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Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2025

VISTO el Expediente N° EX-2021-96984579- -APN-GDYGNV#ENARGAS del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, la Ley N° 24.076, su Decreto Reglamentario N° 1738/92, las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (en adelante “RBLD”), el Reglamento del Servicio de Distribución, la Resolución ENARGAS N° 35/93, y

CONSIDERANDO:

Que, viene el presente Expediente a los fines de resolver el estado de situación en que se encuentra la prestación del servicio de distribución de gas por redes en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe.

Que, previo a todo, cabe indicar que, en orden a lo establecido por el Artículo 7°, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), se procedió a la digitalización del Expediente ENARGAS N° 23389 conforme Providencia N° PV-2021-97620171-APN-GDYGNV#ENARGAS, el que tramitará en lo sucesivo mediante el Expediente del VISTO.

Que, asimismo, corresponde hacer saber que la digitalización del mencionado Expediente, se encuentra individualizada como IF-2021-98349429-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98351283-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98352855-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98354378-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98355967-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98357499-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98359280-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98360824-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98362296-APN-GDYGNV#ENARGAS, IF-2021-98363682-APN-GDYGNV#ENARGAS e IF-2021-98364989-APN-GDYGNV#ENARGAS, y que -en lo sucesivo- en la presente se hará referencia a las actuaciones contenidas en el mismo de acuerdo a la nomenclatura otorgada por el sistema vigente al momento de su ingreso al Organismo a fin de su correcta trazabilidad.

Que, en primer lugar, cabe señalar que la COMUNA DE ARTEAGA es titular de las instalaciones existentes para brindar el servicio de distribución de gas en dicha localidad, en virtud de la autorización oportunamente otorgada conforme las Resoluciones S.S.C. N° 66/91 y S.H.y M. N° 105/92, emitidas por las entonces Subsecretaría de Combustibles y la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la Nación, respectivamente.

Que, dichas Resoluciones fueron dictadas en el marco del proceso de reestructuración de la industria del gas y la privatización de Gas del Estado S.E., a modo de regular -de manera interina y hasta la adjudicación de las concesiones o licencias- la normativa a aplicar para la construcción de obras por cuenta de empresas privadas y/o futuros usuarios, evitando en el ínterin la paralización de dicha clase de obras o emprendimientos, siendo que las presentaciones cursadas en tal sentido, respondían en su mayoría a pocas localidades de escasa envergadura que no afectaban el esquema previsto dentro de las privatizaciones en estudio.

Que, las obras ejecutadas bajo la Resolución S.S.C. N° 66/91 podrían ser explotadas por terceros, hasta la adjudicación de las concesiones o licencias de redes dentro de la reestructuración de la industria gasífera. Los Concesionarios o Licenciatarias (las Distribuidoras) tendrían derecho a adquirir las redes a los propietarios, para lo cual, de común acuerdo, las partes fijarían el valor de venta.

Que, la normativa en cuestión preveía que, en caso de discrepancias en el precio de transferencia, el conflicto debía ser sometido a la autoridad de aplicación o al ente que en el futuro se crease por el nuevo Marco Regulatorio; que luego por la Ley Nº 24.076 sería este ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (en adelante “ENARGAS”).

Que, también se especificaba que, en el lapso de transición o en caso de no concretarse la transferencia, los terceros podrían continuar explotando dichas redes, debiendo comprar el gas al Concesionario o Licenciataria.

Que, por su parte, la Resolución S.H. y M. N° 105/92 estableció determinadas fechas en las cuales se debía tener principio de ejecución de obra o estar completamente terminadas, a los fines de que no caducaran los derechos de sus titulares, situación en la cual se deberían reiniciar los trámites en los términos del Artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 24.076 y sus normas reglamentarias.

Que, dicha norma también establecía que los titulares de los emprendimientos encuadrados en la misma, estarían obligados a vender las obras a las nuevas licenciatarias, para lo cual debían arribar a un acuerdo sobre el precio de venta y someterlo al ENARGAS para que lo autorizara. De no existir acuerdo resultaría aplicable el procedimiento establecido en el Artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 24.076 y sus normas reglamentarias para los casos de personas de derecho privado, y las normas reglamentarias del Artículo 4° de la Ley Nº 24.076, en caso de tratarse de personas de derecho público.

Que, posteriormente, se dictó la Ley Nº 24.348, la cual regulaba la transición de las obras de distribución de gas natural por redes ejecutadas por terceros, autorizadas bajo normas vigentes con anterioridad a la Ley Nº 24.076, a los efectos de encuadrarlas en lo establecido por el Artículo 4° de esta última, y de reglamentar el ejercicio de cualquier derecho de adquirir la obra que pudiera ostentar un licenciatario de zona de distribución conforme lo establecido por el Artículo 16 inciso b) del mismo cuerpo legal (Artículo 1°).

Que, asimismo, la Ley Nº 24.348 establecía que para el caso de que los terceros titulares de obras ejecutadas no hubieran arribado a un acuerdo con los licenciatarios zonales y la cuestión fuera sometida al ENARGAS en Audiencia Pública, en ningún caso éste podría obligar al propietario o titular del emprendimiento a venderlo en un valor inferior al monto efectivamente invertido en la obra y no recuperado por vía de la explotación del sistema en operación menos las amortizaciones propias que correspondieran en función del tiempo de uso que tuvieran hasta el momento del ejercicio del derecho de compra por parte del licenciatario.

Que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4° de la Ley N° 24.076, los propietarios de instalaciones que fueran personas de derecho público, tendrían SEIS (6) meses contados a partir de la realización de la Audiencia Pública o de la comunicación fehaciente por parte del licenciatario de no adquirir la obra, según el caso, para proceder a transformarse en personas jurídicas de derecho privado o a transferir las obras a personas jurídicas de derecho privado (conf. Artículo 4°, Ley Nº 24.348).

Que, cabe destacar, que dicha Ley establecía expresamente que el ENARGAS debería facilitar por los medios a su alcance la transformación de las personas jurídicas de derecho público, titulares de los emprendimientos de distribución de gas y para el caso que no se operara el traspaso de las obras al licenciatario, a personas de derecho privado (Artículo 7°).

Que, bajo las premisas indicadas precedentemente, por Nota ENRG/GAL/GDyE/GD/SD N° 2950 del 22 de septiembre de 1994, que obra en el Expediente ENARGAS N° 758, se notificó a la COMUNA DE ARTEAGA y a LITORAL GAS S.A. que “Atento las constancias de autos, confírmase que la obra de Provisión de Gas Natural a la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe, fue realizada bajo la normativa de las Resoluciones S.S.C. Nº 66/91 y S.H.y M. Nº 105/92. Atento el dictado de la Ley Nº 24.348, hágase saber a la Comuna de Arteaga y a LITORAL GAS S.A. que deberán peticionar en estas actuaciones en sus términos”.

Que, posteriormente, esta Autoridad Regulatoria convocó tanto a la COMUNA DE ARTEAGA como a la Distribuidora Zonal, LITORAL GAS S.A. (en adelante “LITORAL”), a una Audiencia Pública, celebrada el 21 de febrero de 1995, en la que dicha Comuna manifestó su decisión de no transferir obras del sistema y su interés de convertirse en subdistribuidor de las mismas.

Que, ante la falta de acuerdo, por Resolución ENARGAS MJ N° 52 del 17 de marzo de 1995, este Organismo resolvió conceder a la COMUNA DE ARTEAGA un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la Audiencia Pública, para que definiera la Persona Jurídica de Derecho Privado a la que proponía transferir el emprendimiento que nos ocupa (en línea con la Resolución ENARGAS N° 35/93 de Reglamentación de la Subdistribución de Gas).

Que, con respecto a la regularización que la COMUNA DE ARTEAGA debía efectuar en los términos de la Resolución ENARGAS MJ N° 52/95, cabe aclarar que obran entre los antecedentes diferentes presentaciones de dicha Comuna a los fines de poner en conocimiento de este Organismo de la creación de la sociedad ARTEAGA GAS S.A. y cumplir con todos los requisitos exigidos en la Resolución ENARGAS N° 35/93 para que la misma obtuviese el carácter de subdistribuidor, como así también, las respuestas emitidas por este Organismo indicando las cuestiones que aún se hallaban sin ser cumplidas en tal sentido.

Que, a tal efecto, podemos mencionar la presentación de la COMUNA DE ARTEAGA del 26 de febrero de 2014, ingresada como Actuación ENARGAS N° 4641/14, y la respuesta pertinente mediante Nota ENRG/GCEX/GD/GDyE Nº 06293 del 22 de mayo de 2014; la presentación de la Comuna del 23 de mayo de 2014, ingresada como Actuación ENARGAS N° 12323/14 y la Nota ENRG/GAL/GR/GCEX/I N° 08752 del 28 de julio de 2014; las presentaciones de la Comuna del 31 de julio de 2014 y del 7 de agosto de 2014, ingresadas como Actuaciones ENARGAS N° 19872/14 y N° 20761/14, respectivamente y la Nota ENRG/GAL/GR/GD/GCEX/I N° 14420 del 17 de noviembre de 2014, y la presentación de la Comuna del 15 de julio de 2016, ingresada como Actuación ENARGAS N° 22050/16; todas ellas a las que nos remitimos en honor a la brevedad.

Que, por medio de la Nota ENRG/GREX-R/GD/GAL/I N° 09109 del 29 de septiembre de 2016 se indicó a la COMUNA DE ARTEAGA que, en las distintas presentaciones realizadas, nunca se había cumplido con la totalidad de lo requerido por la normativa vigente y que era por ello que en cada nueva solicitud se ponía en evidencia la documentación faltante.

Que, también se le aclaró que debía ser ARTEAGA GAS S.A. quien solicitara ser autorizada como Subdistribuidor para operar y mantener el sistema de distribución y no la Comuna quien realizara las gestiones por esa Sociedad.

Que, una vez más se le detallaron todos los aspectos y requisitos que debían ser subsanados y cumplidos conforme la Resolución ENARGAS N° 35/93 (a la que nos remitimos en honor a la brevedad) y se le informó que ARTEAGA GAS S.A. no podría distribuir gas natural hasta tanto acreditara su cumplimiento y el ENARGAS lo autorizara expresamente como Subdistribuidor para operar y mantener el sistema de distribución de gas natural que alimenta a la localidad de Arteaga.

Que, el 27 de octubre de 2016 (Actuación ENARGAS N° 35956/16), la COMUNA DE ARTEAGA efectuó una nueva presentación remitiendo documentación adicional a la ya presentada, para dar cumplimiento a lo requerido en la NOTA ENRG/GREXR/GD/GAL/I N° 09109 del 29 de septiembre de 2016. En la misma informó que los Balances no estaban cerrados a esa fecha y que las Declaraciones de impuestos se estaban confeccionando.

Que, a su vez, mediante Actuación ENARGAS N° 28152/17 del 1 de diciembre de 2017, ARTEAGA GAS S.A. presentó los Estados Contables correspondientes a los períodos 2014, 2015 y 2016, el Contrato de Locación de Servicios con el Representante Técnico, el listado de herramental y equipamiento, los Planos conforme a Obra, el Acta de Asamblea de distribución de cargos, las copias de pólizas de seguros, el listado con detalle de usuarios y una descripción sobre el relevamiento que se había hecho respecto de la traza del gasoducto de alta presión, entre otra documentación.

Que, mediante Actuación ENARGAS N° 2154/18 del 5 de febrero de 2018, ARTEAGA GAS S.A. presentó documentación actualizada y complementaria de anteriores misivas, a efectos de que sea autorizada a operar el sistema como Subdistribuidor.

Que, entre ellas, cabe mencionar: las Actas de Asamblea de Renovación de autoridades, el listado de activos afectados al servicio, las Actas de Auditoría de LITORAL de 2017, los Planos conforme a Obra, los contratos actualizados, la constancia de inscripción en AFIP e Ingresos Brutos, las copias de pólizas de seguros, etc. Ante tales eventos, el 25 de abril de 2018, por medio de la Nota ENRG/GD/GDyE/GAL/D N° 03746, el ENARGAS se dirigió a la COMUNA DE ARTEAGA a efectos de indicarle que del análisis realizado de las presentaciones que la misma había efectuado, surgía que esa firma aún no había dado cumplimiento a los requisitos estipulados en la Resolución ENARGAS N° 35/93.

Que, al respecto, se indicó a título enunciativo y no taxativo, la documentación faltante que ARTEAGA GAS S.A. debía acompañar, como así también las observaciones que debían ser aclaradas: a) Instrumento/s de transferencia de instalaciones, b) Declaraciones Juradas conforme Resolución ENARGAS N° 35/93, c) Datos del Representante Técnico, d) Planos con aprobación de la Licenciataria, e) Listado de Herramental y Equipos, f) Descripción del sistema con un detalle de los metros de cañería desagregados por material y diámetro, y especificando Estaciones Reguladoras de Presión, g) Activos afectados al servicio, h) Balances correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, i) Cumplimiento de los requisitos atinentes a seguros y j) Regularización de las cuestiones advertidas por la Licenciataria en ejercicio de la Policía de Seguridad.

Que, mediante Actuación ENARGAS N° 9581/18 del 30 de mayo de 2018 ARTEAGA GAS S.A. presentó el contrato de comodato y usufructo de los espacios edilicios, documentación inherente al Representante Técnico, Planos, Herramental y equipamiento, Descripción del Sistema, Activos afectados al Servicio, Balances, Seguros y Policía de Seguridad.

Que, como consecuencia de ello, mediante Actuación N° IF-2018-31894779-APN-SD#ENARGAS del 4 de julio de 2018, ARTEAGA GAS S.A. completó la documentación correspondiente al punto a) ut supra citado, consistente en el Acta del Consejo Comunal N° 10, del 24 de mayo de 2018 donde consta la cesión del servicio, nuevamente el Contrato de Comodato y Usufructo, y el Plano al que hace referencia.

Que, el 13 de julio de 2018 se dictó una providencia identificada como IF-2018-33550068-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, donde se sintetizaron los faltantes y reparos que se encontraban a la documentación obrante en el expediente de marras respecto de la gestión para la obtención de la autorización pertinente para operar en carácter de Subdistribuidor en los términos de la Resolución ENARGAS N° 35/93 por parte de ARTEAGA GAS S.A.

Que, entre otras cuestiones se indicó que no existían observaciones que formular respecto a la realización de los cateos requeridos por LITORAL en el sistema, por resultar los mismos, desde un punto de vista técnico, necesarios en vistas a garantizar la seguridad de las instalaciones asociadas a la prestación del servicio público.

Que, en consecuencia, se intimó a ARTEAGA GAS S.A. que diera cumplimiento con todo lo allí peticionado dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, bajo apercibimiento de suspender las tramitaciones que se llevan adelante para la obtención de la autorización requerida para prestar el servicio en la Comuna de Arteaga en carácter de Subdistribuidor.

Que, la citada providencia fue notificada a LITORAL y ARTEAGA GAS S.A. por medio de las notas Nº NO-2018-33712629-APN-SD#ENARGAS y Nº NO-2018-33712729-APN-SD#ENARGAS, ambas del 16 de julio de 2018, respectivamente.

Que, luego, a través de la Actuación N° IF-2019-85466190-APN-SD#ENARGAS del 20 de septiembre de 2019, ARTEAGA GAS S.A. presentó una copia del contrato de concesión, aprobado bajo Ordenanza Comunal N° 13/2019, en virtud del cual la COMUNA DE ARTEAGA le otorgaba a aquella la explotación del servicio de subdistribución de gas natural con los materiales y elementos que integran la obra. Asimismo, adjuntó el listado de bienes a transferir en concesión; la Declaración Jurada de incompatibilidades; la documentación inherente al Representante Técnico; el Acta de Constatación de los sondeos realizados con Plano de Referencia de los mismos; el listado del Herramental y Equipamiento; la Descripción actualizada del Sistema con copia de planos; el detalle actualizado de Activos afectados al servicio; los Balances correspondientes a los Ejercicios 2017 y 2018; las copias certificadas de las Pólizas de Seguros, y una copia del Acta N° 20/19 de auditoría de la Policía de Seguridad realizada por LITORAL el 14 de agosto de 2019.

Que, el 19 de noviembre de 2019, ARTEAGA GAS S.A. presentó la Actuación N° IF-2019-103047845-APN-SD#ENARGAS, donde informó el proceso consensuado con LITORAL, y adjuntó el Plano conforme a Obra, las planchetas catastrales y el programa de sondeos con el Acta de Constatación donde consta la terminación de los mismos sobre la red de media presión.

Que, mediante la Actuación N° IF-2019-105036278-APN-SD#ENARGAS del 26 de noviembre de 2019, ARTEAGA GAS S.A. presentó documentación contable e impositiva correspondiente al Ejercicio 2016.

Que, a través de las Actuaciones N° IF-2020-34678521-APN-SD#ENARGAS del 28 de mayo de 2020, N° IF-2020-47395243-APN SD#ENARGAS del 23 de julio de 2020 y N° IF-2020-73423560-APN-SD#ENARGAS del 29 de octubre de 2020 ARTEAGA GAS S.A. informó haber dado cumplimiento con los sondeos en la red de Distribución de la localidad de Arteaga.

