14/2023 y 242/2023).

3. Impacto en Normas Preexistentes

La resolución modifica directamente las siguientes normativas:
- Res. UIF 70/2011: Eleva umbrales para reportes inmobiliarios, reduciendo la carga administrativa en transacciones de menor riesgo.
- Res. UIF 127/2012: Elimina certificaciones contables en operaciones de automotores, priorizando documentación alternativa (ej.: transferencias bancarias).
- Res. UIF 14/2023: Ajusta umbrales para efectivo y perfiles transaccionales, alineándose a la inflación y estándares del GAFI (NIR.10: USD/EUR 15.000).
- Res. UIF 242/2023: Incrementa el umbral para transferencias inmobiliarias en efectivo a 750 SMVM, afectando a Escribanos Públicos.

Efecto Jurídico: Las modificaciones operan como derogaciones implícitas de los artículos sustituidos, manteniendo la vigencia del resto de las normas.

4. Derechos Afectados

1. Propiedad (Art. 17 CN):
2. Las obligaciones de reporte no restringen la propiedad, pero regulan su ejercicio para prevenir delitos financieros.

3. Riesgo: Umbrales elevados podrían facilitar operaciones opacas si no se complementan con controles adicionales.

4. Libertad Comercial (Art. 14 CN):

5. La simplificación de requisitos (ej.: eliminación de certificaciones contables) reduce la carga burocrática, beneficiando a Sujetos Obligados.

6. Riesgo: Menor escrutinio en perfiles de clientes podría vulnerar la seguridad jurídica en transacciones de alto monto.

7. Acceso a la Justicia (Art. 43 CN):

8. Las disposiciones son impugnables mediante acción de amparo si afectan derechos fundamentales, aunque su base legal las refuerza.

5. Irregularidades y Posibles Abusos

1. Desfasaje Inflacionario Temporal:

2. La suspensión de actualizaciones automáticas hasta 2026 podría generar inconsistencias entre umbrales y valores reales, facilitando el uso de operaciones fraccionadas (structuring) para evadir reportes.

3. Reducción de Controles en Automotores:

4. La eliminación de certificaciones contables en perfiles de clientes por $115 millones reduce la verificación de la licitud de fondos, aumentando el riesgo de lavado a través de vehículos de alta gama.

5. Ambigüedad en Definiciones:

6. El término "operaciones inusuales" (Res. 14/2023, art. 37) carece de criterios objetivos, permitiendo interpretaciones subjetivas por parte de los Sujetos Obligados.

7. Concentración de Poder en la UIF:

8. La resolución refuerza la autonomía técnica de la UIF (Art. 5 y 6 Ley 25.246), pero su discrecionalidad en umbrales y excepciones (ej.: transferencias bancarias) podría vulnerar el principio de legalidad penal (Art. 18 CN) si se aplican sanciones sin normativa clara.

6. Conclusión

La RESOL-2025-78-APN-UIF#MJ refleja un esfuerzo por modernizar el marco normativo de prevención financiera, alineándose a estándares internacionales y mitigando la burocracia. Sin embargo, los riesgos clave incluyen:
- Erosión de controles en operaciones de alto monto (ej.: automotores y efectivo).
- Desfasaje regulatorio por la suspensión de actualizaciones automáticas.
- Potencial abuso de discrecionalidad en la aplicación de umbrales y perfiles transaccionales.

Para garantizar su constitucionalidad y eficacia, se recomienda:
- Establecer mecanismos de revisión periódica de umbrales, incluso sin actualizaciones automáticas.
- Reforzar la capacitación de Sujetos Obligados en detección de operaciones fraccionadas.
- Clarificar criterios objetivos para identificar "operaciones inusuales".

La norma, aunque válida en su estructura, requiere monitoreo constante para evitar vacíos que puedan ser explotados para actividades ilícitas.

Referencias Clave: Ley 25.246 (arts. 14, 20, 21), Decreto 290/2007 (art. 14), Res. UIF 14/2023 (arts. 37, 42, 44), Res. UIF 127/2012 (arts. 16, 26).

