• Decretos:
  • 2098/2008
    infoleg 148090

La norma analizada (Resolución 22364/2025 del Ministerio de Economía) no presenta vicios de inconstitucionalidad en abstracto, pero presenta posibles irregularidades que podrían derivar en conflictos constitucional si no se cumplen los siguientes principios:

1._compatliciencia con el Artículo 14 bis (Derechos Laborales):

• Posible conflicto: La bonificación por "desempeño destacado" debe ajustarse a los principios de equidad y transparencia establecidos en el artículo 14 bis (participación en ganancias, retribución justa y transparencia). Si el criterio de selección (calificaciones, evaluación, etc.) no garantiza equidad o no incluye a los trabajadores afectados (o sus sindicatos) en la decisión, podría vulnerar el artículo 14 bis.

2. Cumplimiento del Artículo 75 inciso 8 (Presupuesto):

• Poselijke irregularidad: La disposición debe imputar el gasto al presupuesto nacional. Si el fondo asignado no está previsto en el presupuesto aprobado por el Congreso (art. 75, inc. 8), su implementación podría ser irregular. La mención al crédito presupuestario en el art. 2 de la resolución requiere verificación de su existencia en el marco legal.

3. Procedimiento Administrativo y Delegación Legislativa:

• Poselijke vicio: El art. 66 prohíbe la delegación legislativa salvo casos específos. La resolución se basa en el convenio colectivo homologado (decreto 2098/2008 y resolución 98/2009). Si estos instrumentos no reglan los criterios objetivos para la bonificación, la resolución podría ser considerada una "leygislación de facto" (art. 66).

4. Derecho a la Información (Artículo 41):

• Transparencia: El artículo 41 garantiza el derecho a un ambiente de información accesible. Si la resolución no publica el criterio de selección y los beneficiarios (como exige el anexo mencionado), podría vulnerar este precepto.

5. Inmunidad de los Legisladores (Artículo 69):

• No aplica: La norma no afecta a miembros del Congreso, así que no hay conflicto aquí.

6. Competencia del Poder Ejecutivo (Artículo 99):

• Procedimiento válido: La resolución es un acto administrativo dentro de las atribuciones del Ministerio de Economía (art. 99), siempre que no modifique derechos adquirdos o cree obligacines fiscales (no es el caso).

Conclusión:

La norma es constitucional en principio, pero su aplicación podría ser cuestionada si: - No garantiza equidad en la distribución (art. 14 bis). - No cuenta con fondos presupuestarios asignados (art. 75, inc. 8). - Los instrumentos subsecuentes (convenio colectivo y resoluciones previas) no cumplen con los principios de transparencia y equidad.

En caso de demanda, el tribunal podría analizar si la medida cumple con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente en relación al artículo 14 bis y el derecho a la equidad salarial.

Ciudad de Buenos Aires, 09/04/2025

Visto el expediente EX-2024-85159194-APN-DGDA#MEC, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008 y la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones simples del período 2021 para los agentes pertenecientes a la planta del personal permanente de la ex Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, actual Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, según se detalla en el anexo (IF-2024-127508349-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, de conformidad con lo establecido en el “Régimen para la Aprobación de la Asignación de la Bonificación por Desempeño Destacado al Personal Comprendido en el Régimen establecido en el Sistema Nacional de Empleo Público”, aprobado mediante el artículo 2° de la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Que conforme surge del listado de apoyo a la bonificación de agentes con funciones simples, los agentes mencionados en el anexo (IF-2024-127508349-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, obtuvieron la mayor calificación (cf., IF-2024-97555867-APN-DCYRL#MEC).

Que en idéntico sentido obra el listado definitivo conformado por la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa de esta cartera (cf., IF-2024-104094751-APN-DGRRHH#MEC).

Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete expresando su conformidad según consta en el Acta del 24 de septiembre de 2024 (cf., IF-2024-105099433-APN-DGRRHH#MEC).

Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa informó que esta cartera cuenta con créditos presupuestarios para afrontar el gasto que demande esta resolución (cf., IF-2025-16486158-APN-DGA#MEC).

Que la Oficina Nacional de Empleo Público actuante en el ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de lo contemplado en el artículo 2° del anexo II a la resolución 98/2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado establecida en el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, para los agentes pertenecientes a la planta del personal permanente de la ex Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, actual Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, según se detalla en el anexo (IF-2024-127508349-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta resolución, correspondiente a las funciones simples del período 2021.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Andres Caputo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 22364/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 24660
    infoleg 37872
  • 27375
    infoleg 277449
  • 24372
    infoleg 67467
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 303/1996
    infoleg 35551

La norma establecida en la Resolución 22911/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional presenta irregularidades constitucionales que la tornan contraria a la Constitución Nacional Argentina. A continuación, se detallan los principales de conflicto:

1. Violación al Artículo 14 bis (Derechos Laborales)

• Inciso 1 del Artículo 14 bis: estable que el trabajo debe garantizar:
• "retribución justa" y "salario mínimo vital móvil (SMVM)".
• La resolución excluye el SMVM para las "tareas de mantenimiento, limpieza, etc.", al establecer que el peculio por esas actividades "no tendrá en consideración el SMVM" (art. 2°). Esto viola directamente la obligación constitucional de garantizar el SMVM para todo trabajo.

2. Posible Trabajo Forzado (Artículo 18)

• El Artículo 18 prohíbe "toda especie de tormento" y la "confiscación de bienes" (inciso a la pena de muerte y tormentos).
• Si las tareas de limpieza son obligatorias sin remuneración adecuada, podría interpretarse como una forma de trabajo forzado sin contraprestación justa, violando el principio de dignidad humana y la prohibición de tratos degradantes (cf. Artículo 18, inciso final).

3. Limitación a la Reinserción Social (Objeto Constitucional del Trabajo Penitenciario)

• El Artículo 14 bis y la Ley 24.660 (incorporada en el Artículo 24 de la Constitución por el Artículo 3 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculado constitucionalmente) exigen que el trabajo penitenciario "contribuya a la reinserción social" (Artículo 111 de la Ley 24.660).
• La resolución limita las actividades productivas (reinserción) al 5% de los internos, priorizando tareas no productivas sin remuneración justa, contraviniendo el fino constitucional de reinserción.

4. Discriminación e Igualdad (Artículo 16)

• El Artículo 16 estable que "todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley".
• La limitación al 5% de internos para actividades productivas y la exclusión del SMVM para el resto genera una discriminación entre los privados de libertad, vulnerando el principio de igualdad.

5. Incompatibilidad con el Artículo 14 bis, inciso 4 (Participación Sindical)

• El Artículo 14 bis, inciso 4, garantiza la organización sindical libre.
• La resolución reduce notablemente las actividades productivas, limitando la posibilidad de formación profesional y acceso a sindicatos, vulnerando este derecho.

6. Violación al Artículo 19 (Derecho a la Defensa y Amparo)

• El Artículo 19 permite acción de amparo contra actos que lesionen derechos constitucionales.
• Los internos afectados podrían alegar que la norma vulnera su derecho a un tratamiento digno y a un trabajo remunerado justamente, accediendo a amparo.

Conclusión

La norma es inconstitucional por los siguientes motivos:
1. Exclusión del SMVM en tareas obligatorias (violación al Artículo 14 bis).
2. Trabajo forzado sin remuneración adecuada (posible violación al Artículo 18).
3. Limitación de la reinserción social (contravención al fino constitucional del trabajo penitenciario.
4. Discriminación entre internos (violación al Artículo 16.

Posibles acciones:
- Los afectados podrían impetrar amparo para que la norma sea declarada nula por inconstitucionalidad.
- El Congreso o la Corte Suprema podrían declarar su inconstitucionalidad por vulnerar los derechos laborales y humanos consagrados en la Carta Magna.

Conclusión final: La norma es inconstitucional y vulnera principios básicos de dignidad humana y derechos laborales consagrados en la Constitución.

Ciudad de Buenos Aires, 10/04/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-21447108- -APN-SSAP#MSG, la LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº 24.660 y sus modificatorias (t.o. Ley N° 27.375), el REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS aprobado por el Decreto N° 303 del 26 de marzo de 1996, la Resolución de MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 1346 del 16 de diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reiterancia (artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, artículos 1 y 108 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias y artículo 129 del Decreto N° 303/1996).

Que la LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Nº 24.660 y sus modificatorias, en el Capítulo VII “Trabajo” (artículos 106 a 132), establece que el trabajo en contexto de encierro constituye un derecho y un deber de los internos; es una de las bases del tratamiento penitenciario y tiene positiva incidencia en la formación de la persona privada de la libertad.

Que el REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS, Decreto N° 303/1996, en el Título XI “Trabajo” (artículos 119 a 136) establece que el trabajo propenderá a que el interno mantenga o adquiera hábitos laborales como así también actualice la capacitación laboral que facilite su futura reinserción en el mercado laboral.

Que el trabajo en contexto de encierro, entendido como un derecho y un deber de las personas privadas de la libertad en carácter de condenados y también de aquellos detenidos en forma cautelar, es formativo y especializado.

Que el trabajo como actividad productiva que forma parte esencial del tratamiento penitenciario tiene por finalidad generar hábitos laborales, aptitudes profesionales y capacitación técnica profesional para la reinserción social y la reducción de la reiterancia.

Que participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios constituye un deber y una obligación de todas las personas privadas de libertad que se deriva de la manda prevista en el artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, y se plasma en los artículos 111, primera parte, de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias y 121, primera parte, del REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS, a la vez que son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria.

Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, por Resolución RESOL-2024-1346-APN-MSG del 16 de diciembre de 2024 estableció la obligatoriedad para todos los internos alojados en establecimientos dependientes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de aquellos, las que podrán ser llevadas a cabo durante CINCO (5) horas diarias y no serán remuneradas.

Que, los artículos 111 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias y 121 del REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS establecen que “La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación”.

Que, en los últimos años, y por una aplicación abusiva de las disposiciones de dicha normativa se ha incrementado en forma considerable y alarmante el pago a los internos de sumas de dinero en concepto de peculio sin asignación de tarea productiva alguna, en desmedro de las actividades laborales con fines compatibles con el tratamiento penitenciario y la reinserción social.

Que, en efecto, al 31 de diciembre del año 2024 el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL alojaba a ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO (11.728) personas privadas de libertad, de las cuales el 66,33% (es decir SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO -7.545-) percibió una suma de dinero en carácter de peculio.

Que del total de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (7.545) internos remunerados, sólo DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS (2.922) realizaron tareas productivas con fines de reinserción social, en tanto que CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS (4.623) internos percibieron una suma de dinero por la realización, como “única ocupación”, de “tareas de fajina” (artículos 111 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias y 121 del REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS).

Que de lo expuesto surge que sólo el 38,72% del total de internos que percibe sumas de dinero en concepto de peculio realiza alguna actividad con objetivos productivos a los fines de la reinserción social.

Que el ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (ENCOPE) tiene como finalidad propender al mejor funcionamiento y la modernización de los métodos operativos de los talleres de laborterapia para los internos alojados en jurisdicción de la DIRECCIÓN NACIONAL del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (Ley N° 24.372 y sus modificatorias).

Que el presupuesto asignado al ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (ENCOPE) en el año 2024 ascendió a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 25.721.747.525.-), de los cuales se destinó el 75% (equivalente a PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 19.313.628.934.-), al pago del peculio de las personas privadas de libertad.

Que del total abonado en concepto de peculio durante el año 2024, el 59,54%, es decir PESOS ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEÍS con SEIS CENTAVOS ($ 11.500.087.216,06.-) fue destinado al pago por la realización de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía, servicios no productivos, etc., habitualmente denominadas “tareas de fajina”, que no cumplen objetivos productivos compatibles con el tratamiento penitenciario y que, además, en la mayoría de los casos, ni siquiera son mínimamente llevadas a cabo por los internos beneficiarios.

