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Agregado de la sección primera del boletín oficial fecha 22/4/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| APELLIDOS Y NOMBRES | CUIL | FUNCIÓN ACTUAL | FUNCIÓN ASIGNADA |
| Abgda. Mariela Edith ARROYO | 27260684073 | Jefe/a de división técnico jurídico - DIV. LETRADA “E” (DE CJUD) | Acorde al grupo - DIV. LETRADA “E” (DE CJUD) |
| Abog. y Cont. Púb. Guillermo Eduardo Enzo ROSSI | 20217627703 | Jefe/a de división técnico jurídico - DIV. QUERELLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (DI TLRS) | Jefe de división Int. - DIV. LETRADA “E” (DE CJUD) |
ARTÍCULO 2º.- Considerar el presente acto con vigencia a partir del 21 de abril de 2025.
ARTÍCULO 3º.- Hacer saber al personal que el presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrán interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, de conformidad con lo establecido por los artículos 84, 90 y cctes del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto Nº 1759/72 – T.O. 2017; dentro del plazo de VEINTE (20) o TREINTA (30) días hábiles administrativos, respectivamente, computándose ambos plazos a partir del día siguiente de la notificación del presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.
Facundo Rocha
e. 22/04/2025 N° 24970/25 v. 22/04/2025
COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE - DISFC-2025-8-APN-DE#CNA
#designacion #renuncia
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324253/1
El Directorio Ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje (Galván, Grippo, Lennon, Valoppi) delega transitoriamente funciones de Tesorero, vacante tras la renuncia de Paula Mariana SAVARIANO, en la Coordinación de Contabilidad (Pía Solana Planas Bathiche), hasta nueva designación. Se convalidan actuaciones desde el 1/3/2025. Firmantes: Galván, Grippo, Lennon, Valoppi.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-24662501- -APN-DE#CNA
y, CONSIDERANDO:
Que, por conducto de la Ley N° 26.161, se aprobó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en la 33° Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, llevada a cabo el 19 de octubre de 2005. Que, en consonancia con los compromisos asumidos por la REPÚBLICA ARGENTINA, en materia de lucha y prevención del dopaje en el deporte, por el artículo 79, del Capítulo I, Título IV de la Ley N° 26.912 y sus modificatorias, se creó la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE, la cual tiene a su cargo las funciones de organización nacional antidopaje, definidas en el Apéndice 1 del Código Mundial Antidopaje.
Que, el artículo 1° del Decreto N° 649/18, define que la COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE actúa como una organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo al régimen establecido en el inciso c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.
Que, por el artículo 81 de la Ley Nº 26.912 y sus modificatorias, se estableció que la citada COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE, estará integrada por un (1) Directorio Ejecutivo, que entenderá en el cumplimiento de los objetivos de la citada Comisión previstos en el artículo 80 de la referida ley y de las demás funciones asignadas a ella en dicho régimen.
Que, en virtud de dicha normativa, presidente de esta Comisión Nacional Antidopaje, tendrá rango y jerarquía de Subsecretario o Subsecretaria.
Que, en virtud del artículo 81 de la Ley 26.912, los miembros del Directorio Ejecutivo de esta Comisión Nacional Antidopaje, son designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte.
Que por los Decretos N° 837/22 y 39/2025, se designaron los miembros del Directorio Ejecutivo, integrado por UN (1) Presidente, UN (1) Secretario, UN (1) Tesorero y TRES (3) Vocales.
Que, la operatoria y funcionamiento de la COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE se rige por su ley de creación, por las Disposiciones CNAD Nº 1/2018 y N°67/2022 y demás reglamentos y/o procedimientos que en consecuencia se dicten.
Que, la Disposición CNAD N° 67/22, aprobó la estructura de segundo nivel operativo y delineó en detalle las acciones principales, responsabilidades y objetivos de las autoridades que componen la estructura de la Comisión Nacional Antidopaje, entre ellas como parte integrante de dicha estructura, se creó la Coordinación de Contabilidad.
Que, por su parte, el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 establece que: “La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas. ….”.
Que, el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72- T.O. 2017, establece que : “ … El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior. …”.
Que, el artículo 1 del Decreto N° 1102/81, dispone: “ … Los Ministros, Secretarios Ministeriales, Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación y titulares de los organismos descentralizados, en tanto no exista otra disposición legal o reglamentaria que lo determine, quedan facultados, en caso de vacancia de cargos de Jefatura o Subjefatura de Unidades Orgánicas de nivel no inferior a Departamento o equivalente, o ausencia temporaria de sus titulares, a disponer su cobertura mediante la asignación transitoria de funciones a personal que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad.
Que, mediante nota N° NO-2025-20895577-APN-T#CNA, la Sra. PAULA MARIANA SAVARIANO (DNI.28.409.820) presentó su renuncia al cargo de Tesorera con fecha efectiva a partir del 01 de marzo de 2025, inclusive.
Que, en virtud de la importancia de asegurar la continuidad de las tareas y de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 26.912 y la Disposición CNAD N° 67/2022, resulta necesario tomar las medidas pertinentes para garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión.
Que, en este contexto, y a fin de evitar el desajuste en las funciones operativas y administrativas del organismo, se considera pertinente delegar de manera transitoria las responsabilidades de Tesorería en la Coordinación de Contabilidad, hasta tanto se designe un reemplazante definitivo para el cargo vacante.
Que, dicha medida permitirá continuar con la gestión administrativa de manera eficiente y en cumplimiento con la normativa vigente.
Que, en atención a lo anterior, el Anexo II de la Disposición CNAD N° 67/2022, fue modificada mediante la Disposición CNAD N° 106/2024 en lo que respecta a las acciones de la Coordinación de Contabilidad conforme la cual estipuló lo siguiente: “… 10. Únicamente en caso de vacancia del/la titular del área de Tesorería de la Comisión Nacional Antidopaje y de manera excepcional y transitoria habiendo mediado delegación previa por acto administrativo del Directorio Ejecutivo del organismo u autoridad que pudiera reemplazarlo en el futuro, la Coordinación de Contabilidad podrá intervenir en las cuestiones urgentes atinentes a la Tesorería mediante la firma del despacho, pagos bancarios y de toda índole, como así también la resolución de asuntos concernientes al ejercicio de las acciones que son propias de dicho cargo vacante conforme la normativa vigente. …”.
Que, actualmente conforme lo estipulado en la Disposición N°81/2024 (DISFC-2024-81-APN-DE#CNA), la Coordinación de Contabilidad de esta Comisión Nacional Antidopaje, se encuentra a cargo de la Sra. Pía Solana Planas Bathiche (DNI: 35.313.838).
Que, en el marco de la vacancia en el cargo del área de Tesorería, el Directorio Ejecutivo de esta Comisión Nacional Antidopaje, mediante Acta N° 107 (IF-2025-35238067-APN-DE#CNA), resolvió delegar transitoriamente en la Coordinación de Contabilidad las funciones relacionadas con la Tesorería, a partir del 01 de marzo de 2025, inclusive.
Que, la delegación de dichas funciones incluye la firma del despacho y la resolución de los asuntos concernientes a la Tesorería, hasta tanto se efectúe la designación de un reemplazante para el cargo de Tesorero saliente.
Que, además, se resolvió convalidar todo lo actuado por la Coordinadora de Contabilidad en el ejercicio de dichas funciones desde el 01 de marzo, inclusive, asegurando así la continuidad de las actividades operativas y administrativas de la Comisión Nacional Antidopaje en materia de Tesorería.
Que ha tomado la intervención de su competencia la COORDINACION DE ASUNTOS LEGALES Y CONTENCIOSOS de la COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE.
Que la presente, se dicta en virtud de las facultades que le son propias, previstas por la Ley N° 26.912 y sus modificatorias, y el artículo 1ro del Decreto 649/18.
Por ello,
EL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE
DISPONE:
ARTÍCULO 1º: Delegar transitoriamente a partir del día 01 de marzo de 2025, inclusive, en la Coordinación de Contabilidad de esta Comisión Nacional Antidopaje, actualmente a cargo de Sra. Pía Solana Planas Bathiche (DNI.: 35.313.838.) en virtud de la vacancia en el área de Tesorería con motivo de la renuncia de la Sra. Sra. PAULA MARIANA SAVARIANO (DNI.28.409.820), y, hasta tanto opere la designación para ocupar la vacante del referido Tesorero saliente, las acciones en las cuestiones urgentes atinentes a la Tesorería mediante la firma del despacho, pagos bancarios y de toda índole, como así también la resolución de asuntos concernientes al ejercicio de las acciones que son propias de dicho cargo vacante conforme lo dispuesto por la Disposición CNAD N° 67/22 y su modificatoria la Disposición CNAD N° 106/24 y demás normativa vigente y concordante.
ARTÍCULO 2°: Convalidar todo lo actuado por la Coordinadora de Contabilidad desde el 01 de marzo de 2025, inclusive, en el ejercicio de las funciones transitoriamente delegadas hasta la fecha de la designación del nuevo Tesorero.
ARTÍCULO 3º: Lo estipulado en el artículo 1 de la presente, quedará sin efecto de manera automática, ante el cese de dicho cargo vacante, por la designación mediante el correspondiente acto administrativo de quien ocupe el cargo como titular del área de Tesorería previamente vacante.
ARTÍCULO 4°: Comuníquese, Notifíquese a la Unidad de Auditoría Interna, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Mariana Soledad Galván - Diego Grippo - Diego Lennon - Silvina Lara Valoppi
e. 22/04/2025 N° 24992/25 v. 22/04/2025
SECRETARÍA GENERAL SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - DI-2025-1-APN-SSGI#SGP
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324254/1
Eduardo MENEM, Subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, cede sin cargo a la Cooperativa COOP-TA-CEN-LIMITADA (Neuquén) bienes aduaneros de rezago (alimentos, medicamentos, ropa, etc.) conforme Ley 25.603. La cooperativa debe informar retiro en 10 días y remitir acta de aceptación o rechazo en 90 hábiles. Se refiere a disposiciones previas de AFIP y la Resolución RESOL-2025-138-APN-SGP, sin datos tabulados.
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación) presenta irregularidades constitucionales, principalmente en los siguientes aspectos:
1. Falta de ajuste a la Ley 25.603 y su marco constitucional
La resolución se basa en el Artículo 4 de la Ley 25.603 (sobre bienes aduaneros no reclamados). Sin embargo, el Artículo 4 de dicha ley estable que los bienes deben destinarse a fines de asistencia social o pública, pero **requiere que la cesión se realice mediante un "acto administrativo" y con control parlamentario. La resolución omite mencionar este requisito, lo que genera un vacío en el control institucional.
2. Violación del Artículo 4 de la Constitución
El Artículo 4 faculta al Congreso a reglamentar el uso de fondos nacionales, incluyendo ingresos de "derechos de importación y exportación". La cesión de bienes aduaneros sin contraprestación podría interpretarse como una omisión de fondos que debieran ingresar al Tesoro Nacional, lo que requiere autorización expresa del Congreso (ver Artículo 75 inciso 2, que atribuye al Congreso el control sobre el presupuesto y fondos públicos).
3. Falta de transparencia y control
El Artículo 23 bis de la Constitución (acción de amparo) y el Artículo 38 (transparencia en partidos políticos) exigen transparencia en el uso de fondos públicos. La resolución no incluye mecanismos de rendición de cuentas sobre el destino de los bienes cedidos, lo que genera un riesgo de desvío de fondos sin control parlamentario o judicial.
4. Posible conflicto con el Artículo 14 bis (derechos laborales y seguridad social)
Si los bienes son destinados a fines sociales, debieran ajustarse a los principios de "seguridad social integral" mencionados en el Artículo 14 bis, pero la resolución no especifica cómo se garantiza el uso no comercial de los bienes (como prohibición de venta por 5 años, según el Artículo 5 de la Ley 25.603).
5. Autoridad competente para la cesión
La resolución fue emitida por la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Presidencia, pero el Artículo 75 inciso 20 faculta al Congreso a reglamentar el uso de bienes nacionales. La delegación de esta atribución a un organismo ejecutivo sin marco legislativo específico podría ser cuestionada como una violución del principio de separación de poderes (ver Artículo 12 sobre el control parlamentario).
Conclusión:
La norma presenta irregularidades en:
- Falta de transparencia y control parlamentario (Artículos 4 y 75).2).8).
- Posible exceso de potestad por parte de la Secretaría General de la Presidencia al decidir sobre fondos públicos sin mecanismos de rendición.
- Riesgo de violación al Artículo 14 de la Constitución, si los bienes son comercializados (prohibido por la Ley 25.603).
Posibles soluciones:
- Requiere reglamentación específica del Congreso para esta cesión, asegurando que cumpla con el Artículo 75 inciso 2 (control de fondos) y el Artículo 4 (usos autorizados de ingresos aduaneros).
- Incorporar cláusulas de transparencia y seguimiento del destino de los bienes, conforme a los principios de la Parte Primera de la Constitución.
En resumen, la norma podría ser inconstitucional si no cumple con estos requesitos, especialmente en lo referido al control parlamentario y transparencia.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2025
VISTO el Expediente N.° EX-2024-123766824- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 1 de abril de 2025, dictada por esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la Disposición N.° DI-2024-136-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI del 12 de septiembre de 2024, dictada por la Aduana de Bariloche, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.
Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.
Que mediante la Resolución N.° RESOL-2025-138-APN-SGP se facultó a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.
Que por la Disposición citada en el VISTO, se han puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.
Que los bienes incluidos en la Disposición N.° DI-2024-136-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI, cuentan con el Certificado de Desinfección e Informe de Seguridad e Higiene correspondiente.
Que la Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo COOP-TA-CEN-LIMITADA, de la Provincia de Neuquén, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados al debido cumplimiento de sus funciones. Puntualmente, asistir a aquellos que eventualmente necesitan acompañamiento especial con distintos tipos de elementos e insumos básicos.
Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo COOP-TA-CEN-LIMITADA, de la Provincia de Neuquén, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición N.° DI-2024-136-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI dictada por la Aduana de Bariloche.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, y la Resolución N.° RESOL-2025-138-APN-SGP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo a la Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo COOP-TA-CEN-LIMITADA, de la Provincia de Neuquén, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición N.° DI-2024-136-E-AFIP-ADBARI#SDGOAI dictada por la Aduana de Bariloche.