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-59932225-APN-DGDYD#UIF, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, las Resoluciones UIF Nros. 70 del 24 de mayo de 2011 y sus modificatorias, 127 del 20 de julio de 2012 y sus modificatorias, 14 del 1 de febrero de 2023 y sus modificatorias, y 242 del 29 de noviembre de 2023 y sus modificatorias, Decreto 353 del 23 de mayo de 2025; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 5° y 6° de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA es un organismo que funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA y tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, establece y enumera los Sujetos Obligados a informar ante esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha emitido, en uso de las facultades establecidas por el inciso 10 del artículo 14 de la Ley mencionada, directivas, instrucciones y resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados para, entre otras obligaciones, identificar y conocer a sus Clientes.

Que, asimismo, en uso de las facultades mencionadas, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha establecido la forma y oportunidad en que los Sujetos Obligados deben proveer información a la Unidad, de acuerdo con la actividad económica que cada uno desarrolla.

Que, mediante la Resolución UIF Nº 41/2011 y modificatorias, se establecieron las medidas y procedimientos que los REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE de cada jurisdicción deben observar para prevenir, detectar y reportar los actos, u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que, el artículo 11 de la citada norma estableció que los Sujetos Obligados deberán comunicar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, conforme lo establecido en los artículos 14 inciso 1) y 21 inciso a) de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, la información que oportunamente se indique, en formato digital, hasta el día QUINCE (15) de cada mes o hábil posterior.

Que, consecuentemente, por medio del artículo 12 de la Resolución UIF Nº 70/2011 y modificatorias se dispusieron los regímenes informativos que los mencionados registros deben cumplimentar de manera sistemática y con periodicidad mensual ante esta UIF.

Que, mediante la Resolución UIF N° 127/2012 y modificatorias, se reglamentaron las medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que deben observar la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS y los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, ello en su carácter de Sujetos Obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) conforme lo previsto en el mismo inciso 19) del artículo 20 de la ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que, mediante la Resolución UIF N° 14/2023 y modificatorias, se establecieron los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) que deben observar las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y modificatorias (inciso 1 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias) y a las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 y modificatorias (inciso 2 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias).

Que, con la Resolución UIF N° 242/2023 y modificatorias se establecieron los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) que deben adoptar y aplicar los Escribanos Públicos cuando en nombre y/o por cuenta de sus Clientes, preparen o autoricen en protocolo notarial cualquiera de las Actividades Específicas, según se las define en la presente.

Que, así las cosas, cabe señalar que la REPÚBLICA ARGENTINA es miembro pleno del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) y del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT) desde el año 2000.

Que, el GAFI es un ente intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de estándares internacionales para combatir el LA/FT/FP, y como tal la República Argentina debe ajustar sus normas legales y regulatorias a sus recomendaciones.

Que, en el año 2012 los estándares de GAFI fueron revisados, y como consecuencia de ello se modificaron los criterios para la prevención, pasando así de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos.

Que, en tal sentido, de acuerdo con la Recomendación 1 (R.1) del GAFI, mediante dicho enfoque, las autoridades competentes, Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) deben ser capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar el LA/FT/FP tengan correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de manera más eficiente.

Que, cabe tener presente que la Nota interpretativa de la Recomendación 10 (NIR.10) dispone un umbral designado para transacciones ocasionales de USD/EUR QUINCE MIL (15.000).

Que, por otra parte, el Decreto 353 del 22 de mayo de 2025 dio intervención a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de sus competencias definidas por la Ley N° 25.246 y sus modificaciones vinculadas con la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, para que, en el plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del mismo, verifique la necesidad de adecuar su normativa a raíz de las disposiciones contenidas en el citado Decreto.

