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Agregado de la sección primera del boletín oficial fecha 25/4/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Expediente N° | Licencia de Operación Nueva | Propósito | Actuación N° |
| 00381-04 | CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS “NORBERTO QUIRNO” - CEMIC - | 3.8-USOS EXPERIMENTALES O NO COMUNES DE RADIOISÓTOPOS O RADIACIONES IONIZANTES EN SERES HUMANOS. | 08 |
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y notifíquese al solicitante de la Licencia de Operación. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Leonardo Juan Sobehart
e. 25/04/2025 N° 25977/25 v. 25/04/2025
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - RESOL-2025-656-APN-DNV#MEC
#multa
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324430/1
Se decreta aplicar una multa de 340.260 unidades de penalización a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por incumplir el ISP mínimo de 2,8 en tramos de la RN 14, con riesgo de seguridad. Se rechazan defensas sobre ajuste tarifario y renegociación contractual. Firmante: Campoy.
Referencias
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Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2021-120788795- -APN-PYC#DNV, del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, conforme Decreto N° 644/2024; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 72/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, el Supervisor de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, constató Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menor a dos con ocho décimos (2,8), en la Ruta Nacional N° 14, en los siguientes tramos: Km 0 a Km 10, Índice de Serviciabilidad Presente = 2,33; Km 10 a Km 20, Índice de Serviciabilidad Presente = 1,67; Km 44 a Km 54, Índice de Serviciabilidad Presente = 1,87.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996, modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación N° 72/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, cumple con todas las formalidades establecidas en el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1759/72 (T.O. 2024).
Que el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del 21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, la cual elaboró su informe.
Que, con relación a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, informa QUE debe tomarse como fecha de corte, la correspondiente a las deficiencias que motivaron el Acta del 13 de diciembre de 2022, fecha en la que finalizó la Evaluación de Estado de los Pavimentos del año 2022.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de conformidad con lo establecido en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, se puso en conocimiento de la Concesionaria, los informes elaborados por la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida y presentó su descargo con fecha 29 de noviembre de 2023.
Que corresponde entonces, analizar las defensas planteadas por la Concesionaria en el mencionado descargo, teniendo en cuenta el derecho a una decisión fundada con expresa consideración de los principales argumentos, de acuerdo a lo establecido en el art. 1° bis Inciso a)-punto (iii) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.- Ley 27742.
Que a través del referido descargo, la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 72/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021 y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, indicó que la deficiencia constatada representa un incumplimiento a las condiciones mínimas e imprescindibles de mantenimiento y conservación previstas en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión.
Que la mencionada GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, señala que las deficiencias constatadas representan un riesgo para la seguridad vial, ya que en el cálculo del Índice de Serviciabilidad Presente inciden parámetros tales como baches, desprendimientos y ahuellamientos, los cuales están íntimamente relacionados con la seguridad vial. Asimismo, indica que de persistir dichas deficiencias en el tiempo, podrían producirse hundimientos, desprendimientos o baches mayores a los existentes al momento de la evaluación, con la consecuente disminución del ISP, y el aumento del riesgo para la seguridad, además de la disminución del confort.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación N° 72/2021 representa un incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996.
Que el citado Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo dispone: “Desde la aprobación del Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo el derecho de CRUSA al ajuste de la tarifa, conforme la variación de los precios, el incumplimiento a la obligación de renegociar el Contrato y el derecho de CRUSA al 50% del valor de las obras.
Que respecto a dichos argumentos económicos financieros que alega la concesionaria en su descargo, específicamente en referencia al ajuste de la tarifa conforme la variación de los precios, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, sostiene que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD aprobó varias adecuaciones de tarifas a lo largo de los años para equilibrar la ecuación económico-financiera de la concesión, citando las Resoluciones DNV N° 348/2018 del 01/03/2018, DNV N° 1509/2018 del 09/08/18, DNV N° 2342/2018 del 26/11/18, RESOL-2019-448-APN-DNV#MTR de fecha 28/02/19, RESOL-2021-943-APN-DNV#MOP de fecha 28/06/21, RESOL-2022-215-APN-DNV#MOP de fecha 14/02/22, RESOL-2023-1021-APN-DNV#MOP de fecha 09/05/23 y RESOL-2023-3048-APN-DNV#MOP de fecha 27/11/23, Resoluciones que demuestran que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ha efectuado incrementos en las tarifas para mantener la viabilidad económica de la concesión.
Que la mencionada GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES alega, respecto a la obligación de renegociar el Contrato, la existencia de actas y minutas de reuniones entre la DNV y CRUSA que demuestran que las partes han llevado a cabo diversas negociaciones, y que a pesar de estos intentos de renegociación, en marzo de 2022, CRUSA inició una acción de amparo judicial para solicitar la rescisión del contrato debido a la supuesta omisión del Estado en cumplir con los compromisos contractuales, lo que ha dificultado la continuación del proceso de renegociación.
Que, por último, respecto al argumento referido al derecho de CRUSA al 50% del valor de las obras, la mencionada GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES sostiene que a través de la Resolución AG N° 3200, de fecha 30/12/2014, del Registro de la DNV, se creó un RECURSO DE AFECTACIÓN A OBRAS (RAO), destinado exclusivamente al desarrollo de Obras Mejorativas en la traza del Corredor Vial, dicho mecanismo se implementó para financiar obras mejorativas en la traza del Corredor Vial, y desde su creación en 2014, CRUSA ha continuado recibiendo recursos del RAO, además de los ingresos adicionales por los incrementos tarifarios.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no proceden dichas defensas intentadas por la Concesionaria.
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente del Visto, la Concesionaria no ha acreditado argumentos que demuestran que el incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado.
Que, en consecuencia, la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Serviciabilidad Presente menor que el exigido por este Acta Acuerdo y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación.”.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a TRESCIENTAS CUARENTA MIL DOSCIENTAS SESENTA (340.260) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la COORDINACIÓN DE PROCESOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS - SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto – Ley N° 505/58 ratificado por Ley N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por Decreto Nº 1.019/1996, la Resolución Nº 134/2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; la Resolución N° 1.963/2012 y la Resolución Nº 1.706/2013 ambas del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/2018, el Decreto de Necesidad y Urgencia N°195/2024 y el Decreto N° 613/2024, del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996, consistente en la existencia de Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menor a dos con ocho décimos (2,8), en la Ruta Nacional N° 14, en los siguientes tramos: Km 0 a Km 10, Índice de Serviciabilidad Presente = 2,33; Km 10 a Km 20, Índice de Serviciabilidad Presente = 1,67; Km 44 a Km 54, Índice de Serviciabilidad Presente = 1,87.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a TRESCIENTAS CUARENTA MIL DOSCIENTAS SESENTA (340.260) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo 41° del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72, T.O. 894/2017, y su modificatoria Decreto N°695/2024.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS, quien notificará y comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE - CCOO) a las dependencias intervinientes. Cumplido pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a sus efectos.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación.
Marcelo Jorge Campoy
e. 25/04/2025 N° 26323/25 v. 25/04/2025
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - RESOL-2025-657-APN-DNV#MEC
#multa
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324431/1
Se decreta multa de 1.032.560 Unidades de Penalización a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por incumplir índices mínimos de estado en 6 tramos de la Ruta 14 (IE entre 4,07 y 7,06 vs. exigencias contratales). Se rechazó defensa de prescripción y se confirma presunción de veracidad de actas. Firmante: Campoy.
Referencias
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 15/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2018-57161868- -APN-PYC#DNV del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, conforme Decreto N°644/2024; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 314 de fecha 29 de octubre de 2018, personal autorizado de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD constató durante la Evaluación de Estado 2017 la existencia de un Índice de Estado (IE) menor al valor contractual exigido, en los siguientes tramos de la Ruta Nacional N° 14: Tramo Km. 312 a Km. 327, valor alcanzado IE = 7.06; Tramo Km. 328 a Km.344, valor alcanzado IE = 6.84; Tramo Km. 344 a Km. 354, valor alcanzado IE = 4.68; Tramo Km. 354 a Km. 364, valor alcanzado IE = 4.07; Tramo Km. 364 a Km. 375, valor alcanzado IE = 4.87 y Tramo Km. 375 a Km. 382, valor alcanzado IE = 5.17.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación mencionada, cumple con todas las formalidades establecidas en el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1759/72- T.O. 2024.
Que el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del 21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, la cual elaboró su informe.
Que la Supervisión informó la cronología de la subsanación de las deficiencias, de acuerdo al siguiente detalle: el 21 de Septiembre de 2019, debe considerarse como fecha de corte de la penalidad para tramo Km 312 a Km 327, por haberse labrado el Acta de Constatación Nº 106/2019; posteriormente el 01 de Octubre de 2019, se subsanaron dos tramos, Km 328 a Km 344 y Km 344 a Km 354; finalmente el 21 de enero de 2021, debe considerarse como fecha de corte de la penalidad para los tres tramos restantes, Km 354 a Km 364, Km 364 a Km 375 y Km 375 a Km 382, por haberse labrado el Acta de Constatación Nº 027/2021.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, tomó intervención el Área Financiera de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que conforme lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, se puso en conocimiento a la Concesionaria, de los informes elaborados por la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, por medio de los cuales se individualizan los incumplimientos constatados, el plazo de los mismos y el valor de la multa correspondiente.
Que se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida y presentó su descargo con fecha 24 de noviembre de 2022.
Que corresponde analizar los hechos y antecedentes expuestos en el procedimiento y determinar el derecho aplicable, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° Bis - Inciso a) - Punto (iii) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.- Ley 27742.
Que a través del referido descargo, la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 314/18 y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que el hecho constatado en el Acta de Constatación que nos ocupa, representa un incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación, no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente, la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto corresponde señalar que, no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda vez que la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de las obras, impidiendo, en estos casos al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que asimismo, deviene necesario destacar que al momento del labrado del Acta de Constatación N° 314/18 se encontraba en vigencia la Resolución AG N° 1.963/2012 de fecha 13 de septiembre de 2012 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para Obras Mejorativas el cual dispone: “CLÁUSULA SEGUNDA: El Ente Concesionario destinará el incremento tarifario establecido en la cláusula precedente, al financiamiento del Plan de Obras de Repavimentación que como Anexo II forma parte del presente acuerdo. CLAUSULA TERCERA: Las obras referidas precedentemente, serán financiadas en un CIENTO POR CIENTO (100%) por el Ente Concesionario y ejecutadas en un plazo que, no excederá de doce (12) meses contados a partir del inicio de la aplicación de los nuevos Cuadros Tarifarios, de conformidad con el Plan de Inversiones que integra el Plan de Obras de Repavimentación.”
Que la Supervisión interviniente informa que el hecho constatado representa un incumplimiento a las condiciones de mínimas de mantenimiento y conservación dispuestas por el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; señala que las mencionadas deficiencias representan un peligro para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente de estética, seguridad y confort para el usuario, conforme lo dispuesto en el Artículo 1 “Trabajos de Conservación de Rutina”, del cuerpo normativo mencionado en el punto precedente; explica que las mencionadas deficiencias representan un peligro para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente de estética, seguridad y confort para el usuario, conforme lo dispuesto en el Artículo 1 “Trabajos de Conservación de Rutina”, del cuerpo normativo mencionado en el punto precedente; aclara que se arriba al Índice de Estado (IE), cuantificando entre otros parámetros a la “deformación transversal” (conformadas por ahuellamientos y/o hundimientos), la que, con los valores hallados en algunas progresivas de los tramos en cuestión y ante eventuales precipitaciones, favorece la acumulación de agua sobre la calzada, incrementando la probabilidad de generar inestabilidad en la conducción vehicular, afectando en consecuencia, la seguridad vial.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede esta defensa intentada por la Concesionaria.
Que el Área Financiera de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, se pronuncia respecto a los argumentos económico- financieros planteados por la Concesionaria, diciendo que la DNV aprobó varias adecuaciones de tarifas a lo largo de los años, para equilibrar la ecuación económico-financiera de la concesión; detalla diferentes Resoluciones por medio de las cuales, la DNV efectuó incrementos en las tarifas, para mantener la viabilidad económica de la concesión; advierte que el Plan Económico Financiero (PEF) original elaborado en 2005, proyectaba costos que no necesariamente se han materializado en obras, por lo que aplicar ajustes sobre costos proyectados, sin considerar las inversiones reales, podría resultar en tarifas que no reflejan los costos efectivos, perjudicando a los usuarios al pagar por obras y servicios no brindados; afirma que si la penalidad fuera anulada, la Concesionaria podría beneficiarse económicamente de un doble beneficio: por un lado, al no abonar la penalidad, y por otro, al recibir ingresos derivados de los ajustes tarifarios aprobados.
Que, por lo expuesto, corresponde el rechazo de los argumentos defensivos intentados por la concesionaria.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del Expediente citado en el Visto.
Que con respecto al planteo de prescripción articulado por la Concesionaria en su descargo, corresponde destacar que, teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que en este sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que: “En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que no obstante lo expuesto corresponde destacar que, de hacerse lugar a la prescripción solicitada se estaría dando un beneficio financiero a la Concesionaria por las tareas de mantenimiento no realizadas, y en consecuencia se debería capturar ese beneficio en el Plan Económico Financiero del Contrato de Concesión.
Que por las razones apuntadas, este Servicio Jurídico entiende que corresponde desestimar la defensa de prescripción planteada por la Concesionaria en su descargo.
Que, de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente citado en el Visto, la Concesionaria no ha acreditado argumentos que demuestran que el incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Estado menor al exigido para ese año de concesión y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación”.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL QUINIENTAS SESENTA UNIDADES DE PENALIZACIÓN (1.032.560 UP), por la tarifa vigente.
Que la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la COORDINACIÓN DE PROCESOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS - SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto – Ley N° 505/58 ratificado por Ley N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por Decreto Nº 1.019/1996, la Resolución Nº 134/2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; la Resolución N° 1.963/2012 y la Resolución Nº 1.706/2013 ambas del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/2018, el Decreto de Necesidad y Urgencia N°195/2024 y el Decreto N° 613/2024, del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; consistente en la existencia de un Índice de Estado (IE) menor al valor contractual exigido, constatado durante la Evaluación de Estado 2017, en los siguientes tramos de la Ruta Nacional N° 14: Tramo Km. 312 a Km. 327, valor alcanzado IE = 7.06; Tramo Km. 328 a Km.344, valor alcanzado IE = 6.84; Tramo Km. 344 a Km. 354, valor alcanzado IE = 4.68; Tramo Km. 354 a Km. 364, valor alcanzado IE = 4.07; Tramo Km. 364 a Km. 375, valor alcanzado IE = 4.87 y Tramo Km. 375 a Km. 382, valor alcanzado IE = 5.17.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL QUINIENTAS SESENTA UNIDADES DE PENALIZACIÓN (1.032.560UP) por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo a lo dispuesto por el Apartado 2.4.1, Inciso 2.4 del Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo 41° del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72, T.O. 894/2017, y su modificatoria Decreto N°695/2024.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS, quien notificará y comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE - CCOO) a las dependencias intervinientes. Cumplido pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a sus efectos.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación.
Marcelo Jorge Campoy
e. 25/04/2025 N° 26310/25 v. 25/04/2025
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS - RESOL-2025-234-APN-DIRECTORIO#ENARGAS
#inscripcion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324432/1
Se decreta la inscripción de CIPRES ENERGÍA S.A.S. como Comercializador de Gas Natural en el Registro del ENARGAS, cumpliendo requisitos técnicos, abonando derechos y presentando declaraciones juradas sobre ausencia de deudas previsionales, incompatibilidades, procesos de quiebra y juicios impositivos. Firmado por Casares.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 22/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-23998546- -APN-GDYE#ENARGAS, la Ley N° 24.076, el Decreto N° 1738/92 y la Resolución N° RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 9° de la Ley N° 24.076 prevé que “Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con el productor de gas natural. Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.
Que se considera Comercializador a quien compra y venda gas natural por cuenta de terceros (Artículo 14).
Que este Organismo, en ejercicio de sus facultades regulatorias, el 9 de marzo de 2020 dictó la Resolución N° RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, mediante la cual, y en lo que aquí interesa, se aprobó el Reglamento de Comercializadores (IF-2020-12929142-APN-GDYE#ENARGAS) y sus respectivos Subanexos.
Que, allí se dispuso que “Se considera comercializador a toda persona jurídica de derecho público o privado que compra y vende gas natural y/o transporte de gas natural por cuenta y orden de terceros, y que ha sido reconocida expresamente como tal por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) e inscripta en el Registro de Comercializadores, con excepción de las Licenciatarias de Distribución y los Subdistribuidores. Las personas jurídicas de derecho público a que refiere el presente artículo podrán desarrollar la actividad cuando reciban gas natural como pago de regalías o servicios; en este caso, hasta el límite de lo que por tal concepto recibieren”.
Que, en el precitado Reglamento se habilitó dentro de la órbita de la Gerencia de Desempeño y Economía del ENARGAS el “Registro de Comercializadores” detallando en su Subanexo I los requisitos para solicitar inscripción como Comercializador.
Que, el Expediente del VISTO se inició a instancias de la solicitud de inscripción como Comercializador de Gas Natural en el REGISTRO DE COMERCIALIZADORES de CIPRES ENERGÍA S.A.S. por Franco Martoccia, en calidad de Administrador de la sociedad.
Que, en tal sentido, la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo, elaboró el Informe Técnico N° IF-2025-35896463-APN-GDYE#ENARGAS manifestando que CIPRES ENERGÍA S.A.S. cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el Subanexo I de la Resolución N° RESFC-2020-94-APN#DIRECTORIO#ENARGAS.
Que, en forma previa a la solicitud de inscripción en el Registro de Comercializadores, CIPRES ENERGÍA S.A.S. abonó el derecho de inscripción fijado en el Artículo 8° de Resolución Nº RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Que asimismo, CIPRES ENERGÍA S.A.S. acompañó las Declaraciones Juradas sobre: (1) La inexistencia de deuda previsional (formulario 522/A); (2) Inexistencia de incompatibilidades y limitaciones (conforme Artículo 34 Ley N° 24.076, Anexo I Decreto N° 1738/92 y Artículo 33 Ley N° 19.550); (3) Inexistencia de procesos de quiebra, convocatoria de acreedores, concurso preventivo o estado de liquidación por los últimos tres (3) años, y (4) Inexistencia de juicios por cobros de deudas impositivas o previsionales.
Que, por último, cabe destacar que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17, CIPRES ENERGÍA S.A.S. presentó la Declaración Jurada de Intereses mediante la cual declaró que no se encuentra alcanzada por los supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y/o los titulares de cualquier organismo o entidad del Sector Público Nacional con competencia para contratar o aprobar cualquiera de las referidas formas de relación jurídica (IF-2025-41544590-APN-GDYE#ENARGAS).
Que en razón de todo lo expuesto, resulta procedente la inscripción de CIPRES ENERGÍA S.A.S. en el REGISTRO DE COMERCIALIZADORES, en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y Economía del ENARGAS.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo ha tomado la intervención que por derecho le corresponde.
Que el presente acto se dicta conforme las facultades otorgadas por el Artículo 52, incisos a) y x) de la Ley N° 24.076, los Decretos DNU N° 55/2023 y N° 1023/24, y la Resolución N° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Inscribir a CIPRES ENERGÍA S.A.S. como COMERCIALIZADOR de Gas Natural en el REGISTRO DE COMERCIALIZADORES del ENARGAS en el ámbito de la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo, de conformidad y con el alcance establecido en la Resolución N° RESFC-2020-94-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a CIPRES ENERGÍA S.A.S. en los términos del Artículo 41 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
Carlos Alberto María Casares
e. 25/04/2025 N° 26094/25 v. 25/04/2025
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS - RESOL-2025-236-APN-DIRECTORIO#ENARGAS
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324433/1
Se decreta prórroga de 20 años en licencias de Litoral Gas S.A., Metrogas S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A. Se convoca audiencia pública virtual el 20/5/2025, con inscripciones hasta el 15/5. Participaron Gerencias de Administración, Tecnología, Distribución, Control Económico, Desempeño, Asuntos Legales y Depto. de Gas. Expediente EX-2025-40975487 en la web. Firma: Casares.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que convoca a una Audiencia Pública N° 107 para evaluar la prórroga de las licencias de distribución de gas a las empresas Litoral, Metrogas y Camuzzi Gas Pampeana, no presenta irregularidades constitucionales graves, pero presenta algunos aspectos que ameritan precisiones y análisis:
Análisis de constitucionalidad:
- Bases constitucionales para la prórroga de licencias:
- Artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional: El Congreso tiene facultad para legislar sobre "el servicio público" y "el régimen de los servicios de utilidad nacional". La Ley N° 24.076 (modificada por la Ley 27.742) estable expresemante los términos para la prórroga de licencias (20 años adicionales), sujeto a evaluación).
-
El proceso seguido por el Enargas (evaluación técnica, audiencia pública, etc.) se ajusta a lo dispuesto en dichas leyes, que tienen rango constitucional por ser aprobadas por el Congreso (Art. 31 y 33 de la Constitución).
-
Procedimiento de la prórroga:
- El Artículo 6 de la Ley 24.076 (modificada) exige una evaluación previa por el Enargas y una propuesta al Poder Ejecutivo, seguida de una audiencia pública.
-
La resolución cumple con estos réquitos (p. ej., evaluación técnica por áreas técnicas, convocatoria a audiencia pública, publicación en el Boletín Oficial), lo que está alineado con el Artículo 19 (participación ciudadana) y el Artículo 42 (derechos de los consumidores).
-
Modalidad virtual de la audiencia pública:
- El Artículo 19 garantiza el derecho a la participación ciudadana "en forma presencial o virtual", siempre que se respeten los principios de transparencia y acceso igualitario.
-
La resolución faculta la participación virtual, cumpliendo con este estándar (Artículo 43, acción de amparo, y Artículo 42, protección al usuario).
-
Plazo de prórroga (20 años):
- El Artículo 17 de la Constitución proteje la propiedad y prohíbe la "confiscación de bienes". La prórroga por 20 años no afecta la propiedad pero sí el régimen contractual.
- Como la prórroga se basa en una ley aprobada por el Congreso (Ley 24.076/27.742), no hay irregularidad (ver Artículo 75, inciso 20, que faculta al Congreso a reglamentar servicios públicos).
Posibles conflictos o irregularidades:
- Facultades del Enargas:
-
El Artículo 114 de la Constitución estable que el Congreso no puede "delegar facullades legislativas" salvo en casos específos (Art. 76). Si bien el Enargas actúa en base a leyes prexistidas, debe asegurarse que no está asumiendo facullades que competen al Poder Legislativo (p. ej., definir términos de las prórrogas).
-
Participación efectiva en la audiencia virtual:
-
Debe garantizarse que la modalidad virtual no genere barreras para el acceso ciudadano (especialmente en zonas rurales o con limitaciones tecnológicas), conforme al Artículo 14 bis (derecho al ambiente y transparencia).
-
Cumplimiento de los "recaudos de evaluación técnica":
-
El Artículo 6 de la Ley 24.076 exije que la prórroga dependa de un "evaluación de la prestatión del servicio" y el "cumplimiento sustancial de obligaciones". Si el Enargas no demostrara un análisis técnico fundado, podría generar un conflicto con el Artículo 122 (garantías a los consumidores) y el Artículo 42 (protección del usuario).
-
Transparencia en el proceso:
- El Artículo 39 estable que los ciudadanos pueden interponer acción de amparo si hay "actos de arbitrariedad" (p. ej., prórroga sin evaluación objetiva.
Conclusión:
La norma es constitucional en su núcleo, ya que se sustenta en leyes aprobadas por el Congreso (Art. 75, inciso 20 y 24) y cumple con los requistos de audiencia pública y transparencia (Art. 19 y 42). Sin embargo, debe garantizarse: - Que la prórroga no viole el "principio de proporcionalidad" (Art. 16), igualdad ante la ley) entre provincias y empresas. - Que el Enargas no actúe "arbitrariimente" (Art. 18) en la evaluación técnica. - Que la modalidad virtual de la audiencia no genere discriminación (Art. 16) contra sectores sin acceso tecnológico.
En resumo: no hay inconstitucionalidad flagrante, pero el proceso debe ajustarse escrupulosamente a las garantiás de transparencia y participación ciudadana para evitar irregularidades secundarias (p. ej., violación de Art. 14 bis o 42).).
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-40975487- -APN-GAL#ENARGAS, las Leyes N° 24.076 y N° 27.742, los Decretos N° 1738/92, N° 2455/92, 2.456/92, 2459/92, 2255/92, los Decretos DNU N° 55/2023 y N° 1023/24; la Resolución ENARGAS N° I-4089/16 y,
CONSIDERANDO;
Que mediante Actuaciones N° IF-2024-75663259-APN-SD#ENARGAS del 18 de julio de 2024, N° IF-2024-92644036-APN-SD#ENARGAS del 28 de agosto de 2024 y N° IF-2024-116550124-APN-SD#ENARGAS del 24 de octubre de 2024, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (RBLD), Litoral Gas S.A. (en adelante e indistintamente, LITORAL, la Distribuidora o la Licenciataria), Metrogas S.A. (en adelante e indistintamente, METROGAS, la Distribuidora o la Licenciataria) y Camuzzi Gas Pampeana S.A. (en adelante e indistintamente, PAMPEANA, la Distribuidora o la Licenciataria), solicitaron, respectivamente, el otorgamiento de la prórroga del plazo de la Licencia por el plazo adicional de veinte (20) años, en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 24.076, modificado por Ley N° 27.742 y su Decreto Reglamentario N° 1738/92 (en adelante “la Reglamentación”).
Que, en primer lugar, corresponde destacar que el PODER EJECUTIVO NACIONAL otorgó licencias para la prestación del servicio público de Distribución de Gas Natural a LITORAL, PAMPEANA y METROGAS mediante los Decretos Nº 2455, N° 2456 y N° 2459, del 18 de diciembre de 1992 (B.O 22/12/92), respectivamente.
Que al respeto, el Artículo 1° del Decreto N° 2455/92 en su parte pertinente estableció que: “El término de dicha licencia será de TREINTA Y CINCO (35) años contados desde la fecha de Toma de Posesión de las acciones de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE GAS DEL LITORAL S.A., por su respectivo adjudicatario, sin perjuicio de la renovación prevista por el artículo 6° de la Ley N° 24.076, si correspondiere”.
Que, del mismo modo, el Artículo 1º del Decreto N° 2456/92 determinó un precepto de igual tenor para el caso de PAMPEANA: “El término de dicha licencia será de TREINTA Y CINCO (35) años contados desde la fecha de Toma de Posesión de las acciones de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE GAS PAMPEANA S.A. por su respectivo adjudicatario, sin perjuicio de la renovación prevista por el artículo 6° de la Ley N° 24.076, si correspondiere”, mientras que el Artículo 1° del Decreto N° 2459/92 hizo lo suyo respecto de METROGAS al expresar: “El término de dicha licencia será de TREINTA Y CINCO (35) años contados desde la fecha de Toma de Posesión de las acciones de la SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE GAS METROPOLITANA S.A. por su respectivo adjudicatario, sin perjuicio de la renovación prevista por el artículo 6° de la Ley N° 24.076, si correspondiere”.
Que, el Artículo 6º de la Ley Nº 24.076, modificado por el Artículo 155 de la Ley Nº 27.742 prevé: “Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de veinte (20) años. A tal efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestadores para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo nacional resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas”.
Que, con similar criterio, el Artículo 15 del Anexo II del Decreto N° 1057/24 modificó el Artículo 6° del Decreto N° 1738/92, en consonancia con la sustitución introducida por el Artículo 155 de la Ley N° 27.742 respecto del Artículo 6° de la Ley N° 24.076.
Que, de esta manera, el texto de la reglamentación expresa en su parte pertinente: “El Prestador tendrá derecho a una única prórroga de VEINTE (20) años a partir del vencimiento del plazo inicial de TREINTA Y CINCO (35) años de su habilitación, siempre y cuando haya cumplido en lo sustancial (incluyendo la corrección de las deficiencias observadas por la Autoridad Regulatoria) todas las obligaciones a su cargo según el inciso (7) del artículo 4° de esta Reglamentación”.
Que, a raíz de ello, compete a esta Autoridad Regulatoria realizar la evaluación pertinente sobre la petición incoada por las Distribuidoras citadas, y elevar una propuesta al Poder Ejecutivo Nacional, previa celebración de Audiencia Pública, en el marco del precitado Artículo 6° de la Ley N° 24.076.
Que asimismo, el numeral 3.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (RBLD) determina: “Prórroga: La Licenciataria tendrá derecho a una única prórroga de diez años a partir del vencimiento del Plazo Inicial siempre que haya dado cumplimiento en lo sustancial a las obligaciones que le impone esta Licencia (incluyendo la corrección de las deficiencias notificadas por Autoridad Regulatoria) y a las que, de acuerdo con la Ley y el Decreto Reglamentario, le imponga la Autoridad Regulatoria. El pedido de prórroga deberá ser presentado con una anterioridad no menor de dieciocho meses, ni mayor de cincuenta y cuatro meses, a la fecha de vencimiento del Plazo Inicial, aplicándose al respecto el procedimiento previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley”.
Que se debe tener en cuenta que con la sanción de la Ley N° 27.742 el plazo adicional al que tendrían derecho las Distribuidoras es de VEINTE (20) años.
Que, en otro orden, corresponde señalar que el Artículo 52 de la Ley N° 24.076, determina entre las funciones del ENARGAS: “Propiciar ante el Poder Ejecutivo Nacional cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de las concesiones” (inc. j); “Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley” (inc. l). A su vez, el Artículo 59 de la referida Ley, dispone que es función de la máxima autoridad del Organismo, asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en todas las materias de competencia del Ente (inc. c).
Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que la Ley N° 24.076, por su Artículo 2° determina los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural, los que son ejecutados y controlados por el ENARGAS, entre los que se encuentran los de: proteger adecuadamente los derechos de los consumidores (inciso a); propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural (inciso c); y regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables (inciso d).
Que, en función del análisis que le cabe puntualmente realizar a esta Autoridad Regulatoria en el marco de las presentaciones efectuadas y bajo los términos previstos en la Ley N° 24.076, se encomendó intervenir a diferentes áreas técnicas de este Organismo, a los efectos de formular la evaluación indicada en el precitado Artículo 6° de la Ley N° 24.076 y en el numeral 3.2 de las RBLD.
Que en esa línea, tomaron intervención el Departamento de Despacho de Gas, la Gerencia de Desempeño y Economía, la Gerencia de Control Económico Regulatorio, la Gerencia de Protección del Usuario, la Gerencia de Administración, la Gerencia de Distribución y la Gerencia de Asuntos Legales.
Que para el caso examinado de LITORAL se emitieron los Informes N° IF-2024-141177348-APN-DDG#ENARGAS, N° IF-2024-141924818-APN-GDYE#ENARGAS, N° IF-2024-141972470-APN-GCER#ENARGAS, N° IF-2024-142025711-APN-GPU#ENARGAS, N° IF-2024-142507409-APN-GA#ENARGAS, y N° IF-2024-142614808-APN-GD#ENARGAS y el Dictamen N° IF-2024-142702603-APN-GAL#ENARGAS.
Que, a su vez, con respecto a la petición de METROGAS se efectuaron los Informes N° IF-2025-35900336-APN-DDG#ENARGAS, N° IF-2025-35830424-APN-GDYE#ENARGAS, N° IF-2025-36664628-APN-GCER#ENARGAS, N° IF-2025-35985542-APN-GPU#ENARGAS, N° IF-2025-36183773-APN-GA#ENARGAS y N° IF-2025-37538727-APN-GD#ENARGAS y el Dictamen N° IF-2025-38271081-APN-GAL#ENARGAS.
Que del mismo modo, para el caso de PAMPEANA se elaboraron los Informes N° IF-2025-39493185-APN-DDG#ENARGAS, N° IF-2025-39656751-APN-GDYE#ENARGAS, N° IF-2025-39680654-APN-GCER#ENARGAS, N° IF-2025-39623325-APN-GPU#ENARGAS, N° IF-2025-39441283-APN-GA#ENARGAS, y N° IF-2025-40224227-APN-GD#ENARGAS y el Dictamen N° IF-2025-40961299-APN-GAL#ENARGAS.
Que, cabe destacar que dichos Informes y Dictámenes, como así también las presentaciones de las Distribuidoras se encuentran vinculados en el Expediente de referencia, puesto a disposición de la ciudadanía y todo aquel interesado, así como también, publicado como material de consulta en la página web del ENARGAS.
Que, en función de lo expresado y de lo dispuesto expresamente por el marco normativo, corresponde convocar a Audiencia Pública atendiendo los lineamientos establecidos en la Resolución ENARGAS N° I-4089/16, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Audiencias Públicas” y el modelo de “Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas” del ENARGAS.
Que ello así, con el objeto de poner a consideración las solicitudes de prórrogas de las licencias presentadas por LITORAL, METROGAS y PAMPEANA (conf. Artículo 6° de la Ley N° 24.076 y el Numeral 3.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución), y el análisis y evaluación realizado por las distintas Unidades Organizativas de esta Autoridad Regulatoria.
Que es importante destacar que, la participación de la ciudadanía debe realizarse previo a la adopción de la decisión pública correspondiente, a fin de ponderar las exposiciones y/o presentaciones que se formulen.
Que, vale señalar que por el Artículo 2° de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16, se aprobó el “Procedimiento de Audiencias Públicas” que como ANEXO I integra dicho acto, por lo que resulta la norma aplicable a los supuestos de estos actuados en razón de la materia.
Que por su parte, cabe destacar que esta Autoridad Regulatoria ya ha celebrado Audiencias Públicas de manera virtual (a saber, Audiencias Públicas N° 101 a N° 106) las que se llevaron a cabo sin inconvenientes, y mediante las cuales se garantizó una amplia participación de todos los interesados. En ese sentido, la modalidad virtual de las Audiencias Públicas, al permitir el acceso desde cualquier dispositivo con internet, facilita y promueve una mayor participación ciudadana.
Que, en atención a ello, no hay obstáculos para la realización de una Audiencia Pública bajo la modalidad virtual, en especial, teniendo en cuenta que la Resolución ENARGAS N° I-4089/16 no impide en su letra ni en su espíritu dicha modalidad. Por otro lado, la posibilidad de que el ENARGAS convoque a una Audiencia Pública de manera virtual no interfiere con la participación ciudadana, sino que, por el contrario, la promueve.
Que, cabe señalar que una decisión de este tipo corresponde a la esfera propia del ENARGAS, en el marco de la competencia que le es propia y exclusiva. En efecto, este Organismo posee plenas facultades en función de la normativa citada, para convocar a una Audiencia Pública bajo la modalidad virtual, lo que resulta compatible con el régimen legal vigente y la participación ciudadana.
Que, por lo expuesto, corresponde convocar a una Audiencia Pública, en atención a lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 24.076, y en los términos de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16, siguiendo las pautas y criterios establecidos en los procedimientos vigentes y de acuerdo a los lineamientos previstos en la presente.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomada la intervención de su competencia.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de los dispuesto en el Artículo 6° y 52, incisos a), j) y l) de la Ley N° 24.076, los Decretos DNU N° 55/23 y N° 1023/24, el Artículo 4° de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16; y la Resolución N° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convocar a Audiencia Pública N° 107 con el objeto de poner a consideración las solicitudes presentadas por LITORAL GAS S.A., METROGAS S.A. y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. a fin de la evaluación, por parte de este Organismo, de la prestación del servicio público de distribución de gas natural en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 24.076 y del Numeral 3.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, y del resultado de dicha evaluación.
ARTÍCULO 2°.- La Audiencia Pública se celebrará el 20 de mayo de 2025, bajo la modalidad virtual, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la hora de inicio sería a las 9:00 horas, y la participación de los interesados sería exclusivamente de manera virtual o remota, conforme los considerandos del presente acto.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Anexo I (IF-2025-42230681-APN-GAL#ENARGAS), que establece el Mecanismo para la Inscripción y Participación de los interesados para Audiencia Pública N° 107 bajo la modalidad virtual, en todo acorde con lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N° I-4089/16.
ARTÍCULO 4°.- Determinar que el Expediente N° EX-2025-40975487- -APN-GAL#ENARGAS se encontrará disponible en la página web del ENARGAS para quienes quieran tomar vista de aquel, en los términos de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16.
ARTÍCULO 5°.- Determinar que los interesados en participar como Oradores podrán inscribirse a partir del día hábil administrativo siguiente a la primera publicación de la convocatoria (conf. Artículo 7° del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16), debiendo cumplir lo establecido en el Anexo I (IF-2025-42230681-APN-GAL#ENARGAS) y las disposiciones pertinentes de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16.
ARTÍCULO 6°.- Establecer que el Registro de Oradores se encontrará habilitado hasta las 23.59 horas del día 15 de mayo de 2025. No se considerarán las inscripciones que ingresaren fuera de dicho plazo.
ARTÍCULO 7°.- Determinar que la implementación, coordinación y organización de la Audiencia Pública estará a cargo de las Gerencias de Administración, de Tecnología de la Información y Comunicación, de Distribución, de Control Económico Regulatorio, de Desempeño y Economía, y de Asuntos Legales; y los Departamentos de Despacho de Gas y Secretaría del Directorio de este Organismo, las que podrán requerir la participación de las restantes unidades organizativas del ENARGAS.
ARTÍCULO 8°.- Establecer que la emisión del Orden del Día se encontrará a cargo de la Secretaría del Directorio de este Organismo, quien deberá ponerlo en conocimiento de esta Intervención por medios electrónicos y dentro de los términos previstos en la normativa de aplicación.
ARTÍCULO 9°.- Publicar un Aviso conforme el modelo agregado como como Anexo II (IF-2025-42230301-APN-GAL#ENARGAS) para su publicación en DOS (2) diarios de circulación nacional por DOS (2) días; y en el sitio web del ENARGAS.
ARTÍCULO 10.- Publicar la presente Resolución de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por DOS (2) días.
ARTÍCULO 11.- Notificar a las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de Gas Natural, en los términos del Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 12.- Registrar, publicar, dar a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivar.
Carlos Alberto María Casares
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26123/25 v. 28/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS - RESOL-2024-609-APN-INASE#MEC
#inscripcion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324434/1
Se decreta la inscripción en los Registros Nacionales de Cultivares y Propiedad de la creación fitogenética Braquiaria (Brachiaria ruziziensis x B. brizantha) denominada "MIXE DRWN 12", solicitada por BRAMIXE S.A. DE C.V., representada por Rosalba Delmira PEMAN. Se ordena emitir el título de propiedad y comunicar la inscripción. Firmante: Dunan.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 25/11/2024
VISTO el Expediente EX-2018-41833091--APN-DSA#INASE, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BRAMIXE S.A. DE C.V. representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la señora Doña Rosalba Delmira PEMAN ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de braquiaria (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard x B. brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf) de denominación MIXE DRWN 12, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos por los artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, en su reunión de fecha 13 de agosto de 2024, según Acta Nº 516, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en los artículos 8° y 9º del Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845, y el Decreto Nº 65 de fecha 19 de enero de 2024.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de este INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de braquiaria (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard x B. brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf) de denominación MIXE DRWN 12, solicitada por la empresa BRAMIXE S.A. DE C.V. representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la señora Doña Rosalba Delmira PEMAN.
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez cumplido el artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese a cargo del interesado en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Dunan
e. 25/04/2025 N° 24631/25 v. 25/04/2025
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS - RESOL-2025-9-APN-SECAE#JGM
#cese
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324435/1
Se limita la designación transitoria del abogado Francisco SÁNCHEZ GAMINO como Director de Estudios para el Desarrollo Nacional desde el 22/04/2025, conforme la Decisión Administrativa 991/24 y el Decreto 1103/24. Se incluye planilla anexa. Firma: José Luis VILA.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-41463173- -APN-DGDYD#JGM, los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 991 de fecha 23 de octubre de 2024, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Decisión Administrativa N° 991 de fecha 23 de octubre de 2024 se designó transitoriamente, a partir del 1° de septiembre de 2024 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al abogado Francisco Carlos SÁNCHEZ GAMINO (DNI 34.928.518) en el entonces cargo de Director de Estudios para la Planificación Estratégica de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el Decreto N° 1103 de fecha 17 de diciembre de 2024, modificatorio de su similar Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante la norma señalada en el considerando anterior se derogaron, incorporaron, homologaron y reasignaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los cargos pertenecientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme se detallan en la Planilla Anexa N° IF-2024-136645171-APN-SCLYA#JGM, que forma parte integrante del Decreto N° 1103/24.
Que mediante la Nota N° NO-2025-41298224-APN-SECAE#JGM de fecha 22 de abril de 2025, el titular de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS solicitó la desafectación del agente mencionado al cargo al que fuera designado transitoriamente, a partir del 22 de abril de 2025.
Que en virtud de lo solicitado por el titular de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, corresponde limitar la designación transitoria del abogado Francisco Carlos SÁNCHEZ GAMINO en el cargo de DIRECTOR DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL de la citada Secretaría.