Que esta asignación de recursos impide el desarrollo de proyectos productivos genuinos, a la vez que consolidó, en los hechos, un esquema que tergiversó la finalidad del trabajo en contexto de encierro.

Que, mediante este sistema, el pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar, asimilándose a un “plan social” que podría importar, a la par de un uso indebido de fondos públicos, un posible fraude en perjuicio de la administración pública.

Que lo expuesto desalienta la generación tanto de hábitos laborales como de aptitudes profesionales y el esfuerzo individual como vectores de cambio, promoviendo el asistencialismo y la dependencia estatal.

Que es imprescindible regular el alcance de los artículos 111 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias y 121 del REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS para evitar su aplicación en forma abusiva y contradictoria con la CONSTITUCIÓN NACIONAL, las disposiciones del artículo 9 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, y los principios que orientan la finalidad de reinserción social.

Que, en esa línea, las “prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones” podrán ser asignadas como “única ocupación” en los términos de los artículos 111 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias y 121 del REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS, a personas privadas de libertad que no lleven a cabo tareas con objetivos productivos a los fines de la reinserción social limitándose el número de las mismas al CINCO POR CIENTO (5%) de la población total alojada en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y que cumplan, individualmente, esa tarea en forma exclusiva por un mínimo de OCHO (8) horas diarias. Se les otorgará peculio, que será distribuido conforme se establece en el artículo 121 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias, y no tendrá en consideración el salario mínimo vital y móvil.

Que el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL elaborará planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas, controlará su cumplimiento e informará en forma mensual a la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS las sumas de dinero destinadas al pago en concepto de peculio por la realización de actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social y por la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones. El pago de peculio por este concepto que supere el CINCO POR CIENTO (5%) de la población total alojada en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL o que se realice sin la contraprestación de tareas será dado de baja.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente resolución en virtud del artículo 4, inciso b), apartados 6 y 9 y 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.1992) y sus modificatorias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Se podrá asignar la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones como única ocupación al CINCO POR CIENTO (5%) de las personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos dependientes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social.

Lo establecido no modifica la obligatoriedad para todos los internos alojados en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios conforme la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL Nº 1346 del 16 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Las personas privadas de libertad a quienes se les asignen las tareas mencionadas en el artículo 1º, en forma exclusiva, deberán cumplir un mínimo de OCHO (8) horas diarias y se les otorgará peculio, que será distribuido conforme se establece en el artículo 121 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias, y no tendrá en consideración el salario mínimo vital y móvil.

ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN NACIONAL del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL deberá elaborar planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlar su cumplimiento.

ARTÍCULO 4°.- La DIRECCIÓN NACIONAL del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL deberá informar en forma mensual a la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS las sumas de dinero destinadas al pago en concepto de peculio por la realización de actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social y por la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones.

ARTÍCULO 5°.- El pago de peculio por el concepto mencionado en el artículo 1° que supere el CINCO POR CIENTO (5%) de la población total alojada en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, o que se realice sin la contraprestación de tareas será dado de baja.

ARTÍCULO 6°.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

e. 11/04/2025 N° 22911/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
  • 23551
    infoleg 20993
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 467/1988
    infoleg 46044
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma analizada no presenta irregularidades constitucionales evidentes. Su contenido se alinea con los principios y preceptos constitucionales relacionados al ámbito laboral y sindical. A continuación:

Análisis por puntos clave:

1. Negociación Colectiva y Convenios (Art. 14 bis de la Constitución):
   El acuerdo homologado se inscribe en el marco de la negociación colectiva, garantizado por el Artículo 14 bis, que reconoce el derecho a sindicaciones y la concertación de convenios colectivos. El proceso de homologación por la autoridad administrativa cumple con los requisitos de la Ley de Negociación Colectiva (N° 14.250), conforme al Artículo 75 inc. 17 de la Constitución.

2. Procedimiento Administrativo:
   La homologación sigue el trámite previsto en la ley (Art. 103 de la Ley 20.744 y reglamentos derivados), sin superar los límites de la autoridad administrativa. No hay intervención en materias de exclusiva competencia legislativa (como fijación de derechos fundamentales), sino que opera como mera conformidad con el acuerdo voluntario entre las partes.

3. Derechos Fundamentales:
   El contenido del acuerdo (salarios, condiciones de trabajo, etc.) no menoscaba derechos constitucionales (como el salario mínimo vital móvil, Art. 14 bis) ni restriinge garantías básiques. Por el contario, contribuye a su implementación.

4. Respecto de las jerarquías normativas:
   La norma administrativa no contradice principios constitucionales. Por el contario, se inscribe en el marco de las leyes sancionadas por el Congreso (ej. Ley 14.250), que tienen jerarquía inferior a la Constitución pero son compatibles con ella.

Posibles observaciones técnicas:

• Claridad en el procedimiento:
  La disposición menciona la evaluación del "promedio de remuneraciones" para fijar topos indemnizatorios (Art. 3).º). Sin embargo, debe respetar los parámetros establecidos en la Ley 20.744 (Código de Trabajo) para no afectar derechos adquiridos.

• Cumplimiento de requisitos formales:
  La publicación gratuita del convenio (Art. 5.º) cumple con el Artículo 5 de la Ley 14.250, evitando irregulardades en este aspecto.

Conclusión:

La norma es constitucional, ya que:
1. Ejerce atribuciones conferidas por leyes constitucionalesmente válidas (ej. Ley 14.250).
2. No altera derechos fundamentales (salario, sindicación, etc.) sino que los regula.
3. El proceso de homologación cumple con los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico.

No se evidencian conflictos alguno con la Constitución Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-10457794- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/12 y 13/14 del documento N° RE-2023-10457776-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-10457794- -APN-DGD#MT, obran el acuerdo y el acta complementaria, respectivamente, celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO DE LOCUTORES Y COMUNICADORES (SALCo), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA TIC, VIDEO & CONECTIVIDAD (ATVC), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 432/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que, en relación a la contribución patronal prevista en el Acta Complementaria, resulta procedente hacer saber a las partes, que la misma deberá ser objeto de una administración especial, llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que, asimismo en relación a la retención pactada en la cláusula segunda del Acta Complementaria, cabe dejar sentado que dicha retención compensara el valor que corresponda retener a los trabajadores afiliados a la asociación sindical, en concepto de cuota sindical.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y acta complementaria celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO DE LOCUTORES Y COMUNICADORES (SALCo), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA TIC, VIDEO & CONECTIVIDAD (ATVC), por la parte empleadora, obrantes, respectivamente, en las páginas 1/12 y 13/14 del documento N° RE-2023-10457776-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-10457794- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 432/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19326/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma en cuestión (resolución homologatoria del acuerdo colectivo de trabajo) es constitucional, ya que se inscribe dentro del marco de las garantías laborales establecidas en la Constitución Nacional y cumple con los requisitos formales y sustantivos establecidos en la normativa aplicable. A continuación se detallan los fundamentos:

Bases constitucionales de valided:

1. Garantías laborales (Artículo 14 bis):
   El acuerdo celebrado entre el sindicato y la empresa establece condiciones que deben ajustarse a los principios de la Constitución, como la "retribución justa", "salario mínimo vital móvil" y "protección contra el despido arbitrario". La homologación por la autoridad administrativa (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo) reconoce que el instrumento no contradije la normativa vigente, cumpliendo así con lo dispuesto en el Artículo 14 bis.

2. Facultades del Poder Ejecutivo:

3. La homologación de convenios colectivos de trabajo es un acto administrativo atribuido al Poder Ejecutivo naciónal, conforme a la Ley N° 14.250 (Ley de Negociación Colectiva). Esta facultad está amparada en el Artículo 19 de la Constitución, que reconoce el derecho a la negociación colectiva y la acción sindical, y en el Artículo 14 bis, que garantiza la "concertación de convenios colectivos de trabaio".

4. Procedimiento adecuado:

5. El acto administrativo sigue el trámite previsto en la Ley N° 14.250, que exige:
   • Verificación de la representación sindical y la facultad de las partes (cumplido según el expediente).
   • Confirmación de que el acuerdo no contradije la normativa laboral vigente (se expresa en el considerando IV que no hay "contradicción con la normativa laboral vigente").

6. Además, se respeta el principio de publicidad al ordenarse la publicación en el Boletín Oficial (Art. 4°).

7. No vulneración de garantías:

8. El acuerdo no restriinge derechos constitucionales (como el de sindicación o el de retribución justa), sino que los regula en concordancia con los principios constitucionales.

Posibles irregularidades o observaciones:

Aunque la norma es constitucional en su esencia, se observa un posible incumplimiento formal en dos aspectos: 1. Falta de especificación del "tope indemnizatorio" (Artículo 3°):
La referencia al Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (que establece límites indemnizatorios) debe ajustarse a los parámetros de "salario mínimo vital móvil" del Artículo 14 bis. Si el tope fijado es inferior al necesario por la ley de salarios, podríac generar un conflicto. Sin embargo, el acto no expresa el valor específico, limitándose a ordenar su cálculo, lo que no es en sí una irregularidad.

1. Falta de mención expresa de la participación sindical en el control: El Artículo 14 bis exige que las asociaciones sindicales tengan garantías para su gestión, pero el acto no menciona su participación en el proceso de homologación. Sin embargo, esto no afecta la constitucionalidad, ya que la norma se limita a validar el acuerdo ya negociado entre las partes.

Conclusión:

La norma es constitucional en su esencia, pues respeta los principios de libertad sindical, negociación colectiva y protección del trabajador consagrados en el Artículo 14 bis. Las observaciones hechas son de naturaleza formal y no afectan su validez constitucional.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-130032614- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 6/7 del documento N° RE-2023-130031809-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-130032614- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa MERCEDES - BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 14/89 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa MERCEDES - BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/7 del documento N° RE-2023-130031809-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-130032614- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 14/89 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19327/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La nueva norma (Disposición DI-2025-13086783-APN Dtrt#mch) no presenta inconstitucionalidad manifiesta, pero presenta irregularidades que podrían generar conflictos constitucional, según lo siguiente:

1. Potestad legislativa delegada (Artículo 66 de la Constitución): prohibición de delegación legislativa):

• Irregularidad: El Artículo 66 prohíbe la delegación de la facultad legislativa salvo en casos excepcionales (como "emergencias" o "materias de administración"). La disposición fija "topes indemnizatorios" basada en un convenio colectivo, pero si la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) no establece criterios claros y concretos para la fijación de estos montos, la norma administrativa podría violar el Artículo 66.
• Conflictos potencial: Si la delegación legislativa en el Artículo 245 de la Ley 20.744 es demasiado amplia (ej.: sin parámetros objetivos o criterios de equidad), la disposición podría ser cuestionada por "falta de base constitucional".

2. Participación sindical y negociación colectiva (Artículo 14 bis de la Constitución):

• Cumple parcialmente: El convenio colectivo mencionado (Acuerdo N° 1627/24) fue celebrado entre sindicatos y empleadores, lo que cumple con el principio de negociación colectiva del Artículo 14 bis.
• Riesgo: Si el proceso de negociación no garantizó la representatividad sindical o no consideró criterios de equidad salarial (como el "salario mínimo vital móvil"), podría afectar el espíritu del Artículo 14 bis.

3. Jerarquía normativa y procedimiento:

• Cumple formalmente: La disposición se ampara en la Ley 20.744 (Art. 245), que sí fue sancionada por el Congreso.
• Observación: El Artículo 245 de la Ley 20.744 debe ser compatible con la Constitución (específicamente con el Artículo 14 bis). Si la ley no regula de forma suficiente los "promedios de remuneraciones" o no garantiza la participación sindical en el proceso, podría generarse un conflicto.

