• Leyes:
  • 26522
    infoleg 158649
  • 27078
    infoleg 239771
  • 23316
    infoleg 23775
• Decretos:
  • 267/2015
    infoleg 257461
  • 70/2023
    infoleg 379436
    infoleg 395521
  • 675/2024
    infoleg 402165
  • 89/2024
    infoleg 396261
  • 933/2013
    infoleg 217418
  • 891/2017
    infoleg 285796

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTO el EX-2025-16469618-APN-SDYME#ENACOM, la Ley N° 26.522, los Decretos Nº 267/15 y Nº 70/23, el IF-2025-16986841-APN-AS#ENACOM, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que a través del Decreto Nº 89 de fecha 26 de enero de 2024 se dispuso la intervención de este ENACOM, en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días y a través del Decreto N° 675 de fecha 29 de julio de 2024 se prorrogó el mismo y, se designó Interventor, otorgándole las facultades establecidas para la Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y Nº 26.522 y sus respectivas modificatorias, especialmente las asignadas al Directorio y las establecidas en el decreto aludido.

Que entre las facultades acordadas por el Artículo 4º inciso k) del Decreto Nº 89/24, se encuentra la de “ Determinar y redefinir regulaciones que por su obsolescencia o por su contenido demoran y dificultan el avance tecnológico y hacia la convergencia de sistemas del sector de las TIC y de los servicios audiovisuales”, como así también “Determinar y planificar de acciones tendientes a la actualización de la normativa fundamental de los servicios de TIC y de los servicios audiovisuales con el objetivo de propender a la eficiencia, calidad y universalización de acceso a los servicios.”

Que en virtud de las modificaciones introducidas en la Ley Nº 27.078, a través del Artículo 329 del Decreto Nº 70/23, se incorporó como servicio que pueden registrar los prestadores de TIC, al servicio de radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo.

Que actualmente dicho servicio se rige por los requisitos establecidos en citada ley y normas reglamentarias, no resultándole aplicables las disposiciones de la Ley N° 26.522.

Que el Artículo 85 de la Ley Nº 26.522 impone a los titulares de servicios de comunicación audiovisual y a los titulares de registro de señales la obligación de asegurar la regularidad y continuidad de las transmisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán ser comunicados a este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que mediante Resolución Nº 465-AFSCA/10, modificada por sus similares Nº 1.348-AFSCA/12 y N° 2.484-ENACOM/16, se estableció la obligación para los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y los titulares de señales registradas de presentar la programación y sus horarios por mes calendario anticipado, con antelación de DIEZ (10) días, como así también el plazo de tolerancia respecto del horario de programación informado y el procedimiento a seguir en caso de modificaciones de horarios y programación.

Que en función de las directivas expresadas en el Decreto Nº 70/23 relativas a la eliminación de barreras y restricciones estatales, resulta conveniente morigerar las excesivas cargas impuestas a los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual, en miras a promover su desarrollo.

Que, por otra parte, el Artículo 1º de la Resolución N° 796-AFSCA/15 establece: “Los titulares de servicios de radiodifusión televisiva abierta, los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual por suscripción, por su canal de generación propia, y los titulares de señales no exceptuadas por el artículo 9° de la Ley N° 26.522, deberán consignar en forma conjunta con la información a que se hallan obligados por aplicación de lo dispuesto en la Resolución N° 465-AFSCA/10 —modificada por Resolución N° 1348-AFSCA/12 y Resolución N° 1322-AFSCA/14— las emisiones habladas originalmente en idioma extranjero, que han sido objeto de doblaje en la República Argentina, en los términos de lo previsto por la Ley N° 23.316 y el Decreto N° 933/13.”, por lo que deviene necesario adecuar la normativa vigente a las disposiciones del Decreto Nº 70/23.

Que la medida que por la presente se propicia, se encuentra en línea con los principios establecidos en el Decreto N° 891/17 por el que se aprobaran las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de la normativa y sus regulaciones, entre los que se encuentran la simplificación normativa, tendiente a la eliminación de aquellas exigencias que resulten una carga innecesaria.

Que se ha dado intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS, en su carácter de servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Organismo.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 267, del 29 de diciembre de 2015; Nº 89, del 26 de enero de 2024, y N° 675, del 29 de julio de 2024.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 1º de la Resolución Nº 465-AFSCA/10, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º.- Los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual de televisión abierta y los titulares de señales registradas deberán presentar la programación y horarios de cada año antes de su entrada en vigencia y hasta los primeros QUINCE (15) días corridos del año de que se trate. Cuando se prevean modificaciones tanto del horario como de la programación, se deberá comunicar a este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES como al público en general, con una antelación de al menos VEINTICUATRO (24) horas previas a la emisión del programa.”

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 796-AFSCA/15 que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º.- Los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y los titulares de señales no exceptuadas por el artículo 9 de la ley 26.522 deberán consignar en la programación que deben presentar frente a la autoridad de aplicación en los términos del artículo 85 de la ley, las emisiones habladas originalmente en idioma extranjero que han sido objeto de doblaje en la República Argentina, en los términos de lo previsto por la Ley N° 23.316 y el Decreto N° 933/13”.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.

Juan Martin Ozores

e. 13/03/2025 N° 14571/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 26522
    infoleg 158649
  • 27078
    infoleg 239771
• Decretos:
  • 267/2015
    infoleg 257461
  • 70/2023
    infoleg 379436
    infoleg 395521
  • 89/2024
    infoleg 396261
  • 675/2024
    infoleg 402165
  • 891/2017
    infoleg 285796
  • 267/2015
    infoleg 257461
  • 89/2024
    infoleg 396261

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTO el EX-2025-16469303-APN-SDYME#ENACOM, la Ley N° 26.522, los Decretos N° 267/15 y Nº 70/23, el IF-2025-16968918-APN-AS#ENACOM, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Que a través del Decreto Nº 89 de fecha 26 de enero de 2024 se dispuso la intervención de este ENACOM, en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días y a través del Decreto N° 675 de fecha 29 de julio de 2024 se prorrogó el mismo y, se designó Interventor, otorgándole las facultades establecidas para la Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y Nº 26.522 y sus respectivas modificatorias, especialmente las asignadas al Directorio y las establecidas en el decreto aludido.

Que entre las facultades establecidas en el Artículo 4º incisos j) y k) del Decreto Nº 89/24, se encuentra la de “ Determinar y redefinir regulaciones que por su obsolescencia o por su contenido demoran y dificultan el avance tecnológico y hacia la convergencia de sistemas del sector de las TIC y de los servicios audiovisuales”, como así también “Determinar y planificar de acciones tendientes a la actualización de la normativa fundamental de los servicios de TIC y de los servicios audiovisuales con el objetivo de propender a la eficiencia, calidad y universalización de acceso a los servicios.”

Que por RESOL-2020-1194-APN-ENACOM#JGM se aprobó el Reglamento que rige el PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO PARA LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y/O SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN POR SUSCRIPCIÓN MEDIANTE VÍNCULO FÍSICO Y/O RADIOELÉCTRICO.

Que a través de la prenotada resolución se instituyó un mecanismo tendiente a resolver de manera voluntaria, peticiones y/o denuncias entre prestadores de servicios de comunicación audiovisual y entre prestadores de servicios por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, poniendo el eje en las propuestas realizadas por los involucrados.

Que el procedimiento instaurado se creó con la finalidad de lograr celeridad en la conclusión de numerosos trámites relativos a denuncias, que se encontraban sin resolver.

Que transcurridos más de CUATRO (4) años desde su implementación, sin perjuicio de la actividad administrativa desplegada, el total de los procedimientos iniciados de manera voluntaria en el marco de la referida norma no ha sido significativo para disminuir la cantidad de denuncias en trámite, a la vez que se arribó a un número ínfimo de acuerdos, por lo que la experiencia colectada indica que deviene aconsejable dejar sin efecto la RESOL-2020-1194-APN-ENACOM#JGM dado que no cumplió con la finalidad para la cual fue creada.

Que, asimismo, mediante el dictado del Decreto N° 70/23, se modificó el Artículo 10 de la Ley Nº 27.078 incorporando como servicio que podrán registrar los titulares de licencias de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a los servicios de radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo, no resultándoles aplicables las disposiciones de la Ley Nº 26.522.

Que la Ley Nº 27.078 declara de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes, con el objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, excluyendo cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión.

Que en esa línea, a través de la RESOL-2024-1094-APN-ENACOM#JGM, mediante la cual se derogó la RESOL-2020-1491-APN-ENACOM#JGM y sus normas complementarias, se dejaron sin efecto las cargas relativas a la nómina y modalidad de organización de las señales integrantes de las grillas de los prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción, por lo que la intervención de este organismo en el marco del Reglamento citado, relativa a las relaciones entre los prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción y los titulares de las señales que integran sus grillas, deviene abstracta.

Que virtud de todo lo expuesto, a fin de evitar un dispendio de recursos administrativos inconducentes para cumplir adecuadamente las funciones atribuidas a este Organismo, corresponde derogar la RESOL-2020-1194-APN-ENACOM#JGM.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12, inciso 33), de la Ley 26.522, le compete a este Organismo dictar las reglamentaciones relativas a los servicios de comunicación audiovisual.

Que la medida que por la presente se propicia, se encuentra en línea con los principios establecidos en el Decreto N° 891/17 por el que se aprobaran las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de la normativa y sus regulaciones, entre los que se encuentran la simplificación normativa, tendiente a la eliminación de aquellas exigencias que resulten una carga innecesaria.

Que se ha dado intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS, en su carácter de servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Organismo.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 267, del 29 de diciembre de 2015; Nº 89, del 26 de enero de 2024, y N° 675, del 29 de julio de 2024.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Derógase la RESOL-2020-1194-APN-ENACOM#JGM.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese la conclusión de los procedimientos que se encuentren pendientes, iniciados en el marco de la Resolución que se deroga mediante el ARTÍCULO 1º de la presente, y el archivo de las actuaciones. Toda denuncia formulada en los términos de la norma derogada, deberá ser ratificada para su tratamiento, en caso de corresponder.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.