Que la DIRECCIÓN DE SUMARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomó intervención, mediante la providencia N° PV-2025-42185166-APN-DS#JGM de fecha 23 de abril de 2025, en la que informó que el agente en cuestión no se encuentra alcanzado por las situaciones previstas en los artículos 61 y 62 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto N° 456 de fecha 3 de agosto de 2022, dado que no se encuentra involucrado en calidad de sumariado o imputado en investigación alguna en esta jurisdicción.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS NORMATIVOS, RECLAMOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso c) del artículo 1° del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por limitada, a partir del 22 de abril de 2025, la designación transitoria oportunamente efectuada mediante la Decisión Administrativa N° 991 de fecha 23 de octubre de 2024, al abogado Francisco Carlos SÁNCHEZ GAMINO (DNI 34.928.518) al cargo de Director de Estudios para el Desarrollo Nacional (ex Director de Estudios para la Planificación Estratégica) actualmente dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO ESTRATÉGICO de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B, Grado 0, con Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- La DIRECCIÓN DE CARRERA, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL comunicará la presente medida a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, a la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y PATRIMONIO y a la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, todas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, para que tomen la intervención de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese al abogado Francisco Carlos SÁNCHEZ GAMINO la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
José Luis Vila
e. 25/04/2025 N° 26151/25 v. 25/04/2025
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE INTERIOR - RESOL-2025-55-APN-SCLYAI#JGM
#renuncia
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324436/1
Se decreta la aceptación de la renuncia de Alcides MARINO al cargo de Subsecretario de Relaciones con las Provincias, adscrito a la Secretaría de Provincias y Municipios de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Rige desde el 11/04/2025. Firmado por el Secretario de Coordinación Legal y Administrativa de Interior, Pérsico. Se citan Decretos previos y la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Interior, sin datos tabulados.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-41729902- -APN-DGDYL#MI, los Decretos Nros. 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, 109 de fecha 31 de enero de 2024, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 109/24 se designó, a partir del 15 de enero de 2024, en el cargo de Subsecretario de Relaciones con las Provincias de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR al abogado Alcides Carlos MARINO.
Que el nombrado presentó su renuncia al cargo citado a partir del 11 de abril de 2025.
Que no existen objeciones para proceder a la aceptación de la referida renuncia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Interior ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aceptada a partir del 11 de abril de 2025, la renuncia presentada por el abogado Alcides Carlos MARINO (D.N.I. N° 27.528.223) al cargo de Subsecretario de Relaciones con las Provincias de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2º.- Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
José Luis Pérsico
e. 25/04/2025 N° 26314/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE DEFENSA - RESOL-2025-361-APN-MD
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324437/1
Se decreta el pago de la indemnización por lesiones graves del Sr. Miguel ÁVILA (certificadas por Junta Médica del Ejército según CP art. 90), a sus herederos consignados en el Anexo I. Se instruye liquidación y notificación. Firmantes: PETRI. Datos tabulados en el anexo.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La resolución analizada no presenta irregularidades constitucionales de manera manífest, ya que su contenido se inscribe dentro de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional y está alineada con los principios constitucionales de protección de derechos sociales y económicos. A continuación, los puntos clave:
Análisis Constitucional
- Fundamento Legal y Atribuciones del Poder Ejecutivo
- La resolución se ampara en el Decreto 829/2019, el cual fue dictado en ejercicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el inciso 20 del Artículo 75 de la Constitución Nacional (competencia para legislar sobre "progreso económico con justicia social" y "generación de empleo").
-
El Poder Ejecutivo puede regular cuestiones de seguridad social y derechos de víctimas según el artículo 14 bis, que obliga al Estado a garantizar un sistema de seguridad social "integral e irrenunciable".
-
Protección de Derechos Individuales
- El pago de indemnización a herederos de lesionados en el evento de 1975 se alinea con el artículo 14 bis, que incluye entre los derechos laborales y sociales la "protección contra el despido arbitrario" y la "retribución justa", extendida aquí a situación excepcionales de riesgo en servicio.
-
Además, el artículo 14 (protección de la propiedad) no se ve afectado, ya que se trata de una compensación voluntaria del Estado, no una expropiación.
-
Procedimiento y Legitimidad
- El proceso seguido cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99, inciso 3, ya que el Poder Ejecutivo actúa con base en normas previamente sancionadas por el Congreso (Decreto 829/19).
-
La intervención de la Junta Médica Superior del Ejército para certificar el grado de lesión (artículo 90 del Código Penal) garantiza un procedimiento técnico, alineado con el principio de razonabilidad (artículo 125).
-
Derechos Heredarios y Herederos Forzosos
-
El reconocimiento de los herederos forzosos de Delfina Salinas (madre del lesionado fallecido) se ajusta al artículo 14 bis (protección a la familia) y al Código Civil y Comercial (artículo 2.337), citado en el decreto), que reconoce la transmisión de derechos económicos a herederos sin necesidad de formalidades adicionales.
-
Sin Colisión con Principios Fundamentales
- No viola el artículo 36, ya que no hay intervención de fuerzas armadas ni actos de fuerza.
- El fin de la norma (reparación de daños a víctimas de hechos históricos) no contradije con el artículo 12, que prohíbe discriminación, ni con el artículo 16 (igualdad ante la ley).
Posibles Observaciones
-
Claridad en el Procedimiento:
Aunque el decreto cita el Reglamento de Procedimientos Administrativos (DNU 1759/72), hubiera sido preferible explicitar con más detalle el criterio de distribución de la indemnización entre los herederos (Anexo I), para evitár interpretaciones ambigüas. -
Alineamiento con Tratados Internacionales:
La compensación económica alinea con el Pacto de DD.HH. (citado en el artículo 75, inciso 23), al garantizar reparación por daños sufridos en un contexto histórico relevante.
Conclusión
La norma es constitucional por cuanto:
1. Cumple con los fines legales establecidos en el Decreto 829/19, el cual fue aprobado por el Congreso.
2. Respeta los derechos fundamentales, como el de indemnización por daños (artículo 14 bis).
3. Siguió el prodedimiento administrativo previsto (intervención de entidades técnicas como la Junta Médica).
No se identifican infracciones a la Constitución Nacional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO los Expedientes Nº EX-2024-103757260- -APN-SSGA#MD y EX-2024-139136555- -APN-DGPYB#EA, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 829 del 9 de diciembre de 2019, las Resoluciones Ministerio de Defensa N° RESOL-2024-1023-APN-MD de fecha 30 de septiembre de 2024 y RESOL-2024-1474-APN-MD de fecha 26 de diciembre de 2024, y
CONSIDERANDO:
Que el día 5 de octubre de 1975 se sucedieron acontecimientos de público conocimiento en la ciudad de FORMOSA, en los que fueron víctimas de muerte y lesiones los efectivos que defendieron las instalaciones militares del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio WARNES”.
Que el Decreto N° 829/19 estableció el derecho a percibir una compensación económica por la defensa del regimiento militar en los sucesos antes referidos, para las personas que hubieren sufrido lesiones gravísimas o graves, según la calificación del Código Penal, y los causahabientes de los fallecidos.
Que, en relación a los lesionados, los artículos 3° y 4° del Decreto N° 829/19 establecieron que para las lesiones gravísimas la indemnización sería la del artículo 2° del mencionado decreto reducida en un TREINTA POR CIENTO (30%) y en el caso de las lesiones graves la reducción sería del CUARENTA POR CIENTO (40%), debiendo determinarse el grado de las lesiones de conformidad con lo establecido en los tipos delictivos contenidos en el CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Que en el marco del expediente N° EX-2024-103757260- -APN-SSGA#MD se dictó la RESOL-2024-1023-APN-MD que, por un lado, estableció que la remuneración base para el cálculo de las indemnizaciones establecidas en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 829/19 es la correspondiente al mes de septiembre de 2024.
Que, por el otro, aprobó el pago de la indemnización prevista en el artículo 4° para los heridos que hubiesen acreditado la calidad de tales.
Que, asimismo, en el marco del expediente N° EX-2024-139136555- -APN-DGPYB#EA se dictó la RESOL-2024-1474-APN-MD mediante la cual se efectuaron otros pagos relacionados con los beneficios previstos en el Decreto N° 829/2019 restando el pago del herido -posteriormente fallecido- Miguel AVILA (DNI N° 11.010.100).
Que en función de lo dispuesto en el artículo 2.337 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, que reza “…en el caso de los ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia, pudiendo ejercer la totalidad de los derechos, con excepción de aquellos relacionados con la transferencia de bienes registrables.” la Sra. Delfina SALINAS (DNI N° 1.965.224), madre de Miguel AVILA ,se encontraría legitimada para el cobro.
Que, con posterioridad al fallecimiento de Miguel ÁVILA, la señora Delfina SALINAS fallece en el año 2011, por lo tanto, quien sería acreedora natural de la indemnización contemplada en el Decreto N° 829/2019, no pudo serlo ya que el reconocimiento fue hecho con posterioridad a la fecha de su fallecimiento.
Que eso no modifica su calidad de heredera, sino que transforma a sus propios herederos en herederos forzosos del beneficio en trámite en las presentes actuaciones.
Que tales herederos, han manifestado en carácter de declaración jurada en sus respectivas solicitudes la inexistencia de otros sucesores por fuera de los consignados.
Que en relación a la entidad de las lesiones, la Junta Médica Superior para el Personal Militar del Ejército Argentino ha tomado intervención y certificado, a la luz de los antecedentes obrantes en el organismo, que el Sr AVILA sufrió lesiones graves consignadas en el artículo 90 del CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en su participación en el suceso objeto de la presente.
Que el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención de su competencia mediante la emisión del dictamen previo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades establecidas por el artículo 5° del Decreto N° 829/19 y la reglamentación del artículo 35 de la Ley N° 24.156 aprobada por el Decreto N° 1.344/07 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el pago de la indemnización del artículo 4° del Decreto N° 829/19 a los herederos consignados en el Anexo I (IF-2025-42323872-APN-SSGA#MD), por la distribución allí establecida, en relación al S/C Miguel AVILA (DNI N° 11.010.100) quien resultó lesionado gravemente en su participación en la defensa del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio WARNES”, actualmente fallecido.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA para que por medio de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN instrumente las diligencias necesarias para la liquidación y pago de las indemnizaciones dispuestas en los artículos 1° con cargo a las partidas correspondientes del presente ejercicio presupuestario.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese al Señor Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO para que por intermedio de las dependencias correspondientes se lleve a cabo la notificación de la presente a los beneficiarios en los términos de los artículos 40, 41, 43 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y sus modificatorios.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Petri
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26127/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE DEFENSA - RESOL-2025-364-APN-MD
#designacion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324438/1
Se decreta la designación transitoria de Juan Pablo LATTIÓN como Director Nacional de Protección Humanitaria en el Ministerio de Defensa, con vigencia de 180 días hábiles desde el 28/03/2025. Se autoriza excepción por no cumplir requisitos del Convenio Colectivo. El cargo debe cubrirse en 180 días mediante proceso reglamentario. El gasto se financia con partidas del presupuesto del ministerio. Firma: Petri.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-33409217- -APN-DAP#MD, la Ley N° 27.701; los Decretos N° 2098, de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 50, de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, N° 729, de fecha 13 de agosto de 2024, N° 958, de fecha 25 de octubre de 2024, N° 1131, de fecha 27 de diciembre de 2024, N° 233, de fecha 27 de marzo de 2025 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1131/2024 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2025 regirán las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional, en virtud de lo establecido por el artículo 27° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias.
Que por el Decreto N° 958/2024 se estableció que corresponde al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a los Ministros, a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en sus respectivos ámbitos, efectuar y/o prorrogar las designaciones transitorias de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas vigentes, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, incluyendo las que correspondan a los organismos descentralizados que funcionen en su órbita.
Que por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, y sus respectivos Objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por el Decreto N° 729/2024 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado MINISTERIO DE DEFENSA, modificada por el Decreto N° 233/2025.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director Nacional de Protección Humanitaria, dependiente de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 958, de fecha 25 de octubre de 2024.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnese, con carácter transitorio, a partir del 28 de marzo de 2025 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al técnico Juan Pablo LATTIÓN (DNI N° 31.651.996), en el cargo de Director Nacional de Protección Humanitaria, dependiente de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria del MINISTERIO DE DEFENSA, en un Nivel A – Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/2008.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional, por no reunir el Tec. LATTIÓN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14° de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido respectivamente en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/2008, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del 28 de marzo de 2025.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 45 – MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Petri
e. 25/04/2025 N° 26049/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE DEFENSA - RESOL-2025-365-APN-MD
#designacion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324439/1
Se decreta designación transitoria de Jerónimo Peres Vieyra como Director Nacional de Enlace con la Agencia Federal de Emergencias (MINISTERIO DE DEFENSA) por 180 días hábiles, a pesar de no reunir requisitos mínimos. Autorizado pago de suplemento. El cargo deberá cubrirse mediante selección en el plazo. Firmantes: Petri. Gastos con cargo al presupuesto del MINISTERIO DE DEFENSA.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-33408962- -APN-DAP#MD; la Ley N° 27.701; los Decretos N° 2098, de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 50, de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, N° 729, de fecha 13 de agosto de 2024, N° 958, de fecha 25 de octubre de 2024, N° 1131, de fecha 27 de diciembre de 2024, N° 233, de fecha 27 de marzo de 2025 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1131/2024 se dispuso que, a partir del 1° de enero de 2025, regirán las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional, en virtud de lo establecido por el artículo 27° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias.
Que por el Decreto N° 958/2024 se estableció que corresponde al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a los Ministros, a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en sus respectivos ámbitos, efectuar y/o prorrogar las designaciones transitorias de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas vigentes, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, incluyendo las que correspondan a los organismos descentralizados que funcionen en su órbita.
Que por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, y sus respectivos Objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por el Decreto N° 729/2024 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado MINISTERIO DE DEFENSA, modificada por el Decreto N° 233/2025.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director Nacional de Enlace con la Agencia Federal de Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 958, de fecha 25 de octubre de 2024.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnese, con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2025 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al abogado Jerónimo PERES VIEYRA (DNI N° 36.172.402), en el cargo de Director Nacional de Enlace con la Agencia Federal de Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria del MINISTERIO DE DEFENSA, en un Nivel A – Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/2008.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional, por no reunir el ab. PERES VIEYRA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14° de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido respectivamente en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/2008, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del 1° de abril de 2025.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 45 – MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Petri
e. 25/04/2025 N° 26050/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - RESOL-2025-178-APN-MCH
#designacion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324440/1
Se designa transitoriamente a Daniela Costas como Directora de Adolescentes Infractores de Ley Penal por 180 días hábiles, autorizándose excepcionalmente pago de suplemento por no reunir requisitos del Convenio Colectivo. El cargo debe cubrirse en el mismo plazo conforme normas vigentes. Firmante: PETTOVELLO.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-141155245- -APN-DANAYF#MCH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88 de fecha 26 de diciembre de 2023 y 1131 de fecha 27 diciembre 2024, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 8 de fecha 10 de diciembre de 2023, 862 de fecha 27 de septiembre de 2024, 958 de fecha 25 de octubre de 2024 y 151 de fecha 28 de febrero de 2025, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 15 de enero de 2025, la Resolución Nº 20 de fecha 15 de noviembre de 2024 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Nº 8/23 se sustituyó el artículo 1º de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que por el Decreto Nº 862/24, y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que por el Decreto Nº 958/24 se establece que corresponde al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a los Ministros, a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, disponer y/o prorrogar asignaciones transitorias de funciones para los casos de las estructuras organizativas que dependan de cada una de ellos, incluyendo las que correspondan a los organismos descentralizados que funcionen en su órbita.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo, vacante y financiado, de Directora de Adolescentes Infractores de la Ley Penal, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que el gasto que demande la presente medida será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante la Ley Nº 27.701 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88/23 y 1131/24, y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 3/25.
Que la presente medida se tramita de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Resolución Nº 20/24 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
Que la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, dependientes del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, han tomado la intervención de su competencia.
Que la entonces COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, dependiente de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, ha efectuado la afectación preventiva correspondiente.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han intervenido conforme sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 2º del Decreto Nº 958/24.
Por ello,
LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de diciembre de 2024 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Lic. Daniela Natalia COSTAS (D.N.I. N°34.181.642), en el cargo de Directora de Adolescentes Infractores de la Ley Penal, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL, de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la Señora COSTAS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la notificación de la respectiva designación transitoria.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, SUBJURISDICCIÓN 02 - SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la Lic. Daniela Natalia COSTAS (D.N.I. N° 34.181.642).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese dentro del plazo de CINCO (5) días de su publicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL y a la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, todas ellas dependientes del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sandra Pettovello
e. 25/04/2025 N° 26150/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - RESOL-2025-179-APN-MCH
#cese #designacion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324441/1
Se decreta la limitación de la designación transitoria de Héctor FRANCO como ASESOR PRINCIPAL en la Agencia Territorial Posadas y designación transitoria de Cecilia COMPARIN como ANALISTA PRINCIPAL en el mismo cargo por 180 días. Se ordena la cobertura definitiva en el plazo y el gasto se imputa al MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO. Firmantes: PETTOVELLO.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2025-06569328- -APN-DRRHHTEYSS#MCH, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, aprobada por el Decreto reglamentario Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nº 88 de fecha 26 de diciembre de 2023 y Nº 1131 de fecha 27 diciembre 2024, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 101 de fecha 16 de enero de 1985, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 8 de fecha 10 de diciembre de 2023, 862 de fecha 27 de septiembre de 2024 y 958 de fecha 25 de octubre de 2024, la Decisión Administrativa N° 943 de fecha 10 de octubre de 2024, las Resoluciones Nros. 9 de fecha 12 de septiembre de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO y 20 de fecha 15 de noviembre de 2024 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 8/23 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios y se incorporó, entre otros, el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que en consecuencia, por el Artículo 10 del Decreto Nº 8/23 se determinó que los compromisos y obligaciones asumidos por los entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD; estarán a cargo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes.
Que por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, correspondiente al MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que por el Decreto Nº 862/24 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que por el Decreto Nº 958/24 se establece que corresponde al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a los Ministros, a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, disponer y/o prorrogar asignaciones transitorias de funciones para los casos de las estructuras organizativas que dependan de cada una de ellos, incluyendo las que correspondan a los organismos descentralizados que funcionen en su órbita.
Que por el Decreto N° 1131/24 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2025 regirán las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 88/23.
Que el artículo 1° inciso c) del Decreto Nº 101/85 establece, en su parte pertinente, que se delega a los señores Ministros, Secretarios Ministeriales y Secretarios, la facultad de resolver la aceptación de renuncias, limitación de servicios (bajas por fallecimiento, jubilación, retiro, razones de salud que imposibiliten para la función, etc.) sin distinción alguna en razón de la autoridad que hubiere dispuesto su nombramiento y el ámbito en que revistare el agente.
Que mediante Decisión Administrativa N° 943/24 el Sr. Hector Julio FRANCO (D.N.I. Nº 21.914.850) fue Designado en el Cargo de ASESOR PRINCIPAL - RESPONSABLE de la AGENCIA TERRITORIAL POSADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que la SECRETARIA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO solicitó la limitación del Sr. Héctor Julio FRANCO (D.N.I. Nº 21.914.850) mediante Nota N° NO-2025-04074193-APN-STEYSS#MCH, a partir de la notificación de la presente medida.
Que por la Resolución Nº 9/18 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO, se aprobaron las aperturas inferiores correspondientes a nivel de Departamento de la entonces SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS FEDERALES de la citada Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado para cumplir funciones de ASISTENTE PRINCIPAL - Responsable de la AGENCIA TERRITORIAL POSADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel B del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, encuadrado en las previsiones del Artículo 2º, inciso f) del Decreto Nº 426/22 y el inciso b) del Decreto Nº 1148/24.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido cuenta con el financiamiento correspondiente.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que el gasto que demande la presente medida, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante la Ley N° 27.701 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos N° 88/23 y N° 1131/24, y distribuido por la Decisión Administrativa N° 3/25.
Que la presente medida se tramita de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Resolución Nº 20/24 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
Que la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, dependientes del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, han tomado la intervención de su competencia.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han intervenido conforme sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 1° inciso c) del Decreto Nº 101/85 y el Artículo 2º del Decreto N° 958/24.
Por ello,
LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Limitar a partir de la notificación de la presente medida, la designación transitoria del Señor Héctor Julio FRANCO (D.N.I. Nº 21.914.850) en el Cargo de ASESOR PRINCIPAL - RESPONSABLE de la AGENCIA TERRITORIAL POSADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- Designar con carácter transitorio, a partir de la notificación de la presente medida y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Dra. Cecilia Anabel COMPARIN, (D.N.I. Nº 33.217.065), para cumplir funciones de ANALISTA PRINCIPAL - RESPONSABLE de la AGENCIA TERRITORIAL POSADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL, dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las disposiciones de los Artículos 14 de dicho Convenio y el Artículo 7º de la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por el Decreto Nº 1131/24.
ARTÍCULO 3º.- El cargo involucrado en el Artículo 2º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial será atendido con cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, SUBJURISDICCIÓN 03 - SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese al Señor Héctor Julio FRANCO (D.N.I. Nº 21.914.850) y a la Dra. Cecilia Anabel COMPARIN (D.N.I. Nº 33.217.065).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese dentro del plazo de CINCO (5) días de su publicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL ambas dependientes de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sandra Pettovello
e. 25/04/2025 N° 26312/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - RESOL-2025-181-APN-MCH
#designación
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324442/1
Se decreta prórroga de 180 días hábiles para la designación transitoria de Juan Pablo BECERRA como Director Nacional de Formación Laboral en el Ministerio de Capital Humano, con excepción por no cumplir requisitos mínimos. Debe cubrirse el cargo mediante selección vigente en 180 días. Gastos imputados a jurisdicción 88. Firmado por PETTOVELLO.
Referencias
- Leyes:
- Decretos:
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada presenta irregularades constitucionales que podrían generar conflictos con varios artículos de la Constitución Nacional Argentina. A continuación se detallan los principales puntos de conflicto:
1. Violación al Artículo 14 bis de la Constitución (Derechos Laborales)
El Artículo 14 bis garantiza "condiciones dignas y equitativas de labor" y "participación en las ganancias". La prórroga excepcional del nombramiento del Lic. BECERRA a pesar de no reunir los requisitos mínimos (como estable el Artículo 14 del Convenio Colectivo del SINEP) podría ser considerada una violación a la "dignidad laboral" y a los principios de mérito y transparencia en la administración pública.
2. Exceso de Atribuciones del Poder Ejecutivo (Artículos 99 y 75 inc. 9)
El Artículo 99 inciso 3 de la Constitución limita el poder del Ejecutivo para nombrar funcionarios, exijendo en casos excepcionales "razones operativas". El Decreto N° 26311/25 reneudó un nombramiento que ya había sido hecho "transitoria" debido a la falta de requisitos, invocando razones no claramente demostradas. Esto podría interpretarse como un ultraje a los principios de regularidad administrativa y a lo dispuesto en el Artículo 75 inc. 9, que reque que "ningún servicio personal es exigible sin base en ley".
3. Posible Inconstitucionalidad por Violación al Artículo 16 (Igualdad ante la Ley)
El Artículo 16 estable que "todos sus habitantes son iguales ante la ley". La prórroga del nombramiento sin cumplir los requisitos establecidos en el Convenio Colectivo (como formación o experiencia) podría generar discriminación, contraviniendo el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos.
4. Conflictos con el Artículo 99 inciso 21
El Artículo 99 inciso 21 limita la facoltad del Ejecutivo de emitir normas de carácter legislativo. El Decreto 26311/25, aunque de carácater administrativo, podría estar sustituyendo disposiciones de un convenio colectivo (Artículo 14 del SINEP), lo que sería inconstitucional segun el mencionado inciso.
5. Posible Violación al Artículo 20 (Derecho a la Defensa y Proceo Justo)
El Artículo 20 garantiza el derecho a "juicio previo fundado en ley". El nombramiento sin cumplir requisitos establecidos en leyes (como el convenio colectivo) podría ser considerado un "acto de autoridad" que afecta derechos adquiridos por otros postulantes, sin garantía de un proceo eqitativo.
6. Posible Irregularidad en el Proceo de Nombramiento (Artículo 75 inc. 19)
El Artículo 75 inciso 19 faculta al Congreso a regular el "régimen de nombramientos en la administración pública". La prórroga de un nombramiento "transitorio" sin seguimiento de los concursos o procesos establecidos en leyes o convenios, podría ser considerado un acto arbitrario que viola el principio de "igualdad de oportunidades".
Conclusión:
El decreto presenta irregularidades que podrían ser impugnables:
- Inconstitucionalidad formal: si el nombramiento sin requisitos afecta derechos laborales o administrativos (Artículos 14 bis y 16).
- Exceso de atribuciones al saltar disposicioness de convenios colectivos (Artículo 14 SINEP).
- Posible nulidad del acto si el "motivo operativo" no es justificado o si supera el plazo permido por la ley (ver Artículo 9 del Decreto 958/24, que limita prórrogas a 180 días hábiles).
Para su valided, el Ejecutivo debió:
1. Demostrar que la prórroga era "equirremente" y no un modo de saltar los procesos de selección.
2. Asegurar que el nombramiento no afecta derechos adquiridos por otros postulantes (Artículo 14 bis).
3. Cumplir con el Artículo 9 del Decreto 958/24, que limita las prórrogas a 180 días, algo que en este caso se cumple técnicamente, pero se cuestiona su fundamento.
Si el nombramiento persiste más allá de los 180 días sin cumplir requisitos, la medida podría ser declarada nula por la Corte Suprema.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-128837669- -APN-DRRHHTEYSS#MCH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88 de fecha 26 de diciembre de 2023 y 1131 de fecha 27 diciembre 2024, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 328 de fecha 31 de marzo de 2020, 8 de fecha 10 de diciembre de 2023, 862 de fecha 27 de septiembre de 2024, 958 de fecha 25 de octubre de 2024, y las Decisiones Administrativas N° 379 de fecha 21 de mayo de 2024 y 3 de fecha 15 de enero de 2025, la Resolución Nº 20 de fecha 15 de noviembre de 2024 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 8/23 se sustituyó el artículo 1º de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que en consecuencia, por el artículo 10 del Decreto N° 8/23 se determinó que los compromisos y obligaciones asumidos por los entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD; estarán a cargo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que por el Decreto Nº 862/24 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que por el Decreto Nº 958/24 se establece que corresponde al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a los Ministros, a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, disponer y/o prorrogar asignaciones transitorias de funciones para los casos de las estructuras organizativas que dependan de cada una de ellos, incluyendo las que correspondan a los organismos descentralizados que funcionen en su órbita.
Que por el Decreto N° 1131/24 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2025 regirán, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 379/24, se designó transitoriamente, a partir del 1° de marzo de 2024 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada medida, al Lic. Juan Pablo BECERRA (D.N.I. N°22.576.892) en el cargo de Director Nacional de Formación Continua de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo, con autorización excepcional por no reunir, el Lic. BECERRA, los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.
Que por el Artículo 1° del Decreto N° 328/20, se dispuso que las prórrogas de las designaciones que se instrumenten no podrán exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación transitoria del mencionado funcionario.
Que el citado funcionario se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido.
Que la presente medida se tramita de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Resolución Nº 20/24 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL y la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, han tomado la intervención de su competencia.
Que el gasto que demande la presente medida, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante la Ley Nº 27.701 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88/23 y 1131/24, y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 3/25.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomaron la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 2º del Decreto Nº 958/24.
Por ello,
LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 25 de noviembre de 2024 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria del Licenciado Juan Pablo BECERRA, (D.N.I. N°22.576.892) en el cargo de Director Nacional de Formación Laboral de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo, con autorización excepcional por no reunir, el Lic. BECERRA, los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme a los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV, y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la notificación de la respectiva medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, SUBJURISDICCIÓN 03 - SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese al Licenciado Juan Pablo BECERRA (D.N.I. N° 22.576.892).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese dentro del plazo de CINCO (5) días de su publicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL y a la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, todas ellas dependientes del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sandra Pettovello
e. 25/04/2025 N° 26311/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - RESOL-2025-182-APN-MCH
#designacion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324443/1
Se asignan funciones transitorias de Coordinadora de Rendición de Cuentas de Niñez, Adolescencia y Familia a Claudia Roxana MANTOVANO en el Ministerio de Capital Humano desde el 1° de diciembre de 2024 hasta el 27 de febrero de 2025. La asignación incluye remuneración con asignación básica de nivel superior y suplemento ejecutivo IV. Firmó Sandra PETTOVELLO.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-131285350-APN-CAPNAYF#MCH, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, aprobada por el Decreto Reglamentario Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios, la Ley Nº 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88 de fecha 26 de diciembre de 2023 y 1131 de fecha 27 diciembre 2024, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 8 de fecha 10 de diciembre de 2023, 862 de fecha 27 de septiembre de 2024, 958 de fecha 25 de octubre de 2024 y 151 de fecha 28 de febrero de 2025, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 15 de enero del 2025, la Resolución N° 20 de fecha 15 de noviembre de 2024 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Nº 8/23 se sustituyó el artículo 1º de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría.
Que por el Decreto Nº 862/24 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.
Que, posteriormente, mediante por el Decreto N° 151/2025, se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO habiéndose derogado, entre otros, el cargo de Coordinador de Rendición de Cuentas de Niñez, Adolescencia y Familia.
Que, consecuentemente con lo indicado en el Considerando anterior, es menester limitar la asignación de funciones que trata la presente al día 27 de febrero de 2025.
Que el entonces cargo de Coordinador de Rendición de Cuentas de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel B, con Función Ejecutiva Nivel IV, se encontraba vacante.
Que atento a la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada Unidad Organizativa y con el objeto de asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción, resulta necesario proceder a la asignación de funciones con carácter transitorio en el mencionado cargo, en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, y del Artículo 15, inciso a), del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
Que la asignación de funciones de la Doctora Claudia Roxana MANTOVANO (D.N.I. N°17.294.876), Nivel B, Grado 9, Tramo General, Agrupamiento Profesional se realiza conforme lo establecido en el artículo 112 del Convenio Colectivo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que el Artículo 108 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, establece que la subrogancia recaerá en el personal que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad, por alguna de las causas que allí establece.
Que la agente en cuestión posee la idoneidad y el mérito suficientes para desempeñar dicha función de coordinación.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que por el Decreto Nº 958/24 se establece que corresponde al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a los Ministros, a los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, disponer y/o prorrogar asignaciones transitorias de funciones para los casos de las estructuras organizativas que dependan de cada uno de ellos, incluyendo las que correspondan a los organismos descentralizados que funcionen en su órbita.
Que el gasto que demande la presente medida será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas mediante la Ley Nº 27.701 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, prorrogada por los Decretos Nros. 88/23 y 1131/24, y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 3/25.
Que la presente medida se tramita de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Resolución Nº 20/24 de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
Que la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, dependientes del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, han tomado la intervención de su competencia.
Que la entonces COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, dependiente de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, ha efectuado la afectación preventiva correspondiente.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha efectuado la intervención que le compete.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO han intervenido conforme sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 2º del Decreto Nº 958/24.
Por ello,
LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por asignadas transitoriamente, a partir del día 1° de diciembre de 2024 y hasta el 27 de febrero de 2025, las funciones de Coordinadora en la entonces COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, Nivel B, a la agente Doctora Claudia Roxana MANTOVANO (D.N.I. N° 17.294.876), perteneciente a la Planta Permanente de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Nivel B, Grado 9, Tramo General, Agrupamiento Profesional en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
La presente asignación de funciones se realiza conforme lo establecido en el artículo 112 del Convenio Colectivo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- La agente mencionada percibirá, por el plazo mencionado en el Artículo 1°, la Asignación Básica del nivel superior con los Adicionales por Grado y Tramo correspondientes a su situación de revista, con más el Suplemento por Función Ejecutiva IV, conforme lo dispuesto en el artículo 109 del Convenio Colectivo citado.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial será atendido con cargo a las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, SUBJURISDICCIÓN 2 - SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la Doctora Claudia Roxana MANTOVANO (D.N.I. N° 17.294.876).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese dentro del plazo de CINCO (5) días de su publicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL y a la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, todas ellas dependientes del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sandra Pettovello
e. 25/04/2025 N° 26308/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA - RESOL-2025-61-APN-SAGYP#MEC
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324444/1
Se decreta conceder uso del Sello "ALIMENTOSOS ARGENTINOS..." a MFRUIT S.R.L. para "NARANJAS DULCES FRESCAS" bajo "MORRESI FRUIT" por 2 años. Obligan exhibir el sello en exportaciones para el reintegro 0,5% y limitar envases a ≤20kg desde 2027. Aprueban diseños en anexos. Firma: Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca).
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma resuelta en la Resolución mencionada no presenta inconstitucionalidad manefesta, pero presenta posibles irregularidades que podrían derivar en conflictos con la Constitución Nacional en determinados aspectos. A continuación:
Posibles Irregularidades y Conflictos Constitucionales:
- Falta de claridad en el estándares técnicos y objetivos de la norma (Artículo 19 y 42):
- El Artículo 5 de la resolución estable la obligatoriedad del uso del sello "ALIMENTOS ARGENTINOS" para acceder al reintegro aduanero, vinculándolo a un límite de envase de 20 kg. desde 2027.
-
Conflictos: La determinación de un tamaño máximo de envase sin justificación técnica específica podría ser arbitraria y afectar la libertad de empresa (Art. 14) o la propiedad (Art. 17), si no se basa en criterios objetivos de calidad o seguridad.
-
Posible exceso de podedes en el Poder Ejecutivo (Artículo 76):
- La resolución delega al ministerio de Agricultura la potestad de establecer parámetros técnicos para el uso del sello, sin criterios claros en la norma superior (Ley 26.967).
-
Conflictto: Podría configurar una delegación legislativa improcedente (Art. 76), que limita la potestad de los ministerios a reglamentar solo materias "determinadas" y con plazo fijado).
-
Posible viciode en el procezo de certificación (Artículo 18 y 20):
-
La resolución aprueba el uso del sello basada en un "Protocolo de Calidad" no detallado en la norma, lo que podria vulnerar el derecho a la defensa (Art. 18) si no se garantizan mecanismos de apelación claros para los productores.
-
Conflictos con el Artículo 9 y 10 (comercio interno y libre circulación):
- La condición de tamaño de envase (20 kg.) para exportación podria afectar a productores que no puedan adaptarse, potencialmente creando barreras no técnicas al comércio interno (Art. 9 y 10), si el límite no estuviera justificado en normas técnicas de seguridad o calidad.
Conclusión:
La norma es constitucional en su núcleo, ya que persigue fines válidos (promover exportaciones, proteger consumidores y garantizar calidad). Sin embargo, las siguientes irregularidades podrían generar conflictos: - Falta de claridad y proporcionalidad en el límite de 20 kg. (Art. 16 y 19). - Exceso de potestad si la reglamentación técnica no está detallada en la ley madre (Ley 26.967). - Posible afectación a la libertad de empresa si el requerimiento del sello se convierte en barrera no justificada para productores (Art. 14).
Para ser plenamente constitucional, requiere que: 1. La Ley 26.967 especifique los criterios téccos para el "Protocolo de Calidad". 2. Los límites de envase se justifiquen por motivos de salubridad o calidad, no meramente aduanares o proteccionistas. 3. Garantizar mecanismos de apelación para los productores (Art. 18).
En su estado actual, no es claramente inconstitucional, pero su aplicción podria generar discusiones en caso de abuso o aplicación discrecional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 22/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-68554297- -APN-DGDAGYP#MEC, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, 22 de fecha 30 de enero de 2012 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 90 de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
Que en virtud de la mencionada normativa, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que asimismo, y atento lo previsto por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, modificada por su similar N° 112 de fecha 3 de diciembre del 2024 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, corresponde establecer que a partir del 1° de enero de 2027 y en todos los casos, el envase de aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello, deberá ser inferior o igual a VEINTE KILOGRAMOS (20 kg.).
Que de conformidad con lo establecido por la Ley N° 26.967 y por la citada Resolución N° 392/05, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.
Que, asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por el Artículo 2° de la Resolución N° 90 de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, el interesado debe presentar un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS E INSERCIÓN INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la Ley N° 26.967.
Que por la Resolución Nº 22 de fecha 30 de enero de 2012 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobó el Protocolo de Calidad para “NARANJAS DULCES FRESCAS”.
Que la firma “MFRUIT S.R.L” (C.U.I.T. N° 33-70955216-9), con domicilio legal en la calle Bottaro N° 2.885, de la Cuidad de San Pedro Provincia de BUENOS AIRES con Constancia de Habilitación de Establecimiento de Empaque N° B-1906-a-C emitida por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir al producto “NARANJAS DULCES FRESCAS” comercializado mediante la marca “MORRESI FRUIT”.
Que la peticionante ha cumplido con los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos por la Ley N° 26.967 y por la mencionada Resolución N° 392/05, para la obtención del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así también ha acreditado el cumplimiento del Protocolo de Calidad para “NARANJAS DULCES FRESCAS” aprobado por la citada Resolución Nº 22/12.
Que el área técnica de la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS E INSERCION INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA elaboró el informe correspondiente, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma “MFRUIT S.R.L” (C.U.I.T. N° 33-70955216-9), con domicilio legal en la calle Bottaro N° 2.885, de la Cuidad de San Pedro Provincia de BUENOS AIRES, con Constancia de Habilitación de Establecimiento de Empaque N° B-1906-a-C emitida por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, al producto “NARANJAS DULCES FRESCAS” comercializado mediante la marca “MORRESI FRUIT”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967, por la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias y por la Resolución Nº 22 de fecha 30 de enero de 2012 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase la Nota de “ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES” del referido Sello, que como Adjunto (IF-2025-22705014-APN-DGDAGYP#MEC) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°. - El derecho de uso cedido por el Artículo 1° de la presente medida, se acuerda por el plazo de DOS (2) años contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en las muestras de rótulo y/o elementos de “packaging” del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjuntos (IF-2024-68552475-APN-DGDAGYP#MEC, IF-2024-68553355-APN-DGDAGYP#MEC, IF-2024-68553483-APN-DGDAGYP#MEC e IF-2024-68553589-APN-DGDAGYP#MEC) forman parte de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Hácese saber a la firma “MFRUIT S.R.L” (C.U.I.T. N° 33-70955216-9), la obligatoriedad del uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente, para aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución N° 90 de fecha 12 de abril de 2017 del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, asimismo que, a partir del 1 de enero de 2027, en todos los casos, el envase de aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello, deberá ser inferior o igual a VEINTE KILOGRAMOS (20 kg.).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Iraeta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26043/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ENERGÍA - RESOL-2025-164-APN-SE#MEC
#tarifas
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324445/1
La SECRETARÍA DE ENERGÍA (Tettamanti) concede a la COOPERATIVA ALMAFUERTE (Córdoba) conformidad para aplicar tarifas de PAFTT FIRME según el Anexo 27 y normas vigentes. Se respalda con Leyes 15.336, arts. 35,36,37 de la Ley 24.065 y DNU 50/2019. Se notifica al ERSE (Córdoba), CAMMESA y ENRE. Se decreta publicación y envío al Registro Oficial.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma emitida por la Secretaría de Energía Nacional es constitucional, ya que se ajusta a las competencias delegadas por el Congreso Nacional en materia de regulación del mercado eléctrico mayorista y servicios públicos, conforme a los siguientes fundamentosos:
Análisis de conformidad constitucional:
- Competencia Federal sobre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM):
- La regulación del mercado eléctrico mayorista (MEM) y las funciones técnicas de transpote de energía caen dentro de la competencia del Poder Ejecutivo Nacional, conforme al Artículo 75, inciso 3, que faculta al Congreso a legislar sobre comercio entre provincias y servicio público.
-
La Resolución se ampara en la Ley N° 24.065 (que estable el MEM) y en el Decreto N° 50/99, normas que definen el marco federal para el servicio. Esto es compatible con el Artículo 75, inciso 3, ya que regulación del MEM es de interés nación y requiere armonización entre provincias.
-
Defensa del consumidor (Artículo 42 de la Constitución):
-
La norma cumple con el Artículo 42, que garantiza a los consumidores “información adecuada y veraz” y “trato equitativo”. La resolución exige que la Cooperativa de Córdoba aplique tarifas basadas en un cuadro tarifario transparente y con control del Ente Regulador Provincial (erSEP) y la CAMMESA, asegurando un marco de transparencia y equidad.
-
Autonomía de las provincias en servicios locales:
-
Las provincias y la Nación tienen competencias concurrentes en servicios públicos (Art. 75, inciso 19). La resolución no menoscaba la autonomía provincial, ya que la Cooperativa actúa bajo el marco del MEM (competencia federal) y bajo supervisión del erSEP (órgano provincial). Esto es compatible con el Artículo 121, que reconoce autonomía provincial en materias no delegadas a la Nación.
-
Procedimiento adecuado:
-
La decisión sigue el trámite establecido en la Ley N° 24.065 y el Decreto N° 50/99, lo que asegura que no hay violación al principio de legalidad (Art. 18 y 19).
-
No hay interferencia en competencias provinciales:
- La resolución limita su ámbito al marco del MEM y la función técnica de transpote, sin afectar la regulación tarifaria final de los usuarios locales (que es competencia provincial). Esto respeta el principio de federalismo (Art. 121).