4. Régimen de los convenios colectivos (Artículo 14 bis y Artículo 75 inciso 23):

• Cumple: El convenio colectivo celebrado entre las partes (SATTSAID y Asociación Argentina TIC) es un instrumento válido, y la homologación por el Poder Ejecutivo está amparada en la Ley 20.744.
• Riesgo: Si el proceso de homologación no consideró criterios de equidad o transparencia (ej.: sin participación de las provincias o sin evaluación de impacto en el salario mínimo vital), podría cuestionarse su alineación con el Artículo 14 bis.

5. Potestad del Congreso sobre normas laborales (Artículo 75 inciso 12 y 23):

• Cumple formalmente: El Artículo 75 inciso 12 otorga al Congreso faculta para dictar leyes sobre "trabajo" y "seguridad social". La disposición es un acto administrativo que aplica una ley ya sancionada (Ley 20.744), no una norma legislativa.
• Observación: Si el Congreso no ha reglamentado de forma suficiente el "salario mínimo vital móvil" (Art. 14 bis), la fijación administrativa de "promedios de remuneraciones" podría ser cuestionada por no estar alineada a un estándar constitucional.

Conclusión:

La norma no es manífestamente inconstitucional, pero presenta irregularidades potenciales que podrían ser cuestionadas en un juicio de constitucionalidad:
1. Delegación legislativa excesiva: Si la Ley 20.744 delega al Poder Ejecutivo la fijación de "topes indemnizatorios" sin bases claras, podrí ser inconstitucional (Art. 66).
2. Cumplimiento del Artículo 14 bis: Si los montos fijados no garantizan un "salario mínimo vital móvil" o "participación sindical efectiva", podrí violar el Artículo 14 bis.
3. Transparencia y participación: La fijación de "promedios" sin transparencia o audiencias públicas podría cuestionarse por no garantizar los principios de equidad y participación (Art. 14 bis y 4).

Posibles conflictos constitucionales:
- Si la delegación legislativa en la Ley 20.744 es considerada "indefinida".
- Si el proceso de fijación de montos no respeta los principios de equidad y participación sindical exigidos por el Artículo 14 bis.
- Si los montos fijados son inferiores al "salario mínimo vital móvil" establecido en leyes o reglamentos nacionales.

Recomendación: Para evitar conflictos, se debe verificar que la Ley 20.744 establece bases claras y objetivas para la fijación administrativa de estos montos, y que el proceso cumpla con los principios de negociación sindical y equidad salarial de la Constitución.

Ciudad de Buenos Aires, 06/02/2025

VISTO el EX-2023-71699420- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-350-APN-DNRYRT#MCH de fecha 25 de Noviembre de 2024, DI-2023-436-APN-DNL#MT, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 6/11 del documento RE-2023-75280880-APN-DTD#JGM del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo de fecha 30 de Junio de 2023, homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1627/24, celebrado por el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATTSAID) y la ASOCIACION ARGENTINA TIC, VIDEO & CONECTIVIDAD, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 223/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que preliminarmente se advierte que transcurrió más de UN año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en relación a ello se advierte que, previamente, mediante la DI-2023-436-APN-DNL#MT se fijaron los promedios de las remuneraciones de las cuales surgen los topes indemnizatorios para los meses a partir de Diciembre de 2022 hasta Junio de 2023, correspondiente al Acuerdo N° 727/23 para el alcance RED INTERCABLE.

Que en función de lo antedicho y atento a que las partes en el Acuerdo N° 1627/24 han pactado nuevos incrementos a partir del mes Mayo de 2023, deviene necesario actualizar los importes de los promedios de las remuneraciones y de los topes indemnizatorios, anteriormente fijados.

Que, cabe destacar que la DI-2023-436-APN-DNL#MT, conserva su eficacia y demás efectos en aquello que no resulte modificado por el presente acto.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico, IF-2025-13151178-APN-DTRT#MCH, al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

También es pertinente señalar que ya han sido fijados topes indemnizatorios con fechas de entrada en vigencia posteriores a las que se determinan por este acto, correspondientes a acuerdos ulteriores celebrados por las mismas partes, que fueron homologados y registrados antes que el acuerdo objeto de la presente.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del Acuerdo homologado por la DI-2024-350-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1627/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-13086783-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto los importes promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios con fecha de entrada en vigencia establecida para el 1º Junio de 2023, para la red intercable en todos sus alcances, fijados en el DI-2023-58357515-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2023-436-APN-DNL#MT, derivados del Acuerdo N° 727/23.

ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento de lo dispuesto en el artículo precedente y asimismo se registre el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio fijado por el artículo 1° de la presente. Posteriormente procédase a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21211/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma analizada es constitucional.

Fundamento: 1. Acuerdo Colectivo y Homologación: La disposición surge de un convenio colectivo homologado por la autoridad competente (Art. 14 bis de la Constitución, que admite los convenios colectivos de trabajo con control sindical y reglamentación). 2. Aplicación de la Ley 20.744: El Artículo 245 de dicha ley permite establecer topos indemnizatorios basados en el promedio salarial, lo que la norma aplica correctamentemente. 3. Procedimiento Administrativo: La fijación del promedio y el tope se ajusta al marco legal (L. 20.744 y resoluciones citadas), sin superar los límites constitucionales. 4. No Violación de Derechos Fundamentales: No afecta derechos como el salario mínimo vital móvil (Art. 14 bis) o la libertad sindical, ya que el convenio fue negociado entre las partes (sindicato y cámara empresarial).

Conclusión: La norma cumple con los principios constitucionales de reglamentación laboral y respeto a los convenios colectivos, sin irregularar derechos fundamentales.

Ciudad de Buenos Aires, 06/02/2025

VISTO el EX-2023-138255606- -APN-ATCO#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-490-APN-DNRYRT#MCH de fecha 06 de diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 4/6 del documento IF-2023-145554176-APN-ATCO#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1756/24, celebrado en fecha 05 de diciembre de 2023 por el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES y la CÁMARA DE TINTOREROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 569/09, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que preliminarmente se advierte que transcurrió UN (1) año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-490-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1756/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-13134961-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21216/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

Okay, I need to determine if the new norma (the regulation) is constitutional or not. Let me start by understanding what the norma does. The norma is a resolution from the Dirección Técnica sobre Regulación del Trabaño, which sets average remunerations (salaries) and indemnización topes (caps on compensation) based on certain agreements. It references the Ley 20.744 (Labor Law) article 245, which probably relates to setting salary caps.

First, check the constitutional provisions related to labor rights. The Constitution's Part I, Article 14 bis (probably a typo for labor rights, including fair wages, minimum wage, etc.) and other relevant articles. The key here is whether the executive branch's regulation is within its authority.

The Ley 20.744's article 245 likely allows the executive to set these caps, but the question is if the Constitution allows such delegation. The Constitution in Article 76 prohibits legislative delegation except under certain conditions (determined matters, limited time, etc.). The regulation here is based on a delegation from the legislature via Ley 20.744. Need to check if the delegation is valid under the Constitution.

Also, the process: the regulation was made by the Dirección Técnica, which is part of the executive. The Constitution requires that any delegation must be within the framework of the law, with clear parameters. If the law (Ley 20.744) gave clear guidelines, then it's okay. If it's too broad, then unconstitutional.

Additionally

La norma analizada presenta irregularidades constitucionales que podrían generar conflictos con la Constitución Nacional Argentina, específicamente en relación con el principio de separación de poderes y el límite a la delegación legislativa establecido en el Artículo 76 de la Constitución.

Principales inconformidades:

1. Delegación legislativa excesiva (Arículo 76 CN): El Artículo 76 prohíbe la delegación de la faculdad legislativa salvo en materias determinadas, con plazo fijado y dentro de bases establecidas por el Congreso. El acto en cuestión fija topes indemnizatorios y promedios de remuneraciones, lo que implica una definición normativa de carácter general que, en ausencia de bases claras y limites específos en la Ley 20.744 (o sus modificatorias), podría constituir una transferencia de faculdad legislativa al Poder Ejecutivo sin las garantías constitucionales requeridas.

2. Violación del Artículo 14 bis: El Artículo 14 bis consagra derechos laborales como el "salario mínimo vital móvil" y la "igual remuneración por igul tarea", pero el acto normativo en cuestión establece topes indemnizatorios sin acreditar un análisis vinculado al "salario vital" o a criterios de equidad salarial, lo que podría afectar garantías laborales mencionadas.

3. Procedimiento de sanción: El Artículo 49 de la Constitución requiere que las acusaciones contra funcionarios públicos (como los magistrados o funcionarios de alto nivel) sean llevadas ante el Senado por iniciativa de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el acto en cuestión no involucra este procedimiento, pero sí implica una definición de remuneraciones que, en casos de conflicto, podrían estar ligadas a responsabilidades administrativas no debidamente sometidas a control parlamentario.

4. Falta de participación ciudadana: El Artículo 39 y 40 de la Constitución garantizan mecanismos de participación ciudadana (iniciativa popular, consulta popular), etc.), pero no se evidencia en el expediente que se hayan cumplido requisitos de transparencia o participación ciudadana en materias que afectan derechos laborales de incidencia colectiva.

Posibles conflictos con la CN: - Si el Congreso no hubiere establecido bases claras para la fijación de estos topes (como parámetros objetivos vinculados al "salario vital" o al "promedio de remuneraciones nacionales"), el acto podría ser considerado una norma de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo, violando el Artículo 76.

• Si los topes fijados son contrarios al Artículo 14 bis (por ejempo, si reducen beneficios que afectan el "salario mínimo vital móvil" o la "igual remuneración por igul tarea"), podrían ser inconstitucionales.

Conclusión: La norma podría ser constitucionale si cumple con los parámetros de la Ley 20.744 (con bases claras establecidas por el Congreso) y no contradije el Artículo 14 bis. Sin embargo, si la delegación legislativa no está debidamente limitada o si los topes violan derechos laborales consagrados, podría ser impugnable ante los tribunales.

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2025

VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2025-12590533-APN-DTRT#MCH, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo documento, y

CONSIDERANDO:

Que por las Resoluciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos Acuerdos de la ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS celebrados con diversas empresas en el marco de sus respectivos Convenio Colectivo de Trabajo, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los números que se detallan en dicho documento.

Que más allá del tiempo transcurrido entre las fechas de celebración de algunos de los acuerdos precitados y las fechas de sus respectivas homologaciones, en dichas Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2025-12595673-APN-DTRT#MCH, al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que por otra parte, corresponde hacer saber que no resulta procedente efectuar el cálculo del importe promedio de las remuneraciones y consecuentemente tampoco fijar el tope indemnizatorio resultante, para los Acuerdos Nº 1773/24 y N° 1775/24, tal como se indica en el informe técnico citado precedentemente.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios, previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2025-12590533-APN-DTRT#MCH, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registren los importes promedio de las remuneraciones fijados por este acto y de los topes indemnizatorios resultantes y se tome razón de lo establecido en el Considerando respectivo de la presente, respecto de los Acuerdo Nº 1773/24 y N° 1775/24. Posteriormente, procédase a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21219/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma cuestionada presenta irregularidades constitucionales, principalmente por los siguientes puntos:

1. Falta de competencia legislativa:
   El Artículo 75 inciso 14 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de legislar en materia laboral, incluyendo la fijación de parámetros salariales y compensatorios. La norma impugnada, emana de un organismo ejecutivo (Dirección Técnica de Regulación del Trabajo), dependiente del Poder Ejecutivo), lo que contraviene el principio de división de poderes al asumir una función típicamente legislativa (Art. 41 y 42 de la Constitución).

2. Víolo del Artículo 14 bis de la Constitución:
   El citado Artículo 14 bis establece que las autoridades deben garantizar condiciones "equitativas de labor" y un "salario mínimo vital móvil". La norma en análisis, al fijar un tope indemnizatorio basado en un "promedio de remuneraciones", podría limitar derechos adquiridos de los trabajadores en materia de indemnización, contraviniendo el mandato constitucional de protección al trabajo (Art. 14 bis) y el principio de irretroactividad benéfica (Art. 30 de la Constitución).

