Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2024

VISTO el expediente EX-2024-109202853-APN-ANAC#MEC, la ley 17.285 (Código Aeronáutico) modificada por los decretos 70 del 20 de diciembre de 2023, 941 del 21 de octubre de 2024, los decretos 239 del 15 de marzo de 2007, 1770 del 29 de noviembre de 2007, 606 del 11 de julio de 2024, 816 del 10 de septiembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el visto se proyecta la implementación del procedimiento para la comprobación y juzgamiento de las infracciones aeronáuticas plasmado en el decreto 816 del 10 de septiembre de 2024.

Que mediante el decreto 239 del 15 de marzo de 2007 se creó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Transporte (ST) entonces dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPYS), actualmente en la órbita del Ministerio de Economía (ME) estableciendo que la misma sea la Autoridad Aeronáutica Nacional y ejercerá las funciones y competencias establecidas en el Código Aeronáutico -Ley 17.285-, en los Tratados y Acuerdos Internacionales, leyes, decretos y disposiciones que regulan la Aeronáutica Civil en la República Argentina.

Que por medio del decreto 1770 del 29 de noviembre de 2007, se aprobó la estructura organizativa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de conformidad con el organigrama y responsabilidades primarias y acciones que se detallan en sus Anexos.

Que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene por misión, entre otras, realizar las acciones necesarias competentes a la Autoridad Aeronáutica derivadas del Código Aeronáutico, las Regulaciones Aeronáuticas, Convenios y Acuerdos Internacionales, Reglamento del Aire y demás normativas.

Que el Anexo III del mencionado Decreto 1770/2007 delegó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) “participar en la imposición de sanciones por la contravención o incumplimiento del Código Aeronáutico y de la normativa vigente en materia de servicios de navegación aérea”.

Que, a fin de unificar todos los incumplimientos en materia aeronáutica, se estableció mediante el decreto 816 del 10 de septiembre de 2024 un “Reglamento General de Infracciones de la Aviación Civil”.

Que el nuevo Decreto derogó la normativa aplicable en la materia prevista en los decretos 326 del 10 de febrero de 1982 -”Faltas vinculadas al Transporte Aéreo comercial” y 2352 del 9 de septiembre de 1983 -”Faltas Aeronáuticas en todo aquello que no ha sido objeto de tratamiento por el decreto 326/1982”-; cuyos textos contenían respectivamente, el procedimiento destinado a tal fin.

Que, resulta necesario impulsar la aprobación de un procedimiento especial, permitiendo la investigación de las conductas señaladas como infracciones reglamentadas por el mentado decreto 816/2024 y su juzgamiento.

Que por intermedio de los decretos 70 del 20 de diciembre de 2023 y 941 del 21 de octubre de 2024 se introdujeron modificaciones al Código Aeronáutico, entre las que se destacan las del articulo 208 y 210.

Que el artículo 210 del Código Aeronáutico dispone: “(…) La autoridad aeronáutica establecerá los aspectos del procedimiento a seguir ante la comprobación o investigación de los hechos, así como la aplicación e imposición de sanciones y sus apelaciones (…)”.

Que, en el mismo sentido, el decreto 816/2024 en su artículo 2° ha instruido a la Autoridad Aeronáutica a dictar las medidas necesarias para la aplicación del Reglamento General de Infracciones de la Aviación Civil, estableciendo en el artículo 3° de su Anexo que: “(…) el procedimiento de comprobación y juzgamiento de las infracciones aeronáuticas se regirá conforme lo establecido por la normativa pertinente que dicte la Autoridad Aeronáutica a tal efecto (…)”.

Que, asimismo el mentado Decreto expresamente menciona que su dictado: “(…) tiene por objeto instaurar un procedimiento más dinámico, tendiente a evitar el dispendio administrativo, fomentando la celeridad y eficacia bajo el estricto cumplimiento de la garantía del debido proceso en el procedimiento administrativo (…)”.

Que el procedimiento impulsado tiende al cumplimiento del objetivo reseñado, así como al respeto de los preceptos enumerados por el artículo 210 del Código Aeronáutico que determina: “(…) será de carácter sumario y escrito, asegurando la existencia de dos instancias y la garantía del debido proceso y derecho de defensa del presunto infractor (…)” y la debida participación del supuesto infractor desde el principio de las actuaciones, ya sea de manera escrita u oral (…)”.

Que la Dirección Nacional de Seguridad Operacional (DNSO), la Dirección Nacional de Inspección de la Navegación Aérea (DNINA) y la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (DGIYSA) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), han tomado conocimiento de lo actuado.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa (DGLTYA) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los decretos 1770/2007, 606 del 11 de julio de 2024 y 816/2024.

Por ello,

LA INTERVENTORA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Procedimiento para la Comprobación y Juzgamiento de las Infracciones Tipificadas en el Decreto 816 del 10 de septiembre de 2024 “Reglamento General de Infracciones de la Aviación Civil” como Anexo I (GDE ACTO-2024-134271694-APN-DNTA#ANAC) y, el Modelo de Acta de Constatación de Infracciones como Anexo II (GDE ACTO-2024-134271697-APN-DNTA#ANAC), los cuales forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Girar las actuaciones a la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPYCG) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para su inclusión en el Sitio “Web” Institucional del Organismo, difusión y publicación en la Biblioteca Virtual; y posterior pase al Departamento de Secretaría General (DSG) dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa (DGLTYA) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a efectos de incorporar la presente Resolución en el Archivo Central Reglamentario (ACR).

ARTÍCULO 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese, a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.

María Julia Cordero

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s en https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa/resoluciones-y-disposiciones.

e. 12/12/2024 N° 89708/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2024

VISTO el Expediente Electrónico EX-2022-00311588- -AFIP-SCPODIABSA#SDGOAM; y

CONSIDERANDO:

Que por el presente tramita la solicitud de renovación de la habilitación del depósito fiscal general del Permisionario MEGATOM S.A. según la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, artículo 9°, otorgada oportunamente a través de la Resolución Número: RESOL-2017-14-APN-DGADUA#AFIP de la Dirección General de Aduanas, en los términos de la rectificación realizada por Resolución Número: RESOL-2018-90-E-AFIP-SDGOAM de esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, agregadas como archivos embebidos a la Nota Número: NO-2024-04311184-AFIP-SDGOAM de Orden 364.

Que la Dirección Aduana de Buenos Aires tuvo por acreditado el cumplimiento por parte del interesado de los requisitos documentales y condiciones físicas y operativas de la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, Anexos II, III, IV y V, mediante la Resolución Número: RESOL-2024-236-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM de Orden 326, ello entendiendo con responsabilidad primaria asignada en la materia por la Instrucción General Número: IG-2020-1-E-AFIP-SDGOAM, y conforme a lo establecido en la resolución general citada, Anexo I., Apartado V., Punto 3., y Anexo III., Punto 10.7., así como a las pautas de la Instrucción de Trabajo Número: IT-2022-02299248-AFIP-SDGOAM e Instrucción de Trabajo Número: IT-2023-01660359-AFIP-SDGOAM, aunque con inobservancia del plazo fijado en el Apartado E., Punto 4., estas últimas consideradas en el Dictamen Firma Conjunta Número: IF-2023-01936665-AFIP-DIALAD#SDGASJ del Departamento Asesoría Legal de Empleo, Información Pública, Datos Personales, Convenios y Regímenes Financiero y Disciplinario y la Dirección de Asuntos Legales Administrativos, conformado por Nota Número: NO-2023-02005609-AFIP-SDGASJ de la Subdirección General de Asuntos Legales, emitidos en el Expediente Electrónico EX-2023-01857334-AFIP-SDGOAM, instrumentos dictados por esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas que se encuentran comprendidos en el marco de la Resolución General Nº 4352 (AFIP), su modificatoria Resolución General Nº 5182 (AFIP), y el Decreto Nº 898 del 21 de julio de 2005.

Que la Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros intervino en el control documental que acredita el cumplimiento de los aspectos técnicos del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de los elementos de control no intrusivos, emitiendo al respecto la Providencia Número: PV-2024-03630107-AFIP-DIREPA#DGADUA de Orden 336, que tiene como antecedentes al Informe Número: IF-2024-03587816-AFIP-DVANTE#DGADUA de la División Análisis de Nuevas Tecnologías de Orden 332 y la Providencia Número: PV-2024-03616015-AFIP-DENTPE#DGADUA del Departamento Nuevas Tecnologías y Proyectos Especiales Aduaneros de Orden 334, en función de lo previsto en la Resolución General N° 4352 AFIP) y modificatoria, Anexo III., Puntos 10.6. y 16.6.

Que la Subdirección General de Control Aduanero procedió a la verificación del cumplimiento de los aspectos funcionales del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), pronunciándose al efecto por medio del Informe Número: IF-2024-03842174-AFIP-DVCORADECUMA#SDGCAD de la División Control Operacional de Orden 340, conformado sucesivamente en los términos de la Providencia Número: PV-2024-03853232-AFIP-DECUMA#SDGCAD del Departamento Centro Unico de Monitoreo Aduanero de Orden 343, la Providencia Número: PV-2024-03854212-AFIP-DIGERI#SDGCAD de la Dirección de Gestión del Riesgo de Orden 344 y la Providencia Número: PV-2024-04038963-AFIP-SDGCAD de Orden 346, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, Anexo III., Punto 10.7.