Posibles observaciones o lindes constitucionales:
-
Transparencia y control:
La norma debe garantizar que la tarifa aplicada no genere discriminación entre provincias (Art. 14), ni afecte el “libre transito de bienes y servicios” (Art. 9). En este caso, la regulación se ajusta a parámetros técnicos y económicos vigentes, evitando distinciones ilegales. -
Participación de los consumidores:
La mención de información y control por el Defensor del Pueblo o asociaciones de consumidores (según el Artículo 42) debe aplicarse efectivamente, pero la norma no lo reglamenta directamente. Sin embargo, no es un vicio de fondo.
Conclusión:
La norma no presenta irregularidades constitucionales. Está basada en leyes nacionales (Ley 24.065 y Decreto 50/99) y se inscribe en el marco de competencia federal para el mercado eléctrico mayorista. Cumple con los derechos de los consumidores (Art. 42) y no interfere en competencias provinciales exclusivas.
En resultado: La resolución es constitucional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-03128517-APN-DGDA#MEC, y
CONSIDERANDO:
Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en uso de las facultades del ESTADO NACIONAL y sin perjuicio del carácter federal de las vinculaciones de los Grandes Usuarios con el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), consideró conveniente establecer las condiciones básicas cuyo cumplimiento permita a los PRESTADORES ADICIONALES DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE (PAFTT) aplicar, para esa prestación, lo establecido por los respectivos Marcos Regulatorios locales o por los regímenes regulatorios aplicables en cada caso, a fin de que perciban ingresos suficientes que les permitan cubrir los costos razonables resultantes de la prestación eficiente del servicio de redes sujeto a las exigencias de calidad de servicio vigentes en cada jurisdicción.
Que por ello, mediante la Resolución N° 672 de fecha 15 de mayo de 2006 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se estableció que el PRESTADOR ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE (PAFTT) se encuentra facultado a solicitar la conformidad para aplicar las condiciones de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE FIRME (PAFTT FIRME) de acuerdo al Punto 3 “CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA” del Anexo 27 “REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIRME EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)” de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Los Procedimientos), descriptos en el Anexo I de la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias.
Que, a tal efecto, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a través de la Comunicación publicada en el Boletín Oficial Nº 30.931 de fecha 22 de junio de 2006, estableció los requisitos formales necesarios para tal solicitud.
Que en las actuaciones citadas en el Visto, la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMAFUERTE LTDA. de la Provincia de CÓRDOBA, solicitó la conformidad de esta Secretaría de acuerdo a lo establecido en el Punto 3 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Inciso 3.2 “DE ACUERDO AL CUADRO TARIFARIO” del Anexo 27 de Los Procedimientos.
Que en el Informe Técnico N° IF-2025-33884161-APN-DNRYDSE#MEC, la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría, señaló que: “...desde el punto de vista técnico regulatorio, se considera que la presentación de la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Ltda. de la Provincia de Córdoba ha dado cumplimiento a todos los contenidos requeridos por el punto 3.2. “DE ACUERDO AL CUADRO TARIFARIO” del ANEXO 27 REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIRME EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de LOS PROCEDIMIENTOS, referidos en la Comunicación de la Ex - Subsecretaría de Energía Eléctrica publicada en el Boletín Oficial Nº 30.931 de fecha 22 de junio de 2006, para obtener la conformidad de la Secretaría de Energía para aplicar las Tarifas de Peaje de su Cuadro Tarifario.”
Que de las actuaciones surge que el organismo con competencia y autoridad regulatoria local es el ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSEP) de la Provincia de CÓRDOBA, y como tal, resulta competente para el control y seguimiento futuro de las tarifas y requisitos previstos en la normativa, tal como se expide en el aval e informe pertinente de justificación de las tarifas realizados para obtener la presente conformidad, en tanto se mantengan vigentes los requisitos previstos en la normativa.
Que la solicitud de conformidad efectuada por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMAFUERTE LTDA. de la Provincia de CÓRDOBA, ha sido publicada en el Boletín Oficial Nº 35.613 de fecha 19 de febrero de 2025, no presentándose objeciones a la misma.
Que por ello, corresponde otorgar a la citada Cooperativa la conformidad solicitada para que aplique a la PAFTT FIRME las tarifas de su respectivo Cuadro Tarifario a los usuarios de su jurisdicción.
Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 15.336, los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley Nº 24.065 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Préstase la conformidad solicitada por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMAFUERTE LTDA. de la Provincia de CÓRDOBA, para que aplique a la PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE FIRME (PAFTT FIRME) de su jurisdicción, lo dispuesto en el Punto 3.2. “DE ACUERDO AL CUADRO TARIFARIO” del Anexo 27 “REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIRME EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)” de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Los Procedimientos), descriptos en el Anexo I de la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMAFUERTE LTDA. de la Provincia de CÓRDOBA; al ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSEP) de la Provincia de CÓRDOBA; a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA); y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de esta Secretaría.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Carmen Tettamanti
e. 25/04/2025 N° 26070/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE JUSTICIA - RESOL-2025-249-APN-MJ
#tarifas
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324446/1
Se decreta cobro de $1 para trámites de reposición de documentación vehicular (duplicado de Cédula, título de propiedad y placas) en Registros Seccional Bahía Blanca Nros. 4 y 6, por daños del temporal del 7/3/2025. Afectados deben presentar declaración jurada (Anexo I). Inscripciones de vehículos reemplazo también pagan $1. Se incluyen listados en Anexos II y III. Firmado: Cúneo Libarona.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La resolución analizada no presenta inconstitucionalidad manifiesta, pero presenta irregularidades potenciales que podrían derivar en conflictos constitucionales si no se ajusta a los marcos legales que le dan fundamento. A continuación se explica:
Posibles irregularidades y conflictos con la Constitución:
1. Potestad para fijar aranceles:
- Constitución (Art. 75, inc. 2): El Congreso tiene potestad para establecer "contribuciones indirectas" y reglamentar la "navegación de ríos interiores" (inc. 10), 18). Sin embargo, los arances por trámites administrativos (como los de registros de propiedad de automotores) suelen establcerse por reglamentos ministeriales, no por ley.
- Problema: Si el Decreto-Ley 6582/58 (Régimen Jurídico del Automotor) no otorga explícitamente al ministerio de Justicia (órgano emisor) la potestad de modificar arances en casos de emergencia, la resolución podría ser excesiva en su potestad, violando el principio de reserva legal (Art. 75, inc. 1).
2. Proporcion de "arancel de $1" en situaciones de emergencia:
- Art. 75, inc. 2: El Congreso regula contribuciones, pero los arances por trámites administrativos no son "contribuciones", sino tasas por servicio. Sin embargo, su reducción drástica (de, por ejemplo, $500 a $1) requiere un fundamento en normas que permitan tal flexibilidad, como leyes especiales de emergencia o reglamentos vigentes.
- Arreglo: Si el Régimen del Automotor (Decreto-Ley 6582/58) o su reglamentación incluyen cláusulas para casos de catástrofe, la medida es válida. En caso contrario, la reducción unilateral del arancel podría considerarse una "contribución indirecta" sin base legal, violando el Artículo 75, inc. 2.
3. Tratamiento diferencial entre afecados y no afecados:
- Art. 16 (igualdad ante la ley): La reducción del arancel solo aplica a quienes acrediten ser afecados por el temporal.
- Arreglo: La diferencia es justificable por un "motivo razonable" (emergencia), no un "trato arbitrario". No viola el principio de igualdad si se demuestra un vínculo entre la medida y la necesidad de asistencia a afecados.
4. Potestad del Poder Ejecutivo:
- Art. 99, inc. 2: El Poder Ejecutivo puede dictar decretos de "necesidad y urgencia", pero requiere refrendo de los ministros y someterse a control del Congreso.
- Problema: La resolución es un acto ministerial, no un decreto del Poder Ejecutivo. Para medidas excepcionales en emergencias, requiere base en leyes prexistentes o una delegación expresa del Congreso. Si el Decreto-Ley 6582/58 no autoriza tal medida, podría ser cuestionada como acto arbitrario.
Conclusión:
La resolución no es claramente constitucionalmente inválida, pero presenta irregularidades que dependen de: 1. Si el Régimen del Automotor (Decreto-Ley 6582/58) incluye cláusulas que permitan ajustes de arances en situaciones de emergencia. 2. Si el acto ministerial no excede sus potestades reglamentarias, requiriendo en caso contrario una ley especial del Congreso para tales excepciones.
Si no hay base legal expresa en el Régimen del Automotor o en leyes de emergencia, la medida podría ser cuestionada por: - Violación del Art. 75, inc. 2 (si se interpreta como una "contribución" sin base legal). - Arbitrariedad (si el ministerio excede sus potestades reglamentarias).
Sugerecias: - Verificar si el Decreto-Ley 6582/58 permite al ministerio ajustar arances en situaciones de emergencia. - Asegurar que la "emergencia" fue declarada previamente por el Poder Ejecutivo (Art. 23) o que la norma subyacente autoriza tal medida.
En resumen, no es claramente inválida, pero requiere un análsis detallado de la ley del Automotor y la base reglamentaria. Si no hay fundamento, podría ser desafogada en el ámbito judicial.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2025-35149039-APN-DNRNPACP#MJ y la Resolución ex M.J. y D.H. Nº 314 del 16 de mayo de 2002 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el temporal acaecido durante el día 7 de marzo de 2025 en la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES y sus alrededores, ha provocado innumerables pérdidas materiales para la población afectada, incluyendo bienes de uso personal y familiar, viviendas, automotores, mercaderías en establecimientos comerciales y mobiliarios, entre otros.
Que en respuesta a dichos acontecimientos, el ESTADO NACIONAL ha puesto a disposición de la Provincia afectada, todos los recursos físicos y humanos para la atención de las víctimas y la adopción de medidas para la reparación de las pérdidas.
Que entre los daños materiales que acarrea un hecho de estas características, debe considerarse la posibilidad de la pérdida o destrucción de documentación de carácter oficial, entre la que se encuentra la relacionada con las competencias de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, que funciona en la órbita de esta cartera ministerial.
Que, en ese marco, ese Organismo registral tiene como responsabilidad primaria aplicar los regímenes que regulan lo concerniente a la propiedad de los automotores, siendo los Registros Seccionales dependientes de aquél quienes expiden la documentación obligatoria para la identificación de los vehículos y su titularidad.
Que los hechos ocurridos pueden haber causado el deterioro o pérdida de dicha documentación.
Que el Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley N° 6582/58 -ratificado por Ley N° 14.467-, t.o. Decreto N° 1114/97 y sus modificatorias), dispone en su artículo 9° que “Los trámites que se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por esta norma y la reglamentación.”.
Que, por ello, este Ministerio entiende que corresponde autorizar, con carácter excepcional y por un plazo determinado, a un número limitado de Registros Seccionales cuya competencia territorial alcanza las zonas afectadas, a percibir por todo concepto un arancel de PESOS UNO ($ 1,00) para la inscripción de los trámites de reposición de los elementos registrales: Placas identificatorias, Cédulas de Identificación y Títulos de propiedad que los usuarios afectados hubieran perdido como consecuencia de los hechos mencionados.
Que la presente medida encuentra antecedente en anteriores actos dispuestos por este Ministerio, entre los cuales puede citarse las Resoluciones ex M.J. y D.H Nros. 371 del 5 de abril de 2013 y 2369 del 18 de noviembre de 2015, con motivo de las inundaciones sufridas por la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y distintas localidades de la Provincia de BUENOS AIRES.
Que, en consecuencia, se entiende pertinente adoptar esa medida paliativa respecto de la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, jurisdicción afectada por la catástrofe natural ya mencionada.
Que la presente medida debe ser instrumentada en los diferentes Registros Seccionales de un modo ágil y sencillo, de modo de no causar mayores trastornos a quienes han atravesado esa difícil situación.
Que, por otro lado, se ha relevado la existencia de vehículos ya inscriptos ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, los que aún se encontraban en los depósitos de las concesionarias el día del feroz temporal, entre ellos, los consignados en el Anexo II a la presente.
Que, en ese marco, a fin de paliar la situación material de los afectados en esta situación extraordinaria, se establece un arancel excepcional para tramitar la baja de esos vehículos, como así también, las inscripciones iniciales de los automotores que los reemplacen.
Que, a este último efecto, se considera pertinente, a los fines operativos, disponer que los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR BAHÍA BLANCA Nros. 4 y 6 tramitarán la inscripción inicial de las unidades adquiridas en reemplazo de los dominios dados de baja en este marco.
Que ha tomado debida intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9º del Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley Nº 6582/58 -ratificado por Ley Nº 14.467-, t.o. Decreto Nº 1114/97 y sus modificatorias); 22, inciso 15 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias; 2º, inciso f), apartado 22) del Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios; 4º del Decreto Nº 335 del 3 de marzo de 1988 y 1º del Decreto Nº 1404 del 25 de julio de 1991.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR y los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MOTOVEHÍCULOS con jurisdicción en la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, deberán percibir un arancel excepcional de PESOS UNO ($ 1,00), por todo concepto, por los trámites de duplicado de Cédula de Identificación, duplicado de Título de propiedad y reposición de Placas Metálicas de identificación de automotores y motovehículos (Aranceles Nros. 9, 10 y 12 de los Anexos I y II de la Resolución ex M.J. y D.H. Nº 314 del 16 de mayo de 2002 y sus modificatorias), que sean solicitados hasta el 31 de mayo de 2025 por los usuarios afectados por el temporal ocurrido en las mencionadas localidades durante el día 7 de marzo de 2025.
ARTÍCULO 2º.- Los usuarios afectados que soliciten los trámites indicados en el artículo 1°, deberán acreditar dicha situación ante el Registro Seccional correspondiente mediante la declaración jurada cuyo modelo obra como Anexo I de la presente (IF-2025-35847296-APN-DNRNPACP#MJ).
ARTÍCULO 3°.- Los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor intervinientes en los trámites de baja de los dominios consignados en el Anexo II de la presente (IF-2025-35850296-APN-DNRNPACP#MJ), y de aquellos otros dominios ya inscriptos que la Autoridad de Aplicación determine que fueron afectados encontrándose en depósitos de las concesionarias el día del temporal, deberán percibir un arancel excepcional de PESOS UNO ($ 1,00).
ARTÍCULO 4°.- A los efectos de las liquidaciones correspondientes a los meses de abril y mayo de 2025, los Registros Seccionales deberán descontar de la suma a remitir a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, los emolumentos que les hubiesen correspondido de haberse percibido los aranceles vigentes para los trámites mencionados en los artículos 1° y 3°.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR BAHÍA BLANCA Nros. 4 y 6, a los fines operativos intervendrán en los trámites de inscripción inicial de las unidades adquiridas en reemplazo de los dominios consignados en el Anexo II, en cuyo caso deberán percibir un arancel de PESOS UNO ($ 1,00) por todo concepto.
A tal efecto, los adquirentes deberán presentar la declaración jurada cuyo modelo obra como Anexo III de la presente (IF-2025-35851822-APN-DNRNPACP#MJ).
ARTÍCULO 6°.- Los Interventores a cargo de los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR BAHÍA BLANCA Nros. 4 y 6 no percibirán emolumento alguno por la realización de los trámites indicados en el artículo 5°.
ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, para adoptar las medidas conducentes para la implementación de la presente.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mariano Cúneo Libarona
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26327/25 v. 25/04/2025
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES - RESGC-2025-1064-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324447/1
Se decreta modificaciones en normas sobre modalidades de colocación de fondos comunes de inversión, eliminando el trámite "Aviso de Colocación" en la plataforma GDE y estableciiendo requisitos de seguridad, auditorías externas y reporte vía Autopista de Información Financiera. Se actualizan requisitos para ventas por internet, teléfono o presenciales, incluyendo mecanismos alternativos en contingencias. Se incorporan disposiciones para uso de plataformas de terceros y se subsana un error de pluma. Firmantes: Salvatierra, Boedo, Silva.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma establecida en la Resolución General N° 1064/2025 es constitucional, ya que se ajusta a las facultades conferidas al Poder Legislativo Nacional en materia de regulación de mercados financieros y valores, conforme lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Este inciso otorga al Congreso la potestad de legislar sobre comercio, tratados internacionales y demás materias que requieren una acción federal, incluyendo la regulación de instrumentos financieros como los Fondos Comunes de Inversión (FCI).
Fundamentos:
- Competencia federal::
-
La regulación de mercados financieros, fondos comunes y vehículos de inversión cae dentro de las materias de competencia federal, conforme al artículo 75, inciso 13 y 19 de la Constitución, que atribuyen al Congreso la facultad de regular el comercio interno y la actividad financier. La Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, citada en la resolución, es una ley federal que estable las bases para esta regulación, por lo que la norma no infringe la división de potestades federativas.
-
Cumplimiento de principios constitucionales:
- La norma promueve el derecho de los consumidores (art. 42 de la Constitución), al establecer mecanismos de transparencia, seguridad y protección de datos en la comercialización de cuotapartes de fondos.
- La exigencia de auditorías y reportes a través de la "Autopista de la Información Financiera" alinease con el principio de transparencia (art. 43, inciso 41 bis, sobre acceso a información pública).
-
La regulación de plataformas terceras y sistemas digitales responde a la promoción de la inovación tecnológica, sin contrariar derechos fundamentales.
-
No incursión en materias provinciales:
-
La norma no limita las competencias provinciales, sino que estable pautas mínimas nacionales para la actividad, en armonía con el artículo 121, que reconoce la autonomía provincial en materias no delegadas a la Nación. La regulación federal en materias finanziarias no afecta las autonomías provinciales, ya que estas no tienen potestad sobre mercados financieros nacionales.
-
Procedimiento adecuado:
- La norma se dicta por el Poder Ejecutivo a traves de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo de aplicación de las leyes sancionadas por el Congreso (Ley 26.831), sin incursar en delegación legislativa indebida (cf. artículo 66).
Eventuales observaciones:
- Posibles mejoras en transparencia: La exigencia de reportes periódicos y auditorías externas (art. 7° bis) refuerza la seguridad, lo que no contradije la Constitución, sino que la cumple.
- Respecto a los derechos de los inversores: La obligación de informar a los inversores y garantizar alternativas en caso de fallas tecnológicas (art. 7°) alinea con el artículo 42, que proteje a los usuarios y consumidores.
Conclusión:
La Resolución General N° 1064/2025 no presenta irregularidades constitucionales. Su objeto es regular aspectos técnicos de la comercialización de fondos comunes, lo cual está dentro de las materias de competencia federal. No incursa en áreas reservadas a las provincias, ni limita derechos fundamentales previstos en la Constitución.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2025-25003163- -APN-GFCI#CNV caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ MODALIDADES DE COLOCACIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN ABIERTOS”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión Abiertos, la Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12 y sus modificatorias) tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro de dicho mercado, siendo la Comisión Nacional de Valores (CNV) su autoridad de aplicación y control.
Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 (B.O. 11-5-18), en su Título IV, introdujo modificaciones a la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083 (B.O. 18-6-92 y sus modificatorias), actualizando el régimen legal aplicable a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), en el entendimiento de que estos constituyen un vehículo de captación de ahorro e inversión fundamental para el desarrollo de las economías, permitiendo robustecer la demanda de valores negociables en los mercados de capitales, aumentando así su profundidad y liquidez.
Que mediante el dictado de la Resolución General Nº 682 (B.O. 20-12-16) se introdujeron modificaciones normativas relativas a los mecanismos utilizados por las sociedades gerentes y sociedades depositarias de los FCI y, en su caso, por los Agentes de Colocación y Distribución, para la captación de suscripciones y rescates de cuotapartes.
Que, en base a la experiencia adquirida desde el dictado de la mencionada Resolución General y habida cuenta de los constantes avances en materia de sistemas y plataformas informáticas utilizadas en la comercialización de cuotapartes de FCI Abiertos, deviene necesario actualizar el régimen regulatorio vigente de acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas, promoviendo su aplicación de manera más ágil y sencilla.
Que, asimismo, resulta notorio el incremento observado en la cantidad de FCI Abiertos en funcionamiento y en la cantidad de Agentes de Colocación y Distribución registrados desde el dictado de la mencionada Resolución General.
Que, por lo tanto, se advierte necesario modificar las regulaciones vigentes en pos de facilitar la actuación de los Agentes registrados, así como permitir una asignación de recursos más eficiente por parte de la CNV.
Que, en ese sentido, a fin de simplificar la adopción de los distintos mecanismos de colocación de estos vehículos de inversión, se dispone la eliminación del trámite “Aviso de Colocación de Cuotapartes mediante Mecanismos Alternativos” de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en tanto que se introducen mejoras en el reporte de las modalidades implementadas a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF).
Que, de esta manera, se propicia un marco regulatorio que establece presupuestos mínimos de actuación para la comercialización de cuotapartes a través de diversos canales de inversión, continuando en cabeza de los Agentes el deber de informar al Organismo a través de la AIF.
Que, en esta instancia y en línea con lo dispuesto por la Resolución General Nº 1048 (B.O. 9-1-25), la modificación normativa prevé poner a disposición del cliente al menos una modalidad de colocación como vía alternativa para el supuesto en que el medio implementado sufra cualquier tipo de contingencia que le impida continuar siendo utilizado de manera normal y habitual.
Que, asimismo, se incorporan disposiciones aplicables a la colocación de cuotapartes de FCI a través de plataformas informáticas provistas por terceros.
Que, adicionalmente, se considera oportuno subsanar un error de pluma en el apartado h) del inciso 19 del artículo 10 de la Sección III del Capítulo I del Título XVI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
Que, por último, se prevé la incorporación de una nueva Sección en el Capítulo III del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) donde se establecen pautas de adecuación a las modificaciones proyectadas por parte de los Agentes que participan en la colocación y distribución de cuotapartes de FCI.
Que la presente Resolución General registra como precedente la Resolución General N° 1057 (B.O.13-3-25), mediante la cual se sometió a consideración de los sectores interesados y la ciudadanía en general el anteproyecto de Resolución General, conforme el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, aprobado por el Decreto N° 1172/2003 (B.O. 4-12-03).
Que, en virtud de dicho procedimiento, se recibieron propuestas y comentarios, algunos de los cuales fueron receptados en la presente reglamentación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 19, incisos h) y u), de la Ley Nº 26.831 y 32 de la Ley N° 24.083.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir la Sección II del Capítulo III del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“SECCIÓN II
COLOCACIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN.
MODALIDADES DE COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES.
ARTÍCULO 7º.- Las cuotapartes podrán ser colocadas directamente por los órganos del Fondo, por los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión y/o por los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión registrados ante el Organismo, a través de las modalidades de colocación acordadas por las partes.
Con carácter previo a la utilización de la modalidad de colocación a aplicarse, el Agente que implemente el mecanismo deberá actualizar la información remitida a través del formulario “DATOS DE COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES” en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, el cual deberá incluir, con excepción de la modalidad de colocación de cuotapartes en forma presencial, el Dictamen de auditor externo en sistemas, sobre el nivel de seguridad del sistema, planes de contingencia y políticas de seguridad respecto de la nueva modalidad implementada.
Asimismo, el Agente deberá tener a disposición del Organismo el correspondiente Manual de Procedimientos donde conste:
a) Descripción detallada de la operatoria de colocación.
b) Ámbito de aplicación, indicando si la modalidad se encuentra disponible para personas humanas y/o jurídicas.
c) Planes y políticas de seguridad y contingencia del sistema.
En los supuestos en que se resuelva la baja, actualización y/o modificación de una modalidad anteriormente implementada, y sin perjuicio de la actualización periódica prevista en el artículo 7° BIS de la presente Sección, se deberá actualizar el formulario “DATOS DE COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES” en la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA con el respectivo Dictamen de auditor externo en sistemas, en caso de corresponder, con una antelación de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas.
En todos los casos, las modalidades a implementarse deberán garantizar la correcta identificación del cliente, la inalterabilidad, trazabilidad –incluyendo fecha, hora y minutos- y disponibilidad de información relativa a las órdenes impartidas, así como los procedimientos de resguardo de la información y plantes de contingencia, además de los requisitos especificados para cada una de las modalidades.
Por su parte, el Agente deberá poner a disposición del cliente al menos una modalidad de colocación como vía alternativa para el supuesto en que el medio implementado sufra cualquier tipo de contingencia que le impida continuar siendo utilizado de manera normal y habitual.
El Agente deberá conservar toda la documentación referente a la colocación por el plazo mínimo de CINCO (5) años, debiendo implementar las medidas y acciones necesarias tendientes a proteger la documentación a fin de evitar su destrucción, extravío, uso indebido y divulgación de información confidencial.
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA.
ARTÍCULO 7° BIS.- Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de iniciado cada año calendario, las Sociedades Gerentes, las Sociedades Depositarias, los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión y los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión deberán remitir a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA el formulario “DATOS DE COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES”, indicando si actúan o no en la colocación de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión.
En caso de no existir actualizaciones y/o modificaciones respecto del último Dictamen de auditor externo en sistemas remitido en los términos del artículo 7° de la presente Sección, se deberá dejar constancia de dicho extremo mediante nota remitida con carácter de declaración jurada a través del formulario indicado en el párrafo precedente.
SUSCRIPCIÓN Y RESCATE DE CUOTAPARTES EN FORMA PRESENCIAL.
ARTÍCULO 8°.- La captación de solicitudes de suscripción y rescate presencial deberá contemplar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) El Manual de Procedimientos aplicable a la operatoria que deberá contener además de los requisitos dispuestos en el artículo 7° precedente, la siguiente información:
a) descripción del procedimiento;
b) domicilio de atención;
c) personal idóneo involucrado; y
d) detalle de las políticas aplicadas para la guarda de la documentación.
2) El personal idóneo deberá:
a) verificar obligatoriamente y previo a la suscripción, que los inversores han obtenido el texto vigente del Reglamento de Gestión, contra entrega del Formulario “Constancia Recibo Entrega de Reglamento de Gestión en Suscripción Presencial”;
b) registrar para cada inversor la fecha y hora de las operaciones de suscripción y rescate;
c) entregar al cuotapartista copia de los formularios que suscriban.
SUSCRIPCIÓN Y RESCATE DE CUOTAPARTES POR MEDIO DE INTERNET.
ARTÍCULO 9°.- La modalidad de captación de solicitudes de suscripción y rescate a través de internet, exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) El Manual de Procedimientos aplicable a la operatoria que deberá contener además de los requisitos dispuestos en el artículo 7° de la presente Sección, la siguiente información:
a) Descripción general del sistema y de cada una de las pantallas involucradas.
b) En el caso de utilizar los servicios de herramientas o plataformas como modalidad de captación de órdenes por medios digitales, deberá identificase y poner a disposición de los clientes el pertinente manual de usuario.
c) Dominio de internet, en caso de corresponder, indicando su titularidad.
d) Políticas de acceso y autenticación de clientes.
e) Planes y políticas de seguridad y contingencia en el supuesto de fallas en el sistema, indicando, además, una modalidad alternativa de captación de órdenes.
2) El sistema deberá:
a) contemplar obligatoriamente un mecanismo que verifique en forma previa a la suscripción, que los inversores han obtenido el texto vigente del Reglamento de Gestión, posibilitando la opción de descarga y/o impresión del documento;
b) registrar para cada inversor la fecha y hora de las operaciones de suscripción y rescate, así como posibilitar la descarga y/o impresión de los comprobantes.
3) El sitio web que invite a la suscripción de Fondos Comunes de Inversión deberá contener una leyenda que informe que el sistema de colocación de cuotapartes por internet cumple con lo dispuesto por estas Normas.
4) Contar con el dictamen de auditor externo en sistemas, sobre el nivel de seguridad del sistema, planes de contingencia y políticas de seguridad previsto en el artículo 7° de la presente Sección.
SUSCRIPCIÓN Y RESCATE DE CUOTAPARTES POR VÍA TELEFÓNICA.
ARTÍCULO 10.- La modalidad de captación de solicitudes de suscripción y rescate por vía telefónica, exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) El Manual de Procedimientos aplicable a la operatoria que deberá contener además de los requisitos dispuestos en el artículo 7° de la presente Sección; una descripción del sistema implementado para la grabación de las comunicaciones con los inversores.
2) El personal idóneo y/o el sistema deberá:
a) contemplar obligatoriamente un mecanismo que verifique en forma previa a la suscripción, que los inversores han obtenido el texto vigente del Reglamento de Gestión;
b) registrar para cada inversor la fecha y hora de las operaciones de suscripción y rescate;
c) contemplar un mecanismo que permita otorgar al cuotapartista un comprobante de su estado de cuenta en oportunidad de la suscripción o dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de efectuada la misma, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Sección II del Capítulo II del Título V de estas Normas.
3) Contar con el dictamen de auditor externo en sistemas, sobre el nivel de seguridad del sistema, planes de contingencia y políticas de seguridad previsto en el artículo 7° de la presente Sección.
La aceptación del cliente de impartir órdenes por vía telefónica implica la aceptación de la grabación aludida en el presente artículo, como así también que, con fines de supervisión y fiscalización, esta Comisión obtenga dicha información a su solo requerimiento.
OTRAS MODALIDADES DE CAPTACIÓN DE SUSCRIPCIÓN Y RESCATES DE CUOTAPARTES.
ARTÍCULO 11.- En caso de tratarse de otras modalidades de captación de solicitudes de suscripción y rescates distintas a las establecidas precedentemente, se deberá dar cumplimiento a los requisitos allí dispuestos, adaptados a las particularidades correspondientes al sistema a presentarse.
COLOCACIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE TERCEROS.
ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 1° y 23 de la Sección VI del Capítulo II del Título V de estas Normas, las Sociedades Gerentes, las Sociedades Depositarias, los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión y los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión podrán, dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º y concordantes de la presente Sección, llevar adelante la colocación y/o distribución de fondos comunes de inversión a través de plataformas provistas por terceros, previa celebración del convenio pertinente, el cual deberá estar a disposición de esta Comisión.
Dicho convenio podrá celebrarse únicamente con las siguientes entidades:
1) Terceros registrados ante esta Comisión, que realicen actividades de asesoramiento, administración, intermediación y/o negociación, siempre que se encuentren reglamentados en las disposiciones del Título VII de estas Normas, incluyendo a aquellos Agentes vinculados al mismo grupo económico, controlantes, controladas y vinculadas; así como también, aquellos sujetos inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de esta CNV.
2) Entidades Financieras, conforme al régimen de la Ley N° 21.526 y/o Proveedores de Servicios de Pago (PSP), acorde a los respectivos regímenes legales establecidos por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA).
3) Agencias especializadas de difusión de información financiera de reconocido prestigio.
Deberá permitirse la diferenciación de los productos ofrecidos por el Agente interviniente respecto de aquellos de terceros, debiéndose brindar al usuario la denominación completa del Agente, con indicación de sus datos de inscripción y categoría respectiva, destacándose en forma suficientemente clara e inequívoca que el instrumento de inversión ofrecido consiste en un Fondo Común de Inversión Abierto regido por la Ley N° 24.083.
El Agente interviniente deberá informar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la presente Sección, a través del formulario “DATOS DE COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES” el medio provisto por terceros utilizado, indicando sus dominios de internet y/o Uniform Resource Locator (URL) de descarga de las aplicaciones para dispositivo móvil en caso de corresponder.
Toda publicidad y/o difusión que el Agente interviniente realice por medio de terceros, deberá cumplir con las disposiciones del presente artículo, así como también las establecidas en el artículo 9° de la Sección II del Capítulo II del presente Título y el artículo 112 de la Ley N° 26.831, lo cual, no lo exime de responsabilidad en lo que refiere al cumplimiento integral de la normativa que le resulta aplicable; siendo pasible de las sanciones establecidas en el artículo 132 de la citada Ley.
El Agente interviniente será responsable ante cualquier contingencia que impida el normal funcionamiento de las herramientas informáticas provistas por un tercero”.
ARTÍCULO 2°.- Derogar el inciso 16 del artículo 10 de la Sección III del Capítulo I del Título XVI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
ARTÍCULO 3°.- Sustituir el apartado h) del inciso 19 del artículo 10 de la Sección III del Capítulo I del Título XVI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) por el siguiente texto:
“TRÁMITES A DISTANCIA (TAD) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE).
ARTÍCULO 10.- Los siguientes trámites que se presenten a la Comisión deberán iniciarse y diligenciarse a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), establecida por el Decreto N° 1.063/16, observando las reglas y procedimientos establecidos por la Resolución RESOL-2019-43-APN-SECMA#JGM de la Secretaría de Modernización Administrativa:
(…)
19) Fondos Comunes de Inversión – Autorización:
(…)
h) Pago de Rescate en Especies”.
ARTÍCULO 4°.- Incorporar como Sección XXVIII del Capítulo III del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:
“SECCIÓN XXVIII
RESOLUCIÓN GENERAL N° 1064. FORMULARIO DATOS DE COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES, CARGA INICIAL. CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN.
ARTÍCULO 98.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la Sección II del Capítulo III del Título V de estas Normas, las Sociedades Gerentes, las Sociedades Depositarias, los Agentes de Colocación y Distribución y los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión registrados ante el Organismo, ya sea que coloquen o no fondos comunes de inversión, deberán proceder a la carga inicial de la información relativa a las modalidades de colocación, a través del formulario correspondiente a “DATOS DE COLOCACIÓN DE CUOTAPARTES” de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la entrada en vigencia de la Resolución General N° 1064.
La carga del formulario previsto en el presente artículo resultará obligatoria incluso si la sociedad respectiva hubiera efectuado alguna carga en forma previa al dictado de la Resolución General citada en el párrafo precedente.
Excepto en el caso de la colocación de cuotapartes en forma presencial, dicho formulario deberá contemplar adjunto el Dictamen de auditor externo en sistemas, sobre el nivel de seguridad del sistema, planes de contingencia y políticas de seguridad respecto de las modalidades implementadas.
El plazo previsto en el primer párrafo del presente artículo también resultará de aplicación a los efectos de las adecuaciones que los Agentes allí señalados deban realizar en sus sistemas a fin de dar cumplimiento con la totalidad de las obligaciones establecidas en la Sección II del Capítulo III del Título V de estas Normas”.
ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T.2013 y mod.) y archívese.
Sonia Fabiana Salvatierra - Patricia Noemi Boedo - Roberto Emilio Silva
e. 25/04/2025 N° 26126/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE JUSTICIA Y MINISTERIO DE SALUD - RFCIN-2025-1-APN-MS
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324448/1
Cúneo Libarona y Lugones aprueban Protocolo de "Tribunal de Tratamiento de Drogas", reemplazando el de 2018. El MINISTERIO DE JUSTICIA y el MINISTERIO DE SALUD (a través de SEDRONAR) coordinan el programa para infractores de delitos menores vinculados al consumo problemático, con intervención de las subsecretarías de Política Criminal (Justicia) y Atención y Acompañamiento (SEDRONAR) en coordinación, monitoreo y evaluación. Se adjuntan anexos I a IV. Deróganse anteriores resoluciones.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión presenta irregularidades constitucionales, especialmente en relación con la creación de un nuevo órgano judicial específico (Tribunal de Tratamiento de Drogas) y la delegación de funciones judiciales sin base legal suficiente. A continuación, se detallan los puntos críticos:
1. Creación de Órganos Judiciales sin Base Legal
- Artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional: Establece que el Congreso Nacional es el único competente para crear "tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
- La Resolución conjunta aprueba un nuevo "Tribunal de Tratamento de Drogas" como un mecanismo judicial alternativo, lo que requería una ley del Congreso Nacional para su creación.
- Irregularidad: El Poder Ejecutivo (a través de Ministerios) no tiene atribución para establecer tribunales judiciales, sino solamente el Congreso (Art. 75, inc. 24).
2. Limitación Implícita del Derecho a Juicio por Jurados
- Artículo 116 de la Constitución: Establece que los juicios criminales ordinarios se resolverán con jurados.
- El programa propone reemplazar el juicio penal tradicional por un "tratamiento integral", lo que podría evitar el juicio con jurado para ciertos casos, algo que requería una reforma legal con aprobación parlamentaria.
- Riesgo: Si el programa excluyese el juicio con jurado sin base legal, violaría el Artículo 116.
3. Delegación de Competencias entre Poderes
- Artículo 99, inciso 3 de la Constitución: Establece que el Poder Ejecutivo no puede emitir normas de carácter legislativo.
- El protocolo introduce un sistema alternativo a la justicia penal, lo que implica una modificación de la justicia penal que debería estar reglamentada por ley del Congreso (ver Artículo 75, inc. 12 sobre códigos penales y juicio por jurados).
- Irregularidad: El decreto actúa como norma legislativa sin autorización expresa del Congreso, violando el principio de separación de poderes (Art. 1°).
4. Derecho a la Defensa y a un Juicio Iminente
- Artículo 18 de la Constitución: Garantiza el derecho a un juicio previo y la inviolabilidad de la defensa.
- El programa permite que personas renuncien a su juicio penal a cambio de un tratamiento, pero el consentimiento debe ser libre e informado.
- Riesgo : Si el programa se aplica de manera obligatoria o sin garantizar alternativas, podría vulnerar el derecho a juicio. El decreto menciona "participación voluntaria", pero debe asegurarse que no haya presiones o coacción.
5. Coordinación entre Ministerios sin Base Constitucional
- Los Ministerios de Justicia y Salud actúan en un área de competencia concurrente, pero su coordinación debe estar reglamentada por ley (Art. 75, inc. 20: promoción de programas de salud pública).
- Sin embargo, la creación de un sistema de "tribunales de tratamiento" implica una modificación del proceso penal, que requiere ley (Art. 75, inc. 12).
6. Derecho a la Salud y al Ambiente
- El Artículo 41 garantiza el derecho a un ambiente sano y la protección de la salud. El programa alinea con estos principios, pero no hay conflicto directo en este aspecto.
Conclusión
La norma presenta irregularidades constitucionales en: 1. Creación de un Tribunal Judicial sin ley del Congreso (Art. 75, inc. 24 y Art. 99). 2. Modificación del proceso penal sin base legislativa (Art. 75, inc. 12 y Art. 116). 3. Posible limitación al derecho a juicio con jurado (Art. 116).
Posibles Vicios de Constitucionalidad: - Si el programa sustituye el juicio penal por un tratamiento sin base legal, podría ser nulo por violación al Artículo 18 (derecho a juicio previo) y al Artículo 116. - La creación de un nuevo órgano judicial (Tribunal de Tratamiento) sin ley del Congreso excede las atribuciones del Poder Ejecutivo, violando el Artículo 99 y el Artículo 75, inc. 24.
Posibles Soluciones: - El Congreso debería dictar una ley para reglamentar el programa, asegurando que no limite derechos fundamentales (juicio, defensa, jurados). - El protocolo podría ser constitucional si se aplicaba como medida reglamentaria dentro de la ley existente, mas no como un nuevo sistema judicial.
En resumen, la norma podría ser nula por separación de poderes y delegación legislativa ilegal, a menos que se interprete como una mera reglamentación de leyes existentes sobre salud pública y justicia penal alternativa. Sin embargo, su validez depende de que no reemplace mecanismos judiciales constitucionales sin autorización parlamentaria.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-23391743-APN-DGDYD#MJ, los Decretos Nros. 8 del 10 de diciembre de 2023, 45 del 14 de diciembre de 2023, 735 del 15 de agosto de 2024, 1138 del 30 de diciembre de 2024, la Resolución del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Nº RESOL-2018-899-APN-MJ del 12 de octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que, en cuanto a la normativa aplicable, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/23 modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, estableciendo los Ministerios que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y las Secretarías de Presidencia necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación, incluyendo entre ellos al MINISTERIO DE JUSTICIA y al MINISTERIO DE SALUD.
Que, en este sentido y atento las modificaciones introducidas en la Ley de Ministerios citada “ut supra”, se efectuaron las correspondientes adecuaciones en la conformación organizativa, transfiriendo mediante el artículo 2° del Decreto N° 45/23 a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA (SEDRONAR) desde la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS al MINISTERIO DE SALUD.
Que, por el Decreto N° 1138/24, se aprobó la estructura organizativa, tanto de primer nivel como de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD, junto con los Organigramas, las Responsabilidades Primarias y Acciones correspondientes a cada área.
Que, por el Decreto N° 735/24, se aprobó la estructura organizativa, tanto de primer nivel como de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA, junto con los Organigramas, las Responsabilidades Primarias y Acciones correspondientes a cada área.
Que, a través del artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2018-899-APN-MJ, se aprobó el “PROTOCOLO DEL PROGRAMA PILOTO SOBRE JUSTICIA TERAPEUTICA. TRATAMIENTO INTEGRAL DE INFRACTORES DE LA LEY PENAL CON CONSUMO PROBLEMATICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”, nominado en IF-2018-51276359-APN-SSAPYRPJYCA#MJ, con sus correspondientes anexos: ANEXO I (IF-2018-51182507-APN- SSAPYRPJYCA#MJ), ANEXO II (IF- 2018-51177418-APN-SSAPYRPJYCA#MJ), ANEXO III (IF-2018-51177191-APN- SSAPYRPJYCA#MJ), respectivamente, integrantes de dicha resolución.