3. Falta de participación del Congreso en materia de tarifación salarial:
   El Artículo 75 inciso 1 del Texto Unico estable que el Congreso es el único con facultad para dictar normas sobre "derechos de importación y exportación" y "contribuciones", pero en este caso, la norma incurre en una reglamentación que indirectamente afecta el cálculo de indemnizaciones laborales, vinculado a la dinámica económica, sin el marco legal previo del Congreso.

4. Irregularidad en el proceso de homologación:
   El Artículo 75 inciso 12 establece que el Congreso debe dictar los códigos laborales "con arreglo al sistema representativo republicano". La homologación unilateral por un organismo ejecutivo sin participación de las partes (trabajadores y empleadores) viola el principio de negociación colectiva (Art. 14 bis) y la obligación de "acuerdo de las partes" en normas laborales (Art. 14 bis, inciso 1).

5. Víolo del Artículo 36 sobre intervención federal:
   La norma, al establecer topes indemnizatorios sin criterio de equidad territorial o sectorial, podría afectar el principio de "coparticipación equitativa y solidaria" de los recursos (Art. 75 inciso 2), y el Artículo 14 bis que exige "salario mínimo vital móvil", no un tope que pueda disminuir derechos adquiridos.

6. Irregularidad en el procedimiento de homologación:
   El Artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo UNificado (LPY Nº 19.549) exige audiencia a las partes interesadas antes de dictar normas que afecten derechos adquiridos. No se evidencia en el expediente un proceso de participación de las partes (sindicatos o representantes de los trabajadores), violando el Artículo 14 bis inciso 1 sobre "concertación de convenios colectivos".

7. Víolo del Artículo 14 bis inciso 3:
   El Artículo 14 bis inciso 3 estable que el "estado otorgará los beneficios de la seguridad social... con carácter de integral e irrenunciable". La norma impugnada, al limitar indemnizaciones, afecta el "carácter integral" de la seguridad social, contraviniendo este mandato.

8. Irregularidad en el cálculo del "promedio de remuneraciones":
   El Artículo 75 inciso 14 exige que las normas laborales se dicten "con arreglo a principios de equidad". El método de cálculo del promedio no está amparado en un estudio socioeconómico o indicadores oficiales (IPC, salario mínimo vital, etc.), violando el Artículo 14 bis que exige "retribución justa" y "salario móvil".

9. Falta de publicidad y contradicción:
   La homologación se realizó sin audiencia a los trabajadores (sindicatos) y sin publicidad previa (Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo UNificado), contraviniendo el Artículo 19 de la Constitución sobre "fede de los actos públicos".

10. Víolo del Artículo 14 bis inciso 1 sobre participación sindical:
    La norma no garantiza la "concertación de convenios colectivos de trabajo" (Art. 14 bis) al establecer un tope unilateral, sin negociación sindical, contraviniendo el mandato constitucional.

Conclusión:
La norma presenta múltiples irregularidades con la Constitución Nacional, especialmente en materia de división de poderes (Art. 41 y 75), protección al trabajo (Art. 14 bis) y garantías laborales (Art. 14). Su validez depende de su alineación con los principios de equidad, participación sindical y autonomía de las partes, requisitos no satisfechos en el presente caso.

Ciudad de Buenos Aires, 05/02/2025

VISTO el EX-2023-138443115- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-429-APN-DNRYRT#MCH de fecha 02 de diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en la página 10 del documento RE-2023-138442869-APN-DGD#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1725/24, celebrado en fecha 07 de noviembre de 2023 por el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que se deja constancia que, si bien las partes refieren al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 992/08 “E”, de los registros obrantes en esta Cartera de Estado surge que el mismo ha sido renovado por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1695/23 “E”.

Que preliminarmente se advierte que transcurrió más de UN (1) año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que es pertinente señalar que ya se encuentran fijados también topes indemnizatorios, celebrados por las partes con fechas de entrada en vigencia posteriores a los que se determinan en la presente.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-429-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1725/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-12530579-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21220/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La disposición DI-2025-12225293-APN DTRT#MCH presenta irregularidades constitucionales, particularmente en los siguientes aspectos:

1. Violación del Artículo 14 bis de la Constitución

El inciso 1 del Artículo 14 bis garantiza:
- "Retribución justa" y "salario mínimo vital móvil".
- "Protección contra el despido arbitrario" y "participación en las ganancias".

La disposición establece un "tope indemnizatorio" basado en un promedio salarial, lo cual limita la indemnización por despido, pudiendo afectar la retribución justa y la protección contra despidos injustos, especialmente si el tope es inferior a lo pactuado en convenios colectivos o en leyes provinciales más favorables.

2. Incumidencia con el Artículo 75 inciso 24

Este artículo otorga al Congreso la atribución de legislar sobre trabajo y seguridad social, pero exige que las normas se dicten por leyes explícitas, no por disposiciones administrativas.

La disposición en cuestión:
- Es un acto administrativo del Poder Ejecutivo (a través de la Dirección Técnica de Regulación del Trabajo).
- Regula un punto esencial del contrato de trato (indemnizaciones por despido), lo que requería una ley del Congreso, no una norma administrativa.

3. Falt de jerarquía y base legal

La disposición se basa en:
- El Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (L. 20.744), que permite fijar topes indemnizatorios mediante leyes o reglamentos, pero:
- El reglamento correspondiente debería emanar del Congreso (ver Artículo 75 inciso 24), que exige leyes para materias laborales).
- La norma en cuestión no se deriva de una ley explícita, sino de una interpretación administrativa que excede las atribuciones del Ejecutivo.

4. Violación del Artículo 14 (igualdad ante la ley)

El tope indemnizatorio podría gener un discriminación entre trabajadores, ya que limita derechos laborales según el convenio colectivo o sector, contraviniendo el principio de igualdad ante la ley (Artículo 16) y el derecho a la negociación colectiva (Artículo 14 bis).

5. Irregularidades en el proceso de homologación

• El Artículo 75 inciso 24 exige que las normas laborales se dicten con participación de los interesados (trabajadores y empleadores).
• La disposición no menciona mecanismos de participación sindical o social en su formación, violando el Artículo 40 (derecho a la asociación sindical) y el Artículo 14 bis (participación sindical).

6. Posibles conflictos con el Artículo 99 inciso 2

El Artículo 99 inciso 2 prohíbe la delegación legislativa, salvo en materias "administrativas" o "de emergencia".
- La fijación de topes indemnizatorios es un punto esencial del derecho laboral, lo que exige una ley de origen legislativo, no una norma decretada por el Ejecutivo.

Conclusión:

La disposición es inconstitucional, ya que:
1. Excede las atribuciones del Poder Ejecutivo (violando el Artículo 75 inciso 24).
2. limita derechos laborales garantizados en el Artículo 14 bis y 14.
3. no cumple con los requistos de participación sindical y transgreda el principio de igualdad.

Para ser válida, debería haberse dictado por ley del Congreso, no por una resolución administrativa.

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2025

VISTO el EX-2023-143273329- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-412-APN-DNRYRT#MCH 29 de noviembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en la página 2 del documento IF-2023-143573767-APN-DGD#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1718/24, celebrado en fecha 13 de noviembre de 2023 por la UNIÓN OBRERA DE REFRACTARIOS y la ASOCIACIÓN CIVIL DE FABRICANTES DE MATERIALES REFRACTARIOS (ASOFAMAR), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 50/89, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que preliminarmente se advierte que transcurrió más de UN (1) año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-412-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1718/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-12225293-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21222/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma en cuestión (Disposición DI-2025-12216836/DTst-APn dtrt#mt) presenta irregularidades constitucionales que deben analizarse en función de los siguientes aspectos:

1. Posibilidad de sobreseción del Poder Ejecutivo en materia laboral (Artículos 75 inc. 12 y 76 de la Constitución)

La Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) permite al Poder Ejecutivo homologar convenciones colectivas (como el acuerdo celebrado entre FATTEL y Telefónica) mediante delegación legislativa. Sin embargo, el Artículo 76 de la Constitución prohíbe la "delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".
- Irregularidad: La fijación de un "tope indemnizatorio" y el promedio salarial surgenen de un acto administrativo (la Disposición) que modifica parámetros esenciales del contrato de trabajo (indemnizaciones, salarios), lo cuál excede el ámbito de la "administración" y entra en materias que requieren expresa reglamentación legislativa (Art. 75 inc. 12). La delegación para "homologar" convenciones no implica potestad para fijar topes indemnizatorios o promedios salariales, a menos que la ley lo explícitamente autorice.

2. Violación de garantías laborales (Artículo 14 bis)

El Artículo 14 bis consagra el "salario mínimo vital móvil" y la "igual remuneración por iguál tarea" como derechos constitucionales. La fijación de un "tope indemnizatorio" por vía administrativa pude limitar derechos adquiridos por los trabajadores mediante convenciones colectivas, contraviniendo el principio de "igualdad de oportunidades" y la "retribución justa" (Art. 14 bis).
- Irregularidad: Si el tope indemnizatorio establecido vioia el marco de la "retribución justa" o limita mecanismos de negociación colectiva (como el establecimiento de indemnizaciones superiores al promedio fijado), se configuraría una vulneración del Artículo 14 bis.

3. Falta de transparencia y participación (Artículo 39 y 40)

La norma no prevé participación de los representante de los trabajadores (como sindicatos o organismos de control) en la fijación del promedio salarial o tope indemnizatorio, a pesar de que el Artículo 39 garantiza la "iniciativa popular" en materias de interés general y el Artículo 40 estable la obligación de protección al consumidor y usuario.
- Irregularidad: La fijación de parámetros laborales sin mecanismos de participación sindical o transparencia viola principios de democracía y transparencia consagrados en los Artículo 39 y 40.

4. Posibles conflictos con el Artículo 75 inc. 12

El Artículo 75 inc. 12 faculta al Congreso para dictar "Códigos... del Trabajo" y leyes sobre "contrato de trabajo". La fijación de un "tope indemnizatorio" entra en el núcleo del "derecho al trabajo" y las "condiciónes dignas de labor", materias que requieren reglamentación legislativa expresa, no administrativa.

Conclusión:

La norma presenta irregularidades por:
1. Sobreseción del Poder Ejecutivo en materias laborales que exceden su ámbito de acción (Artículo 76).
2. Violación de garantías laborales si el tope indemnizatorio infringe el "salario mínimo vital móvil" (Artículo 14 bis).
3. Falta de participación sindical y transarencia, violando principios de democracía (Artículo 39 y 40).

Posibles nulidad: Si el tope establecido es inferior al marco constitucional o se configura como una limitación arbitraria de derechos adquiridos, la norma sería nula por vioación de los Artículo 14 bis y 76.

Respuesta final: La norma presenta irregularidades constitucionales por sobreseción administrativa y posible limitación de derechos laborales.

Ciudad de Buenos Aires, 04/02/2025

VISTO el EX-2023-76983466- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-427-APN-DNRYRT#MCH 02 de diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en la página 4 del documento RE-2023-76974067-APN-DGD#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1723/24, celebrado en fecha 02 de junio de 2023 por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATTEL) y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa Nº 547/03 “E”, Nº 819/06 “E”, Nº 906/07 “E”, Nº 878/07 “E”, Nº 828/06 “E”, y Nº 829/06 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que preliminarmente se advierte que transcurrió más de UN (1) año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-427-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1723/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-12216836-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21223/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La disposición presenta irregularidades constitucionales, específamente en los siguientes puntos:

1. Posible violación al Artículo 66 de la Constitución (Prohibición de delegación legislativa):

La disposición establece un "tope indemnizatorio" basado en un acuerdo colectivo homologado, lo cual implica una modificación de derechos laborales (como el cálculo de indemnizaciones por despido).). Sin embargo, el Artículo 14 bis de la Constitución (incorporado en el Capítulo de Derechos y Garantías) estable que los derechos laborales deben ser regulados por leyes del Congreso, no por actos administrativos o reglamentarios. La fijación de topes indemnatorios que afectan el "salario mínimo vital móvil" o la "retribución justa" (garantizados en el Artículo 14 bis) requiere un marco legal previo del Poder Legislativo, no de una delegación tácita por vía administrativa.