Que la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones efectuó la homologación del sistema informático de control de stock permanente de la mercadería existente en el depósito, manifestándose a través de la Nota Número: NO-2024-04178142-AFIP-DISADU#SDGSIT de la Dirección Sistemas Aduaneros de Orden 351, acorde a lo que se establece en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, Anexo IV., Punto 10.7.

Que atento la resolución por la que se tiene por acreditado el cumplimiento por parte del interesado de los requisitos documentales y condiciones físicas y operativas del depósito fiscal, y los informes pertinentes precedentemente producidos, que en términos del Decreto N° 336 del 15 de mayo de 2017, Anexo, Punto 1., constituyen documentos que contienen una medida que dictan, entre otras, las autoridades facultadas para ello y, respectivamente, versan sobre un asunto determinado, para dar a conocer su situación y permitir la formación de decisiones en cuestiones de trámite o peticiones, y asimismo en consideración de la plena fe y relevancia jurídica para el órgano decisor atribuida a los informes técnicos en el Dictamen Firma Conjunta Número: IF-2023-03008568-AFIP-SDTADVDRTA#SDGASJ de la Sección Dictámenes en Trámites Aduaneros, la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y el Departamento Asesoramiento Aduanero y en sus citas, conformado por Providencia Número: PV-2023-03013456-AFIP-DIASLA#SDGASJ de la Dirección de Asesoría Legal Aduanera y Nota Número: NO-2023-03023565-AFIP-SDGASJ de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, emitidos en un caso en este aspecto sustancialmente análogo que tramitó por Expediente Electrónico EX-2023-00231020- -AFIP-DIABSA#SDGOAM, corresponde la intervención de esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, con arreglo a la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, Anexo I., Apartado V., Punto 3..

Que por medio del Informe Número: IF-2024-04228382-AFIP-DILEGA#SDGTLA de la Dirección de Legal de la Subdirección General Legal y Técnica Aduanera de Orden 357, y el Dictamen Firma Conjunta Número: IF-2024- 04270595-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y el Departamento Asesoramiento Aduanero de Orden 361, conformado a través de la Providencia Número: PV-2024-04271167-AFIP-DIASLA#SDGASJ de la Dirección de Asesoría Legal Aduanera de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de Orden 362 se sostiene principalmente que no se encuentran objeciones que formular a la continuidad del trámite, encontrándose debidamente acreditada la legitimidad de la representación legal invocada, y siendo que en el objeto social de la interesada se encuentra comprendida la actividad que la misma pretende desarrollar, y por su parte, que analizado el proyecto agregado como archivo embebido a la Nota Número: NO-2024-04189753-AFIP-SDGOAM de Orden 353 y teniendo en cuenta las intervenciones reseñadas conforme lo previsto por la normativa de aplicación, dicho servicio jurídico no tiene objeciones que formular para dar continuidad al trámite de renovación de la habilitación del depósito fiscal general del Permisionario MEGATOM S.A., habiéndose de ese modo ejercido el control de legalidad contemplado en la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 4°, concluyendo entonces esta unidad orgánica que no existen motivos para ordenar requerimientos de información adicionales y una nueva revisión del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, tratándose además de la habilitación de un predio fiscal en funcionamiento cuya vigencia y continuidad operativa se mantuvo incuestionada por la Aduana de jurisdicción durante este proceso de renovación, de todo lo cual se deriva que deberá pronunciarse otorgando la renovación de la habilitación del depósito fiscal del permisionario, mediante este acto administrativo.

Que la presente se dicta de acuerdo con lo establecido en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, la Disposición N° 249/16 (AFIP), artículo 1°, y la Disposición N° 6 – E/2018 de la Dirección General de Aduanas.

Por ello;

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Renuévase la habilitación del depósito fiscal general del Permisionario MEGATOM S.A. (CUIT: 30-66179201-5) para mercaderías de importación y exportación, ubicado en la Avenida Presidente Sarmiento N° 1.230, de la Localidad de Gerli, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, con una superficie total de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (28.657 m2), y límites establecidos en el plano agregado como Hoja Adicional de Firmas Multinota DGA Número: IF-2024-00346207-AFIP-SSDJDVCFO1#SDGOAM de Orden 229, para realizar operaciones de importación y exportación y registradas en otras Aduanas, por el plazo de DIEZ (10) años, renovables en forma no automática.

ARTICULO 2º.- El depósito fiscal será de uso exclusivo de mercaderías destinadas a las operaciones de comercio exterior, que consten específicamente en la habilitación municipal o de autoridad competente, de conformidad con lo previsto en las normas locales, y respecto de las cuales el permisionario cuente con las autorizaciones complementarias.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y difúndase en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia de la presente a la Subdirección General de Control Aduanero para su conocimiento. Luego pase a la Dirección Aduana de Buenos Aires para notificación al permisionario y demás efectos previstos en este expediente electrónico, quien en su carácter de Aduana de jurisdicción tiene a su cargo la responsabilidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y la validez de la habilitación, controlando en forma permanente que se mantengan las condiciones acreditadas de conformidad con lo previsto en la Resolución General N° 4352 (AFIP) y modificatoria, la norma que aprueba su estructura organizativa y actualmente la Instrucción General Número: IG-2020-1-E-AFIP-SDGOAM, a lo cual queda supeditada su inscripción en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) del Sistema Informático MALVINA (SIM) o el que lo reemplazare, y el funcionamiento del depósito fiscal.

Marcelo Alejandro Sosa

e. 12/12/2024 N° 89475/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2024

VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR 0.11.1. “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I”, Revisión 3, los expedientes en que tramitan las solicitudes de licenciamiento de personal que integran el ACTA CALPIR N° 9-24 GLYCRN, las Resoluciones del Directorio de la ARN N° 143/10 y N° 452/19, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que las personas individualizadas en el listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución y la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) en su carácter de Entidad Responsable, solicitaron a esta ARN el otorgamiento de trámites de Licenciamiento de Personal para personal que se desempeña en Instalaciones Clase I.

Que conforme se establece en la Resolución del Directorio de la ARN N° 143/10 el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) ha tomado intervención emitiendo el Acta N° 9/24.

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación

Que conforme a los registros de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN, la CNEA adeuda el pago de la tasa regulatoria previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 respecto de las tramitaciones referenciadas en el ANEXO a la presente resolución. Sin perjuicio de ello, por razones de interés público y conforme lo establecido en la Resolución del Directorio de la ARN N° 452/19, se dará curso favorable a las respectivas tramitaciones, autorizando a que dicho pago se efectúe con posterioridad.

Que las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención correspondiente.

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución, conforme se establece en el Artículo 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 4 de diciembre de 2024 (Acta N° 42),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar las renovaciones de Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA que se encuentra listado como Anexo a la presente Resolución, en excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES de la ARN, a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA y a los solicitantes comprendidos en el Anexo de la presente Resolución. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.

Leonardo Juan Sobehart

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 12/12/2024 N° 89761/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2024

VISTO, el EX-2024-130866522- -APN-MGESYA#INAES y la Resolución N.º 1000/2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución citada en el VISTO introduce diversas modificaciones en el régimen legal de las cooperativas y mutuales.

Que, entre esas modificaciones, en la Sección II se estableció la posibilidad de constituir cooperativas de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales con un número mínimo de tres (3) integrantes, en las que tanto el órgano de administración como el de fiscalización interna son unipersonales.

Que, a tal efecto, la norma apela a la facultad que posee la autoridad de aplicación para autorizar excepciones, establecida por el artículo 2.º inciso 5) de la Ley N.º 20.337 y a la creciente preferencia del sector por formas asociativas más reducidas.

Que mediante las Resoluciones INAC Nros. 302/1994 y 324/1994, ya se habían autorizado, con carácter de excepción, la constitución de cooperativas de provisión de servicios para productores rurales y de trabajo con el mínimo de seis (6) asociados.

Que no obstante los argumentos vertidos en el considerando de la Resolución N.º 1000/2021, en la práctica ha quedado demostrado que la puesta en ejecución del modelo que nos ocupa ha tenido desviaciones.

Que, en efecto, el hecho de contar con un órgano de administración unipersonal, en el que se subsumen en el mismo individuo las funciones de presidente, secretario y tesorero, en lugar de simplificar la gestión de la persona jurídica la ha complicado, revelándose que, en muchas ocasiones, el consejero es incapaz, —por cuestiones operativas o materiales—, de desempeñar eficazmente todos esos roles.

Que, por otra parte, la estructura misma de este tipo de entidades, en ocasiones dificulta el ejercicio de la fiscalización privada, justamente por la confusión de funciones ejercidas por el único miembro del consejo de administración.

Que tampoco ha quedado demostrada la cabal existencia del ejercicio democrático que expresa la asamblea, ya que la masa de asociados está integrada solo por tres personas, de las cuales solo una posee un cabal y completo derecho a voto.

Que, asimismo, de las acciones de fiscalización pública realizadas por parte de este organismo en el transcurso del presente año, se ha determinado fácticamente que, en general, el modelo de cooperativas de entre tres y cinco miembros es ineficaz para los objetivos que se han planteado al momento de su creación.

Que, efectivamente, de lo informado por la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales, de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización, en relación a las cooperativas que obtuvieron su personería jurídica en el año 2023 constituidas en los términos de la Resolución Nº 1.000/21 y se encuentran integradas por tres (3) a cinco (5) asociados, surge que de las verificaciones efectuadas sobre dos mil seiscientas ochenta y cuatro (2684) cooperativas, solo se obtuvo respuesta en el 10,61% de los casos.