Que, teniendo en cuenta que desde la entrada en vigencia de la normativa aplicable (y sus modificatorias) a aquellos Sujetos Obligados previamente señalados, se actualizó la información provista por los mismos, se supervisó su labor, y, en consecuencia se han advertido oportunidades de mejora en función de la información recabada, la operatividad de los sectores y la práctica observada, es que se propicia modificar dicha regulación, con un enfoque basado en riesgo, y tomando en consideración el desfasaje actual de los valores existentes en materia de umbrales, proponiéndose en consecuencia la actualización de los mismos.

Que, resulta conveniente actualizar el inciso 2) del artículo 12 de la Resolución UIF Nº 70/2011 y modificatorias, elevándose el umbral previsto de DOSCIENTOS (200) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (S.M.V.M.), a SETECIENTOS CINCUENTA (750) S.M.V.M.

Que, en cuanto respecta a la Resolución UIF N° 127/2012 y modificatorias, se advierte que, si bien los umbrales aplicables son actualizados de manera periódica de conformidad con la reforma establecida por la Resolución UIF N° 71/2024 (B.O. 15/5/2024), a fin de facilitar que los Sujetos Obligados logren optimizar la administración de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se torna aconsejable proceder a la mejora y actualización del sistema implementado en materia de Perfil de Cliente, resultando conveniente adecuar la redacción del artículo 16, con la finalidad de eliminar el requerimiento de una certificación contable, ello por cuanto la información necesaria para la elaboración del perfil se debe desprender de la documentación de respaldo que debe ser aportada/recabada.

Que, a su vez, considerando que la próxima actualización periódica del monto establecido para definir el perfil del cliente, conforme el citado artículo 16, se encuentra prevista para el mes de julio de este año, resulta conveniente proceder a la adecuación del monto en esta oportunidad, correspondiendo su próxima actualización en enero de 2026.

Que, en consonancia con lo señalado, resulta procedente adecuar los umbrales previstos en el inciso 2) del artículo 26 del mismo cuerpo normativo.

Que, asimismo, en virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 (B.O. 23/05/2025), se advierte la necesidad de adecuar la reglamentación en tal sentido.

Que, en materia de entidades financieras, se ha advertido la conveniencia de adecuar la redacción de los artículos 37, 42, 44 incisos a) y b) de la Resolución UIF N° 14/2023 y modificatorias, elevándose el umbral previsto de VEINTE (20) a CUARENTA (40) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Que, con relación a la Resolución UIF N° 242/2023 y modificatorias, resulta conveniente adecuar la redacción del artículo 24 y del umbral previsto en el punto i. del inciso a) del artículo 28, relativo al Reporte mensual de Actividades Específicas con respecto a Transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles en efectivo, el que deberá elevarse de SETECIENTOS (700) a SETECIENTOS CINCUENTA (750) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Que han tomado intervención las áreas técnicas pertinentes del organismo.

Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y por el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorias.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el inciso 2) del artículo 12 de la Resolución UIF Nº 70/2011 y modificatorias por el siguiente:

2) Inscripciones de compraventa de inmuebles por montos superiores a SETECIENTOS CINCUENTA (750) SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012 y sus modificatorias por el siguiente:

Art. 16. — Perfil del cliente. En el caso de clientes que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 2° de la presente sobre Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS CIENTO QUINCE MILLONES ($115.000.000), los Sujetos Obligados deberán definir un Perfil del Cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera (copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; declaración jurada de origen y licitud de los fondos y/o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el Cliente, y/o en la información y documentación que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado. Los Sujetos Obligados no podrán requerir declaraciones juradas impositivas.

También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria. Los requisitos previstos en este apartado serán de aplicación, asimismo, cuando los Sujetos Obligados hayan podido determinar que se han realizado trámites simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no alcanzan el monto mínimo establecido, pero que en su conjunto lo exceden.

El monto establecido en el presente artículo para definir el Perfil del Cliente será actualizado de manera automática, en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos SEIS (6) meses, a partir del día siguiente hábil de la fecha de publicación en la página web de la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.C.A.R.A.).

Los Sujetos Obligados no deberán definir el Perfil del Cliente cuando:

1) Las operaciones se realicen mediante transferencias bancarias o cheques personales, siempre que los fondos provengan de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular, y/o cuando éstos tengan origen en créditos prendarios o personales otorgados por entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias.