Que, mediante presentaciones identificadas como Actuaciones N° IF-2020-44739976-APN-SD#ENARGAS y N° IF-2020-44743277-APN-SD#ENARGAS, ambas del 14 de julio de 2020, la COMUNA DE ARTEAGA acompañó la actualización del contrato con el Representante Técnico, y las Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo Operativo, respectivamente.

Que, adicionalmente, mediante Actuaciones Nº IF-2020-53085421-APN-SD#ENARGAS del 12 de agosto de 2020, Nº IF-2021-19114148-APN-SD#ENARGAS del 4 de marzo de 2021, Nº IF-2021-39537513-APN-SD#ENARGAS del 5 de mayo de 2021, Nº IF-2021-42809146-APN-SD#ENARGAS del 14 de mayo de 2021, Nº IF-2021-66062841-APN-SD#ENARGAS del 22 de julio de 2021, Nº IF-2021-70203005-APN-SD#ENARGAS del 4 de agosto de 2021, Nº IF-2021-70806552-APN-SD#ENARGAS del 5 de agosto de 2021 y Nº IF-2021-71853974-APN-SD#ENARGAS del 9 de agosto de 2021, ARTEAGA GAS S.A. remitió documentación contable e impositiva actualizada, oportunamente solicitada mediante las Notas Nº NO-2021-16303012-APN-GDYE#ENARGAS del 24 de febrero de 2021, Nº NO-2021-20815743-APN-GDYE#ENARGAS del 9 de marzo de 2021, Nº NO-2021-45798773-APN-GDYE#ENARGAS del 21 de mayo de 2021 y Nº NO-2021-68086854-APN-GDYE#ENARGAS del 28 de julio de 2021.

Que, por su parte, la COMUNA DE ARTEAGA acompañó información relativa a Seguros mediante Actuación N° IF-2021-33552514-APN-SD#ENARGAS del 19 de abril de 2021.

Que, mediante Actuación N° IF-2021-73647945-APN-SD#ENARGAS ingresada a este Organismo el 12 de agosto de 2021, ARTEAGA GAS S.A. presentó el “Formulario de Declaración Jurada de Intereses”, de conformidad con lo establecido por el Decreto PEN Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/2017 de la ex Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Que, en el ínterin del análisis de la documentación inherente a la Resolución ENARGAS N° 35/93 presentada por ARTEAGA GAS S.A., el 19 de octubre de 2021 LITORAL efectuó presentación identificada como Actuación N° IF-2021-100402187-APN-SD#ENARGAS.

Que, entre otras cuestiones, LITORAL señaló a través de un informe técnico, en cuanto a la situación del suministro en la localidad de Arteaga, que “El informe de resultados de las auditorías realizadas durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020 registran las irregularidades/observaciones a subsanar indicando los incumplimientos a resolver de parte de la Comuna”.

Que, expresó además que “La Prestación del servicio de gas en la localidad de Arteaga se encuentra en situación irregular desde hace casi 25 años, pese al esfuerzo del ENARGAS en que la Comuna de Arteaga adecuara su actuación de orden jurídico aplicable. Que, el extenso tiempo transcurrido, evidencia una clara decisión de la Comuna de Arteaga de no cumplir con las obligaciones legales a su cargo en materia de la prestación del servicio de subdistribución, ni con las resoluciones e intimaciones cursadas por el ENARGAS. Que la Comuna de Arteaga mantiene una importante deuda con Litoral Gas S.A. por la prestación del servicio, que incluye distribución, transporte y provisión de gas natural. Que la Comuna de Arteaga ha expuesto dentro del expediente judicial de cobro de sumas de dinero haberse apropiado y luego utilizado los importes abonados por sus usuarios de gas para aplicarlos a gastos corrientes de la Comuna, ajenos al servicio público nacional de distribución de gas natural. Que resulta necesario proceder al corrimiento del gasoducto de alta presión a efectos de adecuarlo a la normativa de seguridad. Que la Comuna de Arteaga ilegítimamente se ha negado a afrontar el pago de los costos de la obra de corrimiento (…) la Comuna de Arteaga se niega a otorgar el permiso comunal a efectos que se pueda llevar adelante la obra de corrimiento del gasoducto de alta presión, pese a tener expreso y preciso conocimiento de la necesidad de ejecutar dicha obra a efectos de adecuar el ducto a las normas de seguridad vigentes”.

Que, a tal efecto, se abrió el Expediente Nº EX-2021-105807177- -APN-GAL#ENARGAS para la tramitación de la presentación de LITORAL precitada y una posterior ingresada mediante Actuación Nº IF-2021-111268888-APN-SD#ENARGAS del 16 de noviembre de 2021, dado que la tramitación de autorización de Arteaga Gas S.A. como SDB se realiza en el presente Expediente N° EX-2021-96984579- -APN-GDYGNV#ENARGAS. Ello, a los fines de no obstaculizar, en ninguna de las dos tramitaciones, el debido proceso en la materia regulada para los sujetos involucrados.

Que, el 6 de octubre de 2021, LITORAL, en ejercicio de la Policía de Seguridad que ostenta, efectuó una auditoría a la COMUNA DE ARTEAGA, registrada bajo Acta N° 20/21, identificada con el IF-2022-42284174-APN-GDYGNV#ENARGAS del 29 de abril de 2022 (sólo se adjuntó el anexo de la misma con detalle de la información/documentación faltante) y el IF-2023-30928259-APN-GDYGNV#ENARGAS del 21 de marzo de 2023 (se acompañó dicha Acta), donde se efectuaron diversas observaciones de carácter técnico.

Que, en virtud de ello, el 3 de mayo de 2022 se envió a ARTEAGA GAS S.A. la Nota N° NO-2022-43480965-APN-GDYGNV#ENARGAS para que se expidiera respecto de tales observaciones efectuando los comentarios que estimase pertinentes, como así también remitiera un plan de regularización de la situación, detallando pormenorizadamente las acciones a llevar a cabo.

Que, en respuesta, mediante Actuación N° IF-2022-53638440-APN-SD#ENARGAS del 30 de mayo de 2022, la COMUNA DE ARTEAGA realizó una serie de aclaraciones técnicas respecto de la cuestión.

Que, ahora bien, en ese contexto, el 7 de junio de 2022 se mantuvo una reunión con personal de ARTEAGA GAS S.A. y, asimismo, se envió la Nota N° NO-2022-57920832-APN-GDYGNV#ENARGAS del 8 de junio de 2022.

Que, mediante dicha Nota N° NO-2022-57920832-APN-GDYGNV#ENARGAS del 8 de junio de 2022 se solicitó a ARTEAGA GAS S.A remitir un informe sobre el estado en que se encuentran las tramitaciones señaladas anteriormente, debiendo adjuntar a tal efecto un cronograma que indique una fecha estimada de finalización y el detalle de las tareas a realizar.

Que, en esa línea, y teniendo en cuenta que no se había recibido respuesta a la Nota antes mencionada, el 12 de julio de 2022 se envió la Nota N° NO-2022-71026357-APN-GDYGNV#ENARGAS, a través de la cual se reiteraron a ARTEAGA GAS S.A. los términos de la Nota N° NO-2022-57920832-APN-GDYGNV#ENARGAS.

Que, no obstante, lo señalado anteriormente, vencido el plazo otorgado en la nueva misiva enviada, no se recibió respuesta alguna, motivo por el cual mediante Nota N° NO-2022-115524804-APN-GDYGNV#ENARGAS del 28 de octubre de 2022 se le reiteraron los términos de las Notas enviadas.

Que, mediante Actuación N° IF-2022-120074588-APN-SD#ENARGAS del 8 de noviembre de 2022, en respuesta a lo requerido mediante Nota N° NO-2022-57920832-APN-GDYGNV#ENARGAS, la COMUNA DE ARTEAGA realizó diversas aclaraciones técnicas respecto al proyecto de reacondicionamiento de la ERP 10/1.5bar, señalando, entre otros aspectos, que “... se evaluó a nivel de anteproyecto la modificación de los dispositivos instalados y la posibilidad de la colocación de válvulas de alivio para mejorar la condición de seguridad (...) Debido a que para la realización de los trabajos pueden (sic) requerirse la construcción de by-pas, se programó la ejecución en los meses de octubre o noviembre de 2023, coincidiendo con los bajos consumos residenciales e industriales...”.

Que, como consecuencia de ello, el 22 de marzo de 2023 se emitió el Informe Técnico Nº IF-2023-31836742-APN-GDYGNV#ENARGAS, donde la otrora Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular de este Organismo, dada su competencia primaria para el tratamiento de lo planteado y sucedido, manifestó que “… ARTEAGA ha evaluado realizar modificaciones en la ERP durante los meses de octubre / noviembre de 2023. Ello, debido a que tales adecuaciones se vinculan con un sistema de seguridad inapropiado para actuar frente a una eventual sobrepresión por defectos en el control de la regulación del fluido, razón por la cual se indica que, a criterio de esta Gerencia, esa empresa no deberá dilatar la ejecución de las mismas”, concluyendo que “… se le requiere a ARTEAGA que lleve a cabo los cambios mencionados en la ERP antes del comienzo del próximo período invernal (época en el (sic) cual se produce un mayor consumo y exigencia de las instalaciones), todo ello teniendo en cuenta que las adecuaciones citadas se vinculan con un sistema de seguridad inapropiado para actuar frente a una eventual sobrepresión por defectos en el control de la regulación del fluido. Asimismo, se le debe solicitar que, luego de realizadas las modificaciones, acredite y certifique ante este Organismo la ejecución de los trabajos, ello con el fin de continuar con el trámite de autorización como Subdistribuidor”.

Que, a tal efecto, se emitió el Dictamen Jurídico Nº IF-2023-35484712-APN- GAL#ENARGAS del 31 de marzo de 2023, donde se señaló –entre otras cuestiones- que de acuerdo a lo sostenido por la entonces Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular, se verifica que ARTEAGA GAS S.A. aún no ha cumplido íntegramente con la Resolución ENARGAS N° 35/93 en relación a requisitos técnicos necesarios por parte de la COMUNA para el otorgamiento de la autorización en cuestión a aquélla, concluyendo que no existe óbice legal para proseguir conforme lo indicado por la gerencia técnica preopinante, en tanto es competente respecto de la cuestión planteada y ha efectuado el análisis de la seguridad pública involucrada, quedando a consideración de la Máxima Autoridad la prosecución del trámite.

Que, posteriormente, en virtud del tiempo transcurrido desde la presentación del 8 de noviembre de 2022 (IF-2022-120074588-APN-SD#ENARGAS) donde la COMUNA DE ARTEAGA indicó que tenía previsto realizar las modificaciones en la ERP durante los meses de octubre/noviembre de 2023, y atento a haber vencido el plazo programado sin información alguna por parte de dicha firma; mediante Nota Nº NO-2024-06251709-APN-GDYGNV#ENARGAS del 18 de enero de 2024 se le solicitó que informara y acreditara el estado en que se encuentran las adecuaciones que debería haber llevado a cabo sobre la ERP.

Que, atento a no haber obtenido respuesta alguna por parte de la COMUNA DE ARTEAGA, mediante Nota Nº NO-2024-42508603-APN-GD#ENARGAS del 25 de abril de 2024 se le reiteró los términos de la Nota Nº NO-2024-06251709-APN-GDYGNV#ENARGAS, concediéndole un plazo perentorio e improrrogable de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir de su notificación, para que procediera a cumplir con lo solicitado, bajo apercibimiento de tomar las medidas que este Organismo estimara pertinentes.

Que, no obstante ello, y a la gran demora por parte de la COMUNA DE ARTEAGA en la solución de aspectos técnicos inherentes a adecuaciones que debería llevar a cabo sobre la ERP, que son relevantes para la normal prestación del servicio; este Organismo se ve en la situación de tener que tomar una decisión respecto de la prestación del servicio en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe.

Que, asimismo, mediante Actuación Nº IF-2025-13255376-APN-SD#ENARGAS del 6 de febrero de 2025, LITORAL efectuó una presentación ante este Organismo, donde informó, entre otros aspectos, del estado de deuda y de situación de las acciones legales iniciadas por LITORAL a la COMUNA DE ARTEAGA por “deudas originadas en la falta de pago de la facturación del servicio público de distribución, transporte y provisión de Gas”.

Que, ello, sumado a que, según lo informado allí por la Distribuidora -en el marco de las auditorías técnicas en ejercicio de la policía de seguridad que ostenta- se identificaron “desvíos en las obligaciones de operación del sistema de distribución” donde se enumeró lo siguiente: La COMUNA DE ARTEAGA “no aplica el plan de mantenimiento escrito, se evidencia gestión deficiente en prevención de daños, no cuenta con herramental, equipamiento y materiales suficientes para la atención de emergencias y reparación de sus activos (...) no cuenta con herramental de ningún tipo para atender emergencias en sus instalaciones de Acero en media presión que representan el 75% de sus activos declarados. * No poseen sistema de control y gestión de reclamos técnicos. * Se evidencian falencias en el mantenimiento general de la ERP y deficiente configuración del puente de regulación, este último no cuenta con elementos de seguridad como válvulas de alivio. * No poseen herramental suficiente u homologado para perforación de cañerías activas en acero y su correspondiente expansión (...) declara trabajar con herramental propio no certificado (casero). * (...) no brinda el control ni seguimiento necesario a los desvíos encontrados en las instalaciones internas de los clientes industriales...”.

Que, en esa oportunidad, también trajo a colación que “... en 2018 se le intimó la regularización de numerosas observaciones técnicas detectadas por Auditorías de LG y del ENARGAS, requiriendo atención urgente el mantenimiento de un tramo del Gasoducto de Alta Presión, por cuestiones de seguridad del sistema y riesgo para bienes y la vida de terceros...”, recordando la designación como operador interino de la ERP y del tramo de Gasoducto de Alta Presión a esa Distribuidora por parte de este Organismo (RESFC-2019-318-APN-DIRECTORIO#ENARGAS), y señalando además que “... Se proyectó una obra de relocalización para adecuar dicha instalación a las normativas de seguridad, que debía ser ejecutada por ARTEAGA. Esta no la llevó a cabo, y fue ejecutada por LG con cargo ARTEAGA. A la fecha, ARTEAGA adeuda a LG el costo de la obra realizada”.

Que, a tal efecto, mediante Nota Nº NO-2025-15842493-APN-GAL#ENARGAS del 13 de febrero de 2025 se corrió traslado de dicha presentación a la COMUNA DE ARTEAGA, para que en el término de DIEZ (10) días desde su notificación -que fue en idéntica fecha (según consta en IF-2025-15862546-APN-SD#ENARGAS)-, se expidiera al respecto y se mantuviera informado a este Organismo respecto de todas las cuestiones inherentes al asunto allí mencionado, más allá de las medidas que se considerare oportuno llevar a cabo; dejándose asentado que “el cumplimiento de las obligaciones que surgen de las relaciones estrictamente comerciales entre la Prestadora y la Distribuidora son –en principio- una cuestión ajena a la competencia de esta Autoridad Regulatoria. Ello, en la medida en que no se ponga en riesgo la normal y regular prestación del servicio público y/o no se afecte a los usuarios”.

Que, atento a ello y habiéndose vencido ampliamente el plazo otorgado mediante Nota Nº NO-2025-15842493-APN-GAL#ENARGAS del 13 de febrero de 2025, recibida en idéntica fecha (según consta en IF-2025-15862546-APN-SD#ENARGAS), sin que esa Prestadora diera cumplimiento a lo allí solicitado; mediante Nota Nº NO-2025-27347092-APN-GAL#ENARGAS del 17 de marzo de 2025, recibida en idéntica fecha (según consta en IF-2025-27505713-APN-SD#ENARGAS), se le otorgó un plazo perentorio e improrrogable de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir de su recepción, para que diera cumplimiento, bajo apercibimiento de tomar las medidas que se estimen correspondan. Lo cual tampoco fue respondido en tiempo y forma por la COMUNA DE ARTEAGA.

Que, posteriormente, la Distribuidora efectuó una nueva presentación, ingresada a este Organismo el 4 de abril de 2025, mediante Actuación Nº IF-2025-34981613-APN-SD#ENARGAS, donde informó como “hecho nuevo” las causas judiciales habidas con esa Prestadora, dando cuenta de la supuesta “incapacidad económica” de la COMUNA y aduciendo que “nos hallamos frente un problema estructural y recurrente de un déficit de gestión manifiesto, que excede una cuestión de índole meramente comercial ajena a la competencia de ese Organismo Regulador (...) la situación informada se presenta en cabeza de un sujeto que debería contar con adecuada solvencia económica y los recursos necesarios para desarrollar las obligaciones a su cargo, las cuales constituyen la prestación de un servicio público esencial...”.

Que, a tal efecto, mediante Nota Nº NO-2025-35906332-APN-GAL#ENARGAS del 7 de abril de 2025 se corrió traslado de dicha presentación a la COMUNA DE ARTEAGA, para que, en el término de DIEZ (10) días desde su notificación -que fue en idéntica fecha (según consta en IF-2025-35916999-APN-SD#ENARGAS)-, diera cuenta de lo allí expresado por la Distribuidora, sin perjuicio de las medidas que este Organismo estimara pertinentes tomar por los incumplimientos reseñados. La cual, tampoco fue respondida por la COMUNA.