Que en consecuencia es necesario revalorizar en la figura jurídica cooperativa las funciones que cumplen cada uno de los integrantes del órgano de administración, de fiscalización privada y de gobierno, a través de un control permanente entre sus órganos.

Que, sin perjuicio de todo lo hasta aquí expuesto, también se ha evidenciado que en algunos supuestos, que no son mayoritarios, la utilización de esta estructura cooperativa ha funcionado adecuadamente en atención a las particulares características de los objetos sociales establecidos en sus estatutos, como es el caso de las entidades que desarrollan actividades informáticas, culturales o de cuidado.

Que analizando los supuestos examinados en los considerandos precedentes, por las razones allí expresadas y a fin de cumplir acabadamente con la misión principal de esta autoridad de aplicación, establecida en el artículo 105 de la Ley N.º 20337, se advierte como conveniente el dejar sin efecto la constitución de cooperativas de entre tres y cinco integrantes establecida por el artículo 3.º de la Resolución N.º 1000/2021, excepto en aquellos casos particulares que así se los autorice, una vez que hayan sido evaluados específicamente.

Que ello contribuirá a garantizar que la concepción institucional propia de la organización, control y gestión de las cooperativas de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales refleje cabalmente los valores, principios y a la declaración sobre identidad cooperativa dados por la Alianza Cooperativa Internacional,- ACI-, (1995) y a las características y requisitos establecidos en la Ley N° 20.337 y resoluciones concordantes de esta autoridad de aplicación.

Que en cuanto a los expedientes de constitución de nuevas entidades que se encuentran en trámite y que están integradas por menos de seis (6) asociados, deberán, en el plazo de noventa (90) días, adecuarse a lo previsto en la presente resolución.

Que asimismo se considera necesario que las cooperativas que posean matrícula vigente y aún no cuenten con la cantidad mínima de seis (6) asociados, incorporen nuevos integrantes hasta alcanzar al mínimo requerido y modifiquen sus estatutos a fin de adecuar la composición de los órganos de administración y de fiscalización.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nro. 20.337 y los Decretos Nros. 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.º- Las cooperativas de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales deberán contar con un mínimo de seis (6) asociados conforme lo establecido en las Resoluciones INAC Nros. 302/1994 y 324/1994. El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL podrá exceptuar de ese número mínimo de integrantes en las solicitudes de otorgamiento de personería jurídica, que así se peticionen y que en su objeto social se encuentren contempladas actividades informáticas, culturales o de cuidado, que por sus características y en virtud de la evaluación que se realice del grupo precooperativo por parte de esta autoridad de aplicación, se determine la viabilidad de su constitución con un número mínimo de integrantes.

ARTÍCULO 2.º- Los expedientes de solicitud de otorgamiento de personería jurídica de cooperativas que se encuentran en trámite con menos de seis (6) asociados, deberán, en el plazo de noventa (90) días, adecuarse a lo establecido en el Artículo 1º de la presente resolución. Aquellos que hayan sido observados por defecto en su tramitación y se encuentren en estado de guarda temporal, deberán efectuar una nueva presentación.

ARTÍCULO 3.º- Las cooperativas, con matrícula vigente, que aún no cuenten con la cantidad mínima de asociados prevista en la presente resolución, deberán, en un plazo máximo de un (1) año, incorporar asociados hasta llegar al mínimo requerido y modificar sus estatutos a fin de adecuar la composición de los órganos de administración y de fiscalización. Las entidades que desarrollan actividades informáticas, culturales o de cuidado, podrán requerir, dentro de dicho plazo, que se las exima de tal adecuación, a cuyo efecto este Organismo realizará un examen de viabilidad de la solicitud efectuada.

ARTÍCULO 4.º- Derógase el artículo 3.º de la Resolución INAES N.º 1000/2021.

ARTÍCULO 5.º- La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6.º- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro oficial y archívese.

Sergio Pablo Cha - Eduardo Hector Fontenla - Matías Kelly - Elbio Nestor Laucirica - Ramiro Emiliano Martinez - Norberto Pedro Zarate - Marcelo Oscar Collomb

e. 12/12/2024 N° 89434/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2024

VISTO el Expediente identificado como EX-2024-126692652- -APN-PI#INAES y,

CONSIDERANDO:

Que las mutuales se rigen por las disposiciones de la Ley N° 20.321 y por las normas que dicta el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL en su carácter de autoridad de aplicación del régimen legal aplicable a las citadas entidades en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Leyes Nros. 20.321 (artículo 1°), 19.331 (artículo 2°) y los Decretos Nros.420/96, 721/00, sus modificatorios y complementarios.

Que el artículo 4° de la Ley N° 20.321 define a las prestaciones mutuales como aquellas que mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tiene por objeto la satisfacción de necesidades de los socios, entre los que enumera a los préstamos, contemplando que los ahorros de los asociados pueden gozar de un beneficio que estimule su capacidad ahorrativa.

Que el mencionado servicio, denominado de ayuda económica mutual, ha sido normado por diversas resoluciones, actualmente por la Resolución N° 1418/03, según texto ordenado por Resolución N° 2359/19 y su complementaria N° 2748/19.

Que la Ley N° 25.246 y sus modificatorias establece en el artículo 20, inciso 11, entre los sujetos obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a las cooperativas y mutuales, las que deben cumplir con las disposiciones de los artículos 14 y 21 de la citada ley, de conformidad con la reglamentación que dicta la mencionada UNIDAD.

Que mediante Resolución N° 99/2023 de la UNIDAD de INFORMACION FINANCIERA, sustitutiva de la Resolución N° 11/12, dirigida a cooperativas y mutuales, se establecieron los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 deben adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados con objetivos criminales de LA/FT/FP.

Que en virtud que la última modificación introducida a la normativa sobre el servicio de ayuda económica mutual lo ha sido a través de la mencionada Resolución N° 2359/19, se advierte como necesaria su adecuación a las disposiciones de la Resolución N° 99/2023 de la UIF.

Que de este modo y fortaleciendo, además, sus mecanismos de fiscalización privada, se preserva la figura jurídica mutual, evitando eventuales desviaciones en el cumplimiento de su objeto.

Que asimismo deben adecuarse las modalidades de prestación del servicio a las tecnologías derivadas de la digitalización, posibilitando su desarrollo de acuerdo a los requerimientos derivados de la legislación y de otros organismos públicos.

Que ello contribuirá a favorecer el desarrollo personal y de emprendimientos de sus asociados integrados a entidades que, constituidas bajo la libre iniciativa privada de sus miembros, contribuye con sus propios aportes y recursos al desarrollo de sus comunidades sobre la base de la producción de bienes y servicios y el trabajo digno.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter previo al dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros.19.331, 20.321 y los Decretos Nros.420/96, 721/00, sus modificatorios y complementarios,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Sustitúyense los incisos a) y b) del Artículo 1º de la Resolución Nº 1418/03.- TO 2359/19-, por los siguientes: ARTICULO 1º.- …a) AHORRO MUTUAL: A las cuentas personales de ahorro variable y de ahorro a término de los asociados en las que se acreditan los fondos que ingresan a la entidad con destino al servicio de ayuda económica mutual. Esas acreditaciones pueden provenir de cualquier medio de pago admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina o de efectivo. En todos los casos la Mutual dará cumplimiento a las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva que sean aplicables en base a la evaluación de riesgos que debe efectuar la entidad, requiriendo al asociado información complementaria y declaración jurada sobre el origen de los fondos en los casos que corresponda. Las cuentas de ahorro mutual no deben ser utilizadas como forma indirecta de saldo a favor de la mutual… b) ESTÍMULO DE LOS AHORROS: A la compensación a satisfacer por la entidad en contraprestación al ahorro ingresado, pudiendo aplicarse cualquier mecanismo legalmente admitido.

ARTICULO 2º.- Incorporase como inciso f) del Artículo 1º de la Resolución Nº 1418/03,- TO 2359/19-, el siguiente: ARTICULO 1º.- …f) PREVENCION DE LA/FT/FPADM: Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

ARTICULO 3º.- Sustitúyese el Artículo 3º incisos c), g) y l) de la Resolución Nº 1418/03,- TO 2359/19-, por los siguientes: ARTICULO 3º…c) Mecanismos a emplear para el retiro de los ahorros mutuales por los asociados, en los que se debe contemplar, además del enfoque basado en riesgos de acuerdo a las normas de Prevención de LA/FT/FPADM lo siguiente:

c.1.- Que el órgano de administración establecerá el saldo mínimo del ahorro y el número y monto máximo de retiros diarios y mensuales de ahorro mutual variable y la modalidad de extracción del ahorro mutual a término. En todos los casos la decisión debe considerar la evaluación de riesgos, de conformidad con las normas de la Unidad de Información Financiera en materia de Prevención de LA/FT/FPADM.

c.2.- Que el órgano de administración establecerá la modalidad de los débitos autorizados en cuentas personales de ahorro, el de cualquier otro medio de pago admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina y el retiro de fondos a través de cajeros automáticos y/o comercios adheridos como medios de retiro de efectivo, como así también los débitos que se realicen a través de herramientas y/o billeteras digitales o cualquier otro medio de similar funcionamiento. A tal efecto deberán tenerse presente las normas de la Unidad de Información Financiera y la evaluación de riesgos que realice la mutual.

c.3. Que éstos se efectúen en forma personal por el asociado, por autorizado o por apoderado en el domicilio de la mutual, con excepción de los supuestos previstos en el inciso anterior considerando la modalidad de identificación personal con otras formas de validación de identidad a distancia.

g) La formación de un legajo por asociado que, bajo el enfoque basado en riesgo, justifique su solvencia patrimonial y financiera para ser acreedor del préstamo y determinación de su perfil para ser beneficiario del presente servicio, de acuerdo al riesgo crediticio de la mutual, y en función de las políticas de prevención de LA/FT/FPADM. Para la formación del legajo podrán utilizarse medios electrónicos y digitales incluyendo la utilización de firma digital y/o electrónica para la validación de identidad conforme a las normas legales vigentes en la materia.

l) Que el órgano de administración deberá establecer el porcentaje mínimo que destine a los préstamos con relación a los recursos provenientes del ahorro mutual a término de los asociados.

