• Decretos:
  • 179/2025

La resolución que se presenta es un acto del Poder Legislativo de Argentina, específicamente de la Cámara de Diputados, que valida un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido previamente por el Poder Ejecutivo. Para entender el impacto de esta resolución, es crucial comprender la naturaleza de los DNUs y el proceso de su validación.

¿Cómo afecta esta resolución a las normas anteriores?

• Validación del DNU y su fuerza de ley: La resolución de la Cámara de Diputados al declarar la validez del DNU 179/25 del 10 de marzo de 2025, le otorga a este DNU plena validez legal y lo equipara a una ley del Congreso. Esto significa que, a partir de la validación, el DNU 179/25 tiene la misma jerarquía normativa que cualquier otra ley y puede modificar, derogar o complementar leyes anteriores que sean incompatibles con él.

• Impacto retroactivo: Aunque la validación se produce el 19 de marzo de 2025, el DNU rige desde su fecha de emisión, el 10 de marzo de 2025. Por lo tanto, los efectos del DNU son retroactivos a esa fecha, y cualquier norma anterior que se oponga al DNU queda afectada desde el 10 de marzo.

• Dependencia del contenido del DNU 179/25: El impacto específico sobre las normas anteriores depende completamente del contenido del DNU 179/25. Sin conocer el texto del DNU, no se puede determinar con precisión qué leyes anteriores son modificadas o derogadas. El DNU podría tratar sobre cualquier tema: económico, social, administrativo, etc., y su impacto normativo será específico a la materia que regule.

Beneficios afectados de la ley anterior (si modifica leyes anteriores):

Si el DNU 179/25 modifica leyes anteriores, los beneficios que esas leyes otorgaban podrían verse afectados. Estos beneficios podrían ser de diversa índole, por ejemplo:

• Derechos laborales: Una ley anterior podría otorgar ciertos derechos a los trabajadores (indemnizaciones, estabilidad laboral, condiciones de trabajo, etc.). Un DNU podría modificar o restringir estos derechos.
• Derechos sociales: Leyes anteriores pueden establecer beneficios sociales (jubilaciones, pensiones, programas sociales, etc.). Un DNU podría alterar los requisitos, montos o la existencia misma de estos beneficios.
• Derechos económicos: Leyes pueden regular actividades económicas, mercados, impuestos, etc. Un DNU podría cambiar estas reglas, afectando beneficios para ciertos sectores económicos o para los consumidores.
• Protecciones ambientales: Leyes pueden establecer normas de protección ambiental. Un DNU podría flexibilizar estas normas, disminuyendo las protecciones existentes.
• Procedimientos administrativos o judiciales: Leyes pueden regular procesos legales o administrativos. Un DNU podría modificar estos procesos, afectando garantías y derechos procesales.

Derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

La utilización de DNUs, y su posterior validación, siempre genera debate y preocupación, ya que implica un procedimiento legislativo más rápido y menos deliberativo que el ordinario. Potencialmente, la validación de un DNU puede conllevar:

• Pérdida de derechos: Si el DNU modifica leyes que otorgaban derechos, estos derechos pueden verse disminuidos o eliminados. Esto puede ocurrir en diversas áreas, como las mencionadas anteriormente (laboral, social, económica, ambiental).
• Abuso de poder por parte del Ejecutivo: Los DNUs son una herramienta excepcional que se justifica en situaciones de "necesidad y urgencia". Su uso excesivo o para temas que no revisten real urgencia puede ser considerado un abuso de poder del Poder Ejecutivo, que legisla sin el debate y control exhaustivo del Congreso en el proceso ordinario.
• Falta de debate y participación: El proceso de DNU omite el debate parlamentario profundo que se da en la creación de una ley ordinaria. Esto puede significar que la nueva normativa no haya sido suficientemente analizada, que no se hayan considerado todas las perspectivas y que se tomen decisiones con menor consenso social y político.
• Menor control judicial: Aunque los DNUs pueden ser revisados judicialmente, la validación parlamentaria les da un respaldo político importante, lo que podría dificultar su posterior impugnación judicial.
• Mayor discrecionalidad: Los DNUs, al ser redactados por el Poder Ejecutivo, pueden otorgar mayor discrecionalidad a la administración pública en la aplicación de la norma, lo que podría generar arbitrariedades o abusos.

En resumen:

La resolución de la Cámara de Diputados valida el DNU 179/25, dándole fuerza de ley y efecto retroactivo. El impacto específico sobre normas anteriores, los beneficios afectados, los derechos perdidos y los posibles abusos dependen enteramente del contenido del DNU 179/25. Para analizar concretamente estos aspectos, es indispensable conocer el texto del DNU 179/25 y compararlo con la legislación vigente previa a su emisión. Sin esta información, solo se pueden realizar análisis generales sobre los potenciales efectos de la validación de un DNU.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2025

Señor Presidente de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente resolución.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1°- Declarar la validez del decreto de necesidad y urgencia 179/25, del 10 de marzo de 2025.

Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.

MARTÍN ALEXIS MENEM - Adrián Francisco Pagán

e. 25/03/2025 N° 17543/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 24804
    infoleg 42924
• Decretos:
  • 1390/1998
    infoleg 54706

La nueva normativa, que corresponde a la Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) del 6 de marzo de 2025, se enmarca dentro de la Ley N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, por lo que no modifica sustancialmente las normas anteriores, sino que las aplica y las operacionaliza en un caso específico: la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-4 de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Para entender el impacto, es necesario recordar los puntos clave de la legislación anterior:

• Ley N° 24.804: Establece el marco legal para la actividad nuclear en Argentina.

  • Artículo 9° inciso a): Obliga a toda persona (física o jurídica) que realice actividad nuclear a ajustarse a las regulaciones de la ARN y obtener la licencia, permiso o autorización correspondiente.
  • Artículo 16° inciso c): Otorga a la ARN la facultad de otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para usuarios de material radiactivo e instalaciones nucleares.
  • Artículo 26°: Establece el pago de una tasa regulatoria por parte de los licenciatarios para financiar las actividades de la ARN.

• Decreto Reglamentario N° 1390/98: Reglamenta la Ley 24.804, detallando procedimientos y alcances de la misma.

Impacto de la Nueva Normativa (Resolución ARN de 2025):

La Resolución de 2025 no modifica leyes anteriores, sino que ejecuta las facultades conferidas a la ARN por la Ley 24.804. Su impacto se puede analizar de la siguiente manera:

• Aplicación Directa de la Ley: La resolución demuestra la aplicación concreta de los Artículos 9° y 16° de la Ley 24.804. La UNR, como entidad responsable del Reactor RA-4, solicitó una extensión de licencia (cumpliendo Art. 9°), y la ARN, tras evaluar, decide otorgarla (ejerciendo Art. 16°).

• Revierte una Decisión Anterior (Resolución 408/21): Es importante destacar que la ARN previamente había denegado la extensión de licencia del RA-4 y lo había pasado a "Parada Segura" (Resolución 408/21). Esta nueva resolución revierte esa decisión, lo cual indica un proceso dinámico y de re-evaluación por parte de la ARN, basado en nueva información o reconsideraciones.

• Licencia Condicionada a "Parada Segura" y Revisión de Seguridad: La nueva licencia no es una licencia de operación plena e irrestricta. Impone una condición crucial: el Reactor RA-4 debe permanecer en "Parada Segura" con el combustible en la caja fuerte. Esta condición se mantiene mientras la UNR elabora y presenta un "Informe de Revisión Integral de Seguridad" y su "Plan de Implementación" para la aprobación de la ARN. Esto refuerza el rol regulador y de control de la ARN priorizando la seguridad.

• Cumplimiento de Pago de Tasa Regulatoria: La resolución menciona que la UNR cumplió con el pago de la tasa regulatoria (Art. 26° de la Ley 24.804). Esto demuestra la obligatoriedad del pago de tasas para mantener la licencia, y que la UNR está cumpliendo con sus obligaciones financieras regulatorias.

• Intervención de Diversas Gerencias de la ARN: La resolución explicita la intervención de varias gerencias de la ARN (Licenciamiento, Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias, etc.). Esto muestra un proceso de evaluación exhaustivo y multidisciplinario dentro de la ARN antes de otorgar la licencia, lo cual es un beneficio en términos de seguridad y control.

Beneficios Afectados de la Ley Anterior:

En este caso, no se ven afectados beneficios de la ley anterior. Al contrario, la nueva resolución refuerza los beneficios de la Ley 24.804, que son principalmente:

• Marco Regulatorio Claro: La ley establece un marco regulatorio claro para la actividad nuclear, y la resolución demuestra cómo este marco se aplica en la práctica.
• Seguridad y Control: La ley busca garantizar la seguridad radiológica y nuclear. La resolución, al imponer la condición de "Parada Segura" y la revisión de seguridad, reafirma el compromiso con la seguridad y el control regulatorio.
• Funcionamiento de la ARN: La ley crea la ARN como autoridad reguladora. La resolución es un ejemplo del funcionamiento efectivo de la ARN en su rol de licenciamiento y fiscalización.

Derechos Perdidos y Posibles Abusos con la Nueva Normativa:

• Derechos Perdidos: No se identifican derechos perdidos con esta nueva normativa. La UNR obtiene la licencia (aunque condicionada), lo cual es un derecho otorgado bajo la ley. No se restringen derechos existentes, sino que se regulan las condiciones de ejercicio de la actividad nuclear.

• Posibles Abusos: En términos de posibles abusos, la resolución parece preventiva más que abusiva. La condición de "Parada Segura" y la exigencia de la revisión de seguridad podrían ser vistas como una restricción a la operación plena del reactor, pero se justifican en la necesidad de garantizar la seguridad.

  • Potencial Abuso (hipotético): Un posible abuso podría surgir si la ARN, de manera arbitraria y sin justificación técnica, prolongara indefinidamente la condición de "Parada Segura" o impusiera requisitos excesivamente onerosos en la revisión de seguridad, obstaculizando de facto la operación del reactor sin una base sólida en riesgos reales. Sin embargo, no hay indicios en la resolución de que esto sea así. Al contrario, el proceso parece orientado a permitir una operación segura una vez que se completen las revisiones necesarias.

En resumen, la Resolución de 2025 no implica una modificación de la Ley 24.804 ni una pérdida de derechos. Es una aplicación específica de la ley, que revierte una decisión anterior y otorga una licencia de operación condicionada al Reactor RA-4 de la UNR, priorizando la seguridad a través de la condición de "Parada Segura" y la exigencia de una Revisión Integral de Seguridad. No se observan abusos con esta normativa, aunque hipotéticamente, una aplicación arbitraria y prolongada de las restricciones podría ser motivo de preocupación, pero no hay evidencia de ello en la resolución actual.

Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2025

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-97037745-APN-GLYCRN#ARN, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 408/21, y

CONSIDERANDO:

Que a través del documento de fecha 7 de septiembre de 2021, embebido a la Nota N° NO-2021-92331623-APN-ARC#ARN, obrante en el Expediente Electrónico N° EX-2021-97037745-APN-GLYCRN#ARN, la DOCTORA Graciela UTGES y el INGENIERO Oscar PEIRE de la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (FCEIyA-UNR) solicitaron a esta AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) una extensión de la vigencia de la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-4, por el período de un año.

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la ARN en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c), establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que a través de la Resolución del Directorio de la ARN N° 408, de fecha 1° de noviembre de 2021, tramitada en el marco el Expediente Electrónico N° EX-2021-102672375-APN-GLYCRN#ARN, se resolvió no otorgar la extensión de la vigencia de la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-4, estableciéndose que, a partir del 2 de noviembre de 2021, el Reactor Nuclear RA-4 pasara a la condición de Parada Segura, debiendo la Entidad Responsable cumplir con los requisitos de seguridad radiológica y nuclear, seguridad física y salvaguardias establecidos en la documentación mandatoria, asociados a dicha condición.

Que, de acuerdo al Informe LCRN-IT-12/2024 “Propuesta de Licencia Operación para el reactor RA-4”, la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES recomienda al Directorio de la ARN otorgar a la FCEIA-UNR, en su carácter de Entidad Responsable, la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-4, con un alcance que establezca que la instalación debe permanecer en el estado de planta de Parada Segura con los elementos combustibles de la parte superior del núcleo depositados en la caja fuerte, mientras se llevan a cabo las actividades relativas a la elaboración del Informe de la Revisión Integral de Seguridad y su correspondiente Plan de Implementación que deberán ser presentados, a satisfacción de la ARN.

Que, según consta en las actuaciones de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN, la Entidad Responsable dio cumplimiento con el pago de la tasa regulatoria, conforme a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804.

Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y MEDICIONES Y EVALUACIONES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, la SUBGERENCIA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS Y NUCLEARES y la ACTIVIDAD SEGURIDAD FÍSICA NUCLEAR han tomado en el trámite la intervención que les compete.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución, conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c), y 22, Inciso a), de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 29 de enero de 2025 (Acta N° 2),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otórguese a la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, en su carácter de Entidad Responsable, la Licencia de Operación del Reactor Nuclear RA-4, la cual se encuentra como Anexo a la presente, con efectividad a partir de la fecha de la firma de este Acto Administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, MEDICIONES Y EVALUACIONES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, a la SUBGERENCIA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS Y NUCLEARES y a la ACTIVIDAD SEGURIDAD FÍSICA NUCLEAR. Notifíquese a la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, en su carácter de Entidad Responsable, a los fines correspondientes. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.

E/E Carlos Terrado

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/03/2025 N° 17386/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 24804
    infoleg 42924
• Decretos:
  • 1390/1998
    infoleg 54706

La norma actual, fechada el 6 de marzo de 2025, es una RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) que otorga Licencias de Operación para Aplicaciones Industriales listadas en el Acta N° 671/25.

¿Cómo afecta o impacta sobre las normas anteriores?

La norma actual no modifica ni contradice las normas anteriores, sino que las implementa y aplica. Se basa directamente en la Ley N° 24.804 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear) y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, que establecen el marco legal para la actividad nuclear en Argentina y las funciones de la ARN como ente regulador y fiscalizador.

En particular, la resolución se fundamenta en:

• Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804: Este artículo obliga a toda persona que desarrolle una actividad nuclear a ajustarse a las regulaciones de la ARN y obtener la licencia, permiso o autorización correspondiente. La resolución actual precisamente otorga esas licencias.
• Facultades de la ARN: La Ley N° 24.804 y el Decreto 1390/98 otorgan a la ARN la facultad de otorgar, suspender y revocar licencias para el uso de material radiactivo e instalaciones nucleares. La resolución actual es un ejercicio de esta facultad.
• Recomendaciones Técnicas: La resolución se emite "VISTO... lo recomendado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES INDUSTRIALES". Esto indica que la decisión de otorgar las licencias se basa en evaluaciones técnicas y verificaciones de cumplimiento de las normas de seguridad radiológica y nuclear.

¿Modifica leyes anteriores? ¿Beneficios afectados de la ley anterior?

No, la norma actual no modifica leyes anteriores. Es un acto administrativo específico que aplica las leyes y reglamentaciones preexistentes a casos concretos (las solicitudes de Licencias de Operación para Aplicaciones Industriales).

No se ven afectados beneficios de leyes anteriores. Al contrario, la resolución asegura que las actividades nucleares industriales se desarrollen dentro del marco legal establecido por la Ley N° 24.804, que busca:

• Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes (Artículo 8°, Inciso a) de la Ley N° 24.804).
• Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares (Artículo 8°, Inciso b) de la Ley N° 24.804).
• Asegurar que las actividades nucleares se desarrollen de forma regulada y fiscalizada.

¿Menciona derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa?

No se pierden derechos con esta nueva normativa. La resolución otorga derechos (Licencias de Operación) a los solicitantes que han cumplido con los requisitos regulatorios.

Posibles abusos son improbables en este contexto. La resolución parece ser un procedimiento administrativo rutinario dentro del marco regulatorio nuclear. Varios elementos sugieren un proceso transparente y basado en criterios técnicos:

• Fundamentación en la Ley y Decreto Reglamentario: La resolución se basa explícitamente en la legislación vigente.
• Recomendaciones de áreas técnicas: La decisión se apoya en informes de la Gerencia de Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias y la Subgerencia de Control de Aplicaciones Industriales, lo que sugiere una evaluación técnica previa.
• Intervención de áreas jurídicas y administrativas: Se menciona la intervención de las Gerencias de Asuntos Jurídicos y Asuntos Administrativos y Recursos, indicando un proceso de revisión legal y administrativa.
• Resolución del Directorio de la ARN: La decisión final es tomada por el Directorio de la ARN, el órgano máximo de la autoridad regulatoria.
• Publicación en el Boletín Oficial: Se ordena la publicación en el Boletín Oficial, lo que garantiza la transparencia y publicidad de la norma.