Que, posteriormente, LITORAL realizó otra presentación, ingresada mediante Actuación Nº IF-2025-49589530-APN-SD#ENARGAS del 12 de mayo de 2025, donde informó nuevamente las causas judiciales habidas con la COMUNA DE ARTEAGA y acompañó la contestación por parte de ésta a la demanda iniciada por la Distribuidora.

Que, en esa oportunidad, LITORAL señaló que “... De las excepciones opuestas por la Comuna de Arteaga, desde el tema que incumbe a esa Autoridad Regulatoria, especial atención merece la supuesta falta de legitimación pasiva (Material) invocada. Sin perjuicio de que pueda tratarse, en apariencia, de una estrategia jurídica para sustraerse de obligaciones de pago en el marco del expediente judicial, consideramos necesario ponerlo en conocimiento de tales afirmaciones, en virtud de las implicancias regulatorias que atañen...”.

Que, expresó además que “... si bien ARTEAGA GAS S.A. no se encuentra autorizada por ENARGAS como subdistribuidor, la propia Comuna de Arteaga ha reconocido expresamente en el citado escrito judicial que dicha empresa es quien presta de hecho el servicio de distribución de gas natural en la localidad: ‘La Comuna de Arteaga opone la presente excepción sustancial, toda vez que no se encuentra configurada jurídicamente como sujeto obligado directo frente a Litoral Gas S.A. El vínculo contractual directo no surge de documento alguno acompañado por la actora (...) En rigor, la operación y comercialización del gas se realiza a través de Arteaga Gas S.A., sociedad cuya habilitación se encuentra obstaculizada por la conducta de la propia actora, lo que impide conformar adecuadamente el esquema jurídico de responsabilidad. La Comuna no actúa como licenciataria ni subdistribuidora habilitada por ENARGAS. La prestación del servicio la ejerce de hecho ARTEAGA GAS S.A., quien no es parte del proceso...”.

Que, de un análisis amonioso de la normativa regulatoria que rige en el particular, y teniendo en cuenta los antecedentes aquí expuestos, corresponde efectuar una serie de precisiones que aplican al caso concreto de estas actuaciones.

Que, en primer lugar, cabe recordar que, sin perjuicio de las Licencias otorgadas por el Estado Nacional, conforme la normativa que rige la actividad de subdistribución de gas por redes, la figura de Subdistribuidor está definida en el Artículo 1° del ANEXO I del Decreto N° 1738/92, reglamentario de la Ley N° 24.076, y en el Numeral 1.1. de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto N° 2255/92 (RBLD).

Que, en efecto, según las definiciones establecidas en el citado Artículo 1° del ANEXO I del Decreto N° 1738/92, Distribuidor es quien presta el servicio de distribución y Subdistribuidor es la persona física o jurídica (i) que opera tuberías de Gas que conectan un Sistema de Distribución con un grupo de usuarios, o (ii) que opera tuberías de gas que conectan un Sistema de Transporte con un grupo de usuarios y ha sido declarado Subdistribuidor por el ENARGAS ya sea por encontrarse operando tales instalaciones a la fecha de sanción de la Ley N° 24.076, o por ser sucesor en los derechos de quien así se encontraba, o por haber entrado en operación posteriormente sin vulnerar los derechos del Distribuidor de la zona en que opera.

Que, en esa línea, el Numeral 1.1. RBLD determina que el Subdistribuidor es un Cliente que opera cañerías de Gas que conectan el Sistema de Distribución de la Distribuidora con un grupo de usuarios, autorizado por la Autoridad Regulatoria para actuar como Subdistribuidor.

Que, a su vez, el inciso 2 del Artículo 12 del Anexo I del Decreto N° 1738/92 establece que la actividad del Subdistribuidor es reglamentada por el ENARGAS.

Que, por ende, se verifica de la simple lectura de las normas precedentemente detalladas, que la actividad de subdistribución es reglamentada por el ENARGAS y es este Organismo quien tiene la potestad de otorgar el título habilitante a los sujetos que encuadren en las disposiciones correspondientes para actuar en dicha calidad.

Que, aquello implica la reglamentación por el ENARGAS no sólo de los requisitos de acceso para obtener el título habilitante, sino también de la actividad de subdistribución. No caben dudas de que el ENARGAS en tanto posee competencias legalmente atribuidas y tal cual surge del Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.076 y las Licencias de Distribución, es el organismo nacional con competencia exclusiva para reglamentar lo correspondiente en la materia.

Que, en efecto, la actividad de subdistribución, es un instrumento que debe ser eficaz para la prestación del respectivo servicio en beneficio de los usuarios; de allí la importancia de su regulación y reglamentación, puesto que el interés superior y mejor conveniencia de aquellos usuarios del servicio es el principio rector que debe tenerse en consideración para juzgar, evaluar o intervenir en las referidas autorizaciones de subdistribución.

Que, las autorizaciones se otorgan por el ENARGAS de acuerdo a tal plexo normativo y en particular a lo establecido en la Resolución ENARGAS N° 35/93 que aprobó el “COMPENDIO DE INSTRUCCIONES PARA SUBDISTRIBUIDORES”, considerando también las situaciones generales y particulares que sean inherentes al trámite legal precitado.

Que, asimismo, corresponde resaltar que los subdistribuidores son sujetos regulados por el ENARGAS, resultándoles de aplicación los derechos y obligaciones inherentes a los sujetos prestadores del servicio de distribución de gas por redes, tal como se encuentra establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas y, en particular, con el alcance que establece la Resolución ENARGAS Nº 35/93.

Que, en ese sentido, quien opere y mantenga las instalaciones de distribución de gas en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe, deberá cumplir íntegramente el Marco Regulatorio de la Industria del Gas, y observar y cumplir las normas, instrucciones y directivas que emita el ENARGAS.

Que, a fin de cumplir con los requisitos para ser Subdistribuidor establecidos por la Ley Nº 24.076 (y demás normativa complementaria, en especial la Resolución ENARGAS Nº 35/93), ARTEAGA GAS S.A. hizo diversas presentaciones acompañando documentación e información técnica, contable, societaria, de seguros, etc.

Que, en el análisis de la documentación presentada por ARTEAGA GAS S.A., intervinieron las áreas competentes de esta Autoridad Regulatoria, a fin de evaluar si resultaba pertinente autorizar a aquélla como Subdistribuidor, conforme lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y, en particular, la Resolución ENARGAS N° 35/93.

Que, en ese sentido, la Gerencia de Distribución indicó en su Informe N° IF-2025-46466108-APN-GD#ENARGAS, previo relato de los antecedentes del caso, que “... se verifican diferentes aristas relacionadas todas ellas con el incumplimiento y/o inobservancia de la normativa vigente aplicable en cuanto a la operación y mantenimiento como así también respecto del sujeto prestador del servicio de distribución de gas natural en la localidad de Arteaga. Por un lado se tiene que, si bien la COMUNA DE ARTEAGA resulta ser titular de los activos existentes para la prestación del servicio, dicha comuna ha celebrado un contrato de concesión de las instalaciones para la operación y mantenimiento del sistema de distribución con ARTEAGA GAS S.A., pero esta última firma no ha llegado a cumplimentar la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución ENARGAS N° 35/93 para lograr ser designada formalmente bajo la figura de Subdistribuidor en dicha localidad”.

Que, señaló que “... En línea con ello, y a título de antecedente, cabe traer a colación lo expresado en los considerandos de la Resolución RESFC-2019-318-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 5 de junio de 2019, donde se destacó ‘… en atención a la relevancia de la temática en cuestión y a los antecedentes de las gestiones llevadas a cabo para regularizar la situación, se confirió a ARTEAGA GAS S.A. – a título excepcional – el improrrogable plazo de sesenta (60) días corridos para subsanar las anomalías detectadas en las inspecciones realizadas por LITORAL (y corroboradas por el ENARGAS), y dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución ENARGAS N.° 35/93. Que se aclaró que ello debía cumplirse bajo apercibimiento de suspender las tramitaciones que se llevaban adelante para ser autorizado como Subdistribuidor en la localidad de Arteaga. Que, además, fueron enlistados los demás aspectos que debían ser regularizados en cumplimiento con las exigencias establecidas en la Resolución ENARGAS N.° 35/93.´ También allí ha sido enunciado que ‘… paralelamente, deberán labrarse las actuaciones administrativas tendientes a designar y/o autorizar, de conformidad con la normativa vigente al respecto, al sujeto que se hará cargo en forma definitiva de la operación y mantenimiento del sistema de alta presión sito en la localidad de Arteaga, provincia de Santa Fe.’ y que, ‘a tal fin, la COMUNA DE ARTEAGA, la firma ARTEAGA GAS S.A., y LITORAL GAS S.A. podrán acordar y proponer la designación de un operador definitivo para los activos que aquí se tratan, en la medida en que se cumpla la normativa vigente.’ ...”.

Que, remarcó que estos aspectos “... no fueron cumplidos al día de la fecha por la COMUNA DE ARTEAGA ni por ARTEAGA GAS S.A. pese a la actitud proactiva de este Organismo para lograr su regularización en los términos de la Resolución ENARGAS N° 35/93”. Y que por otro lado “... análogamente se evidencian falencias y apartamientos normativos en lo que hace cuestiones técnicas relevadas en las auditorías anuales llevadas a cabo en el marco del ejercicio del Poder de Policía delegado que posee la Distribuidora como así también relacionadas con compromisos subyacentes de la ya citada RESFC-2019-318-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Puntualmente, cabe mencionar que -en el marco de las obligaciones impuestas en la precitada resolución- la Distribuidora debió realizar una obra de relocalización de cañería para regularizar un tramo del gasoducto de alta presión conforme los requerimientos normativos de seguridad vigentes, la cual debió haber sido ejecutada por ARTEAGA GAS S.A., dado que tal como se indica en el Artículo 5 de la Resolución mencionada ‘… la presente Resolución no excluye la responsabilidad de la COMUNA DE ARTEAGA respecto de los incumplimientos en los que hubiere incurrido mientras operó el gasoducto’. En ese sentido, corresponde señalar que, tal lo expresado por LITORAL en reiteradas oportunidades, al momento la COMUNA DE ARTEAGA adeuda a esa Distribuidora el costo de la obra realizada...”.

Que, la Gerencia de Distribución incluso refirió que “... LITORAL ha remarcado ciertos alejamientos normativos que fueran detectados en la auditoría llevada a cabo por esa Licenciataria con fecha 6 de octubre de 2021 en ejercicio de la Policía de Seguridad que ostenta, dentro de los cuales se resalta que -al día de la fecha- la COMUNA DE ARTEAGA no ha realizado las adecuaciones que debió llevar a cabo sobre la ERP 10/1,5 bar, relevantes para la normal operación del sistema y prestación del servicio, habiendo señalado previamente ARTEAGA GAS S.A. mediante IF-2022-120074588-APN-SD#ENARGAS que se había programado su ejecución durante los meses de octubre / noviembre del año 2023, para luego indicar la COMUNA DE ARTEAGA en el año 2024 (IF-2024-98017851-APN-SD#ENARGAS) -ante reiterados pedidos de informe por parte del ENARGAS- que habían tenido que descartar por incompatibilidad de dimensiones la propuesta inicial definiendo un nuevo anteproyecto relacionado con el plan de reacondicionamiento de la ERP 10/1.5 bar, pero que este último tampoco había podido llegar a su fin debido a cuestiones presupuestarias entre otras”. Y que en este punto “... se verifica claramente una gran demora por parte de la COMUNA DE ARTEAGA en la respuesta y solución de los aspectos técnicos inherentes a la operación del sistema de distribución de gas”.

Que, trajo también a colación lo expresado por LITORAL en su presentación (según consta en IF-2025-13255376-APN-SD#ENARGAS) respecto de los desvíos de ARTEAGA GAS S.A. en las obligaciones de operación del sistema, los cuales ya fueron enunciados en el presente. Y manifestó que “... a pesar de habérsele corrido traslado de la mencionada presentación a la COMUNA DE ARTEAGA mediante la Nota NO-2025-15842493-APN-GAL#ENARGAS y reiterado por NO-2025-27347092-APN-GAL#ENARGAS, habiéndose notificado fehacientemente de ambas misivas, no se obtuvo respuesta alguna por parte del sujeto en cuestión. Es decir que, del análisis de las presentes actuaciones no sólo surgen observaciones y/o incumplimientos de índole formal, sino una situación fáctica irregular por parte de la COMUNA DE ARTEAGA, donde este Organismo ya ha agotado toda vía administrativa de inducción disponible para revertir dicho comportamiento, revelándose que no existe impulso por parte de ARTEAGA GAS S.A. en lograr una solución al respecto...”.

Que, a tal efecto, la Gerencia de Distribución remarcó que “… teniendo en cuenta lo indicado precedentemente y la situación bajo la que se encuentra operando el prestador de la localidad de Arteaga por fuera de los encuadres o figuras regulatorias previstas para su tipo; resulta imperioso resolver sobre la cuestión planteada, con el objeto de definir un operador del sistema de distribución de gas de la localidad de Arteaga. En ese sentido, este Organismo se ve en la situación de tener que tomar una decisión respecto de la prestación del servicio en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe…”.

Que, concluyó expresando que “… De acuerdo con lo informado por la COMUNA DE ARTEAGA y replicado en la RESFC-2019-318-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, el sistema de distribución de gas que abastece a dicha localidad está compuesto por: un gasoducto de aproximación de 60 bar, una Estación Reguladora de Presión (ERP) de 60-10 bar y un ramal de 10 bar, operados actualmente por LITORAL GAS S.A. de manera interina conforme lo dispuso en la citada Resolución; asimismo, se le suman una ERP de 10-1.5 bar y las redes de distribución de medía presión (1.5 bar), construidas una parte en acero (AC) y otra en polietileno (PE) de diversos diámetros. En lo que hace a las instalaciones que siguen siendo operadas por la COMUNA DE ARTEAGA y/o ARTEAGA GAS S.A. (...) se pone de manifiesto que, desde el punto de vista técnico y a partir de la documentación acumulada en el presente Expediente, COMUNA DE ARTEAGA y/o ARTEAGA GAS S.A. no ha dado cumplimiento, a la fecha de emisión del presente, con la documentación relacionada a la solicitud de autorización de Subdistribución en los términos de la Resolución ENARGAS N° 35/93”. Por lo cual “... teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido desde su detección y observación, no han sido corregidas algunas de las irregularidades técnicas detectadas en las inspecciones realizadas por LITORAL en ejercicio de su Poder de Policía. En particular, la no adecuación de la ERP (10/1,5 bar), lo que condiciona la seguridad y confiabilidad del sistema y constituye, ante una eventual situación de emergencia, un riesgo para la normal prestación del servicio de gas natural por redes”.

Que, agregó que “Tampoco han sido atendidos los reiterados pedidos de informe por parte del ENARGAS mediante NO-2025-15842493-APN-GAL#ENARGAS y NO-2025-27347092-APN-GAL#ENARGAS donde se trasladaron los desvíos en las obligaciones de operación del sistema de distribución por parte de la COMUNA DE ARTEAGA que fueran identificados por LITORAL”.

Que, finalmente sostuvo que “… Ante esta situación, corresponde tomar las medidas pertinentes tendientes para garantizar la adecuada operación, mantenimiento y atención de emergencias de las instalaciones de distribución de gas natural en la Localidad de Arteaga. Y que “… ante la incertidumbre en cuanto a la situación de las instalaciones concernientes a la ERP de 10-1.5 bar y la red de distribución de 1.5 bar, construida parte en acero y parte en polietileno de diferentes diámetros deberá considerarse la intervención de la Distribuidora zonal bajo la figura de ´operador o prestador interino´, hasta tanto se defina la situación de la COMUNA DE ARTEAGA, ello teniendo en cuenta que LITORAL posee la aptitud técnica necesaria para atender la operación y mantenimiento de las mencionadas instalaciones, máxime teniendo presente que previamente, mediante la Resolución ENARGAS RESFC-2019-318-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 5 de junio de 2019, se le ordenó a la misma que asumiera el carácter de operador interino de las instalaciones que operan en alta presión. Sin perjuicio de lo cual, correspondería aclarar que ello debería circunscribirse exclusivamente en lo que respecta a la operación y mantenimiento de las instalaciones, sin perjuicio de lo que las partes puedan acordar posteriormente con relación a la propiedad y/o transferencia de los activos afectados al servicio…”.

Que, por último, la Gerencia de Desempeño y Economía expresó en su Informe Nº IF-2025-48222837-APN-GDYE#ENARGAS que “... pese a las misivas enviadas en distintas oportunidades a ARTEAGA GAS S.A. a fin de que ésta cumplimente todos los requisitos estipulados en la RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 35/93 a efectos de ser autorizado como Subdistribuidor de gas por redes, a la fecha del que se suscribe, no obran constancias en el Expte. Nº EX-2021-96984579- -APN-GDYGNV#ENARGAS de que ello haya sido cumplimentado, lo cual, brevitatis causae a este último nos referimos...”. Y agregó que “... ARTEAGA GAS S.A. no dio cumplimiento a los requisitos contables; impositivos; previsionales y asegurativos previstos en la normativa vigente, por cuanto no presentó los tres (3) últimos Estados Contables Dictaminados por Contador Público y Legalizada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente, ni las constancias de inscripciones impositivas, ni los tres (3) últimos pagos de los gravámenes a los que esté obligado a abonar, ni los aportes previsionales respectivos, ni los contratos asegurativos correspondientes, impidiendo de este modo su evaluación”.