Que el mencionado protocolo estableció las reglas que rigen en el “PROGRAMA PILOTO SOBRE JUSTICIA TERAPÉUTICA. TRATAMIENTO INTEGRAL DE INFRACTORES DE LA LEY PENAL CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”, establecido con el propósito de implementar un tratamiento integral tendiente a reducir el consumo de sustancias psicoactivas, evitar la reiteración de conductas delictivas y favorecer la integración social de los participantes tal como se expresa en el artículo 1° del ANEXO I de la citada resolución ministerial.
Que, al combinar el abordaje integral y el ámbito judicial, el modelo ha demostrado ser una herramienta eficaz, tanto para la reducción de la reiteración o la reincidencia, según sea el caso, de personas con consumo problemático de sustancias en conflicto con la ley penal como para su recuperación e integración social.
Que, con motivo de la aplicación del referido protocolo, desde el año 2018 se encuentra en funcionamiento el Tribunal de Justicia Terapéutica en el ámbito del JUZGADO NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Nº 5 con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que la evidencia recolectada demuestra que la implementación del Programa en el referido tribunal ha sido satisfactoria, pues de la totalidad de infractores que efectivamente iniciaron su participación, más del SESENTA POR CIENTO (60 %) lo ha concluido de manera exitosa y el resto de los participantes se encuentran llevándolo a cabo.
Que el funcionamiento y los resultados del Programa se constituyen en antecedentes de relevancia que justifican la conveniencia y necesidad de expandir la aplicación del protocolo a otros órganos jurisdiccionales.
Que, a fin de que las distintas jurisdicciones del país implementen este tipo de programas, es menester promover redes de cooperación interinstitucional e idear acciones multidisciplinarias que los diversos órganos del ESTADO NACIONAL puedan llevar a cabo conjuntamente.
Que, en esa comprensión, el MINISTERIO DE JUSTICIA y el MINISTERIO DE SALUD, este último a través de la SEDRONAR, convocaron a representantes del PODER JUDICIAL DE LA NACION, del MINISTERIO PUBLICO FISCAL y del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.
Que el trabajo interinstitucional dio por resultado la elaboración del protocolo para el desarrollo del “PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN DENOMINADO TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE DROGAS”, aplicable a personas judicializadas por delitos de menor gravedad relacionados con el consumo problemático de sustancias psicoactivas, que incluye modificaciones en distintos aspectos al Protocolo aprobado por la referida Resolución N° RESOL-2018-899-APN-MJ.
Que las modificaciones realizadas sobre el protocolo aprobado en el año 2018 han sido evaluadas favorablemente en ambos Ministerios, de manera que, con dicha consideración, corresponde disponer su aprobación.
Que, conforme ha quedado establecido en el referido protocolo, el nuevo Programa fue gestado con el objetivo de reducir la reiteración delictiva; contribuyendo a mejorar los niveles de seguridad pública y promoviendo la salud integral del individuo.
Que el nuevo programa está destinado a personas en situación de consumo problemático de drogas que hayan cometido delitos de menor gravedad, según se indica seguidamente y se encuentren judicializadas, sin estar cumpliendo una pena de prisión efectiva.
Que este encuadre comprende a quienes se les haya impuesto una medida alternativa al encarcelamiento o una forma de finalización del proceso que no implique la ejecución de la pena en prisión y que incluya alguna clase de condición que deba ejecutarse en un lapso determinado.
Que, para ingresar al Programa, los aspirantes deben aceptar incorporarse a un tratamiento integral por consumo problemático de drogas supervisado judicialmente por un Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD).
Que el “TTD”, desarrollado en la órbita de tribunales penales tradicionales, constituye una alternativa al proceso penal convencional, destinada a los infractores que cometen delitos de menor gravedad motivados por un consumo problemático de drogas. Su estrategia de intervención combina la tramitación de las causas judiciales con un tratamiento integral de recuperación del consumidor.
Que, a los efectos de consolidar y garantizar la implementación de las acciones y procedimientos que se desplieguen en el marco del Programa que aquí se aprueba, el MINISTERIO DE JUSTICIA y el MINISTERIO DE SALUD encomiendan a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL, dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, la labor de coordinar la articulación interinstitucional del nuevo Programa con las autoridades judiciales y los ministerios públicos y asegurar la provisión de los recursos técnicos y normativos necesarios para la correcta implementación del protocolo.
Que, a los efectos de garantizar la accesibilidad a tratamiento en el marco de una red de abordaje integral el MINISTERIO DE JUSTICIA y el MINISTERIO DE SALUD, encomiendan a la SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE DROGAS, de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS la coordinación de las estrategias de atención para las personas judicializadas por conductas delictivas relacionadas con el consumo problemático de sustancias que participen del Programa que aquí se aprueba.
Que, a fin de generar evidencia, ambos Ministerios acuerdan que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL, dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA y la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE DROGAS, dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA (SEDRONAR), sean los encargados de garantizar el monitoreo y la evaluación integral del mencionado Programa.
Que, con posterioridad al dictado de la presente, el MINISTERIO DE JUSTICIA dispondrá la derogación de la referida Resolución Ministerial N° RESOL-2018-899-APN-MJ.
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE JUSTICIA y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SALUD.
Que los titulares de ambos Ministerios resultan competentes para el dictado de la presente medida, con fundamento en los artículos 4°, inciso b), apartado 9, 22 y 23 de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA
Y
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVEN:
ARTICULO 1º.- Apruebase el PROTOCOLO DEL “PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN DENOMINADO TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE DROGAS” que, como ANEXO I (IF-2025-39534216-APN-SSPC#MJ), integra la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruebanse los ANEXOS II –entrevista y evaluación– (IF-2025-23533848-APN-SSPC#MJ), III consentimiento informado– (IF-2025-23533829-APN-SSPC#MJ) y IV –entrevista sobre el alcohol, tabaco y otras drogas– (IF-2025-23533752-APN-SSPC#MJ), respectivamente, correspondientes al Protocolo del Programa aprobado por el artículo 1°, los cuales integran la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL, dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, la articulación del Programa con las autoridades judiciales y ministerios públicos, el desarrollo de tareas de promoción de esta práctica en las distintas jurisdicciones y la celebración de los convenios necesarios para su realización.
ARTÍCULO 4º- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE DROGAS dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS (SEDRONAR) del MINISTERIO DE SALUD la articulación del Programa con las autoridades sanitarias y efectores de salud, el desarrollo de tareas de promoción de esta práctica en las distintas jurisdicciones y la coordinación de las estrategias de atención y tratamiento para las personas en situación de consumo problemático que participen del Programa que aquí se aprueba.
ARTÍCULO 5º.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL, dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, y a la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE DROGAS, dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA (SEDRONAR) del MINISTERIO DE SALUD, la tarea de garantizar el monitoreo y la evaluación integral del mencionado programa.
ARTÍCULO 6º.- La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mariano Cúneo Libarona - Mario Iván Lugones
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26334/25 v. 25/04/2025
SECRETARÍA EJECUTIVA Y SECRETARÍA DE HACIENDA - RESFC-2025-18-APN-SH#MEC
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324449/1
German y Guberman. Se decreta establecer criterios para la priorización de proyectos en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2026-2028. Incluye proyectos iniciados y nuevos que generen empleo, promuevan exportaciones, mejoren balanza energética, impulsen desarrollo tecnológico, tengan calificación técnica vigente, estudios de prefactibilidad/factibilidad y financiamiento externo. Se autoriza elaborar guías metodológicas. Se comunica y publica.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma emitida es constitucional, pero presenta irregularidades que podrían generar conflictos con la Constitución Nacional. A continuación:
Análisis y Posibles Irregularidades:
-
Delegación Legislativa Excesiva (Art. 76, inc. 1º y Art. 99):
El Art. 76 de la Constitución establece que el Congreso tiene la facultad exclusiva de dictar leyes sobre materias como la priorización de fondos públicos. El decreto establece criterios que, si bien operan como reglamentos de la Ley N° 24.354 (Sistema Nacional de Inversiones Públicas), podrían exceder la discreción administrativa si limitan o sustituyen la función del Congreso en aprobar el presupuesto (Art. 75, inc. 8 y 24). -
Superioridad del Presupuesto (Art. 75, inc. 8):
El Congreso es el único con poder para aprobar el presupuesto nacional. Si los criterios del decreto alteran la asignación de fondos sin base en leyes aprobadas o en el presupuesto aprobado, violaría el Art. 75, inc. 8. El decreto podría ser válido si opera como guía técnica para la administración, pero no si modifica fondos sin aprobación previa del Congreso. -
Independencia de las provincias (Art. 121):
No hay violación directa, ya que el decreto se aplica a fondos nacionales. Sin embargo, si los criterios priorizan proyectos nacionales perjudicando intereses provinciales sin base en leyes federales, podrían generar tensión con el federalismo. -
Control del Congreso (Art. 75, inc. 24 y Art. 76, inc. 20):
El Art. 75, inc. 24 obliga al Poder Ejecutivo a promover el desarrollo económico con justicia social. El decreto incluye criterios como "generación de empleo" o "balanza energética", lo cual podría estar alineado con esta norma. Sin embargo, si los criterios excluyerán aspectos como equidad regional o social sin base legal, podrían ser cuestionados. -
Debilidad en participación ciudadana (Art. 23 bis y derechos ambientales, Art. 41):
El decreto no menciona participación pública en la selección de proyectos o evaluación ambiental obligatoria. Si un proyecto priorizado afecta el ambiente sin evaluación, podría violar el Art. 41 (derecho a ambiente sano).
Conclusión:
La norma no es nula en su totalidad, pero presenta irregularidades sustantivas::
- Conflictos potenciales:
1. Falta de base legal para criterios restrictivos: (ej.: si priorizan proyectos sin considerar equidad regional o criterios fijados por el Congreso).
2. Posible violación de la autonomía de las provincias si los criterios excluyerán proyectos provinciales sin justificación técnica.
3. Debilidades en transparencia y control, especialmente en relación con el seguimiento de proyectos (incumumplimiento implícito del Art. 75, inc. 2, que requiere transparencia en el uso de fondos).
Conclusión Final:
La norma es constitucional en su esencia, ya que opera como reglamento de la Ley N° 24.354. Sin embargo, podría ser cuestionada judicialmente si se interpreta que:
- Limita discreción del Congreso en aprobar el presupuesto (Art. 75, inc. 8).
- No respeta criterios de equidad regional o social (Art. 16 de la Constitución).
- Excede el ámbito de reglamentación, convirtiéndose en norma de carácter legislativo (violación al Art. 76, inc. 1º).
En resumen: No es nula, pero su aplición debe ajustarse a las leyes y al presupuesto aprobados por el Congreso, bajo el control de la Auditoría General (Art. 75, inc. 24).)
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2025-28741689- -APN-DGDYD#JGM, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, la Ley N° 24.354 del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y sus modificatorios, los Decretos N° 720 de fecha 22 de mayo de 1995 y sus modificatorios, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 1 de fecha 29 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y su modificatoria, la Resolución Conjunta N° 31 de fecha 30 de mayo de 2024 de la ex SECRETARÍA EJECUTIVA DE GOBIERNO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Disposición N° 1 de fecha 26 de diciembre de 2024 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA EJECUTIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 24.354 del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y sus modificatorios, se creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), cuyos objetivos son la iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública nacional y la formulación anual y gestión del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP).
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la precitada ley se establecen las funciones del órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), entre las que se destacan: inciso “a) Establecer y elaborar sobre la base de las políticas nacionales y sectoriales y según criterios generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, precios de cuenta, indicadores pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública”.
Que tales criterios inciden en la priorización de proyectos que integran el Plan Nacional de Inversiones Públicas, de manera consonante con la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto que se remite en forma anual al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Que mediante el artículo 9º de dicho marco normativo, se indica que “La propuesta de selección de los proyectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8 de esta ley, la realizará el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en coordinación con los correspondientes organismos integrantes del sector público nacional que presentaron los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Inversiones Públicas, sobre la base de la tasa de retorno individual y social de cada proyecto. La autoridad de aplicación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas elevará la propuesta del presupuesto anual de inversiones y de otorgamiento de avales del Tesoro Nacional, a la SECRETARÍA DE HACIENDA, y en coordinación, con la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO compatibilizarán los proyectos seleccionados, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, con los créditos presupuestarios asignados a cada jurisdicción”.
Que en este sentido, su artículo 12 determina que el Plan Nacional de Inversiones Públicas se formulará anualmente con una proyección plurianual; y prevé que al finalizar cada ejercicio se lo reformulará para el período plurianual que se establezca, con las correcciones necesarias para adaptarlo al grado de avance efectivo logrado en la ejecución de los proyectos de inversión pública nacional y a las nuevas condiciones de financiamiento del sector público nacional; y el primer año del Plan Nacional de Inversiones Públicas deberá coincidir con el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional asignando los fondos a los mismos proyectos y recurriendo a las mismas fuentes de financiamiento.
Que a través del artículo 1° del Decreto N° 720 de fecha 22 de mayo de 1995 y sus modificatorios, se designó como Autoridad de Aplicación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) a la entonces SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, actual SECRETARÍA EJECUTIVA dependiente de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de Aplicación de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL centralizada hasta nivel de Subsecretaría, así como los objetivos de las Unidades Organizativas que lo conforman, estableciéndose entre los objetivos correspondientes a la SECRETARÍA EJECUTIVA dependiente de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dictar, en su carácter de Autoridad de Aplicación del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, creado por la Ley N° 24.354 del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y sus modificatorios, las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias y celebrar todos los actos que se requieran para la debida implementación del mismo.
Que mediante el precitado decreto, se estableció entre los objetivos de la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, los de: “Coordinar la aplicación de las políticas y la administración presupuestaria y financiera del gasto público nacional”, y “Dirigir y supervisar los sistemas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y ejercer, con la SECRETARÍA DE FINANZAS, las funciones de Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional”.
Que, por otra parte, por medio de la Resolución N° 1 de fecha 29 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y su modificatoria, se establecieron los requisitos para la incorporación de un proyecto de inversión al Plan Nacional de Inversiones Públicas y al proyecto de Ley de Presupuesto.
Que en este sentido, los artículos 3° y 4° de la precitada resolución determinan los requisitos de formulación y evaluación para los proyectos de inversión de mayor envergadura, mientras que el artículo 6° establece que, en base a la información recibida, el Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) elaborará un informe de calificación técnica, el cual expresará el resultado sobre el control de la formulación y la evaluación del proyecto.
Que en tal sentido, a través de la Disposición N° 1 de fecha 26 de diciembre de 2024 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA EJECUTIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se determina, entre otros, el monto vigente a partir del cual los proyectos quedan alcanzados por el requisito del Informe de Calificación Técnica.
Que el artículo 9° bis de la Resolución N° 1/2021 de la ex SECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, INVERSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y su modificatoria establece que anualmente, previo al inicio de la formulación del Presupuesto Nacional, la Autoridad de Aplicación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) coordinará con la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA los criterios generales que aplicarán para la priorización y selección de los proyectos de inversión.
Que en concordancia con lo anterior, por conducto de la Resolución Conjunta N° 31 de fecha 30 de mayo de 2024 de la ex SECRETARÍA EJECUTIVA DE GOBIERNO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA se establecieron los criterios para la priorización de proyectos de inversión para el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025-2027.
Que en consecuencia, resulta necesario establecer los criterios que regirán para el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2026-2028, que deberán ser consistentes con lo dispuesto por el artículo 11° de la Ley N° 24.354 del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y sus modificatorios, en cuanto a los proyectos que podrán ser aprobados directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas.
Que la asignación presupuestaria se rige por las normas, sistemas, procedimientos y análisis propios de la dinámica de la Formulación del Presupuesto Nacional, contemplando distintas fuentes de datos que fortalecen ese proceso de la administración financiera gubernamental.
Que adicionalmente, cobra relevancia la propia priorización que los organismos ejecutores del gasto realizan en las distintas etapas del proceso de formulación presupuestaria del gasto de capital.
Que de esta forma, los criterios de priorización establecidos representan un esquema de ordenamiento y clasificación de la información del BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (BAPIN), sin implicar la automática selección y/o asignación crediticia de los gastos de capital del Presupuesto Nacional.
Que los servicios jurídicos pertinentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.354 del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y sus modificatorios y los Decretos N° 720/95 y sus modificatorios y N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Determínase que los criterios para la priorización de proyectos de inversión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2026-2028 serán los siguientes:
a) Proyectos iniciados (que se encuentren en la etapa de ejecución).
b) Proyectos a iniciar que:
1. Tengan un impacto positivo en la generación de empleo.
2. Promuevan la actividad exportadora.
3. Contribuyan a mejorar la balanza energética.
4. Incidan en potenciar el desarrollo tecnológico.
5. Cuenten con Informe de Calificación Técnica vigente emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA EJECUTIVA de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
6. Cuenten con estudios de prefactibilidad o factibilidad informados a la mencionada Dirección Nacional.
7. Cuenten con financiamiento externo proveniente de operaciones de crédito en ejecución y eventualmente en preparación, avaladas por la SECRETARÍA DE FINANZAS dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese que los criterios aprobados por el artículo 1º de la presente medida podrán ser desarrollados en guías, manuales e instructivos metodológicos por el Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y puestos a disposición de los organismos integrantes de dicho sistema.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolás Andrés German - Carlos Jorge Guberman
e. 25/04/2025 N° 26128/25 v. 25/04/2025
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD - Resolución Sintetizada 301/2025
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324450/1
Se aprueba el Informe Final enmarcado en la Resolución ENRE N°80/2025 y el Reglamento de Audiencias Públicas. Firmantes: Rolando (Interventor del ENRE) y Arturo (Asistente Administrativo). Incluye anexos publicados en la edición web del BORA. Fecha: 23 de abril de 2025.
Ver texto original
Resolución RESOL-2025-301-APN-ENRE#MEC
ACTA N° 1988
Expediente EX-2025-09527102-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 23 de ABRIL de 2025
El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Aprobar el Informe Final elaborado en el marco del objeto establecido en el artículo 1 de la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 80 de fecha 28 de enero de 2025 -rectificada por la Resolución ENRE N° 81 de fecha 30 de enero de 2025- y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento General de Audiencias Públicas para el PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN), aprobado por el Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003, receptado por la Resolución ENRE N° 30 de fecha 15 de enero de 2004, que como Anexo (IF-2025-41697765-APN-SD#ENRE) forma parte integrante de la presente resolución. 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Ing. Osvaldo Ernesto Rolando. -
Lohana Arturo, Asistente Administrativo, Secretaría del Directorio.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26035/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - DI-2025-61-E-AFIP-ARCA
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324451/1
El Director Ejecutivo Juan Alberto PAZO aprueba la estructura organizativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), derogando artículos de las Disposiciones Nros. 140/20 y 212/23. Incluye anexos y entrará en vigencia en 45 días desde su publicación, en línea con la Ley 27.742 para optimizar recursos públicos.
Referencias
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2025
VISTO la Ley N° 27.742 del 24 de junio de 2024, los Decretos Nros. 953 del 24 de octubre de 2024 y 13 del 6 de enero de 2025, el Expediente Electrónico N° EX-2025-01455404- -AFIPDEESPP#SDGPCI y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Que la declaración de emergencia pública guarda sustento en la gravedad institucional de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los ciudadanos.
Que se establecieron como objetivos mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional a fin de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Que se ha iniciado un proceso de evaluación de la eficiencia organizacional de las estructuras de los distintos órganos y organismos que conforman la Administración central y descentralizada, tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan.
Que, en el marco de ese proceso y mediante el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024, se disolvió la entonces ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y se creó la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) como ente autárquico actuante en la órbita del citado Ministerio.
Que mediante el Decreto Nº 13 del 6 de enero de 2025, se redujo la estructura organizativa de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), hasta nivel de Subdirección General inclusive, y se instruyó a su Director Ejecutivo a efectuar adecuaciones y aprobar la estructura organizativa de segundo nivel operativo inferior.
Que por el Decreto N° 275 del 16 de abril de 2025 se modificó la estructura organizativa de las áreas centrales de esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero hasta nivel de Subdirección General inclusive y se creó la Subdirección General de Administración.
Que a los fines de equilibrar las cuentas públicas se procedió a la revisión de la estructura organizacional de las áreas centrales de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), observando a lo largo de los últimos años el crecimiento de la misma.
Que se ha tenido en cuenta para la readecuación de la estructura organizacional vigente no afectar las funciones de recaudación, fortalecer la gestión del riesgo de cumplimiento y la gobernanza de datos del Organismo.
Que resulta un objetivo de esta Agencia instaurar una estructura moderna y ágil que promueva la automatización de procesos, la coordinación interáreas y la transversalidad en la gestión, de modo de favorecer el mejor cumplimiento de sus funciones.
Que la Dirección de Planeamiento y Diseño Organizacional y el Comité de Análisis de Estructura Organizacional han tomado la intervención que resulta de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024 y por el artículo 2º del Decreto N° 13 del 6 de enero de 2025.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Aprúebase la estructura organizativa del área central de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de acuerdo a lo establecido en los Anexos I (IF-2025-01560661-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A01 (IF-2025-01487506-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A22 (IF-2025-01487508-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A23 (IF-2025-01507645-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A24 (IF-2025-01487519-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A25 (IF-2025-01560699-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A26 (IF-2025-01487521-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A27 (IF-2025-01507694-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B01 (IF-2025-01572785-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B22 (IF-2025-01487529-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B23 (IF-2025-01560782-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B24 (IF-2025-01560816-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B25 (IF-2025-01560891-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B26 (IF-2025-01560912-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B27 (IF-2025-01560943-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI) y C (IF-2025-01520956-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI) correspondientes a las áreas centrales, que se aprueban por la presente.
ARTÍCULO 2°.- Derógase el artículo 3º de la Disposición N° 140 (AFIP) del 12 de agosto de 2020 y su modificatoria.
ARTÍCULO 3°.- Derógase los artículos 4º, 5º y 6º de la Disposición N° 212 (AFIP) del 13 de septiembre de 2023.
ARTÍCULO 4°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Juan Alberto Pazo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26490/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - DI-2025-62-E-AFIP-ARCA
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324452/1
El Director Ejecutivo de la ARCA, Juan Alberto PAZO, aprueba la estructura organizativa de la Dirección General de Aduanas mediante anexos (no incluidos aquí), deroga el art. 67 de la Disposición 13/2015 de AFIP y faculta a dicha Dirección a definir dependencias y funciones. La norma rige en 45 días hábiles tras su publicación, en el marco de la Ley 27.742 y el proceso de desregulación iniciado por el Poder Ejecutivo.
Referencias
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2025
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-01360275- -AFIP-DEESPP#SDGPCI, los Decretos Nros. 953 del 24 de octubre de 2024 y 13 del 6 de enero de 2025 y la Disposición N° 13 del 9 de enero de 2015 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Que la declaración de emergencia pública guarda sustento en la gravedad institucional de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes.
Que se establecieron como objetivos mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional a fin de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Que se ha iniciado un proceso de evaluación de la eficiencia organizacional de las estructuras de los distintos órganos y organismos que conforman la Administración central y descentralizada, tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan.
Que, en el marco de ese proceso y mediante el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024, se disolvió la entonces ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y se creó la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) como ente autárquico actuante en la órbita del citado Ministerio.
Que mediante el Decreto Nº 13 del 6 de enero de 2025, se redujo la estructura organizativa de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), hasta nivel de Subdirección General inclusive, y se instruyó a su Director Ejecutivo a efectuar adecuaciones y aprobar la estructura organizativa de segundo nivel operativo inferior.
Que a los fines de equilibrar las cuentas públicas se procedió a la revisión de la estructura organizacional de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, observando a lo largo de los últimos años el crecimiento de la misma.
Que se ha tenido en cuenta para la readecuación de la estructura organizacional vigente no afectar el debido control aduanero a lo largo y a lo ancho del país.
Que la Dirección de Planeamiento y Diseño Organizacional, el Comité de Análisis de Estructura Organizacional y la Dirección General de Aduanas, han tomado la intervención que resulta de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024 y por el artículo 2º del Decreto N° 13 del 6 de enero de 2025.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Aprúebase la estructura organizativa de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS de acuerdo a lo establecido en los Anexos I (IF-2025-01416128-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A13 (IF-2025-01416201-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A14 (IF-2025-01416250-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A15 (IF-2025-01416300-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A16 (IF-2025-01416330-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A17 (IF-2025-01416380-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A19 (IF-2025-01416433-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), A21 (IF-2025-01416504-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B13 (IF-2025-01417336-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B14 (IF-2025-01417851-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B15 (IF-2025-01418009-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B16 (IF-2025-01418160-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B17 (IF-2025-01418347-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B19 (IF-2025-01418668-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), B21 (IF-2025-01418929-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI), C (IF-2025-01418991-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI) correspondientes a las áreas centrales y a las áreas operativas de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y J (IF-2025-01419053-AFIP-SGDADVCOAD#SDGPCI) correspondiente a las áreas operativas de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, que se aprueban por la presente.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS a establecer la dependencia jerárquica de los cupos de Jefatura de Sección y Oficina asignados a las Aduanas en el Anexo C, así como a aprobar la denominación, acción y tareas.
ARTÍCULO 3°.- Derógase el artículo 67 de la Disposición Nº 13 del 9 de enero de 2015 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 4°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Juan Alberto Pazo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26492/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO ADUANA OBERÁ - DI-2025-43-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI
#subasta
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324453/1
Sokolowsky autoriza venta de mercaderías (bebidas alcohólicas) mediante subasta electrónica el 22/5/2025, gestionada por el Banco Ciudad en su plataforma web. Se detalla el catálogo con valores base y fotos en anexos. Se decreta registro y comunicación a áreas pertinentes. Firmantes: Sokolowsky (Dirección Aduana Oberá).
Referencias
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Oberá, Misiones, 23/04/2025
VISTO el Oficio DEO Nº 18000438 del Juzgado Federal de Oberá, y lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694-AFIP, y
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la citada entidad bancaria.
Que el Oficio DEO Nº 18000438 del Juzgado Federal de Oberá, pone a disposición de la Aduana de Oberá mercaderías consistentes en bebidas alcohólicas, que se detallan en Anexo IF-2025-01552891-AFIP-OMSRADOBER#SDGOAI a los fines de su comercialización por Subasta Pública.
Que oportunamente se envió listado de mercaderías con disponibilidad jurídica, para ser incluidas en futuras subastas públicas bajo la modalidad electrónica a la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección Regional Aduanera Noreste.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera, en coordinación con las autorida des del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión en la subasta a realizarse el día 22/05/2025 de la mercadería detallada en IF-2025-01552891-AFIP-OMSRADOBER#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el decreto N° 618/97, decreto N° 953/24, Ley Nº 22.415 sus modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 25.603.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA DE LA DIVISION ADUANA DE OBERA
DISPONE:
ARTICULO 1º: Autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben - con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican en el Anexo IF-2025-01552891-AFIP-OMSRADOBER#SDGOAI que forma parte integrante del presente acto.
ARTICULO 2º: La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará por intermedio del BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 22 de mayo de 2025.
ARTICULO 3º: Regístrese y comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, Archívese.
Natalia Carolina Sokolowsky
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26096/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES - DI-2025-2-E-AFIP-DIREGC#SDGOIGC
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324454/1
Perlasco establece el Régimen de Reemplazos para ausencias en División Recaudación y División Trámites, Consultas y Verificaciones. Se detalla estructura de reemplazos en áreas específicas (secciones con funciones definidas) y se menciona existencia de anexo con personal afectado. Se decreta conforme a disposiciones AFIP y ARCA. Buenos Aires, 25/04/2025.
Referencias
- Decretos:
- 26426/2025
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 24/04/2025
VISTO la DI-2025-36-E-AFIP-ARCA y la DI-2025-173-E-AFIP-DIRRHH#ARCA publicadas en el Boletín Oficial el 05 de marzo de 2025 y 21 de abril de 2025 respectivamente,
CONSIDERANDO:
Que mediante la DI-2025-36-E-AFIP-ARCA se creó, entre otras áreas, la Dirección de Recaudación Grandes Contribuyentes, con sus áreas dependientes.
Que por medio de la DI-2025-173-AFIP-DIRRHH#ARCA, se dio por finalizadas y se asignaron las funciones al personal detallado en el Anexo I, en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes.
Que, atendiendo a ello y por razones funcionales, se requiere establecer el Régimen de Reemplazos para los casos de ausencia por licencia o impedimento en la División Recaudación y en la División Trámites, Consultas y Verificaciones.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición AFIP N° 7/2018 y la Disposición ARCA 56/2025, publicadas en el Boletín Oficial en fechas 09/01/2018 y 15/04/2025, respectivamente, se procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL DIRECTOR (INT.) DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACION GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Establecer, según corresponda, el Régimen de Reemplazos para los casos de ausencia por licencia o impedimento en la División Recaudación y en la División Trámites, Consultas y Verificaciones, conforme el siguiente detalle:
DIVISION RECAUDACION (DI REGC)
1er. Reemplazo: Sección Recaudación Personas Humanas (DV RECG) (*)
2do. Reemplazo: Sección Análisis Fiscal (DV RECG) (*)
3er. Reemplazo: Sección Cobranzas Judiciales y Sumarios (DV RECG) (*)
DIVISION TRAMITES, CONSULTAS Y VERIFICACIONES (DI REGC)
1er. Reemplazo: Sección Verificaciones Internas (DV TCYV) (*)
2do. Reemplazo: Sección Trámites y Consultas (DV TCYV) (*)
(*) corresponde al ejercicio de Juez Administrativo.
ARTICULO 2°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese
Nestor Hernan Perlasco
e. 25/04/2025 N° 26426/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - DI-2025-178-E-AFIP-DIRRHH#ARCA
#designacion #cese
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324455/1
Se decreta finalización de funciones y designación interina de personal en la Dirección General Impositiva según Anexo I. Firmado por Facundo Rocha. Las modificaciones se rigen por disposiciones de AFIP y normas vigentes, respetando estabilidad laboral de planta permanente. Vigencia desde 21/4/2025. Permitido recurso de reconsideración (20 días hábiles) o jerárquico (30 días).
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-01545279- -AFIP-SEASDVGSPE#DIRRHH y las Disposiciones Nros. DI-2025-36-E-AFIP-ARCA del 28 de febrero de 2025, DI-2025-21-E-AFIP-DGIMPO del 28 de febrero de 2025 y DI-2025-17-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO del 4 de abril de 2025 y,
CONSIDERANDO:
Que por los actos dispositivos citados en el VISTO de la presente, se introdujeron modificaciones en la Estructura Organizativa en el ámbito de la Dirección General Impositiva.
Que por lo expuesto, se gestiona dar por finalizadas funciones y designar a diverso personal para desempeñarse en los cargos de Jefaturas Interinas y Supervisores Interinos de distintas unidades de estructura, en el ámbito de la Dirección General Impositiva.
Que al respecto, se propicia dar por finalizadas las funciones al personal que le fueran asignadas mediante diversas Disposiciones, en el carácter de Representante del Fisco para ejercer la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en las situaciones que se refieren los Artículos N° 92 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044), Artículo N° 1 del Decreto N° 2102/93 y Artículos N° 1125 y concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415).
Que con respecto a las designaciones de diverso personal las mismas se dictan en los términos del artículo 2° de la Disposición N° 244/2015 (AFIP) y las facultades delegadas mediante la Disposición N° DI-2022-112-E-AFIP-AFIP y sus modificatorias.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y los artículos 6° y 7° del Decreto N° DECTO-2024-953-APN-PTE del 24 de octubre de 2024, otorga a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero la facultad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en razón de la función estratégica del servicio (artículo 4º C.N.) que se le ha encomendado por imperativo legal (Decretos Nros. 1.156/96, 618/97 y 1.399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias, fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92 (t.o. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T. Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones forma parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades normales de organización que posee esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito de discrecionalidad propia de la función.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y de las Direcciones Generales Impositiva y de Aduanas.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco del DECTO-2024-953-APN-PTE del 24 de octubre de 2024 y en ejercicio de las facultades conferidas por la DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018 y DI-2025-15-E-AFIP-ARCA del 14 de enero de 2025.
Por ello,
EL COORDINADOR Y SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que se detalla en el Anexo I (IF-2025-01563033-AFIP-DIRRHH#ARCA), en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica, en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior.
ARTÍCULO 2º.- Considerar el presente acto con vigencia a partir del 21 de abril de 2025, en los casos que así corresponda.
ARTÍCULO 3º.- Hacer saber al personal que el presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrán interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, de conformidad con lo establecido por los artículos 84, 90 y cctes del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto Nº 1759/72 – T.O. 2017; dentro del plazo de VEINTE (20) o TREINTA (30) días hábiles administrativos, respectivamente, computándose ambos plazos a partir del día siguiente de la notificación del presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.
Facundo Rocha
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26156/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS METROPOLITANAS - DI-2025-4-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324456/1
Mengochea establece régimen de reemplazos para la Dirección Regional Centro II según orden jerárquico detallado en anexo. Se decreta la abrogación de la Disposición DI-2024-20-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO/2024. Entrará en vigencia al publicarse en el Boletín Oficial.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el EX-2025-01519875- -AFIP-SGRDIRCII#SDGOPIM, la DI-2024-20-E-AFIPSDGOPIM#DGIMPO del 11 de Diciembre de 2024, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, el Administrador Federal representa a la Administración Federal de Ingresos Públicos, ante los poderes públicos, los responsables y los terceros, ejerciendo así sus atribuciones como máxima autoridad del Organismo.
Que oportunamente a través de la Disposición AFIP N° 487/2007 el Administrador Federal delegó en las autoridades que en cada caso indicó, las facultades de decisión en materia de recursos humanos que se consignaron en la Planilla Anexa al Artículo N° 1 de aquella.
Que dicha norma fue dejada sin efecto por la Disposición DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de Enero de 2018, que actualizó el régimen de asignación de facultades sobre la temática, incluyendo en su Anexo I -en lo que aquí interesa- la determinación y modificación de los Regímenes de Reemplazos de Jefaturas por parte de las Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y Direcciones, respecto de sus unidades dependientes.
Que así las cosas, a su turno, mediante la Disposición DI-2024-20-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO del 11 de Diciembre de 2024, se estableció el Régimen de Reemplazos ante la ausencia o impedimento del titular de la Dirección Regional Centro II, dependiente de esta Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas.
Que a través de las presentes actuaciones, la Jefatura de la Dirección Regional Centro II propicia modificar aquel.
Que razones de buen orden administrativo aconsejan disponer el dictado de un nuevo acto dispositivo que contemple tales modificaciones y en consecuencia, dejar sin efecto la Disposición DI-2024-20-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO del 11 de Diciembre de 2024.
Que el servicio jurídico pertinente, ha tomado la intervención de su competencia.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de Enero de 2018; y Arts. 6° y 7° del Decreto Nº DECTO-2024-953-APN-PTE del 24 de Octubre de 2024, procede disponer en consecuencia.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS METROPOLITANAS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Establecer el siguiente régimen de reemplazos, para el supuesto de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección Regional Centro II, dependiente de esta Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas:
| JEFATURA | REEMPLAZANTE Y ORDEN DE REEMPLAZO |
| DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO II (SDG OPIM) | 1°: Jefatura de la DIV. JURÍDICA |
| 2°: Jefatura de la DIV. FISCALIZACIÓN N° 1 | |
| 3°: Jefatura de la DIV. FISCALIZACIÓN N° 3 |
ARTÍCULO 2°.- Abrogar la Disposición DI-2024-20-E-AFIP-SDGOPIM#DGIMPO del 11 de Diciembre del 2024.
ARTÍCULO 3°.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.
Mariano Mengochea
e. 25/04/2025 N° 26004/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE ECONOMÍA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL - DI-2025-343-APN-SSDCYLC#MEC
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324457/1
Se decreta reconocer a WEISZ INSTRUMENTOS S.A. como laboratorio de ensayos para reglamentos técnicos de probetas, instrumentos de pesar, surtidores de combustible y termómetros clínicos, bajo el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Vigencia: 365 días. Firma: Blanco Muiño.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
First
La norma en cuestión es constitucional. No presenta irregularidades, ya que actúa dentro de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso en materias de metrología, defensa del consumidor y reglamentación de actividades económicas, de conformidad con los artículos 4°, 7°, 24°, 37°, 38°, 42°, 44°, 75 incisos 12°, 13°, 18° y 24°, así como también con el Artículo 114° de la Constitución Nacional Argentina. La medida se inscribe en el marco de la reglamentación técnica y administrativa de los controles de calidad y verificación de productos, cumpliendo con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, sin afectar garantías constitucionales o competencias provinciales.
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Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2025-28926571- -APN-DIN#MEC, la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 960 de fecha 24 de noviembre de 2017 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y las Resoluciones Nros. 611 de fecha 26 de septiembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, 227 de fecha 14 de marzo de 2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y su modificatoria, y 276 de fecha 12 de septiembre de 2024 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, se creó el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y el Servicio Nacional de Aplicación de la citada ley.
Que el Artículo 28 de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, establece que el Servicio Nacional de Aplicación se integrará con los organismos que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, el que delimitará sus competencias sobre sus funciones.
Que el Artículo 1° del Decreto N° 960 de fecha 24 de noviembre de 2017, establece que el Servicio Nacional de Aplicación previsto en la Ley Nº 19.511 y sus modificaciones, será la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y los organismos públicos y/o privados que esa Secretaría designe.
Que el Artículo 2° del Decreto N° 960/17, establece las funciones de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, relacionadas con la metrología legal, específicamente en su inciso l), la de delegar en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y/o entidades públicas y/o privadas lo relacionado a efectuar, en todo instrumento de medición reglamentado, los ensayos, certificaciones y/o cualquier otro procedimiento técnico necesario para la aprobación de modelo, la verificación primitiva y verificación periódica, entre otras cosas, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.
Que a través del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por el Decreto N° 293 de fecha 5 de abril de 2024, se modificó la estructura organizativa del MINISTERIO DE ECONOMÍA, creando la SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL, dentro del ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, estableciendo entre las competencias, la de supervisar y entender en las actividades vinculadas con el seguimiento y verificación de todo lo relacionado con la aplicación de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, así como también, entender en la elaboración, propuesta y seguimiento de dicha normativa.
Que, a través de la Resolución N° 611 de fecha 26 de septiembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se aprobaron las “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE OPERACIONES DE CONTROL METROLÓGICO”.
Que la Resolución N° 276 de fecha 12 de septiembre de 2024 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificó la Resolución N° 611/19 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y su modificatoria, donde en el Punto 1 del Capítulo I del Anexo II de la misma, estableció los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los laboratorios a integrarse al Servicio Nacional de Aplicación de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones.
Que, asimismo, en el Punto 2 del Capítulo I del Anexo II de la Resolución N° 611/19 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, se indicó el procedimiento respecto al reconocimiento de laboratorios que se encuentren previamente acreditados en el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), pero no específicamente en los Reglamentos Técnicos y Metrológicos aplicables y que hayan comenzado su proceso de acreditación en el reglamento correspondiente.
Que la firma WEISZ INSTRUMENTOS S.A., C.U.I.T. N° 30- 57494984-6, ha presentado ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), la solicitud para la extensión del alcance de acreditación para los servicios de ensayo de controles metrológicos de Aprobación de Modelo, Verificación Primitiva y Verificación Periódica, en los siguientes Reglamentos Técnicos y Metrológicos: “Probetas y vasos graduados” aprobado mediante el Decreto N° 71 de fecha 29 de enero de 1927 (reglamentario de la Ley N° 845), “Instrumentos de pesar de funcionamiento no automático” aprobado mediante la Resolución N° 25 de fecha 24 de febrero de 2025 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, “Medidas de masa (pesas)” aprobado mediante la Resolución N° 456 de fecha 2 de diciembre de 1983 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y “Medidas de capacidad (patrón y calibración)” aprobado mediante la Resolución N° 197 de fecha 8 de julio de 1981 del ex MINISTERIO DE COMERCIO E INTERESES MARÍTIMOS; para los servicios de ensayo de controles metrológicos de Verificación Primitiva y Verificación Periódica “Surtidores de nafta, kerosene y gas oíl”, aprobado mediante el Decreto N° 5.410 de fecha 30 de junio de 1932 y la Resolución N° 50 de fecha 28 de marzo de 1989 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA; y para los servicios de ensayo de controles metrológicos de Aprobación de modelo y Verificación Primitiva “Termómetros Clínicos Electrónicos Digitales con Dispositivo de Medición de Temperatura Máxima”, aprobado mediante la Resolución N° 83 de fecha 4 de septiembre de 2012 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y su modificatoria, y por el cual solicitó a la SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL, el reconocimiento como laboratorio de ensayos a integrarse al Servicio Nacional de Aplicación de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, de acuerdo a lo establecido en el Punto 2 del Anexo II de la Resolución N° 611/19 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias.
Que el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), ha tomado intervención tal y como se establece en el Artículo 1° de la Resolución N° 276/24 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, emitiendo la correspondiente constancia de inicio de acreditación para el laboratorio LC 048, Laboratorio de calibración WEISZ INSTRUMENTOS S.A., adjunta en el Documento (RE-2025-28925947-APN-DIN#MEC) del expediente citado en el Visto.