En resumen, la resolución del 6 de marzo de 2025 es un acto administrativo que implementa la legislación nuclear vigente al otorgar Licencias de Operación para aplicaciones industriales. No modifica leyes anteriores, no afecta beneficios previos, y no parece generar pérdida de derechos ni riesgos de abuso. Por el contrario, fortalece el marco regulatorio al permitir que actividades nucleares industriales operen legalmente bajo la supervisión y control de la ARN, garantizando la seguridad radiológica y nuclear.

Ciudad de Buenos Aires, 06/03/2025

VISTO lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 671/25, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo recomendado por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES INDUSTRIALES, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que, asimismo, es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de las Licencias de Operación que integran el Acta N° 671/25 de acuerdo a lo indicado en los Informes N° IF-2025-02875322-APN-GSRFYS#ARN, IF-2025-02876770-APN-GSRFYS#ARN, IF-2025-02878119-APN-GSRFYS#ARN, IF-2025-02876549-APN-GSRFYS#ARN, IF-2025-02880501-APN-GSRFYS#ARN, IF-2025-02884117-APN-GSRFYS#ARN, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.

Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado en el trámite la intervención correspondiente.

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución, conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 29 de enero de 2025 (Acta N° 2),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 671/25, Aplicaciones Industriales, que se incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.

E/E Carlos Terrado

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 25/03/2025 N° 17396/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 27399
    infoleg 281835

La nueva normativa que se presenta (Resolución de la Comisión Plenaria) no modifica la Ley 27399 (la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos) en sí misma, sino que impacta en el Reglamento Procesal para las actuaciones ante la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria del Convenio Multilateral.

¿Cómo afecta la nueva norma a la normativa anterior (Reglamento Procesal)?

La nueva norma modifica el artículo 27 del Reglamento Procesal existente. Antes de esta modificación, el artículo 27 definía los días inhábiles para los plazos procesales excluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, Jueves Santo y asuetos administrativos. La nueva resolución agrega a esta lista los "días no laborables con fines turísticos" establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399.

Beneficios afectados de la ley anterior (Reglamento Procesal previo a la modificación):

No se puede hablar de "beneficios" afectados en el sentido tradicional de derechos laborales o sociales. El Reglamento Procesal es una normativa interna que regula los procedimientos ante la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria. La modificación no elimina ningún beneficio previo contenido en el Reglamento Procesal.

Lo que sí se modifica es la operatividad de los plazos procesales. Anteriormente, los "días no laborables con fines turísticos" probablemente se consideraban días hábiles para el cómputo de los plazos en estos procedimientos. Con la nueva norma, estos días se convierten en inhábiles, lo que significa que los plazos procesales se suspenden durante estos días.

Derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

• Derechos perdidos: No se pierden derechos en el sentido de que la nueva normativa quite beneficios existentes para los ciudadanos o trabajadores. La modificación es de carácter procedimental y afecta a quienes participan en procesos ante la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria.

• Posibles abusos: No se vislumbran abusos directos con esta normativa. En principio, la inclusión de los "días no laborables con fines turísticos" como inhábiles parece alinear el Reglamento Procesal con el espíritu de la Ley 27399, que busca generar fines de semana largos y promover el turismo, entendiendo que en esos días la actividad general se ve reducida.

  Sin embargo, podría argumentarse que la extensión de los plazos procesales (al considerar más días como inhábiles) podría dilatar ligeramente los procedimientos. Esto, en un escenario extremo y poco probable, podría ser considerado una forma de "abuso" si se utilizara intencionalmente para retrasar resoluciones. No obstante, es más probable que sea una medida para adecuar los plazos a la realidad de los días festivos y no laborables, facilitando la gestión de los procesos para todas las partes involucradas.

En resumen:

La nueva normativa no impacta negativamente en derechos preexistentes. Simplemente modifica el Reglamento Procesal para incluir los "días no laborables con fines turísticos" como inhábiles, lo que suspende los plazos procesales durante esos días en el ámbito de la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria del Convenio Multilateral. No se identifican derechos perdidos ni abusos evidentes, aunque podría existir un ligero potencial de dilación en los procesos, que no parece ser el objetivo principal de la norma.

Mendoza, 13/03/2025

VISTO:

El artículo 27 del Reglamento Procesal para las actuaciones ante la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria del Convenio Multilateral (Anexo de la Resolución CP N° 32/2015 y sus modificatorias); y,

CONSIDERANDO:

Que resulta oportuno agregar al artículo 27 del Reglamento Procesal para las actuaciones ante la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, como días inhábiles, los días no laborables con fines turísticos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional (artículo 7° de la Ley N°27.399).

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17, inc. b), del Convenio Multilateral.

Por ello,

LA COMISIÓN PLENARIA CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/8/77

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 27 del Reglamento Procesal (Anexo de la Resolución CP N.° 32/2015 y sus modificatorias), el cual quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 27.- Todos los términos serán de días hábiles salvo que se indique lo contrario. Así, se excluyen del cómputo, además de los sábados y domingos, los feriados nacionales, jueves Santo, los días no laborables con fines turísticos (artículo 7° de la Ley N° 27.399), asuetos administrativos nacionales incluidos los parciales y durante el período que expresamente disponga la Comisión Arbitral. Los plazos procesales de todas las actuaciones se suspenderán durante el mes de enero y la feria invernal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de cada año, sin perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se realicen”.

ARTÍCULO 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas y archívese.

Alejandro Luis Donati - Fernando Mauricio Biale

e. 25/03/2025 N° 17105/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 26522
    infoleg 158649
  • 27078
    infoleg 239771
• Decretos:
  • 267/2015
    infoleg 257461
  • 89/2024
    infoleg 396261
  • 675/2024
    infoleg 402165
  • 6/2025
    infoleg 408166

La norma actual, la Resolución de ENACOM de marzo de 2025, no afecta ni modifica directamente las leyes anteriores (Ley N° 26.522 y Ley N° 27.078) ni los decretos que se mencionan en el contexto. En cambio, se sitúa en el marco regulatorio preexistente y opera como una medida de implementación específica.

Explicación del Impacto de la Norma Actual:

• Continuidad de la Política de Servicio Universal: La resolución se basa en la Ley N° 27.078, que declara de interés público el desarrollo de las TIC y establece el Servicio Universal. A pesar de que el Decreto N° 6/2025 disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), la resolución de ENACOM continúa implementando la política del Servicio Universal, específicamente a través del "PROGRAMA DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO)". Esto demuestra que, aunque el mecanismo de financiamiento original (FFSU) haya sido disuelto, la política de Servicio Universal y la obligación del Estado de garantizar el acceso a las TIC siguen vigentes.

• Extensión de un Proyecto Existente: La resolución prorroga el plazo de ejecución de un proyecto ya aprobado (Resolución N° 1.018/20-ENACOM) que busca actualizar la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO). Este proyecto es ejecutado por ARSAT S.A. y financiado, inicialmente, por el ahora disuelto Fondo Fiduciario del Servicio Universal. La prórroga se justifica para permitir la finalización del proyecto, incluyendo la verificación por parte de la Universidad Tecnológica Nacional antes del último desembolso a ARSAT S.A.

• Operación dentro del Marco de Intervención de ENACOM: La resolución se emite durante el periodo de intervención de ENACOM, dispuesto por el Decreto N° 89/2024 y prorrogado por el Decreto N° 675/2024. El Interventor de ENACOM, designado por estos decretos, es quien firma la resolución, actuando con las facultades de la Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078. Esto indica que la resolución es una acción administrativa ordinaria dentro del marco legal vigente y bajo la administración actual de ENACOM.

Beneficios Afectados de la Ley Anterior:

• No se identifican beneficios afectados de las leyes anteriores. Al contrario, la resolución busca asegurar que los beneficios previstos por la Ley N° 27.078 (acceso universal a las TIC) se materialicen a través de la continuación del proyecto REFEFO. Si el proyecto no se extendiera, se pondría en riesgo la finalización de la actualización de la red de fibra óptica, lo que podría retrasar o limitar la expansión del acceso a las TIC, que es precisamente uno de los objetivos de la Ley N° 27.078.

Derechos Perdidos y Posibles Abusos con la Nueva Normativa:

• No se identifican derechos perdidos con esta normativa específica. La resolución es una medida administrativa para asegurar la continuidad de un proyecto.

• Posibles Abusos (Contexto más Amplio, no la Norma en sí): Si bien la resolución en sí misma no parece generar abusos, es importante considerar el contexto más amplio:

  • Disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU): El Decreto N° 6/2025 disolvió el FFSU, que era el mecanismo de financiamiento original para proyectos como REFEFO. Si bien la política de Servicio Universal continúa, no está claro en la resolución actual cómo se financiará este proyecto en el futuro. Esto podría generar preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de la política de Servicio Universal a largo plazo.
  • Intervención de ENACOM: La intervención de ENACOM, aunque con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia y transparencia, concentra el poder en el Interventor. Si bien esto puede agilizar ciertas decisiones, reduce el control colegiado y la participación pluralista que se esperaba con el Directorio de ENACOM creado por el Decreto 267/2015.

En resumen, la resolución de ENACOM de 2025 no modifica las leyes anteriores, sino que es una medida operativa para continuar un proyecto específico dentro del marco del Servicio Universal. No se identifican derechos perdidos directamente por esta norma, pero la disolución del FFSU y la intervención de ENACOM, en el contexto más amplio, podrían generar preocupaciones sobre la futura financiación y gobernanza de la política de Servicio Universal y la regulación del sector de las comunicaciones en Argentina.

Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2025

VISTO el EX-2020-55682535-APN-SDYME#ENACOM; las Leyes N° 26.522 y N° 27.078; los Decretos N° 267 del 29 de diciembre de 2015, N° 89 del 26 de enero de 2024, N° 675 del 29 de julio de 2024 y N° 6 del 3 de enero de 2025; las Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 867/2020, N° 1.018/2020, N° 1.738/2022, N° 1.880/2022, N° 1.584/2023, N° 541/2024, N° 3/2025, el IF-2025-25702498-APN-DNFYD#ENACOM, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros. 27.078 y 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias.

Que a través del Decreto Nº 89/24 se dispuso la intervención de este ENACOM, en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a través del Decreto N° 675/24 se prorrogó el mismo y, se designó Interventor, otorgándole las facultades establecidas para la Autoridad de Aplicación de las mencionadas Leyes, especialmente las asignadas al Directorio y las establecidas en el decreto aludido.

Que sobre el particular, conforme establece el Artículo 3° del Decreto N° 675/24 “…en el ejercicio de su cargo, el Interventor tendrá las facultades y competencias establecidas para la Autoridad de Aplicación en las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus respectivas modificaciones…”.

Que el Artículo 18 de la citada Ley establece que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades.

Que, en tal orden de ideas, indica que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Autoridad de Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo establecer categorías a tal efecto.

Que entre los principales objetivos del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, como Autoridad de Aplicación, se encuentra el de universalizar la inclusión digital, para que los beneficios de las tecnologías de la información estén disponibles para todos los argentinos, potenciando las economías regionales.

Que a través de la Resolución N° 1.018/20-ENACOM, se resolvió aprobar el PROYECTO que como ANEXO (IF-2020-60698447-APN-DNFYD#ENACOM) forma parte integrante de la mencionada Resolución consistente en la Actualización de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en el ámbito del “PROGRAMA DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO)”; como así también, adjudicar a favor de la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (ARSAT S.A.) la ejecución del PROYECTO allí aprobado.

Que a tal fin, se destinó inicialmente para la ejecución del mismo, hasta la suma de PESOS TRES MIL MILLONES ($3.000.000.000.-) del entonces Fondo Fiduciario del Servicio Universal, previsto en la Ley N° 27.078, con los alcances establecidos en el Reglamento General del Servicio Universal.

Que asimismo, se señala que por Resolución Nº 1.738/22-ENACOM, ratificada por Resolución Nº 1.880/22-ENACOM, se resolvió la ampliación, por DOCE (12) meses, del plazo de ejecución inicialmente previsto en el referido Proyecto y se aprobó el consecuente cronograma presentado por ARSAT S.A. (IF-2022-93241798-APN-DNFYD#ENACOM), así como el modelo de adenda al Convenio (CONVE-2020-60891317-APN-ENACOM#JGM) a suscribir con ARSAT S.A., en orden a formalizar las modificaciones introducidas.

Que en el mismo marco, por Resolución N° 541/24-ENACOM se resolvió efectuar una nueva Adenda al Convenio (CONVE-2020-60891317-APN-ENACOM#JGM) a suscribir con ARSAT S.A., a efectos de prorrogar el plazo de duración del Proyecto aprobado por Resolución N° 1.018/20-ENACOM en 6 (SEIS) meses a contar desde el dictado de la mencionada Resolución, como así también se amplió el monto destinado al “PROGRAMA DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA (REFEFO)” en PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES CON 00/100 ($ 1.500.000.000.-), resultando el mismo en la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000.-).

Que la Adenda señalada precedentemente fue suscripta entre las partes el día 12 de septiembre de 2024 (CONVE-202499060394-APN-ENACOM#JGM).

Que, a efectos de efectuar el desembolso a favor de la empresa ARSAT S.A., conforme lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA de la Adenda mencionada y de acuerdo con la CLAUSULA TERCERA de la misma Adenda, en relación a la intervención de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL para verificar la finalización efectiva del Proyecto antes de ejecutar el último desembolso, resulta necesario extender la duración del mismo en 6 (SEIS) meses a contar desde la fecha de publicación de la presente.

Que, habida cuenta de lo expuesto y operado el vencimiento del plazo de ejecución del Proyecto, se ha redactado un modelo de Adenda que procede a establecer un nuevo plazo para la finalización del Proyecto aprobado por Resolución N° 1.018/20-ENACOM y se modifique la cláusula SEXTA del Convenio mencionado, conforme CONVE-2020-60891317-APN-ENACOM#JGM.

Que por los fundamentos expuesto y a los fines de cumplir con los objetivos del Proyecto que nos ocupa, deviene procedente dictar el acto administrativo que prorrogue por el plazo de SEIS (6) meses, a contar desde el dictado de la presente, el plazo de ejecución del mismo y se apruebe el modelo de adenda al convenio oportunamente suscripto.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención de su competencia.

Que se ha dado intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS, en su carácter de servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Organismo.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 267 del 29 de diciembre de 2015; Nº 89 del 26 de enero de 2024 y N° 675 del 29 de julio de 2024.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGASE, por el plazo de SEIS (6) meses a contar desde el dictado de la presente, el plazo de ejecución dispuesto para la ejecución del proyecto aprobado por Resolución ENACOM N° 1.018/20.

ARTÍCULO 2°.- APRUÉBASE el modelo de Adenda al Convenio CONVE-2020-60891317-APN-ENACOM#JGM, a suscribir con la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA, que como Anexo, IF-2025-25681183-APN-DNFYD#ENACOM, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese.

Juan Martin Ozores

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/03/2025 N° 17102/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 17741
    infoleg 17938
• Decretos:
  • 1536/2002
    infoleg 77009
  • 202/2024
    infoleg 396961

La norma actual, la Resolución del INCAA del 21 de marzo de 2025, se enmarca dentro de la legislación preexistente y no modifica directamente las leyes anteriores, sino que las implementa y opera dentro del marco legal ya establecido.

Explicación del Impacto de la Nueva Norma sobre las Anteriores:

• Continuidad con la Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias: La Resolución se basa explícitamente en la Ley 17.741, la ley fundamental que crea el INCAA y define sus objetivos de fomento y regulación de la actividad audiovisual. La resolución cita la facultad del presidente del INCAA de "auspiciar concursos y otorgar premios", una facultad que emana directamente del Artículo 2º inciso a) de la Ley 17.741, que otorga al INCAA la atribución de "Formular y ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudios y emplear todo otro medio necesario para el logro de ese fin". Por lo tanto, la resolución ejecuta una de las herramientas de fomento previstas en la ley original.