Que, finalmente concluyó diciendo que “... ARTEAGA GAS S.A. no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución ENARGAS Nº 35/93, ello, a efectos de la obtención de la autorización de la Subdistribución solicitada, motivo por el cual, se recomienda el pase de los presentes actuados a la Gerencia de Asuntos Legales a los efectos pertinentes”.

Que, en ese orden de ideas, aparece como hecho sustancial una gran demora por parte de la COMUNA DE ARTEAGA en la solución de aspectos técnicos relevantes para la normal prestación del servicio (uno de los requisitos exigidos por la Resolución ENARGAS Nº 35/93 para poder autorizar a ARTEAGA GAS S.A. como subdistribuidor en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe), ello pese a la actitud receptiva de este Organismo en que la Prestadora (irregular) pudiera solucionar dichos aspectos que impedían tal autorización.

Que, efectivamente, del análisis de las presentes actuaciones no sólo surgen observaciones y/o incumplimientos de índole formal, sino una situación fáctica irregular por parte de la COMUNA DE ARTEAGA, que –se reitera- este Organismo ya ha agotado toda vía administrativa de inducción disponible para revertir dicho comportamiento, puesto que no existe impulso por parte de la COMUNA DE ARTEAGA en tratar de lograr una solución al respecto, habiéndose comprometido en realizar las modificaciones en la ERP durante los meses de octubre/noviembre de 2023, lo cual nunca ocurrió ni tampoco brindó información al respecto, pese a los reiterados requerimientos por parte de este Organismo sin obtener respuesta en tiempo.

Que, a título de antecedente, cabe traer a colación lo expresado en los considerandos de la Resolución Nº RESFC-2019-318-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 5 de junio de 2019, que ordenó a LITORAL que, a partir de su notificación y por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, asumiera el carácter de operador interino de las instalaciones que operan en alta presión (gasoducto de alta presión de aproximadamente 1600 metros de longitud y Estación Reguladora de Presión 60/10 bar), que se utiliza para prestar el servicio de distribución de gas natural en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe.

Que, a tal efecto, en dichos considerandos se señaló que “… en atención a la relevancia de la temática en cuestión y a los antecedentes de las gestiones llevadas a cabo para regularizar la situación, se confirió a ARTEAGA GAS S.A. – a título excepcional – el improrrogable plazo de sesenta (60) días corridos para subsanar las anomalías detectadas en las inspecciones realizadas por LITORAL (y corroboradas por el ENARGAS), y dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución ENARGAS N.° 35/93. Que se aclaró que ello debía cumplirse bajo apercibimiento de suspender las tramitaciones que se llevaban adelante para ser autorizado como Subdistribuidor en la localidad de Arteaga. Que, además, fueron enlistados los demás aspectos que debían ser regularizados en cumplimiento con las exigencias establecidas en la Resolución ENARGAS N.° 35/93”, aspectos técnicos (las modificaciones en la ERP) que nunca fueron cumplidos por ARTEAGA pese al esfuerzo de este Organismo en que dicha COMUNA adecuara su actuación de orden jurídico aplicable.

Que, asimismo, el Numeral 4.2.2. de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto Nº 2255/92, establece que es obligación del prestador del servicio de distribución de gas por redes: “Operar la Red de Distribución y prestar el Servicio Licenciado …(ii) en forma prudente, eficiente y diligente y de acuerdo con las buenas prácticas de la industria”.

Que, además, el Punto 13 del Anexo I del “COMPENDIO” precitado establece que no deberá darse trámite al pedido de autorización “hasta que el solicitante no haya cumplido acabadamente con todos los requisitos exigidos”.

Que, a ello, se suma lo expresado en el Punto siguiente: “14. Una vez cumplimentadas acabadamente las exigencias previstas en el capítulo anterior, la autoridad regulatoria dentro de los noventa (90) días, emitirá el correspondiente acto…”.

Que, la prestación del servicio de distribución de gas natural en la localidad de Arteaga, provincia de Santa Fe, se encuentra a cargo –de manera irregular- de la COMUNA DE ARTEAGA, pese a las medidas impulsadas por este Organismo para que dicha COMUNA adecuara su actuación de orden jurídico aplicable.

Que, la actividad de subdistribución es reglamentada por el ENARGAS y es este Organismo quien tiene la potestad exclusiva y excluyente de otorgar el título habilitante a los sujetos que encuadren en las disposiciones correspondientes para actuar en dicha calidad. Situación ésta que ha sido eludida por la COMUNA DE ARTEAGA, quien no sólo no ha cumplido con dicha normativa, sino que se ha tomado atribuciones que no le competen.

Que, es importante destacar que el ENARGAS debe velar por una prestación del servicio conforme a la normativa vigente, obligación que conlleva la necesidad de adoptar las medidas que resulten menester respecto de las Prestadoras de los servicios de transporte y distribución, en los casos que así lo ameriten, y, sobre todo, velar por una protección adecuada de los derechos de los consumidores.

Que, en ese sentido, cabe recordar que el Artículo 52 de la Ley Nº 24.076, prevé como función del ENARGAS: a) Hacer cumplir la presente Ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia, controlando la prestación de los servicios, a los fines de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los términos de la habilitación; y m) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública, en la construcción y operación de los sistemas de transporte y distribución de gas natural.

Que, por esa razón, deviene necesario designar un operador interino de las redes de distribución de gas natural en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe, a los fines de garantizar la prestación del servicio en las condiciones previstas en la Ley N° 24.076 y disposiciones complementarias y concordantes.

Que, ante esta situación, de acuerdo a lo expresado por la Gerencia de Distribución, respecto de la incertidumbre en cuanto a la situación de las instalaciones concernientes a la ERP de 10-1.5 bar y la red de distribución de 1.5 bar en la localidad de Arteaga, deberá considerarse la intervención de la Distribuidora zonal bajo la figura de operador interino, hasta tanto se defina la situación de la COMUNA DE ARTEAGA, ello teniendo en cuenta que LITORAL posee la aptitud técnica necesaria para atender la operación y mantenimiento de las mencionadas instalaciones, máxime teniendo presente que, previamente, mediante la Resolución N° RESFC-2019-318-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 5 de junio de 2019, se le ordenó a la Distribuidora que asumiera el carácter de operador interino de las instalaciones que operan en alta presión.

Que, tal designación se encuentra prevista en el Artículo 10.7.4 de las citadas Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas mediante Decreto N° 2255/92.

Que, en ese contexto, la puesta en funcionamiento de medidas que procuren asegurar los presupuestos mínimos de prudencia, eficiencia, diligencia y de acuerdo con las buenas prácticas de la industria, resulta indispensable a tenor de las circunstancias reseñadas.

Que, cabe aclarar que esta Autoridad Regulatoria sólo interviene – en esta oportunidad – en lo que respecta a la operación y mantenimiento de las instalaciones, sin perjuicio de lo que las partes puedan acordar posteriormente con relación a la propiedad y/o transferencia de los activos afectados al servicio. Paralelamente, deberán labrarse las actuaciones administrativas tendientes a designar y/o autorizar, de conformidad con la normativa vigente al respecto, al sujeto que se hará cargo en forma definitiva de la operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por redes en la localidad de Arteaga, provincia de Santa Fe.

Que, a tal fin, la COMUNA DE ARTEAGA y LITORAL GAS S.A. podrán acordar y proponer la designación de un operador definitivo para los activos que aquí se tratan, en la medida en que se cumpla la normativa vigente.

Que, cabe destacar que lo aquí expresado no excluye la responsabilidad de la COMUNA DE ARTEAGA respecto de los incumplimientos en los que hubiere incurrido durante el plazo en que prestó el servicio, y en caso de que existieran procedimientos administrativos iniciados como consecuencia de irregularidades detectadas, los mismos deberán seguir su curso por la vía correspondiente, lo cual no obsta al cumplimiento por parte de la COMUNA DE ARTEAGA de las obligaciones que eventualmente se encuentren pendientes con este Organismo.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS resulta competente para resolver las presentes actuaciones en orden a lo dispuesto en el Artículo 52 inciso (a) y en el Artículo 59 inciso (a), ambos de la Ley Nº 24.076, y lo establecido en los Decretos DNU N° 55/23 y N° 1023/24 y la Resolución N° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: No hacer lugar a la solicitud de autorización presentada por ARTEAGA GAS S.A. para operar y mantener las instalaciones para la provisión de gas natural por redes en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe, en carácter de Subdistribuidor, dentro de los límites físicos de la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe, en el área de Licencia de LITORAL GAS S.A.; ya que dicha empresa no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos previstos en la Resolución ENARGAS N° 35/93, para operar en carácter de Subdistribuidor, conforme lo manifestado en los Considerandos del presente acto.

ARTÍCULO 2°: Ordenar a LITORAL GAS S.A. que, a partir de la notificación de la presente Resolución y por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles administrativos, asuma el carácter de operador interino de las instalaciones existentes en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 3°: Disponer que el plazo fijado en el Artículo precedente se renovará automática y sucesivamente por períodos iguales, salvo disposición en contrario y hasta tanto esta Autoridad Regulatoria designe un nuevo Operador.

ARTÍCULO 4°. A los fines dispuestos en el Artículo 2° de la presente, LITORAL GAS S.A. deberá adoptar las medidas y recaudos necesarios a los fines de disponer la normalización de las instalaciones en condiciones de seguridad, y de conformidad con lo establecido en la normativa técnica vigente.

ARTÍCULO 5°: Ordenar a la COMUNA DE ARTEAGA que arbitre los medios necesarios para el traspaso de la operación y de los activos afectados al servicio conforme lo dispone la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°: Disponer las actuaciones administrativas tendientes a designar y/o autorizar, de conformidad con la normativa vigente al respecto, al sujeto que se hará cargo en forma definitiva de la operación del sistema de distribución en la localidad de Arteaga, Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 7°: Disponer que la presente Resolución no excluye la responsabilidad de la COMUNA DE ARTEAGA respecto de los incumplimientos en los que hubiere incurrido durante el plazo en que prestó el servicio, y en caso de que existieran procedimientos administrativos iniciados como consecuencia de irregularidades detectadas, los mismos deberán seguir su curso por la vía correspondiente, lo cual no obsta al cumplimiento por parte de la COMUNA DE ARTEAGA de las obligaciones que eventualmente se encuentren pendientes con este Organismo.

ARTÍCULO 8°: Notificar a la COMUNA DE ARTEAGA, a ARTEAGA GAS S.A. y a LITORAL GAS S.A. en los términos del artículo 41 del Decreto N.° 1759/72 (t.o. 2017) publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archivar.

Carlos Alberto María Casares

e. 27/05/2025 N° 35191/25 v. 27/05/2025

• Leyes:
  • 22520
    infoleg 48853
  • 25632
    infoleg 77329
  • 26364
    infoleg 140100
  • 26842
    infoleg 206554
  • 26061
    infoleg 110778
• Decretos:
  • 415/2006
    infoleg 115526
  • 111/2015
    infoleg 241357
  • 8/2023
    infoleg 377864
    infoleg 394976
  • 86/2023
    infoleg 379714
    infoleg 395647
  • 438/1992
    infoleg 8476

Análisis Legal de la Resolución RESOL-2025-246-APN-MCH
(Creación del "Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas")

1. Marco Legal y Fundamento Constitucional

La norma se sustenta en:
- Constitución Nacional Argentina (C.N.A.):
- Art. 14 (derechos fundamentales: trabajo, libre circulación).
- Art. 14 bis (derechos laborales y sociales, clave para la "Línea de Apoyo a la Inserción Laboral" del Anexo I).
- Art. 15 (abolición de la esclavitud, aplicable a la trata).
- Art. 27 (jerarquía de tratados internacionales, como el Protocolo de Palermo aprobado por Ley 25.632).
- Art. 43 (acción de amparo para derechos colectivos, incluyendo víctimas de trata).
- Leyes Internacionales y Nacionales:
- Ley 25.632 (Protocolo de Palermo, Arts. 6, 16, 19, 23).
- Ley 26.364 (Art. 6: garantías mínimas a víctimas).
- Ley 26.061 (Art. 44: protección integral a niños, niñas y adolescentes).

2. Impacto en Normas Preexistentes

La Resolución deroga explícitamente tres programas previos:
- Resolución 493/2023 (Programa "RESTITUIR"): brindaba apoyo económico para la autonomía de víctimas.
- Resolución 391/2021 (Programa de Reparación Laboral): incluía formación laboral.
- Resolución 463/2018: vinculada a protocolos de asistencia a víctimas.

Posibles irregularidades:
- Falta de continuidad de beneficios: Si el nuevo programa no explicita la continuidad de prestaciones económicas (ej.: el apoyo de "RESTITUIR") o la formación laboral (del Programa 391/2021), podría generar vacíos en la protección de derechos.
- Conflicto con el Decreto 111/2015 (Art. 6 de la Ley 26.364): Este establece garantías mínimas (alojamiento, asistencia médica, patrocinio jurídico). Si el nuevo programa omite alguno de estos elementos, podría ser inconstitucional.

3. Derechos Afectados

• Derecho a la reinserción laboral (Art. 14 bis C.N.A. y Ley 26.364, Art. 6, inc. d): La Línea de Inserción Laboral del Anexo I respalda este derecho, pero su implementación depende de la coordinación con la Subsecretaría de Empleo (Decreto 86/2023, Art. 3°).
• Derecho a la protección integral (Ley 26.364, Art. 6): El REDAVIT como base unificada de datos debe garantizar confidencialidad (C.N.A. Art. 22 y Ley 26.061, Art. 22).
• Derecho a la no discriminación (Protocolo de Palermo, Art. 19 y Ley 25.632, Art. 23): La norma menciona acceso igualitario, pero no detalla medidas específicas para grupos vulnerables (mujeres, migrantes, menores).

4. Irregularidades Detectadas

1. Falta de transición reglamentaria:
2. La derogación de programas previos (Arts. 4°, 5° y 6°) no establece mecanismos para garantizar la continuidad de beneficiarios. Esto podría dejar en situación de riesgo a víctimas que dependían de "RESTITUIR" o "Reparación Laboral".

3. Art. 12 del Decreto 86/2023: Exige la continuidad de recursos y personal en transferencias de competencias. Si no se asegura, podría vulnerar este principio.

4. Centralización del poder en la Unidad de Gabinete de Asesores:

5. Art. 8° de la Resolución: Delega facultades amplias en la Unidad de Gabinete, incluyendo la creación de convenios y normas complementarias.

6. Riesgo de abuso: Según el Decreto 8/2023 (Art. 2), la delegación de facultades debe limitarse a aspectos técnicos, no a la creación de políticas. La Resolución podría exceder este límite.

7. Fortalecimiento del REDAVIT sin garantías de privacidad:

8. Art. 22 de la Ley 26.364: Exige un Registro Nacional de Datos, pero la norma no detalla cómo REDAVIT respetará el derecho a la privacidad (C.N.A. Art. 22 y Ley 26.061, Art. 22).
9. Posible vulneración: Si los datos se comparten sin consentimiento o con fines distintos a la asistencia, podría violar el principio de non-refoulement (Protocolo de Palermo, Art. 14).

5. Posibles Abusos y Recomendaciones

• Riesgo de fragmentación federal:
• Art. 7° de la Resolución: Menciona la coordinación con Puntos Focales Provinciales, pero no define mecanismos de control.

• Art. 44 de la Ley 26.061: Requiere que el Consejo Federal garantice la transferencia de fondos a provincias. Sin supervisión clara, podría haber desigualdades en la asistencia.

• Exclusión de actores clave:

• El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata (Ley 26.364, Art. 18) y el Comité Ejecutivo (Art. 21) no son mencionados como entidades de supervisión. Esto podría debilitar la articulación interinstitucional.

• Falta de participación ciudadana:

• Ley 25.632, Art. 29: Promueve la cooperación técnica con ONG. La Resolución menciona convenios (Art. 8°), pero no establece participación de organizaciones especializadas en la gestión del programa.

6. Conclusión

La Resolución cumple con obligaciones internacionales (Protocolo de Palermo, Ley 25.632) al unificar esfuerzos contra la trata y enfocarse en la reinserción laboral y social. Sin embargo, presenta riesgos de inconstitucionalidad si:
1. No se garantizan las garantías mínimas (alojamiento, asistencia médica) previstas en Ley 26.364, Art. 6.
2. Se vulnera el derecho a la privacidad en el manejo del REDAVIT.
3. Se centraliza el poder en la Unidad de Gabinete sin mecanismos de control.

Recomendaciones:
- Aclarar en la reglamentación complementaria la continuidad de beneficios para víctimas de programas derogados.
- Establecer mecanismos de transparencia y control para la gestión del REDAVIT.
- Incluir al Consejo Federal y Comité Ejecutivo en la supervisión del programa para evitar fragmentación federal.