Juan Martin Ozores

e. 13/03/2025 N° 14570/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 24800
    infoleg 42762
• Decretos:
  • 991/1997
    infoleg 46047

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-22897552- -APN-DAF#INT, la Ley Nº 24.800, el Decreto Reglamentario Nº 991 del 24 de septiembre de 1997, la Resolución INT N° Nº 784/2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7º de la Ley Nº 24.800 se creó el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, como organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral, y autoridad de aplicación de la mencionada Ley, el cual tiene autarquía en la Jurisdicción de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la norma de creación dispuso que el organismo sea conducido por un Consejo de Dirección integrado, entre otros, por UN (1) Representante Provincial por cada una de las Regiones Culturales del país y de CUATRO (4) a SEIS (6) Representantes del Quehacer Teatral Nacional.

Que el Decreto Nº 991 del 24 de septiembre de 1997, Reglamentario de la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800, en su Artículo 12, determinó la cantidad de Regiones Culturales, facultando al Consejo de Dirección a modificar su número y conformación, de lo que resulta la existencia de SEIS (6) Regiones Culturales.

Que la Ley de creación del organismo prevé la existencia de un Reglamento Interno del funcionamiento del Consejo de Dirección.

Que la Ley N° 24.800 previó la existencia de cargos de Representantes Provinciales de las Regiones Culturales Argentinas, eligiéndose uno por cada una de las provincias y uno por la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que los Representantes mencionados en el considerando precedente eligen, entre ellos, a los Representantes de las Regiones Culturales del país.

Que el Consejo de Dirección del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO aprobó, mediante el Acta Nº 750 de fecha 28 de febrero de 2025, los términos contenidos en el Artículo 4° del Reglamento Interno aprobado por la Resolución INT N° 784 del 24 de agosto de 2009.

Que resulta procedente la aprobación del nuevo Reglamento Interno del Consejo de Dirección del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO que incluya las modificaciones planteadas.

Que la Procuración del Tesoro de la Nación (ver Dictamen IF-2017-08702526-APN-PTN), estableció que: “(...) considero de aplicación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma (v. Fallos 298:180, 330:2093). También ha dicho nuestro máximo Tribunal que la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el Legislador (v. Fallos 301:49 y 304:794)…”

Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emanadas de los Artículos 8°, 10 y 16 de la Ley Nº 24.800 y su Decreto Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar a partir del 28 de febrero de 2025 el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Dirección del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, de acuerdo a lo consignado en el Anexo I (IF-2025-23238650-APN-DAJ#INT), que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mariano Stolkiner

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/03/2025 N° 14380/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 22250
    infoleg 27238
  • 27742
    infoleg 401266

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTO el Expediente N.° EX-2025-19870265-APN-DANAYF#MCH, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° DNU-2023-8-APN-PTE del 10 de diciembre de 2023 se modificó la Ley de Ministerios N.° 22.250 (t.o. Decreto N.° 438 del 12 de marzo de 1992), creándose el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que mediante el Decreto N.° DNU-2024-989-APN-PTE de fecha 5 de noviembre de 2024, se modificó la Ley de Ministerios (t.o. Decreto N.° 438/92) y se estableció que el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tiene, entre otras competencias, asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la educación, a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo; al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores; al empleo; a la capacitación laboral y a la seguridad social; a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales en las materias de su competencia, coordinando y articulando de manera federal.

Que por el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019, y sus modificatorios, se aprueba el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciéndose como objetivos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, coordinar, orientar, implementar y supervisar planes y programas de carácter nacional y federal para la niñez, la adolescencia y la familia, y políticas públicas orientadas a la promoción y protección integral de niños y adolescentes; dirigir el análisis de las realidades territoriales, estableciendo prioridades de relevamiento de necesidades y diseñando las acciones a fin de posibilitar su cumplimiento, entre otros.

Que por la mencionada normativa se establecieron como objetivos de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS TERRITORIALES Y DESARROLLO HUMANO, el analizar las realidades territoriales y establecer prioridades de relevamiento de necesidades como insumo para su atención primaria; diseñar, implementar y dirigir la evaluación de políticas sociales que potencien la integración regional como herramienta para la promoción del desarrollo humano; asistir a la Secretaría en el diseño de políticas sociales de promoción de la participación de los distintos actores locales para la propuesta y desarrollo de proyectos sociales integrales de desarrollo humano y su integración en redes comunitarias de referencia, entre otras.

Que por el Decreto N.° DECTO-2024-862-APN-PTE del 27 de septiembre de 2024 se modificó el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE aprobándose la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que por el Anexo de la mencionada normativa la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN SOCIAL TERRITORIAL de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS TERRITORIALES Y DESARROLLO HUMANO de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tiene como acción el diseñar y dirigir estudios de relevamiento y análisis de las realidades territoriales, elaborando informes que promuevan el desarrollo humano, entre otras.

Que por Anexo de la mencionada normativa la COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE PROGRAMAS SOCIALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN SOCIAL TERRITORIAL de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS TERRITORIALES Y DESARROLLO HUMANO de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tiene como acción el colaborar con los equipos técnicos con asiento en los Centros Integradores Comunitarios para propiciar el fortalecimiento de capacidades de relevamiento, sistematización y análisis de información sobre los titulares de derecho de su zona de influencia; asistir a los equipos técnicos de los Centros de Referencia del Ministerio y de los Centros Integradores Comunitarios en el establecimiento y mantenimiento de sistemas de consulta permanente e intercambio de experiencias con el objeto de mejorar permanentemente el direccionamiento de las acciones de política social a emprender en el territorio, entre otras.

Que por el Decreto N.° DECTO-2025-151-APN-PTE del 5 de marzo de 2025 se modificó el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE aprobándose la estructura organizativa de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que mediante el Decreto N° DCTO-2019-50-APN-PTE de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría asignándose los objetivos de diseñar, implementar y dirigir la evaluación de políticas sociales que potencien la integración regional como herramienta para la promoción del desarrollo humano y participar en el diseño de políticas de inclusión de comunidades y actores sociales, revalorizando el territorio y las economías regionales a la entonces SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO dependiente de la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que por la Decisión Administrativa N.° DECAD-2020-723-APN-JGM de fecha 5 de mayo de 2020 se aprobó la estructura organizativa del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL estableciéndose como responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO de la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL promover el desarrollo humano, en forma conjunta con organismos públicos nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, y con actores de la sociedad civil, a través de la creación de programas y proyectos o de articulación de iniciativas existentes tendientes a la igualación de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos individuales y socio-comunitarios.

Que por la mencionada Decisión Administrativa se estableció como acción de la entonces DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO de la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL el fortalecer la concepción institucional de los Centros Integradores Comunitarios a partir de: integralidad, asistencia y promoción, participación comunitaria desde el ESTADO NACIONAL, provincial, municipal, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las comunidades locales en un marco de equidad, ética pública y trabajo grupal.

Que por la Resolución del entonces Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2020-709-APN-MDS del 1 de septiembre de 2020 se aprobó el PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO “PARTICIPAR EN COMUNIDAD” con el objetivo de promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales, mediante el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios y los actores que los conforman, como así también la realización de acciones tendientes al Fortalecimiento para el Desarrollo Humano.

Que mediante la Resolución del entonces Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2020-750-APN-MDS del 8 de septiembre de 2020 se aprobaron los Lineamientos Operativos inherentes al PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO - “PARTICIPAR EN COMUNIDAD”.

Que la Ley N.° 27.742 “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” establece un marco de reorganización administrativa orientado a optimizar la gestión pública, reducir el déficit y garantizar la transparencia en el uso de los recursos estatales. De ello se colige que resulta razonable revisar y adecuar la normativa para eliminar disposiciones que hayan perdido actualidad o cuya permanencia genere ineficiencias en la administración. En este sentido, avanzar en un reordenamiento normativo que deje sin efecto aquellas normas obsoletas permitirá fortalecer la eficiencia y eficacia de la gestión pública, asegurando una administración más ágil y efectiva.

Que, concordantemente con ello, la finalidad de alinear la normativa que regula los programas vigentes en el ámbito del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO con los objetivos del Poder Ejecutivo Nacional; así como la existencia de programas que no tienen aplicación efectiva o que se superponen con otros, impone la necesidad de reordenar la normativa vigente.

Que por tal motivo y con el fin de lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos, y teniendo en cuenta la reorganización administrativa precedentemente mencionada, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución del ex Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2020-709-APN-MDS del 1 de septiembre de 2020 y la Resolución del entonces Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2020-750-APN-MDS del 8 de septiembre de 2020.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS TERRITORIALES Y DESARROLLO HUMANO de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO propicia el dictado del presente acto mediante el informe técnico IF-2025-24340130-APNSSPTYDH#MCH.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han procedido a la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones identificadas como RESOL-2020-709-APN-MDS de fecha 1 de septiembre de 2020 y RESOL-2020-750-APN-MDS, de fecha 8 de septiembre de 2020, ambas del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 2°.- Publíquese, comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Bautista Ordoñez

e. 13/03/2025 N° 14496/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 26061
    infoleg 110778
  • 24156
    infoleg 554
  • 27742
    infoleg 401266
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 90/2025
    infoleg 408925
  • 8/2023
    infoleg 377864
    infoleg 394976
  • 86/2023
    infoleg 379714
    infoleg 395647
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 151/2025
  • 438/1992
    infoleg 8476

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTO el Expediente EX-2025-22141036- -APN-DANAYF#MCH y la Resolución de la entonces Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del ex Ministerio de Desarrollo Social N° RESOL-2017-467-APNSCYMI#MDS del 4 de mayo de 2017 sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N.° 26.061 se estableció el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que además, el artículo 44 de la Ley precitada estableció entre las facultades de la anterior Secretaría Nacional las de promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. j), e impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. q), entre otras.

Que mediante la Resolución de la entonces Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del ex Ministerio de Desarrollo Social N° RESOL-2017-467-APN-SCYMI#MDS del 4 de mayo de 2017 y sus modificatorias, se creó el Programa “CENTRO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS (CPD)” cuya fundamentación, objetivos y lineamientos fueron detallados en el ANEXO I IF-2017-06294351-APNDNPYPI#SENNAF, parte integrante de dicho acto administrativo.