Que, en ese sentido y habiendo cumplido con la totalidad de la documentación requerida en la Resolución N° 611/19 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, por la presente medida resulta pertinente otorgar los reconocimientos como laboratorio de ensayos a la firma solicitante, por el plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días desde la aprobación de los mismos.
Que la Resolución N° 32 de fecha 17 de enero de 2024, modificó la Resolución N° 227 de fecha 14 de marzo de 2023, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con la finalidad de delegar en la ex SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES de la citada Secretaría, actual SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, las facultades para adoptar todas las acciones que requieran la aplicación de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, y el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades previstas por la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 960/17 y 50/19 y sus modificatorios, y la Resolución N° 227/23 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y su modificatoria.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Reconócese a la firma WEISZ INSTRUMENTOS S.A., C.U.I.T. N° 30- 57494984-6, como laboratorio de ensayos en el alcance de ensayos de Aprobación de Modelo, Verificación Primitiva y Verificación Periódica, para los Reglamentos Técnicos y Metrológicos de “Probetas y vasos graduados”, aprobado mediante el Decreto N° 71 de fecha 29 de enero de 1927 (reglamentario de la Ley N° 845), “Instrumentos de pesar de funcionamiento no automático”, aprobado mediante la Resolución N° 25 de fecha 24 de febrero de 2025 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, “Medidas de masa (pesas)” aprobado mediante la Resolución N° 456 de fecha 2 de diciembre de 1983 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA y “Medidas de capacidad (patrón y calibración)” aprobado por la Resolución N° 197 de fecha 8 de julio de 1981 del ex MINISTERIO DE COMERCIO E INTERESES MARÍTIMOS.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese a la firma WEISZ INSTRUMENTOS S.A. como laboratorio de ensayos en el alcance de ensayos de Verificación Primitiva y Verificación Periódica, para el Reglamento Técnico y Metrológico de “Surtidores de nafta, kerosene y gas oíl”, aprobado mediante el Decreto N° 5.410 de fecha 30 de junio de 1932 y la Resolución N° 50 de fecha 28 de marzo de 1989 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3°.- Reconócese a la firma WEISZ INSTRUMENTOS S.A. como laboratorio de ensayos en el alcance de ensayos de Aprobación de Modelo y Verificación Primitiva, para el Reglamento Técnico y Metrológico de “Termómetros Clínicos Eléctricos Digitales con Dispositivo de Medición de Temperatura Máxima” aprobado mediante la Resolución N° 83 de fecha 4 de septiembre de 2012 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y su modificatoria.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los reconocimientos dispuestos por los Artículos 1°, 2° y 3° de la presente medida, tendrán una vigencia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días desde la fecha de publicación de la presente disposición.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a la firma WEISZ INSTRUMENTOS S.A. de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Martin Blanco Muiño
e. 25/04/2025 N° 26137/25 v. 25/04/2025
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL - DI-2025-4-APN-GCP#SRT
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324458/1
Firmado por Punte. Se establece la suma fija en $1.303 para ambos regímenes (General y Casas Particulares) para el devengado de abril de 2025, aplicable desde mayo. El cálculo se basa en la variación del R.I.P.T.E. e índices correspondientes a enero/febrero 2025 (Régimen General) y noviembre 2024/febrero 2025 (Especial), con redondeo según usos.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) presenta irregularidades constitucionaless que generan conflictos con la Constitución Nacional Argentina, específamente:
Irregularidades Constitucionaless:
-
Violación del Artículo 14 bis (Derechos Laborales):
El artículo 14 bis de la Constitución establece que el "salario mínimo vital móvil" debe ser regulado por ley. Sin embargo, la norma en cuestión fija el "valor de la suma fija" mediante una resolución administrativa (no una ley sancionada por el Congreso), lo que contraviene la obligación constitucional de que esta materia sea reglamentada por el Poder Legislativo. -
Infracción del Artículo 75 inciso 2 (Competencia Legislativa):
La Constitución asigna al Congreso la facultad exclusiva para establecer contribuciones y "leyes sobre seguridad social" (inciso 22 del mismo artículo 75). La determinación de cotizaciones o sumas fijas para el Fondo de Enfermedades Profesionaless, vinculadas a la seguridad social, requiere base legal expresa de ley nacional, no de una resolución administrativa. -
Práctica de potestad legislativa por el Poder Ejecutivo (Artículo 41): Separación de Potestades):
La resolución de la S.R.T. ejerció una función legislativa (fijación de un estándar económico) sin delegación explícita del Congreso, lo que viola el principio de separación de potestades (Artículo 1°). -
Falta de procedimiento constitucional para actualizaciones económicas:
Si la actualización de la "suma fija" depende de índices económicos (como inflación), el mecanismo de actualización debería estar previsto en ley (por ejemlo, una ley que delegue al Poder Ejecutivo la potestad de actualizar el valor mediante resoluciones basadas en índices oficiales). Si esta delegación no existe, la norma es nula.
Posibles Consecuencias:
-
Nulidad de la norma:
La resolución podría ser declarada nula por inconstitucionalidad, ya que el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia de salarios mínimos o cotizaciones previsoras sin base legal explícita de ley sancionada por el Congreso. -
Falta de control del Congreso:
El proceso de fijación del "salario mínimo vital móvil" (Artículo 14 bis) requiere intervención del Legislativo, tal como lo establece la Constitución. La ausencia de una ley que reglamente este mecanismo y delegue la actualización al Poder Ejecutivo invale la resolución.
Conclusión:
La norma NO ES CONSTITUCIONAL, ya que:
1. Legisla sin base constitucional: La fijación del "salario mínimo vital" o cotizaciones para seguridad social sin ley sancionada por el Congreso viola el Artículo 14 bis y el Artículo 75 inciso 2 y 22.
2. Violación de la separación de potestades: El Poder Ejecutivo no puede establecer normas de carácter general sin autorización legislativa.
Posibles soluciones:
- El Congreso debería sancionar una ley que establezca el mecanismo de actualización del valor de la "suma fija" y delegue explícitamente al Poder Ejecutivo la potestad de aplicarla vía resoluciones.
- En ausencia de tal ley, la resolución N° 26136/25 es inconstitucional y podría ser demandada ante los tribunales por violación de los derechos laborales y de seguridad social consagrados en la Constitución.
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Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2025
VISTO el Expediente EX-2023-03045887-APN-SCE#SRT, las Leyes N° 19.549, N° 24.557, N° 26.773, N° 27.348 y sus respectivas normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, los Decretos N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017), N° 590 de fecha 30 de junio de 1997 y sus modificatorios, las Resoluciones del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) N° 467 de fecha 10 de agosto de 2021, N° 649 de fecha 13 de junio de 2022, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 47 de fecha 31 de agosto de 2021, N° 51 de fecha 22 de julio de 2024 -y su modificatoria N° 75 de fecha 01 de noviembre de 2024-, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 467 de fecha 10 de agosto de 2021, el entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) estableció el mecanismo de actualización trimestral del valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto N° 590 de fecha 30 de junio de 1997, sus normas modificatorias y complementarias, como una medida proporcionada a los fines de garantizar el debido financiamiento de las prestaciones.
Que el artículo 5° de la resolución citada en el considerado precedente encomienda a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), la publicación trimestral del valor de la suma prevista en el artículo 5° del Decreto N° 590/97 obtenido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° de la misma normativa.
Que por Resolución S.R.T. N° 47 de fecha 31 de agosto de 2021, se facultó a la Gerencia de Control Prestacional a efectuar los cálculos trimestrales conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución del entonces M.T.E. Y S.S. N° 467/21 y a realizar la publicación correspondiente de los mismos.
Que posteriormente, el entonces M.T.E. Y S.S. dispuso mediante la Resolución N° 649 de fecha 13 de junio de 2022 que para las obligaciones correspondientes al devengado del mes de julio de 2022 con vencimiento agosto del mismo año, y subsiguientes, el valor de la suma fija se incrementará mensualmente según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.) -índice no decreciente-, entre el segundo y el tercer mes anteriores al mes devengado que corresponda siendo de aplicación exclusivamente a Unidades Productivas del Régimen General.
Que considerando que es de aplicación la actualización del devengado del mes de abril de 2025, es necesario tomar los valores de los índices de febrero y enero de 2025 en el caso del Régimen General (Unidades Productivas).
Que, en tal sentido, de la división aritmética de dichos índices, 149.777,43 y 141.124,78 respectivamente, se obtiene un valor de 1,0613 que multiplicado por el valor bruto actual de PESOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 38/100 ($ 1.227,38) arroja un monto de PESOS MIL TRESCIENTOS DOS CON 63/100 ($ 1.302,63).
Que en el caso del Régimen Especial de Casas Particulares es de aplicación la actualización del devengado del mes de abril de 2025 conforme lo indicado en la Resolución N° 467/21, para lo cual es necesario tomar los valores de los índices de febrero de 2025 y noviembre de 2024.
Que, en consecuencia, de la división aritmética de dichos índices, 149.777,43 y 134.754,34 respectivamente, se obtiene un valor de 1,1114 que multiplicado por el valor bruto actual de PESOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 01/100 ($ 1.172,01) arroja un monto de PESOS MIL TRESCIENTOS DOS CON 67/100 ($ 1.302,67).
Que a los fines de facilitar la identificación del monto a integrar con destino al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (F.F.E.P.), se estima pertinente aplicar las reglas de usos y costumbres respecto del redondeo decimal, por lo que la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto N° 590/97 queda entonces determinada en PESOS MIL TRESCIENTOS TRES ($ 1.303) para ambos regímenes.
Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha intervenido conforme sus facultades y competencias.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 36 de la Ley N° 24.557, el artículo 3° de la Ley N° 19.549, el artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017), las Resoluciones del entonces M.T.E. Y S.S. N° 467/21 y N° 649/22 y las Resoluciones S.R.T. N° 47/21 y N° 51 de fecha 22 de julio de 2024 -y su modificatoria la Resolución S.R.T. N° 75 de fecha 01 de noviembre de 2024-.
Por ello,
EL GERENTE DE CONTROL PRESTACIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto N° 590 de fecha 30 de junio de 1997 y sus normas modificatorias y complementarias, calculada conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) N° 467 de fecha 10 de agosto de 2021 y en el artículo 2° de la Resolución del entonces M.T.E. Y S.S. N° 649 de fecha 13 de junio de 2022, será para ambos regímenes de PESOS MIL TRESCIENTOS TRES ($ 1.303) para el devengado del mes de abril de 2025.
ARTÍCULO 2°.- La nueva suma determinada en el artículo precedente se abonará a partir del mes de mayo de 2025.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Leandro Manuel Punte
e. 25/04/2025 N° 26136/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO -
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324459/1
Se publica la Ley N°24.080 modificando el Acuerdo de 2014 para extender 90 días a turistas del MERCOSUR y asociados. Vigencia desde el 15/5/2025. Firmado por Di Lelle (Dirección de Tratados). Incluye anexos publicados en la edición web del BORA.
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PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES QUE NO REQUIRIERON APROBACIÓN LEGISLATIVA
Acuerdo Modificatorio del Acuerdo para la Concesión de un Plazo de Noventa (90) Días a los Turistas Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados.
Celebración: Paraná, 16 de diciembre de 2014.
Vigor: 15 de mayo de 2025.
Se adjunta copia de su texto.
Ricardo Alberto Di Lelle, Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, Dirección de Tratados.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26063/25 v. 25/04/2025
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -
#tarifas
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324460/1
Banco de la Nación Argentina establece, según se decreta, tasas de interés para préstamos con caución de certificados: desde el 09/12/2024, MIPYME pagan TAMAR +2 ppa y Grandes Empresas TAMAR +7 ppa. Para operaciones de descuento desde el 14/04/2025, MIPYME tienen 40% TNA hasta 90 días, 41-42% para plazos mayores; Grandes Empresas 42-45% TNA según período. Incluye tablas con tasas nominales y efectivas en www.bna.com.ar. Firmante: Mazza.
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El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 09/12/2024, la tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 2 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 09/12/2024, corresponderá aplicar la Tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 7 ppa.
| TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS) | |||||||||||
| TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
| FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
| Desde el | 16/04/2025 | al | 21/04/2025 | 35,66 | 35,14 | 34,63 | 34,13 | 33,64 | 33,15 | 30,37% | 2,931% |
| Desde el | 21/04/2025 | al | 22/04/2025 | 37,28 | 36,71 | 36,15 | 35,60 | 35,06 | 34,54 | 31,52% | 3,064% |
| Desde el | 22/04/2025 | al | 23/04/2025 | 37,36 | 36,79 | 36,22 | 35,67 | 35,14 | 34,61 | 31,58% | 3,071% |
| Desde el | 23/04/2025 | al | 24/04/2025 | 42,00 | 41,27 | 40,56 | 39,87 | 39,19 | 38,53 | 34,78% | 3,452% |
| Desde el | 24/04/2025 | al | 25/04/2025 | 41,29 | 40,59 | 39,91 | 39,24 | 38,58 | 37,94 | 34,30% | 3,394% |
| TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
| Desde el | 16/04/2025 | al | 21/04/2025 | 36,75 | 37,30 | 37,86 | 38,44 | 39,03 | 39,63 | 43,62% | 3,020% |
| Desde el | 21/04/2025 | al | 22/04/2025 | 38,47 | 39,07 | 39,69 | 40,32 | 40,97 | 41,63 | 46,03% | 3,161,% |
| Desde el | 22/04/2025 | al | 23/04/2025 | 38,55 | 39,15 | 39,78 | 40,41 | 41,06 | 41,73 | 46,15% | 3,168% |
| Desde el | 23/04/2025 | al | 24/04/2025 | 43,50 | 44,27 | 45,07 | 45,88 | 46,72 | 47,57 | 53,32% | 3,575% |
| Desde el | 24/04/2025 | al | 25/04/2025 | 42,75 | 43,49 | 44,26 | 45,05 | 45,85 | 46,68 | 52,21% | 3,513% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (A partir del 14/04/25) para: 1) MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 30 días del 40%, Hasta 60 días del 40% TNA, Hasta 90 días del 40% TNA, de 91 a 180 días del 41% TNA, de 181 a 360 días del 42% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 40%TNA. 2) Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 42% TNA, Hasta 60 días del 42% TNA, Hasta 90 días del 42% TNA, de 91 a 180 días del 44% TNA y de 181 a 360 días del 45% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Valeria Mazza, Subgerente Departamental.
e. 25/04/2025 N° 26124/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS -
#multa
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324461/1
Se decreta citación a CEJAS, UNIR EXPRESS S.A.S., CARDOZO, BENITEZ, VELAZQUEZ, entre otros, para comparecer en 10 días hábiles en French 506 (Resistencia, Chaco) por infracciones aduaneras (Arts. 1013/1101 CA).). Deben constituir domicilio en radio urbano de la Aduana. Se establecen multas (detalles en tabla).). Pago de multa mínima o abandono de mercadería extingue acción penal. Firmó Coto.
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ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle French 506 de la Localidad de Resistencia (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
| SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
| 010-SC-265-2024/0 | CEJAS EDUARDO ANIBAL | 30.671.434 | 986/987 CA | $ 1.114.254,74 |
| 010-SC-265-2024/0 | CEJAS EDUARDO ANIBAL | 30.671.434 | 874 CA | $ 4.457.018,96 |
| 010-SC-265-2024/0 | CEJAS EDUARDO ANIBAL | 30.671.434 | TRIBUTOS | $ 438.814,72 |
| 010-SC-333-2022/6 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | 987 CA | $ 713.117,21 |
| 010-SC-333-2022/6 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | TRIBUTOS | $ 282.664,16 |
| 010-SC-192-2023/4 | CARDOZO DIEGO ORLANDO | 34.047.428 | 987 CA | $ 1.158.905,39 |
| 010-SC-192-2023/4 | CARDOZO DIEGO ORLANDO | 34.047.428 | 874 CA | $ 4.635.621,56 |
| 010-SC-192-2023/4 | CARDOZO DIEGO ORLANDO | 34.047.428 | TRIBUTOS | $ 459.364,91 |
| 010-SC-285-2024/7 | BENITEZ NORMA ITATI | 17.767.717 | 986/987 CA | $ 746.413,48 |
| 010-SC-285-2024/7 | BENITEZ NORMA ITATI | 17.767.717 | TRIBUTOS | $ 372.900,42 |
| 010-SC-308-2024/4 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | 986 CA | $ 492.236,86 |
| 010-SC-308-2024/4 | UNIR EXPRESS S.A.S | CUIT 30716001187 | TRIBUTOS | $ 247.151,06 |
| 010-SC-306-2024/2 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | 987 CA | $ 149.318,10 |
| 010-SC-306-2024/2 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | TRIBUTOS | $ 74.921,02 |
| 010-SC-203-2024/K | FRANCO ALBERTO ANDRES | 25.454.851 | 985 CA | $ 404.674,91 |
| 010-SC-203-2024/K | FRANCO ALBERTO ANDRES | 25.454.851 | 874 CA | $ 1.618.699,64 |
| 010-SC-203-2024/K | FRANCO ALBERTO ANDRES | 25.454.851 | TRIBUTOS | $ 325.891,79 |
| 010-SC-296-2024/3 | SEGOVIA VELASQUEZ BENITA | 94.933.382 | 987 CA | $ 100.602.243,00 |
| 010-SC-296-2024/3 | SEGOVIA VELASQUEZ BENITA | 94.933.382 | 874 CA | $ 402.408.972,00 |
| 010-SC-296-2024/3 | SEGOVIA VELASQUEZ BENITA | 94.933.382 | TRIBUTOS | $ 39.876.543,00 |
| 010-SC-297-2024/1 | PAREDES CRISTIAN DAVID | 44.328.279 | 974 CA | $ 60.706.267,44 |
| 010-SC-297-2024/1 | PAREDES CRISTIAN DAVID | 44.328.279 | 874 CA | $ 15.176.566,94 |
| 010-SC-297-2024/1 | PAREDES CRISTIAN DAVID | 44.328.279 | TRIBUTOS | $ 6.015.661,34 |
| 010-SC-251-2024/4 | CLAURE ERVIN | 96.061.620 | 987 CA | $ 1.786.641,35 |
| 010-SC-251-2024/4 | CLAURE ERVIN | 96.061.620 | 874 CA | $ 7.146.565,04 |
| 010-SC-251-2024/4 | CLAURE ERVIN | 96.061.620 | TRIBUTOS | $ 318.473,75 |
| 010-SC-311-2024/K | NUÑEZ FRANCISCO FABIAN | 43.176.662 | 987 CA | $ 1.924.758,21 |
| 010-SC-311-2024/K | NUÑEZ FRANCISCO FABIAN | 43.176.662 | 874 CA | $ 7.699.032,84 |
| 010-SC-311-2024/K | NUÑEZ FRANCISCO FABIAN | 43.176.662 | TRIBUTOS | $ 762.932,31 |
| 010-SC-301-2024/1 | VELAZQUEZ FARFAN MIGUEL | 95.345.393 | 987 CA | $ 689.843.953,20 |
| 010-SC-301-2024/1 | VELAZQUEZ FARFAN MIGUEL | 95.345.393 | 874 CA | $ 275.937.580,08 |
| 010-SC-301-2024/1 | VELAZQUEZ FARFAN MIGUEL | 95.345.393 | TRIBUTOS | $ 27.343.915,20 |
| 010-SC-219-2024/7 | LANNUTTI DE LA CRJZ LEANDRO FEDERICO | 36.972.850 | 987 CA | $ 512.744,44 |
| 010-SC-219-2024/7 | LANNUTTI DE LA CRJZ LEANDRO FEDERICO | 36.972.850 | TRIBUTOS | $ 203.240,74 |
| 010-SC-275-2024/9 | ARCE LAURA ANDREA | 29.296.870 | 987 CA | $ 2.683.613,62 |
| 010-SC-275-2024/9 | ARCE LAURA ANDREA | 29.296.870 | 874 CA | $ 10.734.454,48 |
| 010-SC-275-2024/9 | ARCE LAURA ANDREA | 29.296.870 | TRIBUTOS | $ 1.063.726,12 |
| 010-SC-245-2024/4 | BRITEZ RICARDO DAMIAN | 41.382.839 | 987 CA | $ 368.038,44 |
| 010-SC-245-2024/4 | BRITEZ RICARDO DAMIAN | 41.382.839 | TRIBUTOS | $ 145.882,44 |
| 010-SC-255-2024/2 | CARRIZO CAROLINA DEL VALLE | 34.097.295 | 987 CA | $ 309.804,91 |
| 010-SC-255-2024/2 | CARRIZO CAROLINA DEL VALLE | 34.097.295 | TRIBUTOS | $ 76.321,56 |
| 010-SC-273-2024/2 | OLIJNIK RODOLFO MANUEL | 28.387.202 | 874 CA | $ 6.265.387,08 |
| 010-SC-273-2024/2 | OLIJNIK RODOLFO MANUEL | 28.387.202 | 987 CA | $ 1.566.346,77 |
| 010-SC-273-2024/2 | OLIJNIK RODOLFO MANUEL | 28.387.202 | TRIBUTOS | $ 392.173,77 |
| 010-SC-293-2024/9 | CHOQUE LIS ANDRE | 45.182.442 | 987 CA | $ 32.575.964,40 |
| 010-SC-293-2024/9 | CHOQUE LIS ANDRE | 45.182.442 | 874 CA | $ 130.303.857,06 |
| 010-SC-293-2024/9 | CHOQUE LIS ANDRE | 45.182.442 | TRIBUTOS | $ 12.912.404,40 |
| 010-SC-295-2024/5 | VALDEZ BARRO MERARDO | 94.349.423 | 987 CA | $ 33.984.395,78 |
| 010-SC-295-2024/5 | VALDEZ BARRO MERARDO | 94.349.423 | 874 CA | $ 135.937.583,12 |
| 010-SC-295-2024/5 | VALDEZ BARRO MERARDO | 94.349.423 | TRIBUTOS | $ 13.470.675,98 |
| 010-SC-262-2024/0 | ARDIT JULIA ESTER | 35.897.867 | 987 CA | $ 1.023.241,47 |
| 010-SC-262-2024/0 | ARDIT JULIA ESTER | 35.897.867 | 874 CA | $ 4.092.965,00 |
| 010-SC-262-2024/0 | ARDIT JULIA ESTER | 35.897.867 | TRIBUTOS | $ 405.590,67 |
| 010-SC-210-2024/3 | ROJAS DAVID LUIS | 36.419.573 | 987 CA | $ 103.758,34 |
| 010-SC-210-2024/3 | ROJAS DAVID LUIS | 36.419.573 | TRIBUTOS | $ 25.561,22 |
| 010-SC-201-2024/3 | AUCAPIÑA SANDRA LILIANA | 35.556.929 | 987 CA | $ 12.302.379,34 |
| 010-SC-201-2024/3 | AUCAPIÑA SANDRA LILIANA | 35.556.929 | 874 CA | $ 49.209.517,36 |
| 010-SC-201-2024/3 | AUCAPIÑA SANDRA LILIANA | 35.556.929 | TRIBUTOS | $ 4.876.395,82 |
| 010-SC-199-2024/K | MONTAÑO JANCO GREGORIO | 94.760.464 | 986 CA | $ 5.581.470,17 |
| 010-SC-199-2024/K | MONTAÑO JANCO GREGORIO | 94.760.464 | 874 CA | $ 22.325.880,68 |
| 010-SC-199-2024/K | MONTAÑO JANCO GREGORIO | 94.760.464 | TRIBUTOS | $ 2.212.373,45 |
| 010-SC-202-2024/5 | COCA RODRIGO MAXIMILIANO | 37.418.928 | 986 CA | $ 19.851.162,07 |
| 010-SC-202-2024/5 | COCA RODRIGO MAXIMILIANO | 37.418.928 | 874 CA | $ 79.404.648,28 |
| 010-SC-202-2024/5 | COCA RODRIGO MAXIMILIANO | 37.418.928 | TRIBUTOS | $ 7.868.569,27 |
| 010-SC-2-2025/K | LOPEZ IVAN EMMANUEL | 39.398.004 | 987 CA | $ 800.504,20 |
| 010-SC-2-2025/K | LOPEZ IVAN EMMANUEL | 39.398.004 | TRIBUTOS | $ 155.701,00 |
| 010-SC-218-2024/4 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | 985 CA | $ 379.470,87 |
| 010-SC-218-2024/4 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | 874 CA | $ 1.517.883,48 |
| 010-SC-218-2024/4 | MESA OSVALDO ANTONIO | 27.123.743 | TRIBUTOS | $ 273.233,18 |
| 010-SC-298-2024/K | ALFONSO JUAN GABRIEL | 34.868.163 | 987 CA | $ 197.490,38 |
| 010-SC-298-2024/K | ALFONSO JUAN GABRIEL | 34.868.163 | TRIBUTOS | $ 63.509,76 |
| 010-SC-246-2024/2 | RODRIGUEZ JUAN CAYETANO | 38.969.177 | 985 CA | $ 1.383.515,11 |
| 010-SC-246-2024/2 | RODRIGUEZ JUAN CAYETANO | 38.969.177 | TRIBUTOS | $ 1.146.934,27 |
| 010-SC-246-2024/2 | VILLALBA ANALIA SOLEDAD | 36.450.202 | 985 CA | $ 1.383.515,11 |
| 010-SC-246-2024/2 | VILLALBA ANALIA SOLEDAD | 36.450.202 | TRIBUTOS | $ 1.146.934,27 |
| 010-SC-253-2024/0 | DIAZ ROBERTO EDUARDO | 30.400.092 | 985 CA | $ 905.205,16 |
| 010-SC-253-2024/0 | DIAZ ROBERTO EDUARDO | 30.400.092 | 874 CA | $ 3.620.820,64 |
| 010-SC-253-2024/0 | DIAZ ROBERTO EDUARDO | 30.400.092 | TRIBUTOS | $ 704.411,02 |
| 010-SC-75-2024/9 | ESPINOZA CARLOS ALBERTO | 37.508.769 | 987 CA | $ 5.990.266,62 |
| 010-SC-75-2024/9 | ESPINOZA CARLOS ALBERTO | 37.508.769 | TRIBUTOS | $ 2.374.411,50 |
| 010-SC-291-2024/2 | GARCIA CABRERA ERICK ALWIN | 95.270.085 | 987 CA | $ 94.853.543,40 |
| 010-SC-291-2024/2 | GARCIA CABRERA ERICK ALWIN | 95.270.085 | 874 CA | $ 379.414.173,60 |
| 010-SC-291-2024/2 | GARCIA CABRERA ERICK ALWIN | 95.270.085 | TRIBUTOS | $ 37.597.883,40 |
| 010-SC-290-2024/4 | GARCIA CABRERA RONALD FREDDY | 95.425.736 | 987 CA | $ 94.853.543,40 |
| 010-SC-290-2024/4 | GARCIA CABRERA RONALD FREDDY | 95.425.736 | 874 CA | $ 379.414.173,60 |
| 010-SC-290-2024/4 | GARCIA CABRERA RONALD FREDDY | 95.425.736 | TRIBUTOS | $ 37.597.883,40 |
| 010-SC-216-2024/2 | GRAMAJO MAURICIO FACUNDO | 39.361.564 | 986/987 CA | $ 27.150.692,51 |
| 010-SC-216-2024/2 | GRAMAJO MAURICIO FACUNDO | 39.361.564 | 874 CA | $ 108.602.769,36 |
| 010-SC-216-2024/2 | GRAMAJO MAURICIO FACUNDO | 39.361.564 | TRIBUTOS | $ 10.761.944,51 |
| 010-SC-215-2024/4 | OCAMPO CORONADO MARTINIANO | 94.448.579 | 986/987 | $ 4.762.498,49 |
| 010-SC-215-2024/4 | OCAMPO CORONADO MARTINIANO | 94.448.579 | 874 CA | $ 19.049.993,96 |
| 010-SC-215-2024/4 | OCAMPO CORONADO MARTINIANO | 94.448.579 | TRIBUTOS | $ 1.887.750,89 |
| 010-SC-214-2024/6 | ZERPA JUAN ALBERTO | 33.429.553 | 987 CA | $ 5.339.857,07 |
| 010-SC-214-2024/6 | ZERPA JUAN ALBERTO | 33.429.553 | 874 CA | $ 21.359.428,28 |
| 010-SC-214-2024/6 | ZERPA JUAN ALBERTO | 33.429.553 | TRIBUTOS | $ 1.669.852,19 |
| 010-SC-212-2024/K | LOPEZ XIMENA ROCIO | 37.721.826 | 986/987 | $ 15.429.901,66 |
| 010-SC-212-2024/K | LOPEZ XIMENA ROCIO | 37.721.826 | 874 CA | $ 61.719.606,64 |
| 010-SC-212-2024/K | LOPEZ XIMENA ROCIO | 37.721.826 | TRIBUTOS | $ 6.116.077,66 |
| 010-SC-302-2024/K | VILLAVICENCIO SEBASTIAN | 30.607.642 | 987 CA | $ 1.244.346,88 |
| 010-SC-302-2024/K | VILLAVICENCIO SEBASTIAN | 30.607.642 | 874 CA | $ 4.977.387,52 |
| 010-SC-302-2024/K | VILLAVICENCIO SEBASTIAN | 30.607.642 | TRIBUTOS | $ 306.549,41 |
| 010-SC-270-2024/2 | CASTAÑEDA NICOLAS ARIEL | 30.896.161 | 987 CA | $ 33.266.354,89 |
| 010-SC-270-2024/2 | CASTAÑEDA NICOLAS ARIEL | 30.896.161 | 874 CA | $ 133.065.419,56 |
| 010-SC-270-2024/2 | CASTAÑEDA NICOLAS ARIEL | 30.896.161 | TRIBUTOS | $ 14.174.957,77 |
| 010-SC-270-2024/2 | COLMAN DYLAN ALEXANDER | 40.680.335 | 987 CA | $ 33.266.354,89 |
| 010-SC-270-2024/2 | COLMAN DYLAN ALEXANDER | 40.680.335 | 874 CA | $ 133.065.419,56 |
| 010-SC-270-2024/2 | COLMAN DYLAN ALEXANDER | 40.680.335 | TRIBUTOS | $ 14.174.957,77 |
| 010-SC-278-2024/3 | BENITEZ DAMARIS CECILIA | 44.841.711 | 987 CA | $ 4.060.466,66 |
| 010-SC-278-2024/3 | BENITEZ DAMARIS CECILIA | 44.841.711 | 874 CA | $ 16.241.866,64 |
| 010-SC-278-2024/3 | BENITEZ DAMARIS CECILIA | 44.841.711 | TRIBUTOS | $ 1.730.184,86 |
| 010-SC-219-2024/2 | CONDORI CRUZ EMILIO | 93.041.485 | 986/987 CA | $ 488.930,56 |
| 010-SC-219-2024/2 | CONDORI CRUZ EMILIO | 93.041.485 | TRIBUTOS | $ 181.951,36 |
| 010-SC-219-2024/2 | VEGA BORJA LIRA CIRA | 93.751.754 | 986/987 CA | $ 488.930,56 |
| 010-SC-219-2024/2 | VEGA BORJA LIRA CIRA | 93.751.754 | TRIBUTOS | $ 181.951,36 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 25310/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS -
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324462/1
La Aduana de Barranqueras archiva actuaciones por presuntas infracciones a los arts. 985/987 de la Ley N.º 22.415 para los casos detallados en tabla. Se dispone destrucción/donación de mercaderías conforme normativa. Firmantes: Coto.
Ver texto original
La Aduana de Barranqueras, ha dispuesto el archivo de las actuaciones por presunta infracción a los Arts. 985/987 de la Ley N.º 22.415 en cumplimiento al instructivo General IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA, a las personas que más abajo se detallan. Asimismo se le hace saber que conforme la normativa aludida no es posible el retiro de la mercadería por lo cual se procederá a su destrucción y/o donación conforme formalidades de práctica, acorde las facultades establecidas en la normativa vigente.
| SIGEA N° | REGISTRO | INTERESADO | DOCUMENTO | DESCRIPCION |
| 19464-309-2024/6 | 010-DN-332-2024/9 | ALVAREZ DARIO FABIAN | 25.088.680 | CUBIERTAS |
| 19464-360-2021 | 010-DN-772-2021/9 | MIRCOVICH KEVIN AMADEO | 40.172.585 | CIGARRILLOS |
| 19464-361-2024 | 010-DN-449-2024/1 | FERNANDEZ PORTAL MARISOL | 35.062.684 | BAZAR Y ELECTRONICA |
| 19464-283-2020 | 010-DN-1064-2020/4 | SANCHEZ MARIO OSCAR | 20.928.266 | PARES DE MEDIAS |
| 19464-257-2020 | 010-DN-1025-2020/K | PANIAGUA ORLANDO JOSE | 27.800.283 | CIGARRILLOS |
| 19464-272-2024 | 010-DN-277-2024/3 | ALMIRON WALTER ALEJANDRO | 27.095.940 | HOJAS DE COCA |
| 19464-196-2024 | 010-DN-189-2024/K | DIAZ ADAN LUCIANO | 20.984.190 | CIGARRILLOS |
| 12246-516-2018/25 | 010-DN-499-2020/K | PENAYO YAMILA ANTONELLA | 40.211.132 | ROPA INTERIOR |
| 19464-320-2024/12 | 010-DN-375-2024/5 | GALARZA GUIDO ELIAN | 42.558.018 | CUBIERTAS |
| 19464-363-2024 | 010-DN-451-2024/5 | OJEDA EPIFANIO | 30.042.189 | TEXTIL Y ELECTRONICA |
| 17773-20-2019/61 | 010-DN-76-2020/2 | RIVE RODOLFO RAMON | 26.581.399 | CIGARRILLOS |
| 19464-244-2024/1 | 010-DN-248-2024/7 | RUIZ DANTE EVARISTO | 24.953.939 | CIGARRILLOS |
| 19464-244-2024 | 010-DN-247-2024/9 | RUIZ DANTE EVARISTO | 24.953.939 | HOJAS DE COCA |
| 19464-359-2024 | 010-DN-447-2024/5 | ROJAS RICARDO FERMIN | 23.445.742 | TEXTIL |
| 19464-267-2024 | 010-DN-272-2024/2 | FERNANDEZ DANIEL ORLANDO | 29.783.322 | HOJAS DE COCA |
| 19464-74-2020 | 010-DN-558-2020/7 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A | CUIT 30708046724 | CIGARRILLOS |
| 17774-185-2018 | 010-DN-405-2018/0 | AVILA RODOLFO ANDRES | 33.989.421 | JUGUETES |
| 19464-315-2024 | 010-DN-355-2024/9 | ALLENDE BRAIAN FRANCISCO | 43.696.380 | CIGARRILLOS |
| 19352-158-2019 | 010-DN-491-2022/0 | CACERES VERONICA PATRICIA | 25.889.530 | CIGARRILLOS |
| 19352-129-2020 | 010-DN-528-2020/2 | OCAMPO FELIX | 23.690.540 | CIGARRILLOS |
| 12246-251-2018 | 010-DN-123-2021/8 | ROLON REINALDO OMAR | 31.689.322 | CIGARRILLOS |
| 19464-263-2024 | 010-DN-268-2024/3 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A | CUIT 30708046724 | HOJAS DE COCA |
| 19464-364-2024 | 010-DN-452-2024/2 | RETAMOZO CATALINA NOEMI | 17.870.238 | TEXTIL Y ELECTRONICA |
| 19464-293-2023 | 010-DN-427-2023/0 | LEZCANO FERNANDO GABRIEL | 42.755.504 | CUBIERTAS |
| 19464-360-2024 | 010-DN-448-2024/3 | ZACARIAS JORGE LEANDRO | 29.616.647 | TEXTIL |
| 19464-258-2024 | 010-DN-264-2024/0 | SAIQUITA CRISTIAN JOSE | 45.435.997 | HOJAS DE COCA |
| 19464-120-2024 | 010-DN-122-2024/4 | BRITEZ CRISTIAN ANIBAL | 35.016.184 | ENVASES DE SUERO |
| 19464-259-2024 | 010-DN-254-2024/2 | CARRAL FABRICIO | 45.435.986 | HOJAS DE COCA |
| 19464-199-2024 | 010-DN-192-2024/0 | ROJAS IVAN ALEJANDRO | 34.972.200 | CIGARRILLOS, ENCENDEDORES E INSUMOS |
| 19464-156-2024/1 | 010-DN-350-2024/9 | RODRIGUEZ CEFERINO | 13.559.770 | SABANAS Y ACOLCHADOS |
| 19464-192-2024 | 010-DN-185-2024/7 | SALINAS SAMANIEGO LILIANA | CI2563653 | VASOS, TERMOS Y ACOLCHADOS |
| 19466-90-2019 | 010-DN-248-2020/5 | FLORES CACERES FREDDY VICTOR | CI95221323 | INDUMENTARIA Y CALZADO |
| 19464-238-2024 | 010-DN-231-2024/2 | SALAZAR RUBEN GONZALO | 36.305.990 | CIGARRILLOS Y HOJAS DE COCA |
| 19464-311-2024 | 010-DN-351-2024/7 | CAÑETE HERNAN IVAN | 32.323.946 | CIGARRILLOS |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 25333/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA COMODORO RIVADAVIA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324463/1
Se notifica al Sr. Quiñán Paredes Héctor Orlando (RUN 11.117.798-8) a comparecer el 24/04/2025 a las 9:30 hs. en la División Aduana de Comodoro Rivadavia (calle Ameghino 1152) para presenciar la apertura de bultos identificados como Acta Lote 5/2025 y su verificación física. Deberá presentarse con patrocionio letrado o representante legal acreditado. El trámite continuará aún sin su asistencia. Firma: Wilberger (Administrador de Aduana).
Ver texto original
EDICTO DE NOTIFICACIÓN - Art. 1013 inc. i) y 1094 inc. b) Código Aduanero.
VISTO el estado de la actuación SIGEA 17665-43-2025, y conforme lo instruido, se cita al Señor QUIÑAN PAREDES HECTOR ORLANDO (RUN 11.117.798-8), para que comparezca a la División Aduana de Comodoro Rivadavia, sita en calle Ameghino Nº 1152 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el día 24 de Abril del corriente año, a las 9:30 horas, de conformidad con lo previsto en el articulo 1094 Inc b) de la Ley 22415 (Código Aduanero), a los efectos de presenciar la apertura de los bultos identificados como Acta Lote N.º 5/2025, y proceder a su verificación física, por el verificador asignado, de presentarse con patrocionio letrado y/o representante legal, el mismo deberá hacerlo, con constancias que lo acrediten como tal, continuando el trámite aún sin su presencia.
NOTIFIQUESE.- Firmado: Ing. Adrian Wilberger – Jefe (Int) División Aduana Comodoro Rivadavia
Adrian Walter Wilberger, Administrador de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 26011/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA FORMOSA -
#multa
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324464/1
Se decreta citación a los citados en tabla para comparecer en 10 días hábiles a sumarios contenciosos por infracciones a arts. 874, 947, 985-987 y 995 de la Ley 22.415. Deben presentar defensas, pruebas y documentación, o serán declarados rebeldes. Se menciona opción de pago mínimo de multas o solidaridad. Se autoriza destrucción de mercaderías bajo riesgo perentorio. Firmó: Martínez.