En tales supuestos, y a los fines de acreditar el origen lícito de los fondos, resultará suficiente la acreditación de las constancias otorgadas por la entidad financiera correspondiente.

2) Las operaciones que se efectúen mediante dación en pago, permuta de un bien o alguno de los supuestos enumerados en el punto 1), cuando la diferencia entre el valor del bien aportado, cheque personal, transferencia bancaria (siempre que los fondos provengan de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular) o crédito prendario o personal (otorgado por entidad financiera sujeta al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias) y el precio del nuevo bien que fuera objeto de adquisición no sea superior al umbral establecido en el presente artículo.

ARTICULO 3°.- Suspéndase por única vez las actualizaciones de los umbrales previstos en los artículos 16 y 26 de la Resolución UIF N° 127/2012, procediéndose a la actualización periódica a partir de enero de 2026.

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyase el inciso 2) del artículo 26 de la Resolución UIF N° 127/2012 y sus modificatorias por el siguiente:

2) Adquisición de automotores por un monto superior a PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000). Los montos establecidos en el presente artículo serán actualizados de manera automática durante los meses de enero y julio de cada periodo, en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos SEIS (6) meses, a partir del día siguiente hábil de la fecha de la publicación en la página web de la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.C.A.R.A.).

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyase art. 37 de la Resolución UIF N° 14/2023 y modificatorias por el siguiente:

ARTÍCULO 37.- Perfil Transaccional.

La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil transaccional prospectivo (ex ante), sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas. Dicho perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, y financiera que hubiera proporcionado el cliente o que hubiera podido obtener el Sujeto Obligado, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso. Los Sujetos Obligados no podrán requerir declaraciones juradas impositivas.

Dicho perfil será determinado en base al análisis de riesgo del Sujeto Obligado de modo tal que permita la detección oportuna de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas realizadas por el Cliente.

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyase el artículo 42 de la Resolución UIF N° 14/2023 y modificatorias por el siguiente:

ARTÍCULO 42.- Depósitos en efectivo.

Cada Sujeto Obligado deberá establecer un seguimiento reforzado sobre los depósitos que se realicen en efectivo.

En tal sentido, en aquellos depósitos por importes iguales o superiores a CUARENTA (40) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, los Sujetos Obligados deberán identificar a la persona que efectúe la operación, en los términos establecidos en la presente Resolución, requiriéndole información y dejando constancia de ello, si es realizada por sí o por cuenta de un tercero, en cuyo caso, se procederá a recabar el nombre completo y/o denominación social de este último, y el número de documento o clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI), según corresponda.

Aquellas operaciones que se realicen utilizando algún medio de identificación con clave provisto previamente por el Sujeto Obligado al depositante, tales como tarjetas magnéticas, o los efectuados en cuentas recaudadoras, quedarán exceptuados del procedimiento de identificación de la persona que lo efectúa debiendo, no obstante, registrarse por cuenta de quién es efectuada la transacción.

Cada Sujeto Obligado deberá tomar medidas tendientes a mitigar los riesgos de LA/FT/FP de aquellas actividades que operen altos volúmenes de dinero en efectivo a fin de aplicar medidas de Debida Diligencia Reforzada en caso de que el Sujeto Obligado lo estime necesario en base a su análisis de riesgo.

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyase los incisos a) y b) del artículo 44 de la Resolución UIF N° 14/2023 y modificatorias por el siguiente:

a) Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE): el Sujeto Obligado deberá informar, de manera sistemática, todas las operaciones y/o transacciones realizadas en moneda local o extranjera que involucren entrega o recibo de dinero en efectivo por un valor igual o superior a CUARENTA (40) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El reporte contendrá la siguiente información:

i. Datos identificatorios de la persona que realizó la transacción (operador de los fondos); de la persona en nombre de la cual se realizó la transacción (titular de los fondos) y de las personas vinculadas al producto al cual o desde el cual se destinan los fondos.