• Continuidad con el Decreto 1536/2002: Este decreto modernizó la gestión del INCAA, dándole mayor autonomía y flexibilidad. La Resolución se alinea con este espíritu al operativizar un concurso específico bajo la autoridad del Presidente del INCAA, quien tiene ahora una gestión más autónoma para llevar adelante las políticas de fomento. El decreto 1536/2002 buscaba una gestión más eficiente y la resolución, al lanzar un concurso para documentales digitales, busca fomentar un sector específico dentro de la industria audiovisual, lo cual es coherente con el objetivo de mejorar la actividad cinematográfica.

• Continuidad con el Decreto 202/2024: Este decreto simplemente designó al actual Presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, quien firma la resolución. La resolución es una acción directa de la gestión del presidente designado, utilizando las facultades que le otorgan las leyes y decretos previos.

• Resolución INCAA N° 453/2024 (Lineamientos Generales de Concursos y Premios): La nueva resolución se basa en la Resolución 453/2024, que estableció los lineamientos generales para concursos. Esto indica una estandarización y planificación en la forma en que el INCAA implementa sus políticas de fomento a través de concursos, lo cual podría considerarse una mejora en la transparencia y previsibilidad.

Beneficios Afectados de Leyes Anteriores:

No se ven afectados beneficios de leyes anteriores. Más bien, la nueva resolución busca materializar los beneficios ya previstos en la Ley 17.741, específicamente el fomento de la producción cinematográfica nacional. La ley original establece el "Fondo de Fomento Cinematográfico" (Artículo 24) que se destina, entre otras cosas, a "el otorgamiento de los beneficios de Recuperación Industrial y Reintegro por Exhibición de Películas Nacionales" y "la concesión de créditos cinematográficos" (Artículo 28). Si bien esta resolución no otorga créditos directamente, sí utiliza recursos del INCAA (presumiblemente del Fondo de Fomento) para premios, lo cual es una forma de apoyo financiero a la producción, alineándose con el espíritu de la ley original de fomentar la industria.

Derechos Perdidos y Posibles Abusos con la Nueva Normativa:

• Derechos Perdidos: No se identifican derechos perdidos con esta nueva normativa. Al contrario, se abre una nueva oportunidad para los "Realizadores Integrales" de documentales de largometraje para acceder a financiamiento a través de premios.

• Posibles Abusos: Si bien la resolución en sí misma parece administrativa y de implementación, siempre existe el potencial de abusos en la gestión de concursos públicos, especialmente en la etapa de evaluación y selección de proyectos. Algunos posibles puntos de atención para evitar abusos serían:

  • Falta de Transparencia en la Selección: Si los criterios de evaluación no son claros, objetivos y públicos, o si el proceso de selección no es transparente, podría haber favoritismo o decisiones arbitrarias. Es crucial que las "BASES Y CONDICIONES" (Anexo I) sean detalladas y que el proceso de jurado o evaluación sea imparcial y公開 (público/transparente).
  • Dirección de los Fondos: Si bien la resolución destina fondos a premios para documentales digitales, es importante asegurar que estos fondos se utilicen efectivamente para el fomento de la producción y no se desvíen o se gestionen de manera ineficiente. La "disponibilidad presupuestaria del Organismo" mencionada en el Artículo 7º debería ser gestionada de forma transparente y responsable.
  • Definición de "Realizador Integral": La resolución se dirige a "REALIZADORES INTEGRALES". Si esta definición no es clara en las "BASES Y CONDICIONES", podría generar ambigüedad y exclusión injustificada de ciertos productores o proyectos.

En resumen:

La nueva resolución no parece modificar negativamente la legislación anterior ni afectar derechos establecidos. Más bien, opera dentro del marco legal existente para implementar una acción de fomento específica: un concurso para documentales digitales. Los beneficios de la ley anterior (fomento de la cinematografía nacional) se ven reafirmados a través de esta acción concreta.

Sin embargo, como en todo proceso de gestión de fondos públicos, es fundamental la vigilancia y la transparencia en la implementación del concurso para evitar posibles abusos en la selección de proyectos y la gestión de los recursos. La clave estará en la claridad y objetividad de las "BASES Y CONDICIONES" del concurso y en la transparencia del proceso de evaluación.

Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2025

VISTO el EX-2025-24527092- -APN-SGTYC#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y N° 202 de fecha 28 de febrero de 2024 y Resolución INCAA N° 453 de fecha 30 de julio de 2024, y

CONSIDERANDO

Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, tiene como objetivos fundamentales el fomento y la regulación de la actividad audiovisual en el territorio nacional.

Que dentro de las medidas de promoción previstas por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la facultad del presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES de auspiciar concursos y otorgar premios.

Que la producción audiovisual es un vehículo esencial para la innovación creativa y el fortalecimiento de la identidad nacional. En este contexto, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) se compromete a promocionar el desarrollo y la excelencia de la industria audiovisual argentina.

Que mediante Resolución INCAA N°453/2024, se aprueban los Lineamientos Generales de Concursos y Premios, con el cual el INCAA establece las bases para la realización de concursos destinados a apoyar a productores, guionistas y directores tanto noveles como consolidados, promoviendo la inclusión y la diversidad cultural en todo el país, con el fin de premiar no solo la excelencia en la producción audiovisual, sino también contribuir al crecimiento sostenido de la industria.

Que resulta necesario llamar a Realizadores Integrales a presentar proyectos de Películas Documentales de largometraje de una duración mínima de SESENTA (60) minutos hasta CIENTO VEINTE (120) minutos de duración máxima, cuyo soporte de filmación sea digital y finalización de acuerdo a lo establecido en el protocolo de entrega de copia “A” vigente.

Que por tanto, es necesario aprobar su implementación y su presupuesto total a fin de garantizar el correcto cumplimiento de esta edición de la Convocatoria “2do LLAMADO DE LARGOMETRAJES DE DOCUMENTAL DIGITAL - 2025”

Que en virtud de todo lo expuesto debe dictarse el correspondiente acto administrativo.

Que la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, la COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INVERSIONES, la GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la GERENCIA GENERAL, y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que las atribuciones y competencias para la emisión de este acto se encuentran previstas en la Ley N° 17.741 (t.o.2001) y sus modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002 y N° 202/2024.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la implementación de la Convocatoria “2do LLAMADO DE LARGOMETRAJES DE DOCUMENTAL DIGITAL - 2025”.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el presupuesto en concepto de premios, que obra como documento GDE IF-2025-25321797- APN-SGP#INCAA.

ARTICULO 3º.- Llamar a REALIZADORES INTEGRALES a presentar proyectos de Películas Documentales de largometraje de una duración mínima de SESENTA (60) minutos hasta CIENTO VEINTE (120) minutos de duración máxima, cuyo soporte de filmación sea digital y finalización de acuerdo a lo establecido en el protocolo de entrega de copia “A” vigente y aprobar las BASES Y CONDICIONES de la Convocatoria “2do LLAMADO DE LARGOMETRAJES DE DOCUMENTAL DIGITAL - 2025” que obra como Anexo I identificado como IF-2025-28201689-APN-SGP#INCAA, que a todos los efectos, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Establecer como plazo de presentación desde las 00 horas del día 1 de abril del 2025 hasta las 14 horas del día 15 de abril del 2025, como fechas de apertura y cierre respectivamente, para las presentaciones del llamado a Convocatoria.

ARTÍCULO 5º.- Determinar que la participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y aceptación de todo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 6º.- Aprobar el modelo de contrato, que obra como Anexo II identificado IF-2025-25328405-APN-SGP#INCAA y forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 7º.- Imputar el gasto a la partida del ejercicio financiero correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestaria del Organismo.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carlos Luis Pirovano

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/03/2025 N° 17342/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 24481
    infoleg 27289
  • 22362
    infoleg 18803
  • 19549
    infoleg 22363
• Decretos:
  • 242/2019
    infoleg 321704
  • 1759/1972
    infoleg 21715

La nueva normativa que se presenta es una resolución específica del Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para inscribir al Sr. Emiliano Sebastian Herrera en la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial. No modifica directamente las leyes o decretos anteriores, sino que se basa en ellos para llevar a cabo una acción administrativa concreta.

Impacto y afectación sobre normas anteriores:

• Decreto 242/2019 y Artículo 47 de su reglamentación: La resolución se fundamenta explícitamente en el Decreto 242/2019, que reglamenta la Ley de Marcas y Designaciones, y en particular en su Artículo 47. Este artículo del reglamento otorga al INPI la autoridad de superintendencia sobre la profesión de Agente de la Propiedad Industrial. La nueva resolución ejerce esta facultad de superintendencia al inscribir a un nuevo agente en la matrícula. No hay una afectación negativa, sino una aplicación concreta de la potestad regulatoria ya existente.

• Resolución INPI Nº 164/2021: Esta resolución establece el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial. La nueva resolución se adhiere a este reglamento al verificar que el Sr. Herrera ha cumplido con todos los requisitos previos, incluyendo la aprobación del examen de suficiencia, tal como exige la Resolución 164/2021. Nuevamente, no hay modificación, sino cumplimiento y aplicación de una normativa preexistente.

• Leyes Nº 24.481 (Ley de Patentes) y Nº 22.362 (Ley de Marcas): Estas leyes establecen la existencia y funciones del INPI como autoridad en materia de propiedad industrial. La resolución del INPI se enmarca dentro de las funciones y competencias que estas leyes le otorgan. La resolución es una consecuencia lógica del marco legal preexistente.

• Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo y Decreto 1759/72 - T.O. 2017 (Reglamento de Procedimiento Administrativo): El Artículo 2° de la resolución menciona explícitamente la Ley 19.549 y el Decreto 1759/72 al informar al Sr. Herrera sobre las vías de recurso administrativo disponibles. La resolución se asegura de cumplir con las garantías procesales establecidas en la legislación administrativa general.

Beneficios afectados de la ley anterior:

No se ven afectados beneficios de leyes anteriores. Al contrario, la resolución refuerza el sistema legal previo al aplicarlo y darle operatividad en un caso específico. Las leyes anteriores crearon el INPI y le dieron la potestad de regular la profesión de Agente de la Propiedad Industrial. La resolución materializa esta potestad inscribiendo a un profesional habilitado.

Derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

• Derechos Perdidos: No se pierden derechos con esta nueva resolución. Es un acto administrativo que otorga un derecho, el de ejercer como Agente de la Propiedad Industrial una vez inscrito en la matrícula.

• Posibles Abusos: No se vislumbran abusos directos derivados de esta resolución en sí misma. La resolución es un acto administrativo de trámite que formaliza una inscripción tras verificarse el cumplimiento de requisitos.

Sin embargo, es importante considerar el contexto regulatorio general:

• Riesgo de discrecionalidad en la regulación de la profesión: Si bien esta resolución en particular parece ajustada a derecho, el marco regulatorio general de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial (establecido por el Decreto 242/2019 y la Resolución 164/2021) podría potencialmente dar lugar a abusos si la autoridad de superintendencia (INPI) ejerce sus facultades de manera arbitraria o excesivamente discrecional. Por ejemplo, si los requisitos para la matrícula fueran poco claros, o si el examen de suficiencia no fuera objetivo, o si la regulación del ejercicio profesional fuera excesivamente restrictiva, podría limitarse indebidamente el acceso a la profesión o generar un mercado poco competitivo de servicios de propiedad industrial.

• Importancia de la transparencia y el debido proceso: Es crucial que el INPI, en su rol de autoridad de superintendencia, actúe con transparencia, motivación en sus decisiones y garantizando el debido proceso en todos los trámites relacionados con la profesión de Agente de la Propiedad Industrial. La resolución actual muestra un cumplimiento de estos principios al mencionar la normativa aplicable, fundamentar la decisión en el cumplimiento de requisitos y detallar las vías de recurso.

En conclusión, la resolución actual no afecta negativamente las normas anteriores ni genera pérdidas de derechos directas. Más bien, es una aplicación del marco regulatorio preexistente. La clave para evitar posibles abusos reside en la correcta y transparente aplicación de la normativa general que regula la profesión de Agente de la Propiedad Industrial por parte del INPI.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2025

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2025-18022638-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.

Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial, y las condiciones del ejercicio profesional.

Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164/2021.

Que el señor Emiliano Sebastian Herrera (DNI N° 27.921.928) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial.

Que el nombrado ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fechas 17 y 24 de Octubre de 2024 el examen de suficiencia.

Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, de fojas CIENTO SESENTA Y TRES (163) a CIENTO SETENTA Y CUATRO (174), cuyas copias se agregan a las presentes actuaciones.

Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para dictar la medida proyectada, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 24.481, Nº 22.362, el artículo Nº 47 del Decreto Nº 242/2019 y el artículo Nº 11 del Anexo de la Resolución INPI Nº 164/2021.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Inscríbase al Señor Emiliano Sebastian HERRERA (DNI N° 27.921.928) en la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

ARTICULO 2°.- Hágase saber que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 inciso c) (iii) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, no obstante, procederá a opción del interesado, la interposición de los recursos administrativos de reconsideración en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, de alzada en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos o la acción judicial pertinente (v. art. 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 - T.O. 2017).

ARTICULO 3º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.

Carlos María Gallo

e. 25/03/2025 N° 17096/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 24481
    infoleg 27289
  • 22362
    infoleg 18803
  • 19549
    infoleg 22363
• Decretos:
  • 242/2019
    infoleg 321704
  • 1759/1972
    infoleg 21715

La norma actual, que corresponde a una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para inscribir a una agente de propiedad industrial, no modifica directamente las leyes anteriores (Ley 19.549, Ley 22.362, Ley 24.481 y sus reglamentaciones Decreto 1759/72 y Decreto 242/2019) sino que las aplica en un caso concreto.

Para entender el impacto, es importante diferenciar:

• Las normas anteriores (contexto): Establecen el marco legal general para los procedimientos administrativos (Ley 19.549 y Decreto 1759/72), la propiedad industrial en marcas y designaciones (Ley 22.362 y Decreto 242/2019) y patentes (Ley 24.481), incluyendo la creación y funciones del INPI como autoridad de aplicación. Las modificaciones que se ven en el contexto (fechas de actualización de artículos) ya son cambios incorporados a esas leyes previas antes de esta resolución actual.

• La norma actual (resolución INPI): Es un acto administrativo específico del INPI que ejecuta las leyes y reglamentos preexistentes. En este caso, se trata de la inscripción de un agente de la propiedad industrial, un procedimiento regulado por el INPI en base a las facultades que le otorgan las leyes anteriores, en particular la Ley 24.481 (que crea el INPI y le da autoridad en materia de patentes y propiedad industrial) y su reglamentación (Decreto 242/2019).

Impacto y Afectación de las Normas Anteriores por la Resolución Actual:

• Aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549 y Decreto 1759/72): La resolución menciona explícitamente el artículo 23 inciso c) (iii) de la Ley 19.549 y el artículo 94 del Decreto 1759/72. Esto indica que la resolución se ajusta al marco de procedimiento administrativo establecido. Se informa a la interesada que con esta resolución se agota la vía administrativa, lo cual es un concepto clave de la Ley 19.549 para poder acceder a la instancia judicial. También se informa sobre los recursos administrativos disponibles (reconsideración y alzada) y los plazos para interponerlos, lo que es un derecho fundamental de los administrados bajo la Ley 19.549.

• Aplicación de la Ley de Marcas y Designaciones (Ley 22.362) y Ley de Patentes (Ley 24.481) y sus reglamentaciones: Si bien la resolución no cita directamente estas leyes en su articulado principal (Art. 1-3), el Considerando sí menciona que el INPI actúa como autoridad de superintendencia de los Agentes de la Propiedad Industrial "de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019" y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 24.481, Nº 22.362. Esto implica que la resolución se basa en el marco legal de propiedad industrial, y en particular, en la facultad del INPI para regular la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, que está indirectamente relacionada con la Ley de Marcas (Ley 22.362) y directamente con la Ley de Patentes (Ley 24.481) al ser los agentes quienes gestionan estos trámites ante el INPI. El Decreto 242/2019 reglamenta la Ley 22.362, pero también impacta en la operativa del INPI en general, incluyendo patentes.