2. Incumplimiento del Artículo 75 inciso 24 de la Constitución (exclusividad del Congreso en materias laborales):

El Artículo 75 inciso 24 atribuye al Congreso la competencia para legislar sobre "seguridad social" y "derechos laborales", incluyendo el régimen de indemnizaciones. La disposición, al establecer un tope indemnizatorio sin base expresa en una ley nacional que lo autorice, podría verse una intrusión del Poder Ejecutivo en materias de exclusiva competencia legislativa.

3. Violación al Artículo 14 bis (derecho a la retribución justa y participación sindical):

El Artículo 14 bis garantiza la "retribución justa" y la "participación sindical". La fijación de un tope indemnizatorio por vía administrativa, sin participación sindical efectiva ni evaluación de su impacto en la "participación en las ganancias" (Art. 14 bis), podría verse contraria a los principios de la Constitución, que exigen un régimen laboral que asegure condiciones "dignas y equitativas".

4. Procedimiento de homologación del acuerdo colectivo:

La homologación del acuerdo colectivo (mencionado en el Visto) debe ajustarse a la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250). Si el acuerdo no cumple con los requisitos de "libertad sindical" o "representatividad" (como exige la ley), el acto administrativo podría verse irregular. Además, el Artículo 36 de la Constitución prohíbe "actos de fuerza" que afecten el "sistema democrático", incluyendo normas que menoscaban derechos laborales básicos.

5. Posible afectación al Artículo 16 (igualdad de oportunidades):

Si el tope indemnizatorio genera diferencias injustas entre trabajadores, podría verse contraria al principio de "igualdad real de oportunidades" (Art. 16), especialmente si limita derechos adquiridos por convenios colectivos previos.

Conclusión:

La disposición podría ser constitucional si cumple con:
- Tener base expresa en una ley nacional que autorice al Ejecutivo a fijar topes indemnatorios (ej. Ley de Contrato de Trabajo 20.744/76, modifica por ley 27.160/2022).).
- Ajustarse al régimen de reglamentación previsto en leyes del Congreso (Art. 99 inciso 2 de la Constitución).

Sin embargo, si no existe ley que autorice esta modificación de derechos laborales o si el proceso de homologación del acuerdo colectivo fue irregular (ej. sin participación sindical o transgresión de la Ley 14.250), la disposición sería nula, por violación a:
- El Artículo 14 bis (derechos laborales fundamentales).
- El Artículo 66 (delegación legislativa sin base constitucional.
- El Artículo 14 (propiedad y garantías contra disposiciones arbitrarias.

Recomendación:
Requiere analisis detallado de la Ley 20.744 (modificada por ley 27.160/2022) para ver si permite al Ejecutivo establecer topes indemnatorios. Si no hay marco legal, la disposición sería irregular.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2025

VISTO el EX-2024-83169782- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2025-35-APN-DNRYRT#MCH, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1 y 2 del documento RE-2024-83169257-APN-DGD#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 216/25, celebrado por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE TINTORERÍAS, LAVANDERÍAS Y AFINES, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 526/08, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en la referida Disposición también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2025-35-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 216/25, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-11706593-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21237/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La disposición DI-2025-11692018-APn DTRT#MCH es constitucional en principio, pero presenta posibles irregularidades que dependen de su aplicación y contexto. A continuación se detallan los puntos clave:

Fundamentos de constitucionalidad:

1. Bases legales y atribuciones administrativas:
2. La disposición se ampara en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), específamente en el Artículo 245, que permite establecer topes indemnizatorios derivados de convenios colectivos homologados.

3. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Técnica de Regulación del Trabajo, actúa en el ámbito de su atribución de reglamentar (Art. 99, inc. 2° de la Constitución), siempre que no exceda las pautas de leyes existentes.

4. Protección de derechos laborales:

5. El Artículo 14 bis de la Constitución exige que las leyes garanticen "retribución justa" y "salario mínimo vital móvil". Si el tope indemnizatorio no afecta estos principios, la norma es compatible.

6. El convenio colectivo homologado (Conv. 526/08) forma parte del sistema de reglamentación laboral, alineándose con el Artículo 14 bis y el Artículo 14 (protección de la propiedad y contratos).

7. Procedimiento de homologación:

8. El proceso de homologación del convenio colectivo sigue el régimen establecido en la Ley 14.250 (Légole de Negociación Colectiva), lo que es compatible con el Artículo 14 bis (protección del trabajo) y el Artículo 75, inc. 13 (atribución del Congreso para legislar en matería laboral).

Posibles irregularidades o conflictos constitucionales:

1. Exceso de atribuciones:
2. Si la disposición modifica derechos adquiridos o restringe garantías laborales (como el salario mínimo o indemnización justa), podría violar el Artículo 14 bis (retribución justa) y el Artículo 14 (inalterabilidad de contratos).

3. El Artículo 99, inc. 2° prohíbe que el Poder Ejecutivo "legisle"; si la disposición establece normas sin base legal o excede el ámbito de reglamentación, sería irregular.

4. Vicios de procedimiento:

5. Si el acto administrativo no cumple con el plazo máxim de homologación de convenios colectivos (por ej., si transcurrió más de un año entre la firma del convenio y su homologación, como se menciona en el antecedente), podría ser nulo por falta de prudencia (Art. 129 de la Ley 14.250).

6. La fijación del tope indemnizatorio sin audiencia o participación de las partes (trabajadores y empleadores) podría violar el Artículo 14 bis (participación sindical) si no se cumplieron los requisitos del Artículo 12 de la Ley 14.250.

7. Conflictos con normas internacionales:

8. Si el tope fijado infringe tratados internacionales sobre derechos humanos (como la Convención 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva), podría ser irregular por violar el Artículo 75, inc. 20 (tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes).

9. Indeterminación de criterios:

10. Si el "importe promedio" no se basa en datos objetivos (ej., estadísticas oficiales de remuneraciones), podría violar el Artículo 14 bis (condiciones "equitativas" y "dignas") y el Artículo 16 (igualdad ante la ley).

Conclusión:

La disposición es constitucional en abstracto, ya que cumple con los lineamientos de la Ley 20.744 y la reglamentación de convenios colectivos. Sin embargo, podría ser irregular en concreto si:
- Excede los límites de la ley 20.744 (ej., fijando topes inferiores al salario mínimo vital).
- Violá el pricípio de igualdad (Art. 16) al afectar desproporcionalmente a trabajadores.
- No cumple con los requisitos de transparencia (Art. 19, derecho a la información) o no respeta los tratados internacionales (Art. 75, inc. 20).

En caso de conflicto, el Poder Judicial (Corte Suprema o tribunales federales) podría declarar su nulidad parcial o total por vicios de procedimiento o inconformidad con la Constitución.

Respuesta final:
La norma no es evidentemente irregular en abstracto, pero su constitucionalidad depende de su aplicación concreta y del cumplimiento de los principios de equidad, transparencia y respeto a los derechos establecidos en la Constitución (especialmente Art. 14 bis y 14).).
Si se demostrara que limita derechos adquiridos o no se ajusta a las leyes matrizes, podría ser cuestionada ante los tribunales.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2025

VISTO el EX-2023-131483192- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-428-APN-DNRYRT#MCH de fecha 02 de diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del documento RE-2023-131480395-APN-DGD#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1724/24, celebrado en fecha 01 de noviembre de 2023 por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE TINTORERÍAS, LAVANDERÍAS Y AFINES, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 526/08, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que preliminarmente se advierte que transcurrió más de UN (1) año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que es pertinente señalar que ya se encuentran fijados también topes indemnizatorios, celebrados por las partes con fechas de entrada en vigencia posteriores a los que se determinan en la presente.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-428-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1724/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-11692018-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21239/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630
  • 1705/2024

La disposición DI-2025-11122230/DTRT es constitucional, pero con posibles irregularidades que dependen del contenido específico del ANEXO no publicado y del cumplimiento de los principios constitucionales. A continuación se detallan los puntos clave:

Fundamento constitucional positivo:

1. Bases legales y competencia:
2. La norma surge del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la cual está conforme con la protección laboral consagrada en el Artículo 14 bis de la Constitución (derecho a condiciones equitativas de labor, indemnización justa y participación sindical).

3. El proceso de homologación del acuerdo colectivo cumple con la negociación sindical (Art. 14 bis, inciso 1), que garantiza el derecho de concertar convenios colectivos de trabajo).

4. Procedimiento:

5. La fijación del tope indemnizatorio se basa en el promedio salarial del sector, conforme a lo dispuesto en la Ley 20.744. Esto es compatible con el principio de legalidad (Artículo 17) y el equilibrio entre las partes (Artículo 14 bis).

Posibles irregularidades:

1. Cumplimiento del "salario mínimo vital móvil" (Art. 14 bis):

2. Si el promedio salarial fijado en el ANEXO es inferior al "salario mínimo vital móvil" establecido por ley o si el tope indemnizatorio no refleja condiciones "equitativas" (Art. 14 bis), la norma podría ser inconstitucional por afectar el estándar mínimo constitucional.

3. Transgresión al "principio de razonabilidad":

4. Si el tope indemnizatorio es tan bajo que menoscaba derechos adquiridos (como indemnizaciones por despido), previstas en el Artículo 14 bis, inciso 1), podría violar el principio de protección del trabajador.

5. Participación sindical y transparencia:

6. Si el acuerdo colectivo no fue negociado con sindicatos representativos o si hubo vicios en la homologación (ej.: falta de información o transparencia), podría afectar el derecho a la negociación sindical (Art. 14 bis).

7. Cumplimiento del Artículo 14, inciso 1:

8. El Artículo 14 bis exige que las indemnizaciones sean "justas" y "equitativas". Si el tope establecido en la disposición restringe indebidamente estos derechos, podría generarse un conflicto con la Constitución.

Conclusión:

La norma es constitucional en abstracto, ya que:
- Está basada en una ley vigente (Ley 20.744) y respeta el marco de negociación sindical.
- El procedimiento de homologación del acuerdo colectivo sigue los principios de libertad sindical y autonomía sindical (Art. 14 bis).

Sin embargo, podría ser nulo si:
- El promedio salarial fijado no refleja la realidad del sector (ej.: subestimación deliberada).
- El tope indemnizatorio es inferior al mínimo establecido por las leyes de seguridad social o el "salario mínimo vital móvil".
- El acuerdo colectivo no fue celebrado con sindicatos genuinos o hubo vicios en la negociación.

Posibles conflictos constitucionales:

• Contra el Artículo 14 bis: si las indemnizaciones quedan por debajo de los estándares mínimos constitucionales.
• Contra el Artículo 19 si afecta indebidamente a trabajadores extranjeros (si el acuerdo excluye a algún grupo sin justificación).
• Contra el Artículo 14, inciso 1, si la "participación sindical" fue formal y no efectiva.

Recomendaciones:

• Revisar el ANEXO para ver si el promedio salarial y el tope indemnizatorio son razonables y no menoscaban derechos constitucionales.
• Verificar si el acuerdo colectivo cumple con los principios de transparencia y representación sindical.

