• Leyes:
  • 24804
    infoleg 42924
• Decretos:
  • 1390/1998
    infoleg 54706

Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2025

VISTO los Expedientes Electrónicos en que tramitan las solicitudes de Permisos Individuales que integran el Acta CAAR N° 11/24, Listado 1046, Aplicaciones Industriales, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c), establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que las personas individualizadas en el Listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, ha verificado que se haya dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas, y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o renovación de los citados permisos.

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en su Reunión N° 11/24, Listado 1046, Aplicaciones Industriales, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud referidos.

Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención correspondiente.

Que el DIRECTORIO la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución, conforme se establece en el Artículo 22, Inciso a), de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 23 de enero de 2025 (Acta N° 1),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar los Permisos Individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 11/24, Listado 1046, Aplicaciones Industriales, que se incluyen en el Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.

Leonardo Juan Sobehart

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 14/03/2025 N° 14933/25 v. 14/03/2025

• Leyes:
  • 24804
    infoleg 42924

Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2025

VISTO los Expedientes Electrónicos en que tramitan las solicitudes de licenciamiento de personal que integran el Acta CALPIR N° 11/24, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR 0.11.1 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I”, Revisión 3, las Resoluciones del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 143/10 y N° 452/19, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que las personas individualizadas en el Listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución y la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), en su carácter de Entidad Responsable, solicitaron a esta ARN el otorgamiento de trámites de Licenciamiento de Personal para quienes se desempeñan en Instalaciones Clase I y Clase II.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que la formación y la capacitación de los solicitantes de las Autorizaciones Específicas, Renovaciones de Autorizaciones Específicas y Renovaciones de Permisos Individuales, comprendidas en el Anexo a la presente Resolución, se ajustan a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1 y que se haya dado cumplimiento a los requisitos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas.

Que conforme se establece en la Resolución del Directorio de la ARN N° 143/10 el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) ha tomado intervención emitiendo el Acta CALPIR N° 11/24.

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una Autorización o Permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación.

Que conforme a los registros de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN, la CNEA adeuda el pago de la tasa regulatoria previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 respecto de las tramitaciones referenciadas en el Anexo a la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, por razones de interés público, y conforme lo establecido en la Resolución ARN N° 452/19, se dará curso favorable a las respectivas tramitaciones, autorizando a que dicho pago se efectúe con posterioridad.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS de esta ARN ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución, conforme se establece en el Artículo 22, Inciso a), de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 23 de enero de 2025 (Acta N° 1),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Autorizaciones Específicas, las Renovaciones de Autorizaciones Específicas y las Renovaciones de Permisos Individuales para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I y Clase II de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA que se listan como Anexo a la presente Resolución, en excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, aplicándose los intereses punitorios establecidos en dicho Artículo.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN,a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA y a los solicitantes comprendidos en el Anexo de la presente Resolución. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.

Leonardo Juan Sobehart

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 14/03/2025 N° 14935/25 v. 14/03/2025

• Leyes:
  • 27447
    infoleg 312715
• Decretos:
  • 16/2019
    infoleg 318537
    infoleg 333148

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2025

VISTO el EX-2024-137616777-APN-DCT#INCUCAI, la Ley Nº 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, su reglamentación aprobada por Decreto Nº16/2019; la Resolución INCUCAI Nº 63/2018; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27.447, son funciones del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) dictar las normas técnicas a que deberá responder la obtención y utilización de órganos, tejidos y células para trasplante.

Que la Resolución INCUCAI Nº 63/2018 aprobó los lineamientos para estandarizar la Metodología de Cross-Match, a utilizar durante los procesos de distribución renal.

Que, por iniciativa de la COMISIÓN ASESORA DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOLOGÍA, teniendo en cuenta la experiencia nacional e internacional se determinó la necesidad de modificar la tecnología utilizada a los fines de obtener mejores resultados, extendiendo la misma, a los procesos de distribución de todos los receptores de órganos que requieran Cross-Match contra donante.

Que la COMISIÓN FEDERAL DE TRASPLANTES (COFETRA) ha brindado el asesoramiento previsto en el artículo 61 de la Ley N° 27.447, en la reunión llevada a cabo el día 24 de septiembre de 2024.

Que la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ha desarrollado las modificaciones y adecuaciones en el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PROCURACIÓN Y TRASPLANTE (SINTRA), que permiten incorporar los cambios establecidos en la norma.

Que las DIRECCIONES MÉDICA, CIENTÍFICO TÉCNICA y de ASUNTOS JURÍDICOS, han tomado la intervención de su competencia.

Que el temperamento adoptado ha sido aprobado por el DIRECTORIO en su sesión del día 13 de marzo de 2025, conforme surge del texto del Acta Nº 10.

Que la medida que se adopta se dicta en el marco de las facultades conferidas por el artículo 57, apartados 4 y 5 de la Ley N° 27.447 y artículo 3 del Decreto N°16/2019.

Por ello;

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Apruébense los “LINEAMIENTOS PARA ESTANDARIZAR LA METODOLOGÍA DE CROSS-MATCH A UTILIZAR DURANTE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS”, que como ANEXO ÚNICO (IF-2025-24477934-APN-DCT#INCUCAI) forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º: Deróguese la Resolución INCUCAI Nº 63/2018.

ARTÍCULO 4º: Regístrese. Notifíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación. Cumplido, archívese.

Gabriela Hidalgo - Richard Malan - Carlos Soratti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 14/03/2025 N° 14994/25 v. 14/03/2025

• Leyes:
  • 20337
    infoleg 18462
  • 19549
    infoleg 22363
• Decretos:
  • 1759/1972
    infoleg 21715
  • 420/1996
    infoleg 36549
  • 723/1996
  • 721/2000
    infoleg 64169
  • 1192/2002
    infoleg 75742

Ciudad de Buenos Aires, 19/12/2024

VISTO el EX-2024-123881546- -APN-DNCYF#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Plan de reordenamiento y control del padrón de cooperativas y mutuales que se encuentra llevando adelante la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización se le solicitó a la Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos información sobre asociados que se repiten como fundadores en más de una cooperativa de trabajo. Ello, a partir de la información en soporte digital con la que se cuenta como consecuencia de la Resolución General Conjunta 4860/2020 suscripta entre este Organismo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que establece un nuevo procedimiento en la constitución de cooperativas y mutuales de modo que al otorgarse la autorización para funcionar como persona jurídica se le asigna la matrícula junto con la Clave Única de Identificación Tributaria, así como la base de datos de las inscripciones de cooperativas de 3 a 5 integrantes implementada con la Resolución “Renovar” RESFC-2021-1000-APN-DI#INAES.

Que de la revisión de dicha información, se observaron los casos que se exponen en el Anexo I (IF-2024-136046651-APN-DNCYF#INAES) donde una misma persona se repite como asociado fundador de varias cooperativas de trabajo, considerando aquellos que se repiten en al menos 5 (cinco) entidades.

Que vale recordar que las cooperativas de trabajo tienen por objeto brindar ocupación a sus asociados que perciben por ese concepto una contraprestación denominada retorno, siendo su aporte principal la fuerza de trabajo.

Que en el caso de las cooperativas de trabajo la fuerza de trabajo resulta fundamental para el cumplimiento del objeto social. Más aún en los casos cuando se trata de cooperativas conformadas sólo por 3 (tres) asociados pues entre menos personas humanas se debe soportar la carga de las tareas que resulta imprescindible para la consecución de los fines para los cuáles fue creada.

Que esto guarda relación con normas y conceptos jurídicos de nuestro derecho societario en cuanto resulta indiscutible que el objeto social de toda persona jurídica debe ser lícito y posible física y jurídicamente. La premeditada imposibilidad del objeto podría constituir un vicio del acto jurídico de formación de la cooperativa y la imposibilidad sobreviniente podría provocar su disolución. Es decir, la constitución de múltiples cooperativas, en ocasiones de diversos objetos sociales (verbigracia: construcción, producción de alimentos, producción textil, educación, gráfica, recuperación de residuos, cuidado de personas), temporalmente en forma casi simultánea y con los mismos (a veces sólo tres) asociados supone, con alto grado de certeza, que fácticamente resultarán inviables. Esto surge palmariamente en diversos casos detectados durante la ejecución del Plan de reordenamiento y control del padrón de cooperativas y mutuales ya mencionado.

Que resulta altamente llamativo, además, que, en determinados casos, la misma persona humana declare diferentes oficios o profesiones según de que cooperativa se trate, como por ejemplo respecto de las personas humanas con CUIL/CUIT 27-40423513-9 (albañil, cuidadora, cocinero, comunicadora, mantenimiento y estudiante), 23-13761592-4 (cocinera y ama de casa) y 20-33934106-1 (estibador, reciclador y albañil) agregadas dentro del Anexo I.

Que a mayor abundamiento, se detectaron casos en los cuales se adiciona que la fuerza de trabajo debe prestarse en lugares distantes entre sí por varios kilómetros. Por ejemplo, en los casos de las personas humanas con CUIL/CUIT 20-28550378-8 (Necochea, La Plata y Miramar), 23-32014317-9 (Ingeniero Maschwitz, Garin y Fontana –Chaco-) y 27-28284685-9 ((Ingeniero Maschwitz, Garin y Fontana –Chaco-) agregadas dentro del Anexo I que formaron varias cooperativas con disímiles domicilios legales.

Que de las propias autorregulaciones que se dan las cooperativas de trabajo en sus estatutos sociales surge que para ser asociado toda persona humana mayor de dieciocho (18) años de edad deberá contar con “la idoneidad requerida para el desempeño de las tareas que requiera la cooperativa” imponiéndose - entre sus obligaciones - la de “prestar su trabajo personal en la tarea o especialidad que se le asigne y con arreglo a las directivas e instrucciones que le fueren impartidas”. Resulta entonces, al menos dudoso, que una misma persona humana cuente en el mismo tiempo y espacio con disímiles aptitudes para hacer de todas esas cooperativas, empresas viables.

Que huelga decir que las tareas desarrolladas por los asociados en la cooperativa impactan directamente sobre la percepción que cada uno de ellos tendrá sobre los excedentes repartibles, puesto que, una vez cubiertas las reservas estatutarias, el resto se distribuye “entre las/os asociadas/os en concepto de retorno en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada una/o”.

Que es imperioso recordar que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO reconoce que las cooperativas desempeñan un papel crucial en la creación de empleos, la movilización de recursos, la generación de inversiones y la contribución a la economía, mientras promueven la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social.

Que en su Recomendación 193 se declama que debería alentarse el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las cooperativas basándose en: “los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás, y en los principios cooperativos elaborados por el movimiento cooperativo internacional”. Además, se especifica que las políticas nacionales deberían “velar por que no se puedan crear o utilizar cooperativas para evadir la legislación del trabajo ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas, y luchar contra las pseudocooperativas, que violan los derechos de los trabajadores, velando por que la legislación del trabajo se aplique en todas las empresas”

Que habiendo tomado la intervención que le compete en los términos de lo normado en el artículo 2 de la Resolución Nº 1659/16 (T.O. Res. 3916/18), la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización concluyó que lo reseñado previamente podría implicar una situación por la cual se pretende constituir y utilizar la figura de trabajo para fines que desnaturalizan los caracteres contemplados en el artículo 2º de la Ley Nº 20.337, ya que estas personas podrían haberse valido de la figura cooperativa para otros fines ajenos al cumplimiento del objeto social.

Que por todos los aspectos reseñados previamente, que surgen como claras evidencias del presente expediente y de los antecedentes documentales incorporados al legajo y demás sistemas registrales de este Organismo, dicha Dirección Nacional solicitó se evalué la aplicación de las medidas preventivas de suspensión de la operatoria de las entidades incluidas en el Anexo II (IF-2024-136047186-APN-DNCYF#INAES) por configurarse la situación prevista en el artículo 1 inciso b) de la Resolución 1659/16 (Texto Ordenado Resolución 3916/18), disponiéndose la apertura de las actuaciones sumariales previstas en dicha norma.

Que de la misma forma, y considerando los antecedentes informados en el presente expediente, así como cualquier información que se pueda obtener en el curso del sumario previsto por la mencionada normativa, la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización sugirió que se evalúe si en los casos en examen, el conocimiento del vicio por parte de los administrados surge de forma nítida desde su constitución en flagrante contradicción con el orden jurídico. A tal fin deberán merituarse los actos administrativos mediante los cuales se aprobó la inscripción en el registro y la autorización para funcionar de las respectivas entidades, actos que, en su momento, tuvieron en cuenta la finalidad y los caracteres que expresa el artículo 2° de la Ley N° 20.337 y que a partir de lo que se vislumbre en el procedimiento sumarial, podrían revelarse como nulos, en razón que los administrados, podrían haber actuado induciendo a error y viciando la voluntad de la autoridad otorgante de la autorización para funcionar. En tal razonamiento, de constatarse que las referidas entidades han sido constituidas en fraude a la figura cooperativa, debería evaluarse la posible aplicación de la revocatoria de la autorización para funcionar.