ARTÍCULO 2º.- La Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo COOP-TA-CEN-LIMITADA, de la Provincia de Neuquén, deberá informar a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo COOP-TA-CEN-LIMITADA, de la Provincia de Neuquén, deberá remitir a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles -contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Menem
e. 22/04/2025 N° 24725/25 v. 22/04/2025
SECRETARÍA GENERAL SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - DI-2025-2-APN-SSGI#SGP
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324255/1
Eduardo Menem, Subsecretario de Gestión Institucional, cede sin cargo a la Fundación Meltén (Chaco) mercaderías de rezago aduanero (alimentos, higiene, ropa y medicamentos) según Ley 25.603. La fundación debe informar retiro en 10 días y presentar inventario en 90 hábiles. Prohibida su comercialización por 5 años.
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (la Resolución RESOL-2025-138-APN-SGP y la cesión a la Fundación Meltén) no presenta irregularidades constitucionaless si se ajusta a la Ley N° 25.603, la cual debe haber sido constitucionalmente aprobada por el Congreso. Sin embargo, se destacan los siguientes puntos clave:
Análisis constitucional:
- Facultad del Poder Ejecutivo para ceder bienes aduaneros:
-
La Constitución en el Art. 4 establece que el Congreso regula el uso de fondos nacionales, incluyendo bienes aduaneros. La Ley N° 25.603, si fue aprobada por el Congreso, delega al Poder Ejecutivo la facultad de ceder bienes aduaneros a fines sociales (como se hace en la resolución). Esto es compatible con el Art. 75, inc. 20, que permite al Congreso legislar sobre comercio interno y bienestar social.
-
Destino de los bienes:
La cesión a la Fundación Meltén (de Chaco) cumple con el Art. 14 bis, que promueve el bienestar social y la equidad. Además, el Art. 25 garantiza la inmigración y ayuda a organizaciones benéficas, lo cual podría incluir esta cesión de bienes para fines sociales. -
Procedimiento administrativo:
La resolución sigue los lineamientos de la Ley N° 25.603, la cual debe haber sido aprobada con el procedimiento constitucional (mayoría simple en el Congreso). La actuación del Poder Ejecutivo está limitada por dicha ley, cumpliendo con el Art. 99, inc. 4, que permite al Ejecutivo aplicar leyes aprobadas por el Congreso. -
No intervención federal sin causa:
No hay violación al Art. 6 (intervención federal solo en casos de sedición o invasión), ya que la cesión es un acto administrativo dentro de las facultades delegadas por el Congreso.
Posibles conflictos o irregularidades:
-
Errores en la denominación de la provincia:
La "Provincia del Chaco" no existe. La provincia correcta es "Chaco" (sin "del"). Esto es un error formal, pero no afecta la constitucionalidad. -
Control de la destinación de los bienes:
El Art. 14 de la Ley 25.603 (si existe) debe garantizar que los bienes no sean comercializados (como establece el Art. 17 de la Constitución, que prohíbe la venta de bienes nacionales sin fundamento legal. La resolución menciona que los bienes son para fines sociales, cumpliendo con el Art. 14 bis. -
Transparencia y control:
El Art. 40 garantiza el derecho a la información. La resolución incluye cláusulas de informe (Art. 2), 3), lo cual cumple con el control exigido por el Art. 20 (transparencia). -
Jerarquía de las normas:
La Ley N° 25.603 debe ser compatible con la Constitución. Si la misma no limita el uso de fondos o bienes nacionales sin contraprestación, no hay conflicto.
Conclusión final:
La norma es constitucional, siempre que:
1. La Ley N° 25.603 haya sido aprobada por el Congreso con el procedimiento adecuado (mayoría simple).
2. La cesión no viole el Art. 17 (propiedad inviolable) al no ser un acto de expropiación sin causa pública y sin indemnización (ya que se trata de bienes aduaneros no distribuidos, no de propiedad privada).
3. La Fundación cumpla con fines sociales y no comercialice los bienes (según el Art. 14 de la Ley 25.603).
Posibles objeciones:
- Si la Ley 25.603 no fue debidamente aprobada (ej: si limita indebidamente el Congreso), podría haber conflicto con el Art. 75, inc. 1 (exclusivdad legislativa).
- Si la Secretaría General de la Presidencia excede sus atribuciones (ej: si la ley no le delega esta facultad), podría violar el Art. 99, inc. 4.
Sin embargo, bajo la hipótesis de que la Ley N° 25.603 es constitucional y la resolución cumple con sus parámetros, no hay irregularidades constitucionales.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-13178311- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 1 de abril de 2025 dictada por esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y la Disposición N° DI-2024-37-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI del 4 de diciembre de 2024 dictada por la Aduana de Neuquén, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.
Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.
Que mediante la Resolución N.° RESOL-2025-138-APN-SGP se facultó a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.
Que por la Disposición citada en el VISTO, se han puesto a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.
Que los bienes a ceder no requieren intervención previa de terceros organismos.
Que la Fundación Meltén, de la Provincia del Chaco, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados a las actividades de los diferentes programas que ofrece la mencionada fundación.
Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo a la Fundación Meltén, de la Provincia del Chaco, en los términos del artículo 4º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición N.° DI-2024-37-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI, dictada por la Aduana de Neuquén.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Legal de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, y la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo a la Fundación Meltén, de la Provincia del Chaco, en los términos del artículo 4º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición N.° DI-2024-37-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI, dictada por la Aduana de Neuquén.
ARTÍCULO 2º.- La Fundación Meltén, de la Provincia del Chaco, deberá informar a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Fundación Meltén, de la Provincia del Chaco, deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles –contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivase.
Eduardo Menem
e. 22/04/2025 N° 24726/25 v. 22/04/2025
SECRETARÍA GENERAL SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - DI-2025-3-APN-SSGI#SGP
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324256/1
Menem dispone ceder sin cargo al Gobierno de Salta bienes aduaneros de rezago, según arts.4° y 5° de la Ley 25.603, para asistir a damnificados por inundaciones del río Bermejo. Los bienes provienen de disposiciones de Aduanas de Pocitos, Orán y Salta (mencionadas en los expedientes citados). La provincia debe informar retiro en 10 días y confirmar inventario en 90 hábiles, bajo penalidad de rechazo. Se citan múltiples disposiciones aduaneras y resoluciones previas.
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación) presenta irregularidades constitucionales y legales que se detallan a continuación:
Irregularidades Constitucionales:
- Falta de base constitucional para la cesión directa a una provincia:
-
El Artículo 4° de la Constitución estable que los fondos de la Nación se destinan a gastos federales, y las contribuciones son regladas por el Congreso. La cesión de bienes aduaneros sin cargo a una provincia requiere una base legal clara, ya que implica una utilización de fondos públicos no prevista en el presupuesto federal sin aprobación legislativa específica. Esto podría violar el principio de separación de poderes (Art. 125 CP), ya que el Ejecutivo no puede redistribuir fondos sin marco legal previo del Congreso.
-
Posible violación del Artículo 75 inciso 2:
-
El inciso 2 del Artículo 75 estable que el Congreso debe reglamentar la "coparticipación de fondos" entre Nación y provincias. La cesión directa de bienes sin un marco de coparticipación equitativa (como estable la Constitución) podría ser irregular, a menos que la Ley 25.603 específamente autorice esta modalidad.
-
Posible conflicto con el Artículo 14 bis (derechos laborales y social):
- Si los bienes son destinados a fines sociales (como ayuda por inundaciones), podría ser compatible con el Artículo 14 bis. Sin embargo, el Artículo 41 también exige que el Estado proteja el ambiente y evite "discriminación" en la distribución de recursos. Si la cesión no cumple con criterios de equidad (ej.: prioridad a una provincia sin criterios nacional), podría ser irregular.
Irregularidades Legales:
- Cumplimiento de la Ley 25.603:
- La resolución se basa en los artículos 4° y 5° de la Ley 25.603, que permiten la distribución de mercaderías de rezago aduanero a entidades públicas o benéficas. Sin embargo:
-
El Artículo 4° de la ley exige que los bienes vayan a "organismos o repartición pública o a entidades benéficas o asistenciales", no directamente a gobiernos provincial. La cesión a un gobierno provincial como "destino final" podría ser irregular, a menos que la provincia actúe como intermediaria para entidades benéficas.
-
Falta de control y transparencia:
-
El Artículo 39 de la Constitución estable que las acciones del Poder Ejecutivo deben ser "expeditas" y con garantías de transparencia. La resolución no detalla criterios claros para la selección de la provincia beneficiaria, ni mecanismos de control sobre el uso de los bienes (como el Artículo 3 del decreto exige un informe de 90 días, pero no estable mecanismos de seguimiento a largo plazo).
-
Posible violación del Artículo 9° de la Constitución:
- El Artículo 9° prohíbe "más aduanas que las nacionales", y regula los derechos de importación y exportación. La cesión de bienes aduaneros sin un marco legal específico podría afectar el sistema de contribuciones establecido.
Conclusión:
La norma presenta irregularidades principalmente en: - Falta de base constitucional para transferencias directas de fondos/bienes a provincias sin marco de coparticipación (Art. 75 inciso 2 CP). - Posible violación de la Ley 25.603, si la cesión no cumple con destinos específos (entidades benéficas) y no se cumple con los plazos o informes exigidos. - Falta de transparencia, al no detallar criterios objetivos para la selección de la provincia beneficiaria y mecanismos de control del uso de los fondos.
Posibles conflictos constitucionales: - Si el valor de los bienes excede los límites de "utilidad pública" o "primera necesidad" establecidos en la ley, podría afectar el Artículo 14 bis (derechos sociales) y el Artículo 41 (ambiente y uso de recursos). - Si el proceso de cesión no cumple con los requisitos de "publicidad" (Art. 39 CP), podría ser nula por irregularidad formal.
Conclusión final: La norma es irregular si no cumple con los marcos de la Ley 25.603 y no garantiza transparencia y equidad en la distribución, en concordancia con la Constitución.**
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 16/04/2025
VISTO los Expedientes Nros. EX-2025-23978040- -APN-CGD#SGP, EX-2024-130659406- -APN-CGD#SGP, EX-2025-31427390- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17792215- -APN-CGD#SGP, EX-2025-18518783- -APN-CGD#SGP, EX-2025-17794870- -APN-CGD#SGP, EX-2025-27355597- -APN-CGD#SGP y EX-2025-32022346- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-138-APN-SGP del 1 de abril de 2025 dictada por esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, las Disposiciones Nros. DI-2024-191-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI del 13 de noviembre de 2024 y DI-2025-6-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI del 3 de febrero de 2025, ambas dictadas por la Aduana de Pocitos, DI-2025-12-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI del 18 de febrero de 2025, dictada por la Aduana de Orán, DI-2025-4-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI del 28 de enero de 2025, DI-2025-8-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI y DI-2025-9-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI del 31 de enero de 2025, DI-2025-20-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI del 5 de marzo de 2025 y DI-2025-22-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI del 7 de marzo de 2025, todas dictadas por la Aduana de Salta, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.
Que por el artículo 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se dispone que cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.
Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.
Que mediante la Resolución N.° RESOL-2025-138-APN-SGP se facultó a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a disponer la afectación de las mercaderías previstas en los artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias.
Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se han puesto a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en los artículos 4° y 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.
Que las mercaderías involucradas no requieren intervención previa de terceros organismos.
Que el Gobierno de la Provincia de Salta solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, para ser destinados a personas en situación de vulnerabilidad de la mencionada provincia, como consecuencia de las inundaciones provocadas por la crecida del río Bermejo.
Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Subsecretaría de Gestión Institucional de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo al Gobierno de la Provincia de Salta, en los términos los artículos 4° y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-191-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI y DI-2025-6-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Pocitos, DI-2025-12-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI, dictada por la Aduana de Orán, DI-2025-4-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, DI-2025-8-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, DI-2025-9-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, DI-2025-20-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI y DI-2025-22-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Salta.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, y la Resolución N° RESOL-2025-138-APN-SGP.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo al Gobierno de la Provincia de Salta, en los términos los artículos 4° y 5º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-191-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI y DI-2025-6-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI, ambas dictadas por la Aduana de Pocitos, DI-2025-12-E-AFIP-ADORAN#SDGOAI, dictada por la Aduana de Orán, DI-2025-4-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, DI-2025-8-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, DI-2025-9-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, DI-2025-20-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI y DI-2025-22-E-AFIP-ADSALT#SDGOAI, todas dictadas por la Aduana de Salta.
ARTÍCULO 2º.- El Gobierno de la Provincia de Salta deberá informar a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.
ARTÍCULO 3º.- El Gobierno de la Provincia de Salta deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles - contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Menem
e. 22/04/2025 N° 24727/25 v. 22/04/2025
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -
#tarifas
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324257/1
Banco de la Nación Argentina establece tasas para préstamos con caución de obras: Micro/Pequeña/Mediana Empresa (TAMAR +2 ppa) y Grandes Empresas (TAMAR +7 ppa), desde 09/12/2024. Para operaciones de descuento, Mipymes pagan 40-42% TNA según plazo; Grandes Empresas 42-45% TNA. Incluye tablas con tasas del 11/04/2025 al 22/04/2025. Firmante: Mazza.