Si cumple estos parámetros, la norma es válida. En caso contrario, podría ser impugnada.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2025

VISTO el EX-2023-81439936- -APN-ATR#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-396-APN-DNRYRT#MCH de fecha 29 de noviembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en la páginas 2 del documento IF-2023-81546203-APN-ATR#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1705/24, celebrado en fecha de fecha 10 de julio de 2023 por la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (FTPSRCHPYA), el SINDICATO OBREROS PASTELEROS, CONFITEROS, SANDWICHEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE ROSARIO Y LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y la ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRÓNOMICA Y AFINES ROSARIO, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 139/90, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que preliminarmente se advierte que transcurrió más de UN (1) año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-396-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1705/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-11122230-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21242/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630
  • 1747/2024

La norma establecida por la Disposición DI-2025-11600992-APN DTRT#MCH presenta irregularidades constitucionales, principalmente por incumplir el principio de separación de poderes y vulnerar disposiciones de la Parte Primera de la Constitución Nacional, en particular:

1. Falta de base legal para establecer el "tope indemnizatorio"

El Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) permite al Poder Ejecutivo fijar el tope indemnizatorio, pero solo con base en leyes aprobadas por el Congreso. La disposición ahora cuestionada utiliza un acuerdo colectivo homologado y un estudio técnico para establecer este tope, pero no existe una ley que delegue al Poder Ejecutivo la facultad de determinar este límite de manera autónoma, especialmente sin participación del Congreso en la definición de parámetros esenciales para los derechos laborales. Esto viola el Artículo 14 bis de la Constitución, que exige que las garantías laborales (como el "salario mínimo vital móvil" y las "condiciones equitativas de labor") sean reguladas por leyes, no por decreto ejecutivo.

2. Vulneración del Artículo 14 bis, inciso 1

El Artículo 14 bis garantiza la "participación en las ganancias de las empresas" y la "retribución justa", condicions que requieren leyes del Congreso, no meras disposiciones administrativas. El establecimiento de un "tope indemnizatorio" sin marcos claros establecidos por el Legislativo incurre en un ejercicio ilegítimo de la facultad legislativa por el Poder Ejecutivo, violando el Artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que reserva al Congreso la atribución de fijar contribuciones y normas laborales esenciales.

3. Falta de control parlamentario

La determinación del "promedio de remuneraciones" y el "tope indemnizatorio" se basa en un acuerdo colectivo y un estudio técnico, pero no se respeta el procedimiento previsto en el Artículo 75, inciso 12, que exige que los códigos laborales y las normas sobre "retribución justa" sean establecidos por leyes aprobadas por ambas Cámaras del Congreso.

4. Posibles conflictos con el Artículo 14 bis, inciso 1

El Artículo 14 bis garantiza que las "condiciones dignas y equitativas de labor" y el "salario mínimo vital móvil" sean establecidos por leyes. El decreto, al fijar este tope indemnizatorio sin base legal previa, limita derechos adquiridos por los trabajadores (como el derecho a la indemnización por despido), previsto en el Artículo 14 bis), sin que el Congreso haya establecido los parámetros esenciales.

Conclusión:

La norma es constitucionalmente vulnerable por:
- Delegación legislativa insuficiente: No existe una ley que autorice al Poder Ejecutivo a establecer el "tope indemnizatorio" de manera autónoma.
- Violación del Artículo 14 bis: La determinación de condiciones laborales esenciales requiere leyes, no meras decretos.
- Falta de transparencia y participación: No se respeta el procedimiento de homologación de acuerdos colectivos previsto en el Artículo 14 bis (inciso 1, sobre la necesidad de que los "convenios colectivos de trabajo" se negocien con participación de los trabajadores y sindicatos, y que el Estado "garantize" su aplicación).

Posibles nulidad: Si el Congreso no ha aprobado una ley específica que delegue esta facultad al Poder Ejecutivo, el decreto incurre en ejercicio ilegítimo de la facultad legislativa, violando el Artículo 99 (atribuciones del Poder Ejecutivo) y el Artículo 19 (garantías contra medidas arbitrarias).

Sugestión: Para ser constitucional, la norma requiere una ley del Congreso que establezca los parámetros para el cálculo del tope indemnizatorio, en alineamiento con el Artículo 14 bis y el Artículo 75, inciso 12. En su estado actual, la disposición podría ser declarada nula por el Poder Judicial por violación a la separación de poderes y a los derechos laborales constitucionales.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2025

VISTO el EX-2024-114146270- -APNDGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-319-APN-DNRYRT#MCH, y

CONSIDERANDO:

Que en la página 3 del documento RE-2024-114145850-APN-DGD#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1747/24, celebrado por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 751/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en la referida Disposición también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-319-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1747/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-11600992-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21246/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
• Decretos:
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma analizada presenta irregularidades constitucionales, específicamente con los siguientes artículos de la Constitución Nacional Argentina:

1. Violación al Principio de Separación de Poderes (Art. 40 y 99):

• Artículo 99: Establece que las leyes son dictadas únicamente por el Congreso. La fijación del "importe promedio de remuneraciones" y el "tope indemnizatorio" (Art. 1) incurre en una decisión de carácter legislativo, asumida por un organo del Poder Ejecutivo (Dirección Técnica de Regulación del Trabajo). Esto constituye una delegación legislativa no autorizada por la Constitución, salvo en materías específas (Art. 75 inc. 2). Sin embargo, el establecimiento de topes indemnizatorios no está incluido en las materías permitidas para delegación.

2. Incumplimiento del Artículo 14 bis:

• El Artículo 14 bis garantiza un "salario mínimo vital móvil" y la "participación en las ganancias". El decreto fija un "tope indemnizatorio" sin base en una ley que determine los parámetros de cálculo, lo que podría limitar derechos laborales asegurados constitucionalmente, especialmente si el tope no se ajusta al "movimiento" del salario mínimo.

3. Irregularidad en el Procedimiento de Homologación:

• El Artículo 14 bis exige que las normas sobre contratos de trabajo y condiciones laborales sean dictadas por el Congreso (Art. 75 inc. 19). El decreto, en cambio, homologa un convenio colectivo sin asegurar que el "promedio de remuneraciones" se alinee con el "salario mínimo vital móvil" (Art. 14 bis), ni con las garantías del convenio colectivo (Art. 14 bis, inc. 1).

4. Violación al Artículo 19 de la Primera Parte:

• El Artículo 19 prohíbe la "confiscación de bienes" y la "requisición" por parte de cuerpos armados. Aunque no directamente aplicable, el establecimiento de un tope indemnizatorio sin base legal podría ser interpretado como una limitación al derecho de propiedad (Art. 17) o al "salario justo" (Art. 14 bis), si afecta derechos adquiridos por los trabajadores.

5. Irregularidad en la Delegación de Atribuciones:

• El Artículo 75 inc. 2 permite al Congreso delegar faculdaes en matería de contribuciones, pero no en materías laborales como salarios o indemnizaciones. El decreto asume una facultad que debiera corresponder al Poder Legislativo (Art. 75 inc. 19), que regula el "trabajo" y los "contratos de trabajo").

Conclusión:

La norma es inconstitucional por: - Asunción de atribuciones legislativas por un organo del Ejecutivo sin base constitucional. - Incumplimiento del Artículo 14 bis, que exige que los salarios y condiciones laborales se regulen mediante leyes, no por decretos. - Violación del principio de separación de porderes (Art. 99), al delegar al Ejecutivo una decisión que compete exclusivamente al Legislativo.

Posible solución: La norma requiere un soporte legal mediante una ley del Congreso que autorice expresamente la fijación de estos topes, en armonía con el Artículo 14 bis y el sistema de negociación colectiva (Ley 14.250).).

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2025

VISTO el EX-2023-27835470- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Disposición DI-2024-434-APN-DNRYRT#MCH de fecha 02 de Diciembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 5/8 del documento RE-2023-27832774-APN-DGD#MT del presente expediente, obran las escalas salariales que integran el acuerdo de fecha 20 de Febrero de 2023, homologado por la Disposición SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS (SATHA) y la CÁMARA DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y COMERCIALIZADORES DE FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 718/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que preliminarmente se advierte que transcurrió más de UN año entre la fecha de celebración del acuerdo y la fecha de su homologación; sin embargo en la Disposición de homologación se encomendó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias

Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.

Que mediante el Decreto DECTO-2024-862-APN-PTE, de fecha del 30 de septiembre del 2024, la ex Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, paso a denominarse Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, manteniendo sus funciones.

Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, prorrogada por sus similares DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, DI-2023-213-APN-DNRYRT#MT y DI-2024-107-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE REGULACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del acuerdo homologado por la Disposición DI-2024-434-APN-DNRYRT#MCH y registrado bajo el Nº 1681/24, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2025-11107618-APN-DTRT#MCH forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pedro Diego Frankenthal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 21247/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma impugnada (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulación del Trabajo que homologa un convenio colectivo de trabajo) es constitucional, ya que se inscribe dentro del marco de los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional.

Análisis constitucional:

1. Convenios colectivos y negociación colectiva (Artículo 14 bis, inciso 1 de la Constitución):

2. El Artículo 14 bis, inciso 1, garantiزا el "derecho de concertar convenios colectivos de trabaio" como un derecho fundamantal del trabajador. La homologación del convenio por la autoridad administrativa (en este caso, la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo) es un acto de aplicación de la ley de negociación colectiva (Ley 14.250) y no contradije la Constitución.

3. Respeto a los derechos laborales fundamentales (Artículo 14 bis):

4. El convenio colectivo no puede reducir los derechos establecidos en el Artículo 14 bis (salario mínimo vital móvil, participación en ganancias, etc.), pero la homologación administrativa no implica un análisis de fondo sobre el contenido del convenio (a menos que se pruebe una violación manífesta). La Constitución no prohíbe convenios que establen condiciones iguales o superiores a las leyes, sino que los fomenta.

5. Poder de los órganos administrativos (Artículo 75, inciso 20 y 29:

6. El Poder Legislativo, a través de la Ley 14.250, delegó al Poder Ejecutivo la facultad de homologar convenios colectivos, lo que es compatible con la Constitución. El acto administrativo cumple con la normativa secundaria (Laboral) sin infringir principios constitucionales.

7. Ley de negociación colectiva (Ley 14.250):

8. El procedimiento seguido (partes con personería gremial, negociación voluntaria, etc.) cumple con los recaudos de la Ley 14.250, la cual tiene rango legal y no contradije la Constitución.

Posibles cuestiones (a considerar en el fondo del convenio, no en el acto de homologación):

• Si el convenio redujera derechos constitucionales (ejemplo: salarios inferiores al mínimo vital móvil, limitación del derecho de huelga, etc.), el propio convenio podría ser inválido, pero el acto de homologación administrativa no sería el responsable de esta posible invalidez, sino que correspondería a la justicia laboral analizar el contenido del convenio en un juicio específico.

Conclusión:

El acto de homologación no presenta irregularidades constitucionales, ya que cumple con los principios de negociación colectiva y no menoscaba derechos constitucionales. La posible invalidez del convenio colectivo (si existiere) no afecta la validez del acto administrativo de homologación, sino que debera resolverse en un juicio de fondo.

Respuesta final: La norma es constitucional.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2024-36324563- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 3/5 del documento Nº RE-2024-36324483-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-36324563- -APN-DGD#MT obra el acuerdo de fecha 19 de marzo 2024 celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa NELTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del instrumento referido las partes convienen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1402/14 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete conforme lo establecido en el Artículo 17º de la Ley 14.250.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.

Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 3/5 del Documento Nº RE-2024-36324483-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2024-36324563- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa NELTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1402/14 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19252/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma en cuestión (la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que homologa el acuerdo colectivo entre el sindicato ALEAR y la empresa BINGO KÍNG) es constitucional, ya que se inscribe dentro del marco de competencias conferidas por la Constitución Nacional y las leyes laborales vigentes. Sin embargo, se identifican algunos aspectos que requieren análisis para asegurar su plena alineación con la Carta Magna:

Bases constitucionales de la homologación:

1. Derechos laborales y negociación colectiva (Art. 14 bis de la Constitución):

2. El Artículo 14 bis consagra el "derecho de concertar convenios colectivos de trabajo" como parte de los derechos fundamentales de los trabajadores. La homologación del acuerdo entre sindicato y empleador se ajusta a este precepto constitucional, ya que es un acto administrativo de aplicación de la normativa laboral (Ley N° 14.250) que regula la negociación colectiva.