La norma, aunque bien intencionada, requiere ajustes técnicos y legales para evitar vacíos en la protección de derechos y garantizar su alineación con el marco constitucional e internacional.

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2025

VISTO Expediente Nº EX-2025-51472361- -APN-DANAYF#MCH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, las Leyes Nros. 25.632, 26.364 y su modificatoria 26.842, 26.061; los Decretos Nros. 415 de fecha 17 de abril de 2006, 111 de fecha 26 de enero de 2015, 8 de fecha 10 de diciembre de 2023, 86 de fecha 26 de diciembre de 2023, las Resoluciones Nros. 463 de fecha 16 de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, 1766 de fecha 12 de agosto de 2019 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 391 de fecha 8 de julio de 2021 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 1 de fecha 4 de enero de 2023 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 493 de fecha 16 de marzo de 2023 del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; el “Protocolo para la Asistencia a las Personas Víctimas de Trata y Explotación Sexual Infantil” aprobado en 2008 por el CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, y

CONSIDERANDO:

Que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la Ley Nº 25.632, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios, entre ellos el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Que el aludido Protocolo impone a los Estados Parte la obligación de tipificar la trata de personas como delito en su legislación interna, y de adoptar medidas orientadas tanto a la prevención y sanción de dicha conducta como a la asistencia y protección de sus víctimas.

Que en consonancia con dichos compromisos internacionales, el artículo 6° de la Ley N° 26.364, modificada por la Ley N° 26.842, establece las garantías mínimas que configuran las obligaciones concretas del Estado Nacional respecto de las personas víctimas de los delitos de trata o explotación de personas para asegurar, con independencia de su condición procesal, el acceso efectivo a derechos tales como, información adecuada, la asistencia médica y psicológica gratuita, el alojamiento y la manutención digna, el patrocinio jurídico integral, la protección frente a represalias, la posibilidad de permanecer en el país o retornar a su lugar de origen, la incorporación o reinserción educativa y laboral, entre otros.

Que el Decreto Nº 111/2015 reglamentó dicho régimen y asignó competencias específicas a los organismos intervinientes en cada etapa del circuito de asistencia, restitución de derechos y acompañamiento integral.

Que la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 44 establece como funciones propias de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, entre otras, las de diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas y privadas de asistencia y protección de derechos, promoviendo políticas activas de resguardo y defensa de los derechos de niños, niñas adolescentes y sus familias; coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños y adolescentes; y efectivizar juntamente con el CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas.

Que el artículo 45 de la citada norma creó el CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, presidido por el titular de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA e integrado por éste y por los representantes de los Órganos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes o a crearse en cada una de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que, en ese marco, el CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA tiene entre sus funciones concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, efectivizar juntamente con la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas, gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción y Promover en coordinación con la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Que con fecha 6 de noviembre de 2008 el CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA aprobó el Protocolo para la Asistencia a las víctimas de trata y explotación sexual infantil y sus directrices, publicado en el Boletín oficial con fecha 29 de diciembre de 2008.

Que en la Primera Reunión Nacional de Autoridades en materia de Trata de Personas, celebrada en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 19 y 20 de abril de 2012 se aprobaron las Directrices al Protocolo Nacional de Asistencia a víctimas de Trata de Personas, estableciendo las misiones, funciones y competencias del Punto Focal Nacional y de los Puntos Focales Provinciales.

Que por el artículo 18 de la Ley N° 26.364 y sus modificatorias se creó el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS que tiene por cometido implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

Que, por su parte, el artículo 21 de la mencionada ley creó el COMITÉ EJECUTIVO PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, que tiene a su cargo la ejecución del

Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Que la Resolución Nº 1/2023 (RESOL-2023-1-APN-JGM) de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS actualizó el “Protocolo Único de Articulación”, incorporando las acciones implementadas por los Ministerios y las actualizaciones que surgen de las experiencias y prácticas en la materia, desarrolladas desde la aprobación del antecesor protocolo en 2015, estableciendo la intervención de los organismos competentes, unificando criterios, previendo las fragmentaciones y las sobre intervenciones desde el momento de la denuncia hasta la asistencia a cada una de las víctimas del delito de trata.

Que en el marco de las competencias reseñadas precedentemente se dictó la Resolución N° 463/2018 (RESOL-2018-463-APN-SENAF#MDS) de la entonces SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA mediante la que se creó -por su artículo 3°- el “PROGRAMA NACIONAL DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS”, que posee entre sus acciones, la de asistir a víctimas del delito de trata de personas y todo tipo de explotación y articular con los puntos focales provinciales de asistencia a víctimas de trata.

Que por la Resolución N° 391/2021 (RESOL-2021-391-APN-MT) del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se creó el “PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN DE DERECHOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES PARA LAS AFECTADAS Y LOS AFECTADOS POR LOS DELITOS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS”, que tiene entre sus objetivos promover la reparación de derechos vulnerados y facilitar la inserción socio-laboral de las personas damnificadas, a través de DOS (2) líneas de acción programáticas: la primera, denominada “RECUPERACIÓN DE DERECHOS E IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES”, orientada a la valoración integral de la situación de la persona y su fortalecimiento personal y formativo; y la segunda, “APOYO Y ASISTENCIA A LA INSERCIÓN LABORAL Y AL DESARROLLO OCUPACIONAL”, destinada a acompañar procesos de integración en ámbitos de empleo y generación de ingresos.

Que por Resolución N° 493/2023 (RESOL-2023-493-APN-MDS) del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL se creó el Programa “RESTITUIR”, que tiene por objeto promover el proceso de autonomía de las personas víctimas del delito de trata, para el diseño de su proyecto de vida, durante la etapa de fortalecimiento de su autonomía, mediante el otorgamiento de una prestación económica específica.

Que los aludidos programas funcionan actualmente en el ámbito de distintas áreas del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, lo que genera una superposición de funciones, duplicación de recursos y dispersión operativa.

Que por ello resulta necesario unificar dichos dispositivos en un programa integral de carácter nacional que garantice la asistencia y la reinserción laboral de las víctimas del delito de trata de personas haciendo énfasis en la eficacia de las prestaciones, la eficiencia administrativa y la articulación federal.

Que para la plena implementación del aludido programa resulta necesario suscribir convenios con organismos públicos y/o privados y/o, en su caso, con asociaciones de la sociedad civil a fin de poseer un único registro de las víctimas y lograr una efectiva prestación de las líneas de asistencia contempladas por el programa.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.364 establece entre las tareas a cargo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas la de llevar adelante UN (1) Registro Nacional de Datos vinculados con los delitos de trata y explotación de personas, como sistema permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo.

Que a través de la Resolución N° 1766/2019 (RESOL-2019-1766-APN-SENNAF#MSYDS) del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL se aprobó un convenio suscripto de entre la entonces SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL y la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES a efectos de desarrollar e implementar la plataforma de registro de asistencia a víctimas de trata en el marco del proyecto “Apoyo al Programa Nacional para la Lucha contra la Trata en Argentina”.

Que a fin de unificar los programas es imprescindible contar con una base de datos unificada, fidedigna y actualizada que permita a las autoridades administrativas y/o judiciales gestionar la problemática vinculada al delito de trata y explotación de personas.

Que para ello es necesario fortalecer el Registro Federal de Asistencia a Víctimas de Trata (REDAVIT) como único medio para la identificación de víctimas del delito de trata de personas.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado intervención en el marco de sus competencias.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES dependiente de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA y la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, han intervenido en el marco de sus respectivas competencias por medio de los Informes Técnicos Nros. IF-2025-53907176-APN-SSPF#MCH e IF-2025-55324816-APN-SSPF#MCH.

Que la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA y la SECRETARIA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ambas del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han prestado conformidad a la presente medida en el marco de sus respectivas competencias.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ambas del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han tomado la intervención que le es pertinente.

Que la presente medida se dicta en el marco de lo dispuesto por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO el “PROGRAMA NACIONAL DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS A VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS”, conforme los lineamientos del ANEXO I (IF-2025-55330183-APN-SSPF#MCH), que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la Autoridad de Aplicación del programa creado por artículo 1° será la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

ARTÍCULO 3°.- La Autoridad de Ejecución del programa creado por artículo 1° será la que disponga la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

ARTÍCULO 4°.- Déjase sin efecto el Programa “RESTITUIR” creado por la Resolución N° 493/2023 (RESOL-2023-493-APN-MDS) del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 5°.- Déjase sin efecto el “PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN DE DERECHOS Y DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES PARA LAS AFECTADAS Y LOS AFECTADOS POR LOS DELITOS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS”, aprobado por la Resolución N° 391/2021 (RESOL-2021-391-APN-MT) del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 6°.- Suprimir del ANEXO II (IF-2018-09684466-APN-DNPYPI#SENNAF) de la Resolución Nº 463/2018 (RESOL-2018-463-APN-SENAF#MDS) de la entonces SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el Objetivo “Diseñar y elaborar lineamientos, protocolos, circuitos de atención en materia de Trata de personas, Refugiados y Restitución Internacional en el marco de las normativas específicas de cada una de las temáticas” y la Acción “Prevención y Asistencia Integral a Víctimas del Delito de Trata de Personas”.

ARTÍCULO 7°.- Apruébase el modelo de Acta de Adhesión al Programa creado por el artículo 1°, que como ANEXO II (IF-2025-54192543-APN-SSPF#MCH) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 8°.- Facúltase a la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del Programa creado por el Artículo 1° de la presente medida, y para suscribir los convenios necesarios para la operatividad del mismo.

ARTÍCULO 9°.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la JURISDICCIÓN 88, SUBJURISDICCIÓN 01 – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Sandra Pettovello

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 27/05/2025 N° 35218/25 v. 27/05/2025

• Leyes:
  • 25632
    infoleg 77329
  • 26669
    infoleg 181137
  • 18398
    infoleg 46324
  • 22520
    infoleg 48853
  • 24059
    infoleg 458
  • 26364
    infoleg 140100
  • 26842
    infoleg 206554
  • 27508
    infoleg 325439
• Decretos:
  • 111/2015
    infoleg 241357
  • 438/1992
    infoleg 8476

Análisis Legal de la Resolución Ministerio de Seguridad Nacional N° 633/2025

La Resolución N° 633/2025 aprueba un Protocolo para la Prevención y Detección del Delito de Trata de Personas a Bordo de Buques Pesqueros Extranjeros, vinculándose con múltiples normativas nacionales e internacionales. A continuación, se analizan sus implicaciones legales, derechos afectados, posibles irregularidades y riesgos de abuso:

1. Marco Jurídico Aplicable y Cumplimiento

La norma se fundamenta en:
- Ley 25.632 (aprobación de la Convención de Palermo y su Protocolo contra la Trata de Personas), que obliga a los Estados a prevenir la trata, proteger a las víctimas y promover cooperación internacional (Art. 2 y 9.3 del Protocolo).
- Ley 26.669 (Convenio OIT 188), que establece estándares laborales mínimos en el sector pesquero, relevante para identificar trabajo forzoso.
- Ley 26.364 y sus modificatorias (Ley de Trata de Personas), que tipifica el delito y garantiza derechos a las víctimas.
- Ley 18.398 (Ley General de la Prefectura Naval Argentina), que otorga a esta fuerza competencia exclusiva en aguas jurisdiccionales y en buques de bandera argentina.

Cumplimiento:
- La Resolución se alinea con obligaciones internacionales (Convención de Palermo y OIT 188) y nacionales (Ley 26.364 y 18.398), al enfocarse en la detección de trata laboral en contextos marítimos.
- Sin embargo, su aplicación en aguas internacionales (mar libre) requiere clarificación, ya que la Ley 18.398 solo otorga jurisdicción exclusiva en aguas argentinas y buques de bandera nacional. Esto podría generar tensiones con el derecho internacional marítimo, que restringe la intervención en buques extranjeros en alta mar, salvo excepciones (ej.: bandera falsa o autorización del Estado de matrícula).

2. Derechos Afectados y Garantías Constitucionales

La norma impacta en derechos consagrados por la Constitución Nacional Argentina (CNA):
- Artículo 14 y 14 bis CNA: Garantías de trabajo digno y protección contra explotación laboral. El protocolo busca prevenir el trabajo forzoso en buques extranjeros, alineándose con estos principios.
- Artículo 16 CNA: Igualdad ante la ley. La norma debe aplicarse sin discriminación hacia tripulantes extranjeros.
- Artículo 18 CNA: Derecho a un debido proceso. Las actuaciones de la Prefectura deben respetar principios de legalidad y no arbitrariedad, especialmente en inspecciones de buques extranjeros.
- Artículo 43 CNA: Acceso a recursos legales. La clasificación como reservado del Anexo I (Guía de Preguntas Exploratorias) podría limitar la transparencia y dificultar la defensa de tripulantes o armadores afectados.

Riesgos:
- Revictimización de trabajadores: Si los operativos no se realizan con protocolos sensibles (según Ley 26.364, Art. 16), las víctimas podrían sufrir trato inadecuado.
- Acceso a la justicia: La reserva del Anexo I restringe la posibilidad de cuestionar los criterios de intervención, afectando el derecho a la defensa (Art. 18 CNA).

3. Relación con Normas Preexistentes

La Resolución no modifica normas vigentes, sino que complementa la Resolución 635/2018 (Lineamientos Generales para Trata en Canales Fluviales y Marítimos) y el Anexo VI de la misma (Protocolo de Actuación para Rescate de Víctimas). Sin embargo, presenta diferencias clave:
- Específicidad: El nuevo protocolo se enfoca en buques pesqueros extranjeros, mientras que las normas anteriores abordan contextos más generales.
- Confidencialidad del Anexo I: La Guía de Preguntas Exploratorias está clasificada como reservada, lo que podría generar inconsistencias con el principio de publicidad normativa (Art. 2 de la Ley 26.842), que exige transparencia en medidas de seguridad.

Posible conflicto:
- Ley 27.508 (Fondo de Asistencia a Víctimas): Si los decomisos en operativos marítimos se destinan al Fondo, se debe garantizar que los recursos se asignen conforme al Art. 12 de esta ley, priorizando asistencia a víctimas.

4. Posibles Irregularidades y Riesgos de Abuso

a) Jurisdicción y soberanía marítima:
- La Prefectura Naval Argentina tiene competencia en aguas jurisdiccionales argentinas y buques de bandera nacional (Ley 18.398, Art. 4). Sin embargo, la norma no aclara si las inspecciones en mar libre requieren acuerdos bilaterales o autorización del Estado de matrícula, como lo exige el Derecho del Mar (Art. 111 del Convenio de Ginebra de 1958). Un enfoque ambiguo podría llevar a injerencias ilegítimas en buques extranjeros, generando disputas diplomáticas.

b) Confidencialidad del Anexo I:
- La reserva del Anexo I, aunque justificada por cuestiones operativas, carece de mecanismos de control parlamentario o judicial, lo que podría habilitar actuaciones arbitrarias basadas en criterios no públicos.

c) Discriminación indirecta:
- Si las inspecciones se centran desproporcionadamente en buques de ciertas nacionalidades, podría violar el Art. 16 CNA (no discriminación) y el Art. 2.3 del Protocolo de Palermo, que prohíbe medidas xenofóbicas.

d) Falta de capacitación especializada:
- La Ley 26.842 (Art. 22) exige capacitación en trata para fuerzas de seguridad. Si el personal de la Prefectura no recibe formación específica en trata con fines laborales marítima, las actuaciones podrían ser ineficaces o violatorias de derechos.

5. Conclusión General

La Resolución N° 633/2025 refuerza el cumplimiento de obligaciones internacionales (Convención de Palermo, OIT 188) y nacionales (Ley 26.364), pero presenta riesgos legales que requieren atención:
1. Clarificación de jurisdicción: Se debe explicitar que las inspecciones en mar libre requieren acuerdos internacionales o coordinación con Estados ribereños, evitando violaciones al derecho marítimo.
2. Transparencia del Anexo I: La Guía de Preguntas Exploratorias debería publicarse con excepciones razonables, garantizando acceso a jueces y defensores en casos concretos, conforme al Art. 11 de la Ley 27.508 (confidencialidad equilibrada).
3. Capacitación y protocolos de no revictimización: La Prefectura debe garantizar que su personal esté formado en derechos de víctimas, siguiendo el Art. 16 del Protocolo de Palermo y el Art. 6 de la Ley 26.364.
4. Coordinación institucional: El protocolo debe integrarse con el Consejo Federal contra la Trata (Ley 26.364, Art. 7) para evitar duplicidades y asegurar asistencia integral a víctimas.

En síntesis, la norma es un avance en la lucha contra la trata en el sector pesquero, pero su implementación debe ajustarse a límites constitucionales, normativa internacional y principios de transparencia para evitar abusos.

Referencias Clave:
- Ley 25.632 (Protocolo de Palermo: Arts. 2, 9.3, 16).
- Ley 26.364 (Arts. 6, 7, 16).
- Ley 18.398 (Art. 4: jurisdicción marítima).
- Decreto 438/1992 (Art. 22 bis: competencia del Ministerio de Seguridad).
- Constitución Nacional Argentina (Arts. 14, 14 bis, 16, 18, 43).