Que dicha normativa impulsó la creación de espacios en diferentes localidades atravesadas por situaciones de vulnerabilidad social, articulando y trabajando corresponsablemente con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil a fin de garantizar la promoción, prevención y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.

Que por ello, resultó esencial refuncionalizar diversos inmuebles sitos en la Provincia de Buenos Aires, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños y adolescentes.

Que el Programa tuvo como objetivo el fortalecimiento del niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos a fin de garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su “centro de vida”.

Que por su parte la Resolución de la entonces Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2018-463-APN-SENAF#MDS del 16 de marzo de 2018, creó el “PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS”.

Que dicha norma prevé entre sus objetivos, el de diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar, fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas; garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los derechos que surgen de las acciones de éste Programa, a través del fortalecimiento técnico institucional, la asistencia técnica, capacitaciones a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia financiera, integrando recursos y esfuerzos; diseñar instrumentos y lineamientos para la implementación de medidas destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en las acciones del Programa; promover el reconocimiento social de las familias como los ámbitos más adecuados para la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de las estrategias y modelos de abordaje para el apoyo a las familias en sus funciones esenciales de cuidado de los niños y niñas. Fortalecer políticas que garanticen a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio familiar el goce y disfrute de todos sus derechos, etc.

Que de lo expuesto se colige un solapamiento normativo de la materia en ciernes, lo cual trasunta en un dispendio burocrático administrativo y de recursos públicos, ya que coexisten programas que atienden similar temática.

Que el artículo 1.° del DECTO-2025-90-APN-PTE, establece, entre otros objetivos, que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias deberán realizar un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos en el artículo 3° del presente decreto.

Que por la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año.

Que la declaración de emergencia pública que ha realizado el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, por medio del artículo 1° de la mencionada ley, es una medida que da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes.

Que la declaración de emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la autoridad administrativa sustentan el dictado de la medida que propone la derogación de las Resoluciones precitadas, a fin de subsanar la coexistencia actual de normativa con objetivos similares, coadyuvando a una mejor distribución de las competencias de los organismos gubernamentales.

Que siguiendo estrictos estándares de optimización resulta necesario dejar sin efecto la Resolución de la entonces Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del ex Ministerio de Desarrollo Social N° RESOL-2017- 467-APN-SCYMI#MDS del 4 de mayo de 2017 que crea el PROGRAMA “CENTRO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS (CPD)”.

Que para el caso de marras no se afecta el principio de progresividad y no regresividad, toda vez que desde otro Programa de esta Secretaria Nacional se aborda la misma temática que el programa que se deja sin efecto.

Que corresponde mencionar que a través del Decreto de Necesidad y urgencia N° DNU-2023-8-APN-PTE dictado el 10 de diciembre de 2023 se establecieron las competencias del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el cual tiene a su cargo los compromisos y obligaciones asumidas por el entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.

Que por el Decreto N° DECTO-2023-86-APN-PTE dictado el 26 de diciembre del 2023, modificatorio del Decreto N° DCTO 2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019, se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, que estableció también los objetivos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, así como también los objetivos y competencias de las Subsecretarías.

Que por Decreto DECTO-2025-151-APN-PTE de fecha 28 de febrero de 2025 se efectuaron modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también se adecuaron los ámbitos jurisdiccionales de actuación de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Que obra informe técnico elaborado por la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la respectiva intervención de su competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente respectivo ha tomado la intervención de su competencia.

Que han tomado intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que el presente acto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.742 del 8 de julio del 2024, el Decreto N° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución de la entonces Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del ex Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2017-467-APN-SCYMI#MDS del 4 de mayo de 2017 y sus modificatorias, que crea el PROGRAMA “CENTRO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS (CPD)”, por los fundamentos expuestos en los Considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.

Juan Bautista Ordoñez

e. 13/03/2025 N° 14498/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 26061
    infoleg 110778
  • 24156
    infoleg 554
  • 27742
    infoleg 401266
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 151/2025

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTO el Expediente N.° EX-2025-22139905- -APN-DANAYF#MCH y las Resoluciones de la anterior Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del entonces Ministerio de Desarrollo Social N.° 866/2015 del 4 de septiembre de 2015; N.° 991 del 15 de septiembre de 2015; RESOL-2017-1249-APN-SENAF#MDS del 28 de septiembre de 2017; RESOL-2019-1379-APN-SENNAF#MSYDS del 4 de julio de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N.° 26.061 se estableció el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que, además, el artículo 44 de la Ley precitada determinó entre las facultades de la Secretaría Nacional las de promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. j), e impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. q), entre otras.

Que mediante la Resolución de la anterior Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del entonces Ministerio de Desarrollo Social N.° 866/2015 del 4 de septiembre de 2015 se aprobó el PROGRAMA “ESPACIO UNZUÉ”, que tuvo por objeto fortalecer la participación y protagonismo de la ciudadanía en prácticas culturales, artísticas, recreativas y deportivas con sustento en las políticas de derechos.

Que, asimismo, se creó un SUBSIDIO ESPECIAL “ESPACIO UNZUÉ”, a fin de cumplir con los objetivos precitados, coadyuvando a la adquisición de bienes y servicios acorde a las funciones a desarrollarse.

Que las actividades a implementarse en el “ESPACIO UNZUÉ” se desarrollaron bajo el paraguas de la Resolución del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° 3889/2011, que tuvo como meta la restauración edilicia integral del Instituto SATURNINO UNZUÉ, sito en la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires.

Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° 991 del 15 de septiembre de 2015, se aprobó el PROYECTO INSTITUCIONAL “COLONIA GUTIÉRREZ e INSTITUTO MANUEL LUCIO Y MARÍA CRUZ INCHAUSTI”, creándose el PROGRAMA de idéntico nombre cuyo funcionamiento estaba previsto en el predio de la Localidad de Marcos Paz de la provincia de Buenos Aires, a los fines de propiciar un lugar abierto, libre de barreras y de prejuicios, donde todos y todas, las familias, los adolescentes y jóvenes, niñas y niños pudiesen aprender y vincularse mediante el desarrollo de actividades de variada índole como ser artísticas, de creatividad, expresión y cooperación.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° RESOL-2017-1249-APN-SENAF#MDS del 28 de septiembre de 2017 se aprobó el “PROYECTO INSTITUCIONAL ESPACIO SARMIENTO”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Ruta 5, Km 85,500, Olivera, Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, conforme los objetivos contenidos en el Anexo IF2017-12826905-APN-DNSPDNNA#SENNAF, parte integrante de dicha normativa.

Que, además, la norma precitada aprobó el PROGRAMA “ESPACIO SARMIENTO” cuyo objetivo fundamental consistió en el fortalecimiento de la participación y protagonismo de la ciudadanía y en particular de la niñez y adolescencia en las prácticas recreativas, artísticas, lúdicas, culturales y de formación con sustento en la política de derechos, previendo un SUBSIDIO ESPECIAL “ESPACIO SARMIENTO”, para adquirir bienes y servicios acorde a las actividades a implementarse.

Que la Resolución de la anterior SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del ex MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N.° RESOL-2019-1379-APN-SENNAF#MSYDS del 4 de julio de 2019 aprobó el PROGRAMA “ESPACIO CRESCENCIA BOADO DE GARRIGÓS”, cuyos lineamientos constan en el Anexo IF-2019-49989660-APN-DNPYPI#SENNAF a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paz Soldán 5200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que dicha norma tuvo como objetivo el fortalecimiento y protagonismo de los niños y adolescentes en su inclusión al turismo social y en las prácticas deportivas, culturales y de formación con sustento en el paradigma de la protección integral.

Que, por su parte, la Resolución de la anterior SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° RESOL-2018-463-APN-SENAF#MDS del 16 de marzo de 2018 creó el “PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS”.

Que dicha norma prevé, entre varios de sus objetivos, el de diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar; fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas; garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los derechos que surgen de las acciones de este Programa, a través del fortalecimiento técnico institucional, la asistencia técnica, capacitaciones a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia financiera, integrando recursos y esfuerzos; diseñar instrumentos y lineamientos para la implementación de medidas destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en las acciones del Programa; promover el reconocimiento social de las familias como los ámbitos más adecuados para la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de las estrategias y modelos de abordaje para el apoyo a las familias en sus funciones esenciales de cuidado de los niños y niñas. Fortalecer políticas que garanticen a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio familiar el goce y disfrute de todos sus derechos, etc.

Que en el contexto de reestructuración de la Administración Pública Nacional, resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos.

Que en tal sentido corresponde suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población objetivo.

Que por la Ley N.° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año.

Que la declaración de la emergencia pública que ha realizado el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, por medio del artículo 1° de la mencionada ley, es una medida que da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes.

Que la declaración de emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Que es obligación de este organismo nacional seguir las prescripciones de la Ley N.° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, debiendo procurar lo necesario para dar cumplimiento con los objetivos que plantea la Ley como ser el garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos; sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional; establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones; de procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales, entre otros.

Que por razones esgrimidas se torna imprescindible el dictado de la medida que persigue la derogación de los PROGRAMAS “ESPACIO UNZUÉ”, PROGRAMA “ESPACIO SARMIENTO”, el PROGRAMA “ESPACIO CRESCENCIA BOADO DE GARRIGÓS” y el “ESPACIO COLONIA GUTIÉRREZ E INCHAUSTI”.

Que por el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019, y sus modificatorios, se aprueba el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciéndose los objetivos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

Que por Decreto N.° DECTO-2025-151-APN-PTE de fecha 28 de febrero de 2025 se efectuaron modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también se adecuaron los ámbitos jurisdiccionales de actuación de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Que obra informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la intervención de su respectiva competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente respectivo ha tomado la intervención de su competencia.