ARTICULO 4º.- Incorpórase como último párrafo del Artículo 5° de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, el siguiente: ARTICULO 5°.-… En los préstamos a mutuales y cooperativas podrán superarse estos límites en la medida que la suma de esos préstamos, no supere, en su conjunto, el VEINTE POR CIENTO (20%) de la capacidad prestable. En los casos que se exceda ese porcentaje deberán contar con garantías reales o previsionarse en un CIEN POR CIENTO (100%) sobre el monto excedido hasta su regularización por debajo del citado límite. El auditor externo debe contemplar en el informe trimestral previsto en el Artículo 17 los préstamos a los que les resulte aplicable el presente artículo.

ARTICULO 5°.- Sustitúyese el artículo 7° inciso d) de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por el siguiente: ARTICULO 7°.-…d) Proporcionar a sus asociados el servicio de tarjetas de crédito, billeteras electrónicas o plataforma digital de servicios. A los fines de la prestación del servicio pueden realizar convenios con personas jurídicas de carácter público y privado en los términos del artículo 5° de la Ley N° 20.321. De ser emitidas o financiadas por una mutual de cualquier grado, tendrán por objeto atender los destinos establecidos en el Artículo 4º bajo las modalidades previstas en esta resolución.

ARTICULO 6°.- Sustitúyese el Artículo 9 incisos c.2. y c.3. de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por los siguientes: ARTICULO 9°.- … c.2. Los depósitos en todo tipo de cuentas que las mutuales tengan en entidades reguladas por el BCRA (Banco Central de la República Argentina) y/o la CNV (Comisión Nacional de Valores)...c.3. Las inversiones en instrumentos financieros con cotización en mercados de valores, por su valor de cotización y/o bajo la modalidad de ahorro mutual variable o a término en mutuales que prestan el servicio de ayuda económica.

ARTICULO 7°.- Sustitúyese el Artículo 12 incisos d.3), d.4), d.6), e), f) y g) de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por los siguientes: ARTICULO 12.- ...d.3) Una proyección económico financiera del servicio a TRES (3) años, la que debe ser suscripta por contador público nacional inscripto en la matrícula con su firma certificada por el Consejo Profesional correspondiente, que justifique la necesidad y oportunidad de implementar el servicio tanto para sus asociados como para el medio en que la mutual desarrolla su actividad. No es exigible lo establecido en el presente inciso en los trámites de solicitud de aprobación del reglamento del servicio de ayuda económica con fondos propios.

d.4) Dictamen de la Federación a la que se encuentra adherida la mutual, a través del cual se avale el cumplimiento de cada uno de los requisitos que se exigen para la aprobación del reglamento y del que resulte que estos se encuentran cumplidos...

d.6) Manifestación, en carácter de declaración jurada, en la que se exprese conocer que la mutual es sujeto obligado a informar en los términos contemplados en la Ley 25246 y sus modificatorias; como así que, una vez aprobado el reglamento por la autoridad de aplicación, se obligan a cumplir las disposiciones vigentes en materia de Prevención de LA/FT/FPADM

e) Presentar un Estado Patrimonial y de Recursos y Gastos al mes anterior a la solicitud, certificado por profesional en Ciencias Económicas. En el caso de los reglamentos del servicio de ayuda económica con fondos provenientes del ahorro de los asociados, el estado de situación patrimonial de los estados contables indicados en el presente inciso y en el inciso d.1) deberá mostrar un patrimonio neto de al menos el TREINTA por ciento (30%) del activo (con un monto mínimo equivalente al valor de CIEN (100) Salarios Mínimos Vitales y Móviles y un activo corriente que supere en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) el pasivo corriente.

f) La mitad de los miembros titulares, como mínimo, de los órganos de administración y fiscalización, incluyendo en forma obligatoria al Presidente, Secretario y Tesorero, deberán acreditar antecedentes sobre la responsabilidad, idoneidad y experiencia para administrar la prestación del servicio de ayuda económica, como así también en materia de Prevención de LA/FT/FPADM. Ello deberá ser efectuado mediante constancias que así lo acrediten, -en función de su experiencia laboral, profesional o en la administración de mutuales o entidades con una actividad similar, por un plazo no inferior a DOS (2) años-, o que certifiquen capacitación sobre el mencionado servicio en mutuales, del servicio de crédito en cooperativas emitidas por este Instituto, Universidades Públicas o Privadas, Centros de Estudios con especialización en la materia, entidades de segundo o tercer grado en tanto ellas hayan sido dictadas por especialistas, con carga horaria superior a 24 horas cátedra. En todos los casos, para su validez, deberá acompañarse programa de la capacitación y antecedentes de quienes los han dictado.

g) Declaración Jurada en la que los integrantes de los órganos de administración y fiscalización manifiesten que no les alcanzan ninguna de las inhabilidades establecidas en los artículos 13 y 35 inciso b) de la ley 20.321, que no figuran en las resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) o hayan sido designados por el comité de seguridad de la organización de las Naciones Unidas, que no han sido condenados por delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y que no han sido sancionados con multa por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) o con inhabilitación por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Comisión Nacional de Valores (CNV) o Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

ARTICULO 8°.- Sustitúyese el Artículo 12 bis, incisos b) y c.1) de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por el siguiente: ARTICULO 12 BIS.- …b) La Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos verifica el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 12 incisos d.6), f), g), h), i) y j), en todo aquello vinculado a la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En los casos de reforma de reglamentos constata que la entidad presente regularmente ante esa Dirección la información exigible por la normativa emitida por el INSTITUTO sobre la materia. Remite el expediente a la Dirección de Análisis de Servicios de Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual. En todos los casos en que se exige Declaración Jurada en los que se puede verificar lo declarado mediante bases de datos públicas o propias, se debe corroborar la exactitud de las mismas…c.1.) Evalúa los recaudos exigidos por el Artículo 12 incisos, a), b), d.1.), d.2.), d.3.), d.4), d.5), e), f) y k) en lo vinculado a la prestación del servicio de ayuda económica.

ARTICULO 9°.- Incorpórase como inciso c.4) del Artículo 12 bis de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, el siguiente: ARTICULO 12 bis.- …c.4) En todos los casos en que se exige Declaración Jurada en los que se puede verificar lo declarado, mediante bases de datos públicas o propias, se debe corroborar la exactitud de las mismas.

ARTICULO 10°.- Sustitúyese el Artículo 17 incisos a) y d.2) de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por el siguiente: ARTICULO 17.- …a) Llevar el movimiento de ayuda económica mutual en forma analítica, de modo que permita identificar claramente y en forma discriminada la ayuda económica mutual original de sus operaciones vinculadas como sus refinanciaciones y/o renovaciones otorgadas y efectuadas, debiendo consignarse en cada caso las sumas efectivamente desembolsadas por la mutual, independientemente de otros servicios y de acuerdo a las normas contables...

d.2) En soporte papel, en los términos previstos en el Anexo VI Apartado A, por plataforma de trámites a distancia (TAD), observando el aplicativo que como Anexo VIII integra el presente acto administrativo (IF-2019-93890068-APN-DNCYFCYM#INAES). Las Direcciones de Supervisión de Cooperativas y Mutuales y de Análisis del Servicio de Ahorro y Crédito podrán solicitar información adicional a la establecida en el inciso b) vinculada a la prestación del servicio. La omisión en la presentación de la información exigida en el inciso d) del presente Artículo por tres periodos consecutivos, podrá dar lugar a la declaración de caducidad del acto administrativo que aprobó el reglamento del servicio por el que se autorizó su prestación. Ella requerirá de una intimación previa en la que se concederá un plazo de VEINTE (20) días para su cumplimiento.

ARTICULO 11.- Incorpórase como inciso e) del Artículo 17 de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, el siguiente: ARTICULO 17.- …e) Presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y al ORGANO LOCAL COMPETENTE, dentro de los TREINTA (30) días posteriores de la finalización del año calendario, en los casos que el servicio se preste bajo cualquiera de las modalidades contempladas en el Artículo 19 bis, un dictamen técnico sobre la operatoria del servicio de ayuda económica, emitido por un profesional matriculado con especialización en sistemas informáticos, con su firma certificada por el colegio profesional o por la autoridad certificante que corresponda, que acredite la seguridad de los sistemas informáticos y el cumplimiento por la mutual de los recaudos y requisitos establecidos en el mencionado artículo en la prestación del servicio.