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2025

VISTO el expediente EX-2024-61388139- -APN-DINC#PNA del registro de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la Ley N° 25.632 aprobatoria de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL y sus protocolos complementarios, la Ley N° 26.669 aprobatoria del CONVENIO SOBRE EL TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO —CONVENIO OIT N° 188, la LEY GENERAL DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA N° 18.398 y sus modificatorias, la LEY DE MINISTERIOS N° 22.520 (T.o. Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de SEGURIDAD INTERIOR N° 24.059 y sus modificatorias, la Ley de PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS N° 26.364, la Ley N° 26.842, la Ley N° 27.508, el Decreto N° 111 del 26 de enero de 2015, la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1 del 4 de enero de 2023, las Resoluciones del entonces MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 742 del 24 de agosto de 2011, N° 848 del 7 de septiembre de 2011, N° 36 del 29 de enero de 2013, N° 787 del 1 de agosto de 2017 y N° 635 del 27 de julio de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 25.632, se aprobó la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL y sus protocolos complementarios.

Que el inciso 1º del artículo 31 de la citada Convención establece que los Estados Partes deberán promover prácticas y políticas óptimas para combatir el delito organizado.

Que, asimismo, el inciso 4° del mencionado artículo establece que los Estados Partes deberán evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas vigentes, a fin de detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados.

Que el artículo 2° del PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, complementario de la Convención en cuestión, determina como fines: prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; proteger y ayudar a las víctimas, respetando plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Que el inciso 3º del artículo 9º del Protocolo citado establece que los Estados Partes deberán fijar las políticas y programas tendientes a prevenir y combatir la trata de personas.

Que el delito de trata de personas configura una grave violación a los derechos humanos, que ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional, que, en su vertiente más avanzada, implica la cosificación y sometimiento del ser humano afectando su libertad y dignidad.

Que el Estado Nacional tiene la obligación de prevenir y conjurar el delito de trata de personas, así como sus delitos conexos, persiguiendo a sus autores y protegiendo a sus víctimas.

Que, en ese entendimiento, se sancionaron las Leyes de PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS N° 26.364 y sus modificatorias.

Que, por su parte, el artículo 22° bis de la LEY DE MINISTERIOS (t.o. 1992) y sus modificatorios establece que es competencia de este MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Que, en igual sentido, el artículo 8º de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias establece que este MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, por delegación del Presidente de la Nación, ejerce la conducción política del esfuerzo nacional de policía y tiene a su cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional.

Que, en función de la expansión del delito de trata de personas y sus delitos conexos a nivel internacional como nacional, procede actualizar y adecuar la normativa aplicable por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a dicha problemática.

Que, mediante diferentes Resoluciones, este MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL proveyó a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales de herramientas y pautas orientativas de su accionar para la identificación de una posible situación de trata de personas, ya sea en la recepción de denuncias como en flagrancia.

Que, para ello, resultó necesario considerar que, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA posee un ámbito de actuación exclusivo y excluyente en el mar argentino, ríos, lagos, canales y demás aguas navegables de la Nación que sirven al tránsito y comercio interjurisdiccional, y en los puertos sometidos a jurisdicción nacional, Antártida Argentina, Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur; a bordo de buques de bandera nacional y extranjera en aguas jurisdiccionales y en los de bandera argentina que se encuentren en el mar libre.

Que, asimismo, entre sus funciones, establecidas en la Ley N°18.398, ejerce el servicio de policía de seguridad de la navegación, la jurisdicción administrativa de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial, velando por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en los espacios marítimos, a través del despliegue de medios marítimos y aéreos.

Que, en consecuencia, mediante la Resolución de este Ministerio N° 635/2018 se aprobaron los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN CANALES FLUVIALES Y MARÍTIMOS (IF-2018-35833058-APN-UCG#MSG), con el fin de establecer pautas especiales para guiar el accionar que debe seguir el personal de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA en la detección de posibles situaciones de trata de personas.

Que, por otra parte, en relación con los buques pesqueros, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el Convenio OIT N° 188 (Ley N° 26.669), el cual tiene por finalidad proteger a los trabajadores del sector pesquero garantizando que realicen su tarea en condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques, estableciendo los requisitos mínimos para el trabajo, condiciones de servicio, alojamiento y comida, protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, atención médica y seguridad social.

Que, al respecto, es preciso tener presente que, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA es integrante del Sistema de Búsqueda y Salvamento (SAR), logrando dar respuesta a más del 99% de todos los casos de Búsqueda y Salvamento, y coordina las operaciones desarrolladas en el ámbito marítimo, efectuando –entre otras– una gran cantidad de asistencias sanitarias por vía aérea (aeroevacuaciones) a tripulantes de variadas nacionalidades en buques pesqueros nacionales y extranjeros.

Que los buques pertenecientes a flotas extranjeras de pesca, que operan en proximidad a la Zona Económica Exclusiva argentina, presentan tripulaciones que podrían considerarse en situación de vulnerabilidad, a causa de factores socioeconómicos o de haber sido reclutados con ofertas de empleo engañosas a través de la intervención de agencias de contratación en diferentes países. Sumado a ello, realizan su trabajo en altamar alejados de todo control jurisdiccional, por periodos prolongados de tiempo, con limitaciones idiomáticas e imposibilidad de contactarse con otras personas en tierra, etc., pudiendo como resultado ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral u otros delitos conexos.

Que, en consideración con la situación planteada, resulta necesario aprobar, para uso exclusivo de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, el PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y DETECCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS A BORDO DE BUQUES PESQUEROS EXTRANJEROS y su Anexo I GUÍA PARA LAS PREGUNTAS EXPLORATORIAS, que pretenden establecer una serie de indicios y procedimientos específicos que podrían permitir una, más eficiente y eficaz, intervención policial en la detección de posibles situaciones de trata de personas a bordo de buques extranjeros.

Que el contenido del Protocolo será de aplicación, en los ámbitos sometidos a jurisdicción de la Nación argentina, por los efectivos de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA que, en cumplimiento de sus funciones específicas, tomen contacto con tripulaciones de buques pesqueros extranjeros, para la detección temprana de indicadores de conductas en infracción a la Ley N° 26.364 y sus modificatorias, en concordancia con la aplicación del ANEXO V “Lineamientos generales para la prevención y erradicación del delito de trata de personas en canales fluviales y marítimos” y del ANEXO VI “Protocolo de actuación de las fuerzas federales para el rescate de víctimas de trata de personas” de la Resolución N° 635- E/2018 de esta Cartera Ministerial.

Que la aprobación de un Protocolo exclusivo para el personal de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA no modifica pautas ya reglamentadas, sino que expande el marco de acción otorgando una nueva herramienta que complementa las normas ya dispuestas, orientadas a la detección de posibles situaciones de trata de personas.

Que han tomado la intervención de su competencia la ASESORÍA JURÍDICA de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º inciso b) y el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.o. por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°– Apruébanse el PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y DETECCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS A BORDO DE BUQUES PESQUEROS EXTRANJEROS (IF-2025-41947624-APN-PNA#MSG) y su Anexo I GUÍA PARA LAS PREGUNTAS EXPLORATORIAS (IF-2025-41946748-APN-PNA#MSG), que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°– Otórgase el CARÁCTER DE RESERVADO al Anexo I GUÍA PARA LAS PREGUNTAS EXPLORATORIAS (IF-2025-41946748-APN-PNA#MSG).

ARTÍCULO 3°– Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 27/05/2025 N° 35650/25 v. 27/05/2025

• Decretos:
  • 353/2025
  • 618/1997
    infoleg 44432
  • 953/2024
    infoleg 405666

Ciudad de Buenos Aires, 26/05/2025

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-01853429- -AFIP-DEPRGO#SDGFIS y

CONSIDERANDO:

Que es un objetivo principal del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios.

Que a tales fines el Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025 dispuso la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

Que mediante su artículo 4° encomendó a este Organismo que, en consonancia con lo mencionado en el párrafo precedente, simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros a su cargo.

Que la Resolución General N° 1.415, sus modificatorias y complementarias, dispuso los requisitos, formalidades, excepciones, condiciones y situaciones especiales que deben observar los contribuyentes para la emisión, registración e información de los comprobantes respaldatorios de las operaciones que realicen.

Que dicha norma prevé además, los importes a partir de los cuales se debe identificar al consumidor final de la operación que se documenta.

Que la Resolución General N° 3.561, sus modificatorias y complementarias, instrumentó el régimen de emisión de comprobantes mediante la utilización de equipamientos electrónicos denominados “Controladores Fiscales”.

Que para agilizar y simplificar el procedimiento de emisión de comprobantes electrónicos originales, la Resolución General N° 5.198, su modificatoria y su complementaria, implementó la herramienta de facturación denominada “Facturador” para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) a fin de respaldar las operaciones en el mercado interno con personas humanas que actúen en carácter de consumidores finales.

Que conforme a los fundamentos expresados, esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero estima conveniente incrementar a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) el importe a partir del cual corresponde identificar en los comprobantes que se emitan en los términos de las citadas normas, al adquirente, locatario o prestatario cuando revista el carácter de consumidor final.

Que asimismo, resulta procedente ampliar a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) el importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante la utilización del aludido “Facturador”.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Institucional y Sistemas y Telecomunicaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

RESUELVE:

A - MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 1.415, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 1.415, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustituir el inciso d) del Título II) Respecto del comprador, locatario o prestatario, del Apartado A - DATOS QUE DEBEN CONTENER LOS COMPROBANTES CLASE “A”, “B”, “C” o “E” del Anexo II, por el siguiente:

“d) Cuando se trate de un sujeto que revista el carácter de consumidor final en el impuesto al valor agregado:

1. Leyenda “A CONSUMIDOR FINAL”.

2. Si el importe de la operación es igual o superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-): Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento nacional de identidad (DNI). En el supuesto de extranjeros, documento o cédula de identidad del país de origen o pasaporte.

Los datos de apellido, nombre y domicilio del comprador, locatario o prestatario podrán informarse, o completarse con las letras “NR” de “No Requerido” y/o con ceros, cuando el sistema de facturación o controlador fiscal lo requiera.”.

2. Sustituir el inciso d) del Título II) Respecto del destinatario de los bienes, del Anexo V - DATOS QUE DEBEN CONTENER LOS REMITOS, LAS GUÍAS, O DOCUMENTOS EQUIVALENTES, por el siguiente:

“d) Cuando se trate de un sujeto que revista el carácter de consumidor final en el impuesto al valor agregado:

1. Leyenda “A CONSUMIDOR FINAL”.

2. Si el importe de la operación es igual o superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-): Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento nacional de identidad (DNI). En el supuesto de extranjeros, documento o cédula de identidad del país de origen o pasaporte.

Los datos de apellido, nombre y domicilio del comprador, locatario o prestatario podrán informarse, o completarse con las letras “NR” de “No Requerido” y/o con ceros, cuando el sistema de facturación o controlador fiscal lo requiera.”.

B - MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 3.561, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 2°.- Modificar la Resolución General N° 3.561, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustituir el inciso c) del artículo 18, por el siguiente:

“c) consumidores finales cuando corresponda identificar al adquirente, locatario o prestatario, de conformidad con lo previsto en el inciso d) del Título II del Apartado A del Anexo II de la Resolución General N° 1.415, sus modificatorias y complementarias.”.

2. Sustituir el punto 1.1.1. del CAPÍTULO A - CONTRIBUYENTES del Anexo II “EQUIPOS DE “NUEVA TECNOLOGÍA”, por el siguiente:

“1.1.1. Emitir por medio de los “Controladores Fiscales”, los tiques, tique facturas, facturas o comprobantes fiscales equivalentes, correspondientes a sus operaciones.

De tratarse de operaciones efectuadas con sujetos que revistan el carácter de consumidores finales, y cuando corresponda identificar al adquirente, locatario o prestatario de conformidad con lo previsto en el inciso d) del Título II del Apartado A del Anexo II de la Resolución General N° 1.415, sus modificatorias y complementarias, los comprobantes “Facturas”, “Notas de Crédito”, “Notas de Débito”, “Tiques Factura”, “Tiques Nota de Crédito”, “Tiques Nota de Débito” o “Recibos” deben emitirse con los datos fijados en el Sector B del punto 1.1.2. del Capítulo B del presente anexo.”.

C - MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 5.198, SU MODIFICATORIA Y SU COMPLEMENTARIA

ARTÍCULO 3°.- Modificar la Resolución General N° 5.198, su modificatoria y su complementaria, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustituir el segundo párrafo del artículo 1°, por el siguiente:

“No podrá utilizarse el “Facturador” en aquellos casos en los que la operación por la que se emite el comprobante supere el importe de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-).”.

2. Eliminar los párrafos segundo y tercero del artículo 5°.

3. Sustituir el artículo 6°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°.- Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social habilitado por el Ministerio de Capital Humano (monotributista social) no podrán emitir comprobantes a través del “Facturador” cuando el importe de la operación sea mayor a la mitad del importe citado en el artículo 1°.”.

D - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el 29 de mayo de 2025.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Juan Alberto Pazo

e. 27/05/2025 N° 35647/25 v. 27/05/2025

RESOL-2025-793-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/05/2025

EX-2024-44397770- -APN-SDYME#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- REGISTRAR el cambio de denominación de SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A. por BIZLAND S.A.U. 2.- REGISTRAR a nombre de BIZLAND S.A.U. la licencia para la prestación del Servicio de Transmisión de Datos, otorgada mediante Resolución N° 1.408, del 22 de septiembre de 1999, dictada por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES a la firma SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A 3.- Instruir a las dependencias competentes de este Organismo. 4- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Frmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 27/05/2025 N° 35334/25 v. 27/05/2025

RESOL-2025-796-APN-ENACOM#JGM FECHA 23/05/2025

EX-2022-137042076- -APN-REYS#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Regístrar el cambio de denominación social de la empresa RAPCAM S.A. por ALBERDI COMUNICACIONES S.A. 2.- Regístrar a nombre de ALBERDI COMUNICACIONES S.A. la licencia y registro de Servicio de Valor de Acceso a Internet que fuera otorgado a la empresa RAPCAM S.A.mediante Resoluciones N° 667, del 08 de abril de 2022, y Nº 2.464 del 29 de diciembre de 2022 dictadas por este ENACOM. 3.- Instruir a las dependencias competentes de este Organismo. 4.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Sergio Gabriel Macia, Analista, Subdirección Despacho y Mesa de Entradas.

e. 27/05/2025 N° 35345/25 v. 27/05/2025

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico EX-2025-00011103- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 19 de fecha 22/05/25 (RESFC-2025-19-E-ERAS-SEJ#ERAS) por la cual se autoriza un llamado a contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a contratación directa para contratar el desarrollo e implementación de software para la gestión de reclamos y consultas en la órbita de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), estableciendo un presupuesto total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($ 28.000.000) IVA incluido, de acuerdo a lo normado por el Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 2/25 y lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que, como Anexo (IF-2025-00011208-ERAS-ADYF#ERAS), se adjunta a la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese y tome intervención la unidad ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a fin de proseguir con las tramitaciones correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 6/25

Walter Mendez, Presidente.

e. 27/05/2025 N° 35475/25 v. 27/05/2025

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico EX-2025-00011951- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 20 de fecha 22/05/25 (RESFC-2025-20-E-ERAS-SEJ#ERAS) por la cual se resuelve la adjudicación para el sistema de Call Center del ERAS, transcribiéndose a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a la firma UTOPIX NETWORKS S.A. la adquisición, instalación y configuración de DOS (2) módulos de atención remota y la adquisición de UN (1) paquete de mensajes WhatsApp para el sistema de Call Center del ERAS por el plazo de DOCE (12) meses y por un precio total de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 18.491.220.-) IVA incluido, a ser abonados conforme a las condiciones establecidas en el pedido de cotización y en su oferta presentada el 15 de mayo de 2025, en los términos de los artículos 18.3, 19 y 22° del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS Nº 2/25.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese y tome intervención la unidad ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a fin de proseguir con las tramitaciones correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 6/25

Walter Mendez, Presidente.

e. 27/05/2025 N° 35380/25 v. 27/05/2025

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico EX-2025-00011889- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 21 de fecha 22/05/25 (RESFC-2025-21-E-ERAS-SEJ#ERAS) por la cual se autoriza un llamado a contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a contratación directa para contratar la adecuación y reparación de la sala de telecomunicaciones, el taller de mantenimiento y el patio del 3° piso del edificio sito en la Av. Callao 976/82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS); estableciendo un presupuesto total de PESOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 23.800.000.-) IVA incluido, de acuerdo a lo normado por el Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 2/25 y lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que, como Anexo (IF-2025-00012190-ERAS-ADYF#ERAS), se adjunta a la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese y tome intervención la unidad ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a fin de proseguir con las tramitaciones correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 6/25

Walter Mendez, Presidente.

e. 27/05/2025 N° 35405/25 v. 27/05/2025

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2025

VISTO la DI-2025-36-E-AFIP-ARCA, la DI-2025-56-E-AFIP-ARCA y la DI-2025-173-E-AFIP-DIRRHH#ARCA publicadas en el Boletín Oficial el 05 de marzo de 2025, 15 de abril de 2025 y 21 de abril de 2025, respectivamente,

CONSIDERANDO:

Que mediante la DI-2025-36-E-AFIP-ARCA se creó, entre otras áreas, la Dirección de Control Grandes Contribuyentes, con sus áreas dependientes.