Que han tomado intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que la presente se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones de la anterior Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del entonces Ministerio de Desarrollo Social N.° 866/2015 del 4 de septiembre de 2015; N.° 991 del 15 de septiembre de 2015; la RESOL-2017-1249-APN-SENAF#MDS del 28 de septiembre de 2017, y la RESOL-2019-1379-APN-SENNAF#MSYDS de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social del 4 de julio de 2019, por los fundamentos expuestos en los Considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Bautista Ordoñez

e. 13/03/2025 N° 14494/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 26061
    infoleg 110778
  • 27742
    infoleg 401266
  • 22520
    infoleg 48853

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el Expediente EX-2025-22148890- -APN-DANAYF#MCH y la Disposición del ex CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA N° 750 del 1.° de agosto de 2002 y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N.° 26.061 se estableció el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que por su parte, el artículo 44 de la Ley precitada determinó entre las facultades de la Secretaría Nacional las de promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. j), e impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. q), entre otras.

Que mediante la Disposición del ex CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA N.° 750 del 1.° de agosto de 2002 se aprobó el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SOCIO COMUNITARIAS.

Que dicho Programa, tuvo por objeto garantizar la plena vigencia del derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas de cada niño y adolescente, sobre todo con énfasis en los sectores más vulnerables del territorio nacional y a participar en la vida cultural y en las artes, acorde a los derechos consagrados en la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Que para la implementación del Programa se establecieron como componentes distintos proyectos, como por ejemplo: “Turismo Social”, “Embajada de la Alegría, los Derechos y la Solidaridad”; la “Orquesta Juvenil del C.O.N.N.A.F y su Coro” y Talleres de capacitación laboral, de expresión y de recreación.

Que la norma preveía un Subsidio Especial de Promoción de Actividades recreativas y Socio comunitarias, así como la posibilidad de realizar convenios con entes gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil para la prestación de servicios culturales, deportivos, recreativos o de capacitación.

Que en atención a las evidencias recabadas sobre la operatividad y funcionamiento del Programa Nacional en ciernes, y atento a que por Artículo 42 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N.° 26.061 se establecieron los niveles del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se ha puesto de relevancia su desarrollo en distintas jurisdicciones del territorio nacional, sin perjuicio de funcionar bajo la órbita de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, todo lo cual genera la necesidad de una reevaluación para evitar superposiciones de Programas o Áreas dentro de la Secretaría Nacional con similares objetivos.

Que por su parte la Resolución N.° RESOL-2018-463-APN-SENAF#MDS del 16 de marzo de 2018, creó el “PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS”.

Que dicha norma prevé entre varios de sus objetivos, el de diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar, fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas; garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los derechos que surgen de las acciones de éste Programa, a través del fortalecimiento técnico institucional, la asistencia técnica, capacitaciones a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia financiera, integrando recursos y esfuerzos; diseñar instrumentos y lineamientos para la implementación de medidas destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en las acciones del Programa; promover el reconocimiento social de las familias como los ámbitos más adecuados para la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de las estrategias y modelos de abordaje para el apoyo a las familias en sus funciones esenciales de cuidado de los niños y niñas. Fortalecer políticas que garanticen a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio familiar el goce y disfrute de todos sus derechos, etc.

Que de lo expuesto se colige un solapamiento normativo de la materia en ciernes, lo cual trasunta en un dispendio burocrático administrativo y de recursos públicos, ya que coexisten programas que atienden similar temática.

Que en el contexto de reestructuración de la Administración Pública Nacional, resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos.

Que en tal sentido corresponde suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población objetivo.

Que el objetivo general de la medida que se propicia es ofrecer servicios públicos de calidad y mejorar los estándares de vida de los ciudadanos mediante un Estado más eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

Que por la Ley N.° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año.

Que la declaración de emergencia pública que ha realizado el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, por medio del artículo 1° de la mencionada ley, es una medida que da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes.

Que la declaración de emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Que en función de lo expuesto sumado a razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la autoridad administrativa sustentan el dictado de la medida que propone la derogación de la Disposición del ex CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA N.° 750 del 1.° de agosto de 2002, que aprobó el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SOCIO COMUNITARIAS.

Que corresponde mencionar que a través del Decreto de Necesidad y urgencia N.° DNU-2023-8-APN-PTE dictado el 10 de diciembre de 2023 se establecieron las competencias del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el cual tiene a su cargo los compromisos y obligaciones asumidas por el entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.

Que por el Decreto N.° DECTO-2023-86-APN-PTE dictado el 26 de diciembre del 2023, modificatorio del Decreto N.° DCTO 2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019, se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, que estableció también los objetivos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, así como también los objetivos y competencias de las Subsecretarías.

Que por Decreto DECTO-2025-151-APN-PTE de fecha 28 de febrero de 2025 se efectuaron modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también se adecuaron los ámbitos jurisdiccionales de actuación de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Que obra informe técnico elaborado por la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la intervención de su respectiva competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente respectivo ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ambas del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N.° 22.520 (t.o. por Decreto N.° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y complementarias, el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejase sin efecto la Disposición del ex CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA N° 750 del 1° de agosto de 2002, que aprobó el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SOCIO COMUNITARIAS.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Bautista Ordoñez

e. 13/03/2025 N° 14451/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 26061
    infoleg 110778
  • 27742
    infoleg 401266
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 151/2025
  • 438/1992
    infoleg 8476

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el Expediente EX-2025-22155503- -APN-DANAYF#MCH; la Resolución SENNAF N.° 376 del 25 de abril de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N.° 26.061 se estableció el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes siendo la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 42 de la ley mencionada, el sistema de protección integral de derechos está conformado por diversos niveles, dentro del cual la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es a nivel nacional, el organismo especializado en derechos de la infancia y adolescencia en el ámbito del poder ejecutivo nacional.

Que, por su parte, el artículo 44 de la Ley precitada determinó entre las facultades de la Secretaría Nacional las de promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. j), e impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. q), entre otras.

Que mediante la Resolución SENNAF N.° 376 del 25 de abril de 2016 se aprobó el PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS CON MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, cuyos fundamentos y objetivos surgen del ANEXO I forma parte integrante de la medida.

Que dicha norma tuvo como objetivo garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes hijos de madres que se encuentran privadas de la libertad, ya sea por situación de encierro en establecimientos penitenciarios o bien a través de arresto domiciliario, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de estos derechos desde una perspectiva de género y diversidad y; promover la protección integral de los derechos de las niñas y niños hijos de madres que se encuentran privadas de su libertad a nivel federal.

Que en atención a las evidencias recabadas sobre la operatividad y funcionamiento del Programa de marras, se ha puesto de relevancia que su función actual es la producción de Informes Técnicos, cuando un organismo judicial lo requiere, lo cual genera la necesidad de una reevaluación a fin de dictar una norma regulatoria actualizada, que implique la mejora del proceso de intervención de esta Secretaría Nacional.

Que es pertinente, memorar que la Resolución de la anterior Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2018-463-APN-SENNAF#MDS del 16 de marzo de 2018, creó el “PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS”, con sus objetivos y acciones que surgen del ANEXO IF-2018-09684495-APN-DNPYPI#SENNAF, parte integrante de dicha norma.

Que dicha norma se procura, entre objetivos, el de diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar, Fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas; garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los derechos que surgen de las acciones de éste Programa, a través del fortalecimiento técnico institucional, la asistencia técnica, capacitaciones a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia financiera, integrando recursos y esfuerzos; diseñar instrumentos y lineamientos para la implementación de medidas destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en las acciones del Programa; promover el reconocimiento social de las familias como los ámbitos más adecuados para la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de las estrategias y modelos de abordaje para el apoyo a las familias en sus funciones esenciales de cuidado de los niños y niñas. Fortalecer políticas que garanticen a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio familiar el goce y disfrute de todos sus derechos, etc.

Que en el contexto de reestructuración de la Administración Pública Nacional, resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos.

Que en tal sentido corresponde suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población objetivo.

Que por la Ley N.° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año.

Que la declaración de emergencia pública que ha realizado el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, por medio del artículo 1° de la mencionada ley, es una medida que da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes.

Que la declaración de emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la autoridad administrativa sustentan el dictado de la medida que propone la derogación de las Resoluciones precitadas, a fin de subsanar la coexistencia actual de normativa de objetivos similares, como es la promoción de políticas públicas en defensa de los derechos de los adolescentes; coadyuvando a una mejor distribución de competencias y evitando la duplicidad de inversión de los recursos públicos.

Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la autoridad administrativa sustentan el dictado de la medida que persigue dejar sin efecto la Resolución SENNAF N.° 376 del 25 de abril de 2016, por la cual se aprobó el PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS CON MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, todo lo cual y por lo expuesto precedentemente , no implica el incumplimiento por parte del Estado, de la normativa vigente en materia de Protección Integral de Niños y Adolescentes y sus familias.

Que por el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019, y sus modificatorios, se aprueba el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciéndose los objetivos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

Que por Decreto N.° DECTO-2025-151-APN-PTE de fecha 28 de febrero de 2025 se efectuaron modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también se adecuaron los ámbitos jurisdiccionales de actuación de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Que obra informe técnico elaborado por la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la intervención de su respectiva competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente respectivo ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han tomado la intervención de sus competencias.

Que el presente acto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N.° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y complementarias, y el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dejase sin efecto la Resolución SENNAF N.° 376 del 25 de abril de 2016, por la cual se aprobó el PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS CON MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, por los fundamentos expuestos en los Considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Bautista Ordoñez

e. 13/03/2025 N° 14433/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 26061
    infoleg 110778
  • 27742
    infoleg 401266
  • 22520
    infoleg 48853
  • 24156
    infoleg 554
• Decretos:
  • 90/2025
    infoleg 408925
  • 8/2023
    infoleg 377864
    infoleg 394976
  • 86/2023
    infoleg 379714
    infoleg 395647
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 1007/2024
    infoleg 406242
  • 438/1992
    infoleg 8476

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el Expediente EX-2025-22145268- -APN-DANAYF#MCH y la Resolución de la anterior Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del entonces Ministerio de Desarrollo Social N.º RESOL-2023-1061-APN-SENNAF#MDS del 5 de junio de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N.° 26.061 se estableció el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la ley mencionada, el sistema de protección integral de derechos está conformado por diversos niveles, dentro del cual la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es a nivel nacional, el organismo especializado en derechos de la infancia y adolescencia en el ámbito del poder ejecutivo nacional.