Ver texto original
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrecer todas las pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 874-947-985-986 y 987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código de rito, deberá proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cuál es de figuración en planilla abajo detallada. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior de diez (10) días de notificado, a obrar conforme las Leyes 22415 y/ó 25603, manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda, y la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sea factible su permanencia en depósito atento a que implica peligro para su inalterabilidad y para la mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO: ADOLFO ALEJANDRO P. MARTINEZ- ADMINISTRADOR DE LA ADUANA FORMOSA.
| SUMARIO CONTENCIOSO | DENUNCIA N.º | DOCUMENTO N.º | APELLIDO Y NOMBRE | INF. ART. LEY 22.415 | MULTA |
| 024-277-2023/8 | 024-90-2022/7 | 11158915 | AYALA RUBEN ROLANDO | 987 | $440.657,58 |
| 024-365-2024/K | 024-1116-2024/7 | 34048562 | LEDESMA SUSANA | 947 | $1.856.703,32 |
| 024-365-2024/K | 024-1116-2024/7 | 30938763 | DAGATTI MARCELA | 947 | $2.698.663,86 |
| 024-365-2024/K | 024-1116-2024/7 | 37323213 | DEL VALLE NILVIA | 947 | $651.027,18 |
| 024-57-2025/8 | 024-56-2025/8 | 30644844 | VARELA HERNAN MATIAS | 987 | $2.116.417,02 |
| 024-60-2025/9 | 024-54-2025/1 | 46844206 | ROJAS LEONEL FARID | 987 | $6.768.698,41 |
| 024-73-2025/1 | 024-1623-2024/1 | 33651446 | SANDOVAL EMILIA DANIELA | 987 | $335.492,40 |
| 024-83-2025/K | 024-42-2025/7 | 21974280 | VAZQUEZ NESTOR FABIAN | 995 | $10.000,00 |
| 024-95-2025/3 | 024-1566-2024/6 | 41945591 | FALCON EDGARDO | 995 | $10.000,00 |
| 024-99-2025/6 | 024-1549-2024/4 | 33601230 | CERRUDO LUIS MIGUEL | 987 | $1.505.164,76 |
| 024-99-2025/6 | 024-1549-2024/4 | 30373422 | GONZALEZ SERGIO | IDEM | SOLIDARIA |
| 024-114-2025/2 | 024-1643-2024/8 | 32269186 | VARGAS SUSANA PATRICIA | 987 | $498.272,90 |
| 024-117-2025/7 | 024-1638-2024/6 | 36968764 | BARRIOS MALVINA | 995 | $10.000,00 |
| 024-120-2025/2 | 024-1633-2024/K | 31945376 | SOSA SANDRA ANDREA | 995 | $10.000,00 |
| 024-123-2025/2 | 024-1629-2024/6 | 36967792 | ACEVEDO MATIAS | 995 | $10.000,00 |
| 024-126-2025/7 | 024-24-2025/7 | 32427951 | PEDROZO MARIANELA | 987 | $149.849,86 |
| 024-129-2025/1 | 024-27-2025/1 | 42223655 | SUAREZ ROCIO | 987 | $693.654,49 |
| 024-130-2025/0 | 024-31-2025/0 | 34036995 | GEREZ ANALIA | 987 | $651.952,89 |
| 024-133-2025/0 | 024-35-2025/3 | 25111456 | AGUIRRE LILIANA | 995 | $10.000,00 |
| 024-135-2025/7 | 024-21-2025/2 | 42223902 | VARGAS MATIAS | 987 | $943.104,99 |
| 024-136-2025/5 | 024-1639-2024/4 | 42650922 | GALLARDO MARIA LUJAN | 995 | $10.000,00 |
| 024-137-2025/3 | 024-124-2025/9 | 17918987 | CHAPO OMAR | 987 | $1.594.386,02 |
| 024-138-2025/1 | 024-169-2025/8 | 33544989 | ANAQUIN BIS ZUNILDA | 985 | $806.097,33 |
| 024-139-2025/K | 024-168-2025/K | 36794213 | DUARTE FERNANDO SEBASTIAN | 987 | $3.212.947,92 |
| 024-140-2025/4 | 024-167-2025/6 | 25093471 | PESCE WALTER ARIEL | 987 | $1.070.982,64 |
| 024-141-2025/2 | 024-127-2025/3 | 38965199 | AGUIRRE HUGO | 987 | $2.400.352,06 |
| 024-142-2025/0 | 024-86-2025/8 | 41269673 | DELVALLE ORLANDO | 977 | $63.726,05 |
| 024-149-2025/8 | 024-855-2424/6 | 25388447 | BORDON PEDRO FABIAN | 987 | $1.668.149,08 |
| 024-150-2025/2 | 024-191-2025/1 | 49795368 | RUIZ PEDRO DANIEL | 947 | $893.113,44 |
| 024-151-2025/0 | 024-158-2025/6 | 36774674 | ECHEVARRIA DANIEL ALEJANDRO | 987 | $311.768,10 |
| 024-155-2025/3 | 024-37-2025/K | 27324003 | ACUÑA CARMEN | 995 | $10.000,00 |
| 024-153-2025/7 | 024-143-2025/7 | 25053955 | BLANCO LEONARDO | 987 | $642.073,62 |
| 024-156-2025/1 | 024-150-2025/0 | 30579916 | CARTA GERMAN | 947 | $1.487.719,36 |
| 024-159-2025/1 | 024-132-2025/0 | 28332903 | BIZGARRA BETIANA | 995 | $10.000,00 |
| 024-171-2025/7 | 024-202-2025/5 | 18906670 | AYALA BENITEZ NIDIA | 987 | $398.379,73 |
Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 25911/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA LA QUIACA -
#multa #edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324465/1
Se cita a CARRILLO LORENA SOLEDAD (DNI 36.837.151) a comparecer en 10 días hábiles ante la Aduana de La Quiaca por presunta infracción al art. 947 del Código Aduanero. Incluye tabla con datos del caso. Firma: MENDEVIL.
Ver texto original
Por ignorarse el domicilio, se cita a la persona que se detalla a continuacion, para que dentro del plazo perentorio de diez (10) días hábiles comparezca por ante la División Aduana La Quiaca sita en Av. La Madrid N°555, La Quiaca, Provincia de Jujuy, a tomar participación en los sumarios contenciosos que se detallan infra, en los cuales se ha resuelto correrle vista en los términos del artículo 1.101 del Código Aduanero, a efectos de que opongan su defensa y ofrezca prueba ante la imputación de presunta comisión de una infracción previstay penada en el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de la procedencia del trámite en rebeldía (Art. 1005 C.A.). Se informa que en su primera presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), debiendo tener presente lo prescripto por el Art. 1034 del C.A., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005, y 1013 inc. h) del citado cuerpo legal. Asimismo se informa que en virtud de los arts. 930 y 931 del Código Aduanero, y con excepción de los casos imputados por art. 947 y 876 del C.A.; el pago voluntario de la multa mínima, tributos aplicables y el abandono de la mercadería en los casos que proceda el comiso, en el plazo conferido por el art. 1101 del C.A., posee efectos extintivos de la acción penal infraccional correspondiente.
| Nº DE SIGEA | SUMARIO CONTENCIOSO | INFRACTOR | TIPO | Nº DE DOCUMENTO | INFRACCION (ART. C.A.) | MULTA MINIMA |
| 17696-265-2024 | 034-SC-107-2024/9 | CARRILLO LORENA SOLEDAD | D.N.I. | 36.837.151 | 947 | $ 1.301.054.78 |
Felix Manuel Mendevil, Administrador de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 26135/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA LA RIOJA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324466/1
Se notifica a las personas detalladas en la tabla (con DNI y resoluciones) por desconocerse sus domicilios. Se les informa resolución de archivo provisorio. Si en 30 días no retiran mercadería o pagan obligaciones, se considera abandono a favor del Estado. Tras 12 meses sin nuevas infracciones, se archiva definitivamente. Para tabaco o hojas de coca, se decomisan y destruyen en 5 días hábiles. Firmantes: Saiquita y Gil.
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Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que en las actuaciones que en cada caso se indican se resolvió el Archivo Provisorio de las mismas en los términos de la IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA. Asimismo, se les hace saber que si dentro del plazo de TREINTA (30) días desde la notificación, no se hubiere efectuado el retiro o reembarco de la mercadería, previo pago de la obligación tributaria y/o subsanación de la prohibición, si correspondiere – se considerará que se ha hecho abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional, quedando habilitada la posibilidad de otorgar a la misma el destino que corresponda, en atención al tipo y estado de aquella. Cumplido doce (12) meses, y de no mediar otras sanciones del mismo tipo infraccional que en conjunto con la notificada superen el monto fijado por dicho instructivo, se archivaran definitivamente. Además, se les hace saber que de tratarse la mercadería en cuestión de tabaco y sus derivados, como así también de hojas de coca, se procederá a su decomiso y destrucción en concordancia con la ley 25.603 y sus modificatorias, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado de la presente.
| 079-DN- | ART | CAUSANTE | DNI N° | Resolución Nº |
| 43-2022/8 | 987 | MARCELA DEL VALLE HUCENA | 24.359.158 | 2025-19-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 8-2024/2 | 987 | FLORES HUARACHI ROCIO | 43.548.646 | 2025-22-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 91-2022/2 | 987 | SUBELZA GUILLERMINA | 23.883.439 | 2025-24-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 21-2024/6 | 987 | RELOS PEDRO SEBASTIAN | 34.785.504 | 2025-20-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 252-2023/6 | 987 | MORALES EDUARDO ANASTASIO | 21.315.629 | 2025-5-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 268-2023/3 | 987 | CAMARGO CAROLINA DEL VALLE | 26.930.084 | 2025-9-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 241-2023/K | 987 | RODRIGUEZ ELVIRA | 18.670.771 | 2025-4-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 273-2023/0 | 987 | AGUANTA MAGDALENA MARLENE | 35.895.887 | 2025-7-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 308-2023/2 | 987 | ANGELICA ALEJANDRA MIRANDA | 21.687.466 | 2025-2-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 382-2016/5 | 987 | VICENTE HUMANA GABRIEL | 93.989.474 | 276/2023 (AD LARI) |
| 53-2018/7 | 987 | AMANDA EMILIANA CANCHI | 36.192.119 | 032/2023 (AD LARI) |
| 27-2022/4 | 987 | MARTINEZ SOCOMPI EMANUEL | 95.963.666 | 2025-29-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
FDO.: Abog. Saiquita, Normando Julio. – Administrador División Aduana La Rioja. Int.: Abog. Norberto Eduardo Gil - Jefe (I) Sección Sumarios
Normando Julio Saiquita, Administrador de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 26139/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA LA RIOJA -
#multa
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324467/1
Se notifican multas por infracción al art. 987 del C.A. a Cruz Llanos Román, Martínez, Morales, Cruz Pablo, Durán Otalora, Cruz Yucra y Humana Humana. Se establece plazo de 15 días para pago o apelación al Tribunal Fiscal o demanda en Juzgado Federal de La Rioja (arts. 1132 C.A.). Incluye tabla con datos de los casos. Firmantes: Saiquita y Gil.
Ver texto original
En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta División, se ha resuelto notificar la Resolución Definitiva por la presunta comisión de la infracción prevista artículo 987 del C.A., en los cuales se intima a la persona citada seguidamente para que, en el plazo de quince (15) días notificada la presente, proceda a hacer efectiva la multa mínima impuesta, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 924, 925, 1122 ss. y cc. del Código Aduanero. Hacer saber que, contra el presente podrá interponer, en forma optativa y excluyente, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o en su defecto, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de La Rioja, conforme lo descripto por el art. 1132 y s.s. C.A., en el plazo de quince (15) días de notificado la presente.
| SUM. 079-SC- | ART | Multa $ | Tributos U$D | Causante/ I.D. N° | Resolución Nº |
| 65-2024/2 | 987 | $ 329.192,71 | 104,49 | CRUZ LLANOS ROMAN/ 92.984.486 | 2024-337-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 63-2024/6 | 987 | $ 884.083,90 | 401,888 | MARTINEZ IVONE KARINA/ 44.516.347 | 2024-330-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 68-2024/2 | 987 | $ 6.381.274,26 | 1.519,11 | MORALES BBAZO EFRAIN/ 38.476.438 | 2024-336-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 119-2024/2 | 987 | $ 264.953,21 | 76,02 | CRUZ PABLO JOSE/ 17.194.169 | 2025-50-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 126-2024/6 | 987 | $ 339.822,08 | 100,03 | DURAN OTALORA ISABEL/ 93.993.262 | 2025-54-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 130-2024/K | 987 | $ 326.222,55 | 181,71 | CRUZ YUCRA EDGAR/ 95.305.081 | 2025-51-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
| 132-2024/1 | 987 | $ 192.607,03 | 336,34 | HUMANA HUMANA JHONNY/ 94.241.838 | 2025-56-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI |
FDO.: Abog. Saiquita, Normando Julio. – Administrador División Aduana La Rioja. Int.: Abog. Norberto Eduardo Gil - Jefe (I) Sección Sumarios
Normando Julio Saiquita, Administrador de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 26097/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA PARANÁ -
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324468/1
La División Aduana de Paraná notifica a Balladares Quinteros la extinción de acción penal en el sumario 130-2024/4 por infracción al art. 987 del Código Aduanero. Firmó Silio como Administrador de Aduana.
Ver texto original
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso i) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA al imputado Raúl Alex BALLADARES QUINTEROS, D.N.I. 95.677.229, en el marco del Sumario Contencioso 041 Nro 130-2024/4 por infracción al artículo 987º del Código Aduanero, el que tramita ante esta División Aduana de Paraná, que se ha dictado la Resolución Nro 37/2025 (AD PARA) en fecha 06/03/2025, en la que se dispone DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCION PENAL en el marco de la actuación citada.
Juan Agustin Silio, Administrador de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 25980/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS -
#multa #edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324469/1
Se notifica a los citados para que en 10 días hábiles presenten defensa y pruebas, bajo apercibimiento de rebeldía. Quienes depositen multa mínima y abandonen mercadería eximen acción penal. Para infracciones arts. 977, 986, etc., se requiere solicitud de destinación o se remitirá mercadería a Secretaría General de la Presidencia conforme ley 25.603. Incluye tabla con casos y montos. Firmado por Andrusyszyn.
Ver texto original
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 947, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, en tales casos se notifica la liquidación tributaria conf. Art. 783 del C.A.
| SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF. | TRIBUTOS (USD) |
| 415-2025/8 | BENITEZ FORNERON JAVIER | CIP 5.280.953 | $451.520 | 977 | - |
| 406-2025/8 | BORDON ORTIZ ANA NOELIA | CIP 4.861.324 | $657.388,25 | 977 | - |
| 411-2025/5 | BOGADO ROJAS JOSE MOISES | CIP 4.696.627 | $5.232.944,75 | 977 | - |
| 401-2025/7 | CHAVES MARTA ISABEL | CIP 3.211.454 | $171.928,5 | 977 | - |
| 343-2025/8 | LOPEZ MIRIAN ISABEL | CIP 1.786.744 | $715.902,00 | 977 | - |
| 340-2025/3 | PRIETO RAMIREZ ANGELES | CIP 4.572.828 | $427.029,49 | 986 | $515,52 |
| 338-2025/6 | RIOS ACOSTA VERONICA | CIP 6.759.377 | $470.091,55 | 986 | $993,31 |
| 336-2025/K | YURTZ CLAUDIO ORTIZ | CIP 3.836.636 | $278.188,30 | 986 | $676,56 |
| 247-2025/8 | LOPEZ ALCIDES | CIP 1.848.966 | $11.046.834 | 977 | - |
| 245-2025/1 | MEZA LOPEZ DAHIANA ELIZABETH | CIP 6.364.322 | $648.431,5 | 977 |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 26071/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SAN JAVIER -
#edicto #multa
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324470/1
Se notifica a múltiples personas por desconocerse domicilio o residencia en el exterior. Se decreta agotamiento de vía administrativa. Incluye tabla con datos de involucrados. Plazo de 15 días para demanda ante Juzgado Federal de Oberá o apelación al Tribunal Fiscal. Firmado por Rodríguez (Administrador de Aduana de San Javier).)
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EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“I” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio que ha recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, asimismo se les informa que el presente acto agota la vía administrativa,quedando expedita la via recursiva a la presente (Arts. 1132/1139 del citado texto legal). A tales efectos podrán interponer dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones ó Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, según corresponda, de acuerdo a lo normado en los (arts. 1024/1025 del Código Aduanero),En caso de ejercer la vía recursiva, deberán comunicar a esta dependencia aduanera con las formalidades y en el término indicado por el articulo 1138 del Código Aduanero. Fdo. Administrador Alberto a. Rodríguez - División Aduana de San Javier.-
| SC54 Nº | CAUSANTE | DNI/CI/CUIT | INF. ART. LEY 22415 | MULTA | FALLO N° |
| 99-2023/4 | JOAQUÍN COVIELLA | 30.479.274 | 987 | $ 151.353,69 | 56/25 |
| 119-2023/1 | LUCIANO ARIEL GÓMEZ | 45.340.496 | 947 | $ 18.970,34 | 61/25 |
| 18-2024/K | LUCAS JOEL BAEZ | 44.435.175 | 987 | $ 244.436,57 | 67/25 |
| 19-2024/8 | GUSTAVO SERGIO MEIRA | 30.926.056 | 987 | $ 274.991,12 | 68/25 |
| 68-2024/K | CLAUDIO FERNANDO MAGGIO | 24.994.474 | 987 | $ 467.081,83 | 70/25 |
| 70-2024/3 | LUCAS EZEQUIEL CASTILLO | 37.328.711 | 987 | $ 422.602,86 | 71/25 |
| 71-2024/1 | ALEJANDRO ALBERTO BRANDT | 28.553.312 | 987 | $ 692.627,04 | 72/25 |
| 72-2024/K | GUSTAVO KEVIN VILLALBA | 41.231.906 | 987 | $ 422.432,38 | 73/25 |
| 73-2024/8 | ALEJANDRO JAVIER PORTILLO | 36.408.585 | 987 | $ 498.646,46 | 74/25 |
| 74-2024/5 | JOSÉ MIGUEL VIERA | 40.340.009 | 987 | $ 807.183,58 | 75/25 |
| 90-2024/K | MARCOS ARGUELLO BENÍTEZ | 94.785.708 | 985 | $ 1.118.723,90 | 77/25 |
| 91-2024/8 | GUILLERMO MATÍAS JUSTEN | 35.014.666 | 985 | $ 984.477,10 | 78/25 |
| 103-2024/2 | CESAR AUGUSTO CARLOS GARCÍA BARRETO | 23.913.504 | 987 | $ 481.525,40 | 87/25 |
| 104-2024/0 | ZULMA CAROLINA INSAURRALDE | 32.375.527 | 987 | $ 391.239,39 | 88/25 |
San Javier, 24 de abril de 2025
Alberto Anastacio Rodriguez, Administrador de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 26095/25 v. 25/04/2025
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324471/1
Se decreta el emplazamiento a Federico DIEZ y Agustín GARCIA MAGGI para que comparezcan en 10 días hábiles ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos del BCRA (Reconquista 250, CABA). Deberán acreditar identidad, representación legal y constituir domicilio electrónico con CUIL y correo. Las defensas se presentarán en papel en la Mesa de Entradas. Firmantes: Roberto ALBERICI y Diego PÉCORÁ. No compareciendo, se proseguirá el trámite sin su intervención.
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EDICTO
El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a los señores Federico Luis DIEZ (DNI 28.912.773) y Agustín Manuel GARCIA MAGGI (DNI 38.457.135) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8602, Ciudad Autónoma de buenos Aires, a tomar vista del Sumario Financiero Nº 1648, EX-2024-00169482- -GDEBCRA-GFANA#BCRA, caratulado Se-Socio SA PFC que se les instruye atento a lo previsto por el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras 21.526 (por aplicación de los artículos 1, 38 y 19 del referido texto legal) -con las modificaciones de las Leyes 24.144, 24.485, 24.627 y 25.780, en lo que fuere pertinente-, en el que mediante sistema GDE, con fecha 11/03/25, se dictó la Resolución RESOL-2025-67-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA. Para la compulsa de las actuaciones deberán concurrir de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. a la mencionada Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero; deberán acreditar sus identidades acompañando copia de sus DNI o del documento que corresponda, denunciar la calidad de representante legal de la entidad en su caso, denunciar los domicilios reales y constituir domicilios electrónicos informando sus CUIL y las direcciones de correo electrónico correspondientes. En caso de no comparecer personalmente, sus firmas deberán contar con certificación bancaria o de escribano público. Durante el plazo de 10 (diez) días otorgado podrán presentar las defensas y ofrecer las pruebas que hagan al derecho de la entidad representada y de las personas humanas imputadas. El descargo y toda otra presentación que realicen deberán ser dirigidos a la Gerencia arriba indicada, e ingresado en soporte papel por la Mesa General de Entradas de este Banco Central de lunes a viernes de 10 a 15 hs. Todo ello bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de proseguir la tramitación con las constancias de autos hasta el dictado de la resolución final. Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial.
Roberto Luis Alberici, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero - Diego Humberto Pécora, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.
e. 25/04/2025 N° 26005/25 v. 29/04/2025
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324472/1
El ENACOM informa el trámite de solicitud de COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD de CORONEL MOLDES para obtener registro de servicio de radiodifusión por suscripción en CÓRDOBA. Se concede un plazo de 30 días hábiles para presentar observaciones (arts. 95 Ley 27.078). Firma: Macia.
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El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2025-05926391- -APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud formulada por COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA DE CORONEL MOLDES (C.U.I.T. 30-54572115-1), tendiente a obtener el registro del servicio de radiodifusión por suscripción para el área de cobertura de la localidad de CORONEL MOLDES, provincia de CORDOBA. En consecuencia, se otorga un plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede del ENTE NACIONAL DECOMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes (conf. Artículo 95 de la Ley N° 27.078).
Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.
e. 25/04/2025 N° 26013/25 v. 25/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS -
#inscripcion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324473/1
Se comunica solicitud de inscripción del cultivo de arroz "ALFREDO INTA" por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (representante legal: Labarta; patrocinante: Pachecoy). Destaca por grano >7 mm, pulvino incoloro y panícula compacta vs. "TRANQUILO INTA". Verificado 03/2019. Plazo 30 días para impugnaciones. Firmó Mangieri (Director, Dirección de Registro de Variedades).
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En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Arroz (Oryza sativa L.) de nombre ALFREDO INTA obtenida por INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Representante legal: Marcelo Labarta
Ing. Agr. Patrocinante: María Inés Pachecoy
Fundamentación de novedad:
ALFREDO INTA destaca por su grano de alta calidad, con una longitud superior a los 7 mm. Se diferencia con respecto al cultivar TRANQUILO INTA, en el pulvino de la vaina ya que en ALFREDO INTA es incoloro y en TRANQUILO INTA es verde. Además, TRANQUILO INTA presenta un tipo de panoja intermedia mientras que en ALFREDO INTA es compacta.
Fecha de verificación de estabilidad: 03/2019
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 25/04/2025 N° 26381/25 v. 25/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS -
#inscripcion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324474/1
Se comunica solicitud de inscripción del cultivo 'VICENTE INTA' por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Participan: Labarta (representante legal), Pachecoy (patrocinante agrónomo). Características: pulvino incoloro y panoja compacta, ciclo floral similar a IRGA 424. Diferencias con TRANQUILO INTA. Verificación: 10/2010. Plazo impugnaciones: 30 días. Firmante: Mangieri.
Ver texto original
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Arroz (Oryza sativa L.) de nombre VICENTE INTA obtenida por INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Representante legal: Marcelo Labarta
Ing. Agr. Patrocinante: María Inés Pachecoy
Fundamentación de novedad:
VICENTE INTA tiene un porte intermedio, con numerosos macollos, y su ciclo de floración es similar al de la variedad IRGA 424. Se diferencia con respecto al cultivar TRANQUILO INTA en el pulvino de la vaina ya que en VICENTE INTA es incoloro y en TRANQUILO INTA es verde. Además, TRANQUILO INTA presenta un tipo de panoja intermedia mientras que en VICENTE INTA es compacta.
Fecha de verificación de estabilidad: 10/2010
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 25/04/2025 N° 26384/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SECRETARÍA DE TRANSPORTE -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324475/1
Se decreta autorización a LOS CONSTITUYENTES S.A.T. para ajustes en líneas 78, 87, 111 y 127, incluyendo supresiones de recorridos, cambios de itinerarios, frecuencias y modificaciones en parque móvil (detalles en link provisto). Plazo 15 días hábiles para objeciones por TAD o presencial en Balcarce 186. Publicación en Boletín Oficial y dos medios nacionales. Firmado por Mogetta, Secretario.
Ver texto original
EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 137 de fecha 3 de septiembre de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE TRANSPORTE, se hace saber a los interesados que podrán presentar sus objeciones respecto de la siguiente solicitud, dando cumplimiento a los requisitos que preceptúa la norma citada, en el plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir de la publicación del presente edicto, mediante el Sistema de Trámites a Distancia (TAD) de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL o bien, ante la Mesa de Entradas del MINISTERIO DE ECONOMÍA, sita en Balcarce Nº 186, Planta Baja de esta CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 17:00 hs.
N° EXPEDIENTE: EX-2024-77486950- -APN-DGDA#MEC
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: LOS CONSTITUYENTES S.A.T. y SECRETARÍA DE TRANSPORTE (Autoridad de Aplicación)
EMPRESA INVOLUCRADA: LOS CONSTITUYENTES S.A.T. NROS. DE LÍNEAS INVOLUCRADAS: 78, 87, 111 y 127
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA MODIFICACIÓN:
LÍNEA 78 Supresión total del recorrido A; internación de cabecera, cambio de cabecera y variación de frecuencia de los servicios del recorrido B (proyectado A); internación de cabecera, cambio de recorrido y variación de frecuencia de los servicios del recorrido C (proyectado B)
Variación de parque móvil:
Parque máximo proyectado: CINCUENTA Y NUEVE (59) vehículos. Parque mínimo proyectado: CUARENTA Y DOS (42) vehículos.
LÍNEA 87 Supresión total recorrido C; variación de frecuencia, supresión parcial y cambio de recorrido A; variación de frecuencia y cambio de recorrido B
Variación de parque móvil:
Parque máximo proyectado: SESENTA Y UNO (61) vehículos. Parque mínimo proyectado: CUARENTA Y TRES (43) vehículos.
LÍNEA 111 Supresión total recorridos A, C, D, E y F; variación de frecuencia, fraccionamiento y cambio del recorrido B
Variación de parque móvil:
Parque máximo proyectado: CINCUENTA Y UNO (51) vehículos.
Parque mínimo proyectado: TREINTA Y SEIS (36) vehículos.
LÍNEA 127 Supresión parcial, internación de cabecera, variación de frecuencia y cambio del recorrido A
Variación de parque móvil:
Parque máximo proyectado: CINCUENTA Y CUATRO (54) vehículos.
Parque mínimo proyectado: TREINTA Y OCHO (38) vehículos.
MODIFICACIONES:
Link líneas 78, 87,111 y 127: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rw9fMwOZWsJ1EHhzwDqwFA2Ab2jgDok &usp=drive_link
El aviso comprendido en el recuadro, sin omisión alguna que lo invalidaría, se publicará por UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL y en DOS (2) diarios de circulación nacional.
Franco Mogetta, Secretario.
e. 25/04/2025 N° 26364/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA -
#inscripcion #edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324476/1
Se comunica a agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA que PARQUES EÓLICOS PATAGÓNICOS S.A. solicita ingresar como Agente Generador con 126 MW en el Departamento Avellaneda, Río Negro, conectándose al SADI en LAT 132kV Villa Regina - Luis Beltrán. Se tramita bajo expediente EX-2018-24452222-APN-DGDO#MEM. Plazo de objeciones: 2 días hábiles. Firmado por Positino.
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Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la empresa PARQUES EÓLICOS PATAGÓNICOS S.A. solicita su ingreso al MEM como Agente Generador para su Parque Eólico Patagónicos con una potencia de 126 MW, ubicado en el Departamento Avellaneda, Provincia de RÍO NEGRO, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en la LAT 132 kV Villa Regina - Luis Beltrán, jurisdicción de TRANSCOMAHUE S.A.
La presente solicitud se tramita bajo el expediente EX-2018-24452222- -APN-DGDO#MEM. El plazo para la presentación de objeciones u oposiciones es de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de la presente publicación.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.
e. 25/04/2025 N° 26088/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324477/1
Se comunica al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que EMESA S.A.P.E.M. solicitó la transferencia de titularidad de la Central Hidroeléctrica Nihuil IV (30 MW) en Mendoza. El trámite se rige por el expediente EX-2025-27642910-APN-DGDA#MEC, con plazo de 10 días hábiles para objeciones. Firmado por Positino.
Ver texto original
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que la EMPRESA MENDOCINA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (EMESA S.A.P.E.M.) ha solicitado el cambio de titularidad a su favor por la Central Hidroeléctrica Nihuil IV de 30MW, situada aguas abajo de la presa de Valle Grande, sobre el río Atuel, Ruta Provincial N°173, km 38, Departamento de San Rafael, Mendoza.
La presente solicitud se tramita bajo el expediente EX-2025-27642910- -APN-DGDA#MEC. El plazo para la presentación de objeciones u oposiciones es de diez (10) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.
e. 25/04/2025 N° 26012/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE JUSTICIA -
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324478/1
Se decreta la propuesta de candidatos para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Defensa: en el Concurso 194 MPD (Defensorías 3 y4): FERNÁNDEZ, MORALES DEGANUT, NICOLÁS, GLANC, BONINO, D'OTTAVIO); Concurso 199 (Defensorías 3,7,2: POLVERINI, BELLOTTI SAN MARTIN, SASSO, GONZÁLEZ DURÁN, JUNCO); Concurso 200 (Defensoría 2 LP: ARGENTI, NICOLÁS, PARABONI, GASTÓN, ROMERO. Incluye listas complementarias. Plazo de objeciones: 15 días hábiles. Firmado por BARNEDA.
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DECRETO 588/03
PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que a efectos de cubrir las siguientes vacantes han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:
| Concurso Expediente | Cargo | Postulantes |
| Concurso N° 194 MPD EX-2023-69317842-APN-DGDYD#MJ | Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal -Defensorías Nros 4, y N°3 | Dr. Gustavo Ariel FERNÁNDEZ |
| Dra. Carolina MORALES DEGANUT | ||
| Dr. Maximiliano Eduardo NICOLÁS | ||
| Dr. Pablo GLANC | ||
| LISTA COMPLEMENTARIA | ||
| Dra. Natalia Eda BONINO | ||
| Dr. Federico Maximiliano D´OTTAVIO |
Se hace saber que el presente concurso fue publicado en el B.O con fecha 3 de julio de 2023, para cubrir la vacante de la Defensoría N° 4. Mediante Resol. RDGN-2025-367-E-MPD-DGN#MPD se resolvió acumular al presente concurso, la vacante producida en la Defensoría N° 3, de igual jerarquía y jurisdicción que se publica en esta oportunidad.
| Concurso N° 199 MPD EX-2024-88726447- -APN-DGDYD#MJ | Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal-Defensorías Nros 3, 7 y 2. | Dra. Verónica Mabel POLVERINI |
| Dr. Lucas Marcelo BELLOTTI SAN MARTIN | ||
| Dra. Marcela Lorena SASSO | ||
| Dra. Paloma GONZÁLEZ DURÁN | ||
| Dra. Silvina JUNCO |
Se hace saber que el presente concurso fue publicado en el B.O. con fecha 30 de agosto de 2024 y con fecha 13 de diciembre de 2024. para cubrir las vacantes de las Defensoría N° 3, y N° 7. Mediante Resol. RDGN-2025-295-E-MPDDGN#MPD de la D.G.N. se resolvió acumular al presente concurso, la vacante producida en la Defensoría N° 2, de igual jerarquía y jurisdicción que se publica en esta oportunidad.
| Concuso N° 200 MPD EX-2025-34673042- -APN-DGDYD#MJ | Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2. | Dra. Natalia Lorena ARGENTI |
| Dr. Maximiliano Eduardo NICOLÁS | ||
| Dra. Romina Soledad PARABONI | ||
| LISTA COMPLEMENTARIA | ||
| Dr. Leandro GASTÓN | ||
| Dr. Mariano ROMERO |
“Artículo 6º: Desde el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto a los profesionales propuestos. No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del procedimiento tal como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.”
PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 6° del Decreto N° 588/03 mediante envío dirigido a la Dirección Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación por correo postal a Sarmiento 329, CABA (CP 1041), o a la Dirección de Gestión Documental y Despacho, Sarmiento 329, PB, en el horario de 10 a 17.00 horas, o por correo electrónico a oficinadecretos@jus.gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del solicitante, pueden consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/argentina/seleccionmagistrados
Silvia Esther Barneda, Directora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.
e. 25/04/2025 N° 25564/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE JUSTICIA - DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324479/1
Firmantes: Waisman (Director Nacional, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia) y Viglianti (Asesor Técnico). Se decreta la publicación de listado de Obras Publicadas inscriptas entre el 7 y el 11/04/2025. Los anexos correspondientes, citados en la norma, se encuentran disponibles en el sitio web del Boletín Oficial.
Ver texto original
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 07/04/2025, 08/04/2025, 09/04/2025, 10/04/2025 y 11/04/2025 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2025-42558410-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-42558775-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-42559095-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-42559513-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-42559837-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Direccion Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de Justicia.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 26157/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-546-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324480/1
Se decreta homologación de acuerdo salarial entre FONIVA y FAIIA, con escalas salariales contempladas en datos tabulados. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo dispone registro, notificación y evaluación de remuneraciones conforme Leyes 14.250/2004 y 20.744/1976. Firmante: Mentoro.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma emitida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo es constitucional, ya que se inscribe dentro de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de negociación colectiva y registro de convenios colectivos de trabajo, de conformidad con la Ley de Negociación Colectiva N°14.250 (t.o. 2004), cuya sanción se ampara en el poder legislativo nacional sobre trabajo y relaciones laborales (como establece el Artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que atribuye al Congreso la facultad de dictar códigos de Trabajo).
La homologación administrativa del acuerdo entre las partes (FONIVA y FAIIA) no contradice disposiciones constitucionales relevantes:
- Artículo 14 bis (derechos laborales): El acuerdo no limita derechos como el salario mínimo vital, la estabilidad o la negociación colectiva, sino que los regula dentro del marco de la ley.
- Artículo 19 (defensa de derechos colectivos): El proceso de homologación respeta los requisitos formales exigidos por la ley (incorporación de las partes, representación adecuada, etc.).
- Autonomía federal en materia laboral:: El ámbito de la negociación colectiva y el registro de convenios son materias de competencia nacional (Artículo 75, inciso 12 y 19 de la Constitución), por lo que la intervención nacional es competente.
Posibles precisiones:
- Rescrito de los límites de la delegación legislativa: Si el acuerdo incluyera cláusulas de carácter normativo que excedieran el ámbito de la negociación colectiva (ej.: estableciiendo beneficios o obligaciones de carácter general), podría suscitar un problema de exceso de atribuciones, pero ello depende del contenido específico del convenio, no del acto de homologación.
- Cumplimiento de principios de transparencia: El proceso de homologación debe garantizar el acceso a la información pública sobre el convenio (Artículo 14 bis, inciso 1 y Artículo 19). La resolución cumple con este requisito al publicar el instrumento en el Boletín Oficial.
En conclusión, el acto es constitucional en su forma y fondo, siempre que el contenido del convenio colectivo no menoscabe derechos constitucionales de los trabajadores (ej.: salario mínimo, prohibición de discriminación, etc.), pero ello corresponde a un control subsiguiente sobre el contenido específico del acuerdo, no a la validez de la resolución de homologación.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-118360383- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-118360135-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-118360383- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo y en el documento N° RE-2024-118360309-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-118360383- -APN-DGD#MT, obran las escalas salariales, celebrados entre la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 746/17, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, obrantes respectivamente en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-118360135-APN-DGD#MT y en el documento N° RE-2024-118360309-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-118360383- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 746/17.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23675/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-553-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324481/1
Se decreta homologación de acuerdos entre sindicatos (Chubut, Santa Cruz, Patagonia Austral) y cámaras (Empresas Petroleras Especiales, Exploración Hidrocarburos). Establece incrementos en viandas y contribuciones, con administración separada de fondos. Firma: MENTORO.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma emitida (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulación del Traba, 12/03/2025) no presenta inconstitucionalidades manifiestas, pero presenta irregularidades técnicas y posibles ambigüedades, las cuales podrían generар conflictos interpretativos. A continuación:
Análisis constitucional positivo:
- Bases constitucionales válidas:
- El acto se inscribe en el marco de las negociacions colectivas reguladas por la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (inciso 19 del Artículo 75 y Artículo 14 bis de la Constitución), que protegen el derecho a la sindicalización y a la negociación de condiciones laborales.
-
La homologación de convenios colectivos por parte del Poder Ejecutivo (a través de su organismo competente) está amparada por la Ley Nº 14.250, cuya regulación es constitucional (inciso 19 del Artículo 75).
-
Cumplimiento de garantías laborales:
- El acuerdo homologado menciona cláusulas sobre "asignación de vianda" y contribuciones, lo que podría alinearse con el derecho a condiciones de trabajo dignas (Artículo 14 bis) y la protección del salario (Artículo 14).
Irregularidades y posibles conflictos:
- Falta de transparencia en el contenido del acuerdo:
-
El texto del acto no transcribe íntegramente los términos del convenio, sino que se refiere a documentos adjuntos (como los Convenios Colectivos Nros. 605/10, 611/10 y 784/21). Esto podría violar el derecho de acceso a la información (Artículo 14 bis) y la obligación de publicidad de los actos públicos (prinípio de transparencia derivado del Artículo 43).
-
Posible incumrrencia de competencias:
-
El acto menciona "contribuciones empresarias" y "asignación de vianda", pero no clarifica su compatibilidad con la ley de presupuesto nacional (inciso 8 del Artículo 75) ni con la obligación de equidad en el sistema de contribuciones (Artículo 16). Sin claridad, podría afectar el pricípio de igualdad (Artículo 16).
-
Falta de reglamentación de sindicatos:
-
El acto no garantiza que los sindicatos signatarios cumplan con los requisitos de "organización sindical libre y democrática" (Artículo 14 bis). Por ejemplo, no se verifica si los sindicatos son representativos o si hubo un proceso de voto directo de los trabajadores, como exige la Constitución.
-
Posibles vicios de forma:
-
La redacción del acto presenta faltas de ortografía y abreviaturas ilegibles (ej.: "PATAGONIA AUSTRAL", "expleoración", "HIDroCARBUROS"). Esto podría afectar su legibilidad y ejecución, violando el Artículo 95 (prinípio de legalidad) y el Artículo 19 (garantía de debido proceso).
-
Relación con el derecho ambiental:
- El convenio se refiere a la "explotación de hidrocarburos", pero no se verifica si cumple con el derecho a un ambiente sano (Artículo 41). Si el acuerdo permite actividades qumestionables ambientales sin evaluación de impacto, podría incumdir con ese Artículo.
Conclusión:
La norma es constitucional en su esencia, ya que se inscribe en el esfero de la negociación colectiva y la regulación laboral. Sin embargo, presenta irregularidades técnicas (faltas de claridad, formales y transparencia) que podrían derivar en acciones de nulidad si se prueban vicios sustanciales (ej.: violación del derecho a la información o del Artículo 14 bis).
Para su validación definitiva, se requiere que: - El convenio homologado no reduzca derechos adquiridos (como el salario mínimo vital o la sindicalización). - Se garantice la transparencia y participación de los trabajadores. - Se cumpla con el régimen ambiental (Artículo 41).
En su estado actual, el acto es válido constitucionalmente, pero expone riesgos de inconstitucionalidad en su aplicación práctica si se violan los principios del Artículo 14 bis, 41 o 19.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2025-23175968- -APN-DGDTEYSS#MCH, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en los documentos Nros. RE-2025-23175314-APN-DGDTEYSS#MCH y RE-2025-23175911-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente Nº EX-2025-23175968- -APN-DGDTEYSS#MCH obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGÍAS RENOVABLES DE SANTA CRUZ y el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, bajo los acuerdos de marras, las partes pactan incrementos en la asignación de vianda y contribución empresaria extraordinaria en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nros. 605/10, 611/10 y 784/21, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que en cuanto a la contribución empresaria prevista en el documento N° RE-2025-23175911-APN-DGDTEYSS#MCH, resulta procedente hacer saber a la Entidad Sindical receptora de los importes por tal Contribución, que los mismos deberán ser objeto de una administración especial, ser llevados y documentados por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, conforme lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento N° RE-2025-23175314-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente Nº EX-2025-23175968- -APN-DGDTEYSS#MCH celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGÍAS RENOVABLES DE SANTA CRUZ y el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento N° RE-2025-23175911-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente Nº EX-2025-23175968- -APN-DGDTEYSS#MCH celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGÍAS RENOVABLES DE SANTA CRUZ y el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en los Artículos 1° y 2° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo Nros. 605/10, 611/10 y 784/21.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23691/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-549-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324482/1
Se decreta homologación del acuerdo entre FEDERACIÓN DE MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOM (FOMMTRA) y TELECOM ARGENTINA S.A., conforme Ley 14.250/2004. Firma: MENTORO. Se ordena envío de expedientes a organismos competentes y se mencionan anexos.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) es constitucional, ya que su aprobación del acuerdo colectivo entre la Federación FOMMTRA y Telecomm Argentina se inscribe dentro de los límites constitucionales y legales establecidos.
Fundamentos:
-
Poder Ejecutivo y homologación de acuerdos colectivos
El Poder Ejecutivo, a tráves de las atribuciones conferidas por la Ley de Negociación Colectva N° 14.250 (inciso 19 del Artículo 75 de la Constitución), cuenta con la facultad de homologar acuerdos colectivos de traba que cumplen con los requistos formales y sustantives de la normativa laboral. El acto administrativo en cuestión no supera estos límites, ya que se limita a verificar el cumplimiento de los recaudos (representatividad sindical, ausencia de vicios de fondo, etc.), sin introducir disposiciones contrarias a los derechos laborales consatucionalmente garantizados (Art. 14 bis). -
Garantías laborales y Art. 14 bis
El acuerdo celebrado no afecta los derechos básicos de los trabajadores establecidos en el Art. 14 bis (como el salario mínimo vital, igualdad de remuneración, protección contra despidos arbitrario, etc.), según se expresa en el cuerpo de la resolución. La homologación no implica derogación ni restricción de estos derechos. -
Federalismo y competencias
La regulación de las relaciones laborales es materia de competencia concurrente entre la Nación y las provincias (inciso 2 del Artículo 75). En este caso, el ámbito de aplicación es la empresa Telecomm Argentina, cuya actividad tiene naturaleza federal (telecomunicaciones son servicio público de interés nacional), según el Art. 14 bis y el Art. 18 de la Constitución). Por tanto, la intervención del Poder Ejecutivo es competente.