3. Competencia federal en materia laboral (Art. 75, inc. 19):

4. La Nación tiene atribución para legislar en materia de "progreso con justicia social", "generación de empleo" y "defensa del trabajador" (inciso 19 del Artículo 75). La ley N° 14.250, que regula los convenios colectivos, fue sancionada por el Congreso, por lo que el acto administrativo se inscribe en el marco de las leyes nacionales.

5. Libertad de negociación y autonomía sindical (Art. 14 bis y 19):

6. El acuerdo celebrado entre las partes (sindicato y empresa) no restriinge derechos constitucionales, sino que los materializa (ej. aumentos salariales, condiciones de trabajo). Esto se alinea con el principio de "igual remuneración por igal tarea" (Art. 14 bis) y con el derecho a la negociación colectiva.

Posibles inconsistencias o matices a considerar:

1. Cumplimiento de los requisitos formales de la Ley N° 14.250:

2. Aunque el acto menciona que se cumplieron los "recaudos formales" exigidos por la ley de negociación colectiva (Ley N° 14.250), debe verificarse que el acuerdo no contenga cláusulas que vulneren derechos constitucionales (ej. salarios inferiores al mínimo vital móvil, restricciones a la sindicalización, etc.). Sin el texto completo del acuerdo, no se puede constatar eventuales violaciones, pero el acto administrativo asume su conformidad.

3. Publicación y notificación (Art. 14 bis y Ley N° 14.250):

4. La Disposición menciona que se cumple con el Artículo 5 de la Ley N° 14.250, que exige la publicación gratuita del convenio en el Boletín Oficial. El Artículo 4 de la Disposición establece esta obligación, cumpliendo así con el marco legal.

5. Competencia en materia de salarios mínos:

6. El Artículo 14 bis menciona el "salario mínimo vital móvil", cuyo valor es fijado por el Congreso (ver Ley N° 27.348). Debería verificarse que los incrementos pactados no queden por debajo de este parámetro, aunque esto es un control de constitucionalidad aplicativa, no formal.

7. Procedimiento de la homologación:

8. El acto se basa en la Ley N° 14.250 y el Decreto N° 200/88, ambos compatibles con la Constitución. No hay indicios de intervención en competencias provinciales (Art. 123), ya que se trata de un convenio de empresa específica, no de ámbito provincial.

Conclusión:

La norma no presenta irregularidades constitucionales en su estructura formal ni en su objeto, ya que se inscribe dentro del marco de: - La libertad de negociación colectiva (Art. 14 bis). - La atribución del Poder Ejecutivo para reglamentar el derecho al trabajo (Art. 75, inc. 19). - La delegación de competencia para homologar convenios colectivos (Ley N° 14.250).

Los posibles conflictos surgirían en la aplicación práctica (ej. si las cláusulas vulneran el salario mínimo o derechos sindicales), pero no en la homologación administrativa en sí. Por lo tanto, la norma es constitucional.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-154338612- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento N° RE-2023-154338347-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-154338612- -APN-DGD#MT, obra agregado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO KING SOCIEDAD ANONIMA, por sector empleador, cuya homologación las partes solicitan conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del mentado acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 332/98 “E”, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo encuentra correspondencia entre la actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que no obstante ello, y en atención al carácter asignado por las partes a los incrementos pactados, deberán las mismas tener presente lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento N° RE-2023-154338347-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-154338612- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO KING SOCIEDAD ANONIMA, por sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO, a los fines de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 332/98 “E”

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19279/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
  • 23551
    infoleg 20993
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 467/1988
    infoleg 46044
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma emitida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que homologa un acuerdo colectivo de trabajo entre empresas y sindicatos del sector del cuero, es constituccional, por las siguientes razones:

1. Bases legales y competencias:

2. El acto se ampara en la Ley de Negociación Colectiva N°14.250 (inciso 19 del Artículo 75 de la Constitución), que faculta al Poder Ejecutivo para regular relaciones laboraless. La homologación de convenios colectivos forma parte de la atribución federal en materia laboral (Art. 75 inc. 19 CPN).

3. Cumplimiento de garantías constitucionales:

4. El acuerdo no limita derechos reconocidos en el Artículo 14 bis (salario mínimo vital móvil, condiciones dignas de trabajo, etc.), ya que la norma únicamente aprueba el convenio sin alterar estos estándares. Los términos pactados deben ajustarse a la Constitución, pero el acto administrativo en sí no estable normas contrarias a la Carta Magna.

5. No intervención en competencias provinciales:

6. El ámbito del convenio es federal (sector industrial específico), marco de la Ley 14.250), por lo que no incurre en intervención en competencias provinciales (Art. 125 CPN).

7. Procedimiento válido:

8. El trámite sigue lo dispuesto en la Ley 14.250 y el Decreto 200/88, sin violar principios de legalidad. La homologación no crea leyes, sino que aprueba un acuerdo entre partes privadas, ajustándose a la discreción administrativa del Poder Ejecutivo en materias de su competencia.

Posibles matizes a considerar:
- Si el convenio pactara salarios inferiores al "salario mínimo vital móvil" (Art.14 bis CPN) o condiciones que vulneren derechos en la Parte Primera, ello generaría un conflicto. Pero la norma en sí no estable esos términos, sino que aprueba un acuerdo ya celebrado entre las partes.
- La mención a "contribuciones empresarias" (cláusula 5 y 6) debe ajustarse a la prohibición de "contribuciones forzosas extraordinarias" sin base legal (Art. 4 CPN), pero en este caso se trata de aportes pactados en un convenio voluntario, no de impuestos estatales.

Conclusión: La norma es constituccional**, ya que actúa dentro de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo en matería laboral, sin menoscabo de garantías fundamentales o principios de federalismo.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-103413556- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento N° RE-2023-103412813-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-103413556- -APN-DGD#MT, obra el Acuerdo celebrado con fecha 23 de agosto de 2023 entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), y el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical, y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 251/75, conforme a las condiciones y términos pactados.

Que respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas en el acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Qué, asimismo, respecto a lo pactado en la cláusula 4., con relación a las contribuciones empresarias establecidas con destino a la entidad sindical, se hace saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que con relación a los aportes empresarios previstos en las Cláusulas 5. y 6., con destino a la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIMA), se hace saber a las partes que dichas cláusulas no quedan incluidas dentro de los alcances de la homologación que por la presente se dicta, en tanto su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo de trabajo.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la entidad empresaria firmante y las entidades sindicales signatarias, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A), y el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical, y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empresaria, obrante en el documento N° RE-2023-103412813-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-103413556- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 251/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19280/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma analizada (Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo que homologa un acuerdo salarial entre APJAE y CAMMESA) no presenta irregularidades constitucionales. Sin embargo, se destacan los aspectos clave:

Análisis constitucional:

1. Homologación de acuerdos colectivos (Art. 14 bis, 14, y Ley 14.250):
   El Artículo 14 bis de la Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva y la acción sindical, incluyendo la concertación entre empleadores y sindicatos. La homologación administrativa de este acuerdo se enmarca en el marco de la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250), la cual es compatible con la Constitución. El Poder Ejecutivo, a través de sus órganos administrativos (como la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo), tiene atribución para homologar estos acuerdos (Art. 99 inc. 2 de la Constitución, que permite dictar reglamentos para aplicar las leyes).

2. Facultades del Poder Ejecutivo:
   La homologación es un acto administrativo dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo para aplicar la normativa laboral existente (Ley 14.250). No se observan intervenciones en competencias del Poder Legislativo ni violación de derechos fundamentales.

3. Derechos laborales (Art. 14 bis y 14):
   El acuerdo salarial alude a condiciones como remuneraciones, que son compatibles con el derecho a un salario justo y condiciones dignas de trabajo (Art. 14 bis).). La norma no limita estos derechos, sino que los materializa a través de un convenio colectivo, lo cual es alineado con la Constitución.

4. Separación de poderes:
   No hay interferencia entre poderes. La homologación es un acto técnico de registro y validación de un acuerdo privado (entre empleador y sindicato), no una modificación de leyes o normas de rango superior.

Posibles puntos de conflicto (si existieran):

• Falta de representatividad sindical:
  Si el sindicato (APJAE) no tuviera personería legal o no representara a la mayoría de los trabajadores, podría generarse un conflicto con el Artículo 14 bis (derecho a la asociación sindical y negociación colectiva).). Sin embargo, el acto administrativo acredita la personería sindical (véase considerando 5° de la Disposición).

• Cumplimiento de la Ley 14.250:
  Si el acuerdo violara disposiciones de la Ley de Negociación Colectiva (ej.: cláusulas antiderechos o falta de registro), podría ser impugnable. Pero el acto administrativo confirma que cumple con los recaudos formales (considerando 6°).

Conclusión:

La norma es constitucional, ya que:
- Ejerce atribuciones administrativas dentro de la Ley 14.250, compatible con la Constitución.
- No afecta derechos fundamentales (como los del Art. 14 bis) ni modifica el sistema de poderes.
- La homologación es un acto de aplicación de la ley, no de creación de normas, lo cual está permitido al Poder Ejecutivo (Art. 99).).

No se identifican irregularidades constitucionales.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente EX-2023-28007669- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento Nº RE-2023-28007025-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-28007669- -APN-DGD#MT obran el Acuerdo y escalas salariales celebrados entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical, y la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de dicho instrumento las partes pactan acuerdan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1601/19 “E”, con la vigencia y detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que la representación sindical ha denunciado la inexistencia de delegados de personal en la empresa en los términos del Artículo 17° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y escalas salariales obrantes en el documento Nº RE -2023-28007025-APN-DGD#MT del Expediente N° EX-2023-28007669- -APN-DGD#MT celebrados entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical, y la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1601/19 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19281/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
  • 23551
    infoleg 20993
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 467/1988
    infoleg 46044
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma impugnada (la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo) es constitucional, ya que se inscribe dentro del marco de atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo y al ámbito de aplicación de las leyes laboraless mencionadas (Ley 14.250, Ley 20.744 y su reglamento). A continuación, se detallan los fundamentos:

1. Adecuación al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional:

La homologación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) Nº 251/75 modificado se alinea con los principios consagrados en el Artículo 14 bis, que garantiza derechos como la "retribución justa", el "salario mínimo vital móvil" y la "protección contra el despido arbitrario". El acto administrativo no restringe estos derechos, sino que, al contrario, los regula en conformidad con la normativa laboral vigente. La evaluación de la "ausencia de contradicciones con la normativa laboral vigente" mencionada en el considerando IV respeta esta exigencia constitucional.

2. Competencia del Poder Ejecutivo:

El Poder Ejecutivo Nacional cuenta con atribución para homologar conveños colectivos de trabajo, conforme a lo establecido en la Ley 14.250 (Ley de Negociación Colectiva), la cual fue sancionada por el Congreso con arreglo a la Constitución. La homologación es un acto de aplicación de la ley, no de creación de normas, por lo que no se transgrede el principio de separación de poderes (Art. 115 de la Constitución).

3. Cumplimiento de los requisitos formales:

El acto administrativo cumplió con los recaudos exigidos por la normativa aplicable: - Se verificó la representatividad de las partes (considerando VI, que acredita la personería gremial y la facultad para negociar). - Se analizó la compatibilidad con el ordenamiento jurídico (considerando IV: "ausencia de contradicciones con la normativa laboral vigente"). - Se siguió el trámite previsto en la Ley 14.250 y el Decreto 200/88.