Beneficios Afectados de Leyes Anteriores:

• No hay beneficios afectados directamente por esta resolución. La resolución otorga un beneficio, que es la inscripción en la matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial.
• Las modificaciones previas a las leyes (como las mencionadas en el !CONTEXT_START y !CONTEXT_END) sí pudieron haber afectado beneficios preexistentes al cambiar procedimientos, plazos, etc., en las leyes de procedimiento administrativo y propiedad industrial. Sin embargo, la resolución actual es una consecuencia de ese marco legal ya modificado y vigente.

Derechos Perdidos y Posibles Abusos con la Nueva Normativa (Resolución):

• No se identifican derechos perdidos ni posibles abusos directamente con esta resolución en sí. La resolución parece ser un acto administrativo estándar y positivo para la persona interesada (Fiama Solange Dus), otorgándole un derecho (la inscripción en la matrícula).
• Posibles abusos o derechos perdidos podrían surgir de la aplicación incorrecta o arbitraria de las leyes y reglamentos por parte del INPI en otros casos, pero no específicamente por esta resolución que es un acto de ejecución individual.
• Es importante notar que la resolución informa sobre los recursos disponibles, lo cual es una garantía para la persona administrada y un cumplimiento de los principios de la Ley 19.549. Esto permite a la interesada impugnar la resolución si considera que no se ajusta a derecho.

En resumen: La resolución actual no es una "nueva normativa" que modifique las leyes anteriores. Es un acto administrativo de aplicación de las leyes y reglamentos existentes. No se identifican derechos perdidos o abusos directos con esta resolución en sí misma, sino que se asegura el cumplimiento de los procedimientos y derechos administrativos establecidos en la Ley 19.549 y se opera dentro del marco legal de la propiedad industrial (Leyes 22.362 y 24.481) y su reglamentación. Los cambios y posibles impactos en derechos provienen de las modificaciones ya incorporadas a las leyes y reglamentos antes de esta resolución, y no de la resolución en sí.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2025

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2025-17969105-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.

Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial, y las condiciones del ejercicio profesional.

Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164/2021.

Que la señora Fiama Solange DUS (DNI N° 35.697.518) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial.

Que la nombrada ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fechas 17 y 24 de Octubre de 2024 el examen de suficiencia.

Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, de fojas CIENTO SESENTA Y TRES (163) a CIENTO SETENTA Y CUATRO (174), cuyas copias se agregan a las presentes actuaciones.

Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para dictar la medida proyectada, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 24.481, Nº 22.362, el artículo Nº 47 del Decreto Nº 242/2019 y el artículo Nº 11 del Anexo de la Resolución INPI Nº 164/2021.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Inscríbase a la Señora Fiama Solange DUS (DNI N° 35.697.518) en la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

ARTICULO 2°.- Hágase saber que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 inciso c) (iii) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, no obstante, procederá a opción del interesado, la interposición de los recursos administrativos de reconsideración en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, de alzada en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos o la acción judicial pertinente (v. art. 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 - T.O. 2017).

ARTICULO 3º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese a la interesada, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.

Carlos María Gallo

e. 25/03/2025 N° 17092/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 26509
    infoleg 157271
• Decretos:
  • 1712/2009
    infoleg 160012
  • 43/2025
    infoleg 408804
  • 43/2025
    infoleg 408804

La norma actual, Resolución del Ministerio de Economía de fecha 20 de marzo de 2025, no modifica ni afecta directamente las leyes anteriores (Ley 26.509 y Decreto 1712/2009) que regulan el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. En cambio, aplica el marco legal preexistente a una situación específica: la declaración de estado de emergencia y/o desastre agropecuario en varios departamentos y distritos de la provincia de Mendoza.

Impacto de la norma actual sobre las normas anteriores:

• Aplicación, no modificación: La resolución no introduce cambios en la Ley 26.509 ni en su decreto reglamentario. Simplemente utiliza los mecanismos y procedimientos ya establecidos para declarar formalmente una emergencia agropecuaria a nivel nacional, basándose en una declaración provincial previa (Decreto Provincial 43/2025) y la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
• Activación de beneficios: La resolución activa los beneficios contemplados en la Ley 26.509 para los productores agropecuarios de las zonas de Mendoza afectadas. Estos beneficios incluyen:
  • Asistencia financiera especial: A través de bancos nacionales, oficiales o mixtos, que deberán otorgar esperas, renovaciones de créditos, nuevos créditos con tasas bonificadas, unificación de deudas y suspensión de juicios (Artículo 22 de la Ley 26.509).
  • Medidas impositivas especiales: Prórroga de vencimientos de impuestos, posibilidad de exención de impuestos sobre bienes personales y ganancia mínima presunta, deducción impositiva por ventas forzosas de ganado, suspensión de juicios fiscales por parte de ARCA (Artículo 23 de la Ley 26.509).

Beneficios afectados de la ley anterior:

• Ningún beneficio de la ley anterior es afectado negativamente. Al contrario, la resolución pone en marcha los beneficios que la Ley 26.509 y su reglamentación prevén para los productores afectados por emergencias agropecuarias. Los productores de Mendoza que cumplan con los requisitos (principalmente estar afectados en su producción en un 50% o 80% según corresponda a emergencia o desastre) ahora pueden acceder a estos beneficios gracias a esta resolución.

Derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

• Derechos perdidos: No se pierden derechos. La resolución expande la aplicación de derechos existentes para los productores de Mendoza, no los restringe.
• Posibles abusos: El potencial de abuso no surge de la resolución en sí misma, sino de la implementación del sistema en general, y en particular en el proceso de certificación por parte de la autoridad provincial.
  • Certificaciones indebidas: Existe un riesgo de que se emitan certificados de emergencia o desastre a productores que no estén realmente afectados o que no alcancen el porcentaje de afectación requerido (50% u 80%). Esto podría llevar a un uso indebido de los fondos y beneficios destinados a la emergencia.
  • Falta de control: Si no hay una fiscalización adecuada por parte de las autoridades competentes (tanto provinciales como nacionales), podría haber productores que se beneficien indebidamente del sistema.

En resumen:

La resolución del Ministerio de Economía del 20 de marzo de 2025 es una medida positiva para los productores de Mendoza afectados por eventos climáticos adversos. No modifica la legislación vigente, sino que la aplica para brindarles el apoyo y los beneficios que la Ley 26.509 contempla en situaciones de emergencia agropecuaria. El éxito de la medida y la prevención de abusos dependerán de la correcta implementación y fiscalización del proceso de certificación y otorgamiento de beneficios por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2025

Visto el expediente EX-2025-16027378- -APN-DGDAGYP#MEC, la ley 26.509 y sus modificatorias y su decreto reglamentario 1712 del 10 de noviembre de 2009, el decreto provincial 43 del 15 de enero de 2025, el Acta de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios del 18 de febrero de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la provincia de Mendoza presentó para su tratamiento el decreto provincial 43 del 15 de enero de 2025, en la reunión del 18 de febrero de 2025 de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, a los efectos de la aplicación de la ley 26.509 y sus modificatorias.

Que el citado decreto provincial 43/25, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, a las explotaciones agropecuarias afectadas por viento Zonda, helada y tormentas de granizo en los departamentos y distritos que se detallan a continuación: Distritos La Consulta, Villa San Carlos y Eugenio Bustos del Departamento San Carlos; Distritos Colonia Las Rosas, Tunuyán, Vista Flores, El Totoral, La Primavera y Villa Seca del Departamento Tunuyán; Distritos Cordón del Plata, El Zampalito, La Arboleda y Tupungato del Departamento Tupungato; Distritos Algarrobo Grande, Junín, La Colonia, Los Barriales y Phillips del Departamento Junín; Distritos La Paz y Villa Antigua del Departamento La Paz; Distritos El Mirador, La Libertad, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro del Departamento Rivadavia; Distritos Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chivilcoy, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Chapanay y El Central del Departamento San Martín; Distritos 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa del Departamento Santa Rosa; Distrito Villa Nueva del Departamento Guaymallén; Distritos Tres de Mayo y Tulumaya del Departamento Lavalle; Distritos Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio del Departamento Maipú; Distritos Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel del Departamento General Alvear; Distritos Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael y Villa Atuel del Departamento San Rafael, todos de la Provincia de Mendoza, por el periodo agrícola 2024/2025.

Que, en su artículo 4°, estableció que el período de declaración para el caso de heladas es desde el 1° de diciembre de 2024 y para el caso de viento y granizo es desde el 1° de enero de 2025, ambos hasta el 31 de marzo de 2026.

Que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de analizar la situación provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los términos de la ley 26.509 y sus modificatorias.

Qué, asimismo, la citada Comisión Nacional estableció el día 31 de marzo de 2026 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto reglamentario 1712 del 10 de noviembre de 2009.

Que el Servicio Jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones y el artículo 9° del anexo al citado decreto reglamentario 1712/09.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- A los efectos de la aplicación de la ley 26.509 y sus modificatorias, dase por declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de diciembre de 2024 y hasta el 31 de marzo del 2026, a las explotaciones agropecuarias afectadas por viento Zonda, helada y granizo en los departamentos y distritos que se detallan a continuación: Distritos La Consulta, Villa San Carlos y Eugenio Bustos del Departamento San Carlos; Distritos Colonia Las Rosas, Tunuyán, Vista Flores, El Totoral, La Primavera y Villa Seca del Departamento Tunuyán; Distritos Cordón del Plata, El Zampalito, La Arboleda y Tupungato del Departamento Tupungato; Distritos Algarrobo Grande, Junín, La Colonia, Los Barriales y Phillips del Departamento Junín; Distritos La Paz y Villa Antigua del Departamento La Paz; Distritos El Mirador, La Libertad, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro del Departamento Rivadavia; Distritos Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chivilcoy, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Chapanay y El Central del Departamento San Martín; Distritos 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa del Departamento Santa Rosa; Distrito Villa Nueva del Departamento Guaymallén; Distritos Tres de Mayo y Tulumaya del Departamento Lavalle; Distritos Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio del Departamento Maipú; Distritos Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel del Departamento General Alvear; Distritos Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael y Villa Atuel del Departamento San Rafael, de la provincia de Mendoza.

ARTÍCULO 2°.- Determínase que el 31 de marzo del 2026 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el artículo 1º de esta resolución, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto 1712 del 10 de noviembre de 2009.

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la ley 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo.

ARTÍCULO 4°.- El Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

ARTÍCULO 5°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 6°.- Instrúyese al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios y/o actos administrativos en el marco de la ley 26.509 y sus modificatorias y de la presente medida.

ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Andres Caputo

e. 25/03/2025 N° 17147/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 24156
    infoleg 554
• Decretos:
  • 1344/2007
    infoleg 133006

This new regulation, issued as a Resolution by the Minister of Economy in 2025, directly implements the budgetary framework established in the Ley 24.156 and its regulatory decree 1344/2007. Specifically, it focuses on Chapter III of Title II of Law 24.156, which deals with the budgetary regime for Public Enterprises, Fiduciary Funds, and Public Entities not included in the National Administration.

How the new norm affects or impacts the previous norms:

• Direct Application, not Modification: The 2025 Resolution does not modify or alter Law 24.156 or Decree 1344/2007. Instead, it serves as a concrete example of how those existing regulations are applied in practice. It's a routine administrative act within the established legal framework.
• Implementation of Budgetary Control: The resolution demonstrates the intended function of Chapter III of Title II of Law 24.156. It shows the process of:
  • Formulating an Action Plan and Budget by a Public Enterprise (Nación Servicios Sociedad Anónima).
  • Reviewing this budget by the Oficina Nacional de Presupuesto (as mandated by Law 24.156, Art. 48).
  • Approving the budget by the Minister of Economy (delegated by the Executive Power as per Law 24.156, Art. 49 and Decree 1344/2007, Art. 49).
• Annual Budgetary Cycle: The resolution is part of the annual budgetary cycle for these entities. Law 24.156 sets the overall rules and deadlines (e.g., Art. 46, deadlines for budget submission), and this resolution is the outcome of that process for a specific entity in 2025.

In case of modifying previous laws, benefits affected and rights lost:

• No Modification of Laws: The 2025 Resolution does not modify any previous laws. It operates within the existing legal structure. Therefore, no benefits from previous laws are affected, and no rights are lost due to this specific resolution.
• Benefits of the Previous Law in Action: The benefit of Law 24.156 (and specifically Chapter III of Title II) is to establish a system of budgetary control and transparency for Public Enterprises and similar entities. This resolution shows this benefit in action by:
  • Requiring these entities to prepare and submit budgets.
  • Ensuring review by a technical budgetary office (Oficina Nacional de Presupuesto).
  • Formalizing approval at the ministerial level, making the budget official and subject to scrutiny.
  • Publicly documenting the key budgetary figures in the resolution itself (revenues, expenses, results).

Mencionar derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

• No Rights Lost: As this resolution is an application of existing law and does not alter the legal framework, no rights are lost by this specific norm. The rights and obligations related to financial administration and control remain as defined by Law 24.156 and its regulations.
• Potential for Abuses (within the existing framework, not created by this resolution): While this specific resolution itself is a routine application of the law, the framework established by Law 24.156 and its implementation could be subject to potential abuses, although not created or exacerbated by this particular resolution:
  • Lack of Transparency in Annexes: The resolution refers to annexes containing detailed budget information. If these annexes are not publicly accessible or sufficiently detailed, it could reduce transparency and hinder public scrutiny of the Public Enterprise's budget. However, this is a general issue of government transparency, not a problem introduced by this resolution.
  • Formal Approval without Deep Scrutiny: While the Oficina Nacional de Presupuesto issues a "favorable report," and the Minister approves, there's always a risk that the review process is perfunctory and not sufficiently rigorous. If the review is weak, a poorly conceived or inflated budget could be approved. This is a risk inherent in any bureaucratic process, not a specific problem of this resolution.
  • Ministerial Discretion: The Minister has the power to approve the budget. While this is necessary for efficiency, ministerial discretion could be abused if exercised without proper oversight or for political reasons rather than sound financial management. Again, this is a potential issue within the existing legal framework, not something introduced by this resolution.
  • Limited Parliamentary Oversight on Individual Budgets: While the Auditoría General de la Nación (AGN), which is linked to Congress, performs external control, the legislature does not directly approve each Public Enterprise's budget individually. This structure, defined by Law 24.156, means that direct parliamentary oversight at this level is limited, although AGN provides a broader level of external scrutiny.

In summary, the 2025 Ministerial Resolution is not a "new normative" change in the rules, but rather a demonstration of the existing budgetary regulations for Public Enterprises being applied. It does not negatively impact previous laws or create new rights losses. The potential for abuses is inherent in any system of financial administration, but these are not specifically created by this routine budgetary approval resolution, and are rather related to the broader application and enforcement of Law 24.156 and its regulations.

Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2025

Visto el expediente EX-2024-113806921-APN-DGDA#MEC, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2025 formulado por Nación Servicios Sociedad Anónima, actuante en el ámbito del Ministerio de Economía.

Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen Presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.

Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida propiciada.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2025 de Nación Servicios Sociedad Anónima, actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, de acuerdo con el detalle obrante en los anexos I (IF-2025-22119130-APN-SSP#MEC) y II (IF-2025-22119329-APN-SSP#MEC) que integran esta resolución.