Ver texto original
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 09/12/2024, la tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 2 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 09/12/2024, corresponderá aplicar la Tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 7 ppa.
| TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS) | |||||||||||
| TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
| FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
| Desde el | 11/04/2025 | al | 14/04/2025 | 35,03 | 34,52 | 34,03 | 33,54 | 33,06 | 32,60 | 29,91% | 2,879% |
| Desde el | 14/04/2025 | al | 15/04/2025 | 35,61 | 35,97 | 35,43 | 34,90 | 34,39 | 33,88 | 30,98% | 3,001% |
| Desde el | 15/04/2025 | al | 16/04/2025 | 37,01 | 36,44 | 35,89 | 35,35 | 34,82 | 34,30 | 31,33% | 3,042% |
| Desde el | 16/04/2025 | al | 21/04/2025 | 35,66 | 35,14 | 34,63 | 34,13 | 33,64 | 33,15 | 30,37% | 2,931% |
| Desde el | 21/04/2025 | al | 22/04/2025 | 37,28 | 36,71 | 36,15 | 35,60 | 35,06 | 34,54 | 31,52% | 3,064% |
| TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
| Desde el | 11/04/2025 | al | 14/04/2025 | 36,07 | 36,60 | 37,14 | 37,70 | 38,26 | 38,84 | 42,67% | 2,964% |
| Desde el | 14/04/2025 | al | 15/04/2025 | 37,65 | 38,23 | 38,82 | 39,43 | 40,05 | 40,68 | 44,88% | 3,094% |
| Desde el | 15/04/2025 | al | 16/04/2025 | 38,17 | 38,77 | 39,38 | 40,00 | 40,64 | 41,29 | 45,62% | 3,137% |
| Desde el | 16/04/2025 | al | 21/04/2025 | 36,75 | 37,30 | 37,86 | 38,44 | 39,03 | 39,63 | 43,62% | 3,020% |
| Desde el | 21/04/2025 | al | 22/04/2025 | 38,47 | 39,07 | 39,69 | 40,32 | 40,97 | 41,63 | 46,03% | 3,161% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (A partir del 14/04/25) para: 1) MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 30 días del 40%, Hasta 60 días del 40% TNA, Hasta 90 días del 40% TNA, de 91 a 180 días del 41% TNA, de 181 a 360 días del 42% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 40%TNA. 2) Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 42% TNA, Hasta 60 días del 42% TNA, Hasta 90 días del 42% TNA, de 91 a 180 días del 44% TNA y de 181 a 360 días del 45% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Valeria Mazza, Subgerente Departamental.
e. 22/04/2025 N° 24813/25 v. 22/04/2025
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA NEUQUÉN -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324258/1
La Aduana de Neuquén notifica a interesados en mercaderías secuestradas (Actas 07/2024 SPEX y 045/2024) comparecer en 30 días para apertura de bultos. Incluye tabla con datos de envíos terrestres. Firmante: Casajus.
Ver texto original
En virtud de lo dispuesto en los artículos 1ro y s.s de la Ley 25603 y artículo 1013 inciso h) del Código Aduanero, se comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica y se convoca a comparecer dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, a la ADUANA DE NEUQUÉN sito en calle JUAN JULIÁN LASTRA 2250 de la ciudad de Neuquén, a la apertura de los bultos secuestrados en el marco del Acta de Secuestro de Mercaderías N.º 07/2024 SPEX (DV IRG3) y Nro. 045/2024 (AD NEUQ) y que se describen en detalle, más abajo. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero continuará de acuerdo a lo establecido en la Ley 22415 y procederá a la apertura de los bultos en presencia de un testigo hábil.
| MEDIO TTE. | FECHA ARRIBO | TITULAR | DOCUMENTO | GIA VIA CARGO N° |
| Terrestre | 20/08/2024 | MORALES VALLEBONI LUCAS | 34.104.863 | 999021971530 |
| Terrestre | 20/08/2024 | MORALES VALLEBONI LUCAS | 34.104.863 | 999022020225 |
Rosario Casajus, Administradora de Aduana.
e. 22/04/2025 N° 24664/25 v. 22/04/2025
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES -
#inscripcion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324259/1
Se inscribe a PATAGONIA GREEN S.A. como prestador de servicios postales para Encomienda, Puerta a Puerta y Courier de importación y exportación. Notifícase a ARCA, publíquese en extracto y archívese. Firmantes: Pinola (Dirección Nacional de Control de Servicios Postales, ENACOM) y Macia (Analista, Área Despacho).
Ver texto original
DI-2025-29-APN-DNCSP#ENACOM FECHA 14/04/2025
EX-2024-135424890- -APN-DNCSP#ENACOM
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS POSTALES DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, ha dispuesto: 1°. - Inscribir a la firma PATAGONIA GREEN S.A. como prestador de servicios postales, para la oferta y prestación de los servicios de Encomienda, Puerta a Puerta y Courier, de importación y exportación. 2°. - Notifíquese, comuníquese a la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), publíquese en extracto y cumplido archívese. Firmado: Valeria Andrea Patricia Pinola, a cargo de la firma del despacho, Dirección Nacional de Control de Servicios Postales, ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.
Sergio Gabriel Macia, Analista, Área Despacho.
e. 22/04/2025 N° 24675/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO -
#designacion
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324260/1
El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Werthein) propone designar a TOMAS RANDLE como miembro de la Comisión Nacional para los Refugiados. Las observaciones se recibirán durante 30 días. Firmantes: Rementeria (Directora de Gestión Documental).
Ver texto original
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto propone para designar como miembro de la Comisión Nacional para los Refugiados creada por Ley Nº 26.165, Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, al Sr/a. TOMAS RANDLE (D.N.I. 27.768.784).
Las observaciones a tal propuesta se recibirán a partir de la publicación en el Boletín Oficial por el lapso de 30 días (artículo 20 de la Ley N° 26.165), de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs., en la calle Esmeralda 1212, piso 9°, correo electrónico secul@mrecic.gov.ar, del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Celeste Rementeria, Directora, Dirección de Gestión Documental.
e. 22/04/2025 N° 25042/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-469-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324261/1
Se homologa acuerdo entre SMATA y JUNTAS CICCARELLI SRL sobre incremento salarial, conforme Leyes 14.250 y 20.744. Firma MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Dispónense registros, notificaciones y evaluación de remuneraciones. No incluye tablas.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La disposición N° 22640/2025, que homologa un acuerdo salarial entre el sindicato SMATA y la empresa JUNTAS CICCARELLI, no presenta irregularidades constitucionales evidentes. Su contenido se ajusta a los siguientes principios constitucionales:
1. Derechos sindicales y negociación colectiva (Artículo 14 bis):
- El acuerdo celebrado entre las partes (sindicato y empleador) se inscribe en el marco de los "convenios colectivos de trabajo" mencionados en el Artículo 14 bis, que garantiza el derecho de sindicatos a negociar condiciones laborales. La homologación administrativa por la autoridad competente (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo) cumple con los requisitos de la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250) y no viola la Constitución.
2. Competencias del Poder Ejecutivo (Artículo 75 inciso 10 y 27):
- La homologación de acuerdos laborales forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo, en concordancia con leyes como la Ley 14.250. No se observan intervenciones en materias de exclusiva competencia del Congreso ni violaciones a la distribución de poderes.
3. Derechos laborales (Artículo 14 bis y 14):
- El acuerdo se enfoca en aspectos salariales y condiciones de trabajo, aspectos dentro de la libertad contractua sindical y las garantías laborales establecidas en el Artículo 14 bis (salario mínimo vital, igualdad de oportunidades, etc.). No se advierten cláusulas que menoscaben estos principios.
4. Procedimiento administrativo:
- El acto administrativo sigue el trámite previsto por la Ley 14.250 (homologación de acuerdos sindicales) y no requiere intervención del Poder Legislativo para este tipo de normas (salvo reformas generales al sistema laboral).
Posibles cuestiones marginales:
- Cláusulas específicas del acuerdo: Si el acuerdo incluyese cláusulas que contravengan principios de equidad salarial (por ej., discriminación o menoscabo del salario mínimo vital), podría generarse un conflicto con el Artículo 14 bis. Sin embargo, la disposición no detalla el contenido del acuerdo, y la homologación administrativa asume su conformidad con la ley.
- Transparencia y participación sindical: Si el acuerdo no hubiera sido celebrado en forma paritaria (con representación sindical legítima), podría cuestionarse su validez. Pero la resolución confirma la personería de las partes (SMATA y la empresa), cumpliendo con el Artículo 14 bis.
Conclusión:
La disposición es constitucional, ya que cumple con los principios de libertad sindical, negociación colectiva y regulación administrativa prevista en la Constitución. No se observan elementos que atenten contra garantías fundamentales o la división de poderes.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2025
VISTO el Expediente N° EX-2023-04436532- -APN-DGD#MT las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/7 del documento N° RE-2023-04436508-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-04436532- -APN-DGD#MT, obra agregado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical, y la empresa JUNTAS CICCARELLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIDA, por el sector empleador, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
Que a través del acuerdo referido las partes convienen incremento salarial aplicables a los trabajadores de la empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1176/11 “E”, conforme la vigencia y términos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante, y los ámbitos de la entidad sindical signataria, emergentes de su Personería Gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 6/7 del documento N° RE-2023-04436508-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-04436532- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical, y la empresa JUNTAS CICCARELLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIDA, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. - Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°. - Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1176/11 “E”.
ARTÍCULO 4°- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22640/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-489-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324262/1
Homologación acuerdo entre el Sindicato ALEARA y Godel Quilmes S.A. por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a cargo de MARA AGATA MENTORO. Se dispone registro en la Dirección de Gestión Documental y notificación a las partes. Firmas: MENTORO.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, fecha 28/02/2025) no presenta inconstitucionalidad manifiesta, pero hay aspectos a considerar:
Análisis de constitucionalidad:
- Fundamento constitucional:
- Artículo 14 bis (Derechos laborales): El acuerdo homologado debe garantizar condiciones dignas de trabajo, salario mínimo vital móvil, participación en ganancias, etc. Si el contenido del acuerdo cumple con estos principios, no hay conflicto.
-
Artículo 14 (Libertad de contratación sindical): El convenio colectivo, celebrado entre partes libres y sin coacción, es compatible con la Constitución, siempre que no menosciba derechos fundamentales.
-
Procedimiento administrativo
-
La homologación por el ministerio de Trabajo se ajusta a la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250, cuya validez constitucional no está en duda, ya que el Congreso tiene atribución para regular materias laborales (Artículo 75 inciso 12 de la Constitución).
-
Posibles riesgos de inconstitucionalidad
- Si el acuerdo restringe derechos consagrados en el 14 bis (ej: salario inferior al mínimo vital, condiciones de trabajo peligrosas sin protección), o limitación al derecho de huelga), la norma podría ser cuestionada.
-
Si el proceso de negociación no garantizó la libertad sindical o la representatividad del sindicato (ALEARA), en este caso), podría violar el Artículo 38 (derecho a la sindicación).
-
Jurisdicción federal vs. ámbito provincial
- El acuerdo se aplica a una empresa privada (Godel Quilmes), cuya actividad es de ámbito nacionales (juegos de azar y recreación). La intervención del ministerio nacional es válida, ya que la actividad afecta intereses nacionales (Artículo 75 inciso 12).
Conclusión
La norma es constitucional en principio, ya que:
- Deriva de leyes constitucionalmente válidas (Ley 14.250).
- No contradice derechos fundamentales si cumple con los estándares del Artículo 14 bis.
- El acto de homologación es un ejercicio válido del Poder Ejecutivo para aplicar la normativa laboral (Artículo 99 inciso 2 de la Constitución).
Sin embargo, si el contenido del acuerdo concreto (no detallado en la disposición) menosca derechos constitucionales (ej: reducción de salarios, violación de sindicación), etc.), podría generarse un conflicto. Pero ello depende del análisis del convenio específico, no de la homologación administrativa en sí.
En términos generales, la norma no presenta irregularidades constitucionales, siempre que el acuerdo cumpla con los principios de la Constitución.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente N° EX-2023-113202554- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-113202305-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-113202554- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa GODEL QUILMES SOCIEDAD ANONIMA, por sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho acuerdo las partes pactan la introducción de reformas al Artículo 15 del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1319/13 “E” del cual resultan signatarias, dentro de los términos y lineamientos estipulados
Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-113202305-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-113202554- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa GODEL QUILMES SOCIEDAD ANONIMA, por sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1319/13 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto esta SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22793/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-500-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324263/1
MENTORO homologa acuerdo entre SUVICO y CAESI sobre condiciones salariales del Convenio 422/05. Establece que contribuciones empresarias al sindicato se administren separadamente (D. 467/88) y se evaluará el tope indemnizatorio según Ley 20.744. Firmante: MENTORO.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
The norma is a resolution homologating an agreement between a sindicate (SUVICO) and an employers' chamber (CAESI) regarding labor conditions, specifically salary increases and other terms in the collective labor agreement. The resolution is issued by the Dirección Nacionál de Relaciones y Regulaciones del Trabajo under the Ministry of Humano Capital.
First, I'll check the constitutional provisions related to labor rights, federal vs provincial powers, and the process of homologatinging labor agreements.
Looking at the Constitution's Parte Primera, Capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías. Artículo 14 bis deals with labor rights, including digno work conditions, salary, etc. The agreement here seems to align with these, but need to check if the process is correct.
Artículo 75, inciso 18 mentions the Nación can legislate on labor issues, but labor relations are also a concurrent power (facultad concurrente) with provinces. However, homologación of collective agreements might fall under federal or provincial jurisdiction. Since the parties are sindicates and employers in the security sector, perhaps under federal competence?
The resolution is issued by a national agency, which might be within their authority if the law allows it. The Ley 14.250 (Labor Relations) likely delegates this authority to the national executive, so if the process follows the law, it's okay.
Check if the resolution respects the constitutional rights, like the right to negotiate colectively (Artículo 14 bis mentions asociación sindical libre). The agreement here is between sindicate and employers, so that's fine.
Also, the homologación process: Art. 75 inciso 18 mentions the Nación can regulate labor matters. The resolution is applying existing laws (Leyes 14.250, 20.744, etc.), so if the process followed those laws, it's constitutional.
Possible issues: if the agreement violates any constitutional rights (like lowering salaries below minimum, but the norma mentions new salary increases, so likely not). Also, the homologación requires following procedure, which the resolution seems to do (as per the cited laws).
Another point: the Dirección issuing the resolution must have the authority under the ley. Since the Ley 14.250 gives the national authority to homologate these agreements, and the resolution follows the steps (like consideringando the agreement doesn't violate laws), it should be constitutional.
Thus, the norma likely is constitutional as it follows the constitutional structure, respects labor rights, and the process is within the ley's framework authorized Human: El análisis de constitucionalidad de la norma administrativa en cuestión (Disposición N° 22794/25) requiere evaluar si su contenido y procedimiento respetan los principios y normas de la Constitución Nacional Argentina. A continuación se presenta el análisis:
Conformidad con la Constitución Nacional:
- Bases constitucionales del acto:
- Artículo 14 bis: El acuerdo colectivo de trabajo regulado en el convenio (número 422/05) y su homologación por la autoridad nacional se alinean con el derecho a la negociación sindical libre (inciso 14 bis) y con los principios de protección al trabajo establecidos en la Constitución, especialmente en relación a la "retribución justa" y "condiciones dignas de labor".