Que la DI-2025-56-E-AFIP-ARCA, designa al Director Interino de la Dirección de Control Grandes Contribuyentes, entre otros.

Que mediante el Artículo 1° de la DI-2025-173-E-AFIP-DIRRHH#ARCA se dan por finalizadas y asignadas las funciones del personal que se detalla en el Anexo I (IF-2025-01510065-AFIP-DIRRHH#ARCA), en el carácter y en la unidad de Estructura que en cada caso se indica, en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes

Que, atendiendo a ello y por razones funcionales, se requiere establecer el Régimen de Reemplazos vigente para los casos de ausencia por licencia o impedimento de la Dirección de Control Grandes Contribuyentes.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones DI-7-E-2018-AFIP del 05/01/2018 y DI-2025-14-E-AFIP-ARCA del 10/01/2025, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Establecer, según corresponda, el Régimen de Reemplazos para los casos de ausencia por licencia o impedimento en la Dirección de Control Grandes Contribuyentes conforme el siguiente detalle:

1er. Reemplazo: División Investigación Grandes Contribuyentes (DI COGC)

2do. Reemplazo: División Fiscalización Externa Nro II (DI COGC)

ARTICULO 2°: Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Marcelo Francisco Laffont

e. 27/05/2025 N° 35067/25 v. 27/05/2025

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2025

VISTO el Régimen de Reemplazos establecido mediante la DI-2023-3-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO suscripta el 3 de enero de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de índole funcional, la Dirección Regional Córdoba -dependiente de esta Subdirección General- solicitó modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencias o impedimento de su jefatura.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la DI-2018-7-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la DI-2023-3-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección Regional Córdoba, el que quedará establecido de la forma que seguidamente se indica:

UNIDAD DE ESTRUCTURA: DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA (SDG OPII)

1° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN JURÍDICA (DI RCOR)

2° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN REVISIÓN Y RECURSOS (DI RCOR)

3° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN DEVOLUCIONES Y RECUPEROS (DI RCOR)

ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese al Departamento Personal y a la Dirección Regional Córdoba y archívese

Carlos Alberto Garcia Pastrana

e. 27/05/2025 N° 35494/25 v. 27/05/2025

Ciudad de Buenos Aires, 23/05/2025

VISTO el Régimen de Reemplazos establecido mediante la DI-2024-20-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO suscripta el 2 de febrero de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de índole funcional, la Dirección Regional Rosario -dependiente de esta Subdirección General- solicitó modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencias o impedimento de su jefatura.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la DI-2018-7-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la DI-2024-20-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección Regional Rosario, el que quedará establecido de la forma que seguidamente se indica:

UNIDAD DE ESTRUCTURA: DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO (SDG OPII)

1° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN FISCALIZACIÓN N.° 4 (DI RROS)

2° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN REVISIÓN Y RECURSOS (DI RROS)

3° REEMPLAZANTE: DIVISIÓN JURÍDICA (DI RROS)

ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese al Departamento Personal y a la Dirección Regional Rosario y archívese.

Carlos Alberto Garcia Pastrana

e. 27/05/2025 N° 35499/25 v. 27/05/2025

• Leyes:
  • 17285
    infoleg 24963
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 599/2024
    infoleg 401320

Análisis Legal de la Disposición DI-2025-12-APN-SSTA#MEC

(Autorización a Handyway Cargo S.A. para servicios aeroportuarios operacionales y de rampa)

1. Marco Normativo Aplicable

La norma se sustenta en:
- Ley 17.285 (Código Aeronáutico), específicamente en el Artículo 29 bis (servicios aeroportuarios operacionales y de rampa) y el Artículo 105 (requisitos de capacidad técnica y económica).
- Decreto 599/2024, que reglamenta el acceso a mercados aerocomerciales y establece el procedimiento para autorizaciones.
- Resolución ST 49/2024, que define el plazo de 15 años renovable para las autorizaciones, condicionado al cumplimiento de estándares de seguridad operacional.
- Decreto 50/2019, que legitima la competencia institucional del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

2. Interacción con Normas Preexistentes

• Decreto 599/2024: La norma aplica el régimen de autorizaciones establecido en este decreto, incluyendo la automaticidad en la renovación (15 años) si se cumplen estándares de seguridad. Esto refuerza la estabilidad regulatoria pero plantea riesgos de falta de revisión periódica rigurosa.
• Resolución ST 49/2024: Se alinea con el procedimiento simplificado y digital para otorgar autorizaciones, pero no se explicita si se respetaron plazos máximos (15 días hábiles) ni si hubo "pronto despacho" en caso de demora.
• Decreto 50/2019: La Subsecretaría de Transporte Aéreo actúa dentro de su competencia institucional, pero su vinculación con la ANAC (para certificación técnica) podría generar superposición de funciones si no hay claridad en la fiscalización.

3. Derechos Afectados

• Libre Competencia (Art. 29 bis y Decreto 599/2024):
• La autorización a Handyway Cargo S.A. podría afectar a competidores si el proceso careció de transparencia o discriminó otras empresas.
• No se menciona en la norma si hubo convocatoria pública o evaluación comparativa de propuestas, lo que podría vulnerar el principio de no discriminación (Art. 16 CN).
• Derecho a la Seguridad Operacional (Art. 105 y 135 de la Ley 17.285):
• La renovación automática de la autorización depende de estándares de seguridad, pero no se detalla cómo se verificará su cumplimiento. Esto podría generar incertidumbre regulatoria.
• Derecho a la Defensa (Art. 137 de la Ley 17.285):
• No se explicita si se garantizó audiencia previa a terceros afectados (ej.: otras empresas con intereses en los servicios aeroportuarios).

4. Irregularidades Detectadas

• Falta de Transparencia en el Proceso:
• La norma no menciona si el procedimiento incluyó publicidad previa, evaluación de impacto ambiental (Art. 41 CN) o consulta pública, lo cual podría vulnerar principios de gestión participativa.
• Acreditación de Capacidad Técnica y Económica (Art. 105):
• Aunque se afirma que Handyway Cargo S.A. cumplió los requisitos, no se adjuntan evidencias técnicas ni financieras en la norma, lo que dificulta la verificación externa.
• Intervención del Servicio Jurídico Permanente:
• Se menciona su intervención, pero no se detalla su opinión ni si resolvió objeciones, lo que podría generar dudas sobre el cumplimiento de requisitos formales.

5. Posibles Abusos

• Concentración de Poder en la Subsecretaría de Transporte Aéreo:
• La autoridad tiene facultades discrecionales para otorgar autorizaciones, lo que podría llevar a favoritismo si no hay contrapesos efectivos (ej.: control parlamentario o judicial).
• Riesgo de Captura Regulatoria:
• La colaboración estrecha entre la Subsecretaría y la ANAC (Art. 2 ter de la Ley 17.285) podría generar conflictos de interés si la fiscalización es laxa hacia empresas favorecidas.
• Automatización Excesiva de Renovaciones:
• La renovación automática tras 15 años sin revisión pormenorizada podría bypassar controles de seguridad, especialmente si la ANAC no actualiza sus estándares.

6. Conclusión

La norma DI-2025-12-APN-SSTA#MEC se enmarca en el marco legal vigente (Ley 17.285, Decretos 599/2024 y 50/2019), pero presenta lagunas en transparencia, evaluación técnica y garantías procesales. Para mitigar riesgos:
1. Exigir publicidad del expediente completo (incluyendo informes técnicos y financieros de Handyway Cargo S.A.).
2. Establecer mecanismos de revisión periódica de la autorización, con participación de terceros interesados.
3. Fortalecer el control judicial sobre decisiones administrativas, garantizando el derecho a la defensa (Art. 137 de la Ley 17.285).

Sin estos ajustes, la norma podría consolidar prácticas de captura regulatoria y afectar la competencia en el sector aeroportuario.

Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2025

VISTO el expediente EX-2024-127827454- -APN-DGDYD#JGM, la ley 17.285 (Código Aeronáutico) los decretos 50 del 19 de diciembre de 2019 y 599 del 8 de julio de 2024, la resolución 49 del 7 de noviembre de 2024 de la Secretaría de Transporte (ST) del Ministerio de Economía (RESOL-2024-49-APN-ST#MEC), y

CONSIDERANDO:

Que la empresa Handyway Cargo Sociedad Anónima (S.A) (CUIT 30-71116493-2), solicitó autorización para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, conforme con lo previsto en el artículo 29 bis de la ley 17.285 (Código Aeronáutico).

Que el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales aprobado mediante el decreto 599 del 8 de julio de 2024, en su ámbito de aplicación consigna la obtención de autorizaciones aerocomerciales, las cuales serán otorgadas para realizar las actividades de Transporte Aéreo interno e internacional de pasajeros y/o de cargas, para servicios regulares o no regulares, realizados con aeronaves; para el trabajo aéreo y para los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, conforme los términos establecido en la ley 17.285 (Código Aeronáutico) de la República Argentina.

Que por dicho decreto se reglamentó el otorgamiento de autorizaciones aerocomerciales para operar en el mercado argentino a personas humanas o jurídicas con domicilio legal en el país, como también a personas jurídicas extranjeras, mientras que la responsabilidad y competencia incluyendo la certificación y vigilancia de la gestión de la Seguridad Operacional corresponde a la Autoridad Aeronáutica.

Que, en tal sentido, corresponde encuadrar el pedido empresario a la obtención de autorización para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general

Que mediante la resolución 49 del 7 de noviembre de 2024 de la Secretaría de Transporte (ST) del Ministerio de Economía (MEC) (RESOL-2024-49-APN-ST#MEC) se aprobó el “Proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general” y se dispuso que el plazo de las autorizaciones será de quince (15) años, renovables automáticamente si se cumpliesen los estándares de seguridad operacional.

Que las instancias de asesoramiento técnico de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se han expedido favorablemente con relación a los servicios requeridos.

Que la empresa Handyway Cargo (S.A) ha dado cumplimiento a las exigencias que sobre el particular establece la ley 17.285 (Código Aeronáutico) y sus normas reglamentarias,

Que los recaudos de capacidad técnica y económica financiera fueron debidamente acreditados por la empresa Handyway Cargo (S.A), de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 105 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico).

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta de conformidad con lo dispuesto en la ley 17.285 (Código Aeronáutico), en los decretos 50 del 19 de diciembre de 2019 y 599 del 8 de julio de 2024 y en la resolución ST 49/2024.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AÉREO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Autorizar a la Empresa Handyway Cargo Sociedad Anónima (S.A) (CUIT 30-71116493-2) a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la Empresa Handyway Cargo (S.A) y comunicar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) lo dispuesto en la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, archívese.

Hernán Adrián Gómez

e. 27/05/2025 N° 35474/25 v. 27/05/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Análisis Legal de la Resolución DI-2025-16-APN-SSGI#SGP

Marco Normativo Aplicable

La Resolución DI-2025-16-APN-SSGI#SGP se fundamenta en los siguientes instrumentos legales:
1. Ley 25.603:
- Artículo 4º: Justifica la cesión de mercaderías básicas (alimentos, medicamentos, ropa) a la Fundación Intersolidaria para asistencia social en contextos de vulnerabilidad.
- Artículo 9º: Faculta a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para afectar las mercaderías dentro de los 30 días posteriores a su disponibilidad, en concordancia con la Resolución 2025-138-APN-SGP, que delega atribuciones en la Subsecretaría de Gestión Institucional.
- Artículo 11º: Garantiza la intervención de organismos como ANMAT para validar la aptitud de productos (ej.: medicamentos en DI-2024-96 y otras disposiciones).
- Artículo 13º: Prohíbe la comercialización de los bienes cedidos durante 5 años, asegurando su uso exclusivo para fines sociales.

1. Decreto 1805/2007:
2. Artículo 1º y 2º: Define las mercaderías elegibles (bienes de primera necesidad) y respalda la cesión a entidades sociales.
3. Artículo 9º: Establece un plazo de 90 días hábiles para retirar las mercaderías, complementado por el artículo 2º de la norma, que exige informar la fecha estimada de retiro dentro de los 10 días posteriores a la notificación.

4. Artículo 14º: Ordena la publicación en el Boletín Oficial, cumplido por la Resolución DI-2025-16.

5. Constitución Nacional Argentina (C.N.):

6. Artículo 14 bis y 42: Refuerza el deber estatal de proteger derechos sociales y la salud de la población, alineado con la redistribución de bienes esenciales.
7. Artículo 75, inciso 23º: Sustenta la acción positiva del Estado para garantizar igualdad material, justificando la ayuda a grupos vulnerables.

Relación con Normativas Preexistentes

• Resolución 2025-138-APN-SGP: Delega en la Subsecretaría de Gestión Institucional la facultad para disponer mercaderías bajo custodia aduanera, lo que habilita la adopción de la Resolución DI-2025-16.
• Disposiciones Aduaneras (DI-2023-49, DI-2024-96, etc.): Las mercaderías cedidas ya estaban clasificadas como rezagadas aduaneras, cumpliendo con los requisitos de la Ley 25.603.
• Excepción del Ministerio de las Mujeres: La norma menciona que el Ministerio no retiró bienes previamente asignados, lo que podría implicar una reasignación de recursos sin un análisis explícito de los motivos del incumplimiento.

Derechos Afectados

1. Derechos Sociales (C.N. Art. 14 bis y 75.23):
2. La cesión a la Fundación Intersolidaria refuerza el acceso a bienes esenciales para poblaciones vulnerables, promoviendo la inclusión social y comunitaria.
3. Derecho a la Salud (C.N. Art. 42):
4. La intervención de ANMAT asegura que los medicamentos y alimentos sean aptos para consumo, protegiendo la salud pública.
5. Derecho a la Transparencia:
6. La publicación en el Boletín Oficial y la obligación de informar el retiro de mercaderías (Art. 2º) garantizan la rendición de cuentas.

Irregularidades y Posibles Abusos

1. Riesgo de Comercialización (Art. 13 de la Ley 25.603):
2. Aunque la norma prohíbe la venta de los bienes durante 5 años, no se establecen mecanismos específicos de control post-entrega, lo que podría facilitar su uso ilícito.
3. Plazo de Retiro (Art. 2º):
4. El plazo de 10 días para informar la fecha de retiro podría ser insuficiente para organizaciones sin recursos logísticos, generando riesgos de caducidad de los bienes.
5. Omisión sobre el Ministerio de las Mujeres:
6. No se explica por qué no se aplicó el artículo 11 del Decreto 1805/2007 (comercialización de bienes no retirados) al Ministerio que incumplió el plazo, lo que podría generar discriminación en la gestión de recursos.
7. Exclusión de la Fundación Intersolidaria en la Verificación Inicial (Art. 3º):
8. La norma permite que la fundación rechace mercaderías tras la verificación, pero no clarifica qué ocurre con los productos no aceptados ni quién asume los costos de almacenamiento.

Constitución y Principios de Legalidad

• Competencia Federal (C.N. Art. 4º y 75.1): La gestión de mercaderías aduaneras es exclusiva del Estado nacional, respetada en la norma.
• No Intervención Provincial (C.N. Art. 121): La cesión a una fundación riojana no afecta la autonomía provincial, siempre que se respete la legislación local.
• Principio de Legalidad (C.N. Art. 31 y 36): La Resolución DI-2025-16 se ajusta a la Ley 25.603 y el Decreto 1805/2007, pero requiere monitoreo para evitar arbitrariedades en su ejecución.

Conclusión

La Resolución DI-2025-16-APN-SSGI#SGP se enmarca en el marco legal vigente, priorizando la redistribución de bienes esenciales a entidades sociales. Sin embargo, requiere mecanismos adicionales de fiscalización para prevenir la comercialización ilegal y garantizar transparencia en la gestión de bienes no retirados. Además, la falta de claridad sobre el tratamiento de incumplimientos (ej.: Ministerio de las Mujeres) y los plazos ajustados para el retiro de mercaderías podrían generar ineficiencias o conflictos de intereses. Su validez depende del estricto cumplimiento de los principios constitucionales y normativos que la sustentan.

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2023-76948072- -APN-CGD#SGP, EX-2024-85418305- -APN-CGD#SGP, EX-2024-107203371- -APN-CGD#SGP, EX-2024-110523320- -APN-CGD#SGP, EX-2024-123751955- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025, dictada por esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2023-49-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI del 21 de junio de 2023, DI-2024-96-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI del 5 de agosto de 2024, DI-2024-114-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI del 20 de septiembre de 2024, DI-2024-119-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI del 27 de septiembre de 2024 y DI-2024-122-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI del 17 de octubre de 2024, todas dictadas por la Aduana de La Rioja, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que por la Disposición citada en el VISTO, se han puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Que la mercadería involucrada en las Disposición N.° DI-2023-49-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI no requiere intervención previa de terceros organismos.

Que ha tomado intervención la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), determinando que los bienes incluidos en las Disposiciones Nros.DI-2024-96-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-114-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-119-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI y DI-2024-122-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI pueden ser cedidos como artículos de primera necesidad.