ARTÍCULO 2°.- Estímanse en la suma de ciento cincuenta y siete mil doscientos ochenta millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y tres pesos ($ 157.280.664.593) los ingresos de operación, y fíjanse en la suma de ciento cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y un millones seiscientos mil quinientos ochenta y dos pesos ($ 153.881.600.582) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (Ganancia de Operación) estimado en la suma de tres mil trescientos noventa y nueve millones sesenta y cuatro mil once pesos ($ 3.399.064.011), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2025-22119329-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 3°.- Estímanse en la suma de ciento setenta y tres mil trescientos setenta y un millones trescientos cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos ($ 173.371.304.248) los ingresos corrientes, y fíjanse en la suma de ciento sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos trece pesos ($ 162.264.764.813) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en la suma de once mil ciento seis millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($ 11.106.539.435), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2025-22119329-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 4°.- Estímanse en la suma de veinte mil setenta y cuatro millones trescientos cuarenta mil doscientos cuarenta y cinco pesos ($ 20.074.340.245) los recursos de capital, y fíjanse en la suma de dieciséis mil cuatrocientos trece millones novecientos cuatro mil trescientos veintiocho pesos ($ 16.413.904.328) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 3° de esta resolución, estímase el Resultado Financiero (Superávit) para el ejercicio 2025 en la suma de catorce mil setecientos sesenta y seis millones novecientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos ($ 14.766.975.352), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2025-22119329-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Andres Caputo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/03/2025 N° 17161/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 24449
    infoleg 818
  • 26363
    infoleg 140098
• Decretos:
  • 779/1995
    infoleg 20428
    infoleg 30389
  • 1716/2008
    infoleg 146195
  • 32/2018
    infoleg 305742
  • 779/1995
    infoleg 20428
    infoleg 30389

La norma actual, RESOLUCIÓN N° 1/2025 DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, modifica temporalmente la implementación de una medida de seguridad vehicular previamente establecida en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y sus reglamentaciones. A continuación, se explica el impacto y las implicaciones:

1. Impacto de la Norma Actual sobre las Normas Anteriores:

• Excepción Temporal al Decreto Reglamentario: La nueva resolución exceptúa temporalmente, hasta el 30 de junio de 2025, la obligatoriedad de realizar ensayos completos del Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) para las categorías de motocicletas L1, L2, L3, L4 y L5. Esto significa que, durante este período, los fabricantes e importadores de estas categorías de motocicletas no necesitan presentar los reportes de ensayos completos de ABS para obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM).

• No Modifica la Ley de Tránsito ni la Ley de Creación de la ANSV: La resolución no modifica la Ley N° 24.449 ni la Ley N° 26.363. La obligación general de que los vehículos cumplan con normas de seguridad (Ley 24.449, Art. 28) y la misión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de reducir la siniestralidad (Ley 26.363) permanecen intactas.

• Impacto en la Reglamentación Existente (Decreto 779/95 y 1716/2008): La resolución genera una excepción a la reglamentación del Artículo 29 de la Ley 24.449, específicamente en lo que respecta a la implementación del ABS para motocicletas. El Decreto N° 1716/2008 y sus modificaciones, que reglamentan la Ley 26.363 y la Ley 24.449, establecieron la necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales, incluyendo potencialmente el ABS. La resolución pospone temporalmente la exigencia de ensayos completos de ABS, pero no elimina la obligación futura de implementar el sistema ABS.

• Impacto en el Acta Acuerdo de 2022 y Disposición ANSV 497/2022: La resolución implementa una cláusula de excepción del Acta Acuerdo de 2022 que permitía contemplar situaciones imprevistas o imposibilidades técnicas. La Disposición N° 497/2022 de la ANSV, que definía la entrada en vigencia del ABS, se ve parcialmente suspendida en su aplicación con respecto a la exigencia de ensayos completos de ABS hasta la fecha límite establecida.

2. Beneficios Afectados de la Ley Anterior:

• Beneficio de Seguridad Demorado: El principal beneficio afectado es la implementación más rápida del ABS en motocicletas de las categorías mencionadas. El ABS es un sistema de seguridad activa que mejora la capacidad de frenado de la motocicleta, evitando el bloqueo de las ruedas y permitiendo al conductor mantener el control en situaciones de frenado brusco o en superficies resbaladizas. La demora en la exigencia de ensayos completos de ABS retrasa la implementación efectiva y generalizada de esta tecnología de seguridad en el parque de motocicletas nuevas.

• Reducción Potencial de Siniestralidad Demorada: Uno de los objetivos primordiales de la Ley de Tránsito y de la ANSV es la reducción de la siniestralidad vial. La implementación del ABS en motocicletas se considera una medida para contribuir a este objetivo. La prórroga temporal demora el impacto positivo esperado del ABS en la reducción de accidentes y lesiones relacionados con motocicletas.

3. Derechos Perdidos y Posibles Abusos con la Nueva Normativa:

• Derecho a Mayor Seguridad (Temporalmente Limitado): Los usuarios de motocicletas, y la sociedad en general, se ven temporalmente privados del derecho a una mayor seguridad que se espera que proporcione la implementación generalizada del ABS. Aunque la prórroga es temporal, durante este período, las motocicletas nuevas de estas categorías podrán comercializarse sin la exigencia de ensayos completos de ABS, lo que podría significar un nivel de seguridad potencialmente menor en comparación con lo que se esperaba con la implementación plena.

• Posibles Abusos y Riesgos:

  • Precedente para Futuras Demoras: Existe el riesgo de que esta excepción temporal establezca un precedente para futuras solicitudes de prórroga o excepciones, diluyendo el compromiso con la implementación efectiva de normas de seguridad.
  • Relajación de Estándares a Largo Plazo: Si bien la resolución es temporal, podría interpretarse como una señal de que la exigencia de ABS podría no ser implementada con el rigor esperado a largo plazo. Esto podría desincentivar la inversión en tecnología de seguridad por parte de la industria.
  • Influencia de la Industria: La resolución surge a raíz de una solicitud de las cámaras industriales de motocicletas, alegando imposibilidad técnica y costos excesivos para realizar los ensayos completos de ABS en laboratorios locales. Existe la preocupación de que los intereses de la industria prevalezcan sobre la seguridad vial, si bien la ANSV recomendó una prórroga más corta (6 meses) que la solicitada por la industria (12 meses).
  • Información Limitada sobre la "Imposibilidad Técnica": La resolución menciona la "imposibilidad fundada de realización de ensayos por parte de laboratorios locales o la no existencia de los mismos", pero no se detalla la naturaleza precisa de esta imposibilidad. Falta transparencia sobre si esta imposibilidad es real, temporal o si existen alternativas para realizar los ensayos (por ejemplo, en laboratorios extranjeros).

En resumen, la norma actual representa una concesión temporal a la industria de motocicletas, justificándose en la alegada falta de capacidad de ensayos de ABS en laboratorios locales. Si bien se presenta como una medida excepcional y temporal, existe el riesgo de que siente un precedente para futuras dilaciones en la implementación de normas de seguridad y que, durante este período de excepción, los usuarios de motocicletas no se beneficien plenamente de las ventajas de seguridad del sistema ABS. Es crucial que las autoridades competentes garanticen que esta prórroga sea estrictamente temporal y no se convierta en una postergación indefinida de la implementación efectiva del ABS, y que se tomen medidas para superar las limitaciones de capacidad de ensayo a fin de cumplir con los plazos futuros y fortalecer la seguridad vial en el sector de motocicletas.

Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-119744732- -APN-DGDA#MEC, la Leyes Nros. 24.449 y sus modificaciones, y 26.363 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 y sus modificatorias, y 1.716 de fecha 23 de octubre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Tránsito Nº 24.449 y sus modificaciones, establece en su Artículo 28 que todo vehículo que se fabrique en el país o se importe, para poder ser librado al tránsito público deberá cumplir con las condiciones de seguridad activas y pasivas, conforme las prestaciones y especificaciones contenidas en los Anexos técnicos de la reglamentación.

Que, mediante la Ley N° 26.363 y sus modificaciones, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la que tiene como misión y objetivo la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales, siendo tal como lo establece el Artículo 3° de la mencionada norma, la Autoridad de Aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional.

Que, la mencionada ley fue reglamentada por el Decreto N° 1.716 de fecha 23 de octubre de 2008, a través de cuyo Artículo 29, se incorporó como último párrafo del Artículo 29 del Anexo I del Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, modificado por el Decreto N° 32 de fecha 10 de enero de 2018, la necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales a las contempladas en el Título V de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y sus modificaciones, conforme los plazos que determine la Autoridad de Aplicación en acuerdo con las terminales e importadores de vehículos automotor radicadas en el país.

Que, con fecha 19 de mayo de 2022, se firmó un Acta Acuerdo entre la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO; la Agencia Nacional de Seguridad Vial; la Cámara Argentina de la Motocicleta, la Cámara de Fabricantes de Motovehiculos y la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y afines a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley N° 26.363 y su normativa complementaria y reglamentaria, acordando incorporar en la etapa 3 la implementación de los ítems o aspectos de seguridad detallados en el Anexo I del acta suscripta.

Que, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula tercera del Acta Acuerdo mencionada, la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, de conformidad a lo previsto en el punto c ) del ANEXO B del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, Reglamentario de la Ley de Tránsito N° 24.449 y sus modificaciones, podrá establecer excepciones a la implementación de los ítems o aspectos acordados en el ANEXO I en aquellos casos en que, a juicio de la misma, se considere imprescindible contemplarlas por ser situaciones imprevistas o de vehículos que por su concepción y/o diseño imposibilitan su aplicación, así como también ante la observancia de una imposibilidad fundada de realización de ensayos por parte de laboratorios locales o la no existencia de los mismos. A tales efectos, las empresas productoras e importadoras de motocicletas deberán efectuar la solicitud argumentando debidamente la misma.

Que, la Disposición N° 497 de fecha 15 de junio del 2022 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado entonces en el ámbito del ex MINISTERIO DE TRANSPORTE, define la entrada en vigencia (con algunas excepciones) de la aplicación del sistema de frenado combinado (CBS) y el sistema antibloqueo de freno (ABS). Ambos sistemas se encuentran desarrollados en el Reglamento 78 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) en cuanto a sus requisitos de ensayo.

Que, en fecha 31 de octubre de 2024, la Cámara Industrial de Motocicletas, Bicicletas, Rodados y afines; la Cámara de Fabricantes de Motovehículos y la Cámara Argentina de Motocicletas, elevaron una nota a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PRODUCTIVA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, manifestando que en función de la Disposición N° 497/22 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sector cumple con el cronograma establecido en el Acta Acuerdo, y en función de lo manifestado por los laboratorios argentinos consultados, no se reporta capacidad de ensayo respecto de las exigencias del sistema antibloqueo de freno (ABS).

Que, manifiestan además que el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA) se encuentra realizando los ensayos del sistema de frenado combinado (CBS) completos, y los ensayos de sistema antibloqueo de freno (ABS) de forma parcial, debido a las limitaciones por falta de infraestructura, ya que la misma conlleva un gasto excesivo.

Que, solicitan la aplicación de la Cláusula Tercera del Acta Acuerdo que establece excepciones, a la implementación de los ítems o aspectos acordados en el ANEXO I.

Que, el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA) manifiesta, con fecha 6 de septiembre de 2024, que cuenta con la acreditación para realizar ensayos de sistemas de frenos en vehículos de categoría L conforme al Reglamento 78, Revisión 02. No obstante, se excluyen ciertos ítems relacionados con el sistema ABS, aclarando que dichas exclusiones no responden a limitaciones técnicas del laboratorio, sino a la falta de una pista de ensayos adecuada para este tipo de pruebas.

Que, en fecha 2 de diciembre de 2024, el presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) presentó una solicitud a fin de prorrogar por doce (12) meses el plazo destinado a que el sector se adecue a la nueva exigencia, atento que los los laboratorios locales no tienen la capacidad de realizar ensayos completos de ABS, lo que fundamenta la imposibilidad técnica de cumplir con los requisitos en el plazo establecido.

Que, con fecha 3 de diciembre de 2024, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PRODUCTIVA dio intervención a la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el fin de contar con la conformidad del Organismo respecto del acto propiciado a partir de la solicitud presentada por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM).

Que, con fecha 10 de febrero de 2025 la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL informa, en respuesta a la nota referida en el considerando inmediato anterior, que “Dada la relevancia de las medidas de seguridad en motos para prevenir accidentes y evitar lesionados y fallecidos por los mismos, la ASNV recomienda otorgar una prórroga de seis meses (hasta el 30/06/2025) y sin posibilidad de una nueva prórroga”.

Que, en este sentido, y atento la recomendación efectuada por el Organismo encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos, se entiende razonable avanzar con la prórroga solicitada tomando las recomendaciones efectuadas por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que, la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el punto c) del Anexo B del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de conformidad a lo previsto en el punto c) Anexo B al Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 y sus modificatorias, Reglamentario de la Ley de Tránsito N° 24.449 y sus modificaciones, hasta el día 30 de junio de 2025 como fecha límite improrrogable, la realización de los ensayos de sistema antibloqueo de freno (ABS) como requisito para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29 de la citada ley para la categoría L1, L2,L3,L4 y L5.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Esteban Marzorati

e. 25/03/2025 N° 17101/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 24660
    infoleg 37872
  • 26695
    infoleg 186022
  • 26206
    infoleg 123542
  • 26058
    infoleg 109525
  • 24521
    infoleg 25394
  • 26877
    infoleg 218150
  • 24769
    infoleg 41379
  • 23054
    infoleg 28152
  • 22520
    infoleg 48853

La nueva normativa de fecha 20 de marzo de 2025, emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional, prohíbe explícitamente el funcionamiento de centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y restringe la permanencia de los internos en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases asignado.

Impacto y Afectación sobre Normas Anteriores:

Esta nueva resolución impacta directamente y modifica la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y, en particular, el espíritu y la aplicación práctica del Capítulo VIII sobre Educación (Artículos 133 a 142, modificados por Ley 26.695).

Beneficios Afectados de la Ley Anterior (Ley 24.660 y Ley 26.695 - Derecho a la Educación):

• Derecho a la Educación como Derecho Pleno: La Ley 24.660, en sus artículos 133 y siguientes (modificados por Ley 26.695), reconoce el derecho a la educación para todas las personas privadas de libertad como un derecho pleno e igualitario, equiparándolo al derecho de cualquier ciudadano libre, en todos los niveles y modalidades, incluyendo la educación superior universitaria (artículo 133). La nueva normativa, al restringir el tiempo y prohibir la organización estudiantil, limita de facto este acceso pleno, especialmente para actividades que complementan la educación formal, como el estudio independiente, la colaboración entre pares, y la organización de actividades estudiantiles.
• Finalidad de Reinserción Social a través de la Educación: La Ley 24.660 (Artículo 1) establece que la ejecución de la pena tiene como finalidad lograr la reinserción social del condenado. La educación es un pilar fundamental de este proceso, reconocido explícitamente en la ley (Capítulo VIII). Al limitar el acceso a espacios educativos y prohibir la organización estudiantil, se debilita el potencial de la educación como herramienta para la reinserción social, ya que se restringe la autonomía, la participación y el desarrollo de habilidades sociales y organizativas que los centros de estudiantes podrían fomentar.
• Sistema Penitenciario Progresivo: La Ley 24.660 (Artículo 6) se basa en la progresividad del régimen penitenciario. Permitir la organización de centros de estudiantes podría verse como una forma de avanzar en la progresividad, fomentando la autonomía y la participación responsable de los internos. La prohibición representa un retroceso en este principio, limitando la posibilidad de los internos de participar activamente en su propio proceso educativo y de reinserción.
• Participación de Organizaciones No Gubernamentales y Familias: La Ley 26.695 (Artículo 133) fomenta la participación de organizaciones no gubernamentales y familias en la educación en prisión. Los centros de estudiantes podrían servir como un canal para esta participación, facilitando la comunicación y la colaboración entre internos, organizaciones externas y familias. La nueva normativa elimina este potencial canal de participación.
• Estímulo Educativo para la Progresividad (Artículo 140): La Ley 26.695 (Artículo 140) incentiva la educación reduciendo los plazos para la progresión en el régimen penitenciario por la finalización de estudios. Al limitar el acceso a espacios y la organización estudiantil, la nueva normativa podría indirectamente desincentivar la participación en la educación, al dificultar el estudio y la colaboración entre internos, que los centros estudiantiles podrían facilitar.

Derechos Perdidos y Posibles Abusos:

• Derecho a la Asociación (Implícito en el Contexto Educativo): Si bien la Ley 24.660 no menciona explícitamente "centros de estudiantes", el derecho a la educación y a la participación en la vida institucional, junto con la Ley 26.877 (Representación Estudiantil - aunque no directamente aplicable a contextos de encierro), sugieren un derecho implícito a la organización estudiantil como parte de una educación plena y democrática. La prohibición de los centros de estudiantes restringe este derecho de asociación en el contexto educativo penitenciario.
• Derecho a la Educación de Calidad e Igualitaria: La restricción del tiempo en espacios educativos y la prohibición de centros de estudiantes podrían menoscabar la calidad de la educación al limitar las oportunidades de estudio independiente, colaboración y actividades extracurriculares que enriquecen el proceso de aprendizaje. Esto va en contra del principio de igualdad y calidad educativa garantizado por la Ley 26.695 y la Ley de Educación Nacional.
• Potenciales Abusos y Arbitrariedad: La nueva normativa, al ser interpretada de manera restrictiva, podría utilizarse para limitar cualquier forma de organización o reunión de internos con fines educativos, incluso actividades informales de estudio en grupo. La falta de claridad sobre qué actividades se consideran "permitidas" fuera del horario de clases podría generar arbitrariedad y discrecionalidad en la aplicación de la norma por parte de la administración penitenciaria.
• Desnaturalización del Objetivo de Reinserción: Al priorizar la "seguridad" y el "tratamiento obligatorio" sobre la participación activa y la autonomía del interno en su educación, la nueva normativa podría desnaturalizar el objetivo de reinserción social, reduciendo la educación a una mera actividad formal y desvinculándola de un proceso de empoderamiento y desarrollo personal del interno.