-
Artículo 75, inciso 18: El Congreso tiene atribución para reglamentar los derechos laborales (como el presente convenio) en materia de "trabajo" y "seguridad social", lo que incluye la homologación de acuerdos sindicales. La norma administrativa se inscribe en este marco.
-
Procedimiento administrativo:
- El acto se dictó con base en leyes federales como la Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva) y su reglamento (Decreto N° 200/88). La homologación de convenios sindicales es una facoltad delegada al Poder Ejecutivo Nacional por el Congreso (Art. 75, inciso 20).
-
El procedimiento siguió los pasos establecidos en la Ley N° 14.250: evaluación de la personería de las partes, verificación de la concurrencia de requisitos (como la libertad sindical y la no violación de normas supletorias), y publicación en el Boletín Oficial.
-
Respecto de garantías constitucionales:
- El convenio no limita derechos fundamentales (como el de asociación sindical, Art. 14 bis) ni estable cláusulas contrarias a la ley supletoria (ej. salario mínimo vital móvil).
- El acto no afecta la autonomía sindical ni introduce restricciones a la libertad de contratación, siempre y cuando el convenio no sea preteroriorio a normas federales supletorias.
Posibles irregularidades:
- Competencia en materia laboral:
-
El Art. 75, inciso 18 de la Constitución otorga al Congreso facoltad para legislar sobre "trabajo" y "seguridad social", pero la homologación de convenios sindicales es una facoltad administrativa del Poder Ejecutivo (a través de la Dirección Nacionál de Relaciones del Trabajo), como delegación de la ley N° 14.250). No hay transgresión federal.
-
Procedimiento de homologación:
-
El acto evaluó los requisitos establecidos en la Ley N° 14.250 (ej. personería de las partes, no violación de normas supletorias).). No se observan vicios en el procedimiento.
-
Interferencia con autonomías provinciales:
-
El convenio se aplica a las empresas de seguridad de Córdoba (según el nombre del sindicato involucrado), pero la materia laboral es de competencia concurrente entre Nación y provincias (Art. 75, inciso 18).). La homologación federal no es incompatible con normas provinciales, siempre que no sean contrarias a leyes federales.
-
Cláusulas específicas del convenio:
- Si el convenio incluye cláusulas que limiten derechos constitucionales (ej. reducción de salarios por debajo del mínimo vital, afectación a la libertad sindical), o preterorión a normas federales), podría ser impugnable. Sin el texto completo del convenio, se asume que cumple con los estándares mínimos constitucionales.
Conclusión:
La norma administrativa NO presenta irregularidades constitucionales manifiestas. Está basada en leyes federales (Ley N° 14.250) y su procedimiento cumple con los requisitos establecidos en la Constitución (ej. Art. 75, inciso 18 sobre atribuciones legislativas y administrativas en materia laboral).). La homologación de convenios sindicales es una facoltad administrativa dentro del marco de las leyes, sin transgredir garantías como el salario digno (Art. 14 bis) o la autonomía sindical (Art. 14 bis y 38).
Posible excepción: Si el convenio afectara derechos establecidos en el bloque de constitucionalidad (ej. reducción de salarios por debajo del "salario mínimo vital móvil" del Art. 14 bis), podría generar un conflicto. Pero, sin evidenciar tal situación en el texto de la norma, se asume su conformidad.
Conclusión final: La norma es constitucional. La homologación del convenio colectivo se ajusta al marco de las atribuciones federales en materia laboral y no transgrede principios básicos de la Constitución.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-20494395- -APN-DGDTEYSS#MCH, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento N° RE-2025-20494329-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente N° EX-2025-20494395- -APN-DGDTEYSS#MCH, obra el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICATO UNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS DE CORDOBA (SUVICO), por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION (CAESI), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través del presente, las partes han convenido nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 422/05, de acuerdo a las condiciones y términos allí previstos.
Que, con respecto al carácter atribuido a la suma pactada en la cláusula Tercera, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución empresaria prevista en la cláusula Séptima del acuerdo de marras, con destino a la entidad sindical, se hace saber que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la entidad empleadora firmante y la asociación sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Anexo celebrados entre el SINDICATO UNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS DE CORDOBA (SUVICO), por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION (CAESI), por la parte empleadora, obrantes en el documento N° RE-2025-20494329-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente N° EX-2025-20494395- -APN-DGDTEYSS#MCH, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 422/05.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22794/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-499-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324264/1
Mentoro. Homologación acuerdo salarial entre ALEARA y Casino de Victoria S.A. bajo Leyes 14.250, 20.744 y Decreto 200/88. Se dispone registro en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y envío a evaluación de topes indemnizatorios según Artículo 245 Ley 20.744. Se notifica a las partes y se ordena publicación en BORA.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (resolución de homologación del acuerdo entre el sindicato ALEARA y la empresa CASINO DE VICTORIA S.A.) no presenta irregularidades constitucionales manifesas, pero existen posibles conflictos interpretativos según ciertos artículos de la Constitución Nacional. A continuación se detallan los puntos clave:
Constitucciónlidad positiva:
-
Negociación colectiva y derechos laborales
El Artículo 14 bis de la Constitución garantiza el derecho de los gremios a concertar convenios colectivos de traba y a "recurrir al derecho de huelga". La homologación del acuerdo por la autoridad administrativa (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo) se alinea con este principio, ya que el acto administrativo expresa que el acuerdo no afecta el "ordenamiento legal vigente" (inciso del Artículo 14 bis y Ley 14.250). -
Competencia administrativa
La homologación de convenios colectivos es una atribución del Poder Ejeutivo (a través de las autoridades laborales) conforme a la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250, la cual no contradiene la Constitución. El Artículo 75 inc. 20 de la Constitución también faculta al Congreso a dictar normas sobre "proteeción de los derechos de los trabajadores", lo que incluye la regulación de la negociación colectiva.
Posibles conflictos o áreas de riesgo:
- Cumplimiento de los principios del Artículo 14 bis
Debese verificarse si el convenio colectivo homologado cumple con los principios constitucionales: - Salario mínimo vital móvil: Si el convenio estable remuneraciones infeiores al fijado por ley (inciso del Artículo 14 bis), se generaría un conflictu constitucional.
-
Participación en ganancias y condiciones dignas de traba: Si el acuerdo no incluye cláusulas de partcipación en las utilidades de la empresa o viole "condiciones dignas y equitativas de labor" (Art. 14 bis), podría ser inconstitucional.
-
Cumplimiento de la Ley de Negociación Colectiva (N° 14.250)
La resolución menciona que el convenio cumple con el "ordenamiento legal", pero: - Si el convenio incluye cláusulas que restringan el derecho de huelga o la negociación colectiva (ej.: cláusulas anti-sindicales), se violaría el Artículo 14 bis.
-
Si el proceso de negociación no respetó los principios de libertad sindical (ej.: el sindicato no tuvo representación genuina), podría cuestionarse la validez del acto.
-
Salidad del estado de derecho
El Artículo 36 de la Constitución prohíbe actos de fuerza que "interrumpan el orden institucional". Si el convenio se celebró bajo presión o coacción (ej.: amenazas a los trabajadores), se generaría un vício de origen. Sin embargo, el acto administrativo no señala tales irregularidades.
Conclusión:
La norma es constituccional en principio, ya que:
- Respetá el marco de la negociación colectiva (Art. 14 bis). y Ley 14.250).
- La homologación es una atribución administrativa dentro de las competencias del Poder Ejeutivo (Art. 99 inc. 20 de la Constitución).
Sin embargo, los riesgos de inconstitucionalidad surgirían si:
1. El convenio colectivo viole derechos fundamentoles (ej.: salarios inferiores al mínimo vital, reducción de derechos adquirdos).
2. El proceso de negociación no garantizó la libertad sindical o se realizó sin representación genuina.
En su estado actual, la resolución no presenta irregularidades explícitas, pero su aplicación depende de que el contenido del convenio no contradiga los principios del Artículo 14 bis y la normativa laboral vigente.
Respuesta final:
La norma es constitucional, pero su valided definitiva depende de que el convenio colectivo no viole los principios de:
- Salario mínimo vital móvil (Art. 14 bis), inciso 1).
- Participación en ganancias y condiciones dignas de traba (Art. 14 bis).).
Si se cumple esto, no hay conflicto. En caso contrario, las cláusulas inconstitucionales serían nulas (Art. 29, que prohíbe actos de fuerza contra el orden demócratico).).
Posibles conflicto potenciales:
- Art. 14 bis (participación en ganancias): Si el convenio no incluye cláusulas de partcipación en utilidades.
- Art. 14, inciso 1 (salario mínimo): Si las remuneraciones son inferiores al establecido por ley.
- Art. 19 (propiedad y condiciones de traba): Si el convenio permite prácticas contrarias a la "propiedad" o "condiciones dignas de labor".
En resumen, la norma es constitucional en su forma, pero su contenido depende de la evaluación del convenio colectivo en sí.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente EX-2023-100079149- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2023-100079013-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-100079149- -APN-DGD#MT obran el acuerdo y anexo, celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa CASINO DE VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, bajo el acuerdo de marras, las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1707/24 “E”, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que, con respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la empresa firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y anexo obrantes en el documento Nº RE-2023-100079013-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-100079149- -APN-DGD#MT celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa CASINO DE VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1707/24 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22795/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-488-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324265/1
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, bajo MARA AGATA MENTORO, homologa acuerdo entre UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC) y FUNDACIÓN TEMAIKEN, vinculado al Convenio Colectivo 1530/16 “E”. Se autoriza recomposición salarial y se evaluará tope indemnizatorio según Leyes 14.250, 20.744 y Decreto 200/88. Incluye anexo. Se notifica a las partes y se remite a Dirección Técnica de Regulación del Trabajo para su registro.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma administrativa analizada no presenta irregularidades constitucionales. A continuación, se explica brevemente:
Conformidad con la Constitución Nacional:
- Derechos laborales y negociación colectiva (Artículo 14 bis):
-
El acuerdo homologado entre la entidad sindical (UTEDyC) y la empleadora (Fundación Temaiken) se inscribe en el derecho a la negociación colectiva y la concertación de convenios colectivos de trabajo, garantizados por el Artículo 14 bis de la Constitución. La norma administrativa cumple con el proceso de homologación previsto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250, que es ley de régimen aplicable.
-
Atribuciones del Poder Ejecutivo (Artículos 99 y 100):
-
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, como órgano del Poder Ejecutivo, actúa dentro de sus competencias para homologar convenios colectivos de trabajo, de acuerdo a la normativa laboral vigente (Ley 14.250). El acto administrativo no excede sus potestades, ya que se limita a reconocer el acuerdo paritario siguiendo el procedimiento establecido por el Congreso (ver Artículo 75 inciso 12, que faculta al Legislativo a reglamentar el régimen laboral).
-
Protección de derechos fundamentales:
-
El acuerdo no restrenga derechos laborales (como remuneración, condiciones de trabajo o participación sindical), sino que los regula en concordancia con el Artículo 14 bis (derecho a la negociación colectiva) y la normativa secundaria (Ley 20.744, etc.). No hay indicios de violación a garantías constitucionales como la libertad sindical o la igualdad en el trabajo.
-
Procedimiento administrativo:
- La resolución sigue el trámite exigido por la Ley 14.250 y la Ley 20.744, con intervención de las áreas técnicas competentes (Dirección de Asuntos Jurídicos, etc.), cumpliendo con los requisitos de motivación y fundamentación (considerandos 1 a 9 de la norma).
Posibles cuestiones de interpretación:
- Jerarquía de las normas internacionales: El Artículo 20 de la Constitución faculta al Congreso a aprobar tratados internacionales, pero el acto cuestionado no afecta este ámbito, ya que se trata de un régimen local laboral.
- Autonomía de los convenios colectivos: El Artículo 14 bis garantiza la "concertación de convenios colectivos de trabajo", lo que es plenamente respetado en la norma, ya que el acuerdo fue celebrado entre las partes y homologado por la autoridad competente.
Conclusión:
La norma es constitucional porque: - Ejecuta leyes sancionadas por el Congreso (Ley 14.250, 20.744), etc.), que regulan materia laboral. - No limita derechos fundamentales (como los dispuestos en el Artículo 14 bis o 16). - El Poder Ejecutivo actúa dentro de sus atribuciones de aplicación de la ley, sin crear normas de carácter legislativo (ver Artículo 99 de la Constitución).
No existen conflictos alguno con la Constitución Nacional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-126949229- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2023-126948361-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-126949229- -APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo y anexo celebrados entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la FUNDACIÓN TEMAIKEN, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1530/16 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que, en relación al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del instrumento, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la entidad empleadora firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que los Delegados de Personal han tomado la intervención que les compete, conforme lo normado en el Artículo 17º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto Nº DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y anexo obrantes en el documento Nº RE-2023-126948361-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-126949229- -APN-DGDYD#JGM, celebrados entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la FUNDACIÓN TEMAIKEN, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1530/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22804/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-490-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324266/1
MARA AGATA MENTORO, Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, homologa acuerdo entre UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC) y CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES y CONFEDERACION NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, actualizando condiciones salariales bajo el Convenio Colectivo 496/07 renovado por 807/23. Se dispone registro, notificación a las partes y evaluación de remuneraciones conforme Ley 20.744. Firmas: MENTORO.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (la decisión administrativa de homologación del convenio colectivo de trabajo N° 807/23) es constitucional, ya que se inscribe dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional Argentina y cumple con los requisitos legales exigidos. Sin embargo, se detallan a continuación:
Análisis constitucional:
-
Competencia federal en materia laboral (Art. 75, inc. 12 de la Constitución):
La homologación del convenio colectivo de trabajo se ampara en la competencia del Poder Ejecutivo Nacional para reglamentar el régimen laboral, conforme a lo dispuesto en el inciso 12 del Artículo 75 de la Constitución. Este inciso otorga al Congreso la facultad de dictar el "Código de Trabajo" y otras normas laborales, y el Poder Ejecutivo puede reglamentar su aplicación. El acto ahora analizado es un ejercicio válido de la potestad administrativa para aplicar la normativa vigente (Ley 14.250 sobre negociación colectiva y Ley 20.744 sobre trabajo), entre otras), las cuales tienen fundamento constitucional. -
Procedimiento y contenido del convenio:
- El convenio fue celebrado entre partos libres y gremiales, respetando el derecho de asociación y negociación colectiva (Art. 14 bis de la Constitución).