Que analizadas las circunstancias descriptas, de conformidad con la opinión arribada por el área competente, puede concluirse que lo reseñado previamente podría implicar la utilización de la figura de trabajo para fines ajenos a los normativamente previstos, que desnaturalizan los caracteres contemplados en el artículo 2º de la Ley Nº 20.337 respecto del tipo cooperativo de trabajo, por lo que corresponde disponer la aplicación de la medida preventiva de suspensión de operatoria -atento lo previsto en el artículo 1 inciso b) de la Resolución Nº 1659/16 (T.O. Res. 3916/18) - a las entidades incluidas en el Anexo II (IF-2024-136047186-APN-DNCYF#INAES) y la apertura del procedimiento sumarial en los términos del Anexo I de la resolución mencionada.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º inciso d) de la Ley N. º 19.549, el servicio jurídico permanente ha tomado debida intervención

Por ello, en atención a lo dispuesto por la Ley nro. 20.337 y los Decretos nro. 420/96, nro. 723/96, nro. 721/00 y nro. 1192/02,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.º- Suspéndase como medida preventiva la operatoria de las entidades incluidas en el Anexo II (IF-2024-136047186-APN-DNCYF#INAES) en los términos de lo estipulado en el artículo 1° inciso b) de la Resolución N° 1659/16 (T.O. Res. 3916/18).

ARTÍCULO 2º.- Instrúyase sumario a las Cooperativas mencionadas en el artículo anterior en los términos contemplados en el Anexo I de la Resolución Nº 1659/16 (T.O. Res. 3916/18) y teniendo en consideración las cuestiones detalladas en los considerandos del presente, debiendo la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales formar el o los expedientes respectivos a partir de este acto administrativo y con las piezas que estime que correspondan.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las entidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41, cumplimentando lo establecido en el artículo 40, ambos del Decreto N.º 1759/72 (T.O. Dto 894/17), hágase saber -en su oportunidad -a través de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y demás organismos supervisores en los términos del artículo 4° de la Resolución Nº 1659/16 (T.O. Res. 3916/18), publíquese en el Boletín Oficial, gírese a la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones para la prosecución de trámite y, cumplido, archívese.

Sergio Pablo Cha - Eduardo Hector Fontenla - Matías Kelly - Elbio Nestor Laucirica - Ramiro Emiliano Martinez - Norberto Pedro Zarate - Marcelo Oscar Collomb

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 14/03/2025 N° 14737/25 v. 14/03/2025

• Leyes:
  • 25163
    infoleg 60510
  • 14878
    infoleg 15764
• Decretos:
  • 57/2004
    infoleg 91880
  • 57/2004
    infoleg 91880
  • 66/2024
    infoleg 396149

Mendoza, Mendoza, 07/03/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-29721180-APN-DCA#INV, la Ley Nº 25.163 y su Decreto Reglamentario Nº 57 del 14 de enero de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la firma LA FINCA DE LOS VIÑEDOS IMPOSIBLES S.A., solicita el reconocimiento, registro, protección y derecho a uso de la Indicación Geográfica (IG) VALLE DE PUCARÁ – SALTA.

Que por la Ley Nº 25.163 y su Decreto Reglamentario Nº 57/04, se establecieron las Normas Generales para la Designación y Presentación de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico de la Argentina, siendo el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) el órgano de aplicación de dicha norma.

Que de acuerdo a los antecedentes presentados en el expediente citado en el Visto y los estudios realizados por los sectores competentes de este Instituto, el área de producción de la Indicación Geográfica cuyo reconocimiento se solicita, está formada por terruños con cualidades distintivas, aptos para la producción de vinos de calidad.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos iniciales de presentación, previstos en el Capítulo III, Artículos 7º y 9º según consta a órdenes 4, 5, 6, 32 y 33 como así también la correspondiente publicación del edicto en el Boletín Oficial y en diario de amplia circulación en la zona geográfica de origen, conforme lo establecido por el Artículo 10, obrante a órdenes 102 y 115, no presentándose oposiciones al reconocimiento de la Indicación Geográfica propuesta y en los términos del Capítulo X, Artículo 54 de la Ley Nº 25.163 y en el Anexo I, Capítulo X, Artículo 54, Inciso b) del Decreto Reglamentario Nº 57/04.

Que dadas las condiciones señaladas, cabe reconocer el área solicitada bajo el nombre de VALLE DE PUCARÁ – SALTA como una Indicación Geográfica de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos del INV, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 25.163 y el Decreto Nº DECTO-2024-66-APN-PTE.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese, protégese y regístrase el área solicitada bajo el nombre de VALLE DE PUCARÁ – SALTA como una Indicación Geográfica de la REPÚBLICA ARGENTINA, perteneciente al departamento San Carlos, Provincia de SALTA, cuya área de producción queda delimitada conforme al mapa y localización de los puntos en el consignados, que figuran en el Anexo N° IF-2025-20766164-APN-DNF#INV de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Por el área administrativa respectiva, procédase a la registración de lo establecido mediante Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Por intermedio de la Delegación Cafayate dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización de este Organismo, notifíquese con copia a los interesados, para que se dé cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, Artículo 12 de la Ley Nº 25.163.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y cumplido, archívese.

Carlos Raul Tizio Mayer

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 14/03/2025 N° 15053/25 v. 14/03/2025

• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 60/2025
    infoleg 408925
  • 993/2024
    infoleg 406124
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-18795855- -APN-SC, los Decretos N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y N° 60 de fecha 04 de febrero de 2025, la Resolución N° 75 de fecha 04 de diciembre de 2024, de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución SC N° 75 de fecha 4 de diciembre de 2024 se estableció bajo la órbita de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN el funcionamiento del Programa “MICA - MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES” y el Programa de Apoyo y Articulación “CASAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO”.

Que en virtud del Decreto N° 60/2025, se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la mentada Secretaría Cultura disponiéndose que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL actuante en el ámbito de la citada cartera cultural; tendrá como responsabilidad primaria dirigir el diseño y la implementación de programas destinados al desarrollo de las industrias culturales, en el marco de su competencia.

Que, asimismo, se estableció entre sus objetivos, la realización de acciones tendientes al desarrollo de los mercados, ferias y festivales que se realicen en el país, en el marco de su competencia, así como también, impulsar el desarrollo de proyectos culturales facilitando herramientas de gestión cultural y promocionar y fortalecer el circuito de eventos culturales a través de redes de intercambio y trabajo asociativo, entre otros.

Que atendiendo a dicha responsabilidad primaria y acciones corresponde modificar el ámbito de funcionamiento de los Programas “MICA - MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES” y Apoyo y Articulación “CASAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO” bajo la órbita de la DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que ha tomado debida intervención la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la citada secretaría de estado.

Que el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN tomó la intervención que es de su competencia, en el marco del Artículo 18 del Decreto Nº 993/24.

Que la presente medida se dicta con fundamento en los objetivos asignados por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1 de la Resolución SC N° 75 de fecha 4 de diciembre de 2024, estableciéndose el funcionamiento de los Programas “MICA - MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES” y Apoyo y Articulación “CASAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO” bajo la órbita de la DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL actuante en el ámbito esta SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Leonardo Javier Cifelli

e. 14/03/2025 N° 14891/25 v. 14/03/2025

• Decretos:
  • 618/1997
    infoleg 44432
  • 953/2024
    infoleg 405666

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2025

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2025-00644851- -AFIP-DIREPA#DGADUA y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General Conjunta N° 4.458 del 5 de abril de 2019 entre el entonces Ministerio de Producción y Trabajo y la ex Administración Federal de Ingresos Públicos y su modificatoria, establece el Régimen de Exportación Simplificada denominado “Exporta Simple”, el cual tiene por objeto facilitar las operaciones de exportación de menor cuantía, con fines comerciales, a través de determinados operadores logísticos, en las condiciones que allí se regulan.

Que su artículo 2° establece que se entenderá por “operadores logísticos” a aquellos sujetos que se encuentren inscriptos y habilitados como “Operadores Logísticos del Régimen Exporta Simple” ante la Administración Federal de Ingresos Públicos –actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero-, entre los que se encuentran incluidos el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA S.A.) y Aerolíneas Argentinas S.A.. Asimismo, serán los responsables de efectuar los registros de las destinaciones de exportación por cuenta y orden de los usuarios del régimen en trato.

Que el artículo 14 de la norma citada precedentemente, indica que, hasta tanto sea reglamentado por la Dirección General de Aduanas los requisitos que deben cumplir los depósitos fiscales para ser utilizados en la operatoria contemplada en el régimen de “Exporta Simple”, el depósito fiscal designado será el de Terminales de Cargas Argentinas (TCA) del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Que, por su parte, la Resolución General N° 4.352 y sus modificatorias, determina las normas relativas al procedimiento para la habilitación de depósitos fiscales.

Que, en virtud de lo expuesto, se considera oportuno establecer que los depósitos fiscales habilitados conforme la Resolución General N° 4.352 y sus modificatorias, que cuenten con elementos de control no intrusivo, podrán ser utilizados para operar por el régimen “Exporta Simple”. Asimismo, resulta necesario aclarar que los “Operadores Logísticos del Régimen Exporta Simple” podrán exportar por todas las vías.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, Control Aduanero, Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Operaciones Aduaneras del Interior y Recaudación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024 y por la Disposición N° 278 (AFIP) del 16 de octubre de 2018.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Los depósitos fiscales habilitados conforme lo establecido por la Resolución General N° 4.352 y sus modificatorias, que cuenten con elementos de control no intrusivo, podrán ser utilizados para operar por el Régimen “Exporta Simple” regulado por la Resolución General Conjunta Nº 4.458 (MPyT y AFIP) y su modificatoria.

ARTÍCULO 2°.- Los “Operadores Logísticos del Régimen Exporta Simple”, según lo estipulado por el artículo 2° de la Resolución General Conjunta N° 4.458 (MPyT y AFIP) y su modificatoria, podrán operar por todas las vías.

ARTÍCULO 3°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial, difúndase en el Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.

Jose Andres Velis

e. 14/03/2025 N° 15041/25 v. 14/03/2025

• Leyes:
  • 27739
    infoleg 397355
  • 25246
    infoleg 62977
  • 26831
    infoleg 206592
  • 19550
    infoleg 25553
  • 27349
    infoleg 273567

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2024-105221260- -APN-GRC#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/ REGLAMENTACIÓN PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV)”, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Control, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27.739 (B.O. 15-3-24) incorporó la definición de “Proveedor de Servicio de Activos Virtuales (PSAV)” en el artículo 4° bis de la Ley de Reforma del Código Penal de la Nación N° 25.246 (B.O. 10-5-00 y sus modificatorias). Esta definición abarca a cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza UNA (1) o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica: i. Intercambio entre Activos Virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias); ii. Intercambio entre UNA (1) o más formas de Activos Virtuales; iii. Transferencia de Activos Virtuales; iv. Custodia y/o administración de Activos Virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y v. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un Activo Virtual.

Que, en concordancia con ello, dispuso, en su artículo 37, que la Comisión Nacional de Valores (CNV) como autoridad de aplicación de los sujetos referidos, centralizará el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, reuniendo la información adecuada, precisa y actualizada y ejercerá todas las facultades de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción, contenidas en el artículo 19 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12 y sus modificatorias), respecto de los PSAV.

Que el artículo 19, inciso d), de la Ley Nº 26.831 establece como atribuciones de la CNV llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización para funcionar de los mercados, los agentes registrados y las demás personas humanas y/o jurídicas que, por sus actividades vinculadas al mercado de capitales, y a criterio de la Comisión queden comprendidas bajo su competencia.

Que, por su parte, el inciso g) del artículo citado faculta a la CNV a dictar las reglamentaciones que deben cumplir las personas humanas y/o jurídicas y las entidades autorizadas en los términos del referido inciso d), desde su inscripción hasta la baja del registro respectivo.

Que, en consecuencia, la CNV dictó la Resolución General N° 994 (B.O. 25-3-24), incorporando en su normativa el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y los requisitos para la inscripción en el mismo a los efectos de identificar a las personas humanas o jurídicas, que realicen en la República Argentina actividades u operaciones relativas a Activos Virtuales; ello, en aras de garantizar el cumplimiento de los estándares fijados en la Recomendación (R) 15 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Que, en el marco de la Ley N° 27.739, la CNV posee facultades para regular exclusivamente la actividad de los PSAV, no extendiéndose dicha competencia a la regulación de los Activos Virtuales, excepto que éstos encuadren en la definición de valores negociables, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 26.831.

Que, continuando con el proceso de reglamentación iniciado, deviene necesario establecer y regular los principios y parámetros iniciales que deberán seguir los PSAV para la prestación de sus servicios, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 27.739.