Que la Fundación Intersolidaria, de la Provincia de La Rioja, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley 25.603, para destinarlos a acciones de asistencia y acompañamiento a vecinos de la ciudad que se encuentran atravesando situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se prevé su utilización para colaborar con instituciones intermedias de la localidad que desarrollan actividades de carácter deportivo, cultural y social, en pos de fortalecer la inclusión y el bienestar comunitario.

Que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, no retiró los bienes cedidos en el plazo de entrega establecido, encontrándose éste a la fecha vencido.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Fundación Intersolidaria, de la Provincia de La Rioja, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2023-49-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-96-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-114-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-119-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI y DI-2024-122-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de La Rioja.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Legal de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que en virtud de la Resolución N.° RESOL-2025-138-APN-SGP se facultó a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, y la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédese sin cargo a la Fundación Intersolidaria, de la Provincia de La Rioja, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2023-49-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-96-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-114-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, DI-2024-119-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI y DI-2024-122-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de La Rioja.

ARTÍCULO 2º.- La Fundación Intersolidaria, de la Provincia de La Rioja, deberá informar a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Fundación Intersolidaria, de la Provincia de La Rioja, deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y Archivase.

Eduardo Menem

e. 27/05/2025 N° 35284/25 v. 27/05/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Análisis Legal de la Norma DI-2025-17-APN-SSGI#SGP

1. Fundamento Legal y Vinculación con Normativa Preexistente

La norma DI-2025-17-APN-SSGI#SGP se sustenta en:
- Artículo 4º de la Ley 25.603: Establece la cesión de mercaderías esenciales (alimentos, higiene, ropa, medicamentos) a entidades públicas o ONGs en contextos de emergencia social. La Fundación CONIN justifica la solicitud por la situación en Mendoza, enmarcándose en este artículo.
- Resolución RESOL-2025-138-APN-SGP: Delega en la Subsecretaría de Gestión Institucional la facultad de afectar mercaderías bajo los artículos 4º y 5º de la Ley 25.603, conforme al Artículo 13 del Decreto 1805/2007 (facultad para normas complementarias).
- Disposiciones Aduaneras (DI-2024-XXX): Formalizan la puesta a disposición de los bienes, cumpliendo con el Artículo 5º del Decreto 1805/2007 (notificación previa).

La norma replica los plazos y consecuencias del Decreto 1805/2007:
- 90 días hábiles para el retiro de mercaderías (Art. 9º del Decreto), con rechazo automático en caso de incumplimiento (Art. 11º).
- Intervención de ANMAT para validar aptitud de ciertos bienes (Art. 6º del Decreto y Art. 11 de la Ley 25.603).

2. Derechos Afectados

• Derechos Sociales (Art. 14 bis CN): La cesión promueve el acceso a alimentos, salud y protección integral de la familia, alineándose con políticas de seguridad social.
• Igualdad ante la Ley (Art. 16 CN): La distribución a CONIN busca atender sectores vulnerables sin discriminación.
• Inviolabilidad de la Propiedad (Art. 17 CN): Los bienes decomisados no generan afectación de derechos individuales, ya que su titularidad fue transferida legalmente.
• Competencia Federal (Art. 75 inc. 2 CN): La gestión de recursos aduaneros responde a competencias nacionales, con coparticipación en el marco federal.

3. Posibles Irregularidades

• Plazo de 10 días para informar retiro (Art. 2º de la norma): Aunque el Decreto 1805/2007 no establece este plazo específico, se justifica como medida administrativa para agilizar el proceso. Sin embargo, podría cuestionarse su base legal explícita en la normativa vigente.
• Omisión de mención explícita a la prohibición de comercialización por 5 años (Art. 13 Ley 25.603): Aunque el contexto indica que la norma incluye obligaciones de informe para garantizar cumplimiento, su ausencia en el texto podría generar ambigüedad sobre los mecanismos de control.

4. Posibles Abusos

• Desvío de mercaderías hacia fines comerciales: A pesar de la prohibición legal, la falta de supervisión explícita en la norma podría facilitar el incumplimiento por parte de CONIN o terceros.
• Uso político de la cesión: Si la distribución se orienta a beneficiar intereses partidarios en Mendoza, violando el principio de neutralidad estatal (Art. 16 CN).
• Agotamiento de plazos para retiro: El plazo de 90 días, aunque coherente con el Decreto, podría ser insuficiente para organizaciones con recursos limitados, llevando a la pérdida automática de los bienes (Art. 11 Decreto).

5. Conclusión

La norma DI-2025-17-APN-SSGI#SGP se enmarca legalmente en la Ley 25.603 y el Decreto 1805/2007, respetando principios constitucionales como los derechos sociales y la igualdad. Sin embargo, requiere mecanismos de control más robustos para prevenir abusos en la aplicación de la prohibición de comercialización y garantizar transparencia en la distribución. Además, la incorporación de plazos administrativos no previstos (ej.: 10 días) debe fundamentarse claramente en normas complementarias para evitar cuestionamientos de legalidad.

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2024-103736438- -APN-CGD#SGP, EX-2024-136631487- -APN-CGD#SGP, EX-2024-136631587- -APN-CGD#SGP, EX-2024-136631691- -APN-CGD#SGP, EX-2024-103737462- -APN-CGD#SGP y EX-2025-18112046- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025 dictada por esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2024-123-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI del 26 de agosto de 2024, DI-2024-149-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, DI-2024-150-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI y DI-2024-151-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI todas del 14 de noviembre de 2024 y dictadas por la Aduana de Rosario, DI-2024-168-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI del 30 de agosto de 2024 y DI-2024-176-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI del 17 de octubre de 2024, ambas dictadas por la Aduana de Santa Fe, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2025-138-APN-SGP se facultó a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se han puesto a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Que ha tomado intervención la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), determinando que los bienes incluidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-123-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI y DI-2024-168-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI pueden ser cedidos como artículos de primera necesidad.

Que los bienes a ceder en las Disposiciones Nros. DI-2024-149-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, DI-2024-150-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, DI-2024-151-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI y DI-2024-176-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI no requieren intervención previa de terceros organismos.

Que la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), de la Provincia de Mendoza, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezagos de aduana, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley N.° 25.603, para su distribución directa a los más carenciados que asisten a los centros y a los comedores referenciados o asistidos por la mencionada Fundación.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), de la Provincia de Mendoza, en los términos del artículo 4º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-123-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, DI-2024-149-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, DI-2024-150-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI y DI-2024-151-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI todas dictadas por la Aduana de Rosario, DI-2024-168-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI y DI-2024-176-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Santa Fe.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, y la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), de la Provincia de Mendoza, en los términos del artículo 4º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-123-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, DI-2024-149-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, DI-2024-150-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI y DI-2024-151-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI todas dictadas por la Aduana de Rosario, DI-2024-168-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI y DI-2024-176-E-AFIP-ADSAFE#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Santa Fe.

ARTÍCULO 2º.- La Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), de la Provincia de Mendoza, deberá informar a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), de la Provincia de Mendoza, deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles –contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivase.

Eduardo Menem

e. 27/05/2025 N° 35285/25 v. 27/05/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

Análisis Legal de la Disposición DI-2025-18-APN-SSGI#SGP

La norma en análisis (DI-2025-18-APN-SSGI#SGP) dispone la cesión sin cargo de bienes decomisados por aduanas al Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de la Ley 25.603 y sus modificatorias. A continuación, se realiza un análisis legal basado en el contexto proporcionado, destacando su vinculación con normativa vigente, derechos afectados, posibles irregularidades y riesgos de abuso.

1. Marco Legal y Vigencia de la Norma

La disposición se sustenta en:
- Artículo 5º de la Ley 25.603: Permite la transferencia de mercaderías decomisadas a organismos estatales cuando sean útiles para actividades públicas.
- Artículo 13 de la Ley 25.603: Prohíbe la comercialización de los bienes por 5 años desde su recepción.
- Decreto 1805/2007: Reglamenta el procedimiento para la cesión, incluyendo plazos de retiro (90 días hábiles) y obligaciones de publicación.
- Resolución 138/2025-SGP: Faculta a la Subsecretaría de Gestión Institucional a gestionar la afectación de bienes bajo los artículos 4º y 5º de la Ley 25.603.

La norma no modifica ni deroga normas previas, sino que aplica el marco existente. Su validez temporal se fundamenta en el Artículo 14 de la Ley 25.603, que establece su vigencia desde la publicación en el Boletín Oficial (27/05/2025).

2. Derechos Afectados

• Propiedad Privada (Artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina - CNA):
  La cesión de bienes decomisados no implica expropiación, ya que estos ya están bajo custodia estatal por incumplimientos aduaneros. Sin embargo, si los bienes no fueron debidamente notificados a sus propietarios originales o si existen disputas sobre su situación jurídica, podría vulnerarse el derecho a la defensa en juicio (Art. 18 CNA).
• Transparencia (Artículo 28 y 31 CNA):
  La obligación de publicar la cesión en el Boletín Oficial (Art. 9 de la Ley 25.603) y el plazo de 10 días para informar el retiro (Art. 2º de la norma) garantizan transparencia. No obstante, retrasos en la publicación o falta de acceso a la información podrían afectar este principio.

3. Posibles Irregularidades

• Cumplimiento de requisitos técnicos:
• Las mercaderías de Formosa requieren certificado de aptitud de uso (Disposición 787/2007), mientras que las de Buenos Aires no. Si bien la norma menciona que se cumplen estos requisitos, cualquier error en la evaluación técnica (ej.: bienes en mal estado) podría invalidar la cesión.
• La Disposición 10 del Decreto 1805/2007 exige certificados específicos para vehículos. Aunque no se mencionan vehículos en la cesión, su omisión en la norma podría generar ambigüedades.
• Plazos y procedimientos:
• El plazo de 90 días hábiles para aceptar o rechazar los bienes (Art. 3º) es coherente con el Decreto 1805/2007. Sin embargo, si el Ministerio de Seguridad no retira los bienes en ese plazo, la AFIP podría proceder a su comercialización (Art. 11 del Decreto), lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad para fines públicos.

4. Riesgos de Abuso

• Desvío de bienes:
  La prohibición de comercialización por 5 años (Art. 13 de la Ley 25.603) busca evitar el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, si el Ministerio de Seguridad no utiliza los bienes conforme a su finalidad (ej.: venta encubierta, traslado a terceros), podría violarse el principio de utilidad pública (Art. 17 CNA).
• Falta de control posterior:
  La norma no establece mecanismos de fiscalización posteriores a la cesión (ej.: auditorías, informes públicos). Esto podría facilitar el mal uso de los recursos, contrariando el Artículo 85 (Auditoría General) y Artículo 86 (Defensor del Pueblo) de la CNA.
• Concentración de recursos:
  Si la cesión se repite sistemáticamente a favor de un único ministerio (ej.: Seguridad), podría generar desigualdades en la distribución de bienes estatales, afectando el principio de eficiencia administrativa previsto en la Ley 22.520.

5. Vinculación con la Ley 22.520 (Ley de Ministerios)

La cesión se alinea con las competencias del Ministerio de Seguridad según el Artículo 4º de la Ley 22.520, que incluye:
- Fortalecimiento logístico (Puntos 3-5): Equipamiento de fuerzas policiales y coordinación interinstitucional.
- Gestión de emergencias (Puntos 17-18): Respuesta a crisis mediante recursos estatales.
- Control fronterizo (Puntos 19-22): Refuerzo de infraestructura y seguridad en zonas limítrofes.

Sin embargo, la falta de un artículo específico sobre el Ministerio de Seguridad en el texto proporcionado limita un análisis más profundo de sus atribuciones.

6. Conclusión

La Disposición DI-2025-18-APN-SSGI#SGP es válida en su forma y fondo, ya que se enmarca en el marco normativo vigente (Ley 25.603, Decreto 1805/2007 y Ley 22.520). No obstante, para evitar irregularidades y abusos, se recomienda:
1. Verificar el cumplimiento técnico de los certificados de aptitud de uso.
2. Establecer mecanismos de control posterior para garantizar que los bienes se utilicen conforme a su finalidad.
3. Publicar en tiempo real la aceptación y destino de los bienes, reforzando la transparencia.

La norma refleja una optimización de recursos estatales, pero su éxito dependerá de su ejecución rigurosa y la supervisión de organismos independientes.

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2025-18561888- -APN-CGD#SGP, EX-2025-23984143- -APN-CGD#SGP, EX-2025-10643748- -APN-CGD#SGP, EX-2025-10660532- -APN-CGD#SGP, EX-2025-10633497- -APN-CGD#SGP y EX-2025-10616001- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 4 de abril de 2025, dictada por esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2025-13-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI del 4 de febrero de 2025 y DI-2025-11-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI del 31 de enero de 2025, ambas dictadas por la Aduana de Formosa, DI-2024-662-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM del 7 de noviembre de 2024, DI-2024-667-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM del 8 de noviembre de 2024, DI-2024-678-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM y DI-2024-680-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, ambas del 19 de noviembre de 2024, todas dictadas por la Aduana de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, se dispone que cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se han puesto a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias.

Que los bienes incluidos en las Disposiciones Nros. DI-2025-13-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI y DI-2025-11-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI, cuentan con el pertinente certificado de aptitud de uso, de acuerdo a lo dispuesto por la Disposición N° 787/2007 de la Dirección Nacional de Comercio.

Que la mercadería incluida en las Disposiciones Nros. DI-2024-662-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, DI-2024-667-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, DI-2024-678-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM y DI-2024-680-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM no requiere intervención previa de terceros organismos.

Que el Ministerio de Seguridad de la Nación, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados a fortalecer los medios operativos y logísticos necesarios para el cumplimiento de sus funciones en materia de seguridad interior, conforme lo establecido en la Ley de Ministerios N.º 22.520.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo al Ministerio de Seguridad de la Nación, en los términos del artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2025-13-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI y DI-2025-11-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Formosa, DI-2024-662-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, DI-2024-667-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, DI-2024-678-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM y DI-2024-680-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, todas dictadas por la Aduana de Buenos Aires.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, así como también por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP, a través de la cual la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN facultó a esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo al Ministerio de Seguridad de la Nación, en los términos del artículo 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2025-13-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI y DI-2025-11-E-AFIP-ADFORM#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Formosa, DI-2024-662-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, DI-2024-667-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, DI-2024-678-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM y DI-2024-680-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, todas dictadas por la Aduana de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá informar a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles –contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y Archivase.

Eduardo Menem

e. 27/05/2025 N° 35289/25 v. 27/05/2025

VISTO la presentación realizada por el causante Carlos Danilo CARDONA ROMERO en relación al Sumario Contencioso 026-SC-182-2024/1 - ACT. SIGEA Nº 17574-70-2024.

TENGASE POR PRESENTADO, Intimándolo a constituir domicilio procesal en el radio urbano de esta Aduana, en el termino perentorio de diez (10) días hábiles, contados desde su notificación, conforme lo establecido en el Art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de considerarlo con DOMICILIO CONSTITUIDO en los estrados de esta Aduana, conforme lo previsto en el Art. 1004 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, INTIMESE el cumplimiento de lo previsto en el Art 1034 del Código Aduanero (patrocinio letrado).

NOTIFIQUESE. Sigan las actuaciones según su estado.

Luis Armando Prat, Administrador de Aduana.

e. 27/05/2025 N° 34997/25 v. 27/05/2025

SINTESIS: RESOL-2025-282-APN-SSN#MEC Fecha: 23/05/2025

Visto el EX-2024-117166581-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: Disponer el levantamiento de la suspensión impuesta por el artículo 1° de la Resolución RESOL2025-153-APN-SSN#MEC, de fecha 11 de marzo, respecto de BEST MERIDIAN INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY SPC, entidad inscripta en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN bajo el número 907.

Fdo. Guillermo PLATE – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en https://kronos.ssn.gob.ar/ o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 27/05/2025 N° 35068/25 v. 27/05/2025

NOTA Nº 104/2025 (AD CORR)

CORRIENTES, 20/05/2025

INTÍMESE al Sr. NOGUERA MENDEZ, ALFREDO (C.I. Py. Nº 5.256.910) para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles se presente en ésta Dependencia, sita de Av. Juan Torres de Vera y Aragón Nº 1.147 de la Ciudad de Corrientes, en días hábiles y en el horario de 9 a 15 hs., con el fin de retirar la mecadería que se detalla a continuación, en razón de haberse determinado que la permanencia de la misma en este Depósito implica peligro para su inalterabilidad y/o para la mercadería contigua, bajo apercibimiento de proceder en los términos del art. 442 del Código Aduanero.

* CODIGO EMBALAJE: “01” Esqueleto; “02” Frasco; “03” Paleta; “04” Cuñete; “05” Contenedor; “06” Caja; “07”Cajón; “08” Fardo; “09” Bolsa; “10” Lata;“11” Tambor; “12” Bidón; “13” Paquete; “30” Atado; “31” Rollo; “32” A granel; “33” Pieza; “34” Rollizo; “35” Bloque; “99” Bultos.

Maria Florencia Perez Moiraghi, Administradora de Aduana.

e. 23/05/2025 N° 34522/25 v. 27/05/2025