- La homologación se realizó conforme a la Ley 14.250 (procedimiento para homologación de convenios), que está basada en la potestad legislativa federal, conforme al Artículo 75, inc. 12.
-
No se observan cláusulas que contravengan derechos fundamentales (como los establecidos en el Artículo 14 bis, como salario mínimo vital, prohibición de discriminación, etc.), ni se advierten irregularidades en el trámite (participación de las parles, personería gremial, etc.), como se menciona en el acto administrativo.
-
Independencia de los Poderes: El acto es un ejercicio regular del Poder Ejecutivo (a través de la Dirección Nacionál de Relaciones del Trabajo), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo), Empleo y Seguridad Social) para aplicar la normativa existente, sin invasión de competencias de otros poderes.
-
Cumplimiento de principios constitucionales:
- Derecho de negociación colectiva: Garantizado en el Artículo 14 bis (derecho a asociarse y negociar) y en la Ley 14.250, norma de fundamento constitucional.
- Procedimiento regular: El acto sigue el trámite previsto en la Ley 14.250 (homologación de convenios), intervención de asesorías técnicas, etc.), sin irregulardades formales.
- No afectación de garantías: El convenio no menoscaba derechos fundamentales (salario mínimo, condiciones de trabajo, etc.), según se infesta en el acto (se menciona que se verificó la concordancia con la normativa vigente).
Posibles conflictos o irregularidades:
No se identifican irregularidades constitucionales en el acto administrativo, ya que:
- Respete la división de poderes y las competencias establecidas en la Constitución.
- El convenio colectivo no contradije principios constitucionales (ej.: no redujo derechos laborales superiores a los establecidos en la Constitución, como los de art. 14 bis).
- El trámite administrativo sigue las reglas legales derivadas de leyes de fundamento constitucional (Ley 14.250 y 20.744).
Conclusión:
El acto es constitucional, ya que:
1. Se ampara en leyes federales (como la Ley 14.250) que tienen fundamento en la Constitución (Art. 75, inc. 12).
2. No menoscaba garantías constitucionales (art. 14 bis, etc.).
3. El Poder Ejecutivo actuó dentro de sus atribuciones para reglamentar y aplicar la normativa laboral.
No existen elementos que indiquen una violación a la Constitución.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-136900445- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2023-136899329-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-136900445- -APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo de fecha 16 de noviembre de 2023, celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por el sector sindical, y la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES y la CONFEDERACION NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que a todo evento, cabe dejar constancia que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07 ha sido renovado por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 807/23, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2023.
Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado, se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante, respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas en el acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2023-136899329-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-136900445- -APN-DGDYD#JGM, celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por el sector sindical, y la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES y la CONFEDERACION NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 496/07 y 807/23.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22805/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-487-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324267/1
Se homologa acuerdo salarial entre FATTEL y Telefónica de Argentina para trabajadores bajo convenios 567/03 E, 728/05 E, 821/06 E, 917/07 E, 820/06 E y 822/06 E. Firmantes: Mentoro. Incluye anexo. Evalúa promedio remunerativo conforme ley 20.744/76. Intervino Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo y Asesoría Legal del Ministerio de Capital Humano (Pettovello).
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (resolución de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que homologa un acuerdo salarial entre la empresa Telefónica de Argentina S.A. y la Federación Argentina de Telecomunicaciones (FATTEL)) no presenta irregularidades constitucionales manifiestas, pero sí requiere un análsis detallado sobre aspectos específos. A continuación:
Análisis de constitucionalidad:
- Competencia para homologar acuerdos colectivos:
-
El Artículo 75 inciso 12 de la Constitución (no explícitamente incluido en el texto suministrado, pero parte de la segunda parte) establece que el Congreso dictará leyes que garanticen derechos laborales (salario mínimo vital, igualdad salarial, etc.). La homologación de acuerdos colectivos por parte de las autoridades administrativas (en este caso, el Ministerio de Trabajo) es una atribución administrativa reglamentada por leyes laborales (como la Ley 14.250/2004 de Negociación Colectiva), lo cual no choca con la Constitución.
Constitución: Compatible, ya que la homologación es un acto administrativo dentro de las atribuciones conferidas por leyes ordinarias. -
Cumplimiento de los derechos laborales (Artículo 14 bis):
-
El acuerdo debe garantizar salarios dignos, salario mínimo vital móvil, y igualdad de remuneración por igual tarea (Artículo 14 bis).). La resolución no detalla las cláusulas salariales, pero su homologación implica que el ministerio verificó que el acuerdo no disminuye derechos adquiridos ni viola los estándares mínimos constitucionales (salario vital, etc.).
Riesgo potencial: Si el acuerdo incumplía el salario mínimo vital móvil establecido por ley, podría generar un conflicto con el Artículo 14 bis. Sin embargo, la resolución no evidencia tal incumplimiento explícitamente. -
Participación sindical y libertad sindical (Artículo 14 bis):
-
El sindicato (FATTEL) debe haber actuado con legitimidad para representar a los trabajadores, conforme a los principios de autonomía sindical (Artículo 14 bis).). La resolución menciona que las partes "ratificaron sus personerías y facultades", lo cual sugiere que se respetó la libertad sindical.
Constitución: Compatible, siempre que el sindicato tuviera legitimidad legal. -
Publicidad y transparencia (Artículo 20 y 39):
-
El Artículo 20 garantiza el derecho a la información. La resolución menciona que el acuerdo se publicará en el Boletín Oficial (inciso 4), cumpliendo con el principio de transparencia.
Constitución: Cumple con los principios de publicidad. -
Facultades del Poder Ejecutivo y delegación legislativa (Artículo 76):
-
La homologación de acuerdos colectivos es una atribución del Poder Ejecutivo, reglamentada por la Ley 14.250/2004 (Ley de Negociación Colectiva). La resolución no implica una delegación legislativa, sino un acto de aplicación de ley existente.
Constitución: No hay irregularidad, ya que se ajusta a las leyes existentes. -
Interferencia con autonomía provincial:
- El acuerdo se aplica a una empresa nacional (Telefónica de Argentina S.A.), por lo que no afecta autonomías provinciales.
Constitución: No hay conflicto.
Posibles irregularidades o observaciones:
-
Falta de especificidad en el tope indemnizatorio (Artículo 245 de la Ley 20.744):
La resolución menciona la necesidad de fijar un "promedio de las remuneraciones" para el tope indemnizatorio, pero no se detallan los cálculos o bases utilizados. Si el método aplicado incumple con el Artículo 245 de la Ley 20.744 (que regula indemnizaciones), no hay conflicto. Sin embargo, si el proceso fue opaco o incumple estándares de transparencia, podría incumplir con el Artículo 20 (derecho a la información) y el Artículo 99 (transparencia administrativa). -
Posible incumplimiento del Artículo 14 bis (salario mínimo vital móvil):
Si el acuerdo disminuye el salario por debajo del mínimo vital establecido por ley (inciso del Artículo 14 bis), la resolución incumpliría la Constitución. Sin embargo, la decisión administrativa no detalla los montos, por lo que se asume que se ajusta a la normativa vigente. -
Formalidad del procedimiento:
La resolución menciona que se verificaron "personerías y facultades" de las partes, lo que sugiere que se cumplieron los requeisos formales (Artículo 99 y 100 de la Constitución sobre procedimiento administrativo). Sin embargo, si hubiera vicios de formo (ej.: falta de notificación a las partes o incumplimiento de trámites), podrían generar nulidad del acto.
Conclusión:
La norma es constitucional en su esencia, ya que cumple con las atribuciones administrativas del Poder Ejecutivo en materia laboral y no incumple derechos fundamentales (salario digno, autonomía sindical, etc.), siempre que:
- El acuerdo no disminuya derechos adquiridos o incumpla el salario mínimo vital móvil.
- El procedimiento administrativo fue imparcial y respetó las garantías sindicales y de transparencia.
No se identifican conflictos constitucionales explícitos, pero se sugiere verificar:
- El ajuste del acuerdo al salario mínimo vital móvil (Artículo 14 bis).
- La legitimidad del sindicato y el proceso de negociación (para no incumplir el Artículo 14 bis sobre sindicatos libres.
En ausencia de estos vicios, la norma es válida.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente N° EX-2023-51516178- -APN-DGD#MT las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/9 del documento N° RE-2023-51515423-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-51516178- -APN-DGD#MT obran el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL), por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del acuerdo referido las partes convienen nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores alcanzados por los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 567/03 “E”, N° 728/05 “E”, N° 821/06 “E”, N° 917/07 “E”, N° 820/06 “E” y N° 822/06 “E”, conforme la vigencia y términos allí consignados.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL), por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/9 del documento N° RE-2023-51515423-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-51516178- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 567/03 “E”, N° 728/05 “E”, N° 821/06 “E”, N° 917/07”E”, N° 820/06 “E” y N° 822/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22806/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-497-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324268/1
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo (Mentoro) homologa acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica (Seccional Avellaneda) y Roca Argentina S.A., aprobando escalas salariales. Intervienen la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Dirección de Asuntos Jurídicos y Asesoría Técnico Legal. Se dispone registro, notificación y evaluación de topes indemnizatorios según Ley 20.744. Firmas: Mentoro.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma administrativa en cuestión (la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) es constitucional, ya que se inscribe dentro de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Nacional para reglamentar materias laborales, en concordancia con la Constitución Nacional argentina. A continuación se detallan los fundamentos:
Bases constitucionales que amparan la norma:
-
Artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional:
El Congreso Nacional tiene potestad para dictar "los Códigos... de Trabajo..." y normas laborales. La Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (citada en el acto) fue sancionada por el Congreso, y su reglamentación por el Poder Ejecutivo (como este acto) forma parte del ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución. -
Artículo 14 bis:
El derecho a condiciones equitativas de trabajo, remuneración justa y participación sindical están garantizados en esta norma constitucional. El acto homologa un acuerdo que estable escalas salariales y condiciones laborales, alineándose con estos principios. -
Atribuciones del Poder Ejecutivo (Artículo 99):
El Poder Ejecutivo puede dictar decretos y resoluciones para aplicar la ley, como es el caso de esta Disposición, la cual homologa un convenio colectivo de trabaajo en marco de la Ley 14.250.
Análisis de posibles irregularidades:
-
Cumplimiento de los requisitos formales:
El acto menciona la participación de las partes (sindicato y empleador), con personería y representatividad vallada (Art. 17 de la Ley 14.250), y se ajusta a la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250), lo que no vulnera la Constitución. -
Respecto de los derechos laborales:
El acuerdo homologado no presenta indicios de vulneración de los derechos fundamentales (como el salario mínimo vital, prohibición de trabajo infantil, etc.), y se alinea con el Artículo 14 bis, que exige condiciones "dignas y equitativas de labor". -
Procedimiento administrativo:
El trámite seguido (participación sindical, ratificación de las partes, evaluación por entidades técnicas) cumple con los estándares de legalidad y transparencia, sin vulnerar la Constitución.
Conclusión:
El acto es constitucional porque:
- Ejerce el Poder Ejecutivo sus facultades de aplicar leyes laborales (L. 14.250 y 20.744), dictadas por el Congreso.
- No vulnera derechos constitucionales (como los establecidos en el Artículo 14 bis).
- El proceso seguido está en conformidad con la normativa derivada de la Constitución (Art. 75 inc. 12).
No existen irregularidades constitucionales. La norma se ajusta a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-102555016- -APN-DGD#MT las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 1/2 del documento Nº RE-2023-102554847-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-102555016- -APN-DGD#MT obra el acuerdo de fecha 25 de julio de 2023 celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Seccional Avellaneda-, por la parte sindical, y la empresa ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Entidad Central-, en el documento Nº RE-2024-08008942-APN-DTD#JGM de autos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo en páginas 2/16 del documento Nº RE-2024-89800788-APN-DTD#JGM obran las escalas salariales presentadas por la empresa las cuales fueron ratificadas en el documento Nº RE-2024-92034733-APN-DGD#MT por la entidad sindical.
Que bajo los citados instrumentos las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1466/15 “E”, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que, con relación al carácter no remunerativo acordado a las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los delegados de personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo obrante en páginas 1/2 del documento Nº RE-2023-102554847-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-102555016- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Seccional Avellaneda-, por la parte sindical, y la empresa ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, ratificado en el documento Nº RE-2024-08008942-APN-DTD#JGM por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Entidad Central-, conjuntamente con las escalas salariales obrantes en páginas 2/15 del documento Nº RE-2024-89800788-APN-DTD#JGM, ratificadas en el documento Nº RE-2024-92034733-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Empresa N° 1466/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22807/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-486-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324269/1
Se homologa acuerdo entre SINDICATO LA FRATERNIDAD y FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. sobre gratificación no remunerativa. Firmado por MENTORO. Se citan leyes 14.250, 20.744 y 23.551, y Decreto 200/88. Dispónse registro, notificación a las partes y guarda del expediente. La publicación gratuita corresponde al Boletín Oficial.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión, que homologa un acuerdo colectivo entre el sindicato "La Fraternidad" y la empresa "FerroExpreso Pampeano Sociedad Anónima", no presenta irregulararidades constitucionales. Sin embargo, se identifican posibles puntos de tensión que requieren análisis detallado:
Bases para su constitucionalidad:
-
Respecto al régimen de negociación colectiva (Art. 14 bis de la Constitución):
El acuerdo fue celebrado entre las partes (sindicato y empleador), y homologado por la autoridad competente (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo), siguiendo el procedimiento establecido por la Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva). La Constitución garantiza la libertad sindical y la negociación colectiva (Art. 14 bis, inc. 1 y 29), y el instrumento cumple con estos principios. -
Respecto a los derechos laborales fundamentaless (Art. 14 bis):
La gratificación "no remunerativa" pactada no afecta derechos adquiridos como el "salario mínimo vital móvil" o la "igual remuneración por igual tarea", ya que su carácter no remunerativo no reducee el salario básico ni los beneficios sociales previstos en el convenio colectivo vigente (número 1548/17 "E"). La ley permite clasificar beneficios como no remunerativos, siempre que no menoscaben los derechos mínimos (inciso 1 del Art. 14 bis). -
Procedimiento administrativo válido:
La homologación se realizó conforme a la Ley N° 14.250 y el Decreto N° 200/88, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la Constitución (Art. 19, que prohíbe "privar a un ciudadano de lo que la ley no prohíbe").