ARTICULO 12.- Sustitúyese el Artículo 18 de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por el siguiente: ARTICULO 18.- SOLVENCIA Y LIQUIDEZ AFECTADA: Cuando el órgano de administración advierta que puede verse afectada la solvencia o liquidez de la mutual, o bien, se verifiquen desvíos en el cumplimiento de lo establecido en los Artículos 5º, 6º, 9º y 10º de la presente resolución, se deberá:

a) Elaborar un plan de regularización y saneamiento el que será considerado en reunión del órgano de administración, a la que deberá citarse al órgano de fiscalización. Este podrá contener normas modificatorias o complementarias a la reglamentación del servicio y especificar la metodología operativa que se utilizará para determinar las disponibilidades que la mutual destinará para atender las demandas de sus asociados referidas a reintegros de ahorros y préstamos, cuando aquella supere la posibilidad de satisfacerla en su totalidad. A ese efecto se tomará en cuenta las necesidades totales de la mutual respecto de sus gastos operativos y demás obligaciones por otros servicios que esté prestando, preservando el patrimonio de la entidad y arbitrando entre los asociados ahorristas y beneficiarios de préstamos relaciones recíprocas de solidaridad.

b) Someter, el mencionado plan, a la consideración de la asamblea de asociados, la que habrá de celebrarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días de adoptada la decisión por el órgano de administración.

c) Poner en conocimiento de la auditoría externa el plan de regularización y saneamiento aprobado, de modo que los informes de auditoría exigidos por la presente resolución contengan información sobre el seguimiento del plan, los posibles desvíos y su ajuste posterior.

d) Efectuar un seguimiento del plan de regularización y saneamiento por parte del órgano de fiscalización y por las sucesivas asambleas hasta su conclusión, debiendo dejarse constancia en las actas respectivas. De advertir incumplimientos al plan de regularización y saneamiento el órgano de fiscalización deberá ponerlo en conocimiento del órgano de administración y de la asamblea de asociados.

Esas decisiones deben ser puestas en conocimiento del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL dentro de los DIEZ (10) días de adoptadas.

El incumplimiento en la elaboración y/o ejecución del plan de regularización y saneamiento, su falta de tratamiento por los órganos correspondientes, así como de su seguimiento, podrá dar lugar a la aplicación de las medidas que resulten procedentes, sin perjuicio de requerir su regularización y la suspensión de los servicios afectados.

ARTICULO 13.- Incorpórase como Artículo 19 bis de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, el siguiente: ARTICULO 19 BIS.- Las operaciones del Servicio de Ayuda Económica, con las regulaciones previstas en la presente resolución, podrán ser realizadas mediante la utilización de canales electrónicos y/o digitales existentes y los que se creen en el futuro, que cumplan con estándares técnicos y legales de seguridad informática aplicables, garantizando su integridad, autoría, consentimiento, confidencialidad y disponibilidad de la información de los asociados, en cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia.

ARTICULO 14.- Sustitúyese el Artículo 20 de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por el siguiente: ARTICULO 20.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Los expedientes de aprobación de reglamentos de ayuda económica con fondos propios o con fondos provenientes del ahorro de sus asociados que se encuentran en trámite al tiempo de la entrada en vigencia de la presente, deberán ser adecuados, en lo que corresponda, a los términos de la presente resolución. Los textos de los reglamentos podrán ser reformulados mediante acta del órgano de administración, lo que debe ser exigido por la unidad en la que se encuentre en trámite y presentado bajo declaración jurada en los términos contemplados en los artículos 109 y 110 del Decreto N° 1759/72,- TO 894/17-, manifestando que el mismo se encuentra adecuado a las prescripciones de la presente. En estos casos y una vez aprobado el reglamento por esta autoridad de aplicación, ello deberá ser puesto en conocimiento de la primera asamblea de asociados que se celebre.

ARTICULO 15.- Sustitúyese el Artículo 22 de la Resolución N° 1418/03,- TO 2359/19-, por el siguiente: ARTICULO 22.- Deróganse las Resoluciones Nros. 410/80, 293/88, 299/89, 014/95, 058/95, 063/95, 412/96, 1537/96, 2221/96, 2871/99 y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 7º de la Resolución Nº 968/95 y los artículos 4°, 5° y 6° de la Resolución N° 2748/19 de este Organismo.

ARTICULO 16.- Apruébase el texto ordenado de la Resolución N° 1418 del 23 de mayo de 2003 por el que como Anexo identificado como IF-2024-133511984-APN-DTYOD#INAES integra la presente resolución.

ARTICULO 17.- Derógase el Artículo 27 de la Resolución N° 2359 del 23 de octubre de 2019.

ARTICULO 18.- La presente resolución se aplica de pleno derecho por sobre cualquier norma en contrario prevista en los reglamentos del servicio de ayuda económica mutual aprobados por este Organismo, sin requerirse su modificación, considerándose incorporadas las disposiciones de la presente a dicha reglamentación.

ARTICULO 19.- La presente resolución comienza a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 20.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Sergio Pablo Cha - Eduardo Hector Fontenla - Matías Kelly - Elbio Nestor Laucirica - Ramiro Emiliano Martinez - Norberto Pedro Zarate - Marcelo Oscar Collomb

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/12/2024 N° 89759/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2024

VISTO, el Expediente identificado como EX-2024-130210182- -APN-PI#INAES y,

CONSIDERANDO:

Que las mutuales y las cooperativas se rigen por las disposiciones de las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, respectivamente, por las normas que dicta el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL en su carácter de autoridad de aplicación del régimen legal aplicable a las citadas entidades en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Leyes Nros. 20.321 (artículo 1°), 20.337 (artículo 106), 19.331 (artículo 2°) y los Decretos Nros.420/96, 721/00, sus modificatorios y complementarios.

Que mediante Resolución N° 1481/2009, sus modificatorias y complementarias Nros.7536/12, 2363/19 y 2987/19, se reglamentó la modalidad en la prestación del servicio de gestión de préstamos en cooperativas y mutuales.

Que la Ley N° 25.246 y sus modificatorias establece en el artículo 20, inciso 11, entre los sujetos obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a las cooperativas y mutuales, las que deben cumplir con las disposiciones de los artículos 14 y 21 de la citada ley, de conformidad con la reglamentación que dicta la mencionada UNIDAD.

Que mediante Resolución N° 99/2023 de la UNIDAD de INFORMACION FINANCIERA, sustitutiva de la Resolución N° 11/12 de esa Unidad, dirigida a cooperativas y mutuales, se establecieron los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 deben adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados con objetivos criminales de LA/FT.

Que en virtud que la última modificación introducida a la normativa sobre el servicio de gestión de préstamos lo ha sido a través de la mencionada Resolución N° 2363/19, se advierte como necesaria su actualización acorde a las disposiciones de la Resolución N° 99/2023 de la UIF.

Que asimismo deben adecuarse las modalidades de prestación del servicio a las tecnologías derivadas de la digitalización, posibilitando su desarrollo de acuerdo a los requerimientos de la legislación y de otros organismos públicos.

Que la digitalización del servicio favorecerá la agilidad, seguridad y transparencia de la operatoria, mejorará el ejercicio de la fiscalización privada y pública de las entidades, como así también un desarrollo acorde a las necesidades de sus asociados, integrados, bajo la libre iniciativa de sus miembros.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter previo al dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros.19.331, 20.321, 20.337 y los Decretos Nros.420/96, 721/00, sus modificatorios y complementarios,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- En todas las menciones que se efectúan en la Resolución N° 1481/09, sus modificatorias y complementarias Nros. 7536/12, 2363/19 y 2987/19 sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, debe entenderse prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (Prevención de LA/FT/FPADM).

ARTICULO 2º.- Sustitúyense los incisos 2.5 y 2.6 del Artículo 2° de la Resolución N° 2363/19, por los siguientes: ARTICULO 2°.-…2.5. La mitad de los miembros titulares de los órganos de administración y fiscalización, como mínimo, incluyendo en forma obligatoria al Presidente, Secretario y Tesorero, deben acreditar antecedentes sobre la responsabilidad, idoneidad y experiencia para administrar la prestación del servicio de gestión de préstamos, como así también en materia de prevención de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ello podrá ser efectuado mediante constancias que así lo acrediten, -en función de su experiencia laboral, profesional o en la administración de cooperativas, mutuales, o entidades con una actividad similar, por un plazo no inferior a DOS (2) años-, o que certifiquen capacitación sobre el mencionado servicio emitidas por este Instituto, Universidades Públicas o Privadas, Centros de Estudios con especialización en la materia, entidades de segundo o tercer grado en tanto ellas hayan sido dictadas por especialistas con carga horaria superior a 24 horas cátedra. En todos los casos, para su validez, deberá acompañarse programa de la capacitación y antecedentes de quienes los han dictado. En el supuesto que se trate de una cooperativa y que el órgano de fiscalización no sea plural, queda comprendido obligatoriamente la persona humana que se desempeñará en tal carácter en la acreditación antes mencionada.

2.6. Declaración jurada, en la que los integrantes de los órganos de administración y fiscalización expresen que no les alcanzan ninguna de las inhabilidades establecidas en los artículos 13 y 35 inciso b) de la Ley Nº 20.321 de tratarse de una mutual o en el artículo 64 de la Ley Nº 20.337 en el caso de una cooperativa, que no figuran en las resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) o hayan sido designados por el comité de seguridad de la organización de las Naciones Unidas, que no han sido condenados por delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y que no han sido sancionados con multa por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) o con inhabilitación por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Comisión Nacional de Valores (CNV) o Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

ARTICULO 3°.- Incorporase como inciso 3.8.) del Artículo 3° de la Resolución N° 2363/19, el siguiente: ARTICULO 3°.-…3.8) En todos los casos en que se exige Declaración Jurada en los que se puede verificar lo declarado, mediante bases de datos públicas o propias, se debe corroborar la exactitud de las mismas.