Que además, el artículo 44 de la Ley precitada determinó entre las facultades de la Secretaría Nacional las de promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. j), e impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. q), entre otras.

Que mediante la Resolución de la anterior Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social N.º RESOL-2023-1061-APN-SENNAF#MDS del 5 de junio de 2023 en primer término, se dejó sin efecto la Resolución de la anterior Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social N.º RESOL-2016-2294-APN-SENAF#MDS del 21 de noviembre de 2016 por la cual se había creado el Programa “CENTRO DE ADOLESCENTES” (CEA).

Que en segundo término, se creó la Línea ACTIVAR conforme a los fundamentos expuestos en el ANEXO I identificado como IF-2023-16408682-APN-DNPYPI#SENNAF, parte integrante de la norma.

Que la precitada Línea de Acción tuvo como propósito el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes.

Que también, la norma previó la suscripción de convenios entre la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA y los organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para la implementación de proyectos que abordasen determinadas temáticas, problemáticas y necesidades del contexto local de las adolescencias.

Que por su parte la Resolución de la entonces Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2018-463-APN-SENAF#MDS del 16 de marzo de 2018, creó el “PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS”.

Que dicha norma prevé entre varios de sus objetivos, el de diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar, fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas; garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los derechos que surgen de las acciones de éste Programa, a través del fortalecimiento técnico institucional, la asistencia técnica, capacitaciones a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia financiera, integrando recursos y esfuerzos; diseñar instrumentos y lineamientos para la implementación de medidas destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en las acciones del Programa; promover el reconocimiento social de las familias como los ámbitos más adecuados para la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de las estrategias y modelos de abordaje para el apoyo a las familias en sus funciones esenciales de cuidado de los niños y niñas. Fortalecer políticas que garanticen a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio familiar el goce y disfrute de todos sus derechos, etc.

Que de lo expuesto se colige un solapamiento normativo de la materia en ciernes, lo cual trasunta en un dispendio burocrático administrativo y de recursos públicos, ya que coexisten dos programas que atienden similar problemática.

Que por el artículo 1.° del Decreto N.° DECTO-2025-90-APN-PTE se establece entre otros objetivos, que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias deberán realizar un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos en el artículo 3.° del mencionado decreto.

Que en el contexto de reestructuración de la Administración Pública Nacional, resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos.

Que en tal sentido corresponde suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población objetivo.

Que el objetivo general de la medida que se propicia es ofrecer servicios públicos de calidad y mejorar los estándares de vida de los ciudadanos mediante un Estado más eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

Que por la Ley N.° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año.

Que la declaración de emergencia pública que ha realizado el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, por medio del artículo 1° de la mencionada ley, es una medida que da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes.

Que la declaración de emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la autoridad administrativa sustentan el dictado de la medida que propone dejar sin efecto la Resolución N.° 1061/23 de la anterior Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social, a fin de subsanar la coexistencia actual de normativa con objetivos similares, coadyuvando a una mejor distribución de las competencias de los organismos gubernamentales.

Que para el caso de marras no se afecta el principio de progresividad y no regresividad, toda vez que desde otro Programa de esta Secretaria Nacional se aborda la misma temática que el programa que se deja sin efecto.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° DNU-2023-8-APN-PTE dictado el 10 de diciembre de 2023 se establecieron las competencias del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el cual tiene a su cargo los compromisos y obligaciones asumidas por el entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.

Que por el Decreto N.° DECTO-2023-86-APN-PTE dictado el 26 de diciembre del 2023, modificatorio del Decreto N.° DCTO 2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019, se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, que estableció también los objetivos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, así como también los objetivos y competencias de las Subsecretarías.

Que por Decreto N.° DECTO-2025-151-APN-PTE de fecha 28 de febrero de 2025 se efectuaron modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también se adecuaron los ámbitos jurisdiccionales de actuación de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Que obra informe técnico elaborado por la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la intervención de su competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente respectivo ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO han tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N.° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y complementarias, el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias y el Decreto N.° DECTO-2024-1007-APN-PTE del 11 de noviembre del 2024.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución de la anterior Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social N.° RESOL-2023-1061-APN-SENNAF#MDS del 5 de junio de 2023 mediante la cual se creó la Línea ACTIVAR , por los fundamentos expuestos en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Bautista Ordoñez

e. 13/03/2025 N° 14434/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 26061
    infoleg 110778
  • 27742
    infoleg 401266
  • 22520
    infoleg 48853
• Decretos:
  • 8/2023
    infoleg 377864
    infoleg 394976
  • 86/2023
    infoleg 379714
    infoleg 395647
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535
  • 151/2025
  • 438/1992
    infoleg 8476

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el Expediente EX-2025-22144826- -APN-DANAYF#MCH y las Resoluciones de la anterior SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nros. RESOL-2020-1916-APN-SENNAF#MDS del 27 de noviembre de 2020 y su modificatoria y RESOL-2021-62-APN-SENNAF#MDS del 25 de enero de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N.° 26.061 se estableció el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siendo la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que por su parte, el artículo 44 de la Ley precitada determinó entre las facultades de la Secretaría Nacional las de promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. j), e impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias (inc. q), entre otras.

Que, asimismo, por Artículo 42 de la mencionada Ley se establecieron los niveles del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de determinar las competencias de los órganos administrativos de protección de derechos.

Que mediante la Resolución de la anterior SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° RESOL-2020-1916-APN-SENNAF#MDS del 27 de noviembre de 2020 se creó el Consejo Consultivo de Adolescentes, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana de los adolescentes de 13 a 17 años, través de la institucionalización de mecanismos de consultas, donde dicha franja etaria de la población pudiese participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que les correspondieren.

Que dicha norma dictó su reglamento que como ANEXO I IF-2020-82012083-APN-DNSP#SENNAF, formó parte integrante de la misma.

Que dicho reglamento, estableció que el Consejo fuera el órgano institucional mediante el cual se vehiculizara la escucha y la participación institucional de las adolescencias en el ámbito de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, integrado por TREINTA Y DOS (32) personas de 13 a 17 años de edad, seleccionados según los criterios de dicho Anexo, con mandato de los miembros por UN (1) año.

Que el reglamento dispuso la gratuidad de la participación y estableció los principios rectores y las responsabilidades de sus miembros.

Que la Resolución de la anterior SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° RESOL-2023-2815-APN-SENNAF#MDS del 7 de diciembre de 2023 modificó el Reglamento del Consejo, llevando a CUARENTA Y OCHO (48) adolescentes el número de participantes entre otras cuestiones de índole formal, pero que en nada modificó su objetivo primigenio.

Que por otra parte, la Resolución de la anterior SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° RESOL-2021-62-APN-SENNAF#MDS del 25 de enero de 2021 creó el “PROGRAMA NACIONAL DE DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, que tuvo como objetivos principales los de identificar y sistematizar experiencias existentes en todo el país acerca de programas, acciones y experiencias de Participación Ciudadana de niños y adolescentes; el fortalecimiento de los diversos espacios de participación ciudadana de niños y adolescentes, las estrategias y experiencias desarrolladas por éstos, a nivel local, comunitario, municipal y provincial de pertenencia; contribuir a la formación, consolidación y sostenimiento de espacios institucionales de participación ciudadana de niños y adolescentes, bajo las formas que en cada jurisdicción resulten más apropiadas para dar cuenta de una incidencia efectiva en la esfera social y las políticas públicas; y propender, incentivar y acompañar la conformación de un espacio federal de participación ciudadana de niños y adolescentes, con incidencia directa en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que les conciernen.

Que el ANEXO I de dicha norma identificado como IF-2021-03258128-APN-DNSP#SENNAF, fundamentó la necesidad de creación del Programa, estableció sus objetivos y las líneas estratégicas bajo las cuales se implementaría en el ámbito de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

Que por su parte la Resolución de la anterior SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N.° RESOL-2018-463-APN-SENAF#MDS del 16 de marzo de 2018, creó el “PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS”.

Que dicha norma prevé entre varios de sus objetivos, el de diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar, fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas; garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los derechos que surgen de las acciones de éste Programa, a través del fortalecimiento técnico institucional, la asistencia técnica, capacitaciones a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, la asistencia financiera, integrando recursos y esfuerzos; diseñar instrumentos y lineamientos para la implementación de medidas destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en las acciones del Programa; promover el reconocimiento social de las familias como los ámbitos más adecuados para la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de las estrategias y modelos de abordaje para el apoyo a las familias en sus funciones esenciales de cuidado de los niños y niñas. Fortalecer políticas que garanticen a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio familiar el goce y disfrute de todos sus derechos, etc.

Que de lo expuesto se colige un solapamiento normativo de la materia en ciernes, lo cual trasunta en un dispendio burocrático administrativo y de recursos públicos, ya que coexisten dos programas que atienden similar temática.

Que, en el contexto de reestructuración de la Administración Pública Nacional, resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos.

Que en tal sentido corresponde suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población objetivo.

Que el objetivo general de la medida que se propicia es ofrecer servicios públicos de calidad y mejorar los estándares de vida de los ciudadanos mediante un Estado más eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

Que por la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año.

Que la declaración de emergencia pública que ha realizado el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, por medio del artículo 1° de la mencionada ley, es una medida que da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y, especialmente, de los contribuyentes.

Que la declaración de emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la autoridad administrativa sustentan el dictado de la medida que propone la derogación de las Resoluciones precitadas, a fin de subsanar la coexistencia actual de normativa de objetivos similares, como es la promoción de políticas públicas en defensa de los derechos de los adolescentes; coadyuvando a una mejor distribución de competencias de los organismos gubernamentales y evitando la duplicidad de inversión de los recursos públicos.

Que para el caso de marras no se afecta el principio de progresividad y no regresividad, toda vez que desde otro Programa de esta Secretaria Nacional se aborda la misma temática que el programa que se deja sin efecto.