ii. El tipo de transacción y/u operación de que se trata (depósitos o extracciones).

iii. La fecha, el monto de la operación y/o transacción en pesos o su equivalente y la moneda de origen.

b) Reporte de Transacciones en Efectivo en Operaciones de Cambio (RTEOC): el Sujeto Obligado deberá informar, de manera sistemática, todas las operaciones de compra y/o venta de moneda extranjera que involucren entrega o recibo de dinero en efectivo por un valor igual o superior a CUARENTA (40) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El reporte contendrá la siguiente información:

i) Datos identificatorios de la persona que realizó la transacción (operador de los fondos); y, en su caso, de la persona en nombre de la cual se realizó la transacción (titular de los fondos).

ii) El tipo de transacción y/u operación de que se trata (compra o venta).

iii) La fecha, el monto de la operación y/o transacción en pesos y/o su equivalente y la moneda de origen.

iv) Domicilio de la entidad o sucursal en la cual tuvo lugar la operación de compra y/o venta de moneda extranjera.

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyase el artículo 24 de la Resolución UIF N° 242/2023 y modificatorias por el siguiente:

ARTÍCULO 24.- Perfil Transaccional.

La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un Perfil del Cliente, sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores que pudieren corresponder –para el caso del Cliente Habitual- de acuerdo con las Actividades Específicas efectivamente realizadas. Dicho perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza de la relación profesional, la información sobre las Actividades Específicas realizadas, los montos involucrados y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, y financiera (copia autenticada de escritura por la cual se justifique el origen de los fondos con los que se realiza la compra; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; declaración jurada de origen y licitud de los fondos; y/o cualquier otra documentación que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el Cliente y/o que hubiera podido obtener el Sujeto Obligado, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso. Los Sujetos Obligados no podrán requerir declaraciones juradas impositivas.

Dicho perfil será determinado en base al análisis de riesgo del Sujeto Obligado de modo tal que permita la detección oportuna de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas realizadas por el Cliente.

ARTÍCULO 9°.- Sustitúyase el punto i. del inciso a) del artículo 28 de la Resolución UIF N° 242/2023 y modificatorias por el siguiente:

i. Transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles en efectivo superiores a SETECIENTOS CINCUENTA (750) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

ARTÍCULO 10°.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Paulo Starc

e. 05/06/2025 N° 38619/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-840-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/06/2025

EX-2021-33822911- -APN-REYS#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- INSCRIBIR a la firma WAYCOM S.A. en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Telefonía Móvil. 2.- La presente inscripción no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.-Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38298/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-844-APN-ENACOM#JGM FECHA 2/06/2025

EX-2020-46978425- -APN-REYS#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- INSCRIBIR a la firma TRANIRE S.R.L. en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Telefonía Móvil. 2.- La presente inscripción no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.-Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38294/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-850-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2025

EX-2022-17905529- -APN-SDYME#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- DECLARAR la caducidad de la Licencia en régimen de competencia para la prestación de Servicios de Valor Agregado, otorgada a la firma BUE-POA S.A., mediante Resolución N° 1.421, de fecha 28 de mayo de 1997, dictada por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. 2.- Instruir a las dependencias competentes de este Organismo a asentar la caducidad dispuesta en el Artículo 1° del presente acto en los registros pertinentes. 3.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL .Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38317/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-853-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2025

EX-2023-60343770- -APN-REYS#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar a la firma SECURITY PROTEC ARGENTINA S.R.L. a transferir la Licencia y registro del Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet, oportunamente otorgados por Resolución ENACOM N° 5.430, de fecha 21 de noviembre de 2019, dictada por este organismo, a favor del señor Pablo Mauricio FAURE. 2.- Instruir a las dependencias competentes de este ENACOM a asentar el cambio aprobado en el Artículo 1° del presente acto en los registros pertinentes. 3.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. - Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38627/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-858-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2025