Que, entre los principios fundamentales de la Ley N° 27.739, se impone, entre otros, fortalecer los mecanismos de protección y defensa de los usuarios en el marco de la función tuitiva del derecho del consumidor, la seguridad de la información y protección de datos personales, establecer normas prudenciales que promuevan la estabilidad, solvencia y transparencia, y prácticas de buen gobierno corporativo.

Que, en pos del cumplimiento de los objetivos enunciados, se establecen, en esta instancia, las reglas generales de actuación y la determinación de condiciones particulares bajo las cuales los PSAV deben desarrollar sus actividades.

Que, en relación con las actividades de custodia, los PSAV tienen la responsabilidad de custodiar de forma segura y transparente los Activos Virtuales de sus clientes, por lo cual deberán efectuar una clara separación contable y operativa entre los Activos Virtuales propios del PSAV, por un lado, y los Activos Virtuales de sus clientes, por el otro; así como también implementar un sistema de custodia que garantice la seguridad, integridad y disponibilidad de los Activos Virtuales bajo su administración.

Que, se reconoce que las disposiciones establecidas en la presente reglamentación constituyen un marco inicial que podrá ser adaptado y complementado periódicamente en función de los avances que se registren en el sector y la experiencia en la aplicación de esta norma.

Que, en función de ello, se prevé que la dinámica y el crecimiento de este sector importará la necesidad de revisar y, en su caso, actualizar periódicamente las disposiciones contenidas en la presente reglamentación, en aras de garantizar una regulación efectiva, eficaz, equitativa y adaptable a los cambios y desafíos que surjan en el ámbito de actuación de los PSAV.

Que la presente registra como precedente, la Resolución General N° 1025 (B.O. 17-10-24 y 18-10-24), mediante la cual se sometió a consulta pública el anteproyecto de norma administrativa, en los términos del Decreto N° 1172/2003 que establece el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”.

Que, en el marco de dicho procedimiento, se recibieron y procesaron las opiniones y recomendaciones no vinculantes presentadas por diversos participantes del ecosistema Fintech y sectores interesados, receptando un número relevante de las mismas.

Que, en relación con las personas jurídicas constituidas en el país que actúen como PSAV, se requiere la adopción del tipo societario sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, conforme la Ley General de Sociedades N° 19.550 (LGS) (B.O. 25-4-72 y sus modificatorias).

Que, asimismo, las personas jurídicas constituidas en el extranjero podrán desarrollar su actividad como PSAV a través de una sociedad constituida en el país (participando las mismas por sí o a través de una sociedad de su mismo grupo económico conforme al artículo 123 LGS), debiendo la sociedad nacional solicitar la inscripción en el Registro de PSAV que será la responsable de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en esta norma; o mediante el establecimiento de sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente, en los términos del artículo 118 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Que, en función de ello, un PSAV puede delegar a su casa matriz, grupo económico o en terceras partes constituidas en el país o en el exterior, ciertas funciones inherentes a su actividad como PSAV, siendo éste plenamente responsable por la gestión de quienes asuman esas funciones como del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en esta norma.

Que, en relación con el PSAV y las terceras partes, se podrá desarrollar las actividades integrando las operaciones previa celebración de convenios entre los mismos, sin que ello implique una dispensa en la responsabilidad del PSAV por el servicio prestado.

Que, en todos los casos que un PSAV delegue funciones en terceras partes, deberá incluir en los convenios celebrados con dichas contrapartes la obligación de proporcionar toda la información necesaria para cumplir con el régimen informativo establecido en las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), así como cualquier otra información que sea requerida por el Organismo o por cualquier otra dependencia competente o judicial, en su calidad de PSAV registrado ante la CNV.

Que, con el objetivo de brindar mayor claridad respecto al alcance de las disposiciones normativas, se incorpora a la reglamentación, de manera no taxativa, una enunciación de actividades o servicios que no se encuentran comprendidos por la definición de PSAV.

Que, en el marco del Plan de modernización del Estado impulsado por el Decreto Nº 434/2016 (B.O. 2-3-16), se ha implementado la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), la cual facilita la interacción electrónica entre los ciudadanos y la Administración Pública Nacional, permitiendo la presentación, gestión de solicitudes y documentos a través de medios electrónicos (Decreto N° 1063/2016 -B.O. 5-10-16- y Resolución de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización N° 90/2017 -B.O. 19-9-17-).

Que, atendiendo a lo expuesto y en cumplimiento con los procedimientos establecidos en la Resolución General N° 805 (B.O. 12-8-19), se incorporan los nuevos trámites habilitados que deberán iniciarse a través de la plataforma TAD del sistema GDE respecto de las solicitudes de inscripción y/o cancelación en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución General.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19, incisos d), g), y u), de la Ley N° 26.831 y los artículos 37 y 38 de la Ley N° 27.739.

Por ello;

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir los artículos 1° al 6° del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“REGISTRO.

ARTÍCULO 1°.- Las personas humanas residentes en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en la República Argentina que realicen una o más de las actividades u operaciones comprendidas en la definición de “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (“PSAV”) incluida en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246 modificada por la Ley N° 27.739 (la “Definición de PSAV”), deberán inscribirse en el “Registro de PSAV” (el “Registro”), habilitado por la Comisión a tal fin, con anterioridad a la realización de dichas actividades u operaciones.

Las personas jurídicas constituidas fuera de la República Argentina que realicen de forma directa una o más de las actividades u operaciones comprendidas en la definición de PSAV, deberán inscribirse en el Registro con anterioridad a la realización de dichas actividades u operaciones, siempre que las realicen bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en el artículo 3° del presente Capítulo, constituyendo una sociedad en el país en los términos del artículo 123 de la Ley N° 19.550, o inscripta en los términos del artículo 118 de la Ley N°19.550, bajo cualquiera de las formas previstas -sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente -.

Quedan exceptuados de la obligación de inscripción en el Registro, los PSAV que sean personas humanas y realicen las actividades u operaciones comprendidas en la definición de PSAV siempre que dichas actividades u operaciones no superen, de manera agregada, un monto equivalente a TREINTA Y CINCO MIL UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO (UVA 35.000) por mes calendario.

A efectos de su determinación, deberá aplicarse a la totalidad de las actividades u operaciones, registradas en el mes calendario, el valor de la UVA correspondiente al último día de dicho mes.

No se encuentran alcanzados por la Definición de PSAV:

i) Aquellas personas humanas o jurídicas que realicen para sí, es decir a título personal, intercambio entre Activos Virtuales, tal como se definen en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246 modificada por la Ley N° 27.739 (los “Activos Virtuales”), y moneda de curso legal (moneda fiduciaria) y/o intercambio entre diversos Activos Virtuales, cualquiera sea el monto.

ii) Aquellas personas humanas o jurídicas que reciban o entreguen Activos Virtuales como contraprestación por la compraventa o prestación de sus productos o servicios, cualquiera sea el monto.

iii) Protocolos descentralizados que prestan servicios con Activos Virtuales, siempre que no exista un proveedor de servicios identificable.

iv) Quienes prestan servicios exclusivamente en carácter de proveedores de billeteras de autocustodia.

PROHIBICION DE OPERAR.

ARTÍCULO 2°.- Toda persona humana o jurídica que no se encuentre inscripta en el Registro, en los términos indicados en el artículo precedente, deberá abstenerse de realizar en el país cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas en la Definición de PSAV. Los incumplimientos a la normativa serán pasibles de sanciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 27.739.

PUNTOS DE CONTACTO.

ARTÍCULO 3°.- Se entenderá que una persona jurídica constituida fuera de la República Argentina realiza en el país actividades u operaciones comprendidas en la Definición de PSAV y, en consecuencia, deberán inscribirse en el Registro de PSAV, cuando las mismas se lleven a cabo bajo cualquiera de las modalidades que a continuación se mencionan:

1. Que utilicen cualquier dominio “.ar” para llevar a cabo sus actividades u operaciones.

2. Que tengan acuerdos comerciales con terceros o subsidiarias o vinculadas que les permitan recibir localmente fondos de residentes argentinos para la realización de las actividades u operaciones (o cualquier actividad similar de las que se conocen como servicios de rampa).

3. Que tengan un claro direccionamiento a residentes en la República Argentina.

4. Que efectúen publicidad claramente dirigida a residentes en la República Argentina, no incluyéndose cuando el cliente sea quien contacte a la persona jurídica constituida fuera de la República Argentina (reverse solicitation).

5. Que su volumen de negocios en la República Argentina exceda el VEINTE POR CIENTO (20%) de su volumen total de negocios. A tal efecto, se considerará solamente el volumen total de negocios de la o las actividades por las que debe inscribirse en el Registro.

Aquellas personas jurídicas constituidas fuera de la República Argentina que participen, por si o a través de una sociedad de su mismo grupo económico, en una sociedad constituida en el país en los términos del artículo 123 de la Ley N° 19.550 registrada como PSAV en esta Comisión; siempre que no exista relación contractual directa con clientes en la República Argentina ni queden alcanzadas por el artículo 3° del presente.

EXCLUSIONES.

ARTÍCULO 4°.- No podrán operar como PSAV ni realizar las actividades que realizan los PSAV:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encuentren inscriptas en esta Comisión como mercados, cámaras compensadoras, agentes y/o cualquier otro sujeto bajo su fiscalización conforme el régimen de la Ley N° 26.831. No obstante, los PSAV podrán desarrollar su actividad integrando sus respectivas plataformas con infraestructuras y/o servicios provistos por mercados, cámaras compensadoras y/u otros agentes registrados, siempre y cuando ello no se encuentre expresamente prohibido o limitado por una norma de esta Comisión o de otra autoridad que regule al agente del que se trate.

b) Las personas humanas o jurídicas sujetas a una regulación específica que no permita su operación como PSAV.

LEYENDA. INSCRIPCIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Las personas humanas y jurídicas inscriptas en el Registro deberán indicar claramente en su sitio web y/o en su aplicación móvil y/o en cualquier red social, la siguiente leyenda: “Inscripto bajo el N°…. en el Registro de PSAV de la CNV (República Argentina)”.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CARÁCTER DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV). DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

ARTÍCULO 6°.- Los PSAV deberán solicitar la inscripción en el Registro de PSAV, acompañando la información y documentación que se detalla a continuación:

a) Personas humanas residentes en el país:

1) Nombre y apellido, número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y copia simple del DNI.

2) Nacionalidad y fecha de nacimiento.

3) Estado civil.

4) CUIT, CUIL o la clave de identificación que en el futuro sea creada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se deberá acompañar copia simple de la constancia correspondiente.

5) Direcciones y datos completos de domicilio real, del domicilio operativo -donde se realiza la actividad en el país- y del domicilio legal, éste último disponible para los clientes.

6) Número de teléfono.

7) Dirección de correo electrónico constituido, declarado como válido a los efectos de notificaciones por parte de esta Comisión.

8) Dirección de correo electrónico para atención de reclamos de clientes, sin perjuicio de otros medios de atención de usuarios que puedan tener disponibles.

9) Sitio web, y/o plataforma o aplicación y/o nombre de usuario, a través de los que operará en redes sociales u otros medios.

10) Identificar la o las actividades que realiza de la Definición de PSAV y la/s Categoría/s especificadas en el artículo 8° del presente Capítulo bajo la/s cual/es solicita su inscripción.

11) Certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia vinculada con la existencia o inexistencia de antecedentes penales.

12) Manifestación de Bienes y Deudas certificada por Contador Público independiente con firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo que acredite el cumplimiento de la exigencia patrimonial de acuerdo a la categoría cuya inscripción se solicite en el Registro de PSAV. El patrimonio deberá ser determinado al mes previo al inmediato anterior a la fecha de la presentación de la solicitud de registro e informado en valor DÓLARES ESTADOUNIDENSES a dicha fecha, aplicando el tipo de cambio establecido por la Comunicación “A” 3500 y modificatorias del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA).

13) Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Deberá ser completada y suscripta informando que no cuenta con condenas por delitos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, ni figura en listas de terroristas u organizaciones terroristas emitidas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

14) Formulario AIF: Declaración Jurada para el ingreso de información a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (AIF), conforme el texto del Anexo del Título XV “AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA” de estas Normas.

15) Informe de idóneo informático requerido en el artículo 12 del presente Capítulo, información de convenios con terceros requerida en el artículo 35 del presente y declaración jurada suscripta por el solicitante manifestando que cumple con la totalidad de las exigencias establecidas en el presente Capítulo, para la prestación de la/s actividad/es que pretende realizar en calidad de PSAV.

No podrán inscribirse en el Registro, las personas humanas que se encuentren alcanzadas por las incompatibilidades previstas en el artículo 7° del presente Capítulo.

b) Personas jurídicas constituidas en el país, bajo la forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada conforme la Ley N° 19.550, y personas jurídicas constituidas en el extranjero, inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550, bajo cualquiera de las formas previstas -sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente-. Asimismo, la sociedad extranjera podrá participar, por si o a través de una sociedad de su mismo grupo económico, en una sociedad en el país (registrándose conforme al artículo 123 de la Ley N° 19.550) a efectos de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en esta norma.