Que corresponde mencionar que a través del Decreto de Necesidad y urgencia N.° DNU-2023-8-APN-PTE dictado el 10 de diciembre de 2023 se establecieron las competencias del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el cual tiene a su cargo los compromisos y obligaciones asumidas por el entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.

Que por el Decreto N.° DECTO-2023-86-APN-PTE dictado el 26 de diciembre del 2023, modificatorio del Decreto N.° DCTO 2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019, se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, que estableció también los objetivos de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, así como también los objetivos y competencias de las Subsecretarías.

Que por Decreto N.° DECTO-2025-151-APN-PTE de fecha 28 de febrero de 2025 se efectuaron modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también se adecuaron los ámbitos jurisdiccionales de actuación de los organismos desconcentrados y descentralizados.

Que obra informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS FAMILIARES de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la respectiva intervención de su competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente respectivo ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ambas del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N.° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y complementarias, el Decreto N.° DCTO-2019-50-APN-PTE del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N.° RESOL- 2020-1916-APN-SENNAF#MDS del 27 de noviembre de 2020 y su modificatoria, la Resolución N.° RESOL-2023-2815-APN-SENNAF#MDS, que dispuso la creación del CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES.

ARTÍCULO 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° RESOL-2021-62-APN-SENNAF#MDS del 25 de enero de 2021, que creó el “PROGRAMA NACIONAL DE DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Bautista Ordoñez

e. 13/03/2025 N° 14431/25 v. 13/03/2025

• Decretos:
  • 50/2019
    infoleg 318806
    infoleg 333535

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-14291584- -APN-DGDAGYP#MEC, el Memorándum de Entendimiento como resultado de la RONDA URUGUAY de las negociaciones de acceso a los mercados sobre agricultura entre los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y la REPÚBLICA ARGENTINA, firmado en la Ciudad de Ginebra (CONFEDERACIÓN SUIZA) con fecha 24 de agosto de 1994 en el marco del ACUERDO GENERAL SOBRE TARIFAS Y COMERCIO (GATT), la Resolución Nº 12 de fecha 4 de mayo de 2018 de la ex- SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su similar modificatoria Nº 17 de fecha 29 de agosto de 2019 del ex MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO

Que en virtud del Memorándum de Entendimiento como resultado de la RONDA URUGUAY de fecha 24 de agosto de 1994, los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA asignaron a la REPÚBLICA ARGENTINA una cuota anual con preferencia arancelaria de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS UNA TONELADAS (43.901 t) de “Maní Confitería”, “Maní Partido”, “Maní Blancheado”, “Grana de Maní” y “Maní Tostado”.

Que mediante la Resolución Nº 12 de fecha 4 de mayo de 2018 de la ex- SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su similar modificatoria Nº 17 de fecha 29 de agosto de 2019 del ex MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se estableció el procedimiento para la inscripción de las firmas interesadas en participar de la distribución de la cuota de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS UNA TONELADAS (43.901 t) asignada por los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a la REPÚBLICA ARGENTINA para la exportación de maní.

Que la fecha límite para la inscripción establecida por la citada Resolución Nº 12/18 es el 31 de octubre de cada año.

Que se han presentado DECISÉIS (16) postulantes para el periodo 2025/2026.

Que teniendo en cuenta que las firmas interesadas en acceder al cupo han formalizado la inscripción en el “Registro para las Empresas Exportadoras de Maní” establecido por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1.169 de fecha 17 de noviembre de 2004 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y ratificado en su vigencia por el Artículo 2º de la citada Resolución Nº 12/18, resulta necesario proceder a la distribución del cupo correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Que corresponde distribuir entre los adjudicatarios hasta CUATROCIENTAS CINCUENTA TONELADAS (450 t.), aplicando los criterios previstos en la citada Resolución Nº 12/18.

Que todas las empresas que efectuaron su inscripción en tiempo y forma han participado del ciclo comercial 2024/2025, a excepción de LATINUT S.A. (C.U.I.T. N° 30-71701432-0) quien se presenta como nuevo postulante.

Que la mencionada firma LATINUT S.A. (C.U.I.T. N° 30-71701432-0) ha superado el control documental para inscribirse por primera vez en el citado registro.

Que las firmas ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. (C.U.I.T. N° 30-50287435-3) y NIZA S.A. (C.U.I.T. N° 30-62241762-2) se presentan como grupo económico.

Que, en atención a ello, corresponde inscribir en el registro a ambas compañías, permitiéndose que, de manera conjunta o indistinta, lleven a cabo la exportación del cupo asignado por la presente medida.

Que todas las firmas que participaron del ciclo comercial 2024/2025 han exportado o renunciado en tiempo y forma, las cuotas partes oportunamente asignadas para ese período.

Que, una vez aplicado el criterio distributivo, existe un remanente de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTAS UNA TONELADAS (36.701 t.) disponibles, a las cuales se adicionarán, en su caso, las resultantes de las renuncias que efectúen los adjudicatarios durante el ciclo 2025/2026.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Distribúyese la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTAS TONELADAS (7.200 t.) de “Maní Confitería”, “Maní Partido”, “Maní Blancheado”, “Grana de Maní” y “Maní Tostado” asignada por los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a la REPÚBLICA ARGENTINA, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, conforme surge del Anexo que, registrado con el Nº IF-2025-23956056-APN-SSMAEII#MEC forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Dase a las adjudicatarias ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. (C.U.I.T. N° 30-50287435-3) y NIZA S.A. (C.U.I.T. N° 30-62241762-2) el tratamiento de Grupo Económico y autorízase la exportación de su cuota parte de manera conjunta o indistinta.

ARTÍCULO 3°.- Determínase que, habiéndose aplicado el criterio previsto por el Artículo 5° de la Resolución N° 12 de fecha 4 de mayo de 2018 de la ex SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, y la penalidad establecida en el último párrafo del Artículo 6°, existe un saldo de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTAS UNA TONELADAS (36.701 t) que integrarán el Fondo de Libre Disponibilidad.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese de la presente medida a la Dirección General de Aduanas de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO, ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Sergio Iraeta

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/03/2025 N° 14312/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 27149
    infoleg 248189

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2025

VISTOS: El EX-2021-00003082-MPD-DGAD#MPD, la “Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación Nº 27.149” (en adelante LOMPD), el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa” (en adelante RCMPD) -aprobado por RDGN-2019-1484-E-MPD-DGN#MPD y sus modificatorias-, el “Procedimiento de Contratación Directa por Trámite Simplificado” (en adelante PCDTS) -aprobado por Resolución DGN Nº 856/11 y sus modificatorias-, la RDGN-2024-127-E-MPD-DGN#MPD -que estableció la escala de montos vigentes para gestionar los procedimientos de selección del contratista y la distribución de competencia en razón del monto, en materia de contrataciones administrativas-, demás normas aplicables; y

CONSIDERANDO:

I. En las presentes actuaciones tramita la adecuación de la escala de montos vigentes para gestionar los procedimientos de selección del contratista regidos por la RDGN-2019-1484-E-MPD-DGN#MPD -y sus modificatorias- y Resolución DGN Nº 856/11 -y sus modificatorias-, para aprobar los pliegos de bases y condiciones, como también la convocatoria y la aprobación del procedimiento que actualmente se encuentra diagramada por RDGN-2024-127-E-MPD-DGN#MPD del 21 de febrero de 2024.

I.1. El Departamento de Compras y Contrataciones propició, mediante el Informe DCyC Nº 67/2025 (IF- 2025-00005433-MPD-DGAD#MPD), que se establezca una nueva escala de montos aplicable a los procedimientos de selección del contratista que articule este Ministerio Público de la Defensa a efectos de satisfacer las necesidades que se vayan configurando.

Para ello, detalló los montos actualmente aplicables desde el 21 de febrero del año 2024, en función de los cuales se determinaron las competencias para su autorización y aprobación.

A esos efectos, se sostuvo que se previó un monto máximo de pesos cuatro millones ($ 4.000.000,00.-), para los procedimientos abreviados previstos en la Resolución DGN Nº 856/11, y de pesos quince millones ($ 15.000.000,00.-) y sesenta millones ($ 60.000.000,00.-) para las adquisiciones de bienes y servicios a efectivizarse a través de los procedimientos de Contratación Directa y Licitación Privada, respectivamente, en tanto que las compras cuyo gasto estimado supere la última de las sumas mencionadas deben tramitarse mediante el procedimiento de Licitación Pública.

Asimismo, indicó que según los índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el índice acumulado de inflación para el año 2024 ha sido del 117,80%.

Sobre la base de tal relevamiento propició que se actualicen los montos de los procedimientos de acuerdo al siguiente detalle:

a) Contratación Directa por trámite simplificado: pesos ocho millones ($ 8.000.000,00.-);

b) Contratación Directa: pesos treinta millones ($ 30.000.000,00.-);

c) Licitación Privada: pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000,00.-);

d) Licitación Pública: adquisiciones de bienes y servicios superiores a pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000,00.-);

e) Licitación Pública agravada: pesos doscientos veinte millones ($ 220.000.000,00.-).

Fundó dichos incrementos en que “…teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha antes mencionada, la depreciación del valor de la moneda y el notorio aumento correlativo de precios en bienes y servicios, a criterio de este Departamento de Compras y Contrataciones resulta pertinente la revisión de dichos montos y su adecuación a las actuales condiciones económicas, teniendo en miras para ello que su actualización contribuirá a dotar de mayor eficacia a los procedimientos de contratación de este organismo, incentivando de esa forma la concurrencia y la obtención de mejores ofertas”.

Finalmente, acompañó un proyecto de Anexo, con el cuadro de la distribución de competencias en los diferentes procedimientos de contratación.

II. A su turno, la Oficina de Administración General y Financiera señaló que no tenía objeciones que formular en torno a lo propiciado por el Departamento de Compras y Contrataciones (IF-2025-00005637- MPD-SGAF#MPD).

III. La Asesoría Jurídica de esta Defensoría General de la Nación ha tomado la intervención de su competencia y arribó a la conclusión de que la modificación de los montos, en los términos sugeridos, resulta razonable.

IV. Alcanzado este punto, cuadra traer a colación las principales disposiciones normativas que rigen el sistema de contrataciones administrativas de este Ministerio Público de la Defensa.