En resumen, la nueva normativa, bajo el pretexto de mantener el orden y asegurar el cumplimiento del "tratamiento obligatorio", restringe significativamente el derecho a la educación de los internos, limita su capacidad de organización estudiantil, y podría socavar los objetivos de reinserción social y el principio de progresividad del régimen penitenciario establecidos en la legislación anterior. Si bien la seguridad es una preocupación legítima en contextos de encierro, la prohibición total de centros de estudiantes y la restricción del tiempo educativo parecen medidas desproporcionadas que podrían tener efectos contraproducentes en el proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2025

VISTO, el Expediente N° EX-2025-21526709- -APN-SSAP#MSG, la Ley N° 24.660 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia (artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y artículos 1 y 108 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias).

Que el derecho a la educación se encuentra plenamente reconocido como tal a las personas privadas de libertad en normativa internacional incorporada con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y, específicamente, en los artículos 133 a 142 de la Ley N° 24.660, texto según Ley N° 26.695.

Que el artículo 133 de dicho cuerpo normativo prevé que las personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos federales tendrán acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades, de conformidad con la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación Técnico-Profesional, 24.521 de Educación Superior y demás leyes y disposiciones reglamentarias que regulan la materia.

Que el derecho a la educación se encuentra garantizado para los internos alojados en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. En particular, se brinda educación de nivel universitario en los siguientes establecimientos: CPF I, CPF II, CPF III, CPF IV, CPF V, CPF VI, CPF VII, CPFCABA, Unidad 4, Unidad 5, Unidad 6, Unidad 7, Unidad 8, Unidad 10, Unidad 11, Unidad 12, Unidad 13, Unidad 14, Unidad 15, Unidad 16, Unidad 17, Unidad 19, Unidad 22, Unidad 25, Unidad 30, Unidad 34 y Unidad 35.

Que el derecho de los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior a asociarse en centros de estudiantes -previsto por el artículo 13, inciso b), de la Ley N° 24.521 de Educación Superior y la Ley N° 26.877 de Representación Estudiantil- no se encuentra reconocido normativamente para el supuesto de educación en contexto de encierro (Capítulo XII de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y Capítulo VIII de la Ley N° 24.769, texto según Ley N° 26.695).

Que si bien el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional (Fallos: 327:5658), esta máxima no obsta a que quienes se encuentran privados de su libertad vean mermada su capacidad de derecho (artículos 22 y 23 del Código Civil y Comercial y artículos 12, 19, 20 y 20 bis del Código Penal de la Nación).

Que por el artículo 5.6 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, aprobada por la Ley N° 23.054, se prescribe que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados y, en sentido coincidente, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha establecido que la “readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema” (Fallos: 318:2002).

Que por medio de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad se regulan, entre otras cuestiones, los principios y las modalidades básicas de la ejecución de las penas de tal naturaleza, así como las normas de trato, disciplina y conducta que se han de respetar en los establecimientos carcelarios, a la vez que se establece un régimen de progresividad en cumplimiento de los fines de reinserción social.

Que por el artículo 5° de la N° 24.660 y sus modificatorias se establece que el tratamiento del condenado deberá ser programado, individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo, a la vez que se puntualiza que toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario.

Que el artículo 6° de la mencionada disposición legal agrega que el régimen penitenciario se basará en la progresividad. La ausencia de ello será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la pena. A su vez, por el artículo 8° se dispone que las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia y que las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado, a la evolución del régimen progresivo y a las disposiciones de la ley.

Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento -que es obligatorio- pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema.

Que en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y en el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV) se encuentran organizados grupos de personas privadas de la libertad que invocan la representación de internos estudiantes y se denominan centros de estudiantes.

Que la organización de centros de estudiantes en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, a la par de no estar expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad.

Que se ha detectado que en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL los miembros de los denominados centros de estudiantes, so pretexto del cumplimiento de supuestas tareas inherentes a tal función, permanecen en los centros educativos de lunes a viernes, durante toda la jornada: en el CPFCABA de 9.00 a 18.00 horas; en el CPF I de 9.30 a 17.30 horas y en el CPF IV de 10.00 a 17.00 horas, fuera del horario en que cada uno debe asistir a cursar las materias asignadas.

Que la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos -artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL-, se orientan a compensar los recursos invertidos por el ESTADO NACIONAL en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, conforme lo dispuesto por la RESOL-2024-1346-APN-MSG dictada por este MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL por la cual se estableció la obligatoriedad para todos los internos alojados en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios.

Que por el contrario, el esquema implementado a través de los centros de estudiantes afecta las reglas establecidas por la Ley N° 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario.

Que además de ello, la permanencia prolongada de las personas privadas de la libertad fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas no solo el normal desenvolvimiento de las restantes actividades diarias, sino que ocasiona relevantes alteraciones en materia de seguridad (CFP 3391/2021, EX-2019-96998586- -APN-CPF1#SPF, EX-2024-52313592- -APN-CPF1DS#SPF, entre otros).

Que la ley N° 24.769 garantiza el resguardo de los derechos de los internos a través de la PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN (artículo 141).

Que por el artículo 32.2 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS se prescribe que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente resolución en virtud del artículo 4, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios (N° 22.520 t.o.1992) y sus modificatorias.

Por ello;

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- NO HABILITAR el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

ARTÍCULO 2°.- NO PERMITIR la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

e. 25/03/2025 N° 17541/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 19549
    infoleg 22363
• Decretos:
  • 375/1997
    infoleg 42930
  • 842/1997
    infoleg 45383
  • 163/1998
    infoleg 49194
  • 1799/2007
    infoleg 135655
  • 1759/1972
    infoleg 21715

La nueva normativa, RESOL-2025-12-APN-ORSNA#MEC del 21 de marzo de 2025, emitida por el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), impacta sobre las normas anteriores principalmente en un aspecto operativo y de gestión interna del ORSNA, sin modificar sustancialmente las leyes y decretos que establecieron el marco general para la concesión y regulación del sistema aeroportuario.

A continuación, se detalla el impacto y los puntos solicitados:

1. Impacto de la nueva norma sobre las normas anteriores:

• Operacionalización de Decretos Previos: La nueva resolución se basa en el Decreto N° 375/97 (que llama a licitación para la concesión) y el Decreto N° 1799/2007 (que ratifica el acuerdo de renegociación contractual con Aeropuertos Argentina 2000 S.A.). No los modifica, sino que los implementa en la práctica para un aspecto específico: la gestión de obras y servicios en aeropuertos no concesionados.
• Reglamentación Interna del ORSNA: La resolución aprueba un "Pliego de Condiciones Generales" que regirá los procedimientos de selección de contratistas y la ejecución de obras por parte del ORSNA. Esto es una normativa interna del organismo regulador para su propia operativa, en el marco de sus facultades de gestión y administración del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
• Uso del Fideicomiso: La resolución especifica que las obras y servicios se financiarán con fondos del "FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS". Este fideicomiso fue creado en el contexto de la renegociación de las concesiones (Decreto 1799/2007) con el objetivo de fortalecer el sistema aeroportuario. La nueva norma define cómo se utilizará una parte específica de este fideicomiso (11.25%) para aeropuertos no concesionados.
• Corrección Procedimental: La resolución también tiene como objetivo subsanar una omisión previa, la falta de publicación de la RESOL-2025-11-APN-ORSNA#MEC, asegurando la publicidad y transparencia de los actos administrativos, en línea con los principios de la Ley 19.549 y su reglamento.

En resumen, la nueva norma no modifica las leyes y decretos marco, sino que establece reglas operativas internas para el ORSNA en la gestión de obras en aeropuertos no concesionados, utilizando un fondo ya previsto en la normativa anterior.

2. Beneficios afectados de la ley anterior (en caso de modificación):

En este caso, no se observa una modificación de leyes anteriores que implique una pérdida de beneficios preexistentes. La nueva norma no altera los beneficios generales que buscaban las leyes y decretos previos, como:

• Inversión Privada en Aeropuertos Concesionados: El sistema de concesiones, promovido por los decretos iniciales, se mantiene intacto. La nueva norma se enfoca en aeropuertos fuera de este esquema.
• Mejora de la Infraestructura Aeroportuaria: Tanto el sistema de concesiones como el uso del Fideicomiso buscan mejorar la infraestructura. La nueva norma especifica un mecanismo para que el ORSNA directamente realice mejoras en aeropuertos no concesionados.
• Regulación y Control (ORSNA): El rol del ORSNA como organismo regulador se mantiene y se refuerza al asignarle la gestión de obras en aeropuertos no concesionados.
• Transparencia y Legalidad: La resolución busca corregir una omisión de publicación, reafirmando el principio de transparencia y citando la Ley de Procedimiento Administrativo como base legal.

3. Derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

• Derechos Perdidos: No se identifican derechos perdidos directamente por esta normativa. Los derechos de los concesionarios no se ven afectados, ya que la resolución se centra en aeropuertos no concesionados. Los derechos de los usuarios del sistema aeroportuario, en principio, deberían verse beneficiados por la mejora de la infraestructura, aunque esto depende de la correcta implementación del "Pliego de Condiciones Generales" y la gestión del ORSNA.
• Posibles Abusos: El principal riesgo potencial reside en la gestión y aplicación del "Pliego de Condiciones Generales" y el uso de los fondos del Fideicomiso. Si el "Pliego" aprobado (cuyo contenido no se detalla en la resolución publicada) carece de transparencia, mecanismos de control adecuados, o procesos de licitación competitivos, podría dar lugar a:
  • Malversación de fondos públicos: Si la selección de contratistas no es transparente y competitiva, podría haber un uso ineficiente o indebido del "Patrimonio de Afectación".
  • Falta de rendición de cuentas: Si no hay mecanismos de control claros sobre cómo el ORSNA ejecuta estas obras y servicios, podría dificultarse la supervisión del uso de los fondos del Fideicomiso.
  • Direccionamiento de contratos: Un "Pliego" mal diseñado podría favorecer a ciertos contratistas en detrimento de la competencia y la calidad de las obras.
  • Falta de control ciudadano: Si no se publican los detalles del "Pliego de Condiciones Generales" y los procesos de contratación, se dificulta el control ciudadano sobre el uso de fondos públicos.

Para mitigar estos posibles abusos, es crucial que el "Pliego de Condiciones Generales" (Anexo IF-2025- 23331438-APN-GAJ#ORSNA, no incluido en la publicación) sea de acceso público y contenga:

• Procedimientos de licitación pública claros y competitivos.
• Criterios de selección de contratistas transparentes y basados en la capacidad técnica y la mejor oferta económica.
• Mecanismos de control y auditoría sobre la ejecución de las obras y el uso de los fondos del Fideicomiso.
• Rendición de cuentas pública sobre los proyectos financiados y los resultados obtenidos.

En conclusión: La nueva resolución parece ser una medida de gestión operativa del ORSNA para mejorar aeropuertos no concesionados, utilizando fondos ya previstos. No se identifican pérdidas de derechos directas ni modificaciones sustanciales a la legislación anterior. Sin embargo, la transparencia y el contenido del "Pliego de Condiciones Generales" son fundamentales para evitar posibles abusos en la gestión de fondos públicos y asegurar que las obras se realicen de manera eficiente y en beneficio del sistema aeroportuario nacional. Sería necesario analizar el contenido del "Pliego" para evaluar con mayor precisión los riesgos y salvaguardas existentes.

Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2025

VISTO el EX-2025-12733519- -APN-USG#ORSNA, el Decreto N° 375 del 24 de abril de 1997, el Decreto N° 842 del 27 de agosto de 1997, el Decreto N° 163 del 11 de febrero de 1998, el Decreto N° 1.799 de fecha 4 de diciembre de 2007, y la RESOL-2025-11-APN-ORSNA#MEC del 12 de marzo de 2025, del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la RESOL-2025-11-APN-ORSNA#MEC del 12 de marzo de 2025 del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS por la cual se dispuso; “Aprobar el “Pliego de Condiciones Generales” contenido en el Anexo (IF-2025- 23331438-APN-GAJ#ORSNA) que forma parte de la presente medida, el cual regirá en los procedimientos de selección de Contratistas y en la realización de obras aeroportuarias y mejoramiento de servicios aeroportuario que realice el ORSNA en los aeropuertos no concesionados por el Estado Nacional en el SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, y que sean financiadas con el “Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de obras del Sistema Nacional de Aeropuertos” (11.25%) del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS”AEROPUERTOS (ORSNA) (artículo 1°).

Que oportunamente se omitió la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de la resolución citada en el párrafo anterior.

Que esta medida se dicta en uso de las facultades contempladas en el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 (T.O. 2017).

Que atento lo expuesto corresponde dar publicidad a la RESOL-2025-11-APN-ORSNA#MEC.

Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) es competente para el dictado de la presente medida, conforme lo dispone el artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, el Decreto Nº 375/97 y demás normativa citada precedentemente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de la RESOL-2025-11-APN-ORSNA#MEC de fecha 12 de marzo de 2025.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Hernan de Arzuaga Pinto

e. 25/03/2025 N° 17444/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 19549
    infoleg 22363
• Decretos:
  • 375/1997
    infoleg 42930
  • 842/1997
    infoleg 45383
  • 163/1998
    infoleg 49194
  • 1799/2007
    infoleg 135655

La nueva normativa que se presenta, RESOL-2025-3-APN-ORSNA#MEC del 12 de marzo de 2025, no modifica directamente las leyes y decretos anteriores presentados en el contexto (Decreto 842/97, Decreto 375/97, Decreto 163/98, Decreto 1799/2007, Ley 19.549). Más bien, implementa y opera dentro del marco legal preexistente, particularmente en lo que respecta al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA) y el Patrimonio de Afectación.

Impacto y Afectación sobre Normas Anteriores:

• Continuidad del Marco Legal: La nueva resolución se basa explícitamente en decretos anteriores, como el Decreto N° 375/97 (que inició el proceso de concesionamiento de aeropuertos y creó el Sistema Nacional de Aeropuertos - SNA) y el Decreto N° 842/97 (que ratificó decretos anteriores). También menciona el Decreto N° 163/98 (que aprobó el contrato de concesión con Aeropuertos Argentina 2000) y el Decreto N° 1799/2007 (que ratificó el Acta Acuerdo de renegociación del contrato, donde se establece el FFSNA). Esto demuestra una intención de coherencia y continuidad con la legislación previa.

• Implementación del FFSNA: La resolución se centra en la operacionalización del FFSNA, específicamente en la gestión del "Patrimonio de Afectación" (11.25% del FFSNA). Este fondo, creado en el marco de la renegociación del contrato de concesión (Decreto 1799/2007), tiene como objetivo financiar obras en aeropuertos no concesionados del SNA. La nueva normativa establece el procedimiento para seleccionar contratistas para estas obras, a través de la aprobación de un "Pliego de Condiciones Generales".

• Reglamentación del ORSNA: La resolución es emitida por el Directorio del ORSNA, en ejercicio de sus facultades establecidas en el Decreto N° 375/97 y la Ley 19.549 (Ley de Procedimiento Administrativo). Esto indica que la nueva norma es un acto administrativo reglamentario que busca dar cumplimiento a las funciones del ORSNA en la administración y desarrollo del SNA.

Beneficios Afectados de la Ley Anterior:

• Beneficios de la Ley Anterior (FFSNA): El principal beneficio de la normativa anterior (especialmente el Decreto 1799/2007 y sus antecedentes) era la creación de un sistema de subsidios cruzados dentro del sistema aeroportuario. Los ingresos de los aeropuertos concesionados (Grupo "A") se destinaban parcialmente, a través del FFSNA, a financiar mejoras en los aeropuertos no concesionados. Este sistema buscaba reducir la brecha de infraestructura entre los aeropuertos más rentables y los menos rentables, promoviendo un desarrollo más equitativo del sistema aeroportuario nacional.