1) Denominación o razón social y nombre comercial.

2) CUIT o clave de identificación que en el futuro sea creada por la ARCA.

3) Contrato Social y/o Estatuto: Copia simple del acta constitutiva de la sociedad y estatuto social vigente, inscripto en el Registro Público correspondiente a la jurisdicción donde tenga asentada su sede social. El objeto social de la sociedad o de la matriz (en el caso de la sucursal o representación de sociedades extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550), así como las actividades previstas para el representante local deberá incluir, expresa o implícitamente, las actividades de un PSAV respecto de las cuales se solicita inscripción.

4) Identificación del representante legal o apoderado, acompañando copia simple de la constancia correspondiente. Identificación del o los representantes designados en el caso de sociedad extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550.

5) Domicilios: Direcciones y datos completos de sede social inscripta, sucursales, otros domicilios operativos y domicilio legal, éste último disponible para los clientes.

6) Número de teléfono en el país.

7) Dirección de correo electrónico constituido, declarado como válido a los efectos de notificaciones por parte de esta Comisión.

8) Dirección de correo electrónico para atención de reclamos de clientes, sin perjuicio de otros medios de atención de usuarios que puedan tener disponibles.

9) Sitio web institucional de la persona jurídica la cual deberá tener un dominio “.ar”, plataforma, aplicación móvil, nombre de usuario a través de los que operará en las redes sociales u otros medios, en caso de poseer.

10) Identificar la o las actividades que realiza de la Definición de PSAV y la/s Categoría/s especificadas en el artículo 8° del presente Capítulo bajo la/s cual/es solicita su inscripción.

11) Accionistas: Copia simple del registro de accionistas a la fecha de la presentación. No podrán ser accionistas quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades dispuestas en el siguiente artículo.

12) Nómina de los integrantes de los órganos de administración (titulares y suplentes) y fiscalización en caso de existir (titulares y suplentes) o de sus representantes locales, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550, indicándose domicilio real, teléfonos y correos electrónicos. Deberá acompañarse copia simple de los instrumentos que acrediten tales designaciones y la distribución de los cargos correspondientes.

Dicha información deberá ser actualizada en oportunidad de eventuales modificaciones, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de producidas las mismas.

No podrán desempeñarse como directores y síndicos quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades dispuestas en el siguiente artículo.

13) Certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia vinculada con la existencia o inexistencia de antecedentes penales de cada uno de los miembros del órgano de administración y de fiscalización, titulares y suplentes, o de sus representantes locales, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550 y gerentes generales o especiales designados de acuerdo con el artículo 270 de la Ley N° 19.550

14) Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Deberá ser completada y suscripta por cada uno de los miembros de los órganos de administración y de fiscalización, o de sus representantes locales, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550 y gerentes generales o especiales designados de acuerdo con el artículo 270 de la Ley N° 19.550, informando que no cuentan con condenas por delitos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, ni figuran en listas de terroristas u organizaciones terroristas emitidas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

15) Identificación del Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno.

16) Identificación del Responsable de Relaciones con el Público.

17) Formulario AIF: Declaración Jurada para el ingreso de información a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (AIF), conforme el texto del Anexo del Título XV “AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA” de estas Normas, firmada por el representante legal de la entidad.

18) Fecha de cierre del ejercicio económico y acreditación del Patrimonio Neto Mínimo aplicable. A tal efecto se deberán presentar los últimos estados contables anuales o desde su constitución, si su antigüedad fuere menor, tal como fueron presentados por la Sociedad a la respectiva autoridad de contralor, auditados por Contador Público Independiente. Si los estados contables tuvieran una antigüedad mayor a OCHO (8) meses desde la fecha de presentación de la totalidad de la documentación e información requerida para el trámite de inscripción, adicionalmente se deberá presentar Certificación de Contador Público independiente con firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo. El patrimonio neto deberá ser determinado a una fecha no mayor a los dos meses de la fecha de la presentación antes indicada e informado en valor DÓLARES ESTADOUNIDENSES a dicha fecha, aplicando el tipo de cambio establecido por la Comunicación “A” 3500 y modificatorias del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA).

19) Acta del órgano de administración o de sus representantes locales, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550, en la que conste con carácter de declaración jurada que la sociedad cuenta con una organización administrativa propia y adecuada para prestar el servicio como PSAV.

20) Informe de idóneo informático requerido en el artículo 12 del presente Capítulo, detalle del sistema de custodia, de corresponder requerido por el artículo 15 del presente Capítulo, información de convenios con terceros, conforme a lo requerido en el artículo 35 del presente Capítulo y declaración jurada suscripta por el Representante legal o apoderado, manifestando que la Sociedad cumple con la totalidad de las exigencias establecidas en el presente Capítulo, para la prestación de la/s actividad/es que pretende realizar en calidad de PSAV.

No podrán inscribirse en el Registro, las personas jurídicas domiciliadas, constituidas, o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que se encuentren incluidos en el listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal, en los términos del artículo 24 del Anexo integrante del Decreto N° 862/2019 y que sean considerados como “Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un llamado a la acción” por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).

La información y documentación requerida en los incisos a) y b) del presente artículo debe ser veraz, completa y estar actualizada a la fecha de presentación ante la Comisión.

Sin perjuicio de la documentación detallada anteriormente, la Comisión podrá requerir toda otra información complementaria que resulte necesaria a los fines del cumplimiento de su actividad, conforme a las normas y reglamentaciones vigentes”.

ARTICULO 2°.- Incorporar como artículos 7° al 42 del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:

“INCOMPATIBILIDADES.

ARTÍCULO 7°.- No podrán ser elegidos para integrar los órganos de administración y fiscalización, ni como titulares ni suplentes, ni como Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno, ni como representantes locales, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550:

a) Quienes no puedan ejercer el comercio.

b) Los condenados por los delitos previstos en los artículos 176 a 180 del Código Penal de la Nación o cometidos con ánimo de lucro o contra la fe pública o que tengan pena principal, conjunta o alternativa de inhabilitación, hasta DIEZ (10) años después de cumplida la condena.

c) Los condenados por delitos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.

d) Los que figuran en listas de terroristas u organizaciones terroristas emitidas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

e) Los fallidos y los concursados hasta CINCO (5) años después de su rehabilitación.

f) Quienes se encuentren inhabilitados por la aplicación de la sanción dispuesta en el artículo 132, inciso c) de la Ley N° 26.831.

Cuando la incompatibilidad sea posterior a la inscripción, la persona humana implicada deberá informarlo de manera inmediata a la Comisión y deberá abstenerse de desempeñar la actividad.

PSAV. CATEGORÍAS.

ARTÍCULO 8°.- Las personas humanas y jurídicas que soliciten su inscripción en el Registro de PSAV deben identificar la o las categorías que se indican a continuación, de acuerdo a las actividades que realicen en tal carácter:

CATEGORÍA 1°. Intercambio entre Activos Virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias).

CATEGORÍA 2°. Intercambio entre una o más formas de Activos Virtuales.

CATEGORÍA 3°. Transferencia de Activos Virtuales.

CATEGORÍA 4°. Custodia y/o administración de Activos Virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos (siempre y cuando no sean no custodiados).

CATEGORÍA 5°. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta y/o venta de un Activo Virtual por parte de un emisor. Se considerará en esta categoría a quienes presten servicios a través de plataformas y/o aplicaciones móviles a emisores para la realización de la oferta inicial de Activos Virtuales y/o como medio público de captación de fondos destinados al financiamiento de sus proyectos. El mero acto de emitir un Activo Virtual por parte de un emisor no quedará alcanzado en la presente.

Las personas humanas sólo podrán realizar las actividades previstas en las CATEGORÍAS 1° y 2°.

PATRIMONIO NETO MÍNIMO.

ARTÍCULO 9°.- Los PSAV que soliciten su inscripción en el Registro y durante su permanencia en el mismo, deberán contar con los siguientes Patrimonios Netos Mínimos, según la categoría que corresponda:

a) Para las CATEGORÍA 1°, 2° y 4°: Un Patrimonio Neto Mínimo equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MIL (U$S 150.000).

b) Para la CATEGORÍA 3°: Un Patrimonio Neto Mínimo equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO MIL (U$S 75.000).

c) Para la CATEGORÍA 5°: Un Patrimonio Neto Mínimo equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MIL (U$S 35.000).

En la medida en que la compañía tenga menos de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (U$S 2.500.000) en volumen transaccionado durante los últimos DOCE (12) meses para el caso de las CATEGORÍAS 1°, 2° y 3°, o menos de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (U$S 2.500.000) en volumen custodiado durante los últimos DOCE (12) meses, para el caso de la CATEGORÍA 4°, la exigencia de Patrimonio Neto Mínimo será el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la dispuesta en los párrafos precedentes.

El PSAV inscripto o la persona jurídica que solicite su inscripción en el Registro bajo dos o más categorías existentes, deberá cumplir con la exigencia de Patrimonio Neto Mínimo correspondiente a la categoría más exigente.

RECOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO MÍNIMO DURANTE SU PERMANENCIA EN EL REGISTRO.

ARTÍCULO 10.- En caso de surgir de los estados contables anuales un importe de patrimonio neto inferior al valor establecido para el Patrimonio Neto Mínimo, el PSAV deberá informar como “Hecho Relevante” dicha circunstancia a la Comisión, acompañando en el plazo de DIEZ (10) días hábiles el detalle de las medidas que adoptará para su recomposición.

MANUALES DE PROCEDIMIENTO.

ARTÍCULO 11.- Los PSAV deberán contar con Manuales de Procedimiento para –según corresponda de acuerdo a su categoría- el tratamiento de las órdenes de compra, venta, intercambio y los procedimientos técnicos y operativos utilizados para la custodia, administración y/o transferencia de Activos Virtuales, los cuales deberán estar a disposición de esta Comisión.

Respecto al registro y preservación de los datos de las ofertas que ingresan al sistema y de las operaciones que se registran, debe constar como mínimo: fecha, hora, minutos y segundos en que fueron ingresadas y registradas, la cantidad ofertada (compra y/o venta), tipo de Activo Virtual, número identificador de la transacción interna o código HASH en la blockchain (TXID), e identificación del cliente.

SISTEMAS INFORMÁTICOS.

ARTÍCULO 12.- Los PSAV deberán tener a disposición de esta Comisión, detalle de los sistemas informáticos utilizados para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a la categoría correspondiente, los que deberán garantizar los principios de protección de los clientes, equidad, eficiencia, transparencia, no fragmentación y reducción del riesgo sistémico. Asimismo, los PSAV deberán presentar a través de la AIF un informe de idóneo informático respecto de la inalterabilidad de la información registrada, la seguridad del sistema, los procedimientos de copia de respaldo o back-up y contingencia, y demás funcionalidades de los sistemas informáticos utilizados. Dicha información no será de carácter público.

CIBERSEGURIDAD.

ARTÍCULO 13.- Los PSAV deberán, en todo momento, establecer procedimientos relacionados con los siguientes aspectos de ciberseguridad, debiendo a dichos efectos adoptar un enfoque basado en riesgos:

a) Gobernanza: Deberán establecer procedimientos internos para gestionar los ciberriesgos. Dichos procedimientos deben incluir evaluaciones periódicas internas de ciberseguridad, así como la realización de auditorías, enfocándose específicamente en la ciberresiliencia de la infraestructura.

b) Identificación: Deberán establecer especial énfasis en crear mecanismos idóneos para salvaguardar la información e identificar las debilidades potenciales a sus sistemas informáticos.