Posibles conflictos a considerar:
-
Impacto en la "participación en las utilidades" (Art. 14 bis):
Si la gratificación se finca sobre utilidades, debe asegurarse que la participación sindical en la decisión fue efectiva. La resolución no menciona explícitamente esta participación, pero el sindicato firmante el acuerdo actúa como representante legítimo, lo que cumple con el principio de "participación" implícito en el Art. 14 bis. -
Transparencia y registro:
El Art. 14 bis, inc. 2, exige que los convenios colectivos se registen en registros públicos y que los sindicatos garanticen transparencia en el uso de fondos. La resolución cumple con el registro (Art. 4°), pero debe verificarse que la empresa y el sindicato cumplan con la publicación gratuita en el Boletín Oficial (Art. 14 bis, inc. 2). -
No menoscabo a derechos adquiridos:
La gratificación "no remunerativa" no reducee beneficios previstos en el convenio vigente (número 1548/17 "E"), ni afecta el "salario mínimo vital móvil".
Conclusión:
La norma es constitucional, ya que:
- Sigue el procedimiento establecido por la ley y la Constitución (Art. 14 bis, Arts. 19 y 29).
- No menosca derechos fundamentales como el salario mínimo, la participación sindical o la libertad de asociación (Art. 14 bis, inc. 1 y 2).
- La gratificación no remunerativa no afecta los parámetros constitucionales de "condiciones dignas y equitativas de labor" (Art. 14 bis), inc. 1).
No existen irregulararidades constitucionaless evidentes, siempre que el acuerdo no reducea derechos adquiridos por los trabajadores o viole cláusulas del convenio colectivo vigente. La homologación administrativa se ajusta a las atribuciones del Poder Ejecutivo (Art. 99, inc. 20 de la Constitución).
Posible riesgo:
Si la gratificación se interpreta como un mecanismo para reduir el salario remunerativo o el acceso a beneficios sociales, podría generarse un conflicto con el Art. 14 bis. Pero en el marco de la información proporcionada, no hay indicios de tal efecto.
Conclusión final:
La norma es constitucional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2025
VISTO el Expediente N° EX – 2023-117136845- -APN-DGD# MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-117136754-APN-DGD#MT del Expediente N° EX – 2023-117136845- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativa por única vez, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1548/17 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución empresaria pactada, con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad de la empresa firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-117136754-APN-DGD#MT del Expediente N° EX- 2023-117136845- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1548/17 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22808/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-496-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324270/1
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo (Mentoro) homologa acuerdo entre Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Junín y COFCO International Argentina S.A. conforme Ley 14.250/2004. Establece beneficios hasta los 3 años de edad de los hijos de los trabajadores, extendiéndose hasta diciembre si el cumplimiento ocurre entre julio y diciembre. Se remite a evaluación del tope indemnizatorio conforme Ley 20.744. Notificación a ARCA y publicación en el Boletín Oficial.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) no presenta irregularidades constitucionales evidentes, pero sí existen posibles puntos de análisis que podrían derivar en conflictos interpretativos:
Aspectos Constitucionales Positivos:
-
Alineación con el Artículo 14 bis (Derechos Laborales):
El acuerdo homologado garantiza beneficios vinculados a la maternidad (ej.: extensión de licencias y remuneración), alineándose con el principio de "condiciones dignas y equitativas de labor" y "protección contra el despdo arbitrario" (inciso 1 del Artículo 14 bis). Además, respeta el derecho a la sindicación libre (inciso 2 del Artículo 14 bis). -
Competencia Administrativa:
La homologación de acuerdos sindicales es una atribución del Poder Ejecutivo, conforme al Artículo 14 bis (inciso 2) y a la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250/95). El acto administrativo cumple con el procedimiento establecido en dicha ley (mención explícita en el Artículo 5° de la disposición). -
Publicación y Publicidad:
La disposición cumple con el Artículo 99 inciso 3 del Código Procesal Constitucional, que exige la publicación en el Boletín Oficial para que los actos administrativos adquieran eficacia general.
Posibles Irregularidades o Ambigüedades:
-
Definición de "beneficios no disminuyentes del salario mínimo vital":
El Artículo 14 bis inciso 1 estable que el "salario mínimo vital móvil" es un derech garantizado. Si el acuerdo disminuye este parámetro (por ej., mediante cláusulas que afecten la remuneración básica), podría generarse un conflicto. Sin embargo, el acto no menciona disminución, sino extensión de beneficios, así que no hay indicios de violación. -
Cumplimiento del Artículo 14 bis inciso 3 (Seguridad Social):
El acuerdo no aborda explícitamente la "seguirdad social integral" (inciso 3 del Artículo 14 bis), pero el acto se centra en un beneficio específico (maternidad), lo que no excluye el cumplimiento de otros principios. No hay violación manífesta. -
Forma de nombramiento de la funcionaria:
La Directora Naciónal de Relaciones del Trabajo (Mara Agata Mentoro) debe haber sido nombrada con base en leyes secundarias (ej., Ley 24.050/93 sobre el Sistema Nacional de Empleo y Trabajo). Si su nombramiento no cumple con los requisitos de idoneidad o transparencia, podría suscitar un conflicto de competencia (Artículo 95 inciso 20 del Poder Legislativo, pero el acto en sí no es el problema). -
Posible violación al Artículo 14 bis inciso 2 (participación sindical):
El acuerdo fue firmado por el sindicato y la empresa, cumple con el derecho a la sindicación. No se observan irregularidades en esta materia. -
Cumplimiento del Artículo 19 (ambiente y derecho al trato equitativo):
El acuerdo no afecta el ambiente ni genera discriminación, sino que beneficia a trabajadores, así que no hay conflicto.
Conclusión:
La disposición es constitucional en su esencia, ya que:
- Homologa un acuerdo sindical dentro del marco de la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250), que es compatible con el Artículo 14 bis.
- No modifica derechos fundamentales (como el salario mínimo vital) ni disminuye garantías.
- La autoridad que lo emite (Dirección Naciónal de Relaciones del Trabajo) actúa dentro de su ámbito de competencia, conforme a leyes secundarias.
Irregularidades posibles (requieren mayor análisis):
- Si el acuerdo disminuye beneficios preexistentes o no cumple con parámestros de transparencia en la negociación, podría suscitar un juicio de constitucionalidad.
- La refrencia a "rentas da la Nación" en el Artículo 4° (traspaso de fondos a entidades provinciales) debiera ajustarse a los principios de coparticipación (Artículo 75 inciso 2). Sin embargo, el acto no trata fondos públicos directamente.
En resumen: La norma no viola la Constitución Nacional en su esencia, pero su aplicación práctica podría ser cuestionada si se demostrara que afecta derechos laborales básicos o no cumple con parámestros de equidad.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente N° EX-2023-89200641- -APN-ATJUN#MT, las Leyes Nº 14.250 (T.O. 2004), N° 20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (T.O. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del documento Nº IF-2023-89238158-APN-ATJUN#MT del Expediente N° EX-2023-89200641- -APN-ATJUN#MT obran el Acuerdo y Anexo I celebrados el 2 de agosto de 2023 entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS DE JUNÍN, por la parte sindical, y la empresa COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (T.O. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1452/15 “E”.
Que mediante el acuerdo de marras las partes pactan la modalidad de cumplimiento del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, reglamentado mediante Decreto N° DCTO-2022-144-APN-PTE del 22 de marzo de 2022, bajo las condiciones y términos allí pactados.
Que en relación al plazo del beneficio pactado, este será para niños y niñas de entre cuarenta y cinco (45) días y hasta los tres (3) años de edad inclusive, que estén a cargo de trabajadoras y trabajadores. En caso de que el cumplimiento de los cuatro (4) años ocurriera en forma posterior al 30 de junio y hasta el 30 de diciembre, y siempre y cuando se encuentre debidamente acreditada la situación específica, el pago del beneficio se extenderá hasta el mes de diciembre del año en el que se cumplieron los cuatro (4) años.
Que la Asesoría Técnico Legal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APNDNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo y su Anexo I celebrados entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS DE JUNIN, por la parte sindical, y la empresa COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, que lucen en las páginas 3/5 del documento electrónico Nº IF-2023-89238158-APN-ATJUN#MT del Expediente N° EX-2023-89200641- -APN-ATJUN#MT, que forma parte integrante de la presente, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (T.O. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1452/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Dese traslado del acuerdo homologado a la AGENCIA DE REACUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), para su conocimiento y registro.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que esta SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (T.O. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22809/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-485-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324271/1
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a cargo de Mentoro, homologa acuerdo entre FOCRA y Cámara Industrial de Cerámica Roja sobre condiciones salariales y administración de contribuciones. Se dispone registro del convenio y evaluación de remuneraciones conforme Ley 20.744. Firmantes: Mentoro. No incluye datos tabulados.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
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First
La norma analizada es constitucional. Sin embargo, presenta irregularidades técnicas en su redacción que no afectan su validez esencial. No existen conflictos alguno con la Constitución Nacional Argentina.
Fundamentos: 1. Competencia legislativa: El acuerdo homologado se inscribe en el ámbito de la relación laboral, materia en la que el Congreso tiene atribución plena (inc. 12 del Artículo 75 de la Constitución), y su reglamentación por el Poder Ejecutivo es compatible con la ley de negociación colectiva (Ley 14.250/04).
-
Derechos laborales: Las cláusulas pactadas no vulneran los principios de la Parte Primera (especialmente Artículo 14 bis), que garantiza condiciones dignas de trabajo y participación sindical, ni el Artículo 14 que consagra la libertad sindical y asociativa.
-
Homitéro entre Poderes: El acto administrativo de homologación por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo se ampara en las atribuciones del Poder Ejecutivo para reglamentar la ley (inc. 9 del Artículo 75), sin inmisción en materias exclusivas del Legislativo.
-
Procedimiento: El trámite seguido (evaluación por la asesoría técnica, notificación y registro) cumple con los requisitos establecidos en la Ley 14.250/04 y en el Decreto 200/88, sin irregularse de los parámetros constitucionales.
Irregularidades técnicas (no constitucionales): - Faltas de concordancia en la numeración de artículos (ej.: "promedio" en vez de "promedio"; "fijar el promedio de las remuneraciones" en el Artículo 3°). - Erro en la citación de la Ley N° 23.551 (mencionada como 23.551 pero referida en el texto como Decreto 467/88). - Inconsistencia en la numeración de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo (varias escrituras).
Estas irregularidades no afectann la esencia de la norma ni su alineación con la Constitución.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2025
VISTO el Expediente N° EX -2023-90058101- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-90058037-APN-DGD#MT del Expediente N° EX -2023-90058101- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA), por la parte sindical, y la CAMARA INDUSTRIAL DE CERAMICA ROJA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 150/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución empresaria pactada, con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA), por la parte sindical y la CAMARA INDUSTRIAL DE CERAMICA ROJA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del documento N° RE-2023-90058037-APN-DGD#MT del Expediente N° EX -2023-90058101- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 150/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22810/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-495-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324272/1
Se homologa acuerdo entre Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Junín y COFCO Internacional Argentina S.A. sobre condiciones salariales. Firmantes: Mentoro (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo). Se citan leyes 14.250, 20.744 y 23.546. Se mencionan datos tabulados en anexos. Se ordena registro, notificación y evaluación de remuneraciones conforme Ley 20.744. Publicación en B.O. por Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (la Disposición N° 22811/2025) es constitucional, ya que se inscribe dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional Argentina. A continuación:
Bases constitucionales que avalen su validez:
-
Artículo 14 bis: Reconoce el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y la concertación de convenios colectivos de trabajo, así como la protección de condiciones laborales dignas. El acto administrativo homologa un acuerdo entre una empresa y un sindicato, alineándose con estos principios.
-
Artículo 75 inciso 19: Confiere al Congreso la facultad de legislar en materia de trabajo, lo cual ha sido ejercido a través de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 y otras normas. El acto administrativo opera como implementación de estas leyes, sin alterar derechos fundamentales.
-
Poder ejecutivo y administrativo: El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Naciónal de Relaciones del Trabajo, actúa dentro de sus atribuciones reglamentarias y de homologación de convenios colectivos, conforme a las leyes existentes (Ley 14.250 y Decreto N° 200/88, entre otras).
Posibles cuestiones (sin afectar su constitucionalidad):
- Cumplimiento de requisitos formales: Se debe verificar que el convenio colectivo cumpla con los requisitos de la Ley 14.250 (representación sindical, negociación en forma voluntaria, etc.), pero esto es una cuestión de aplicación de la ley, no de constitucionalidad.
- Contenido del convenio: Si el convenio pactara cláusulas que violesten derechos fundamentales (ej: salarios inferores al mínimo vital, restricciones a la libertad sindical), etc.), podrían generarse conflictos individuales, pero el acto de homologación en sí no sería inconstitucional por ello, ya que el control de fondo de las cláusulas corresponde a la justicia laboral.
Conclusión:
El acto administrativo no presenta irregularidades constitucionales. Homologa un acuerdo sindical-empresarial dentro del marco de las leyes laborales vigentes, alineándose con los principios de libertad de negociación colectiva y protección al trabajo establecidos en la Constitución. La constitucionalidad de la norma está garantizada.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente N° EX-2023- -110591814- -APN-ATJUN#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del documento N° IF-2023-111053078-APN-ATJUN#MT del Expediente N° EX-2023- -110591814- -APN-ATJUN#MT, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS DE JUNIN, por la parte sindical, y la empresa COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del mentado acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1452/15 “E”, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.
Que el mentado convenio ha sido celebrado oportunamente entre la entidad gremial de marras y la empresa NIDERA SOCIEDAD ANONIMA.
Que al respecto, cabe dejar asentado que la firma NIDERA SOCIEDAD ANONIMA ha cambiado su razón social, denominándose actualmente COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, conforme surge acreditado de los antecedentes obrantes en esta cartera de estado.
Que con respecto al carácter atribuido al incremento pactado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la precitada contribución solidaria, corresponde señalar que su vigencia quedará circunscripta a la vigencia del presente Convenio.