IV.1. Así, la LOMPD dispone en su artículo 3 que el Ministerio Público de la Defensa cuenta con autarquía financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Además, en su artículo 63, prevé que “El Defensor General de la Nación tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público de la Defensa, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten a tal efecto”, mientras que el artículo 64 expresa que “A fin de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público de la Defensa cuenta con un presupuesto de recursos y gastos atendido con cargo al Tesoro nacional, y con recursos propios”.

Por su parte, el artículo 35 regula los deberes y funciones de la Máxima Autoridad de este Ministerio. Entre ellas, para lo que aquí interesa, se prevé la de “Garantizar el cumplimiento de la misión institucional del Ministerio Público de la Defensa instando todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa” (conforme inciso a) y también le otorga la potestad de “Organizar y reglamentar el Organigrama General de la Defensoría General de la Nación, estableciendo las misiones y funciones de sus diversas áreas” (conforme inciso r). Por otra parte, en su inciso s), prevé la de “Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente”.

IV.2. Sobre la base de las consideraciones vertidas por el Departamento de Compras y Contrataciones y por la Oficina de Administración General y Financiera, toda vez que el órgano de asesoramiento jurídico no formuló objeciones desde la perspectiva legal, corresponde -con sustento en las normas invocadas en el presente considerando- aprobar una nueva escala de montos máximos para gestionar los procedimientos de selección del contratista que se rigen por el RCMPD, como así también por el PCDTS.

Por lo expuesto, a los efectos de prever una adecuada distribución de las competencias para las distintas etapas de desarrollo de los procedimientos de selección del contratista, deviene conducente establecer la escala de montos aplicables.

Por ello, en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 27.149, en mi carácter de Defensora General de la Nación;

RESUELVO:

I. DEJAR SIN EFECTO la RDGN-2024-127-E-MPD-DGN#MPD.

II. APROBAR la escala de montos máximos de los procedimientos de selección del contratista reglamentados en la RDGN-2019-1484-E-MPD-DGN#MPD -y sus modificatorias- y la Resolución DGN Nº 856/11 -y sus modificatorias-, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Contratación Directa por trámite simplificado: pesos ocho millones ($ 8.000.000,00.-);

b) Contratación Directa: pesos treinta millones ($ 30.000.000,00.-);

c) Licitación Privada: pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000,00.-);

d) Licitación Pública: adquisiciones de bienes y servicios superiores a pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000,00.-);

e) Licitación Pública agravada: pesos doscientos veinte millones ($ 220.000.000,00.-).

III. ESTABLECER la delimitación de las competencias para formular llamados y aprobar procedimientos de contratación, de acuerdo con lo establecido en el cuadro adjunto que como Anexo se encuentra en el archivo embebido que integra la presente.

IV. DETERMINAR que la vigencia de las disposiciones contenidas en la presente tendrá lugar desde su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y será aplicable a los procedimientos de selección del contratista respecto de los cuales, a dicha fecha, se encuentre pendiente de emitir el acto administrativo de aprobación de pliegos de bases y condiciones y convocatoria al procedimiento de selección correspondiente.

Protocolícese, notifíquese a todas las dependencias de este Ministerio Público de la Defensa. Publíquese en la página web del organismo y en el Boletín Oficial de la República Argentina por un día.

Cumplido, archívese.

Stella Maris Martinez

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/03/2025 N° 14641/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 27233
    infoleg 257451
• Decretos:
  • 776/2019
    infoleg 331887
  • 1585/1996
    infoleg 41316

Ciudad de Buenos Aires, 12/03/2025

VISTO el Expediente N° EX-2024-138764040- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley N° 27.233; el Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 del 17 de diciembre de 2019 de la Comisión Europea de la UNIÓN EUROPEA; el Reglamento Delegado (UE) 2020/760 del 17 de diciembre de 2019 de la referida Comisión; las Resoluciones Nros. 128 del 24 de abril de 2007 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS y su modificatoria, 549 del 30 de septiembre de 2016, 53 del 6 de febrero de 2017 y RESOL-2019-1578-APN-PRES#SENASA del 27 de noviembre de 2019, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos, encomendando al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), en su calidad de autoridad de aplicación, la planificación, la ejecución y el control del desarrollo de las acciones allí previstas.

Que por la Resolución N° 128 del 24 de abril de 2007 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS y su modificatoria, se aprueba el “Reglamento Técnico de Carne Vacuna de Calidad Superior para Exportar a la UNIÓN EUROPEA”, estableciendo al citado Servicio Nacional como su autoridad de aplicación.

Que a través del Reglamento Delegado (UE) 2020/760 del 17 de diciembre de 2019 de la Comisión Europea de la UNIÓN EUROPEA (UE), se completa el Reglamento (UE) N° 1308/2013 del 17 de diciembre de 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE en cuanto a las normas de administración de los contingentes arancelarios de importación y de exportación sujetos a certificados y, asimismo, se completa el Reglamento (UE) N° 1306/2013 del 17 de diciembre de 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE en cuanto a la constitución de garantías para la administración de los contingentes arancelarios conforme el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 del 17 de diciembre de 2019 de la Comisión Europea de la UE.

Que, del mismo modo, por el aludido Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 se establecen las disposiciones de aplicación de los mencionados Reglamentos (UE) Nros. 1306/2013 y 1308/2013, y del Reglamento (UE) N° 510/2014 del 16 de abril de 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, en lo relativo al sistema de gestión de los contingentes arancelarios de carne de vacuno y carne de búfalo de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, mediante certificado.

Que, a su vez, mediante la Resolución N° 549 del 30 de septiembre de 2016 del mentado Servicio Nacional se aprueba el Procedimiento de Despacho de Tropas a Faena para Exportación a la UE.

Que, en ese sentido, por la Resolución N° 53 del 6 de febrero de 2017 del mencionado Servicio Nacional y su modificatoria se aprueban las normas a las que deberán ajustarse los titulares de explotaciones pecuarias para su inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena de Exportación con destino a la UE.

Que la baja de oficio de los establecimientos ganaderos del citado Registro Nacional ante la ausencia de movimientos con destino al Circuito UE, por el término de UN (1) año, dispuesta en el inciso b) del Artículo 8° de la mencionada Resolución N° 53/17, modificada por su similar N° RESOL-2019-1578-APN-PRES#SENASA del 27 de noviembre de 2019 del referido Servicio Nacional, resulta ser una medida excesiva, considerando el comportamiento dinámico de la cadena de valor de carne bovina en la REPÚBLICA ARGENTINA y las decisiones que debe tomar el productor ganadero ante ello.

Que los establecimientos pecuarios inscriptos como Proveedores de Animales para el Contingente Arancelario de Carne Vacuna de Calidad Superior (HILTON) para Exportar a la UE se encuentran enmarcados bajo la aludida Resolución N° RESOL-2019-1578-APN-PRES#SENASA y pueden realizar envíos de animales a faena con destino a la UE, y sus carnes, ser clasificadas con atributos de calidad especiales.

Que a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos según lo referido en el mencionado Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 y el mentado Reglamento Delegado (UE) 2020/760 resulta necesario ajustar los períodos definidos para la baja de oficio de los Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena de Exportación con destino a la UE del referido Registro Nacional.

Que la Dirección Nacional de Sanidad Animal ha tomado la intervención correspondiente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8°, incisos e) y f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitución. Se sustituye el inciso b) del Artículo 8° de la Resolución N° 53 del 6 de febrero de 2017 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y su modificatoria, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Inciso b) Ante la ausencia de movimientos con destino al Circuito UNIÓN EUROPEA (UE), por el término de CUATRO (4) años. Para solicitar la reinscripción y reanudar los movimientos en dicho Circuito, los productores que exploten el predio deben efectuar la declaración de todos los dispositivos de identificación individual existentes en el predio.”.

ARTÍCULO 2°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Pablo Cortese

e. 13/03/2025 N° 14766/25 v. 13/03/2025

• Decretos:
  • 1138/2024
    infoleg 407918
  • 1759/1972
    infoleg 21715

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2025

VISTO el Expediente EX-2024-65636071-APN-DNTHYC#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD; el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024; la Resolución Ministerial N° 1361 de fecha 8 de septiembre de 2016, la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 y la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 191 de fecha 13 de febrero de 2023 se crea el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) estableciendo su criterios, integrantes y registros.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) se desarrolla bajo la órbita de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Que el SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD (SIER) fue creado con el fin de promover una formación de posgrado comprometida con la calidad.

Que en la Disposición N° 6 de fecha 7 de marzo de 2023 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se establecen 3 (TRES) niveles de reconocimiento de las residencias. Los niveles de reconocimiento se encuentran definidos en función del resultado del análisis de tres dimensiones: condiciones institucionales, condiciones de formación y condiciones laborales.

Que según lo dispuesto en el Anexo I de la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN se otorgará el reconocimiento en función del Nivel alcanzado.

Que en aquellas residencias con Nivel A el reconocimiento tendrá una vigencia por un plazo de 5 (CINCO) años, para el Nivel B la vigencia del mismo será por un plazo de 3 (TRES) años y se las incluirá en el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.

Que aquellas residencias que reciban el nivel C, no obtendrán el reconocimiento y podrán solicitarlo luego de seis meses en una próxima convocatoria, una vez realizadas las mejoras indicadas en los Informes Técnicos.

Que el Hospital Privado de Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, ha presentado según lo requerido por la normativa del SIER, la documentación correspondiente a la solicitud de reconocimiento de las residencias en ANESTESIOLOGÍA, BIOQUÍMICA CLÍNICA, CARDIOLOGIA, CIRUGÍA GENERAL, DERMATOLOGÍA, MEDICINA INTERNA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, ONCOLOGÍA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, PEDIATRÍA, PSIQUIATRÍA, TERAPIA INTENSIVA, TOCOGINECOLOGÍA y UROLOGÍA.