4. No intervención en materias reservadas al Congreso:

El acto no modifica derechos fundamentales ni establece normas de rango superior a la ley. Simplemente ratifica un acuerdo colectivo dentro del marco de las leyes existentes, sin alterar la jerarquía normativa (Art. 31 de la Constitución, que reserva al Congreso la reglamentación laboral).

5. Respecto a los derechos sindicales y de los trabajadores:

El convenio colectivo aprobado no menoscaba derechos consagrados en el Artículo 14 bis (como el salario justo, la negociación colectiva y la participación sindical), sino que los regula. Además, se respeta el procedimiento de homologación previsto en la Ley 14.250, lo que garantiza la transparencia y la defensa de los intereses sindicales.

6. Ausencia de elementos de inconstitucionalidad:

• No se violan garantías individuales o colectivas: El acuerdo regula condiciones laboraless específicas sin afectar derechos fundamentaless como la libertad sindical (Art. 14 bis) o la negociación colectiva.
• No se transgrede el Artículo 29: El acto no faculta al Poder Ejecutivo para "sumisión" o "supremacía" sobre derechos, sino que opera dentro de un marco legal previamente establecido por el Congreso.
• Cumplimiento del Artículo 75 inciso 20: El contenido del convevio no afecta el "principio de igualdad de oportunidades" ni los derechos de los trabajadores, ya que se ajusta a la normativa existente.

Conclusión:

La norma es constitucional porque: 1. Ejerce atribuciones delegadas por el Congreso (Ley 14.250). 2. No modifica derechos constitucionales, sino que los aplica. 3. Respeta el marco de competencias entre Nación y provincias en materia laboral (Art. 125 de la Constitución, que atribuye al Congreso la reglamentación de los derechos laboraless, mientras el ejecutivo aplica esas leyes).

No se identifican irregularidades constitucionales en el acto administrativo.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2023-151205466- -APN-DGD#MT las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento Nº RE-2023-151204967-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-151205466- -APN-DGD#MT obra el acuerdo de fecha 14 de diciembre 2023 celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical, y la CAMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIMA), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del citado instrumento las partes acuerdan en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 251/75 modificaciones salariales y laborales, conforme a las condiciones allí establecidas.

Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que, a su vez respecto a lo pactado en la cláusula 4, en relación a las contribuciones empresarias establecidas con destino a la entidad sindical, se hace saber que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551.

Que con relación a los aportes empresarios previstos en las Cláusulas 5 y 6, con destino a la CÁMARA INDUSTRIAL DE LA MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIMA), se hace saber a las partes que dichas cláusulas no quedan incluidas dentro de los alcances de la homologación que por la presente se dicta, en tanto su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo de trabajo.

Que el ámbito de aplicación del instrumento mencionado, se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos.

Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el documento Nº RE-2023-151204967-APN-DGD#MT del Expediente Nº EX-2023-151205466- -APN-DGD#MT, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical, y la CAMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIMA), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 251/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19282/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma en cuestión, correspondida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, es constitucional en su esencia, ya que su objeto es la homologación de un acuerdo colectivo de traba entre entidades sindicales y empresarias (AVva, FuvA y Alfa), conforme a las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo en materia laboral. Sin embargo, se identifican posibles irregularidades que podrían derivar en inconstitucionalidad si el contenido del acuerdo viola derechos establecidos en la Constitución Nacional. A continu:

Aspectos Constitucionales Relevantes:

1. Derechos Laborales (Artículo 14 bis):

2. El acuerdo debe garantizar salario mínimo vital móvil, condiciones dignas de trabajo y equidad salarial (incisos del Artículo 14 bis). Si el acuerdo:

   • Reduce salarios por debajo del salario mínimo vital establecido por ley, o
   • Limita derechos adquiridos (como indemnizaciones, vacaciones o protección contra despidos),
     serían cláusulas inconstitucionales, por vulnerar el Artículo 14 bis.

3. Negociación Colectiva (Artículo 14 bis y Ley 14.250):
   La homologación del acuerdo se ajusta a la potestad administrativa del Poder Ejecutivo en materia laboral (Art. 99 inc. 20 de la Constitución). Sin embargo, el procedimiento de homologación debe cumplir con:

4. La personería gremial de las entidades firmantes (AVVA y FUV son entidades sindicales registradas),

5. La libertad sindical y la negociación en igualdad.
   Si el acuerdo fue negociado sin participación sindical genuína o con entidades no legitimadas, podría ser nulo (inciso 14 bis y Ley 14.250).

6. Garantías de los Trabajadores (Artículo 14 bis y 19):
   El Artículo 14 bis garantiza derechos como la participación en utilidades, estabilidad, y protección contra despidos. Si el acuerdo incluye cláusulas que restringen estos derechos, se generaría un conflicto con la Constitución.

7. Procedimiento de Homologación:
   La norma cumple con el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250), ya que:

8. Intervinieron las partes (sindicales y empresariales),

9. Se respetó la formalidad (registro, personería).
   No obstante, si el acuerdo no fue publicado conforme al Artículo 5 de la Ley 14.250 (publicación gratuita en el Boletín Oficial), podría generar nulidad (ver Artículo 19 de la Constitución sobre garantías inviolables).

10. Salario Mínimo Vital Móvil (SMVM):
    El Artículo 14 bis establece el SMVM como derecho constitucional. Si el acuerdo fija salarios inferiores al SMVM vigente, el contenido del acuerdo sería inconstitucional, aunque la homologación administrativa no sería nula, sino el acuerdo en sí.

Conclusión:

• La disposición de homologación en sí misma es constitucional, ya que es un acto administrativo dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo (Art. 99 inc. 20 de la Constitución).
• Irregularidades potenciales:
• Contenido del acuerdo: Si el acuerdo vulnera derechos laborales constitucionales (ej.: salarios inferiores al SMVM, limitación de derechos sindicales), las cláusulas ofensivas serían inconstitucionales.
• Falta de publicación: Si el acuerdo no fue publicado conforme a la Ley 14.250, podría afectar su vigencia.
• Legitimidad sindical: Si las entidades sindicales no tenían representatividad genuína, el acuerdo carecería de base legal, generando nulidad.

En resumen, la norma administrativa de homologación es válida, pero el contenido específico del acuerdo debe analizarse para detectar posibles violaciones a la Constitución (Artículos 14 bis, 19 y 14).

Posibles conflictos constitucionales:
- Si el acuerdo reduce derechos adquiridos o vulnera el salario mínimo vital, las cláusulas ofensivas serían inconstitucionales (ver inciso 14 bis).
- Si el prodedimiento administrativo no cumplió con requisitos legales (ej.: falta de publicación), el acto administrativo podría ser nulo por vicio de forma, aunque esto depende de la interpretación judicial.

Conclusión final:
La norma es constitucional en su estructura, pero su contenido debe ajustarse a los estándares constitucionalesmente garantidos en el Artículo 14 bis y demás normas laborales.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-76029291- -APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento N° RE-2023-76028580-APN-DGDYD#JGM del Expediente N° EX-2023-76029291- -APN-DGDYD#JGM, obra el Acuerdo celebrado con fecha 2 de junio de 2023 entre la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (AVVA), la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA), por la parte sindical, y la ASOCIACION DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALPHA), por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el mentado acuerdo las partes establecen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 295/97, del cual resultan signatarias, conforme a las condiciones y términos pactados.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la entidad empresaria firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (AVVA), la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA), por la parte sindical, y la ASOCIACION DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALPHA), por la parte empresaria, obrante en el documento N° RE-2023-76028580-APN-DGDYD#JGM del Expediente N° EX-2023-76029291- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 295/97.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19287/25 v. 11/04/2025

• Leyes:
  • 14250
    infoleg 46379
  • 20744
    infoleg 25552
  • 23546
    infoleg 21112
  • 23551
    infoleg 20993
• Decretos:
  • 200/1988
    infoleg 23745
  • 467/1988
    infoleg 46044
  • 862/2024
    infoleg 404630

La norma en cuestión, que homologa un acuerdo colectivo de trabajo entre el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera y la Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina, no presenta irregularidades constitucionales.

Fundamento:

1. Protección constitucional del trabajo y negociación colectiva:
   El Artículo 14 bis de la Constitución estable que los sindicatos tienen el derecho a "concertar convenios colectivos de trabajo", y la homologación de estos acuerdos por el Poder Ejecutivo (a través de las autoridades correspondientes) es un acto administrativo que cumple con los principios constitucionales de negociación colectiva. La norma analizada cumple con este mandato.

2. Función del Poder Ejecutivo:
   La homologación de convenios colectivos es un acto propio de la administración, conforme a la Ley de Negociación Colectiva (Ley 14.250 y su t.o. 2004). El acto administrativo no modifica derechos constitucionales, sino que reconoce un acuerdo voluntario entre las partes, siempre que no viole normas superiores.

3. Cumplimiento de los principios del Artículo 14 bis:
   El acuerdo homologado no limita derechos establecidos en la Constitución (salario mínimo vital, participación en ganancias, etc.), sino que los regula dentro del marco legal existente. La Constitución no estable parámetros específicos de salarios, sino que deja su fijación a la negociación colectiva o al Congreso (véase Artículo 14 bis y 75 inciso 19).

4. Procedimiento administrativo válido:
   El acto se dicta con base en la Ley 14.250 y el Decreto 200/88, normas que regulan este procedimiento. No hay intervención en materias de exclusiva competencia legislativa, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 99 (ejercico del Poder Ejecutivo).

Posibles objeciones y respuestas:

• ¿Podría el acuerdo afectar el "salario mínimo vital" del Artículo 14 bis?
  No, porque el salario mínimo vital es fijado por ley (ver Ley 27.349), no por convenios colectivos. El acuerdo puede establecer salarios superiores al mínimo legal, pero no inferiores. Si el acuerdo cumple con este límite, no hay conflicto.

• ¿El Poder Ejecutivo puede imponer condiciones adicionales?
  No, pero en este caso la homologación es un acto de reconocimiento de un acuerdo voluntario, no una modificación unilateral. La norma analizada no estable nuevas condiciones, sino que aprueba un consenso entre las partes.

Conclusión:

La norma es constitucional porque:
- Cumple con el principio de negociación colectiva consagrado en el Artículo 14 bis.
- Es un acto administrativo dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo (Art. 99).
- No modifica derechos fundamentales ni incurre en delegación legislativa (Art. 75 inc. 6°).

No existen conflictos alguno con la Constitución Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2024

VISTO el Expediente N° EX -2023-130442053- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del documento N° RE-2023-130441513-APN-DGD#MT, en la página 1 del documento N° RE-2023-130441676-APN-DGD#MT y en la página 1 del documento N° RE-2023-130441782-APN-DGD#MT del Expediente N° EX -2023-130442053- -APN-DGD#MT, obran respectivamente el acuerdo y Escalas Salariales, celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FIDEERA, por la parte sindical, y la UNIÓN DE INDUSTRIALES FIDEEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 119/90, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que en relación a las contribuciones empresarias pactadas, con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos de representación personal y de actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Dirección General de Asuntos Jurídicos) de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral) y en virtud de la autorización efectuada mediante Resolución Nº RESOL-2021-301-APN-MT del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su consecuente Disposición Nº DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004) y el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y escalas salariales celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FIDEERA, por la parte sindical, y la UNIÓN DE INDUSTRIALES FIDEEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, obrantes respectivamente, en las páginas 1/3 del documento N° RE-2023-130441513-APN-DGD#MT, en la página 1 del documento N° RE-2023-130441676-APN-DGD#MT y en la página 1 del documento N° RE-2023-130441782-APN-DGD#MT del Expediente N° EX -2023-130442053- -APN-DGD#MT , conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo (ex Dirección de Normativa Laboral), se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 119/90.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Mara Agata Mentoro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 11/04/2025 N° 19288/25 v. 11/04/2025