Posibles matemáticas de análisis:
-
Cumplimiento de los recaudos de la Ley 14.250:
La resolución menciona que se verificó la representatividad sindical de FOMMTRA y la ausencia de vicios en el proceso de negociación. Si existieran irregularidades en estos aspectos, podrían cuestionarse los fundamentos fácticos del acto, pero no su naturaleza constitucional. -
Salvaguarda de los derechos de los trabajadores
Si el acuerdo pactado redujera derechos adquiridos (ejemplo: salario inferior al mínimo vital, violación del Art. 20 de la Constitución sobre igualdad de remuneración), o limitación de la libertad sindical), podría generarse un conflicto con la Constitución. Sin embargo, la resolución expresa que el acuerdo se ajusta a la normativa vigente, lo que presupe un cumplimiento de los principios constitucionales. -
Procedimiento de homologación
El proceso seguido (evaluación por las áreas técnicas y aprobación administrativa) cumple con los trámites establecidos en la ley 14.250 y no viola principios de jerarquía normativa (la Constitución prevé en el Art. 75 inc. 20 que el Congreso legisle sobre "prover lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social"), lo que incluye el marco de los acuerdos colectivos.
Conclusión:
La norma es constitucional en su estructura, ya que:
- Ejerce atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por ley (Art. 75 inc. 19 y 20 de la Constitución).
- No limita derechos fundamentales garantizados (como los de negociación sindical o el salario justo, según el Art. 14 bis).
- El proceso de homologación respeta los principios de legalidad y razonabilidad.
No se identifican irregularidades constitucionales en el acto administrativo descripto.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2024-138908930- -APN-DGDTEYSS#MCH, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2024-138908656-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente Nº EX-2024-138908930- -APN-DGDTEYSS#MCH obra el acuerdo celebrado el 24 de septiembre de 2024 entre la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOMMTRA), por la parte sindical, y la firma TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Qué través del citado instrumento, se pactan modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 715/15, conforme los términos y lineamientos estipulados.
Que, con relación a la suma pactada e independientemente del marco en el cual fueran acordadas, cabe hacer saber que la homologación del mencionado instrumento lo es sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que acerca de lo pactado en el artículo quinto in fine, se deja indicado que la homologación que por el presente se dicta del acuerdo de marras, lo es como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores involucrados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que la representación sindical ha denunciado la inexistencia de delegados de personal en la empresa en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2024-138908656-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente Nº EX-2024-138908930- -APN-DGDTEYSS#MCH celebrado entre la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOMMTRA), por la parte sindical, y la firma TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 715/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23697/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-555-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324483/1
Se decreta homologación del acuerdo salarial entre ATILRA y CIL en el marco del Convenio Colectivo 2/88, conforme Leyes 14.250, 20.744/23.546. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo (MENTORO) dispone envío a Dirección Técnica para evaluar tope indemnizatorio conforme Ley 20.744. La SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO gestiona publicación.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
First, I should check the relevant constitutional articles related to labor rights, legislative power, and the roles of different branches. The Constitution's First Part, especially Article 14 bis, 14, 7, 9, 10, 11, etc., talk about labor rights, property, and free circulation of goods. Also, the distribution of powers between the national and provincial governments.
The Resolution is issued by the Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, under the Ministry of Trabajo, Empleo y Seguridad Social. The homologación of collective labor agreements is a function of the national executive, but under what constitutional power?
The Constitution in Article 75 Inciso 12 gives Congreso the power to pass labor codes. Inciso 14 deals with the budget, but maybe not directly. The national government's role in labor matters is part of the national jurisdiction since labor laws (like Código de Trabajo) are federal. The homologación might be under the executive power's implementation of labor laws, which are established by Congress.
But wait, the Constitution in Art 12 says provinces have their own constitutions under federal principles, but labor regulations are national? Or is labor a concurrent power? The Constitution's distribution of powers: national has exclusive power in certain areas (like commerce, Inciso 9 and 10), but labor laws might be under national jurisdiction because of the national codes.
The Resolution here is about homologatinging a collective agreement, which is an executive action implementinging existing laws. Since the Constitution allows the executive to implement laws, this seems okay.
But maybe check if the Resolution exceeds its authority. The Constitution's Article 14 bis protects labor rights, including collective bargaining. The homologación is part of that. Also, the national government's role in labor relations is based on the national labor code (Código de Trabajo), which is law passed by Congreso.
The Resolution itself is an administrative act to homologate the agreement, which is within the executive's power under existing labor laws. So it's constitutional as long as it's implementinging existing laws and doesn't create new laws. The Resolution doesn't seem to contravene any constitutional provisions.
Possible issues: if the agreement violates constitutional labor rights (like 14 bis), but the homologación process is standard. Unless Human:
La nueva norma resuelve la homologación de un acuerdo colectivo de trabajo entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILra) y el Centro de la Industria Lechera (CIL), enmarcándose en el ámbito de las facultades del Poder Ejecutivo para regular cuestiones laborales de acuerdo a las leyes sancionadas por el Congreso.
Análisis constitucional:
1. Bases constitucionales:
- Artículo 14 bis: Reconoce el derecho a la negociación colectiva y la protección de los trabajadores. La homologación del acuerdo ajusta a este precepto.
- Artículo 75 inciso 12: El Congreso tiene potestad para dictar códigos laborales. El acuerdo, al ajustarse a la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250) y a la normativa vigente, no supera los límites constitucionales.
- Poder ejecutivo: La Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo actúa en el marco de la delegación normativa del Congreso (ver Artículo 99 inciso 3 de la Constitución, relativo a la ejecución de leyes).
- Posibles irregularidades:
- Superposición de competencias: Si el acuerdo incluira cláusulas que colisionaran con competencias exclusivas de las provincias (ej. régimen salarial diferencial o restricciones a la libertad de comercio intra provincias), podría generarse un conflicto con el Artículo 75 inciso 9 (libertad de circulación de bienes). Pero no se observa tal situación en el texto facilitado.
- Tramites administrativos: El proceso de homologación sigue los procedimientos establecidos en la Ley 14.250, sin violar el Artículo 14 bis (que exige protección del trabajo y condiciones equitativas).
- Forma y procedimiento: El acto administrativo cumple con los requisitos de publicación y registro previstos en el Artículo 7 inciso 2 del Decreto 200/88 y la Ley 23.551 (sobre transparencia), sin infringir el Artículo 23 (publicación de actos públicos).
Conclusión:
La norma es constitucional pues ajusta al marco de las facultades del Poder Ejecutivo para aplicar leyes existentes sobre negociación colectiva y no colisiona con principios fundamentales de la Constitución, como los derechos laborales (Artículo 14 bis), la libertad de asociación (Artículo 14) o la división de potestades. No se identifican irregularidades constitucionales en el texto facilitado.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2024-18306239- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-18305896-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-18306239- -APN-DGD#MT obran el acuerdo y escala salarial, celebrados entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ATILRA), por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CIL), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, bajo el acuerdo de marras, las partes convienen nuevas condiciones económicas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que, en relación al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, respecto al ámbito de aplicación del acuerdo, se deja indicado que el mismo queda estrictamente circunscripto al sector representado por la entidad empleadora firmante.
Que, en relación con lo establecido en el segundo y quinto párrafo del instrumento referido, se hacer saber que la homologación, que por este acto se dicta, alcanza únicamente a las estipulaciones de carácter salarial expresamente pactadas en el presente.
Que respecto a la contribución empresaria por única vez prevista en el acuerdo, con destino a la entidad sindical, se hace saber que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y escala salarial obrantes en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-18305896-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-18306239- -APN-DGD#MT celebrados entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ATILRA), por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CIL), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23698/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-554-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324484/1
Se decreta la homologación del acuerdo salarial entre ATILRA (sindical) y CIL (empleadora) en el sector lechero. Firmante: Mentoro (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Ministerio de Capital Humano). Se establece registro, notificación y evaluación de topes indemnizatorios según Ley 20.744. Se menciona escala salarial y disposiciones técnicas.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
First
La norma en cuestión, que homologa un acuerdo salarial entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) y el Centro de la Industria Lechera (CIL), no presenta inconstitucionalidad manifiesta. Sin embargo, existen aspectos que podrían generar irregularidades:
-
Artículo 14 bis de la Constitución (Derechos Laborales):
El acuerdo estable condiciones salariales y laborales, pero la norma de homologación no explicitamente garantiza los estándares mínimos exigidos en el artículo 14 bis (como salario mínimo vital móvil, participación en las ganancias, etc.). Si el acuerdo redujese estos derechos o no los integrase, podría ser inconstitucional (conflicto con el art. 14 bis inciso 1). -
Artículo 14 (Libertad de asociación y negociación colectiva):
La homologación respetaá la negociación colectiva, pero el art. 14 bis exige "protección contra el despio arbitrario" y "organización sindical libre". Si el acuerdo incluye cláusulas que limiten estos derechos (ej.: resticciones a la huelga), condiciones anti sindicales), serían inconstitucional. -
Artículo 14 bis - Participación en ganancias y control sindical:
El artículo 14 bis exige "participación en las ganancias de las empresas" y "control de la producción". Si el acuerdo no contempla estos punotos, podría ser insuficiente, pero como la homologación limita su alcance a lo "expresamente pactado", podría evitársele aplicació directa. Sin embargo, la ley homologante debería asegurar que el acuerdo no violate estos principios constitucionales. -
Artículo 75 inciso 19 (Poder Legislativo en materias de seguridad social):
El acuerdo menciona "contribución empresarial por única vez" al sindicato. Si esta contribución afecta al "sistema de seguridá social" (inciso 19 del art. 75), requeriría norma legal específica (por ej., ley de presupuesto o asignación específica). Si el decreto lo aprueba sin base legal, podríá ser cuestionable. -
Formalidád de la norma:
El decreto homologa el acuerdo sin explicitar si cumple con estándares constitucionales (ej., respeto a la negociación colectiva, derechos sindicales). La Constitución (art. 14 bis) exige "ley especial" para reglamentar estos derechos, lo que podría exigir mayor detalle en la norma de homologación.
Posibles conflictos:
- Si el acuerdo no asegura el salario mínimo vital móvil (art. 14 bis) o limita la huelga (art. 14 bis), serían inconstitucional.
- Si la contribución a la entidad sindical no se administra con transparencia (inciso 2 del art. 14 bis sobre "autonomía y control" en fondos sindicales, podría violar el art. 14 bis.
- La homologación por un decreto ejecutivo podría ser cuestionada si la ley de negociación colectiva (Ley 14.250) exige un trámite distinto (ej., intervención del Congreso en determinados aspectos). Sin embargo, el decreto parece ajustarse a la ley de negociación colectiva (Ley 14.250), que delega esta facultad al Poder Ejecutivo.
Conclusión:
La norma es constitucional en principio, pero su aplición concreta podría violar la Constitución si el acuerdo reducye derechos establecidos en el art. 14 bis (ej., salario vital, participación en ganancias) o no garantiza los mecanismos de control sindical. La homologación en sí es válida, pero el contenido del acuerdo podría ser cuestionado en juicio de amparo (art. 43) si afecta derechos constitucionales.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2024-68056449- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del documento Nº RE-2024-68056206-APN-DGD#MT del Expediente EX-2024-68056449- -APN-DGD#MT obran el acuerdo y escala salarial, celebrados entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ATILRA), por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CIL), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, bajo el acuerdo de marras, las partes convienen nuevas condiciones económicas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que, en relación al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, respecto al ámbito de aplicación del acuerdo, se deja indicado que el mismo queda estrictamente circunscripto al sector representado por la entidad empleadora firmante.
Que, en relación con lo establecido en el segundo y quinto párrafo del instrumento referido, se hace saber que la homologación que por este acto se dicta, alcanza únicamente a las estipulaciones de carácter salarial expresamente pactadas en el presente.
Que respecto a la contribución empresaria por única vez prevista en el acuerdo, con destino a la entidad sindical, se hace saber que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y escala salarial obrantes en las páginas 1/4 del documento Nº RE-2024-68056206-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-18306239- -APN-DGD#MT celebrados entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ATILRA), por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CIL), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23699/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-559-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324485/1
Se decreta homologación del acuerdo salarial entre FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES y YKK ARGENTINA S.A. Firmantes: MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo). Involucra a PETTOVELLO (Ministerio de Capital Humano). Establece evaluación del tope indemnizatorio conforme Ley 20.744. Tiene anexo publicado en el Boletín Oficial.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (la Disposición que homologa el acuerdo entre las entidades sindicales y la empresa YKK Argentina) es constitucional. Su aprobación se inscribe dentro de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional en marco de la ley de negociación colectiva (Ley N° 14.250) y de las reglas de organización y aplicación del derecho laboral federal.
Fundamento:
-
Competencia federal en materia laboral:
La Constitución Nacional, en su Artículo 14 bis, estable una obligación del Estado de protejer los derechos laborales, incluyendo el salario mínimo vital y móvil, condiciones equitativas de labor y la negociación colectiva. La Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva), de ámbito federal), regula específamente el procedimiento de homologación de convenciones colectivas. La aprobación del acuerdo por el Poder Ejecutivo (a tráves de su órgano administrativo competente) es un acto administrativo lícito, en fra de implementar normas ya dictadas por el Congreso (p. ej., Ley 14.250), Artículo 24 bis). -
No violación a garantías constitucionales:
El contenido del acuerdo (condiciones salariales, turnos, etc.) no afecta derechos fundamentales (como los establecidos en la Parte Primera de la Constitución) ni introduce restricciones a los principios de libertad sindical, negociación colectiva o seguridad social. Al contrario, se alineá con lo dispuesto en el Artículo 14 bis y en las leyes federales. -
Procedimiento administrativo válido
El acto administrativo (Disposición N° 23.715/25) sigue el marco legal previo (Ley 14.250, Decreto 200/88 y normas conexas). La homologación de acuerdos sindicales es una función tradicional del Poder Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de los principios de negociación colectiva y equidad salarial, sin incurir en creación de leyes (que corresponde al Congreso), sino en aplicación de normas existentes. -
Coherencia con el federalismo
Los acuerdos colectivos de empresa no afectan la autonomía provincial en materias de su competencia, ya que se enmarcan en el sistema federal de relaciones laborales establecido por el Congreso (Artículo 75, inc. 24 de la Constitución). Las provincias pueden reglamentar aspectos locales, pero en este caso el acuerdo se ajusta a la ley federal sin colisión.
Posibles cuestiones técnicas (no constitucionales):
-
Cumplimiento del salario mínimo vital móvil:
Deberá verificarse que las condiciones pactadas en el acuerdo no son inferiores al salario mínimo fijado por el Congreso (inciso de la Constitución 14 bis). Esto es un aspecto de aplición de la ley, no de constitucionalidad. -
Procedimiento de homologación:
La norma cumple con los trámites establecidos en la Ley 14.250 (p. ej., publicación en el Boletín Oficial, notificación a las partes), etc.), sin irregularse de las reglas formales.
Conclusión:
La norma no presenta irregularidades constitucionales. Su contenido y trámite se ajustan a las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo en marco de las leyes federales previamente sancionadas por el Congreso. La homologación de acuerdos sindicales es un acto administrativo válido que no supera los lmites de las competencias federales ni afecta principios constitucionales.
No obstante, su cumplimiento material (p. ej., asegurar que el salario pactado no infrinja el mínimo vital móvil) es un tema de aplición de la ley, no de constitucionalidad.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-94140186- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-94140172-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94140186- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 282/96 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad de la empresa firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-94140172-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94140186- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 282/96 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23715/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-558-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324486/1
Se decreta la homologación del acuerdo salarial entre el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar y World Games S.A., firmado por MARA AGATA MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo). Establece evaluación de límites indemnizatorios conforme Ley 20.744/1976. Se ordena registro, notificación y publicación según Ley 14.250/2004.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión, correspondida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, es constitucional en principio, ya que se inscribe dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia laboral, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional argentina.
Bases constitucionales:
- Artículo 75, inciso 18 de la Constitución::
-
Dispone que el Congreso debe "prover lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, etc." Esto incluye la regulación de relaciones laboraless a través de leyes que garanticen los derechos laboraless (como el Artículo 14 bis, que garantiza condiciones dignas de trabajo y la negociación colectiva).
-
Artículo 14 bis, inciso 1:
-
Reconoce derechos laborales (jornada limitada, remuneración justa, negociación colectiva, etc.), lo que implica que el Estado debe regular mecanismos para su cumplimiento, incluyendo la homologación de convenios colectivos de trabajo por autoridades nacionales.
-
Artículo 75, inciso 23:
- El Congreso puede dictar leyes que garanticen la igualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos laboraless, lo que incluye la intervención federal en materia de seguridad social y condiciones laboraless.
Análisis:
- La homologación del convenio colectivo entre el sindicato y la empresa City GAMES S.A se ajusta a la competencia nacional en materia de derechos laboraless (Art. 14 bis) y a la facultad de dictar leyes que regulen la negociación colectiva (Law 14.250 citada en el decreto).
- El Decreto N° 200/88 y la Ley 14.250 (Ley de Negociación Colectiva) son normas de rango legal que facultan al Poder Ejecutivo para homologar convenios colectivos, lo que no contradice la Constitución.
Posibles cuestiones:
- Competencia concurrente vs. exclusiva:
-
Si la regulación de convenios colectivos fuera competencia exclusivamente provincial, podría surgir un conflicto con el Artículo 121 (que reserva a las provincias sus propias instituciones). Pero, según el Artículo 75, inciso 18, la regulación de condiciones laborales y negociación colectiva es competencia nacional (por tratarse de derechos fundamentales garantidos en la Parte Primera). Por lo tanto, la intervención nacional es constitucional.
-
Forma del acto administrativo:
- El decreto cumple con los requisitos de la Ley 14.250 (que reglamenta la homologación de convenios colectivos). No se observan vicios de foma, ya que la decisión está basada en leyes existentes y no modifica derechos constitucionales.
Conclusión:
La norma no presenta irregularidades constitucionales. La homologación del convenio colectivo se enmarca en las atribuciones del Poder Ejecutivo para aplicar leyes laboraless de rango nacional (como la Ley 14.250), que está autorizada por el Congreso). Esto no viola principios como la división de poderes ni los derechos laboraless garantidos en la Constitución.
No hay conflicto con la Constitución Nacional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2024-88841329- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2024-88840572-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-88841329- -APN-DGD#MT obran el acuerdo y escalas salariales celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa WORLD GAMES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, en el mentado acuerdo los agentes negociales establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1685/23 “E”, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que, en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y escalas salariales obrantes en el documento Nº RE-2024-88840572-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-88841329- -APN-DGD#MT celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa WORLD GAMES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1685/23 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23716/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-557-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324487/1
Se decreta homologación del acuerdo entre ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA, conforme Leyes 14.250/2004, 20.744/1976, 23.546/2004 y Dto. 200/88. Establece registros administrativos, notificaciones y evaluación de remuneraciones para determinar topes indemnizatorios. Dispone publicación en B.O. y guarda de anexos. Firma: Mara Agata Mentoro, Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Ministerio de Capital Humano.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La disposición N° 23717/2025, que homologa un acuerdo colectivo de trabajo en el sector lechero, no presenta irregularidades constitucionales manifesas, siempre que cumpla con los siguientes requisitos establecidos en la Constitución Nacional:**
Fundamentos constitucionales:
- Derechos laborales (Artículo 14 bis):
-
El convenio colectivo debe garantizar:
- Salario mínimo vital móvil (inciso 1).º).).
- Igualdad de remuneración por igual tarea (inciso 2.º).).
- Participación en las ganancias y condiciones dignas de trabajo (inciso 1.º).).
- Si el acuerdo cumple estos puntos, no viola la Constitución.
-
Libertad de negociación colectiva (Artículo 14 bis):
- El convenio fue celebrado entre las partes (sindicato y empleadores) y homologado por la autoridad competente (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo), conforme a la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250.
-
Esto ajusta con el principio de negociación colectiva reconocido en la Constitución (Artículo 14 bis). inciso 3.º).: "derecho a la negociación colectiva, concertar convenios colectivos...").
-
Homologación por autoridad competente:
- La homologación depende de la autoridad administrativa (en este caso, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo), con base en las leyes 14.250 y 20.744 (Légales de trabajo). Esto es coherente con la división de poderes y la atribución del Poder Ejecutivo para ejecutar las leyes (Artículo 99 de la Constitución).
Posibles irregularidades:
- Si el convenio:
- Reduce salarios por debajo del mínimo establecido por ley, violaría el Artículo 14 bis (inciso 1.º.).
- Limita el derecho de huelga o sindicalización, contrariaría el Artículo 14 bis (inciso 3.º.).
-
No contempla la "participación en las ganancias" o condiciones dignas de trabajo, incumpliendo con el Artículo 14 bis.
-
Si el convenio incluye cláusulas que menoscaban derechos constitucionales (ej: prohibición de sindicatos o condiciones anti-sindicales), la homologación serí invalida.
-
Si el acto administrativo omitió procedimientos exigidos por la ley (ej: no evaluar si el convenio cumple con el Artículo 14 bis), podría ser nulo por vicio de form.
Conclusión:
La disposición es constitucional si el convenio colectivo cumple con los parámetros de la Constitución (salario mínimo, condiciones dignas, negociación libre, etc.).
Si el convenio incumple estos requerimientos, la homologación serí irregular, ya que el Estado tendría la obligación de garantizar los derechos laborales constitucionales (Artículo 14 bis).).
Posibles conflictos:
- Con el Artículo 14 bis si el convenio reduce derechos.
- Con el Artículo 19 si las cláusulas son anti-sindicales.
- Con el Artículo 14 bis si no se cumple con la "participación en las ganancias" o se afecta la seguridad social.
Recomendación:: Para confirmar, deberían analizarse las cláusulas específas del convenio. La disposición administrativa en sí misma (la homologación) es válida, pero el contenido del convenio debe ajustarse a los principios constitucionales.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-78034750- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento N° RE-2024-78034333-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-78034750- -APN-DGD#MT, obra el Acuerdo celebrado con fecha 25 de julio de 2024 entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 2/88, conforme a las condiciones y términos pactados.
Que, respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas en el acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que con relación a las contribuciones empresarias, con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que con respecto a la referencia efectuada en el quinto párrafo del texto negocial de autos, se hace saber que la homologación que por la presente se dicta, alcanza únicamente a las estipulaciones de carácter salarial expresamente pactadas en el presente.
Que, en relación al ámbito de aplicación del presente Acuerdo, se deja indicado que el mismo queda estrictamente circunscripto al sector representado por la entidad empleadora firmante.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA, por la parte empresaria, obrante en el documento N° RE-2024-78034333-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-78034750- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23717/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-556-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324488/1
Se decreta homologación del acuerdo salarial entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera y el Centro de la Industria Lechera, firmado el 18/09/2024. La Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mentoro, dispone registro del convenio, notificación a las partes y evaluación del promedio de remuneraciones para determinar el tope indemnizatorio conforme Ley 20.744. Se citan leyes 14.250, 20.744 y 23.546, y se ordena publicación en el Boletín Oficial y archivado.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo que homologa un acuerdo salarial entre sindicatos y empresarios del sector lechero) no presenta irregularidades constitucionales. A continuación, los fundamentos:
**Bases constitucionales que amparan la norma:
- Derechos laborales y negociación colectiva (Artículo 14 bis):
-
El acuerdo salarial surge de la negociación colectiva, derecho garantido constitucionalmente (Art. 14 bis, inc. 1º). La homologación administrativa del ejecutivo (art. 99 CN) cumple con el principio de protección a los derechos laborales y la libertad sindical.
-
Atribuciones del Poder Ejecutivo (Artículo 99 CN):
-
La homologación de convenios colectivos es una función de aplicación de la ley (Ley de Negociación Colectiva N° 14.250), atribuida al Poder Ejecutivo (inc. 3 del Art. 99 CN). El acto no crea normas, sino que validá un acuerdo previamente negociado, en concordancia con las leyes existentes.
-
Libertad sindical y negociación colectiva:
-
El Art. 14 bis, inc. 1º de la Constitución reconoce la libertad sindical y la negociación colectiva. El acuerdo es producto de una negociación entre las partes, con intervención del ministerio de Trabajo, lo que ajusta a la Constitución.
-
No intervención en competencias legislativas:
-
El decreto no legisla, sino que aplica normas existentes (Ley 14.250), por lo que no viola el principio de separación de poderes.
-
Protección del ambiente y derechos sociales:
- El acuerdo no afecta derechos fundamentales (Art. 14 bis) ni el ambiente (Art. 41), ya que se trata de un tema laboral.
**Posibles objeciones y su análisis:
-
¿Violación de la libertad sindical?
El acuerdo fue negociado por sindicatos y empleadores, respetando el derecho a la negociación (Art. 14 bis). Nada indica coacción o vicios en el proceso. -
¿Falta de publicación?
El Artículo 4° del Decreto N° 467/88 (citado en la norma) exige registro y publicación, lo cual se cumple en el art. 4 de la disposición. -
¿Competencia para homologación?
La Ley de Negociación Colectiva (14.250) atribuye al Poder Ejecutivo (a través del ministerio de Trabajo) la facoltad de homologar convenios, como se hizo en este caso.
Conclusión:
La norma cumple con los principios constitucionales:
- Respeto a los derechos laborales (Art. 14 bis).
- Ejercicio válido de las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de aplicación de la ley (Art. 99).
- No hay intervención en competencias legislativas ni violación de garantías fundamentales.
El acto es constitucional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-101443996- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento N° RE-2024-101443096-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-101443996- -APN-DGD#MT, obra el Acuerdo celebrado con fecha 18 de septiembre de 2024 entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 2/88, conforme a las condiciones y términos pactados.
Que, respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas en el acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que con relación a las contribuciones empresarias, con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que con respecto a la referencia efectuada en el quinto párrafo del texto negocial de autos, se hace saber que la homologación que por la presente se dicta alcanza únicamente a las estipulaciones de carácter salarial expresamente pactadas en el presente.
Que, en relación al ámbito de aplicación del presente Acuerdo, se deja indicado que el mismo queda estrictamente circunscripto al sector representado por la entidad empleadora firmante.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA, por la parte empresaria, obrante en el documento N° RE-2024-101443096-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-101443996- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23718/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-561-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324489/1
Se decreta homologar el acuerdo salarial entre la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía Eléctrica (sindical) y Termoandes Sociedad Anónima (empresaria). Firmado por Mentoro. Dispónese registro, notificación, evaluación del tope indemnizatorio según Ley 20.744 y procedimiento de publicación conforme Ley 14.250.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (Disposición N° 23723/2025) no presenta inconstitucionalidades. Su contenido se alinea con los principios y normas constitucionales aplicables, como se detalla a continu:
Bases Constitucionales de la norma:
- Libertad sindical y negociación colectiva:
-
El Artículo 14 bis de la Constitución garantiza el derecho a sindicación libre y demócrata y la concertación de convenios colectivos de trabajo. La homologación del acuerdo entre la asociación sindical y la empresa se inscribe en este marco, ya que respeta la autonomía sindical y la negociación colectiva.
-
Poder de legislación laboral:
-
El Artículo 75 inciso 13 de la Constitución confiere al Congreso la facoltad de legislar en matería de "leyes de naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina", pero no impide la regulación de relaciones laborales mediante convenios colectivos, que son parte del sistema legal laboral (regulado por Ley N° 14.250, citada en el expediente).
-
Procedimiento administrativo:
-
La norma sigue el trámite previsto por la Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva), que es una ley ordinaria sancionada por el Congreso, de conformidad con el Artículo 75 inciso 13 de la Constitución. El proceso de homologación por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo no excede las atribuciones conferidas por el Congreso a los órganos administrativos.
-
Protección de derechos laboraless:
- El Artículo 14 bis garantiza condiciones equitativas de labor, retribución justa y participación sindical. El acuerdo homologado no contraría estos principios, ya que el expediente expresa que las cláusulas no alteran el "ordenamiento legal vigente" y se ajusta a la Ley N° 14.250.
Posibles desafos constitucionales (no presentes en este caso):
- Intervención en matería de competencia provincial:: No hay conflicto, pues la norma se inscribe en el ámbito federal de acción (Ley N° 14.250 es de aplicación nacional).
- Limitación de derechos fundamentales: (como libertad sindical o condiciones de trabajo): No se observa en el expediente, ya que el acuerdo se celebra entre las partes con personería gremial y capacidad legal.
- Violación del Artículo 14 bis: (derechos laboraless): El acuerdo no restriinge derechos, sino que los regula en conformidad con la legislación aplicable.
CONCLUSIÓN:
La norma es constitucional porque: - Ejerce facoltades delegadas por el Congreso (Ley N° 14.250), - Respetar los derechos sindicales y laborales consagrados en el Artículo 14 bis, - No contradije principios de libertad sindical, igualdad o participación sindical, - El proceso de homologación sigue el marco legal establecido por el Congreso (Artículo 75 inciso 13).
No existen irregularidades constitucionaless en la Disposición N° 23723/2025. La actuación administrativa se ajusta a las atribuciones conferidas por el Poder Legislativo y a los derechos sindicales consagrados en la Carta Magna.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-42480982- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento N° RE-2024-42480671-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-42480982- -APN-DGD#MT, obra el Acuerdo celebrado con fecha 24 de abril de 2024 entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa TERMOANDES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1135/10 “E”, conforme a las condiciones y términos pactados.
Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que la representación sindical ha denunciado la inexistencia de delegados de personal en la empresa en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa TERMOANDES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, obrante en el documento N° RE-2024-42480671-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-42480982- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1135/10 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23723/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-560-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324490/1
Se decreta la homologación de un acuerdo entre ASIMRA (sindicato) y CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO (empleador), estableciendo una gratificación extraordinaria para personal de empresas contratistas en SIDERCA SAIC. Firmó MARA AGATA MENTORO, Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. El acuerdo se circunscribe al ámbito de representación de las partes. Incluye anexos publicados en el Boletín Oficial.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La nueva norma (la Disposición N° 23724/2025 del Ministerio de Capital Humano) no presenta irregularidades constitucionales y es constitucional. A continuación se explica:
Análisis de constitucionalidad:
- Fundamento constitucional:
- Artículo 14 bis (Primera Parte): Reconoce el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente y establece que los convenios colectivos de trabaio son parte de los derechos laborales. El acuerdo homologado entre ASIMRA y la Cámara del Acero se inscribe en este marco, ya que estable una gratificación extraordinaria vinculada a condiciones laborales.
- Artículo 75 inciso 24 (Segunda Parte): El Congreso tiene atribución para legislar en matería laboral, y la normativa aplicada (Ley 14.250 sobre negociación colectiva) fue sancionada con base constitucional. El acto administrativo en cuestión no trascurre los lmites de la ley y cumple con los requisitos de forma y sustancia exigidos por la normativa vigente.
-
Artículo 99 inciso 13 (Poder Ejecutivo): El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulación del Trabajo, actúa dentro de su competencia para homologar acuerdos que regulan condiciones laborales, siempre que no contradigan la normativa superior.
-
Posibles conflictos (y su descarte):
- Intervención en materías de provincias:: No hay conflicto, ya que el acuerdo se enmarca en el ámbito federal (la empresa SIDERCA SAIC opera en el marco de la ley nacional de negociación colectiva, y no afecta competencias provinciales).
- Procedimiento administrativo:: El acto cumple con los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 y el Decreto 200/88, con publicación y notificación adecuada.
- Derechos fundamentales:: El acuerdo no restringe derechos garantidos en la Constitución (como los del Artículo 14 bis), sino que los materializa (garantizando una mejora en las condiciones laborales).
Conclusión:
La norma es constitucional porque: - Se ajusta a los principios de protección del trabajo y negociación colectiva (Art. 14 bis). - Fue tramitada conforme a las leyes que rigen la homologación de acuerdos sindicales (Ley 14.250). - No afecta competencias exclusivas de las provincias ni infringe garantías constitucionales.
No existen irregularidades constitucionales. La medida fortalece derechos laborales y se inscribe en el marco de las atribuciones del Poder Ejecutivo para aplicar la normativa laboral nacional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-10140644- -APN-DGDTEYSS#MCH, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el Documento N° RE-2025-10139103-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente N° EX-2025-10140644- -APN-DGDTEYSS#MCH, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece el otorgamiento de una gratificación extraordinaria para el personal de las empresas contratistas, que prestan servicios y actividades complementarias de la industria siderúrgica dentro del establecimiento de SIDERCA SAIC, representado por la entidad sindical, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO, por la parte empleadora, obrante en el documento N° RE-2025-10139103-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente N° EX-2025-10140644- -APN-DGDTEYSS#MCH, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23724/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-566-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324491/1
Se decreta homologación de acuerdo salarial entre FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES y YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA. Firmante: Mentoro (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo). Se dispone envío de documentación a Dirección de Gestión Documental, evaluación de remuneraciones conforme Ley 20.744 y publicación obligatoria según Ley 14.250.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La disposición mencionada es constitucional, ya que no presenta irregularidades con la Constitución Nacional Argentina. A continuación, se detallan los fundamentos:
Bases constitucionales que respeta la norma:
-
Derechos laborales (Art. 14 bis):
El acuerdo homologado alude a condiciones laborales (salario, beneficios, etc.), lo que se enmarca en el marco de la "negociación colectiva" garantizada por el Art. 14 bis de la Constitución. El acuerdo no reducee derechos esenciales (ej: salario mínimo vital móvil, participación en ganancias), ni viola la libertad sindical. -
Facultad administrativa para homologar convenios:
La homologación por parte de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo se ampara en leyes dadas por el Congreso (Ley 14.250, modif. 2004), conforme al principio de separación de poteres (Poder Ejecutivo ejerciendo atribuciones delegadas por el Legislativo). -
Procedimiento administrativo válido:
El acto administrativo (Disposición) se ajusta a las reglas establecidas en la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250), que regula la homologación de acuerdos sindicales. No hay indicios de arbitrariedad o de violación al proceso de participación sindical. -
No interferencia en garantías esenciales:
El acuerdo no limita garantías como la libertad sindical, la defensa de la identidad cultural (Art. 14 bis) o el ambiente sano (Art. 41). Todo lo contrario, podría reforzarlos.
Posibles objeciones y respuestas:
-
¿Violación al Art. 23 (tratados de aduanas o contribuciones?)
No, ya que el acuerdo no trata sobre impuestos o comercio internacional, sino condiciones laborales específas de una empresa. -
¿Violación al Art. 14 bis (participación sindical?)
No, pues el acuerdo fue celebrado entre sindicatos (FONIVA y Sindicato Obrero) y la empresa, cumpliendo con el requisito de representatividad sindical (ver Art. 14 bis, que exige sindicatos con personería legal). -
¿Violación al Art. 9 (aduanas internas?)
No aplica, ya que el tema no está relacionado con comercio interior o contribuciones.
Conclusión:
La norma cumple con los principios constitucionales de:
- Libertad sindical y negociación colectiva (Art. 14 bis).
- Facultad del Poder Ejecutivo para reglamentar (Art. 99.2 de la Constitución, al aplicar leyes preexistenes como la Ley 14.250).
- Procedimiento válido, sin interferencia en garantías esenciales.
No existen conflictos con la Constitución Nacional. La homologación del acuerdo es un acto administrativo dentro de las facultades de la autoridad competente, sin vulnerar garantías constitucionales.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-94139818- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-94139811-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94139818- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 282/96 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad de la empresa firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-94139811-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94139818- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 282/96 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23731/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-565-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324492/1
Se decreta homologación del acuerdo entre AATRAC y ARPA sobre condiciones laborales, bajo el Convenio Colectivo 156/75, firmado por MARA AGATA MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo). Se ordena registro, notificación, y evaluación del tope indemnizatorio según Ley 20.744. Incluye anexos publicados en el Boletín Oficial.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión es constitucional.
Análisis breve:
- Bases constitucionales:
-
El convenio colectivo de trabajo celebrado entre las partes (AATRAC y ARPA) se inscribe en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la negociación colectiva y la concertación sindical. La homologación del acuerdo por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo se ajusta a las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo en materia laboral (vgr., arts. 75 inc. 19 y 20 de la Constitución, que facultan al Congreso a dictar normas sobre trabajo y seguridad social).
-
Cumplimiento de requisitos legales:
-
El proceso de homologación sigue lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), especialmente en su artículo 5°, que establece la obligación del Estado de registrar los convenios colectivos de trabajo. La norma analizada cumple con los requisitos de registro, participación sindical y respeto a la negociación colectiva.
-
Sin irregularidades constitucionales evidentes:
- No se observan cláusulas que violem derechos fundamentales (como los derechos laborales del art. 14 bis o la libertad de asociación sindical del art. 14).
-
La intervención del Poder Ejecutivo (a través de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo) se circunscribe a la homologación formal, sin inmiscuirse en el contenido sustancial del acuerdo, lo que está permitido por el art. 99 (Poder Ejecutivo) y el art. 75 inc. 19 (competencias nacionales en materia laboral).
-
Relación con provincias y autonomía sindical:
- El ámbito de aplicación del convenio se limita al sector de las "radiodifusoras privadas" (ámbito de competencia nacional por tratarse de servicio de interés púbico regulado por la Nación, conforme al art. 125 de la Constitución).
Conclusión:
La norma está debidamente sustentada en los principios constitucionales de libertad de negociación colectiva y protección al trabajo (arts. 14, 14 bis y 75 inc. 19).). El acto administrativo no supera los límites constitucionales y respeta los procedimientos legales establecidos. No se identificaron conflictos con la Constitución Nacional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-127449250- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento N° RE-2024-127449138-APN-DGDYD#JGM del Expediente N° EX-2024-127449250- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), por la parte sindical, y la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS (ARPA), por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 156/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), por la parte sindical, y la ASOCIACION DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS (ARPA), por la parte empleadora, obrante en el documento N° RE-2024-127449138-APN-DGDYD#JGM del Expediente N° EX-2024-127449250- -APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 156/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23732/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-564-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324493/1
Se decreta homologación del acuerdo salarial y escalas entre UOMRA (sindical) y AFARTE (empleador), firmado por MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo). Establece recomposición salarial y pago de suma no remunerativa, conforme Ley 14.250/04. Se dispone registro en el Ministerio de Capital Humano, notificación a las partes y evaluación de remuneraciones para determinar tope indemnizatorio (Ley 20.744/76). Firmantes: MENTORO. Publicación en BORA.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (Resolución de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que homologa un acuerdo salarial entre la UOM y AFARTE) es constitucional, pero presenta posibles irregularidades que podrían ser cuestionadas en su aplicación práctica. A continuación se detallan los aspectos clave:
Aspectos constitucional positivo:
- Adecuación a los principios de negociación colectiva y derecho sindical (Art. 14 bis, inciso 1 de la Constitución):
- El acuerdo surge de negociación entre las partes (UOM y AFARTE), lo que está garantizado por el Artículo 14 bis, que reconoce el derecho a la negociación colectiva y la formación de asociaciones sindicales.
-
El procedimiento de homologación sigue la Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva), que faculta al Poder Ejecutivo (a través de la Dirección Nacional de Trabajo) a registrar convenios colectivos, conforme a la atribución del Poder Ejecutivo para aplicar leyes existentes (Art. 99 de la Constitución).
-
Cumplimiento de la legalidad:
- El acto administrativo se funda en la Ley N° 14.250 y en el Decreto N° 200/88, ambos válidos.
- No infringe derechos fundamentales (como los establecidos en el Art. 14 bis sobre salario mínimo vital, seguridad social o condiciones de trabajo), ya que el proceso de homologación implica un control de que el acuerdo no viole leyes o principios constitucionales (Art. 99.3 de la Constitución).
Irregularidades potenciales:
- Posible incumplimiento con el Art. 14 bis (inciso 1):**
- Si el acuerdo homologado no garantiza un salario mínimo vital móvil o condiciones equitativas (como las mencionadas en el Art. 14 bis), podría ser cuestionado en su aplicación.
-
Ejemplo: Si el aumento salarial estipulado está por debajo del índice de inflación o no ajusta al "salario mínimo vital" (definido por ley), el convenio podría ser inválido, aunque la irregularación administrativa en sí misma es válida.
-
Falta de transparencia en el proceso:
- El Artículo 14 bis, inciso 1 exige que los convenios colectivos incluyan participación sindical, transparencia y cumplimiento de derechos ambientales y laborales.
-
La norma no detalla si el acuerdo cumple con estos principios (ej.: participación de todas las categorías sindicales o consideración de impacto ambiental en la actividad metalúrgica), lo que podría generar dudas en su aplicación.
-
Posible conflicto con el Art. 14 bis, inciso 3 (seguridad social):**
-
El Artículo 14 bis estable que el Estado debe garantizar un sistema de seguridad social "integral e irrenunciable". Si el acuerdo no mejora condiciones de salud o seguridad en el trabajo (por ej., en la fabricación de "terminales electrónicos"), podría ser cuestionado.
-
Forma de nombramiento del órgano homologador:
- La Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo es un ente subordinado al Poder Ejecutivo. Según el Art. 114 de la Constitución, el control del Poder Judicial sobre la legalidad de los actos administrativos es posible. Si se demostrase que la homologación se realizó sin respetar los principios de la Ley 14.250 (ej.: faltas de personería de las partes), podría ser anulada por un juez en una acción de amparo (Art. 18).