Que la entonces DIRECCIÓN NACIONAL TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró los informes técnicos correspondientes a cada una de las residencias, de acuerdo a la documentación y las categorías establecidas, proponiendo asignar a las residencias en CARDIOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA, TOCOGINECOLOGÍA y UROLOGÍA el Nivel A de reconocimiento y a las residencias en ANESTESIOLOGÍA, BIOQUÍMICA CLÍNICA, CIRUGÍA GENERAL, MEDICINA INTERNA (CLÍNICA MÉDICA), DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, ONCOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, PEDIATRÍA y PSIQUIATRÍA el Nivel B de reconocimiento.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para el reconocimiento de las residencias en ANESTESIOLOGÍA, BIOQUÍMICA CLÍNICA, CARDIOLOGIA, CIRUGÍA GENERAL, DERMATOLOGÍA, MEDICINA INTERNA (CLÍNICA MÉDICA), DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, ONCOLOGÍA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, PEDIATRÍA, PSIQUIATRÍA, TERAPIA INTENSIVA, TOCOGINECOLOGÍA y UROLOGÍA del Hospital Privado de Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Que, el Decreto N° 1138 de fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que en función de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 1361/16, encontrándose vacante la titularidad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD, suscribe la presente la titular de la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 1361/16, la Resolución Ministerial N° 191/23 y la Disposición N° 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a las residencias en CARDIOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA, TOCOGINECOLOGÍA y UROLOGÍA del Hospital Privado de Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en el Nivel A por un período de 5 (CINCO) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese a las residencias en ANESTESIOLOGÍA, BIOQUÍMICA CLÍNICA, CIRUGÍA GENERAL, MEDICINA INTERNA (CLÍNICA MÉDICA), DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, ENDOCRINOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, NEFROLOGÍA, NEUROLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, ONCOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, PEDIATRÍA y PSIQUIATRÍA del Hospital Privado de Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en el Nivel B por un período de 3 (TRES) AÑOS, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con las Categorías establecidas por Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTÍCULO 3°.- La institución Hospital Privado de Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO EN SALUD el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia del reconocimiento.

ARTÍCULO 4°.- Se otorgará el reconocimiento de la residencia a quienes egresen de las formaciones reconocidas por esta Disposición. Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que, habiendo realizado el primer año lectivo, completo y promocionado en una residencia de la misma especialidad o con programa equivalente, reconocida por el MINISTERIO DE SALUD, hayan iniciado el segundo año en la residencia reconocida por la presente norma en forma inmediata, o en un período inferior a los 90 (NOVENTA) días corridos desde la promoción de primer año. Un año en las residencias con formación de tres años y dos años en las residencias de cuatro o más.

ARTÍCULO 5°.- El nuevo reconocimiento deberá gestionarse 6 (SEIS) meses antes de su vencimiento ante el MINISTERIO DE SALUD, conforme lo establecido por la Disposición Nº 6/23 de la entonces SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la institución en los términos de los artículos 41 y 43 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1759/72 -y modificatorios- haciéndole saber que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo dispuesto en los artículos 84 y 89 y concordantes del Anexo al Decreto N° 1759/72 y modificatorios.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Thelma Patricia Trotta

e. 13/03/2025 N° 14629/25 v. 13/03/2025

• Decretos:
  • 14315/2025

27/02/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE INICIACIÓN:

Ref.: Circular SINAP 1-229:

Viaje con QR (VQR).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, establece:

“1. Disponer que las entidades financieras y proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) o que cumplen la función de iniciación (PSI), que deseen ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar el transporte público mediante pagos iniciados con códigos QR (“viaje con QR”, VQR) deberán:

a. utilizar el código QR regulado en el punto 4.1. del texto ordenado sobre Sistema Nacional de Pagos – Servicios de Pago en su modalidad “consumer presented”;

b. permitir pagar con débito en cuentas a la vista o de pago;

c. estar registradas como billetera digital interoperable;

d. haber obtenido del Banco Central de la República Argentina la habilitación para ofrecer VQR; y

e. ajustarse a lo que la regulación del Banco Central de la República Argentina y los Boletines de la Comisión Interbancaria para los Medios de Pago de la República Argentina (CIMPRA) establezcan, incluyendo las especificaciones técnicas de los códigos QR y los flujos operativos a aplicar, no pudiendo ofrecer otra funcionalidad para esa finalidad que utilice código QR.

2. Establecer que todo esquema que permita aceptar pagos de transporte público mediante la lectura de códigos QR –esquema de VQR– sólo podrá aceptar solicitudes de viaje generadas por billeteras digitales interoperables que hayan sido habilitadas por el Banco Central de la República Argentina para ofrecer a sus clientes pagar con VQR.

3. Disponer que todo administrador de esquema de VQR –administrador QR– deberá estar previamente inscripto para desempeñar esa función en el “Registro de proveedores de servicios de pago” del Banco Central de la República Argentina, a cuyo efecto deberán ajustarse a las disposiciones de los puntos 2.2. a 2.4. del texto ordenado sobre “Proveedores de servicios de pago”, con excepción de lo solicitado en el punto 2.2.2.10.

4. Establecer que toda billetera digital interoperable que desee ofrecer a sus clientes la posibilidad de generar VQR que sean procesados por determinado administrador QR deberá previamente solicitar la habilitación al Banco Central de la República Argentina para brindar dicho servicio en ese esquema.

Para obtener la habilitación deberá, a través del aplicativo del “Registro de proveedores de servicios de pago”, suministrar una certificación en la que conste que se integró exitosamente con ese administrador QR, el cual deberá estar registrado ante el Banco Central de la República Argentina.

5. Disponer que todo administrador QR deberá integrarse con toda billetera digital interoperable que se lo requiera dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles desde el día en que reciba el requerimiento, y extenderle la certificación requerida en el punto 4 de esta comunicación.

6. Establecer que toda billetera digital interoperable deberá integrarse con todo administrador QR que se lo requiera dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles desde el día en que reciba el requerimiento, el que le extenderá a la billetera la certificación requerida en el punto 4 de esta comunicación.

7. La certificación requerida en el punto 4 de esta comunicación deberá ser extendida por el representante legal del administrador QR y deberá afirmar –en carácter de declaración jurada– que la billetera digital interoperable de que se trata se integró con su esquema y que, por ende, los códigos QR que la billetera genera se encuentran en condiciones de ser utilizados por el público en general para pagar el transporte público con el esquema que administra.

El administrador QR deberá extender dicha certificación, como máximo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la finalización de las pruebas que acrediten la referida integración, debiendo la billetera dentro de los 5 (cinco) días hábiles de recibida tramitar la habilitación correspondiente a través del aplicativo del “Registro de proveedores de servicios de pago”.

8. Todo administrador QR deberá habilitar al menos una dirección de correo electrónico para recibir y tramitar los pedidos de integración de las billeteras digitales interoperables, que deberá ser informada al Banco Central de la República Argentina a través del aplicativo del “Registro de proveedores de servicios de pago”.

9. Establecer las siguientes funciones y responsabilidades de los participantes de esquemas de VQR:

a. Administrador QR: gestionar los pagos. Es responsable de:

- Leer todo código QR que el cliente de una billetera con la que se haya integrado exhiba al validador.

- Solicitar, a partir de la información obtenida del código QR, la autorización del viaje a la billetera digital emisora del código.

- Solicitar diariamente a cada billetera digital interoperable los fondos correspondientes a los viajes liquidados.

- Transferir diariamente a cada operador de transporte –empresa habilitada para el transporte de pasajeros– los fondos correspondientes a los viajes liquidados.

b. Billetera digital interoperable: generar el código QR que debe ser exhibido en su interfaz para ser leído por el validador del transporte. Es responsable de:

- Exhibir en su interfaz un botón de VQR destacado, que permita generar el código QR y que esté diferenciado del que permite abonar con pago con transferencia (PCT).

- Responder todas las solicitudes de autorización de viaje recibidas de los administradores QR con los cuales el Banco Central de la República Argentina la haya habilitado a operar.

- Debitar en forma inmediata los fondos de la cuenta de los clientes cuya solicitud de viaje autorice, acumulándolos hasta el momento del día –acordado bilateralmente o establecido en la CIMPRA– en que deba transferirlos a cada administrador QR. Tanto el débito de los fondos del cliente como su acumulación y posterior transferencia al administrador QR podrán ser delegadas en un procesador

10. Establecer que las restantes especificaciones técnicas del VQR serán incluidas en Boletines de la Comisión Interbancaria para los Medios de Pago de la República Argentina (CIMPRA).

11. Disponer que hasta tanto el aplicativo del “Registro de proveedores de servicios de pago” haya sido adecuado, los requisitos dispuestos en esta comunicación serán cumplidos mediante la remisión de la documentación e información solicitada a la casilla de correo electrónico sdep_vigilancia_estadisticas@bcra.gob.ar.

12. Establecer que el VQR podrá estar disponible para uso por parte del público a partir del 12/05/25 y que las billeteras digitales interoperables sólo podrán ofrecerlo a partir de esa fecha.

13. Derogar la resolución difundida mediante la Comunicación A 8138.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Sistemas de Pago - Luis A. D´Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes.

e. 13/03/2025 N° 14315/25 v. 13/03/2025

10/03/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos – Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la fecha que se indica.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgte. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/03/2025 N° 14525/25 v. 13/03/2025

• Leyes:
  • 11723
    infoleg 42755

De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 03/02/2025, 04/02/2025, 05/02/2025, 06/02/2025 y 07/02/2025 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2025-24961370-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-24962353-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-24963302-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-24964280-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2025-24965199-APN-DNDA#MJ del presente.

Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Direccion Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de Justicia.

El presente ha sido remitido por el debajo firmante.

Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/03/2025 N° 14526/25 v. 13/03/2025

SINTESIS: RESOL-2025-153-APN-SSN#MEC Fecha: 11/03/2025

Visto el EX-2024-117166581-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: Disponer la suspensión de la inscripción de BEST MERIDIAN INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY SPC, entidad inscripta bajo el Nº 907 en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, en los términos de los puntos 2.4. y 2.5. del Anexo al punto 2.1.1. del R.G.A.A.

Fdo. Guillermo PLATE – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en https://kronos.ssn.gob.ar/ o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 13/03/2025 N° 14427/25 v. 13/03/2025