Que el Delegado de Personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS DE JUNIN, por la parte sindical, y la empresa COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 3/5 del documento N° IF-2023-111053078-APN-ATJUN#MT del Expediente N° EX-2023-110591814- -APN-ATJUN#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1452/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22811/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-484-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324273/1
Se homologa acuerdo entre FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH) y YPF SOCIEDAD ANÓNIMA sobre nuevas condiciones salariales en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1675/22 “E”. Se requiere entrega de escalas salariales para determinar tope indemnizatorio. Firmado por MENTORO (Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo).
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma impugnada (la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) es constitucional, en tanto se inscribe dentro del marco de competencias conferidas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo por la Constitución Nacional, y no contraviene derechos o principios constitucionales. A continuación, se detallan los fundamentos:
Bases constitucionales de validedad:
-
Competencia del Poder Ejecutivo en materia laboral (Art. 99, inc. 17):
La homologación de convenios colectivos de trabajo forma parte de la ejecución de la ley 20.744 (Código de Trabajo) y la ley 14.250 (Negociación Colectiva), cuya sanción corresponde al Congreso (Art. 75, inc. 12). El Poder Ejecutivo, a través de su ministerio de Trabajo, cumple con funciones de aplicación de las normas laborales, lo que está amparado constitucionalmente. -
Protección de los derechos laborales (Art. 14 bis):
El acuerdo homologado garantiza condiciones salariales y laborales, alineándose con el deber del Estado de proteger el trabajo y las relaciones laborales (inciso 1 del Art. 14 bis). La homologación no vulnera derechos, sino que los materializa. -
Autonomía de los convenios sindicales (Art. 14, inc. 1 y 14 bis):
El acuerdo entre las partes (SUpeh y YPF) responde a la libertad de negociación colectiva, amparada por la Constitución (Art. 14, inc. 1 y Art. 14 bis). El Estado, en este caso, actúa como árbitro homologante, sin intervenir en el contenido sustancial del convenio, lo que es válido. -
Legislación laboral vigente:
Las leyes 14.250 y 20.744, que sirven de base al acto, fueron sancionadas por el Congreso con arreglo a las atribuciones conferidas por la Constitución (Art. 75, inc. 12). La homologación es un acto administrativo de aplicación de estas normas, sin alterar derechos constitucionales.
Posibles cuestiones, pero no de nulidad:
-
Formalidades en el trámite de homologación:
Si existieren vicios en el procedimiento (ej. falta de publicación, no cumplimiento de requisitos formales exigidos por la ley 14.250), podrían generar nulidad administrativa, pero no constitucional. Esto es un cuestion de aplicación de la ley, no de inconstitucionalidad. -
Posible conflicto con el Artículo 14, inc. 1:
Si el convenio redujera derechos (ej. salariales o condiciones inferiores a las legales), podría generarse un conflicto. Pero el contenido descrito (acuerdo sobre "nuevas condiciones salariales") no indica tal vulneración, sino todo lo contario.
Conclusión:
La norma es constitucional, ya que:
1. Ejerce competencias conferidas al Poder Ejecutivo en materia laboral (Art. 99, inc. 17).
2. No vulnera derechos fundamentales (como los laborales, amparados en el Art. 14 y 14 bis).
3. Se ajusta a la ley 14.250 y 20.744, cuya constitucionalidad no se cuestiona en el expediente.
No existen irregularidades constitucionales evidentes en el acto administrativo analizado.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-125509944- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del documento Nº IF-2023-125522541-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-125509944- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte sindical, y la empresa YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, bajo el acuerdo de marras, las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1675/22 “E”, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que, sin perjuicio de ello, respecto a la gratificación pactada en la cláusula primera, corresponde hacer saber a las partes lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que, a tales fines, las partes deberán acompañar las escalas salariales que se aplicarán con motivo del incremento acordado, debiendo ser ratificadas por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 3/4 del documento Nº IF-2023-125522541-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-125509944- -APN-DGD#MT, celebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte sindical, y la empresa YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias haciéndoseles saber que deberán acompañar las escalas salariales que se aplicarán con motivo del incremento acordado, debiendo ser ratificadas por ante esta Autoridad de Aplicación. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1675/22 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22812/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-494-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324274/1
Homologación de acuerdo salarial entre UNIÓN OBRERA METALURGICA (Seccional Avellaneda y Central) y ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, bajo el Convenio Colectivo 1466/15 “E”, conforme Leyes 14.250, 23.546 y Decreto 200/88. Firmado por MENTORO. Intervinieron las Direcciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO. Establece registros, notificaciones y evaluación de remuneraciones según Ley 20.744.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma impugnada (la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) no presenta irregularidades constitucionales manifiestas y se alinea con los principios y atribuciones establecidos en la Constitución Nacional Argentina. Sin embargo, se detallan los aspectos clave que respaldan su constitucionalidad y se analizan posibles cuestiones marginales:
Bases constitucionales de su validez:
-
Atribuciones del Poder Ejecutivo en materia laboral (Art. 75, inc. 12 de la Constitución):
El Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo la faculdad de reglamentar y homologar convenios colectivos de trabajo mediante leyes como la Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva). La homologación de acuerdos entre sindicatos y empleadores forma parte de la ejecución de la política laboral nacional, lo que está dentro de las faculdaes del Poder Ejecutivo (ver Art. 99 de la Constitución). -
Protección de los derechos laborales (Art. 14 bis):
El acuerdo homologado no limita los derechos laborales establecidos en la Constitución (como el salario mínimo vital, la estabilidad laboral o la libertad sindical), sino que, al contrarío, refleja un acuerdo voluntario entre las partes que debe ajustarse a los principios de la Constitución. La homologación administrativa no contraviene estos principios. -
Federalismo y competencia en materia laboral:
La regulación de los convenios colectivos de trabajo es de competencia concurrente entre la Nación y las provincias (Art. 123 de la Constitución), pero en este caso, el ámbito de aplicación es un convenio específico en una empresa (Roca Argentina), lo que cae dentro de la competencia federal en matéria de negociación colectiva (Ley N° 14.250 es de ámbito nacional). -
Procedimiento administrativo:
El acto administrativo sigue el trámite previsto en la L. 14.250 y en las disposiciones de la Secretaría de Trabajo, lo que cumple con el principio de legalidad (Art. 116 de la Constitución).
Posibles cuestiones a considerar:
-
Cumplimiento de los principios de la Ley 14.250:
Se debe verificar que el acuerdo no contenga cláusulas que vulneren los mínimos constitucionales (ej.: salario mínimo vital, prohibición de despidos arbitrario). Si el convenio respetá estos principios, no hay conflicto. -
Transparencia y participación sindical:
La participación de la Central de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) como sindicato de personería gremial (Art. 14 bis) y el proceso de ratificación por la seccional Avellaneda son clave. Si el sindicato tuvo legitimación para negociar (como acredita el expediente), no hay irregularidad. -
Interferencia con las jurisdicciones provinciales:
Si el convenio afectara competencias provinciales (ej.: si regulara aspectos de la seguridá social de competencia provincial), podría surgir un conflicto con el Art. 123 de la Constitución. Pero en este caso, el ámbito es federal (empresa bajo jurisdicción nacional), así que no hay conflicto.
Conclusión:
La norma es constitucional porque:
- Ejercé faculdaes administrativas dentro de los límites de las leyes sancionadas por el Congreso (L. 14.250).
- No limita derechos fundamentales laborales (Art. 14 bis), Art. 14).
- Respeta el federalismo al actuar en marco de competencias nacionales en matéria de negociación colectiva.
No se identifican vicios constitucionales evidentes. La homologación del convenio es un acto válido dentro del marco de las atribuciones del Poder Ejecutivo para aplicar la legislación laboral nacional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente N° EX-2023-51861742- -APN-DGD#MT las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 del documento N° RE-2023-51861422-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-51861742- -APN-DGD#MT obran el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados con fecha 19 de abril de 2023 entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Seccional Avellaneda-, por la parte sindical, y la firma ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Central- en el documento N° RE-2023-126067682-APN-DGD#MT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes convienen modificaciones salariales en el marco de Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1466/15 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados
Que el ámbito de aplicación del acuerdo encuentra concordancia entre la actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergente de su Personería Gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Escalas Salariales celebrados entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Seccional Avellaneda-, por la parte sindical, y la firma ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora obrantes a paginas 1/6 del documento N° RE-2023-51861422-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-51861742- -APN-DGD#MT, ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Central- en el documento N° RE-2023-126067682-APN-DGD#MT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1466/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22813/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-483-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324275/1
MENTORO, Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, homologa acuerdo entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICA Y PERFUMERIA sobre condiciones salariales en el Convenio Colectivo 617/10. Se citan leyes 14.250, 20.744 y 23.546. Incluye anexos y establece procedimientos de registro, notificación y publicación en el Boletín Oficial (BORA 22/04/2025).
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión es constitucional, pero presenta posibles irregularidades que deben analizarse con detealle:
Regularidades y posibles conflictos con la Constitución:
- Cumplimiento del Artículo 14 bis (Derechos laborales):
-
El acuerdo homologado debe garantizar condiciones salariales no inferiores al "salario mínimo vital móvil" (Art. 14 bis) y respetar cláusulas como la participación en ganancias, estabilidad en el empleo y prohibición de despidos arbitrarios. Si el acuerdo estable un salario inferior al mínimo legal o reduceiere derechos adquiridos, violaría este precepto.
-
Competencia administrativa vs. legislativa (Art. 75 inciso 12):
La homologación de convenios colectivos es una función administrativa del Poder Ejecutivo (a través de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo), conforme a la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250). Sin embargo, el acto administrativo no puede modificar derechos constitucionales ni establecer normas que contravengan la Constitución. Si el acuerdo incluye cláusulas que limiten derechos básicos (ej.: flexibilización de contratos sin garantizar el "bienestar general" del Art. 14 bis), podría ser cuestionado. -
Procedimiento de homologación (Art. 19 de la Ley 14.250):
La norma cumple con el procedimiento establecido en la ley, pero debe asegurar que el acuerdo no afecte el "equilibrio federativo" (Art. 3º) ni interfiera en competencias provinciales (ej.: si el ámbito de aplicación incide en materias de jurisdicción local sin respetar la autonomía provincial, podría violar el Art. 121). -
Transparencia y participación sindical (Art. 14 bis):
El acuerdo debe reflejar la libertad sindical y la negociación colectiva genuina. Si el sindicato que firmó no representa a la totalidad de los trabajadores del sector (ej.: si hay sindicatos minoría que no fueron considerados), podría cuestionarse su legitimidad, afectando el "derecho de asociación sindical" (Art. 14 bis). -
Salario mínimo vital móvil (Art. 14 bis):
Si el acuerdo estable un salario inferior al fijado por el Poder Ejecutivo (según lo dispuesto en el Art. 14 bis), el acto administrativo de homologación sería nulo por violar un precepto constitucional.
Conclusión:
La norma es constitucional sí y solamente si el contenido del acuerdo colectivo:
- No reduce los derechos establecidos en el Art. 14 bis (salario mínimo, estabilidad, participación sindical).
- Respete la autonomía sindical y la negociación genuina.
- No interfiera en competencias provinciales o nacionales establecidas en la Constitución (ej.: jurisdicción laboral federal).
En caso de que el acuerdo incluya cláusulas que violen estos principios, la homologación podría ser impugnada como acto de "fuerza de cosa juedada" (Art. 125), ya que las autoridades administrativas no pueden transar derechos constitucionales.
Posibles conflictos:
- Salario inferior al mínimo vital: Si el acuerdo estable un salario por debajo del fijado por ley (inciso 1 del Art. 14 bis), la homologación sería nula.
- Limitación de derechos sindicales: Si el sindicato no representa a la totalidad de los trabajadores o hubo vicios en la negociación (ej.: falta de notificación pública), podría afectar el "derecho de asociación" (Art. 19).
En resumen, la norma es constitucional en su forma, pero su contenido depende del análisis del acuerdo en sí, particularmente en su alineación con los derechos laborales consagrados en la Constitución.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-117252372- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2023-117233337-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-117252372- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICA Y PERFUMERIA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, bajo el acuerdo de marras, las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 617/10, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2023-117233337-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-117252372- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICA Y PERFUMERIA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo N° 617/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22814/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-493-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324276/1
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, bajo firma de Mentoro, homologa acuerdo entre UTEDyC y OSDEPYM sobre recomposición salarial en el Convenio Colectivo 1407/14 “E”, conforme Ley 14.250/2004. Se dispone registro administrativo, notificación a las partes y evaluación de remuneraciones según Artículo 245 de la Ley 20.744/1976. Se mencionan leyes y decretos citados, sin datos tabulados.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma en cuestión (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) no presenta irregularidades constitucionales. A continuación, se explica el análisis:
Bases constitucionales que respeta:
-
Derechos laborales (Artículo 14 bis):
El convenio colectivo homologado garantiza condiciones laborales (recomposición salarial, participación sindical, etc.), alineándose con el Artículo 14 bis, que exige protección al trabajo, salario justo y participación sindical. La homologación administrativa es un acto de aplicación de la ley laboral (L.gales 14.250 y 20.744), que en su origen deben ajustarse a la Constitución. -
Libertad de negociación colectiva (Artículo 14 bis y 43):
El convenio surge de negociación entre sindicato y empleadores, respetando el derecho a asociarse (Art. 14 bis) y la negociación colectiva (Art. 43 de la Constitución). La homologación administrativa no menoscaba estos principios. -
Competencia del Poder Ejecutivo (Artículo 99 inc. 2 y 20):
La homologación de convenios colectivos es una atribución del Poder Ejecutivo, conforme a las leyes laborales (Ley 14.250, Art. 61).). Esta acción está amparada por la Constitución, ya que el Ejecutivo aplica la ley existente. -
Procedimiento de homologación (Artículo 14 bis y 75 inc. 19):
El Congreso tiene atribución para legislar sobre negociación colectiva (Art. 75 inc. 19). La ley 14.250, que reglamenta los convenios colectivos, debe ajustarse a la Constitución, y la norma en cuestión es un acto de aplicación de dicha ley.
Posibles objeciones y respuestas:
-
¿El convenio reducee derechos?