EX-2019-92147871-APN-SDYME#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar al señor Raúl Alberto POSSETTO a transferir el registro para la prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción, otorgado por Resolución Nº 119, de fecha 1 de marzo de 1982, dictada por la ex COMFER, a favor del señor Julio Cesar Ramón TARQUINO. 2.- Cancelar la Licencia otorgada al señor Raúl Alberto POSSETTO. 3.- Instruir a las dependencias competentes de este ENACOM a asentar el cambio aprobado en el Artículo 1° del presente acto en los registros pertinentes. 4.- Otorgar un plazo de 60 días desde notificada la presente, a fin de que el señor Raúl Alberto POSSETTO regularice la situación arancelaria descripta en los considerandos, hasta la fecha del dictado de la resolución. El incumplimiento de esa obligación importará la caducidad del presenta acto, en los términos del Artículo 21 de la Ley N° 19.549. 5.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. - Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38630/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-861-APN-ENACOM#JGM FECHA 02/06/2025

EX-2019-40445287-APN-SDYME#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar a la firma NEX T.V. S.A. a transferir el registro para la prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción, otorgado por Resolución Nº 146, de fecha 5 de febrero de 2013, dictada por la ex AFSCA, a favor de la firma WILTEL COMUNICACIONES S.A. 2.- Cancelar la Licencia otorgada la licencia a nombre de la firma NEX T.V. S.A. conforme lo expuesto en los considerandos. 3.- Instruir a las dependencias competentes de este ENACOM a asentar el cambio aprobado en los Artículos 1° y 2° del presente acto en los registros pertinentes. 4.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. - Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38629/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-876-APN-ENACOM#JGM FECHA 3/06/2025

EX-2025-21253564- -APN-REYS#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- CANCELAR la Licencia y Registro para la prestación de los Servicios de Radiodifusión por Suscripción y Valor Agregado-Acceso a Internet, otorgado a la firma TVC MERCEDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante Resoluciones N° 49, de fecha 05 de marzo de 1997 y N° 4.374, de fecha 11 de octubre de 2019, dictadas por el ex COMFER y por este organismo respectivamente. 2.- La medida adoptada en el Artículo 1° tendrá vigencia a partir del 27 de febrero de 2025. 3°.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. - Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38625/25 v. 05/06/2025

RESOL-2025-877-APN-ENACOM#JGM FECHA 3/06/2025

EX-2025-26665898- -APN-REYS#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- CANCELAR el registro para la prestación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción, otorgado a la firma ZDNET S.A.S. , mediante resolución Nº 1.377, de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por este organismo. 2.- La medida adoptada en el artículo 1° tendrá vigencia a partir del 14 de marzo de 2025. 3.- NOTIFÍQUESE, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.- Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 05/06/2025 N° 38609/25 v. 05/06/2025

SINTESIS: RESOL-2025-293-APN-SSN#MEC Fecha: 03/06/2025

Visto el EX-2025-57454974-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Apruébanse con carácter general las condiciones contractuales del “Seguro de Caución para Obra y/o Suministros y/o Servicios Públicos”, que como Anexo I (IF-2025-58876061-APN-GTYN#SSN) integra la presente Resolución. ARTÍCULO 2°.- Incorpórese la cobertura asegurativa referida en el artículo precedente al Cuadro de Resoluciones Generales obrante en el “Anexo del punto 23.2.” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN Nº 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014). ARTÍCULO 3°.- Deróganse las Resoluciones SSN Nros. 17.047 de fecha 9 de diciembre de 1982 y 20.943 de fecha 26 de septiembre de 1990 y elimínense del Cuadro de Coberturas obrante en el “Anexo del punto 23.6.” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN Nº 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014). ARTÍCULO 4°.- Las condiciones contractuales aprobadas por el artículo 1° podrán ser utilizadas a partir de la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL. ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Fdo. Guillermo PLATE – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en https://kronos.ssn.gob.ar/ o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 05/06/2025 N° 38536/25 v. 05/06/2025

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2025

VISTO la Disposición N° DI-2025-36-E-AFIP-ARCA de fecha 28 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que por el acto dispositivo citado en el VISTO, se introdujeron modificaciones en la Estructura Organizativa en el ámbito de la Dirección General Impositiva.