El PSAV deberá detectar aquellos procesos y operaciones críticas de su infraestructura que deberán protegerse de manera prioritaria frente a las ciberamenazas con el objetivo de priorizar la utilización de los recursos. Los procesos y operaciones que deberán incluirse, como mínimo y de acuerdo a la categoría correspondiente, serán los siguientes:

i) sistemas de gestión y ejecución de órdenes de compra y venta o transferencia de cualquier naturaleza de Activos Virtuales;

ii) sistemas de gestión de riesgos de la infraestructura;

iii) sistemas de custodia y supervisión de Activos Virtuales o dinero fiduciario;

iv) sistemas de difusión de información; y

v) sistemas de resguardo de Información no pública de los usuarios.

c) Protección. La infraestructura de los PSAV deberá implementar mecanismos y medidas de control. Las medidas pueden ser organizativas como la creación de centros de seguridad de las operaciones o técnicas como antivirus y sistemas de prevención de intrusos. Dichos mecanismos deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:

i) protección de la información de los usuarios: Se deberá poner especial énfasis en la salvaguarda de información de todas las personas, humanas y jurídicas, que han transferido, intercambiado, vendido o comprado Activos Virtuales a través del PSAV;

ii) interconexiones: Se deberán establecer medidas protectoras para mitigar los riesgos de las interconexiones con otros sistemas informáticos, plataformas o billeteras;

iii) amenazas internas: Los PSAV deberán realizar sus mejores esfuerzos por detectar comportamientos anómalos de sus empleados y establecer controles de acceso para todo el personal autorizado;

iv) formación: Se deberá capacitar a los empleados cuyas funciones tengan relevancia en temas de ciberseguridad, pero particularmente, al personal que tenga acceso a los sistemas y procesos de carácter restringido.

d) Detección. Los sistemas informáticos de los PSAV deberán tener la capacidad para reconocer potenciales incidentes o en su defecto, detectar que se ha cometido una ruptura de seguridad en los sistemas. Dichos sistemas informáticos deberán realizar, por lo menos, lo siguiente:

i) supervisión continua en tiempo real o con la menor latencia posible con objeto de detectar actividades anómalas;

ii) supervisión de un amplio rango de factores externos e internos que puedan representar un riesgo, tales como intentos de acceso no autorizados o sospechosos; y

iii) controles de seguridad y acceso en varios niveles para todos los empleados.

e) Respuesta y recuperación. Los sistemas informáticos deberán contar con infraestructura que permita continuar con las funciones esenciales, restaurar los sistemas críticos tras un ciberataque y reducir el riesgo sistémico que generaría una interrupción en su actividad. La infraestructura deberá contar con la capacidad que se le exija en la política de respuesta y recuperación.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 14.- Los PSAV deben contar con “Políticas de Seguridad de la Información” aprobadas por su órgano de administración o de sus representantes locales, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas conforme al artículo 118 de la Ley N° 19.550, en los términos que se indican a continuación:

a) contener descripción de los sistemas y procedimientos técnicos y operativos utilizados para la custodia de llaves privadas y los diferentes tipos de billeteras utilizados por el PSAV. En particular, se debe detallar la siguiente información:

i) Definición de una categorización de billeteras en función de sus características operativas para el funcionamiento del PSAV (bóveda, transaccional, para interacción con protocolos DeFi, provisión de liquidez, etc.);

ii) descripción de los tipos de billetera utilizados para cada categoría; y

iii) detalle de los protocolos de seguridad para la ejecución de transacciones para cada tipo de billetera.

b) Indicar las políticas y procedimientos para brindar o revocar el acceso a las llaves privadas para aquellos roles dentro del PSAV que serán parte de su custodia.

c) Indicar los lineamientos técnicos y operativos que hacen a la seguridad y resiliencia de los sistemas vinculados con la operatoria y custodia de Activos Virtuales.

DETALLE DEL SISTEMA DE CUSTODIA.

ARTÍCULO 15.- Los PSAV que realicen actividades de la CATEGORÍA 4°, deben efectuar una descripción y diagrama general de la arquitectura donde se identifique la estructura de billeteras propias y de los clientes junto con un esquema general y subesquemas de billeteras de custodia con las características de cada billetera o conjunto de billeteras y su función dentro de la operatoria del negocio. En este sentido, se debe presentar en la AIF un detalle con la siguiente información, como mínimo:

a) Custodia propia o de una tercera parte (cuenta institucional u operativa del PSAV en otro PSAV), identificando en su caso a dicho tercero.

b) Redes blockchain o tecnologías de registro distribuido (DLT) utilizadas para realizar la custodia, identificando la dirección de la billetera o billeteras operativas del PSAV.

c) Características técnicas de la billetera:

i) tipo de billetera (cold, warm, hot) y soporte (software, hardware);

ii) esquema de custodia de la llave privada (multi-sig, MPC, otros) preservando la estricta confidencialidad de la misma; y

La información requerida deberá mantenerse actualizada a través de la AIF bajo responsabilidad del PSAV, la cual no será de carácter público.

Adicionalmente, los PSAV deberán hacer pública la prueba de reserva a través de su sitio web y/o aplicación.

SEGREGACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES DE TERCEROS.

ARTÍCULO 16.- Los PSAV que realicen actividades de la CATEGORIA 4° deberán garantizar una clara separación entre los Activos Virtuales propios del PSAV, por un lado, y los Activos Virtuales de sus clientes, por el otro. A estos fines, los PSAV deberán garantizar que dicha separación de activos quede asentada de forma clara, individualizada y actualizada en sus sistemas de registros interno, en las cuentas operativas que tenga abiertas en otros PSAV y/o en las cuentas o billeteras en terceros de los diferentes registros distribuidos donde tengan en custodia activos de sus clientes, según corresponda al esquema de custodia que cada PSAV utilice. Esto no impedirá que los PSAV mantengan un margen adicional de Activos Virtuales propios en las cuentas o billeteras en las que custodien los Activos Virtuales de sus clientes, con el fin de cubrir necesidades inmediatas de liquidez derivadas de las transacciones de sus clientes, siempre que dicho margen adicional se distinga claramente en sus sistemas de registro internos.

En ningún caso los Activos Virtuales de sus clientes se contabilizarán como activos del PSAV ni computarán en el patrimonio neto del PSAV, sino que se contabilizarán como cuentas de orden. La modalidad operativa y régimen jurídico del depósito deberá establecerse con claridad en los contratos entre el PSAV y el cliente.

En particular, los PSAV que realicen convenios comerciales con terceros que impliquen delegar en estos últimos la custodia y/o administración de los Activos Virtuales de sus clientes, deberán hacerlo a través de una billetera abierta a tal fin en el tercero, la cual será de uso exclusivo para la operatoria con Activos Virtuales de sus clientes y deberá encontrarse separada de otras billeteras que los PSAV pudieran tener abiertas para la administración de su cartera propia en el tercero con el cual tienen convenio.

REQUISITOS PRUDENCIALES PARA LA CUSTODIA DE ACTIVOS VIRTUALES.

ARTÍCULO 17.- Los PSAV que realicen actividades de la CATEGORIA 4°, deben garantizar que los Activos Virtuales en custodia por cuenta de sus clientes se encuentren bajo esquemas de custodia de llaves privadas que utilicen mecanismos de seguridad tecnológicos para mitigar los riesgos de robo o extravío de llaves privadas, teniendo que incorporar diferentes niveles de verificación y participación humana para emitir transacciones en función de umbrales transaccionales previamente definidos y alguno o varios de los mecanismos de seguridad complementarios que se mencionan a continuación:

a) El almacenamiento en frío en dispositivos que no estén conectados a internet.

b) La distribución de las llaves o partes de las llaves privadas en diferentes ambientes y/o dispositivos aislados y separados geográficamente.

c) La implementación de políticas de autorización de transacciones a través de multifirmas para las transacciones con un esquema de roles, identificando a los responsables.

d) La utilización de listas blancas donde se incorporen direcciones únicas y específicas para las transacciones salientes.

e) Y/o cualquier otro esquema o mecanismo de seguridad que garantice una seguridad equivalente de los Activos Virtuales de los clientes mitigando el acceso no autorizado a los mismos, ya sea por parte de empleados del PSAV o por agentes externos.

SEGREGACIÓN DE FONDOS EN MONEDA FIDUCIARIA.

ARTÍCULO 18.- En relación al depósito de moneda fiduciaria, los PSAV deben mantener una clara separación de los fondos afectados al giro de su actividad comercial, entre aquellos fondos provenientes o aplicados a operaciones de sus clientes, por un lado, y los fondos provenientes o aplicados a operaciones por cuenta propia por el otro.

A estos fines, los PSAV deberán garantizar que dicha separación de fondos quede asentada de forma clara, individualizada y actualizada en sus sistemas de registros interno.

Para ello, los PSAV podrán depositar los fondos de los clientes en una cuenta bancaria abierta a nombre del PSAV en una entidad financiera en el país autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y/o en el exterior que cumplan con estándares internacionales de seguridad financiera equivalentes a Basilea III, o se podrán valer de terceras compañías que operen como Proveedores de Servicios de Pago registrados ante el Banco Central de la República Argentina, en la medida en que la normativa de dicha entidad de control no lo prohíba, en ambos casos, en beneficio de sus clientes.

PROHIBICIÓN DE USO DE ACTIVOS VIRTUALES Y MONEDA FIDUCIARIA DE CLIENTES POR CUENTA PROPIA.

ARTÍCULO 19.- Los PSAV que custodien y/o administren Activos Virtuales y/o fondos por cuenta de sus clientes no podrán disponer ni hacer uso de éstos por cuenta propia. Los PSAV deberán gestionar dichos Activos Virtuales y/o fondos de acuerdo a lo instruido expresamente por sus respectivos clientes y transferirlos a las direcciones que les sean indicadas por estos, en cada caso.

AUDITORÍA ANUAL DE SISTEMAS.

ARTÍCULO 20.- Los sistemas informáticos utilizados por los PSAV para el ejercicio de sus actividades deberán contar con una auditoría anual de sistemas -de acuerdo a la categoría correspondiente-, la que comprenderá -como mínimo- el contralor de funcionamiento, actividades, seguridad y continuidad del servicio, la inalterabilidad de la información registrada, los procedimientos de copia de respaldo o back-up, la prueba de reservas y demás requisitos en la materia exigidos en el presente Capítulo.

El informe de auditoría anual de sistemas deberá ser suscripto por idóneo informático, que podrá ser nacional o extranjero. El órgano de administración del PSAV deberá transcribir en el libro de actas del órgano de administración o libro especial que habilite a dicho efecto las conclusiones del informe incluyendo las recomendaciones que reciban de sus auditores de sistemas aun cuando no se hayan detectado deficiencias, y el análisis propio efectuado por el PSAV, indicando en su caso las medidas adoptadas para mejorar el sistema o para corregir las deficiencias observadas por los auditores. Para el caso de sociedades extranjeras inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550, sus representantes locales, deberán efectuar la transcripción referida precedentemente en el libro especial que habiliten al efecto.

DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y CONTROL INTERNO. FUNCIONES.

ARTÍCULO 21.- El órgano de administración o los representantes locales (para el caso de sociedades extranjeras inscriptas conforme al artículo 118 de la Ley N° 19.550) del PSAV deberán evaluar los antecedentes personales y profesionales a los fines de la designación de la persona que se desempeñe como Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno, con el objeto de controlar y evaluar el cumplimiento, por parte del PSAV y de los empleados afectados a la actividad, de las obligaciones que les incumben en el presente Capítulo y las Normas.

El responsable designado, quien podrá ser miembro del órgano de administración o representante local, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas conforme al artículo 118 de la Ley N° 19.550, tendrá las siguientes funciones:

a) Controlar y evaluar la adecuación y eficacia de las medidas y los procedimientos establecidos de conformidad con las obligaciones resultantes del presente Capítulo y de estas Normas.

b) Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el PSAV utiliza en sus actividades, así como proponer las medidas a adoptar a los fines de corregir toda posible deficiencia detectada. El Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno determinará la naturaleza y alcance de los procedimientos a aplicar considerando la actividad específica de control, el gobierno corporativo de la entidad, la documentación de la actividad de control y la complejidad de las operaciones del PSAV.

c) Controlar el cumplimiento del Código de Conducta.

d) Corroborar que los reclamos y/o denuncias de los clientes sean atendidos por el Responsable de Relaciones con el Público de acuerdo a los procedimientos referidos en el presente Capítulo.

e) Remitir a la Comisión por medio de la AIF, dentro de los SETENTA (70) días corridos de finalizado el año calendario, un informe con los resultados de los exámenes llevados a cabo durante el mismo como consecuencia de las funciones a su cargo.

El Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno reportará directamente al órgano de administración o a los representantes locales, para el caso de sociedades extranjeras inscriptas conforme al artículo 118 de la Ley N° 19.550, cuando no revista además carácter de miembro integrante del mismo.

El órgano de administración o los representantes locales (para el caso de sociedades extranjeras inscriptas conforme al artículo 118 de la Ley N° 19.550) del PSAV deberán garantizar al Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno los recursos y el acceso a toda información necesaria para el cumplimiento adecuado de su función.

CONFIDENCIALIDAD

ARTÍCULO 22.- En todos los documentos e informes referidos en el presente Capítulo, los PSAV deben asegurarse que, en ningún caso, se revele información que exponga la seguridad de los Activos Virtuales, ni que permita asociar roles de gestión y administración de información y/o Activos Virtuales críticos con personas humanas y/o jurídicas. Se debe evitar la identificación de manera directa de las partes físicas y/o virtuales que hacen a la infraestructura y procesos informáticos aludidos.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PLAyFT).

ARTÍCULO 23.- Los PSAV deberán dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) establecidas en el Título XI de estas Normas.

NORMAS DE CONDUCTA. OBLIGACIONES, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA.