No: La ley 14.250 (Art. 61) exige que los convenios no puedan menoscabar derechos adquiridos. La homologación administrativa verifica que el convenio cumple con la normativa, que a su vez debe estar conforme con la Constitución (p. ej., salario mínimo vital, participación sindical). -
¿Violación de la autonomía sindical (Artículo 14 bis)?
No: El convenio fue celebrado entre las partes (sindicato y empleadores), respetando la libertad de negociación y la autonomía sindical, consagrada en el Artículo 14 bis (derecho a asociarse y negociar). -
¿Conflictos con el Artículo 14 bis sobre seguridad social?
No: El convenio no afecta directamente la seguridad social, que es competencia de la Nación (Art. 14 bis). La norma simplemente homologa un acuerdo que no contradice la Constitución.
Conclusión:
La norma es constitucional porque:
1. Aplica leyes laborales (como la Ley 14.250) que deben ajustarse a la Constitución.
2. Respetá los principios de negociación colectiva y derechos laborales (Art. 14 bis y 43).
3. El acto del Poder Ejecutivo (homologación) está dentro de sus atribuciones (Art. 99 inc. 2 y 20).
No hay conflictos con la Constitución Nacional.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-127620642- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2023-127620117-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-127620642- -APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS (OSDEPYM), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1407/14 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que, en relación al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del instrumento, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la entidad empleadora firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que los Delegados de Personal han tomado la intervención que les compete, conforme lo normado en el Artículo 17º de la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2023-127620117-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-127620642- -APN-DGDYD#JGM, celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS (OSDEPYM), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1407/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22816/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-492-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324277/1
Se homologa acuerdo entre UTEDyC y entidades empleadoras: AATRAC, SUETRA, Sindicato Empleados Vidrio, Federación Jaboneros, Sindicato Mecánicos, UOETSYLRA, Federación Correo y Telecomunicaciones y Asociación Textil. Se dispone registro, notificación y evaluación del tope indemnizatorio conforme Ley 20.744. Firmado por MARA AGATA MENTORO.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La disposición N° 22817/2025, que homologa un acuerdo colectivo de trabajo entre sindicatos y empleadores, no presenta irregularidades constitucionales evidentes. Su contenido se inscribe dentro de los principios y marcos establecidos por la Constitución Nacional, específamente:
Análisis de conformidad:
-
Derechos laborales y negociación colectiva (Art. 14 bis, inc. 1°):
El acuerdo homologado alude a condiciones salariales, beneficios y regulación de relaciones laborales, lo que está explícitamente garantizado por la Constitución. El Artículo 14 bis faculta a los sindicatos a "concertar convenios colectivos de trabajo", y el Estado, a través de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, cumple con su rol de controlar la legalidad del acuerdo (ver considerando 4° de la disposición). -
Facultades del Poder Ejecutivo (Art. 99, inc. 2° y 20°):
La homologación de convenios colectivos forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo para "ejercer las facultades que le delegue el presidente" (Art. 100) y de la reglamentación de la negociación colectiva (Art. 14 bis). La actuación administrativa aquí es compatible con la ley 14.250 (Légula de la negociación colectiva), cuya reglamentación es competencia del Poder Ejecutivo. -
Libertad de negociación colectiva (Art. 14 bis, inc. 1°):
El acuerdo surge de un proceso de negociación entre parites libres y equitativos (sindicatos y empleadores), sin indicios de vioación a principios de libertad o igualdad contractual.
Posibles conflictos potenciales:
-
Salvaguarda de derechos mínimos (Art. 14 bis, inc. 1°):
Si el acuerdo redujera condiciones inferiores al salario mínimo vital, móvil o garantías establecidas en la Constitución, podría generarse un conflicto. Sin embargo, la disposición no indica tal situación, y se presupone que el acuerdo fue evaluado por las autoridades para asegurar su alineación con los marcos legales. -
Formalidad de la homologación (Art. 19 de la Constitución):
La actuación administrativa cumple con los recaudos formales (ej.: intervención de las áreas técnicas, evaluación de la concurrencia de parteses legitimas y de sus facultades negociatorias), como se consigna en los considerandos.
Conclusión:
La disposición es constitucional porque:
- Respetá los principios de libertad de negociación colectiva y de regulación administrativa de los convenios colectivos (Art. 14 bis).
- No limita derechos fundamentales (como el salario mínimo, la libertad sindical o la negociación) sino que los consolida.
- Actúa en marcos de competencia del Poder Ejecutivo (Art. 99, inc. 20°).
No hay indicios de vioación a la Constitución. La actuación se inscribe en el marco de las atribuciones administrativas y reglamentarias, sin excederse en la reglamentación de derechos laborales ya garantizados.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-71932284- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del documento Nº RE-2023-71931361-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-71932284- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo de fecha 8 de mayo de 2023 celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y las siguientes entidades gremiales en su condición de empleadoras: ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUETRA), SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, FEDERACION DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES, y ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho instrumento las partes pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 183/92, con la vigencia y detalles allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado, se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 1/3 del documento Nº RE-2023-71931361-APN-DGDYD#JGM del Expediente Nº EX-2023-71932284- -APN-DGDYD#JGM, celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y las siguientes entidades gremiales en su condición de empleadoras: ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUETRA), SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, FEDERACION DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES, y ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 183/92.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22817/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-482-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324278/1
Mentoro homologa acuerdo entre FATTEL y Telecom Argentina sobre recomposición salarial en el marco del Convenio Colectivo 713/15. Se citan leyes y decretos. Establece procedimiento para registro, evaluación de remuneraciones y fijación de tope indemnizatorio. Firmante: Mentoro.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que homologa un Convenio Colectivo de Trabajo entre FATTEL y Telecom Argentina S.A.) no presenta irregularidades constitucionales explícitas, ya que se inscribe en el marco de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo para regular la negociación colectiva y los derechos laborales, conforme a la Constitución Nacional. Sin embargo, se identifican posibles puntos de tensión que requieren análisis:
Puntos de conformidad:
- Negociación Colectiva y Derechos Laborales (Art. 14 bis, 14 y 19 de la Constitución):
- El acuerdo homologado respeta el derecho de asociación sindical (Art. 14 bis) y la negociación colectiva, amparado en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250.
-
Los términos del convenio (recomposición salarial, condiciones de trabajo) son compatibles con los principios de "condiciones dignas y equitativas de labor" (Art. 14 bis) y el "salario mínimo vital móvil" (Art. 14 bis), siempre que no se subestimen estos parámetros legales.
-
Facultades del Poder Ejecutivo:
-
La homologación de convenios colectivos está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, conforme a la Ley N° 14.250 (Art. 62 y ss.), la cual es constitucionalmente válida (no hay intervención del Congreso en este acto específico).
-
Procedimiento Administrativo:
- El acto sigue el trámite establecido en la normativa laboral (ej. evaluación de representatividad sindical, ausencia de irregularidades con la ley), como consta en el expediente.
Posibles Conflictos con la Constitución:
- Salario Mínimo Vital Móvil (SMVM) (Art. 14 bis):
-
Si el convenio pacta salarios inferiores al SMVM establecido por ley, no hay conflicto. Sin embargo, si el acuerdo disminuyera salarios por debajo del SMVM, violaría el Art. 14 bis. El texto del acto no indica esto, pero requiere verificación de los términos concretos del convenio.
-
Participación Sindical:
-
El acto menciona que la FATTEL acreditó su "personería sindical" y la "representatividad" de los agentes negociales. Si la representatividad de la FATTEL no estuviera debidamente acreditada (ej. no refleja la voluntad de la mayoría de los trabajadores), podría afectar la validez del convenio, generando un vicio de origen.
-
Independencia del Poder Legislativo:
-
El acto es un acto de aplicación de la ley (homologación), no de creación de normas, por lo que no hay intervención indebida del Poder Ejecutivo en el campo legislativo (Art. 48 y ss.).
-
Derecho a la Defensa Sindical (Art. 14 bis):
-
Si el convenio incluye cláusulas que restrinja la actividad sindical (ej. limitación a la huelga o negociación), podría violar el Art. 14 bis. El acto no lo indica, pero se requiere verificación del contenido específico del convenio.
-
Transparencia y Control:
- El Artículo 14 bis exige "transparencia" en los convenios que afecten derechos colectivos. El acto menciona el registro y publicación del convenio (Art. 4°), lo que cumple con este principío.
Conclusión:
La norma es constitucional en su esencia, ya que cumple con los principios de negociación colectiva y respeto a los derechos laborales establecidos en la Constitución (Art. 14 bis, 19 y 14). Sin embargo, podrían surgir vicios si: - El convenio pacta salarios inferiores al SMVM. - La representatividad sindical no estuviera debidamente acreditada. - El acuerdo incluye cláusulas que restrinjan derechos fundamentales (ej. huelga o defensa sindical).
En su forma y procedimiento, el acto administrativo es válido, pero su contenido depende de la concordancia del convenio con los estándares constitucionales (específicamente, Art. 14 bis). y leyes secundales).
Conclusión final: La norma es constitucional salvo que su contenido específico (el convenio) viole derechos laborales amparados en la Constitución (ej. salarios mínimos, condiciones dignas), en cado se declararía nulidad de las cláusulas violatorias.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-123960142- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el Documento Nº RE-2023-123959991-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-123960142- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado el día 4 de octubre 2023 entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta una recomposición salarial en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 713/15, conforme los términos y lineamientos estipulados.
Que, con relación a la suma pactada e independientemente del marco en el cual fueran acordadas, cabe hacer saber que la homologación de los mencionados instrumentos lo será sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que acerca de lo pactado en el artículo quinto in fine, se deja indicado que la homologación que por el presente se dicta del acuerdo de marras, lo es como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores involucrados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.
Que la representación sindical ha denunciado la inexistencia de delegados de personal en la empresa en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el Decreto N° DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2023-123959991-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-123960142- -APN-DGD#MT celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 713/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22818/25 v. 22/04/2025
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - DI-2025-481-APN-DNRYRT#MCH
#laboral
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324279/1
Mentoro homologa acuerdo entre UPJET y Telecom Argentina sobre asignación extraordinaria, conforme Ley 14.250. Se dispone registro en la Subsecretaría de Gestión Administrativa y notificación a las partes. Incluye anexos publicados en BORA.
Referencias
Constitucionalidad (experimental)
La norma analizada (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo) es constitucional, ya que no contradije principios ni normas de la Constitución Nacional Argentina. A continuación, se explica el fundamento:
Análisis de constitucionalidad:
-
Derechos Laborales (Artículo 14 bis):
El acuerdo homologado garantiza una mejora en condiciones laborales (asignación extraordinaria), participación sindical), y cumple con los principios de "condiciones dignas de labor" y "participación sindical" consagrados en el Artículo 14 bis. La negociación colectiva es expresamente protegida por la Constitución, y la homologación administrativa es un acto válido dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo (Artículo 99 inciso 2). -
Procedimiento de homologación:
El acto administrativo se ampara en la Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva), que está conforme a la Constitución. La homologación de acuerdos sindicales es una función reglamentaria, no legislativa, y cumple con los recaudos formales (Artículo 99 inciso 2, 75 inciso 20 y 24). -
No intervención en competencias provinciales:
El acuerdo se limita al ámbito laboral de una empresa privada (Telecom Argentina) y no afecta competencias provinciales ni normas de orden nacional exclusivo (Artículo 121 y 125 de la Constitución). -
Derechos sindicales y participación sindical:
El acuerdo respetaa los principios de negociación colectiva y sindicatos libres (Artículo 14 bis), inciso 3 del Artículo 38). La UPJet, sindicato firmante, actúa dentro de sus atribuciones legales. -
No violación de principios básicos:
No afecta derechos fundamentales (libertad de contratación, propiedad, ni garantías individuales). La asignación pactada no es un tributo ni una carga pública, sino un acuerdo entre partes privadas.
Posibles cuestiones (aunque no constitucionales):
-
Aspectos legales secundarios:
Podría debatirse si el acto cumple con los recaudos de publicación y registro según la Ley 14.250, pero esto es una cuestión de aplicación de la ley, no de constitucionalidad. -
Interés público:
Si el acuerdo implicara fondos públicos sin autorización legislativa, podría haber un conflicto, pero en este caso se trata de una empresa privada (Telecom Argentina), a pesar de su naturaleza mixrofática).
Conclusión:
La norma es constitucional porque:
- Respete los principios laborales de la Constitución (Artículo 14 bis).
- Ejerce atribuciones administrativas del Poder Ejecutivo dentro del marco de las leyes (Ley 14.250).
- No interferé en competencias exclusivas del Congreso ni en garantías fundamentales.
No hay irregularidades constitucionales. La medida fortalece derechos laboraless consagrados en la Constitución y sigue el procedimiento legar establecido.
Ver texto original
Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2025
VISTO el Expediente Nº EX-2023-50719173- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el documento Nº RE-2023-50718503-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-50719173- -APN-DGD#MT obra el Acuerdo celebrado entre la UNION DEL PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (UPJET), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, de fecha 26 de diciembre de 2022, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen una asignación extraordinaria y por única vez, en los términos allí consignados y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 497/02 “E”.
Que, con relación a la suma pactada e independientemente del marco en el cual fuera acordada, cabe hacer saber a las partes que la homologación del presente acuerdo lo es sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto de la entidad empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNION DEL PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (UPJET), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce en el documento Nº RE-2023-50718503-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-50719173- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 497/02 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mara Agata Mentoro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/04/2025 N° 22823/25 v. 22/04/2025
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -
#edicto
via: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324280/1
El BCRA emplaza a Mariano BAZAN (DNI 28.250.641) a comparecer en 10 días hábiles en el expediente EX2023-00076234-GDEBCRA-GFC#BCRA por el sumario 8206 sobre "PESQUERA TOLMAR S.A.", bajo apercibimiento de rebeldía. Firmantes: Lizzi (Analista Sr.) y Bravo (Jefa Gerencia Asuntos Contenciosos).
Ver texto original
EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al señor Mariano BAZAN (DNI 28.250.641) para que comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente EX2023-00076234-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario 8206, caratulado “PESQUERA TOLMAR S.A.”, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (TO por Decreto 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía en caso de incomparecencia. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Gabriela Bravo, Jefa, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 16/04/2025 N° 23957/25 v. 24/04/2025