Que por razones de índole funcional la División Fiscalización Nro 4, dependiente de la Dirección Regional Centro II, propone establecer el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento de las jefaturas.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición DI-2018-7-E-AFIP-AFIP, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA (INT.) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO II

DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Establecer el Régimen de Reemplazos Transitorios para las Jefaturas de la División Fiscalización Nro 4, dependiente de la Dirección Regional Centro II, de la forma que seguidamente se detalla:

* Con función de juez administrativo.

ARTICULO 2º - Consignar vigencia de la presente Disposición a partir de la fecha de emisión.

ARTICULO 3º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, pase a la División Administrativa (DI RCII) para su registro en el Sistema Sarha UR y archívese.

Maria Eugenia Fanelli

e. 05/06/2025 N° 38535/25 v. 05/06/2025

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”

Llama a CONCURSO ABIERTO

UN (1) CARGO DE JEFE/A DE ÁREA

CON 42 HORAS SEMANALES

ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

RESOLUCIÓN Nº 357/CA/2025

Fecha de Inscripción: Del 04 al 12 de junio de 2025.

Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.

Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323

Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (Sección “Recursos Humanos”)

Consultas: Conmutador 4122-6456

Analia Martinez Dupuy, Jefa de Departamento, Desarrollo de la Carrera Hospitalaria.

e. 05/06/2025 N° 38306/25 v. 05/06/2025

Personería Jurídica N° 423-A-00 – Córdoba

Habiendo tomado conocimiento del Acta de la reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud CO.FE.SA. Nº 2/2023 que en el Orden del Día punto 6. se trató “Profesionales veterinarios: Declaración de interés sanitario en el marco de UNA salud, incorporación al REFEPS” a fin de ampliar el sistema de salud y, convenio mediante, entre los Colegios Profesionales con las autoridades sanitarias jurisdiccionales, iniciar la registración de los Ingenieros en Alimentos al igual que con los Bioquímicos y los Farmacéuticos; El concepto de Seguridad Alimentaria definido por FAO, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996); El Decreto 297/2020 artículo 6, incisos 12 y 13.

Es oportuno señalar que la Ingeniería Alimentaria ejerce conocimiento profesional habilitado, con incumbencia, responsabilidad que surge de las Actividades Reservadas a su título (Artículo 43 de la Ley 24521) y es la que certifica la inocuidad de los alimentos y sus procesos, garantizando niveles de seguridad, que permiten afirmar cuándo un alimento es inocuo. Y en este marco, los organismos creados por ley, que nuclean a los Profesionales de la Ingeniería, se disponen a convenir con el sector público herramientas de apoyo y colaboración bajo el enfoque “Una Salud”.

En atención a lo mencionado anteriormente, la Subcomisión de Ingenieros en Alimentos, del CIPBA, eleva una nota (04/07/23) a la Comisión de Alimentos de la Federación Argentina de la Ingeniería Especializada (FADIE), la que es tratada en la 3ra. Reunión Plenaria FADIE 2024 (30/08/2024) de la FADIE, aprobando la Resolución N° 1/2024 (incorporándola al Acta de dicha Reunión Plenaria), en la que se declara de Interés Sanitario a los Ingenieros en Alimentos y cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:

Art. 1°) Declarar de Interés Sanitario a los Ingenieros en Alimentos y títulos de ingenierías afines profesionales habilitados, de acuerdo con sus perfiles y alcances.

Art. 2°) Invitase a las entidades miembros de FADIE a adherir a la presente.

Art. 3°) Comuníquese, publíquese y archívese.

LINK para acceder al texto completo de la Resolución FADIE N° 1/2024:

https://drive.google.com/file/d/1rGgAoSnqPkKQ_KJElb-l3TQCMEh-fQm8/view?usp=drive_link

Rubén Caffarena - Manuel H. Cáceres

e. 05/06/2025 N° 38290/25 v. 05/06/2025