ARTÍCULO 24.- En su actuación general los PSAV deberán:

a) Llevar a cabo sus actividades de manera honesta, imparcial, con profesionalidad, diligencia y lealtad para el mejor interés de los clientes, sin anteponer sus propios intereses a los de sus clientes, y velando por el beneficio de estos últimos y el buen funcionamiento de los Activos Virtuales que gestionan, comercializan o promocionan.

b) Brindar información adecuada en un lenguaje que facilite la comprensión por parte de los usuarios.

c) Comunicarse con los clientes de forma clara, justa, equilibrada y no engañosa, de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado.

d) Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño como así también identificar y mitigar posibles conflictos de interés.

e) Abstenerse de anteponer la compraventa de Activos Virtuales para su cartera propia, cuando tengan pendientes de concertación operaciones de clientes, de la misma naturaleza de determinado Activo Virtual.

f) Proveer información oportuna, veraz y fácilmente disponible en las plataformas digitales sobre los servicios que ofrecen.

g) Abstenerse de percibir comisiones abusivas, respetando siempre los precios, costos y comisiones informadas al público general.

h) Evitar la polifuncionalidad del personal de la entidad en áreas que puedan ocasionar conflicto de interés.

i) Advertir a los clientes sobre los riesgos inherentes a las operaciones que pretenden realizar.

j) Establecer un servicio de atención al cliente mediante correo electrónico, al que se podrá acceder adicionalmente por vía telefónica o cualquier otro medio de fácil acceso.

k) Gestionar y controlar su actividad de manera eficaz, y llevarla a cabo con la debida habilidad, cuidado y diligencia, teniendo en cuenta los riesgos para su actividad y sus clientes.

l) Disponer y aplicar mecanismos eficaces para la protección de los Activos Virtuales y las monedas fiduciarias, cuando éstos se encuentren bajo su custodia.

m) Disponer y aplicar mecanismos eficaces de gobierno corporativo, cuando corresponda.

n) Implementar sistemas informáticos seguros, manteniendo un alto nivel de calidad y ciberseguridad, de acuerdo a criterios y parámetros internacionales.

o) Disponer de sistemas para prevenir, detectar y revelar los riesgos de los delitos financieros, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

p) Verificar la identidad, el origen de los fondos y el perfil de transacciones de sus clientes con el fin de detectar posibles riesgos u operaciones sospechosas, conforme al proceso conocido como “conozca a su cliente”.

q) Abstenerse de ofrecer servicios, herramientas o mecanismos diseñados para dificultar la identificación del origen y el destino de las transacciones con Activos Virtuales, en perjuicio de la trazabilidad financiera y de las políticas de prevención de lavado de dinero.

CÓDIGO DE CONDUCTA.

ARTÍCULO 25.- Los PSAV deberán elaborar un Código de Conducta que estará a disposición de todos sus clientes en su sitio web y/o aplicación móvil, el cual deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

a) Principios generales y específicos que regirán la conducta de todos los empleados del PSAV.

b) Normas de protección al cliente, incluyendo explicación detallada de los derechos que incumben a los mismos.

c) Política sobre conflictos de interés en operaciones, inversionistas o socios, empleados, directivos y apoderados.

d) Políticas de trato justo al cliente que aseguren un trato equitativo y transparente hacia estos.

e) Políticas relacionadas con la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en cumplimiento de las regulaciones y disposiciones aplicables.

MANIPULACIÓN. PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES.

ARTÍCULO 26.- Los PSAV deben implementar medidas apropiadas para asegurar que en las plataformas de negociación de los Activos Virtuales se mantenga la integridad, se prevengan abusos en la negociación y se eviten acciones que impliquen manipulación, como ser:

a) Dañar o retrasar el funcionamiento de las plataformas de negociación de Activos Virtuales o realizar cualquier otra actividad que pudiera tener dicho efecto.

b) Emitir órdenes que desestabilizan el funcionamiento normal de una plataforma de negociación de Activos Virtuales.

c) Crear una señal falsa o engañosa sobre la oferta, la demanda o el precio de un Activo Virtual.

d) Provocar evoluciones artificiales de precios de los Activos Virtuales admitidos a negociación en la plataforma o billetera digital que administre, sea en beneficio propio o de terceros.

e) Deberán coadyuvar a la transparencia en la formación de los precios de mercado de Activos Virtuales, evitando la divulgación al público de informaciones falsas o inexactas o tendenciosas, así como el uso de información privilegiada.

DEBIDA DILIGENCIA OPERATIVA.

ARTÍCULO 27.- Cada PSAV, en caso que opere plataformas o billeteras o aplicaciones análogas, deberá contar con sistemas informáticos que realicen, como mínimo y de acuerdo a la categoría correspondiente, lo siguiente:

a) Liquidación rápida, correcta y precisa de todas las transacciones realizadas en dichas plataformas o billeteras.

b) Provean un Libro Electrónico que confirme y lleve un registro exacto, auditable y verificable, de cada transacción y que incluye todos los detalles de cada transacción, tales como la fecha, el tipo de transacción, los usuarios que participaron y el monto total de la operación.

c) Un sistema de monitoreo permanente y eficaz de todas las operaciones que permita la detección de errores y fallas relevantes. Dicho sistema deberá tener la capacidad de recuperar la información dañada o borrada en las operaciones en las que se experimentaron errores, fallas y/o se generen controversias significativas.

d) Suspender y cerrar las cuentas de clientes que han incumplido los términos y condiciones para el uso de la plataforma o billetera digital. Se deberá notificar al cliente los motivos de la suspensión o cierre de su cuenta.

MECANISMOS DE GESTIÓN DE RIESGO.

ARTÍCULO 28.- Los PSAV deberán adoptar y actualizar sus políticas y mecanismos para la gestión de riesgos, lo cual requerirá, entre otras acciones, identificarlos, evaluarlos y mitigarlos acorde a las mejores prácticas internacionales y a los parámetros y requerimientos definidos por las autoridades competentes. En dichas políticas se deberán incluir las medidas que se adoptarán para prevenir posibles incumplimientos a requerimientos regulatorios y las que se adoptarán en el caso de que se haya incurrido en ellos, debiendo definir en ambas situaciones los parámetros que orientarán la actuación y los responsables de implementarlas.

RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL PÚBLICO.

ARTÍCULO 29.- Los PSAV deberán designar una persona Responsable de Relaciones con el Público, cuya función será garantizar que todas las preguntas, inquietudes o reclamos de los clientes sean atendidos.

Los PSAV deberán establecer y mantener un canal de comunicación/contacto directo para los clientes con el Responsable de Relaciones con el Público, el cual será informado de manera clara y accesible a todos estos en el sitio web institucional y/o en la aplicación móvil.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE RECLAMOS.

ARTÍCULO 30.- Los PSAV establecerán y mantendrán procedimientos eficaces y transparentes que posibiliten una tramitación expedita, imparcial y coherente de los reclamos presentados por los clientes. Asimismo, deberán informar en la AIF y en sus sitios web y/o aplicación móvil una dirección de correo electrónico de reclamos para clientes.

COMISIONES Y HONORARIOS.

ARTÍCULO 31.- Los PSAV deberán mantener una estructura de comisiones transparente en relación con los servicios que brindan al público minorista en general. Asimismo, deberán hacer pública de manera destacada en su sitio web y/o aplicación móvil su política de precios, costos y comisiones, asegurando que sea de fácil lectura y accesible.

PUBLICIDAD.

ARTÍCULO 32.- La publicidad y difusión que, por cualquier medio, realicen los PSAV, no podrán contener declaraciones, alusiones o descripciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público, sobre el servicio ofrecido ni sobre los Activos Virtuales involucrados. El PSAV debe asegurarse que toda la información sea presentada de manera clara, justa y precisa, sin inducir a error y ser comunicada de manera fácilmente comprensible.

En caso de incumplimiento con lo dispuesto en el presente artículo o en las normativas que al efecto dicte la Comisión, ésta podrá ordenar al sujeto infractor que modifique o suspenda la publicidad.

Las personas que promocionen las actividades del PSAV deberán abstenerse de promocionar, publicitar y/o difundir actividades vinculadas al mercado de capitales y viceversa.

ARTÍCULO 33.- Ninguna persona humana o jurídica que no se encuentre inscripta en el Registro de esta Comisión como PSAV podrá utilizar un nombre o una razón social, emitir comunicaciones publicitarias o valerse de cualquier otro medio de difusión que sugiera que es un PSAV o que pueda crear confusión al respecto. Lo anterior no impide, que los PSAV registrados puedan conceder autorización de uso de su nombre a socios comerciales y para fines publicitarios.

CONVENIOS DE REFERENCIAMIENTO.

ARTÍCULO 34.- El PSAV podrá referenciar clientes a los agentes registrados en el marco de la Ley N° 26.831, y ser referenciado por éstos siempre que ello no esté sea prohibido por la normativa de esta Comisión o de otra autoridad que regule al agente del que se trate.

Asimismo, el PSAV podrá ser referenciado por terceras partes constituidas en el país o en el exterior, incluyendo su casa matriz o grupo económico, siempre que ello no esté prohibido por normativa de la autoridad que regule su actividad, debiendo asegurarse que toda publicidad contenga la identificación del PSAV registrado e información clara y precisa de los servicios prestados.

En todos los casos, el referenciamiento deberá ser formalizado en el marco de un convenio a celebrarse entre las partes intervinientes e informado dentro de los CINCO (5) días a esta Comisión a través de la AIF, indicando fecha de suscripción, plazo de vigencia si existiere e identificación del agente respectivo registrado en el marco de la Ley N° 26.831 y/o terceros.

CONVENIOS DEL PSAV CON TERCEROS.

ARTÍCULO 35.- El PSAV podrá celebrar convenios con terceras partes constituidas en el país y que en su caso estén habilitadas por la autoridad que regule su actividad y/o en el exterior, relacionadas o no, para la integración de operaciones entre sí o delegar funciones inherentes a su actividad como PSAV siempre que incluya, en los convenios celebrados con dichas contrapartes, la obligación de proporcionar toda la información necesaria para cumplir con el régimen informativo establecido en las Normas, así como cualquier otra información que sea requerida por esta Comisión o por cualquier otra dependencia competente (judicial, impositiva, de lavado de dinero u otra relevante) para dar cumplimiento a los requisitos previstos en el presente Capítulo, en su calidad de PSAV registrado ante la CNV. En el caso de convenios celebrados con entidades del exterior que desarrollen actividades propias de un PSAV, éstos deberán estar regulados por organismos de control de países que no figuren en el listado de jurisdicciones no cooperantes en materia de transparencia fiscal, conforme al artículo 24 del Anexo del Decreto N° 862/2019 y sus modificaciones. Además, deberán contar con autorización, regulación y supervisión en cuanto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la jurisdicción de origen.

En ningún caso, los convenios podrán pactar una dispensa en la responsabilidad del PSAV sobre el servicio prestado. En el supuesto de delegar la ejecución de funciones a terceros, el PSAV seguirá siendo plenamente responsable tanto por la gestión de quienes asuman esas funciones como por el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente Capítulo. Dentro de los CINCO (5) días de suscripto cada convenio, el PSAV deberá comunicar a través de la AIF, la fecha de suscripción, el plazo de vigencia, en caso de existir, una descripción del servicio prestado y la identificación del tercero, incluyendo su denominación social y país de constitución, Asimismo, la rescisión de los convenios deberá ser informada de forma inmediata como “Hecho Relevante” a través de la AIF.

Los convenios deberán ser presentados a la Comisión, siempre que ésta lo requiera. Dicha información no será de carácter público.

DIVULGACIÓN DE RIESGOS DE LOS ACTIVOS VIRTUALES.

ARTÍCULO 36.- El PSAV deberá publicar claramente en su sitio web y/o aplicación móvil, la naturaleza y riesgos a los que los clientes están expuestos al realizar operaciones con Activos Virtuales. Los riesgos divulgados deben incluir, entre otras advertencias, que:

a) los Activos Virtuales son altamente volátiles y pueden ser de alto riesgo por lo que los inversores deben tener extrema precaución con respecto a los productos;

b) los Activos Virtuales no están contemplados en la Ley N° 26.831, excepto que los mismos encuadren en la definición de valores negociables, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 26.831, ni en las facultades conferidas a la Comisión Nacional de Valores por la Ley N° 27.739, por lo que los documentos de oferta o la información del producto proporcionada por el emisor no han sido objeto de examen ni aprobación por parte de la Comisión y, en su caso, ningún organismo regulador;

c) un Activo Virtual no es una moneda de curso legal en la República Argentina, por ende, no está emitido ni respaldado por el gobierno ni las autoridades nacionales;

d) las transacciones con Activos Virtuales pueden ser irreversibles y, en consecuencia, las pérdidas debido a transacciones fraudulentas o accidentales pueden ser no recuperables;

e) el valor de un Activo Virtual puede derivarse de la disposición continua de los participantes del mercado para intercambiar moneda fiduciaria por un Activo Virtual, lo que significa que el valor de un Activo Virtual en particular puede perderse por completo y de manera permanente si el mercado de dicho Activo desaparece. No existe garantía de que una persona que acepta un Activo Virtual como pago en el momento lo siga haciendo en el futuro. Determinados Activos Virtuales pueden ser aceptados solamente en algunos PSAV y no en otros;

f) la extrema volatilidad e imprevisibilidad del precio de un Activo Virtual en relación con las monedas fiduciarias puede resultar en una pérdida total de la inversión en un corto período de tiempo;

g) los cambios legislativos y regulatorios pueden afectar negativamente el uso, transferencia, intercambio y/o valor de los Activos Virtuales;

h) las transacciones de Activos Virtuales se consideran ejecutadas solo cuando son registradas y confirmadas por la plataforma de negociación, lo cual no necesariamente coincide con el momento en que el cliente inicia la transacción;

i) la naturaleza de los Activos Virtuales los expone a riesgos de fraude o ciberataque;

j) la naturaleza de los Activos Virtuales significa que cualquier dificultad tecnológica experimentada por el PSAV puede implicar que los clientes no puedan acceder a sus Activos Virtuales;

k) la pérdida o robo de las claves privadas puede resultar en la pérdida total del acceso a los Activos Virtuales sin posibilidad de recuperación; y

l) las redes de las que dependen los Activos Virtuales pueden enfrentar interrupciones o congestiones debido a problemas técnicos, ataques cibernéticos u otros factores.