ARTICULO 4°.- En la prestación del servicio de gestión de préstamos, el órgano de administración deberá prever la formación de un legajo por asociado y de aquellas personas de carácter jurídico otorgantes de los préstamos que, bajo un enfoque basado en riesgo, justifique su solvencia patrimonial y financiera para ser acreedor u otorgante del préstamo y la determinación de su perfil en función de las políticas de prevención de LA/FT/FPADM. Para la formación del legajo podrán utilizarse medios electrónicos y digitales incluyendo la utilización de firma digital y/o electrónica para la validación de identidad conforme a las normas legales vigentes en la materia.

ARTICULO 5°.- Las operaciones del servicio de gestión de préstamos con las regulaciones previstas en la Resolución N° 1481/09, sus modificatorias y complementarias Nros. 7536/12, 2363/19 y 2987/19, podrán ser realizadas mediante la utilización de canales electrónicos y/o digitales existentes y los que se creen en el futuro, que cumplan con estándares técnicos y legales de seguridad informática aplicables, garantizando su integridad, autoría, consentimiento, confidencialidad y disponibilidad de la información de los asociados, en cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia.

ARTICULO 6°.- Las cooperativas y mutuales que presten el servicio de gestión de préstamos bajo cualquiera de las modalidades contempladas en el Artículo 5°, deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y al ORGANO LOCAL COMPETENTE, dentro de los TREINTA (30) días posteriores de la finalización del año calendario, un dictamen técnico sobre la operatoria del servicio de gestión de préstamos, emitido por un profesional matriculado con especialización en sistemas informáticos, con su firma certificada por el colegio profesional o por la autoridad certificante que corresponda, que acredite la seguridad de los sistemas informáticos y el cumplimiento por la mutual de los recaudos y requisitos establecidos en el citado artículo en la prestación del servicio.

ARTICULO 7°.- Los expedientes de aprobación de reglamentos de gestión de préstamos que se encuentran en trámite al tiempo de la entrada en vigencia de la presente, deberán ser adecuados, en lo que corresponda, a los términos de la presente resolución. Los textos de los reglamentos podrán ser reformulados mediante acta del órgano de administración, lo que debe ser exigido por la unidad en la que se encuentre en trámite y presentado bajo declaración jurada en los términos contemplados en los artículos 109 y 110 del Decreto N° 1759/72,- TO 894/17-, manifestando que el mismo se encuentra adecuado a las prescripciones de la presente. En estos casos y una vez aprobado el reglamento por esta autoridad de aplicación, ello deberá ser puesto en conocimiento de la primera asamblea de asociados que se celebre.

ARTICULO 8°.- La presente resolución se aplica de pleno derecho por sobre cualquier norma en contrario prevista en los reglamentos del servicio de gestión de préstamos aprobados por este Organismo, sin requerirse su modificación, considerándose incorporadas las disposiciones de la presente a dicha reglamentación.

ARTICULO 9°.- Encomiéndase a la Dirección Nacional de Control de Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual la redacción de un texto ordenado de la Resolución N° 1481/09, sus modificatorias y complementarias N° 7536/12, 2363/19 y 2987/19, con las modificaciones que se introducen por la presente resolución y las adecuaciones que correspondan.

ARTICULO 10.- La presente resolución comienza a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Sergio Pablo Cha - Eduardo Hector Fontenla - Matías Kelly - Elbio Nestor Laucirica - Ramiro Emiliano Martinez - Norberto Pedro Zarate - Marcelo Oscar Collomb

e. 12/12/2024 N° 89476/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2024

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2024-127217077-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), la Ley Nº 26.402, la Resolución INPI Nº P 2 de fecha 27 de enero de 2017, la Resolución INPI N° P-080 de fecha 18 de noviembre de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.402 del 20 de agosto de 2008 aprobó el Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industrial.

Que mediante la Resolución INPI Nº P-2 de fecha 27 de enero de 2017 entro en vigencia la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales en su 11º Edición de manera retroactiva a partir del 1 de enero de 2017.

Que mediante la Resolución P-080/2022, se implementó la decimocuarta (14) edición de la clasificación de Locarno, a partir del 1 de enero de 2023.

Que como signatarios, debemos adoptar las distintas ediciones de la clasificación contemplando la posibilidad de adherirnos a sus últimas revisiones.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO por Nota NO N°39/24, remitió al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL copia certificada en idioma español de la lista de clases y subclases de la clasificación de Locarno -decimoquinta 15° edición-facilitada por la OMPI.

Que la referida nota precisó que la Decimoquinta edición de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2025.

Que corresponde, por tanto, proceder al dictado de un acto administrativo a fin de que este Instituto Nacional implemente formalmente el adecuado procedimiento y encuadre de las solicitudes de registro de Modelos y Diseños Industriales acorde a la necesaria armonización de las normas de orden internacional que impone el Acuerdo A.D.P.I.C.

Que la Dirección de Modelos y Diseños Industriales y la Dirección de Asuntos Legales, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas el artículo 2° del Decreto N° 353/2019 y el Decreto-Ley N° 6673 del año 1963, ratificado por la Ley N° 16.748.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Adóptese la Decimoquinta (15) Edición de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, proveniente del Arreglo de Locarno, la que como Anexo Nº IF-2024-134027314-APN-DMYDI#INPI forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — La entrada en vigencia será a partir del 1º de enero de 2025, previa publicación por un (1) día en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 3° — Facúltese a la Dirección de Modelos y Diseños Industriales a fin de que dicte las normas que considere pertinente para su implementación.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en la página web de INPI, y archívese.

Carlos María Gallo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/12/2024 N° 89756/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-113122409-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 24.331 y la Resolución N° 275 de fecha 10 de octubre de 1996 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Provincia del CHUBUT presentó un pedido del Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, a fin de expandir el espacio físico de dicha zona franca, solicitando la modificación del Artículo 1° del “Reglamento de Funcionamiento y Operación de la ZONA FRANCA DE COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DE CHUBUT”, aprobado como Anexo I por la Resolución N° 275 de fecha 10 de octubre de 1996 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que el Comité de Vigilancia, argumenta que la solicitud responde a condiciones excepcionales y estratégicas, constituyéndose la ampliación del espacio físico como una plataforma estratégica de bienes y servicios, generando una reducción de costos logísticos y optimizando los procedimientos administrativos, con el fin de fomentar el comercio y la actividad exportadora de la región.

Que en el mismo sentido, el mencionado Comité indica que la ampliación del espacio físico potenciará sectores claves de la región, ofreciéndose infraestructura a la industria metalmecánica y alimenticia, soporte logístico a la industria naval y pesquera y actuando también como punto de abastecimiento hidrocarburífero.

Que por ello corresponde la modificación del Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 275/96 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA YOBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en función de lo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 24.331.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución N° 275 de fecha 10 de octubre de 1996 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS por el siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- A los efectos de este Reglamento se entenderá por:

LEY DE ZONAS FRANCAS: A la Ley Nacional de Zonas Francas N° 24.331, o la que la sustituya.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Es el Ministerio de Economía, según el Artículo 13 de la Ley N° 24.331.

ZONA FRANCA: El área perfectamente deslindada y cercada con aislamiento respecto del Territorio Aduanero General, ámbito dentro del cual la mercadería no está sujeta o sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción o extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico (Artículo 590 del Código Aduanero).

ZONA FRANCA DE COMODORO RIVADAVIA: Es la Zona Franca que según la definición anterior se localiza en el ejido de la ciudad de Comodoro Rivadavia (área general de asentamiento de Zona Franca), en el Departamento Escalante, que forma parte del Corredor Bioceánico que une los Puertos de Comodoro Rivadavia Chubut (REPÚBLICA ARGENTINA) y Puerto Chacabuco, XI Región (REPÚBLICA DE CHILE). Tiene origen en el Convenio de Adhesión a la Ley de Zonas Francas N° 24.331 firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Provincia del Chubut ratificado por Ley Provincial N° 4.038. En la Zona Franca de Comodoro Rivadavia pueden desarrollarse actividades y operaciones de almacenaje, comerciales, de servicio, e industriales, autorizadas por el Artículo 6° de la Ley N° 24.331. En la Zona Franca de Comodoro Rivadavia se promoverá y facilitará la radicación de actividades y operaciones destinadas a la investigación, a la innovación tecnológica, y a las comunicaciones.

ANEXOS DE LA ZONA FRANCA DE COMODORO RIVADAVIA: son los recintos perfectamente deslindados, localizados en el Puerto del ejido de Comodoro Rivadavia delimitado por la reserva de CINCO (5) hectáreas en la ampliación del Puerto de Comodoro Rivadavia y en el Aeropuerto Internacional General Mosconi, y en la Ciudad de Trelew delimitado en CIENTO SESENTA Y CINCO (165) hectáreas. Éstos pueden ser utilizados como depósito y/o para el desarrollo de actividades de industrialización y de servicios que por su característica requieran dicha localización específica. La habilitación de este último anexo deberá realizarse conforme los procedimientos que la Dirección General de Aduanas establezca a tales fines.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: Organismo constituido por el Decreto N° 1.048/94 del Gobierno de la Provincia del Chubut, en el marco de la Ley N° 24.331 y con las funciones que le establece el Artículo 14 de la misma.

COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA ZONA FRANCA DE COMODORO RIVADAVIA: Al organismo provincial requerido en el Artículo 15 de la Ley N° 24.331. Desempeñará las funciones de Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, enunciadas en el Artículo 16 de la Ley N° 24.331.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN: Al presente Reglamento que rige la forma general de funcionamiento y operación de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia (plazo, modalidad y condiciones de la Concesión de la explotación; causales de revocación, sanciones por incumplimiento, características de tasas y cargos de los servicios prestados, condiciones contractuales para la admisión de Usuarios, etc.), integrará conjuntamente con el Pliego de Bases y Condiciones los documentos, de la Concesión Pública.

REGLAMENTO INTERNO OPERATIVO: Es el que establecerá las normas relativas al uso de espacio, horarios y formas de ingreso y egreso de mercaderías y personas, tratamiento de residuos, condiciones mínimas que deben contener los contratos a celebrar, y todo tema que este Reglamento deje establecido a tal efecto. El Reglamento Interno Operativo deberá ser formulado por el Concesionario de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia y aprobado por el Comité de Vigilancia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Documento para el llamado a Licitación Pública nacional e internacional, en un todo de acuerdo a las Leyes Nacionales sobre el particular, mediante la cual la Comisión de Selección y Evaluación de la Zona Franca de la Provincia del Chubut ofrecerá la concesión para la implementación y exportación de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, de acuerdo a lo establecido en el inciso c), del Artículo 14 de la Ley N° 24.331.

CONCESIONARIO: Es la persona de existencia ideal o visible a quien se le otorga por un período determinado de años la implementación y la explotación de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia. Como administrador y operador de la Zona Franca debe, promover, crear y garantizar un sistema ágil y eficiente de actividades, funcionamiento y de libre competencia.

USUARIO: Es toda persona de existencia ideal o visible que haya adquirido el derecho a desarrollar actividades u operaciones de almacenaje, comerciales, industriales, de servicios u otras especificadas o autorizadas por la Ley N° 24.331 dentro de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia. Este derecho se adquiere a través de un Contrato que lo habilita al uso de espacios y/o instalaciones y que es registrado por el Concesionario. Los Usuarios pueden ser directos o indirectos.

USUARIOS DIRECTOS: Son las personas de existencia ideal o visible que contraten directamente con el Concesionario. Los usuarios directos podrán ceder el uso de espacios físicos o instalaciones sobre las que tenga derecho a otras personas físicas o jurídicas, por un plazo menor o igual al pactado. La cesión deberá ser conforme al Reglamento Interno Operativo.

USUARIOS INDIRECTOS: Son las personas de existencia ideal o visible que contraten con un Usuario Directo el uso de espacios físicos o instalaciones sobre las que éste tenga derecho. El Contrato deberá efectivizarse conforme al Reglamento Interno Operativo.

CONTRATOS: Es el acto celebrado entre Concesionario y Usuario Directo o entre el Usuario Directo y el Indirecto, o entre éstos y un tercero, en el que se establecen las actividades a desarrollar por el Usuario, las condiciones, derechos, obligaciones y penalidades. Estos Contratos deberán ser inscriptos en un registro, que deberá instrumentar el Comité de Vigilancia discriminando por tipos de Contratos, deberá además informar mensualmente sobre altas y bajas a la Administración Nacional de Aduanas. Las modalidades de Contratos estarán definidas en el Reglamento Interno Operativo.

JUNTA ARBITRAL: Es el órgano integrado por un miembro directivo del Comité de Vigilancia, un representante de la Administración Nacional de Aduanas de Comodoro Rivadavia, el Concesionario y un representante de los Usuarios, cuya función será la de resolver las dificultades no reglamentadas que se susciten entre el Concesionario y los Usuarios. Esta Junta se reunirá a solicitud de los interesados.

COMITÉ DE USUARIOS: Es el órgano integrado por el Concesionario y representantes de los Usuarios, que considerará los asuntos de mutuo interés sobre las actividades en la Zona Franca de Comodoro Rivadavia.”.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Luis Andres Caputo

e. 12/12/2024 N° 89467/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-112545177-APN-DGDMDP#MEC, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 709 de fecha 18 de noviembre de 2016 ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 409 de fecha de 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 483 de fecha 10 de septiembre de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y 470 de fecha 28 de octubre de 2024 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 709 de fecha 18 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se creó el Programa “Plan de Diseño” con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial y mejorar las posibilidades de colocación de productos en el mercado nacional e internacional mediante la incorporación de diseño como herramienta.

Que el mencionado Programa contempla DOS (2) modalidades y herramientas de implementación llamadas “PYMES D” y “Sello del Buen Diseño Argentino”, asignando diferentes instrumentos para cada una de ellas.

Que la herramienta “Sello del Buen Diseño Argentino” consiste en una distinción a la incorporación de la gestión de diseño, siempre que se demuestre una mejora en los procesos industriales y productos, aumentando la competitividad, tanto en el mercado interno como en el externo, y constituyendo una oferta nacional de productos destacados por su diseño.

Que a través de la Resolución N° 409 de fecha de 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se aprobó el Reglamento Operativo y Bases y Condiciones Generales del Programa “Plan de Diseño”.

Que la Resolución N° 483 de fecha 10 de septiembre de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO transfirió el Programa “Plan de Diseño”, creado por la Resolución N° 709/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, de la órbita de la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS a la órbita de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, designándose a esta última como Autoridad de Aplicación de dicho Programa, quedando facultada a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para su ejecución.

Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciendo entre los objetivos de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA entender en la elaboración, propuesta y definición de políticas públicas y estudios dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores y promover el desarrollo de la competitividad de los sectores productivos en el ámbito de su competencia mediante la incorporación de diseño e innovación a los productos y procesos.

Que, asimismo, corresponde a la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO en lo que a su competencia se refiere, intervenir, en la ejecución de los distintos instrumentos, programas y líneas de financiamiento a cargo de la Secretaría, asistir a la Secretaría en el diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de fomento, asistencia y promoción que atiendan a la problemática de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) en todas sus ramas, en el ámbito de su competencia y colaborar en el desarrollo de la competitividad de los sectores productivos mediante la incorporación de diseño e innovación a los productos y procesos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que realizan actividades en el campo de la innovación y el diseño.

Que, mediante la Resolución N° 470 de fecha de 28 de octubre de 2024 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se convocó a los interesados en acceder a Programa “Plan de Diseño”, creado por la Resolución N° 709 de fecha 18 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a presentar el correspondiente formulario de inscripción y la documentación pertinente, conforme las previsiones dispuestas en el Reglamento Operativo y Bases y Condiciones Generales del citado Programa, aprobado por la Resolución N° 409 de fecha 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que, de acuerdo a lo recomendado por el área técnica interviniente en la ejecución del programa, dada la complejidad de la recopilación de la documentación requerida para acceder a la herramienta “Sello de Buen Diseño Argentino” y en pos de lograr una integración estratégica del diseño en la producción local para mejorar su competitividad, su productividad y aumentar las posibilidades de insertar sus productos en el mercado nacional e internacional, resulta necesario continuar con las actividades de difusión de la convocatoria y en función de ello se considera conveniente extender el plazo de la misma, cuyo cierre fue previsto para el día 10 de diciembre de 2024 inclusive, hasta el día 31 de marzo de 2025.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 709/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 483/20 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y 470/24 de fecha 28 de octubre de 2024 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, hasta el 31 de marzo de 2025 inclusive, el plazo de la convocatoria establecido en la Resolución N° 470 de fecha 28 de octubre de 2024 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para que los interesados en acceder a la herramienta “Sello de Buen Diseño Argentino”, prevista en el marco del Programa “Plan de Diseño” creado por la Resolución N° 709 de fecha 18 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, puedan presentar el formulario de inscripción y la documentación pertinente, conforme las previsiones dispuestas en el Reglamento Operativo del citado Programa, aprobado por la Resolución N° 409 de fecha 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y en las Bases y Condiciones Particulares de la presente convocatoria.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Marcos Martin Ayerra

e. 12/12/2024 N° 89411/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-92457336- -APN-SSGA#MCH, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 919 de fecha 8 de agosto de 2018 del entonces MINISTERIO DE CULTURA y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 919/18 del entonces MINISTERIO DE CULTURA (RESOL-2018-919-APN-MC) y sus modificatorias se aprobó el Reglamento General del SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES, el cual tiene como objeto regular la organización y las pautas de funcionamiento de tal evento anual, cuya finalidad es reconocer la trayectoria de los artistas visuales y promover la formación de artistas y espectadores, a través de la entrega del Premio Nacional a la Trayectoria Artística y los Premios de dicho Salón.

Que en función del tiempo transcurrido desde el dictado del preinvocado reglamento, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, sumado a la repercusión que ha tenido el SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES, deviene necesario efectuar un reordenamiento orientado a fortalecer y simplificar su desarrollo.

Que, por otra parte, dentro del contexto de una política de austeridad y disminución de costos en la Administración Pública Nacional, resulta imprescindible adoptar medidas tendientes al uso eficiente y racional de los recursos públicos.

Que, asimismo, en atención a los vínculos históricos que se establecen entre el arte y el diseño, así como a la enorme afluencia de artistas que, en la actualidad, traducen sus esfuerzos creativos en objetos funcionales que mejoran y embellecen los entornos cotidianos, se estima adecuado incluir a aquella última disciplina, dentro de las categorías previstas en el artículo 13 del Reglamento General del SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES.

Que ello guarda coherencia con la tradición del SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES, que, a partir de su edición de 1913, incluyó entre sus secciones principales a la Arquitectura y a las Artes Decorativas.