• Beneficios de la Nueva Normativa: La RESOL-2025-3-APN-ORSNA#MEC no afecta negativamente los beneficios de la ley anterior, sino que busca hacerlos operativos. Al aprobar el "Pliego de Condiciones Generales", la resolución establece un marco procedimental para que el ORSNA pueda efectivamente utilizar los fondos del Patrimonio de Afectación para realizar obras en aeropuertos no concesionados. Esto podría acelerar y hacer más transparente el proceso de inversión en estos aeropuertos, maximizando el beneficio del FFSNA.

Derechos Perdidos y Posibles Abusos con la Nueva Normativa:

• Derechos Perdidos: No se identifican derechos perdidos con esta nueva normativa. La resolución se enfoca en un aspecto procedimental y no modifica derechos sustantivos preexistentes.

• Posibles Abusos: Como en todo proceso de contratación pública, existen riesgos potenciales de abuso en la selección de contratistas. Sin embargo, la resolución menciona explícitamente que el Pliego de Condiciones Generales se basa en los principios de:

  • Transparencia: Procedimientos claros y accesibles.
  • Concurrencia: Fomentar la participación de múltiples oferentes.
  • Publicidad: Divulgación de información relevante sobre los procesos.
  • Eficiencia y Eficacia: Optimización de recursos y logro de objetivos.

  La efectividad de estos principios en la práctica dependerá de la correcta implementación del Pliego de Condiciones Generales y de la supervisión y control por parte del ORSNA y otros órganos competentes. Si el Pliego y su aplicación son deficientes, podrían surgir problemas como: * Falta de transparencia: Procesos poco claros, discrecionalidad excesiva en la selección. * Restricción de la concurrencia: Barreras de entrada para ciertos oferentes, favorecimiento indebido. * Ineficiencia y falta de eficacia: Procesos lentos, obras de mala calidad o sobrecostos.

En resumen:

La RESOL-2025-3-APN-ORSNA#MEC del 12 de marzo de 2025 no representa una modificación sustancial de las leyes anteriores, sino una reglamentación operativa que busca implementar un mecanismo de financiamiento ya establecido (FFSNA) para mejorar la infraestructura de aeropuertos no concesionados. No se identifican derechos perdidos, y si bien existen riesgos inherentes a cualquier proceso de contratación, la normativa declara adherirse a principios de transparencia y eficiencia que, si se aplican correctamente, podrían minimizar los posibles abusos y maximizar los beneficios para el sistema aeroportuario en su conjunto. La clave para evaluar el impacto real estará en el contenido detallado del "Pliego de Condiciones Generales" (Anexo IF-2025-23331438-APN-GAJ#ORSNA) y en la vigilancia de su correcta aplicación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el EX-2025-12733519- -APN-USG#ORSNA, el Decreto N° 375 del 24 de abril de 1997, el Decreto N° 842 del 27 de agosto de 1997, el Decreto N° 163 del 11 de febrero de 1998, el Decreto N° 1.799 de fecha 4 de diciembre de 2007, la RESOL-2025-2-APN-ORSNA#MEC del 28 de enero de 2025 del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Pliego de Condiciones Generales que regirá en los procedimientos de selección de contratistas para la realización de obras de infraestructura o mejoramiento de servicios aeroportuarios que se financiarán con fondos del Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos (ONCE COMA VEINTICINCO POR CIENTO (11,25%) del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, y que se lleven a cabo en los aeropuertos no concesionados por el Estado Nacional en el SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Que cabe considerar que por medio del Decreto N° 163 del 11 de febrero de 1998 se aprobó el Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto N° 1799 de fecha 4 de diciembre de 2007, ratificó el ACTA ACUERDO DE ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, suscripta por la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que oportunamente se encomendó a la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la instrumentación de un Fideicomiso denominado “FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA)”.

Que el citado Fideicomiso se conforma con el QUINCE POR CIENTO (15%) de todos los ingresos de la Concesión; y está destinado a la realización de obras aeroportuarias, por el Concesionario en los aeropuertos del Grupo “A” del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), y por el Estado Concedente en el resto de los aeropuertos de dicho sistema.

Que en el marco del referido FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (FFSNA), se conformó el PATRIMONIO DE AFECTACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ONCE COMA VEINTICINCO POR CIENTO (11,25%) el que tiene como destino financiar las obras de infraestructura aeroportuaria y mejoramiento de servicios de los aeropuertos integrantes del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA).

Que como consecuencia del procedimiento de renegociación mencionado se eliminó la figura del canon como un ingreso fijo independiente de la suerte económica de la concesión; y se buscó su reemplazo con un instituto que mantuviera en vigencia el sistema de subsidios cruzados.

Que mediante el mecanismo referido se pretende que los aeropuertos integrantes de la Concesión sostengan el desarrollo de aquellos que se encuentran fuera del Grupo “A”, con el objeto de permitir un crecimiento sistémico de todos los aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), en línea con las directrices internacionales en materia del desarrollo de la aviación civil.

Que este mecanismo económico, plasmado en el Decreto N° 375 del 24 de abril de 1997 ratificado por el Decreto DNU N° 842 del 27 de agosto de 1997 se basa en el concepto que el sistema aeroportuario en la REPÚBLICA ARGENTINA constituye el soporte necesario de la red de transporte aerocomercial y también por el hecho que el nivel de la infraestructura del Sistema debe ser tomado como un promedio de la infraestructura de todos los aeropuertos que conforman el sistema, por lo que resulta fútil poseer aeropuertos con un excelente nivel de servicios e infraestructura, mientras existan otros que no puedan recibir vuelos aerocomerciales.

Que, de conformidad con el artículo 14, inciso e), del Decreto N° 375/1997 uno de los objetivos del Organismo Regulador es el de: “Propender a la obtención de la infraestructura aeroportuaria adecuada para satisfacer las necesidades de la actividad aeronáutica y asegurar su eficiente explotación”.

Que, asimismo, según lo dispuesto en el artículo 17, numeral 15 del mismo Decreto, el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) tiene como función, entre otras, la labor de: “Velar por el mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos, propiciando la construcción y desarrollo de los aeropuertos que fueren necesarios para atender las necesidades de los usuarios y del tráfico aéreo”.

Que por medio de la RESOL-2025-2-APN-ORSNA#MEC del 28 de enero de 2025 del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) se aprobó el “REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS A FINANCIAR CON FONDOS DEL PATRIMONIO DE AFECTACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (11.25%) DEL FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS”.

Que en consecuencia resulta ahora necesario aprobar el Pliego de Condiciones Generales que regirá en los procedimientos de selección de Contratistas y en la realización de obras aeroportuarias y mejoramiento de servicios aeroportuarios que realice el Organismo Regulador en los aeropuertos no concesionados por el Estado Nacional del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA) y que sean financiadas por el FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Que el presente pliego de condiciones generales, como todos los de su especie, constituye la pieza fundamental del bloque normativo, toda vez que allí se plasman las bases de las relaciones jurídicas que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), como comitente, tendrá con los oferentes en el procedimiento de selección de contratistas y posteriormente con el contratista de la obra.

Que en el Pliego de Condiciones Generales se han plasmado en forma cronológica todas las etapas del procedimiento de selección de un contratista y posteriormente las etapas de ejecución de obra, estableciendo un régimen particular que no responde a los cánones habituales de las contrataciones estatales toda vez que los fondos que se utilizarán no son, como se ha mencionado anteriormente, fondos pertenecientes del tesoro nacional pero, por otra parte, la persona que la va a realizar –esto es, el Organismo Regulador- pertenece a la administración pública nacional.

Que en atención a esta particularidad, se han implementado a lo largo de los procedimientos allí previstos, los principios de transparencia, concurrencia, publicidad y de eficiencia y eficiencia.

Que en lo que se refiere específicamente a la parte de la ejecución de la obra, cabe destacar que allí el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) no sólo es el comitente sino también que va a realizar la tarea de dirección de obra, razón por la cual se han proyectado y previsto todas las situaciones que pueden estar inmersos las partes en un contrato de esta particular naturaleza.

Que en la tarea de elaboración del mencionado Pliego General se ha tomado como base diferentes documentos referenciales que rigen procedimientos similares y se ha plasmado la cuantiosa experiencia con la cual cuenta el Organismo Regulador en la realización de obras en los aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), ya sea las realizadas con el marco de la obra pública o las que efectuó el Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SOCIEDAD ANÓNIMA con los fondos del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Que las Gerencias de PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA, de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, de REGULACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA y DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO han tomado la intervención de su competencia.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la debida intervención.

Que el Directorio del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) resulta competente para dictar la presente medida, conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, el artículo 23 del Decreto N° 375/97 ratificado por el Decreto DNU N° 842/97 y las disposiciones citadas precedentemente.

Que en Reunión Abierta de Directorio por Urgencia del 10 de marzo de 2025 se ha considerado el asunto, facultándose al suscripto a dictar la presente medida.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el “Pliego de Condiciones Generales” contenido en el Anexo (IF-2025-23331438-APN-GAJ#ORSNA) que forma parte de la presente medida, el cual regirá en los procedimientos de selección de Contratistas y en la realización de obras aeroportuarias y mejoramiento de servicios aeroportuario que realice el ORSNA en los aeropuertos no concesionados por el Estado Nacional en el SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, y que sean financiadas con el “Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de obras del Sistema Nacional de Aeropuertos” (11.25%) del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a los Explotadores de los aeropuertos no concesionados por el Estado Nacional que forman parte del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA y al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Cumplido, archívese.

Hernan de Arzuaga Pinto

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 25/03/2025 N° 17445/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 25603
    infoleg 75847
• Decretos:
  • 1805/2007
    infoleg 135221

La nueva normativa que se presenta (la resolución de 2025) no modifica ni impacta negativamente sobre las leyes y decretos anteriores (Ley 25.603 y Decreto 1805/2007). Al contrario, la resolución de 2025 es un ejemplo concreto de la aplicación de la legislación preexistente. Para entender esto, analicemos punto por punto:

Cómo la nueva norma afecta o impacta sobre las normas anteriores:

• Continuidad y Aplicación: La resolución de 2025 implementa y da continuidad a los procedimientos y objetivos establecidos en la Ley 25.603 y el Decreto 1805/2007. No deroga, modifica, ni contradice ninguna disposición anterior. Simplemente, ejecuta lo que ya estaba previsto legalmente.
• Ejemplo Práctico: La resolución es un caso concreto de cómo la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, siguiendo el marco legal, dispone de mercaderías decomisadas por la Aduana para ser cedidas a organizaciones sin fines de lucro (en este caso, una organización scout).
• Marco Legal Explícito: La resolución cita explícitamente la Ley 25.603 (artículo 4º) y el Decreto 1805/2007, demostrando que se basa y opera dentro del marco legal preexistente. También menciona las Disposiciones de la Aduana, que son actos administrativos que ponen a disposición la mercadería, siguiendo el procedimiento del Decreto 1805/2007.

En caso de modificar leyes anteriores explicar los beneficios afectados de la ley anterior:

• No hay modificación de leyes anteriores. La resolución no modifica ninguna ley. Por lo tanto, no hay beneficios de leyes anteriores que se vean afectados negativamente.
• Beneficios Reforzados: Al contrario, la resolución refuerza los beneficios que buscaban la Ley 25.603 y el Decreto 1805/2007:
  • Destino Social de Mercaderías: Se asegura que mercaderías que podrían ser vendidas o incluso destruidas (si no se encontrara comprador) se destinen a fines sociales, beneficiando a organizaciones como Scouts de Argentina.
  • Agilidad en la Disposición: La resolución muestra un proceso relativamente ágil (aunque con plazos definidos) para la cesión de las mercaderías, evitando la acumulación en depósitos y su posible deterioro, como se mencionaba en los considerandos del Decreto 1805/2007.
  • Apoyo a Organizaciones Sociales: Se facilita el acceso de organizaciones no gubernamentales a recursos que pueden ser valiosos para sus actividades y para la comunidad a la que sirven.

Mencionar derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

• Derechos Perdidos: No se perciben derechos perdidos con esta nueva normativa (la resolución). La legislación anterior (Ley 25.603 y Decreto 1805/2007) ya establecía el marco para la disposición de mercaderías decomisadas de esta manera. La resolución simplemente aplica ese marco.

  • Es importante recordar que la Ley 25.603, en su artículo 7°, considera la posibilidad de que alguien con derecho a la mercadería reclame una destinación definitiva pagando los tributos y multas correspondientes, pero solo si lo hace antes de que la mercadería sea puesta a disposición de la Secretaría General. Una vez que se inicia el proceso de afectación social, esa posibilidad se limita, aunque la ley contempla la posibilidad de indemnización (artículo 12 de la Ley 25.603). Esto ya estaba en la ley anterior, no es un derecho perdido por la nueva resolución.

• Posibles Abusos (en el marco general, no específicamente en la resolución): Si bien la resolución en sí misma parece correcta y en línea con la ley, en un marco más amplio y general de aplicación de la Ley 25.603 y el Decreto 1805/2007, podrían existir potenciales abusos, que no son creados por esta resolución, sino que podrían ser inherentes a la implementación de la ley en general:

  • Discrecionalidad en la Selección de Beneficiarios: Podría haber falta de transparencia o criterios poco claros en la selección de las organizaciones beneficiarias de las mercaderías. En este caso, la solicitud de Scouts de Argentina parece legítima y justificada, pero en otros casos podría haber favoritismo o falta de publicidad para que otras organizaciones puedan acceder a estos beneficios.
  • Manejo Inadecuado de las Mercaderías: Aunque la ley prohíbe la comercialización por 5 años, podría haber un manejo inadecuado de las mercaderías por parte de algunas organizaciones beneficiarias, desviándolas de su destino social o utilizándolas de manera ineficiente. Se requiere control y seguimiento para asegurar que se cumpla el objetivo social.
  • Valoración Subjetiva de "Necesidad Social": El artículo 4º de la Ley 25.603 menciona "condiciones de emergencia social del lugar" como justificativo para la afectación de mercaderías básicas. Esta condición podría ser interpretada de manera laxa o subjetiva, permitiendo la afectación incluso en situaciones donde no existe una emergencia social real.
  • Falta de Agilidad y Plazos: Si bien la resolución establece plazos, en la práctica, los procesos burocráticos podrían ser lentos, y las mercaderías podrían deteriorarse en los depósitos fiscales antes de ser entregadas a los beneficiarios.

En resumen:

La resolución de 2025 es un acto administrativo positivo que aplica correctamente la legislación aduanera y social preexistente (Ley 25.603 y Decreto 1805/2007). No modifica leyes anteriores ni genera derechos perdidos. Al contrario, refuerza el objetivo social de la legislación al permitir que mercaderías decomisadas se utilicen en beneficio de organizaciones como Scouts de Argentina.

Los posibles abusos mencionados no son creados por esta resolución en particular, sino que son riesgos potenciales inherentes al sistema general establecido por la Ley 25.603 y su implementación, relacionados con la discrecionalidad en la selección de beneficiarios, el control del destino de las mercaderías, y la eficiencia del proceso. Es importante que las autoridades sean transparentes y diligentes en la aplicación de estas normas para maximizar los beneficios sociales y minimizar los riesgos de abuso.

Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2025

VISTO los Expedientes Nros. EX-2024-132467476- -APN-CGD#SGP y EX-2024-136631274- -APN-CGD#SGP, la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre de 2007, las Disposiciones Nros. DI-2024-17-E-AFIP-ADSMAN#SDGOAI del 14 de noviembre de 2024, dictada por la Aduana de San Martín de los Andes, y DI-2024-36-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI del 3 de diciembre de 2024, dictada por la Aduana de Neuquén, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, dispone que el Servicio Aduanero pondrá a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen.

Que por el artículo 13 de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, se establece que las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de CINCO (5) años a partir de la recepción de las mismas.

Que por las Disposiciones citadas en el VISTO, se han puesto a disposición de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, bienes cuya situación encuadra en el artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Que la mercadería involucrada en las Disposiciones Nros. DI-2024-17-E-AFIP-ADSMAN#SDGOAI y DI-2024-36-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI no requiere intervención previa de terceros organismos.