Conclusión:
La norma no viola directamente la Constitución, ya que cumple con los marcos establecidos en la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250) y en los principios del Poder Ejecutivo para aplicar leyes (Art. 99).2). Sin embargo:
- Riesgos de aplicacón inconstitucional: surgirían si el contenido del convenio (no la homologación en sí) reducee derechos laborales (ej.: salarios por debajo del mínimo vital o condiciones inseguras), lo que generaría un conflicto con el Art. 14 bis.
- Además, si la homologación se realizó sin analizar el impacto en los derechos ambientales (por ej., en la fabricación de "terminales electrónicos"), podría afectar el Art. 41 (protección al ambiente).
En su forma, la norma es válida, pero su contenido específico podría ser cuestionado en juicio si se demostrara que el convenio viola principios constitucionales.
Posibles conflictos con la Constitución en su aplicacón:
- Art. 14 bis (derechos laborales).
- Art. 41 (si el convenio perjudica el ambiente sin evalución previa).
- Art. 18 (si el acuerdo implica renunción a derechos básicos).
En resúmen: La norma es constitucional en su estructura, pero su contenido podría ser cuestionado en el ámbito judicial si se comprueba que los términos del convenio reducen derechos constitucionales.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2023-86461811- -APN-DGD#MT las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1/6 del documento N° RE-2023-86461650-APN-DGD#MT y a páginas 1/2 del documento N° RE-2023-88817462-APN-DTD#JGM del Expediente Nº EX-2023-86461811- -APN-DGD#MT obran el Acuerdo, Escalas Salariales y Acta Complementaria, respectivamente celebrados entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOMRA), por la parte sindical, y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE TERMINALES ELECTRONICAS (AFARTE), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, y el pago de una suma no remunerativa, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo, Escalas Salariales y Acta Complementaria, obrantes a páginas 1/6 del documento N° RE-2023-86461650-APN-DGD#MT y a páginas 1/2 del documento N° RE-2023-88817462-APN-DTD#JGM del Expediente Nº EX-2023-86461811- -APN-DGD#MT celebrados entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOMRA), por la parte sindical, y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE TERMINALES ELECTRONICAS (AFARTE), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23733/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-563-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324494/1
Mentoro decreta homologación del acuerdo entre UTEDyC (sindicato) y SEB (empleadora), estableciendo nuevas condiciones salariales en el Convenio Colectivo 1158/10 “E” conforme Ley 14.250/04. Se dispone registro, notificación y evaluación del tope indemnizatorio según Ley 20.744/76. Incluye anexos publicados en el Boletín Oficial digital.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La disposición N° 23740/2025, que homologa el acuerdo colectivo entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC) y la ASOCIACIÓN BANCARIA (SEB), es constitucional, pero presenta aspectos que requieren análisis detallado** para descartar eventuales irregularidades. A continuación:
Bases constitucionales que avalan su validez:
-
Facultad del Poder Ejeutivo para homologar convenios colectivos (Art. 99, inc. 2, de la Constitución):
El Poder Ejeutivo puede dictar actos administrativos de aplicación de la ley de negociación colectiva (Ley N° 14.250). La homologación de acuerdos entre sindicatos y empleadores está dentro de su ámbito de acción, siempre que se ajuste a la normativa vigente. -
Protección de derechos laborales (Art. 14 bis de la Constitución):
El acuerdo debe garantizar condiciones compatibles con los principios de la Carta Magna (salario mínimo vital, igualdad, etc.). El considerando IV de la disposición expresa que el acuerdo "no surge contradicción con la normativa laboral vigente", lo cual es un elemento a favor de su constitucionalidad. -
Facultad de negociación colectiva (Art. 14 bis y Art. 75, inc. 13 de la Constitución):
El convenio colectivo forma parte del marco de la negociación libre entre las partes (sindicato y empleadores), amparada constitucionalmente.
Posibles irregularidades a considerar:
- Cumplimiento de requisitos formales de la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250):
-
Debese verificarse que:
- El sindicato UTEDyC contaba con personería gremial vigente (Art. 4 de la Ley 14.250).
- La negociación se realizó con delegados con potestad expresa (Art. 17 de la Ley 14.250).
- El acuerdo no disminuye derechos adquiridos o viola los mínimos legales (salario vital, condiciones de trabajo, etc.).
-
Posible vulneración del Artículo 14 bis de la Constitución:
Si el convenio incluye cláusulas que restringen derechos laborales (ej.: reducción de salarios por debajo del mínimo vital, limitación de beneficios de la seguridad social, o violación de principios de igualdad salarial), sería nulo. El considerando IV de la disposición expresa que "no surge contradicción con la normativa laboral", pero se debe verificar su cumlplimiento efectivo. -
Procedimiento de homologación:
- La homologación debe ajustarse a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 14.250 y en el Decreto N° 200/88 (citados en la disposición).
-
Si hubo omisión de etapas legales en el proceso de evaluación (ej.: no verificación de la personería sindical o la representatividad de las partes), podría ser nula por vicio de forma.
-
Relación con el Artículo 14 bis, párrafo 1° de la Constitución:
El convenio debe asegurar participación sindical en la gestión de recursos naturales y defensa de derechos sindicales, según lo dispuesto en el Artículo 14 bis. Si el acuerdo limita mecanismos de negociación futuras o disminuye derechos adquiridos, podría vulnerar esta norma.
Conclusión:
La disposición no presenta vicios constitucionales en abstracto, ya que se inscribe en la facultad de homologación de convenios colectivos, amparada por la Constitución. Sin embargo, su validez definitiva depende de:
- Que el acuerdo no viole derechos constitucionales (salario mínimo, condiciones dignas, etc.).
- Que se cumplieron los requisitos formales de la Ley 14.250 (personería sindical, representatividad, etc.).
Si estas condiciones se cumplen, la norma es válida. En caso contrario, las cláusulas contrarias a la Constitución serían nulas (Art. 29 de la Constitución).
Posible conflicto:
- Si el convenio restringe el derecho de huelga o limita beneficios sindicales establecidos en la Constitución, generarí un conflicto con el Artículo 14 bis.
- Si el acto administrativo no siguió el trámite legal (ej.: omisión de etapas de evaluación sindical o de la Secretarí de Trabajo), podría ser nulo por vicio de procedimiento.
En términos generales, es constitucional bajo el supuesto de que el contenido del convenio no vulnera derechos fundamentales establecidos en la Parte Primera de la Carta Magna.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2024-36383396- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2024-36382981-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2024-36383396- -APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN BANCARIA (SEB), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1158/10 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado, se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2024-36382981-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2024-36383396- -APN-DGDYD#JGM, celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN BANCARIA (SEB), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1158/10 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23740/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-567-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324495/1
Se decreta homologación de acuerdo entre FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES y YKK ARGENTINA S.A. Firmantes: MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) y PETTOVELLO (Ministerio de Capital Humano). Incluye anexo. Se ordena registro, notificaciones y evaluación de remuneraciones conforme Ley 20.744. Autoriza publicación en Boletín Oficial.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo) no presenta irregularidades constitucionales. Su contenido consiste en la homologación de un acuerdo colectivo de trabajo entre sindicatos y una empresa, regulado por la Ley de Negociación Colectiva N°14.250 (incorporada en el sistema normativo constitucional).
Análisis de compatibilidad con la Constitución:
- Procedimiento de homologación:
-
Está amparada en el Artículo 14 bis (derechos laborales) y la Ley N°14.250, ambas alineadas con la Constitución. La homologación es un acto administrativo dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo (Art. 99.2 y 99.20 de la Constitución), con base legal.
-
Contenido del convenio:
-
El acuerdo entre las partes (sindicatos y empleador) no se adentra en prohibiciones constitucionales, sino que se inscribe en el marco de la negociación colectiva (art. 14 bis, inciso 1). La Constitución protege estos acuerdos (art. 14 bis), no los limita, siempre que no violen derechos mínimos (ej.: salario mínimo vital, igualdad salarial, etc.).
-
Posibles riesgos de inconstitucionalidad:
- Hypotético: Si el convenio pactara cláusulas que:
- Redujesen el salario mínimo vital móvil (art. 14 bis).
- Permitese despidos arbitrario o menoscabase la libertad sindical (incisos 14 bis y art. 19).
- Estableciera diferencias salariales por género o condición (contrario al art. 16).
-
Sin embargo del texto del convenio, se asume que cumple con las normas básicas.
-
Atribución del Poder Ejecutivo:
- La homologación es una acción dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, con base en leyes sancionadas por el Congreso (L. 14.250). No hay exceso de atribuciones.
Conclusión:
La disposición es constitucional porque:
- Cumple con los procedimientos establecidos por las leyes (L.14.250).
- No menoscaba derechos fundamentales (salario mínimo, libertad sindical, etc.).
- La homologación administrativa no excede las atribuciones conferidas por el Congreso (art. 99 de la Constitución).
No se identifican irregularidades constitucionales en la norma administrativa. Cualquier conflicto potencial surgiría del contenido específico del convenio colectivo, no de la decisión de homologarlo.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-94140479- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-94140475-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94140479-APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 282/96 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad de la empresa firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del documento N° RE-2024-94140475-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94140479- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 282/96 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23741/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-568-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324496/1
MENTORO decreta la homologación del acuerdo entre LOGROS SOCIEDAD ANONIMA y las entidades sindicales FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS y SINDICATO DEL PERSONAL DE FRIGORIFICOS DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE. El acuerdo prevé suspensiones con pago de prestación no remunerativa conforme Ley 20.744. Se incluye listado de trabajadores afectados. Se establece vigencia sin perjuicio de derechos individuales. Se autoriza publicación por la Secretaría de Trabajo.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, B.O. 25/04/2025, N° 23742/25) presenta irregularidades con la Constitución Nacional Argentina, particularmente con los siguientes artículos:
1. Artículo 14 bis (Derechos Laborales):
- Problemas:
- El acuerdo homologado prevé suspensiones de personal con pago de una "prestación no remunerativa, que podría equivaler a un reducción de ingresos durante la suspensión. Esto podría violar:
- El salario mínimo vital móvil (inciso "e" del art. 14 bis).
- La prohibición de despido arbitrario (inciso "i" del art. 14 bis).
- La obligación de garantizar condiciones dignas y equitativas de labor (inciso "a").
- Las suspensiones sin justificación clara (ej.: crisis económica no especificada o sin garantías claras de reinserción) podrían interpretarse como una menoscabo de la estabilidad laboral, contraviniendo el inciso "h" del art. 14 bis.
2. Artículo 14 (Igualdad ante la ley):
- Si la suspensión afecta selectivamente a trabajadores específos sin criterios objetivos, podría constituir una discriminación, violando el principio de igualdad en el ámbito laboral (art. 14).
3. Artículo 14 bis (Participación sindical y autonomía sindical):
- Aunque el acuerdo fue celebrado con sindicatos, la prestación no remunerativa podría ser un termo no negociable, ya que la Constitución estable que el salario mínimo y la prohibición de despidos arbitrario son derechos intransigibles (incisos "e", "h" y "i" del art. 14 bis). Las parteses no pueden negociar en detrimento de esas garantías.
4. Artículo 20 (Derecho a la defensa y amparo:
- Los trabajadores afectados por las suspensiones tienen derecho a impugnar el acuerdo por considerarlo lesivo de sus derechos (art. 23, acción de amparo). Si el acuerdo limita estos mecanismos, se generaría un conflicto.
5. Artículo 14 bis (Seguridad social y educación:
- Si la suspensión implica interrupción de los beneficios de seguridad social (ej.: jubilaciones, salud), estaría violando el inciso "l" del art. 14 bis.
6. Artículo 75, inciso 19 (Poder Legislativo y regulación laboral):
- La homologación del acuerdo por el Poder Ejecutivo debe ajustarse a las leyes secundarias (ej. Ley de Contrato de Trabajo, Ley 20.744). Si el acuerdo transgrede dichas normas (ej.: reducción de salarios por debajo del mínimo), la norma sería nula por inconstitucionalidad indirecta.
7. Artículo 12 (Poder de emisión del Ejecutivo):
- El acto administrativo debe estar basado en leyes constitucionales. Si el acuerdo permite suspensiones sin causa justa, el Ejecutivo estaría ejerciendo poderes legislativos, violando el principio de separación de poderes.
8. Artículo 14 bis (Participación sindical):
- Aunque la homologación requiere acuerdo sindical, los sindicatos no pueden renunciar a derechos inalterables (ej. salario mínimo). La norma podría ser cuestionada si el sindicato no posee representatividad real (inciso "k" del art. 14 bis).
Conclusión:
La norma presenta irregularidades constitucionales si:
- La "prestación no remumerativa" es inferior al salario mínimo vital.
- Las suspensiones equivalen a despidos encubierto sin justificación objetiva.
- Menosca la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis).
Si cumple con garantizar:
- Salario mínimo durante la suspensión,
- Causos objetivos y temporales para las suspensiones, y
- Participación sindical efectiva,
podría ser constitucional.
Sin embargo, los riesgos de irregularidad son altos, especialmente en el tratamiento de la "prestación no remumerativa" y la falta de claridad en los criterios de suspensión.
Posibles nulidades:
- Si viola el art. 14 bis (derechos laborales).
- Si el Ejecutivo excede sus atribuciones (art. 99.20).
- Si transgrede el art. 14 (igualdad) o el art. 19 (acción de amparo).
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2024-130008314- -APN-DGDTEYSS#MCH, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2025-02071827-APN-DTD#JGM de los autos de referencia, obra el acuerdo celebrado entre la empresa LOGROS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por la parte sindical, ratificado por la parte empresaria en el documento N° RE-2025-20098741-APN-DGDTEYSS#MCH, por la FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS en el documento N° RE-2025-20968317-APN-DGDTEYSS#MCH y por el SINDICATO DEL PERSONAL DE FRIGORIFICOS DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE en el documento Nº IF-2025-24041420-APN-DGDTEYSS#MCH de autos.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el documento N° RE-2025-20098824-APN-DGDTEYSS#MCH de autos.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o.2004), el artículo 10º del Decreto N°200/88 y sus modificatorias, Decisión Administrativa Nº DECTO-2024-862-APN-PTE y el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa LOGROS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS por la parte sindical, obrante en el documento Nº RE-2025-02071827-APN-DTD#JGM de autos, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTICULO 2°. - Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado, obrantes en los documentos Nº RE-2025-02071827-APN-DTD#JGM y N° RE-2025-20098824-APN-DGDTEYSS#MCH de autos.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente.
ARTICULO 4°. - Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el artículo 1º de la presente Disposición, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.
ARTÍCULO 5°. - Hágase saber que en el supuesto que esta SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 23742/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-517-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324497/1
Se decreta la homologación de adhesiones al acuerdo marco 2789/23 entre UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (sindical) y las cámaras AAETA, CEAP, CATAP y CELADI (empleadores), para empresas afectadas por la emergencia sanitaria. Establece suspensiones con pago de prestación no remunerativa bajo el art. 223 bis de la Ley 20.744, priorizando condiciones más beneficiosas para trabajadores. Firmado por MENTORO como Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Incluye datos tabulados en documento IF-2025-14493157-APN-DNC#MCH.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La nueva norma es constitucional, pero presenta irregularidades en materias específas que podrían gener conflictos con la Constitución Nacional:
1. Posibles conflictos con el Artículo 14 (Derechos laborales):
- El Artículo 14 bis garantiza la "protección contra el despido arbitrario" y el "salario mínimo vital movil". La norma en cuestión permite suspenciones y el pago de una "prestación no remunerativa", lo que podría atentar contra estos derechos si no se cumple con:
- El pago de la remuneración mínima vital durante las suspenciones.
- La prohibición de despidos sin justificación válida vinculada a la emergencia (como lo establece el Artículo 223 bis de la Ley 20.744).
2. Emergencia sanitaria y limitación de derechos (Artículo 23):
- La norma se basa en la declaratoria de emergencia sanitaria (DECNU-2020-329-APN-PTE), pero el Artículo 23 limita las suspenciones de garantías constitucionales.
- El estado de sitio o emergencia no autoriza la suspensión de derechos fundamentales (como la estabilidad laboral), sino solo su restringión temporal y excepcional.
- Si las "suspenciones" equivalen a despidos disfrazado o afectan el salario mínimo, podría violar el Artículo 14 bis.
3. Participación sindical y libertad de opción:
- El Artículo 14 bis exige que los acuerdos colectivos se celebren con "libertad" y sin presiones. Si la homologación se basa en acuerdos celebrados bajo coacción o sin negociación equitativa, podría violar el Artículo 14 bis.
4. Jurisdicción de las Cámaras (Artículo 75 inciso 9º):
- El Congreso debe aprobar el presupuesto nacional. Si los fondos para las "prestaciones" no están garantizados en el presupuesto o violan principios de equidad (como la "coparticipación federal" del Artículo 75 inciso 2º), podría gener conflictos.
Conclusión:
La norma es constitucional en su esencia, ya que actúa en marco de emergencia sanitaria y con base en leyes como la 20.744. Sin embargo, presenta riesgos de inconstitucionalidad si:
- Las suspenciones equivalen a despidos sin justa causa,
- El pago de "prestaciones no remunerativas" disminuye el salario mínimo vital,
- No se respeta la libertad sindical o la negociación equitativa.
Para evitárselo, es necesario que el acuerdo marco y sus adhesiones cumplan con:
- Mantener el vínculo laboral,
- Garantizar el salario mínimo,
- Respetar las formalidades sindicales y el Artículo 14 bis.
En caso contrario, podrían gener demandas por violación a los derechos laborales constitucionales (Art. 14 bis) o a la libertad sindical (Art. 14).).
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 07/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-19082977- -APN-DNRYRT#MCH, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL-2023-2253-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el documento N° IF-2025-14493157-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-19082977- -APN-DNRYRT#MCH ha solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA), la CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP), la CÁMARA ARGENTINA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (CATAP) y la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado conforme el detalle del cuadro obrante en el documento N° IF-2025-14493157-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-19082977- -APN-DNRYRT#MCH.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2023-2253-APN-ST#MT y registrado bajo el N° 2789/23.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge del documento N° RE-2025-17257382-APN-DGDYD#JGM del Expediente N° EX-2025-17257439- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden 5 del Expediente N° EX-2025-19082977- -APN-DNRYRT#MCH.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que, respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y sanitaria, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ámbito de representación de la entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico correspondiente.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o.2004), el artículo 10º del Decreto N°200/88 y sus modificatorias, el DECTO-2024-862-APN-PTE y el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 2789/23, celebrado entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA), la CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP), la CÁMARA ARGENTINA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (CATAP) y la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el documento N° IF-2025-14493157-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-19082977- -APN-DNRYRT#MCH, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, documento N° IF-2025-14493157-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-19082977- -APN-DNRYRT#MCH.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el documento N° IF-2025-14493157-APN-DNC#MCH del Expediente N° EX-2025-19082977- -APN-DNRYRT#MCH. Posteriormente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 2789/23.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Disposición serán consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°. - Hágase saber que en el supuesto que esta SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 24133/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-522-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324498/1
Se homologa acuerdo entre Sindicato de Empleados Textiles y FAIIA para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo 501/07. Establece cláusulas sobre remuneraciones no remunerativas y administración de contribuciones, conforme Leyes 14.250, 20.744/23.546 y Decreto 467/88. Se dispone registro, notificación y evaluación de topes indemnizatorios. Firmado por Mentoro. Incluye anexos.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión, que homologa un acuerdo colectivo de trabajo entre el sindicato de Empleados Textiles y la Federación de Indústria de Indumentaría (FAIIA), es constitucional, ya que no presenta irregularidades sustantivas que contravengan la Constitución Nacional. Sin embargo, se dectan algunos puntos a considerar:
Fundamentos de constitucionalidad:
-
Convenios colectivos y negociación sindical (Artículo 14 bis):
El acuerdo celebrado entre sindicato y empleadores es coherente con el derecho a la negociación colectiva y la autonomía sindical establecidos en el Artículo 14 bis de la Constitución. El Estado, a través de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, cumple con su rol de homologar convenios que respeten los derechos laborales establecidos. -
Legislación laboral vigente:
La homologación se basa en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250, la cual no presenta inconstitucionalidad. El procedimiento sigue lo previsto en esta ley, incluyendo la participación de las partes sindicales y empleadoras, cumpliendo con los requistos formales y sustantivos (ver Artículo 7° de la Ley 14.250). -
Respeto de derechos fundamentales:
Las cláusulas del acuerdo no disminuyen derechos establecidos por la Constitución, como el salrio mínimo vital móvil (Artículo 14 bis), ni afectan la libertad sindical o de negociación. Al contrario, se enmarca en el marco de los convenios colectivos regulados por el sistema legal. -
Competencia del Poder Ejectutivo:
La homologación de convenios colectivos es una atribución del Poder Ejectutivo, conforme a la ley 14.250 (ver Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y el Artículo 99 inc. 3 de la Constitución, que atribuye al Poder Ejectuvo la ejecución de las leyes).
Posibles matizes a observar:
-
Claridad en cláusulas salariales:
Debesever que las modificaciones salariales pactadas no infrancen con el salrio mínimo vital móvil (Art. 14 bis) o con normas de equidad salarial (Art. 16 de la Constitución). El decreto no especifica el monto, pero asume que el acuerdo cumple con estos principios (ver considerandes 6 y 7 del acto). -
Tramito de los fondos sindicales:
El Artículo 2 del decreto estable que las contribuciones empresarias a fondos sindicales deben ser administradas en cuentas separadas (como exige el Artículo 14 bis, párrafo sobre fondos sindicales). Esto está cumplido según el acto, pero deberá verificarse en la práctica. -
Homplimiento del Artículo 14 bis inc. 2:
El convenio debe garantizar la "participación en las ganancias de las empresas" y "control de la producción", cláusulas no mencionadas explícitamente en el acto, pero presumiblemente incluidas en el "Acuerdo y Anexo" adjuntos.
Conclusión:
La norma es constitucional en su esencia, ya que cumple con los principios de negociación colectiva, respetá la autonomía sindical y se enmarca en leyes con fundamento constitucional (Ley 14.250). Sin embargo, su aplicación práctica deberá asegurar que: - Las cláusulas salariales no disminuyan el salrio mínimo vital móvil. - La "participación en ganancias" y otros derechos del Artículo 14 bis se efectivizen. - El control por parde de la autoridad competente (Consejo de la Magistratura o inspeción de Trabajo) garantice el cumplimiento de las normas constitucionales.
No existen conflictos frontal con la Constitución, pero su vigencia depende de que el contenido del convenio homologado (no incluido en el texto) cumpla con los principios del Artículo 14 bis y otras normas laborales.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2025
VISTO el Expediente N° EX-2024-94569914- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en los documentos Nros. RE-2024-94568564-APN-DGD#MT y RE-2024-94568703-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94569914- -APN-DGD#MT, obran el Acuerdo y Anexo, celebrados entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 501/07, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que en relación a las sumas pactadas con carácter no remunerativo, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que con respecto a las contribuciones empresarias pactadas con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que en relación a lo pactado en la Cláusula Sexta del presente, corresponde dejar indicado que el texto de marras será homologado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales que les pudieren corresponder a los trabajadores involucrados.
Que mediante acta aclaratoria obrante en el RE-2024-107155124-APN-DTD#JGM de autos, la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA) efectúa las aclaraciones solicitadas en relación a las sumas pactadas con carácter de no remunerativas, la que fuera ratificada por el Sindicato en el documento N° IF-2024-115088990-APN-DGD#MT.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la entidad empleadora firmante y la asociación sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por el sector empleador, obrantes en los documentos Nros. RE-2024-94568564-APN-DGD#MT y RE-2024-94568703-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94569914- -APN-DGD#MT, conjuntamente con el acta aclaratoria efectuada por la parte empleadora obrante en el documento N° RE-2024-107155124-APN-DTD#JGM, ratificada por la parte sindical en el documento N° IF-2024-115088990-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2024-94569914- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 501/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 24428/25 v. 25/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-398-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324499/1
Se decreta la homologación de acuerdos salariales entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES y TELEFÓNICA DE ARGENTINA. Se evaluará el promedio de remuneraciones conforme Ley 20.744. Firmantes: MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo). Publicación en el Boletín Oficial según Ley 14.250.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión, correspondida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo bajo el marco de la Ley de Negociación Colectiva N°14.250 y otras normas, es constitucional.
Fundamento:
-
Competencia federal en materia laboral:
El Poder Legislativo Nacional puede legislar en materia laboral de acuerdo al Artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que atribuye al Congreso la facultad de dictar leyes sobre "trabajo y seguridad social". La homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo celebrados entre las partes sindical y empresarial se enmarca en el espcio de regulación laboral federal, lo cual es compatible con la Constitución. -
Procedimiento ajustado a la ley
La norma se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (Ley de Negociación Colectiva), cuya validez constitucional no ha sido cuestionada. El acto administrativo cumple con los requeitos de forma y contenido establecidos en dicha ley, como la verificación de la personería de las partes y la no violación del ordenamiento legal (art. 103 de la Ley N°20.744). -
Garantías laborales garantidas en la Constitución
Los acuerdos homologados no contravienen los derechos laborales mencionados en el Artículo 14 bis de la Constitución, ya que establecen condiciones salariales y laborales que, de acuerdo al acto, no afectan el "salario mínimo vital y móvil" (inciso del Artículo 14 bis) ni otras garantías como la "igual remuneración por igal tarea". -
Sin intervención en competencias provinciales
El acto no incurre en competencia con las provincias, ya que la homologación de conveños colectivos en el ámbito federal se ajusta a la división de potestades establecida en el Artículo 122 y el régimen federal de la Constitución.
Posibles cuestiones técnicas:
- Errores en la redacción:
Hay inconsistencias en la numeración de artículos (ej.: "artículo 103" en lugar de 245 de la Ley N°20.744), lo que podría derivar en un vicio formale, pero no constitucional. - Interpretación de la "seguridad social":
La mención a la "evaluación del promedio de remuneraciones" para fijar topes indemnizatorios (Art. 4) debe alinarse con el régimen de seguridad social establecido en el Artículo 14 bis, inciso tercero, que requiere un sistema "integral e irrenunciable". Si los parámetros usados no consideran criterios de equidad social, podría generarse un conflicto de interpretación.
Conclusión:**
La norma no presenta vicios constitucionales estructurales. La acción administrativa es una aplicación legítima de las leyes federales laborales, sin violar principios como la "igualdad de oportunidades" (Art. 16) o la "libertad sindical" (Art. 14 bis).).
Sin embargo, se recomienda revisar la numeración técnica para evitar ambigüedades, pero su validez constitucional resulta firme.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 20/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2024-59772342- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 y en las páginas 7/9 del documento N° RE-2024-59772059-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-59772342- -APN-DGD#MT, obran los Acuerdos celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES, por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante los mentados acuerdos las partes pactan condiciones salariales, conforme surge de los términos y contenido de los textos en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 547/03 “E”, 819/06 “E”, 906/07 “E”, 878/07 “E”, 828/06 “E” y 829/06 “E”, 713/15 y 673/13, conforme a las condiciones y términos pactados.
Que con respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas e independientemente del marco en el que han sido acordadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la entidad empresaria firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES, por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, obrante en las páginas 1/6 del documento N° RE-2024-59772059-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-59772342- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES, por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, obrante en las páginas 7/9 del documento N° RE-2024-59772059-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-59772342- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en los Artículos 1° y 2° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de, a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo 547/03 “E”, 819/06 “E”, 906/07 “E”, 878/07 “E”, 828/06 “E”, 829/06 “E”, 713/15 y 673/13.
ARTÍCULO 5°. - Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 25/04/2025 N° 24429/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA RÍO GALLEGOS -
#edicto #multa
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324500/1
Se notifica a CARRASCO SILVA ALEXIS ISAAC por Resolución de Condena bajo arts. 1112 inc. a, 1026 inc. B y 876 inc. C del C.A., con multa de $230.960.277,84. Se decreta condena sin tributos. Incluye tabla con datos. Apelación posible al Tribunal Fiscal por monto superior a $25.000. Firmante: BERAZAY.
Ver texto original
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podra interponer demanda contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio, según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) : Fdo. Berazay Francisco Javier – A/C Administración Aduana Río Gallegos.
| ACT SIGEA | RESOLUCION | CAUSANTE | DOCUMENTO | MULTA | TRIBUTOS | ART C.A. | PENA ACC. |
| 14997-20-2018 | RESOL-2025-115-E-AFIP-ADRIGA#SDGOAI | CARRASCO SILVA ALEXIS ISAAC | RUN 12389083-9 | $230.960.277,84 | NO | ART.1026 inc B ART. 876 inc C. | CONDENA |
Francisco Javier Berazay, Jefe de Sección.
e. 23/04/2025 N° 25099/25 v. 25/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324501/1
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero cita a parientes de VEGA, HORACIO GASTÓN (D.N.I. 23.947.665) por 10 días hábiles para solicitar derechos vía fallecimiento@arca.gob.ar. Quienes reclamen haberes pendientes deben comunicarse a correos de la División Gestión Financiera con documentación que acredite vínculo familiar. Se establece publicación por 3 días hábiles. Firmante: Capelo (Jefa de Sección Trámites).
Ver texto original
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido VEGA, HORACIO GASTON, D.N.I. N° 23947665, alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@arca.gob.ar.
Asimismo, quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: fmazzonelli@arca.gob.ar - rarolfo@arca.gob.ar - hpiparo@arca.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y, en caso de corresponder, la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
E/E Tatiana Yael Capelo, Jefa de Sección, Sección Trámites.
e. 23/04/2025 N° 25242/25 v. 25/04/2025
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324502/1
El BCRA cita al representante legal de FLOW BN S.R.L. y a Nicolás MAIDANA a declarar el 5/5 y 10 días hábiles, bajo apercibimiento de rebeldía. Se mencionan servicios jurídicos gratuitos del Ministerio Público de la Defensa. Firmantes: Cia y Castro.
Ver texto original
EDICTO
En el marco del EX-2023-00150174- -GDEBCRA-GFC#BCRA, caratulado “FLOW BN S.R.L. Y OTRO” (Sumario N° 8332), el Banco Central de la República Argentina, notifica que por auto de fecha 14/04/25 se resolvió citar a prestar declaración, como presunto infractor, al representante legal de la firma FLOW BN S.R.L. (CUIT 30- 71640557-1) conforme a los términos del art. 5°, inciso c) de la Ley N° 19.359, ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario de este BCRA, sito en la calle Reconquista N° 250, 6° piso, Oficina 8601, de la Ciudad de Buenos Aires, para el día 05 de mayo de 2025, a las 11:30 hs., bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Asimismo, este BCRA cita y emplaza al señor Nicolás Alejandro MAIDANA (DNI N° 34.937.642) para que en el plazo de 10 días hábiles bancarios comparezca, ante esta gerencia de este Banco Central, a estar a derecho en las presentes actuaciones, conf. al art.8 del mismo cuerpo legal, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Se hace saber a los nombrados sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Daniela Cia, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Lorena Castro, Analista Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/04/2025 N° 25066/25 v. 29/04/2025
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324503/1
BANCO CENTRAL comunica que MEAT PREMIUM COMPANY S.A. y AGUSTIN MIGUEL ANTONIO MATERAZZI deben comparecer en 10 días hábiles al BCRA para acreditar defensa en el Expediente 383/941/18 (Ley 19.359), advirtiéndose rebeldía en caso de incumplimiento. Se ofrecen servicios legales gratuitos. Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Firmantes: Cia y Castro.
Ver texto original
El Banco Central de la República Argentina, comunica a la firma MEAT PREMIUM COMPANY S.A. (30-71707933-3) y al señor AGUSTIN MIGUEL ANTONIO MATERAZZI (D.N.I. N° 4.704.543) que en el plazo de 10 días hábiles bancarios deberán comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal (previa solicitud de turno a gerencia.cambiaria@bcra.gob.ar), a estar a derecho en el Expediente N° 383/941/18, Sumario N° 8198, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), haciéndoles saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo apercibimiento, de declarar sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Daniela Cia, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Lorena Castro, Analista Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 23/04/2025 N° 25085/25 v. 29/04/2025
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324504/1
Se decreta la citación a AGROPECUARIA ENRA S.R.L. y Enrique Cutrona para comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos del BCRA en 10 días hábiles, bajo apercibimiento de rebeldía. Se publica en Boletín Oficial por 5 días. Firmantes: Vidal y Feijoo.
Ver texto original
EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a la firma AGROPECUARIA ENRA S.R.L. (CUIT 30-71630269-1) y al señor Enrique Aníbal Cutrona (DNI 16.137.145), para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Ciudad de Buenos Aires, a estar a derecho en el Expediente EX-2023-00180640-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario 8288, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, en caso de incomparecencia. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 24/04/2025 N° 25718/25 v. 30/04/2025
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324505/1
Se decreta la extinción de la licencia de la frecuencia 95.3 MHz asignada a "DYNAMIS SOCIEDAD ANONIMA", integrada por QUINTERO ROJAS y MONDACA. La frecuencia pasa a la Dirección Nacional de Autorizaciones y Registros TIC. Figuran datos tabulados referidos al expediente. Firmantes: OZORES (Interventor de ENACOM) y MACIA (Analista).
Ver texto original
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art.42 del DEC.1759/72)
Notifíquese a “DYNAMIS SOCIEDAD ANONIMA”, que opera en la frecuencia 95.3 MHz, que en el expediente EX-2022-38345386-APN-AP#ENACOM se ha dictado la resolución RESOL-2025-533-APN-ENACOM#JGM, de fecha 08/04/2025, y que en su parte resolutiva dice:
“ARTÍCULO 1º.- Declárase extinguida la licencia adjudicada por Resolución Nº 1.542-COMFER/04 a la firma DYNAMIS SOCIEDAD ANONIMA (C.U.I.T. Nº 30-67324433-1),integrada por los señores Federico QUINTERO ROJAS (D.N.I. Nº 11.927.847) y Aldo Rubén MONDACA (D.N.I. Nº 12.697.198), de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRJ790, con categoría F, en el canal 237, frecuencia 95.3 MHz., en la localidad de RODEO, provincia de SAN JUAN, cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los considerandos de la presente. ARTÍCULO 2º.- Dese intervención a la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS TIC respecto de la frecuencia asignada a la licencia extinguida. ARTÍCULO 3º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, y cumplido, archívese.” Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.
Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.
e. 24/04/2025 N° 25905/25 v. 28/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL -
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324506/1
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social canceló matrículas a entidades en Chubut, Tucumán y Chaco según tabla incluida. Se decreta posibilidad de recursos: revisión (30 días hábiles), reconsideración (20), aclaratoria (5) o alzada (30). Firmó Caris.
Ver texto original
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con domicilio en Avenida Belgrano 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a las siguientes entidades, de acuerdo a las Resoluciones que a continuación se detallan:
| RES Nº | MAT | ENTIDAD | LOCALIDAD |
| 691/25 | TUC 425 | ASOCIACIÓN MUTUAL BICENTENARIO 17 DE OCTUBRE | TUCUMAN |
| 689/25 | CHA 93 | MUTUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL CHACO (MU.P.A.S.E.CH.) | CHACO |
| 690/25 | TUC 408 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE AMIGOS Y SOCIOS DEL CLUB ESTUDIANTES “A.S.C.E.” | CHACO |
| 693/25 | 13814 | COOP DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO 27 JUNIO LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 14713 | COOP DE TRABAJOM DE ESTIBAJES PORTUARIOS LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 15033 | COOP DE TRABAJO DE EMPRENDIMIENTOS PORTUARIOS LTDA (C.T.E.P.L.) | CHUBUT |
| 693/25 | 15326 | COOP DE TRABAJO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y DERIVADOS LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 15798 | COOP DE TRABAJO PATAGONIA (CO.TRA.PA) LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 16410 | COOP TAMBERA COLEGA LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 17367 | COOP FORESTAL ANDINA PATAGÓNICA LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 20924 | COOP DE TRABAJO CONFECCIONES TRELEW LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 21708 | COOP DE TRABAJO Y DE VIVIENDAS “VIAL TRECE” LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 21835 | JARDIN MATERNAL “PRIMEROS PASOS” COOP DE PROVISION LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 24109 | COOP DE TRABAJO DE TRANSPORTISTAS, REMISEROS, VIVIENDA Y CONSTRUCCION CIVIL LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 25425 | COOP DE TRABAJO “CONFECCIONES GAIMÁN” LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 25955 | COOP DE TRABAJO TEXTIL “CHARRU-CLEN” LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 27066 | COOP DE PRODUCTORES DE GRANJA Y CONEJOS PATAGONICA LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 27890 | COOP DE TRABAJO MILAGRO PARA LOS NIÑOS LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 28226 | COOP DE TRABAJO Y CONSUMO “LA NUEVA” LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 29151 | COOP DE TRABAJO DE SERVICIOS, CONSUMO Y VIVIENDA “EL AMANECER” LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 29999 | COOP PESQUERA “ESTRELLA DEL SUR” LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 31061 | COOP DE TRABAJO PESCADORES DEL MAR LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 31998 | COOP DE TRABAJO “KUME-WILAN” LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 33808 | COOP AGROPECUARIA DEL VIRCH LTDA | CHUBUT |
| 693/25 | 37295 | COOP DE TRABAJO Y DISCAPACIDAD KAWEN KIÑERUN LTDA | CHUBUT |
Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes recursos: REVISIÓN (art. 100 incisos a, b y c, Dto. 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): TREINTA (30) días hábiles administrativos; RECONSIDERACIÓN (art. 84 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): VEINTE (20) días hábiles administrativos); ACLARATORIA (art. 102 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): CINCO (5) días hábiles administrativos. Además a opción del interesado podrá articularse el RECURSO DE ALZADA (art. 94 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): TREINTA (30) días hábiles administrativos, o la acción judicial pertinente. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1759/72 t.o. Dto. Nº 2017 modificado por Dto. 695/24).
Patricia Beatriz Caris, Responsable Despacho.
e. 24/04/2025 N° 25902/25 v. 28/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL -
#edicto #designacion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324507/1
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL notificó la instrucción de actuaciones sumariales contra COOPERATIVA MAYA LIMITADA por incumplimientos imputados en la Res. 2090/18, suspendiendo operaciones de crédito. Se designó a Viviana MARTÍNEZ como instructora sumariante, otorgando 10 días para descargo con prueba documental y notificación de domicilio real. La entidad debe acreditar domicilio en CABA conforme Ley 19.549 y Decreto 1759/72.
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EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656 (CABA), NOTIFICA que el Directorio de este Organismo dispuso la instrucción de actuaciones sumariales en los términos de la Resolución 1659/16 por las causales que se imputan en el Ex-2018-28609144-APN-SC#INAES, por Resolución N° 2090/18 en la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO MAYA LIMITADA, matrícula 14.110, ordenándose además la suspensión de toda operatoria de crédito. Dicho sumario tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Anexo I y de la Resolución 1659/16. Se notifica, además, que ha sido designada como instructora sumariante al Dra. Viviana A. MARTINEZ (DNI Nº 22.873.002) y en tal carácter se le acuerda a las citada entidad el plazo de diez (10) días, más los que le correspondan por derecho en razón de la distancia para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse (Art. 1° inc. F ap. 1 y 2 de la Ley 19.549); admitiendo solo la presentación de prueba documental. Intímasela, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo estatuido por los Arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley 19549 (T.O. 1991). Vencido el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconsejando Ia medida a adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).
Viviana Andrea Martinez, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 24/04/2025 N° 25614/25 v. 28/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL -
#cierre #edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324508/1
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social notifica resolución de liquidación judicial concluida y cancelación de registro de mutualidades para entidades detalladas en tabla. Están disponibles los recursos de reconsideración (20 días), revisión (30 días), aclaratoria (5 días) y alzada (30 días), o acción judicial. Firmó Caris.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con domicilio en Avenida Belgrano 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que ha resuelto DAR POR CONCLUIDA LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL por las Resoluciones que a continuación se detallan y la CANCELACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MUTUALIDADES a las siguientes entidades:
| RES Nº | MAT | ENTIDAD | LOCALIDAD |
| 683/25 | BA 834 | MUTUAL CIUDAD FLORAL ENTRE FLORICULTORES Y ASOCIADOS | PCIA BS. AS. |
| 694/25 | CAT 53 | ASOCIACIÓN MUTUAL PASO SAN FRANCISCO | CATAMARCA |
| 688/25 | MZA 504 | ASOC MUTUAL TRABAJADORES DEL TURISMO NACIONAL (AMUTRAN) | MENDOZA |
| 692/25 | CBA 441 | ASOC MUTUAL PERSONAL DE ZONA SANITARIA Nº7 | CORDOBA |
Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes recursos: REVISIÓN (art. 100 incisos a, b y c, Dto. 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): TREINTA (30) días hábiles administrativos; RECONSIDERACIÓN (art. 84 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): VEINTE (20) días hábiles administrativos); ACLARATORIA (art. 102 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): CINCO (5) días hábiles administrativos. Además a opción del interesado podrá articularse el RECURSO DE ALZADA (art. 94 Dto. Nº 1759/72 t.o. 2017 modificado por Dto. 695/24): TREINTA (30) días hábiles administrativos, o la acción judicial pertinente. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1759/72 t.o. Dto. Nº 2017 modificado por Dto. 695/24).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 24/04/2025 N° 25617/25 v. 28/04/2025