OFERTA DE ACTIVOS VIRTUALES.

ARTÍCULO 37.- Los PSAV sólo podrán ofrecer a los clientes, Activos Virtuales que contengan la información de carácter general en el “libro blanco” (white paper) y/o piezas informativas con información relevante sobre el emisor y el proyecto, entre otras cuestiones, la cual deberá ser publicada o vinculada en el sitio web y/o aplicación móvil del PSAV, debiendo ser de fácil acceso y estar disponible en todo momento en idioma nacional o en inglés.

Los PSAV tienen prohibido todo ofrecimiento o intermediación que constituya una oferta pública con Activos Virtuales que sean valores negociables comprendidos en los términos del artículo 2° de la Ley N° 26.831 excepto que los mismos cuenten con autorización de oferta pública por parte de esta Comisión.

Solo podrán estar disponibles a los usuarios dentro de la plataforma y/o aplicación móvil del PSAV, los Activos Virtuales cuyo lanzamiento tenga una antigüedad menor a noventa (90) días, siempre que cuenten con una indicación especial a modo de advertencia de que dichos activos tienen menos de noventa (90) de lanzados por lo que podrían conllevar una volatilidad, un riesgo de pérdida del total de los montos alocados a esos activos, y en general un nivel de riesgo, en todos los casos, potencialmente aún superior a otros Activos Virtuales que cuentan con mayor historial. Dichos Activos Virtuales deberán ser presentados, al menos durante dicho período, en una sección específica dentro de la plataforma y/o aplicación móvil del PSAV, señalando de manera clara y precisa que los mismos conllevan una probabilidad de alta volatilidad, riesgo de pérdida del total de los montos alocados a esos activos y un nivel de riesgo potencialmente aún superior a otros Activos Virtuales que cuentan con mayor historial.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

ARTÍCULO 38.- En la prestación de sus servicios de Activos Virtuales, el PSAV deberá conservar los registros contables, registros de identidad de los clientes, comunicaciones con clientes y archivos, en ambos casos relevantes, así como cualquier comprobante que permita reconstruir el servicio que preste o las operaciones que realice por cuenta de clientes, por el plazo mínimo de DIEZ (10) años.

El PSAV deberá implementar las medidas y acciones necesarias tendientes a proteger la documentación para evitar su destrucción, extravío, uso indebido, y la divulgación de información confidencial.

En caso de decidir tercerizar la guarda de la misma, será bajo su responsabilidad.

RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO.

ARTÍCULO 39.- Los PSAV, de acuerdo a su categoría, deberán presentar a esta Comisión, a través de la AIF, la siguiente información conforme los plazos y formato requerido:

a) Mantener actualizadas las direcciones de las billeteras del PSAV utilizadas para administrar la custodia de los Activos Virtuales de sus clientes en el país, identificando las propias y las de terceras partes, en el caso que haya delegado la custodia a otra entidad. Dicha información no será de carácter público.

b) Dentro de los QUINCE (15) días corridos de finalizado cada mes calendario:

i) cantidad de clientes, clasificados en personas humanas y personas jurídicas;

ii) volumen mensual de operaciones, indicando monto total operado expresado en dólares;

iii) detalle de los DIEZ (10) Activos Virtuales más negociados y/o custodiados: cantidad de cada tipo de Activo Virtual; y

iv) en el caso de Activos Virtuales bajo custodia, cantidad total de cada Activo Virtual custodiado.

c) Con periodicidad anual:

1. Informe de auditoría anual de sistemas requerido en el artículo 20 del presente Capítulo, dentro de los SETENTA (70) días corridos de finalizado el año calendario.

2. Informe emitido por el Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno requerido en el artículo 21 del presente Capítulo, dentro de los SETENTA (70) días corridos de finalizado el año calendario.

3. PSAV Personas Jurídicas: Estados Contables Anuales con Informe de Auditor Externo, dentro de los CINCO (5) días de presentados ante el Registro Público correspondiente o dentro de los CINCO (5) días de vencido el plazo de presentación, lo que ocurra primero.

4. PSAV Personas Humanas: Manifestación de Bienes y Deudas certificada por Contador Público independiente con firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo que acredite el cumplimiento de la exigencia patrimonial, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de finalizado el año calendario. A los efectos del cálculo del Patrimonio se deberá considerar el valor DÓLARES ESTADOUNIDENSES a la fecha de finalización de año calendario, aplicando el tipo de cambio establecido por la Comunicación “A” 3500 y modificatorias del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA).

La restante información que debe ser remitida a través de la AIF y que no cuente con plazos de presentación periódicos estipulados, deberá encontrarse actualizada bajo responsabilidad del PSAV, dentro de los CINCO (5) días de producida la modificación.

CUMPLIMIENTO PERMANENTE DE LOS REQUISITOS. INCUMPLIMIENTOS.

ARTÍCULO 40.- Los PSAV inscriptos en esta Comisión deberán cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por estas Normas durante la vigencia de su inscripción.

Los incumplimientos a los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por la Comisión darán lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Capítulo I del Título IV de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N° 27.739.

Ante la comisión de un posible acto ilícito por parte de algún Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), no inscripto en el Registro de PSAV, este Organismo, podrá solicitar, entre otras cosas, a la Fiscalía especializada o juzgado correspondiente la solicitud del bloqueo inmediato de la URL de su Sitio web y/o nombre de usuario a través de los que opera en las redes sociales u otros medios.

DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.

ARTÍCULO 41.- La Comisión cancelará la inscripción registral de los PSAV mediante acto administrativo correspondiente, en los siguientes casos:

a) Cuando los PSAV registrados así lo soliciten, pudiendo presentar nuevamente su solicitud de registro, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente. A tal fin, la solicitud de cancelación deberá tener debidamente acreditada la competencia de quien solicita la baja y, en la cual se manifieste con carácter de declaración jurada que la sociedad no realizará en la República Argentina ninguna de las actividades establecidas en el artículo 4° bis de la Ley N° 27.739 a partir de la fecha de la solicitud interpuesta. La Comisión podrá requerir toda otra información complementaria que resulte necesaria a los fines de proceder a la cancelación.

b) Cuando por el ejercicio de las facultades de supervisión, regulación, fiscalización y sanción, contenidas en el artículo 19 de la Ley 26.831, la Comisión resuelva la revocación de autorización del PSAV.

c) Cuando sea requerido por la UIF, como consecuencia de incumplimientos de los PSAV al régimen informativo exigido por dicho Organismo, incluyendo el incumplimiento de la individualización de los beneficiarios finales.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR.

ARTÍCULO 42.- Las personas jurídicas constituidas en el exterior que realicen una o más de las actividades u operaciones mencionadas en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246, y que no se encuentren inscriptas en el Registro de PSAV de esta Comisión, podrán participar como patrocinadores en eventos internacionales celebrados en la República Argentina, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones:

1. Advertir a los participantes del evento que la entidad no se encuentra inscripta en el Registro de la CNV.

2. Abstenerse de realizar en el país cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, incluyendo llamados a la inversión en Activos Virtuales.

3. El patrocinante podrá tener un stand dentro del evento siempre que advierta a los participantes que no se encuentra registrado en la República Argentina y que, por ende, no puede ofrecer servicios a los residentes”.

ARTÍCULO 3°.- Incorporar como inciso s) del artículo 10 de la Sección IV del Capítulo I del Título XV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) el siguiente texto:

“SUJETOS ALCANZADOS.

ARTÍCULO 10.- Deberán remitir la información utilizando los medios informáticos que provee la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA –con el alcance de lo indicado en el artículo 1º sobre “Disposiciones generales” del presente Título- las siguientes entidades:

(…)

s) Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”.

ARTÍCULO 4°.- Incorporar como inciso s) del artículo 11 de la Sección IV del Capítulo I del Título XV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) el siguiente texto:

“INFORMACIÓN QUE DEBE REMITIRSE POR MEDIO DE LA AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ARTÍCULO 11.- Los sujetos comprendidos en el artículo anterior deberán completar los formularios correspondientes y remitir por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, con el alcance indicado en el artículo 1º sobre “Disposiciones generales” del presente Título, la siguiente información:

(…)

S) PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES:

1) PSAV_001 - Datos básicos PSAV

2) PSAV_002 - Datos Privados PSAV

3) PSAV_003 - Categorías PSAV

4) MUG_032 - Nómina de autoridades

5) PSAV_004 - Datos privados autoridades PSAV

6) PSAV_005 - PNM PSAV PJ

7) PSAV_006 - Patrimonio PSAV PH

8) PSAV_007 - Responsable Cump. Regulatorio y CI PSAV

9) PSAV_008 - Responsable Relaciones con el Público PSAV

10) MUG_003 - DDJJ AIF

11) MUG_022 - Acta de Órgano de Administración (Directorio)

12) MUG_021 - Acta de Asamblea y/o Reunión de Socios

13) PSAV_009 - Informe de Profesional Informático PSAV

14) PSAV_010 - Sistema de Custodia PSAV

15) PSAV_011 - Auditoría Anual de Sistemas PSAV

16) PSAV_012 - Informe Responsable Cump. Regulatorio y CI PSAV

17) PSAV_013 - Datos Billeteras del PSAV

18) PSAV_014 - Informe Mensual Clientes y Operaciones

19) PSAV_015 - Hecho Relevante PSAV

20) PSAV_016 - Convenios de Referenciamiento PSAV

21) PSAV_017 - Convenios con Terceros sobre actividades PSAV

22) PSAV_018 - Acta Constitutiva y Estatuto vigente PSAV”.

ARTÍCULO 5°.- Incorporar como incisos 33) y 34) del artículo 10 de la Sección III del Capítulo I del Título XVI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:

“TRÁMITES A DISTANCIA (TAD) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE).

ARTÍCULO 10.- Los siguientes trámites que se presenten a la Comisión deberán iniciarse y diligenciarse a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), establecida por el Decreto N° 1063/16, observando las reglas y procedimientos establecidos por la Resolución RESOL-2019-43-APN-SECMA#JGM de la Secretaría de Modernización Administrativa:

(…)

33) Proveedores de Servicios de Activos Virtuales – Solicitud de Inscripción

34) Proveedores de Servicios de Activos Virtuales – Solicitud de Cancelación”.

ARTÍCULO 6°. - Sustituir el artículo 1° del Capítulo XIV del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES.

ARTÍCULO 1°. - Los PSAV que se encuentren inscriptos en el Registro de PSAV a la fecha de la entrada en vigencia de la Resolución General N°1058, deberán:

a) Personas humanas: presentar a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, antes del 1° de julio del 2025 la información y documentación requerida en el artículo 6°, inciso a) del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Vencido el plazo indicado sin dar cumplimiento a la información y documentación requerida, la Comisión procederá a la cancelación de la inscripción en el registro otorgada oportunamente.

b) Personas jurídicas constituidas en el país: presentar a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, antes del 1° de agosto de 2025 la información y documentación requerida en el artículo 6°, inciso b) del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Vencido el plazo indicado sin dar cumplimiento a la información y documentación requerida, la Comisión procederá a la cancelación de la inscripción en el registro otorgada oportunamente.

Adicionalmente, las personas jurídicas constituidas como “sociedades por acciones simplificada” conforme Ley N° 27.349, deberán adoptar cualquiera de los tipos societarios previstos en el artículo 6°, inciso b) del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y acreditar la inscripción de la transformación en el Registro Público correspondiente.

c) Personas jurídicas constituidas en el extranjero: acreditar la inscripción en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550 bajo cualquiera de las formas previstas -sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente- y presentar a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, la información y documentación requerida en el artículo 6°, inciso b) del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), antes del 1° de septiembre de 2025.