Que el Distrito Scout N° 2 “NGEN MAWIDA” de la Zona N° 38 “LOS LAGOS”, de la Provincia de Neuquén, perteneciente a Scouts de Argentina Asociación Civil, solicitó la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero, en el marco de los artículos 4º y 5º de la Ley 25.603 y sus modificatorias.

Que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cederá sin cargo al Distrito Scout N° 2 “NGEN MAWIDA” de la Zona N° 38 “LOS LAGOS”, de la Provincia de Neuquén, perteneciente a Scouts de Argentina Asociación Civil, en los términos del artículo 4° de la Ley N° 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-17-E-AFIP-ADSMAN#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Martín de los Andes, y DI-2024-36-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI, dictada por la Aduana de Neuquén.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias.

Por ello,

LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Cédase sin cargo al Distrito Scout N° 2 “NGEN MAWIDA” de la Zona N° 38 “LOS LAGOS”, de la Provincia de Neuquén, perteneciente a Scouts de Argentina Asociación Civil, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. DI-2024-17-E-AFIP-ADSMAN#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Martín de los Andes, y DI-2024-36-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI, dictada por la Aduana de Neuquén.

ARTÍCULO 2º.- El Distrito Scout N° 2 “NGEN MAWIDA” de la Zona N° 38 “LOS LAGOS”, de la Provincia de Neuquén, perteneciente a Scouts de Argentina Asociación Civil, deberá informar a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- El Distrito Scout N° 2 “NGEN MAWIDA” de la Zona N° 38 “LOS LAGOS”, de la Provincia de Neuquén, perteneciente a Scouts de Argentina Asociación Civil, deberá remitir a esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, dentro del plazo de NOVENTA DÍAS (90) hábiles –contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina-, la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva, una vez que hubiera realizado las verificaciones que considere pertinentes. En su defecto, deberá remitir el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización. Vencido el plazo indicado, y de no efectuarse el retiro de las mercaderías de los depósitos fiscales donde se encuentren, o bien de no manifestarse la negativa a recibirlas, se tendrá por rechazada la cesión.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivase.

Karina Elizabeth Milei

e. 25/03/2025 N° 17252/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 26522
    infoleg 158649
  • 23316
    infoleg 23775
• Decretos:
  • 933/2013
    infoleg 217418

La norma RESOL-2025-369-APN-ENACOM#JGM del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) rectifica y modifica resoluciones administrativas previas, no impactando directamente en las leyes anteriores mencionadas en el contexto (Ley N° 23.316, Decreto N° 933/2013, Ley 26.522). En lugar de modificar las leyes, esta nueva resolución clarifica y ajusta procedimientos administrativos relacionados con la programación y el doblaje, bajo el marco legal existente.

Impacto y Afectación sobre Normas Anteriores:

• No modifica leyes directamente: La resolución no deroga, modifica o suspende artículos de la Ley N° 23.316 (Ley de Doblaje), el Decreto N° 933/2013 (Reglamentación del Doblaje) o la Ley 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Mantiene la vigencia y los beneficios de estas leyes anteriores.
• Ajuste de resoluciones administrativas (Resolución Nº 465-AFSCA/10 y Resolución N° 796-AFSCA/15): La resolución rectifica la Resolución N° 350-ENACOM/25, que a su vez modifica dos resoluciones de la extinta AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahora reemplazada por ENACOM). Estos ajustes son de carácter procedimental y aclaratorio:
  • Rectificación sobre la presentación de programación y horarios (Resolución Nº 465-AFSCA/10): Se amplía el plazo para la presentación de la programación anual, permitiendo a los licenciatarios y titulares de señales presentarla hasta los primeros 15 días corridos del año. Además, se formaliza la obligación de comunicar modificaciones de horario o programación con 24 horas de antelación.
    • Impacto: Este cambio parece flexibilizar el plazo administrativo para la presentación de programación, facilitando el cumplimiento para los operadores. No se observan pérdidas de beneficios de la ley anterior, sino una adaptación administrativa para la gestión operativa.
  • Modificación sobre la declaración de doblaje (Resolución N° 796-AFSCA/15): Se especifica que los titulares de servicios de televisión abierta y señales no exceptuadas por el artículo 9 de la Ley 26.522 deben indicar en su programación las emisiones habladas en idioma extranjero que hayan sido dobladas en Argentina, en cumplimiento de la Ley N° 23.316 y el Decreto N° 933/13.
    • Impacto: Este ajuste refuerza la transparencia y el cumplimiento de la Ley de Doblaje. Al exigir que se declare explícitamente en la programación el doblaje realizado en Argentina, se facilita la fiscalización y se promueve el objetivo de la Ley N° 23.316 de fomentar la industria nacional de doblaje y la protección de la cultura e identidad nacional.

Beneficios Afectados de Ley Anterior:

• No se identifican beneficios perdidos de las leyes anteriores. Al contrario, la nueva resolución parece fortalecer la aplicación de la Ley de Doblaje al explicitar la obligación de declarar el doblaje argentino en la programación.
• El ajuste en el plazo de presentación de programación es una simplificación administrativa, no una reducción de beneficios de la ley anterior.

Derechos Perdidos y Posibles Abusos con la Nueva Normativa:

• Derechos Perdidos: No se identifican derechos perdidos con esta nueva normativa. Se trata de ajustes administrativos que no parecen restringir derechos existentes.
• Posibles Abusos: Es difícil identificar posibles abusos con esta resolución, ya que su naturaleza es clarificatoria y procedimental.
  • La flexibilización del plazo para presentar la programación no parece generar abusos.
  • La especificación sobre la declaración de doblaje, al contrario, podría prevenir abusos al facilitar la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Doblaje.
  • En general, al ser una resolución del ENACOM, cualquier decisión administrativa podría ser objeto de revisión judicial en caso de considerarse arbitraria o abusiva.

En resumen:

La RESOL-2025-369-APN-ENACOM#JGM es una norma administrativa de nivel resolutivo que no modifica las leyes sustantivas sobre comunicación audiovisual y doblaje. Su impacto es principalmente procedimental y aclaratorio, buscando mejorar la gestión administrativa y reforzar la transparencia en el cumplimiento de la Ley de Doblaje. No se identifican derechos perdidos ni posibles abusos derivados directamente de esta normativa; al contrario, podría fortalecer la protección de la industria nacional de doblaje.

RESOL-2025-369-APN-ENACOM#JGM FECHA 20/02/2025

EX-2025-16469618- -APN-SDYME#ENACOM

El Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Rectifícar el ARTÍCULO 1° de la Resolución N° 350-ENACOM/25, el que quedará redactado en los siguientes términos: “ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 1º de la Resolución Nº 465-AFSCA/10, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º.- Los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y los titulares de señales registradas deberán presentar la programación y horarios de cada año antes de su entrada en vigencia y hasta los primeros 15 días corridos del año de que se trate. Cuando se prevean modificaciones tanto del horario como de la programación, se deberá comunicar a este Organismo. como al público en general, con una antelación de al menos 24 horas previas a la emisión del programa.” 2.- Rectificar el ARTÍCULO 2° de la Resolución N° 350-ENACOM/25, el que quedará redactado en los siguientes términos: “ARTÍCULO 2º.- Modifícar el Artículo 1° de la Resolución N° 796-AFSCA/15 que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º.- Los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión abierta y los titulares de señales no exceptuadas por el artículo 9 de la ley 26.522 deberán consignar en la programación que deben presentar frente a la autoridad de aplicación en los términos del artículo 85 de la ley, las emisiones habladas originalmente en idioma extranjero que han sido objeto de doblaje en la República Argentina, en los términos de lo previsto por la Ley N° 23.316 y el Decreto N° 933/13”. 3.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archívese. Firmado: Juan Martín OZORES, Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas

Maria Florencia Torres Brizuela, Analista, Área Despacho.

e. 25/03/2025 N° 17107/25 v. 25/03/2025

```text La Resolución RESOL-2025-172-APN-SSN#MEC del 19 de marzo de 2025 modifica el punto 7.5 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, que fue originalmente aprobado por la Resolución SSN Nº 38.708 del 6 de noviembre de 2014. Esto significa que la nueva norma sustituye completamente la versión anterior del punto 7.5.

Impacto en normas anteriores:

• Modificación Directa: La nueva resolución deroga explícitamente el texto anterior del punto 7.5 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Esto implica que la regulación previa sobre "Sistema de entidades: Datos de entidades, accionistas, órganos de administración, fiscalización y alta gerencia" queda sin efecto y es reemplazada por el nuevo texto.

Beneficios afectados de la ley anterior (al modificar leyes anteriores):

Para entender los beneficios afectados de la ley anterior, necesitaríamos conocer el texto previo del punto 7.5 del Reglamento General. Sin esa información, solo podemos especular sobre los posibles cambios y sus implicaciones.

Sin embargo, podemos analizar el nuevo punto 7.5 para inferir el propósito del cambio y lo que podría haber sido diferente antes:

• Antes (hipotético): Es posible que el punto 7.5 anterior fuera menos específico sobre la gestión de la base de datos de entidades, accionistas, etc. Quizás la responsabilidad de la implementación y actualización no estaba tan claramente definida, o no se mencionaba un sistema informático específico como "Entidades AXIS". Podría haber existido un sistema más descentralizado, menos formalizado o basado en procesos más manuales.

• Ahora (con la nueva resolución): Se centraliza la responsabilidad en la "Gerencia de Autorizaciones y Registros" para la implementación y actualización de una base de datos centralizada llamada "Entidades AXIS". Se formaliza el proceso de carga de datos, especificando que se basa en la documentación aportada por cada entidad. Esto sugiere una intención de mayor control, estandarización y eficiencia en la gestión de la información de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Posibles beneficios de la nueva normativa (en contraposición a los "beneficios afectados" de la anterior):

• Mayor eficiencia y centralización: Un sistema informático centralizado como "Entidades AXIS" podría permitir una gestión más eficiente de la información, facilitando la consulta, el análisis y el control por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
• Mayor transparencia y trazabilidad: Al formalizar el proceso de carga de datos y asignar una gerencia responsable, se podría mejorar la transparencia y la trazabilidad de la información sobre las entidades reguladas.
• Mejor control y supervisión: Una base de datos actualizada y centralizada facilita la labor de supervisión y control de la SSN sobre las entidades, sus accionistas y directivos.

Derechos perdidos y posibles abusos con la nueva normativa:

Es poco probable que esta normativa genere una pérdida directa de "derechos" para las entidades aseguradoras o el público en general. Se trata principalmente de una regulación interna de la SSN para mejorar la gestión de información.

Sin embargo, se pueden considerar posibles áreas de preocupación o potenciales abusos, aunque no sean inherentes a la norma en sí misma, sino a su implementación o interpretación:

• Falta de transparencia en el sistema "Entidades AXIS": Si bien la norma es pública, la operación interna del sistema "Entidades AXIS" podría no ser transparente para las entidades reguladas. Podría existir preocupación sobre cómo se gestionan los datos, quién tiene acceso y cómo se utilizan. Sin embargo, la norma en sí misma no indica una falta de transparencia, sino una formalización del sistema.
• Errores y demoras en la carga de datos: Si la "Gerencia de Autorizaciones y Registros" no cuenta con los recursos adecuados o el sistema "Entidades AXIS" presenta fallas, podría haber errores en la carga de datos o demoras en los procesos, lo que podría afectar a las entidades reguladas. Esto no es un abuso, sino un riesgo operativo.
• Sobrecarga de la Gerencia de Autorizaciones y Registros: Centralizar la responsabilidad en una sola gerencia podría generar una sobrecarga de trabajo y posibles cuellos de botella en los procesos si no se dimensiona adecuadamente. De nuevo, un riesgo operativo, no un abuso directo.
• Potencial uso indebido de la información: Aunque improbable, siempre existe un riesgo teórico de que la información almacenada en "Entidades AXIS" pueda ser utilizada de manera indebida o para fines distintos a la supervisión y regulación del sector asegurador. Sin embargo, no hay indicios en la norma que sugieran este riesgo.

En resumen:

La nueva normativa parece ser una actualización administrativa destinada a mejorar la gestión de la información de las entidades aseguradoras y reaseguradoras dentro de la SSN. No parece afectar derechos preexistentes de manera negativa, y más bien busca mejorar la eficiencia y el control regulatorio. Los "riesgos" potenciales están más relacionados con la implementación y gestión operativa del sistema "Entidades AXIS" que con la norma en sí misma.

Para un análisis más profundo y preciso de los "beneficios afectados" de la ley anterior, sería imprescindible conocer el texto previo del punto 7.5 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. ```

SINTESIS: RESOL-2025-172-APN-SSN#MEC Fecha: 19/03/2025

Visto el EX-2025-25248165-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el punto 7.5. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN Nº 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014), por el siguiente:

“7.5. Sistema de entidades: Datos de entidades, accionistas, órganos de administración, fiscalización y alta gerencia.

La Gerencia de Autorizaciones y Registros tendrá a su cargo la implementación y actualización permanente de la base de datos generales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, sus accionistas, órgano de administración y fiscalización y alta gerencia en el sistema informático de registro denominado “Entidades AXIS”.

La Gerencia de Autorizaciones y Registros deberá cargar los datos de los rubros dispuestos en el sistema “Entidades AXIS” en base a la documentación aportada por cada entidad.”.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.

Fdo. Guillermo PLATE – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en https://kronos.ssn.gob.ar/ o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 25/03/2025 N° 17095/25 v. 25/03/2025

• Leyes:
  • 13515

20/03/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: LISOL 1-1096, OPRAC 1-1277. Financiamiento al sector público no financiero. Programa Títulos de Deuda 2025 del municipio de Córdoba -provincia de Córdoba-.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone:

“- No formular observaciones, en el marco de la restricción contenida en el punto 2.1. del texto ordenado sobre Financiamiento al Sector Público no Financiero, a que las entidades financieras puedan adquirir títulos públicos a ser emitidos por el municipio de Córdoba –provincia de Córdoba– por hasta un monto máximo en circulación de $150.000.000.000 (pesos ciento cincuenta mil millones) en el marco del Programa Títulos de Deuda 2025, según lo previsto en la Ordenanza municipal 13.515 y de acuerdo con las condiciones establecidas en la nota NO-2025-26411786-APN-SH#MEC de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, sin perjuicio de la observancia por parte de las entidades financieras intervinientes de las disposiciones en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio previstas en ese ordenamiento.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Marina Ongaro, Subgerenta General de Regulación Financiera.

e. 25/03/2025 N° 17289/25 v. 25/03/2025

20/03/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: LISOL 1-1097, OPRAC 1-1278. Financiamiento al sector público no financiero. Programa de Emisión de Letras 2025 del municipio de Córdoba -provincia de Córdoba-

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone:

“- No formular observaciones, en el marco de la restricción contenida en el punto 2.1. del texto ordenado sobre Financiamiento al Sector Público no Financiero, a que las entidades financieras puedan adquirir Letras del Tesoro a ser emitidas por el municipio de Córdoba –provincia de Córdoba– por hasta un monto máximo en circulación de $55.000.000.000 (pesos cincuenta y cinco mil millones) en el marco del Programa de Emisión de Letras 2025, según lo previsto en la Ordenanza municipal 13.515 y de acuerdo con las condiciones establecidas en la nota NO-2025-26411765-APN-SH#MEC de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, sin perjuicio de la observancia por parte de las entidades financieras intervinientes de las disposiciones en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio previstas en ese ordenamiento.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Marina Ongaro, Subgerenta General de Regulación Financiera.

e. 25/03/2025 N° 17292/25 v. 25/03/2025

20/03/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: RUNOR 1-1892. Operadores de Cambio. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, establece:

“- Incorporar en el punto 1.5. del texto ordenado sobre Operadores de Cambio, lo siguiente:

“No estarán alcanzadas por la limitación establecida en el párrafo anterior, las ventas que se realicen a entidades financieras a efectos de cumplir con lo establecido en el punto 5.9.2. del texto ordenado sobre Exterior y Cambios por hasta el monto operado de compras (netas de ventas) a clientes no vinculados al operador.”

Al respecto, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Marina Ongaro, Subgerenta General de Regulación Financiera.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 25/03/2025 N° 17296/25 v. 25/03/2025