Vencido el plazo indicado sin dar cumplimiento a la información y documentación requerida, la Comisión procederá a la cancelación de la inscripción en el registro otorgada oportunamente.

d) En el caso de Personas jurídicas constituidas en el extranjero que resuelvan, en los términos del artículo 123 de la Ley N° 19.550, constituir una sociedad en el país, la nueva sociedad deberá solicitar la inscripción en el Registro de PSAV a través de Trámites a Distancia (TAD) antes del 1° de septiembre de 2025 acompañando la información y documentación requerida en el artículo 6°, inciso b) del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), procediéndose a la cancelación de la sociedad extranjera oportunamente registrada.

Vencido el plazo indicado, la Comisión procederá a la cancelación de la inscripción en el registro otorgada oportunamente a la sociedad extranjera”.

ARTÍCULO 7°.- Incorporar como artículos 2° al 4° del Capítulo XIV del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:

“ARTÍCULO 2°.- La información prevista en los incisos a) y b) del artículo 39 del Capítulo III del Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), deberá ser presentada dentro de los DIEZ (10) días corridos de finalizado el mes de octubre de 2025. La información requerida en el inciso c) del artículo citado deberá ser presentada a partir del año 2026 en los plazos allí indicados.

ARTÍCULO 3°.- Todas las disposiciones establecidas en el Capítulo III del Título XIV de estas Normas –excepto las indicadas en los artículos precedentes- serán exigibles a los PSAV que se encuentren inscriptos en el Registro de PSAV a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución General N°1058, a partir del 31 de diciembre de 2025.

ARTÍCULO 4°.- Suspender la admisión de nuevos trámites de inscripción en el Registro de PSAV desde la publicación de la RG N° 1058 en el Boletín Oficial de la República Argentina hasta su entrada en vigencia”.

ARTÍCULO 8°.- Incorporar como artículo 8° de la Sección IV del Capítulo XV del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:

“ARTÍCULO 8°.–El pago de la tasa de fiscalización y control de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -personas humanas y jurídicas- correspondiente al año 2025, cuya fecha de pago y sujetos obligados se encuentran previstos en el inciso b) del artículo 3º del Capítulo I del Título XVII de estas Normas, deberá efectivizarse con posterioridad a las siguientes fechas, según sea el caso, la que sea posterior: i) el 1° de octubre de 2025; o ii) la fecha en que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -personas humanas o jurídicas- hayan obtenido o adecuado su registro en los términos de la Resolución General N° 1058”.

ARTÍCULO 9°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir de los CUARENTA Y CINCO (45) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al Texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese.

Sonia Fabiana Salvatierra - Patricia Noemi Boedo - Roberto Emilio Silva

e. 14/03/2025 N° 14880/25 v. 14/03/2025

• Leyes:
  • 27442
    infoleg 310241
  • 19549
    infoleg 22363
• Decretos:
  • 480/2018
    infoleg 310663
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 585/2024
    infoleg 401216
  • 644/2024
    infoleg 401752
  • 480/2018
    infoleg 310663
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-07883700- -APN-DGDMDP#MEC, la Ley Nº 27.442, los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 585 de fecha 4 de julio de 2024 y 644 de fecha 18 de julio de 2024 y su modificatorio y la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 11 de febrero de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° de la Ley N° 27.442 establece los acuerdos, actos y conductas prohibidas relacionadas con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Que a través de su Artículo 18 se creó la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de la mencionada ley.

Que conforme surge del citado artículo, la Autoridad Nacional de la Competencia está conformada por (i) el presidente y los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, (ii) el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, quien será el titular de la SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN DE CONDUCTAS y (iii) el Secretario de Concentraciones Económicas, quien será el titular de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Que, conforme el Artículo 20 de la citada norma, los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deberán reunir los criterios de idoneidad técnica en la materia y demás requisitos exigidos en el Artículo 19 de la citada ley, y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, previo Concurso Público de antecedentes y oposición.

Que por el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio, se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 27.442, en cuyo Artículo 20 se estableció que, previo a la fecha fijada para la convocatoria al Concurso Público de antecedentes y oposición para la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y TRABAJO, deberá dictar el reglamento del Concurso Público para la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, con la previa intervención del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, y convocar al Jurado que intervendrá en la selección de los integrantes de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Que a través del Decreto Nº 585 de fecha 4 de julio de 2024 se incorporó a la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.

Que, compete al MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia, entre otras.

Que por el Decreto N° 644 de fecha 18 de julio de 2024 se transfirió la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA, sus dependientes SUBSECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO y SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO, la SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN DEL ESTADO y sus dependientes SUBSECRETARÍA DE DESREGULACIÓN y SUBSECRETARÍA DE CALIDAD REGULATORIA de la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS al ámbito del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO.

Que la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO posee entre sus competencias diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las distintas áreas del Gobierno Nacional, Administración central y descentralizada, y determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

Que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA posee entre sus competencias supervisar la ejecución de las políticas comerciales internas destinadas a la defensa de la competencia y el accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, actuando como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442, hasta tanto se constituya la Autoridad Nacional de la Competencia creada por el Artículo 18 de la Ley N° 27.442, en los términos de los Artículos 4° y 5° del Decreto N° 480/18, y de los Tribunales Arbitrales de Defensa del Consumidor.

Que, por otra parte, corresponde señalar que a través de la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 11 de febrero de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se aprobó el Reglamento de Selección del Concurso de cargos de la Autoridad Nacional de la Competencia, bajo los términos indicados en el Anexo IF-2019-07968917-APN-SSPMI#MPYT.

Que la experiencia recogida en la tramitación del concurso desarrollado bajo el procedimiento cuya sustitución se propicia, hace necesaria su readecuación para fortalecer el logro de sus objetivos, cumpliendo así con los principios de igualdad, concurrencia, transparencia, celeridad y economía procedimental.

Que, en ese sentido, resulta conveniente la aprobación de un nuevo reglamento que rija el procedimiento del Concurso Público para que la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia se realice de forma conjunta entre la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA.

Que, en esta instancia, por la presente medida corresponde sustituir el Anexo I de la Resolución Conjunta Nº 1/19 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y aprobar el reglamento aplicable a los concursos públicos de antecedentes y oposición para la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, ha tomado la intervención de su competencia.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes en virtud de lo dispuesto por el inciso d) del Artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 del Anexo al Decreto N° 480/18 y su modificatorio, y el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA

Y

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Anexo de la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 11 de febrero de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, por el Anexo que, como IF-2025-18769959-APN-SIYC#MEC, forma parte integrante de la presente medida y que establece el “REGLAMENTO DEL CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA AUTORIDADES SUPERIORES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA”.

ARTÍCULO 2º.- El citado Reglamento será de aplicación al concurso público para la cobertura de cargos de autoridades superiores de la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

A los fines de la presente resolución, se entenderá por “Autoridad Superior” al Presidente y a los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, al Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas y al Secretario de Concentraciones Económicas.

ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Maximiliano Matías Narciso Fariña - Esteban Marzorati

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 14/03/2025 N° 15050/25 v. 14/03/2025

• Leyes:
  • 24449
    infoleg 818
  • 26363
    infoleg 140098
• Decretos:
  • 779/1995
    infoleg 20428
    infoleg 30389
  • 1787/2008
    infoleg 146866
  • 8/2016
    infoleg 257515
  • 32/2018
    infoleg 305742
  • 195/2024
    infoleg 396900
  • 293/2024
    infoleg 397870
  • 1787/2008
    infoleg 146866

Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2025

VISTO: El EX-2025-25957183-APN-DGA#ANSV, las leyes n° 24.449 y 26.363, los decretos nº 779 del 29 de noviembre de 1995, 1787 del 5 de noviembre de 2008, 8 del 4 de enero de 2016, 32 del 11 de enero de 2018, 195 del 23 de febrero de 2024 y 293 del 5 de abril de 2024, y las disposiciones ANSV n° 540 del 4 de diciembre de 2018, 282 del 30 de marzo de 2021, 188 del 22 de marzo de 2022 y 48 del 6 de marzo de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que por ley n° 26.363 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial como organismo descentralizado, actualmente en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, conforme los decretos nº 195 y 293/2024, y por decreto n° 1787/08 se aprobó su estructura organizativa.

Que entre sus cometidos, conforme el artículo 4º incisos a) y b) de la ley citada, se encuentran los de fiscalizar la implementación de políticas y medidas estratégicas orientadas al desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional.

Que el artículo 33 inciso “d”, párrafo 8º del decreto n° 779/95 (anexo 1), prevé que los acoplados, remolques y trailers destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría “O1”, remolcados por vehículos automotores de uso particular, deberán presentar ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, la certificación de seguridad vehicular que por normas complementarias se establezca.

Que de acuerdo con el artículo 34 inciso 39 de la misma norma, corresponde a esta Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, dictar las normas complementarias sobre ítems a revisar y los protocolos de revisión aplicables a cada categoría de vehículo y tipo de revisión, aplicables a los supuestos previstos en el inciso d) del artículo 33 anteriormente referenciado.

Que por consecuencia, por disposición ANSV n° 540/18 se creó el certificado de seguridad vehicular, a los fines de acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad activas y pasivas y de emisión de contaminantes por parte de los vehículos de uso particular, entre los cuales se incluye a los vehículos categoría O1.

Que por disposiciones ANSV nº 282/21, 188/22 y 48/25 se aprobaron los modelos de informe técnico requeridos para la emisión de certificados de seguridad vehicular para trailers y casas rodantes “O1”.

Que no obstante, un nuevo análisis del fenómeno ha demostrado que la expedición de los certificados referidos, asociados a un vehículo tractor en particular, genera dilaciones y multiplicación de trámites innecesarios, toda vez que requiere la tramitación de un nuevo documento frente a cada cambio de vehículo que acarree al acoplado, e impide que estos últimos puedan ser remolcados por varios tractores en forma alternativa, en franca desigualdad con las unidades homologadas.

Que por consecuencia deviene oportuno y conveniente modificar dicho requisito, y aprobar un nuevo modelo de informe técnico en el cual el examen de las condiciones de seguridad activas y pasivas de los acoplados, resulte independiente del vehículo que lo acarree.

Que en esa inteligencia, debe dejarse debidamente establecido que los informes técnicos asociados a los trailers y casas rodantes “O1” no perderán validez en caso de cambiar de vehículo tractor,

Que esta modificación permitirá igualar las condiciones de los acoplados que no cuenten con licencia de configuración de modelo, con aquéllos que son homologados directamente en la fábrica donde son producidos.

Que en razón de lo expuesto, corresponde por último modificar el modelo de certificado de seguridad vehicular, para adecuarlo a las reformas indicadas.

Que la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional, la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa, la Dirección de Estudios en Seguridad e Infraestructura Vial y del Automotor, la Dirección Nacional de Observatorio Vial y la Dirección General de Administración han tomado la intervención de sus competencias.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a) y b) de la ley n° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Modificar el artículo 2º de la disposición nº 540/18 y aprobar el nuevo modelo de certificado de seguridad vehicular, que como anexo I (DI-2025-26181982-APN-ANSV#MEC) integra la presente.

ARTÍCULO 2º. Aprobar los nuevos modelos de informe técnico para trailers y casas rodantes que, como anexos II y III respectivamente (DI-2025-26183847-APN-ANSV#MEC y DI-2025-26185395-APN-ANSV#MEC) integran la presente medida.

ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que los informes técnicos mencionados en el párrafo precedente, como requisito previo al otorgamiento de los certificados de seguridad vehicular por parte de este Organismo, deberán ser elaborados y emitidos por:

1) Talleres de revisión técnica obligatoria de jurisdicción local, que se encuentren inscriptos en el registro nacional de talleres de revisión técnica obligatoria ante esta Agencia Nacional de Seguridad Vial;

2) Ingenieros con matrícula vigente con competencias en la materia, los cuales firmarán el informe técnico en concepto de declaración jurada. La vigencia de la matrícula profesional será acreditada con la presentación de un certificado de vigencia de matrícula, expedido por el colegio profesional en el cual se encuentren registrados.

ARTÍCULO 4°. Dejar establecido que los informes técnicos aprobados por la presente, no perderán validez al cambiar el vehículo tractor.

ARTÍCULO 5°. Dejar sin efecto las disposiciones ANSV n° 282/21, 188/22 y 48/25.

ARTÍCULO 6°. Instruir a la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional a instrumentar las medidas que resulten necesarias para la puesta en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar, dar para su publicación a la Dirección Nacional de Registro Oficial y una vez cumplido, archivar.

Pedro Scarpinelli

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 14/03/2025 N° 15031/25 v. 14/03/2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido PACHECO, JOSE ANTONIO, D.N.I. N° 14286968, alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@arca.gob.ar.

Asimismo, quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: fmazzonelli@arca.gob.ar - rarolfo@arca.gob.ar - hpiparo@arca.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y, en caso de corresponder, la declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Silvia Roxana Colacilli, Jefa de División, División Tramitaciones.

e. 14/03/2025 N° 14749/25 v. 18/03/2025