Que, a través de la categoría Diseño, se reconocerán y galardonarán aquellas piezas de origen industrial o artesanal que, por su particular conjunción de atributos estéticos y utilitarios, representen un aporte a la cultura material del país.

Que conviene también establecer que los Premios del SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES de cada edición, consistirán únicamente en el reconocimiento a las TRES (3) mejores obras del conjunto de las categorías establecidas en el Artículo 13 del Reglamento General del referido evento y el reconocimiento a las TRES (3) mejores obras de cada una de aquellas categorías, en particular.

Que en el mismo orden de ideas, se prevé que las presentaciones realizadas por los artistas y los colectivos de artistas interesados, serán evaluadas por un único jurado de SIETE (7) miembros, cuya integración será establecida en las respectivas bases y condiciones del evento.

Que, en línea con tal temperamento, procede unificar la premiación de las TRES (3) mejores obras del conjunto de las categorías establecidas en el Artículo 13 del Reglamento General del SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES y de las TRES (3) mejores obras de cada una de ellas, a través de un solo jurado de CINCO (5) miembros, cuya conformación será establecida en las respectivas bases y condiciones del evento.

Que, por esta razón, cabe sustituir el Reglamento General del SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES aprobado por la Resolución M.C. N° 919/18 (RESOL-2018-919-APN-MC) y sus modificatorias, que como ANEXO I (IF-2024-125336878-APN-SSPC#SC), forma parte integrante de la presente medida.

Que el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia, en el marco del Artículo 18 del Decreto N° 993/24.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas mediante el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Reglamento General del SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES aprobado por la Resolución Ex M.C. N° 919/18 (RESOL-2018-919-APN-MC) y sus modificatorias, que quedará integrado en los términos del ANEXO I (IF-2024-125336878-APNSSPC#SC), que forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese.

Leonardo Javier Cifelli

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/12/2024 N° 89542/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2024

Visto el expediente EX-2024-134520593- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de 2020, 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE), 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), 280 del 26 de marzo de 2024 (DNU-2024-280-APN-PTE), 594 del 5 de julio de 2024 (DNU-2024-594-APN-PTE) y 846 del 20 de septiembre de 2024 (DNU-2024-846-APN-PTE), y la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que en el artículo 37 de la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 2° del decreto 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE), 1° del decreto 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), 7° del decreto 280 del 26 de marzo de 2024 (DNU-2024-280-APN-PTE) y 6º del decreto 594 del 5 de julio de 2024 (DNU-2024-594-APN-PTE) se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.

Que en el artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, sustituido por el artículo 2º del decreto 846 del 20 de septiembre de 2024 (DNU-2024-846-APN-PTE), se dispone que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago, y que los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados para cada una de las operaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas por la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA) y sus modificatorias, y conforme lo determinen ambas secretarías; aclarando que tales operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la ley 24.156 y sus modificatorias.

Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de Economía.

Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, se sustituyeron las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF).

Que, en ese marco normativo, se ha considerado conveniente ofrecer a los tenedores de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 31 de enero 2025” (S31E5), emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 19 del 21 de marzo de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-19-APN-SH#MEC) la suscripción de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de mayo de 2025”, emitida originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 55 del 26 de septiembre de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-55-APN-SH#MEC), o de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 31 de octubre de 2025” o del “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de enero de 2026” que se emiten por los artículos 1° y 2° de la presente medida.

Que las operaciones que se impulsan se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la ley 27.701, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023, 1° del decreto 23/2024, 7° del decreto 280/2024 y 6º del decreto 594/2024.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 37 de la ley 27.701, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023, 1° del decreto 23/2024, 7º del decreto 280/2024 y 6º del decreto 594/2024, en el artículo 11 del decreto 331/2022, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, sustituido por el artículo 2º del decreto 846/2024, y en el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 31 de octubre de 2025”, por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco billones (VNO $ 5.000.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 16 de diciembre de 2024.

Fecha de vencimiento: 31 de octubre de 2025.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Precio de emisión original: a la par.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Intereses: pagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, la que será determinada en la licitación. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula:

Donde:

DÍAS: cantidad de días transcurridos entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360).

VPV: Valor de Pago al Vencimiento.

VNO: Valor Nominal Original.

Tm: tasa efectiva mensual que se determine en la licitación.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: la suscripción se llevará a cabo, en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA) y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución.

Negociación: será negociable y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de la Letra.

Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese la emisión del “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de enero de 2026”, por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco billones (VNO $ 5.000.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 16 de diciembre de 2024.

Fecha de vencimiento: 30 de enero de 2026.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Precio de emisión original: a la par.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Intereses: pagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, la que será determinada en la licitación. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula:

Donde:

DÍAS: cantidad de días transcurridos entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360).

VPV: Valor de Pago al Vencimiento.

VNO: Valor Nominal Original.

Tm: tasa efectiva mensual que se determine en la licitación.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: la suscripción se llevará a cabo, en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución.

Negociación: será negociable y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro del Bono.

Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase, en el marco del artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, sustituido por el artículo 2º del decreto 846 del 20 de septiembre de 2024 (DNU-2024-846-APN-PTE), la operación de conversión para la suscripción de uno (1) o más de los siguientes instrumentos: “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de mayo de 2025”, en adelante LECAP S30Y5, emitida originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 55 del 26 de septiembre de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-55-APN-SH#MEC), o de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 31 de octubre de 2025”, en adelante LECAP S31O5 que se emite por el artículo 1° de la presente medida, o del “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de enero de 2026”, en adelante BONCAP T30E6, que se emite por el artículo 2° de la presente medida (todos juntos “Nuevos Instrumentos”); mediante la entrega de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 31 de enero 2025”, en adelante LECAP S31E5, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 19 del 21 de marzo de 2024 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2024-19-APN-SH#MEC).

La recepción de las ofertas comenzará a las 11:30 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 11 de diciembre de 2024 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día lunes 16 de diciembre de 2024 (T+3).

La licitación será con un único pliego competitivo para cada uno de los Nuevos Instrumentos a entregar:

a. En el caso de la LECAP S30Y5, los participantes deberán indicar la cantidad de valor nominal y el precio en pesos por cada valor nominal original pesos mil (VNO $ 1.000) con dos decimales. El precio de cada oferta que se presente deberá ser ajustado a una liquidación T+3 (16 de diciembre 2024); y

b. Para la LECAP S31O5 y el BONCAP T30E6 deberán indicar la tasa efectiva mensual que capitalizará cada uno de estos instrumentos como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales.

Para determinar la cantidad de VNO a entregar de LECAP S31E5, se utilizará la siguiente fórmula:

A cada uno de los VNO que se obtengan de la LECAP S31E5 se los redondeará hacia abajo al entero más cercano de la denominación mínima de dicho instrumento.

Antes de las 17:00 horas del día viernes 13 de diciembre (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de la LECAP S31E5 aceptado desde su cuenta en la CRYL del BCRA, a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad en una única transferencia. Si algún participante tuviera la LECAP S31E5 depositada en Caja de Valores SA deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, la LECAP S31E5 sea transferida primero a su cuenta en la CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.

Dado que esta licitación para conversión es una operación de suscripción en especie en el marco del artículo 2º del decreto 846 del 20 de septiembre de 2024 (DNU-2024-846-APN-PTE), si ocurriera algún incumplimiento en la entrega de la LECAP S31E5 la liquidación se realizará mediante el débito del valor efectivo aplicando la siguiente fórmula:

La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.

El lunes 16 de diciembre de 2024 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos en las cuentas de cada participante en esa entidad, y en el caso de incumplimiento primero debitará el monto correspondiente al Monto Efectivo y luego entregará los Nuevos Instrumentos.

ARTÍCULO 4º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º a 3° de esta resolución.

ARTÍCULO 5º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pablo Quirno Magrane - Carlos Jorge Guberman

e. 12/12/2024 N° 89605/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2024

VISTO el EX-2024-115224542- -APN-DFYGR#ANMAT y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Medicamentos ha desarrollado la Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA, correspondiente al Ingrediente Farmacéutico Activo CLOTRIMAZOL (número de control 124074) para ensayos físico-químicos.

Que esta Sustancia de Referencia ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300 mg por envase.

Que la valoración permitió determinar que su título es 99,8%, expresado sobre la sustancia seca.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA para ensayos físico-químicos, al Ingrediente Farmacéutico Activo CLOTRIMAZOL (número de control 124074), la cual ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 99,8%, expresado sobre la sustancia seca.

ARTICULO 2º. – Establécese que los frascos ampollas de CLOTRIMAZOL Sustancia de Referencia se conservarán en el Instituto Nacional de Medicamentos, desde donde se distribuirán a los solicitantes, luego del pago del arancel correspondiente y serán acompañados por un informe técnico resumido.

ARTICULO 3º. – Regístrese; comuníquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.

Nelida Agustina Bisio

e. 12/12/2024 N° 89712/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2024

VISTO el expediente N° EX-2024-120811534-APN-DPVYCJ#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron a partir de una notificación proveniente de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) de la provincia de Santa Fe, a través del Incidente Federal N° 4372 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), en relación a la comercialización de los productos rotulados como: “Salsa dulce a base de jarabe de maíz y miel; marca: La Carolina; elaborado por RNE N° 21-009269; RNPA N°21-036648; C.G 21-012-22; dirección Ocampo N° 233; Rosario, provincia de Santa Fe; peso neto 250g; lote N° L18K21”; “Salsa dulce a base de jarabe de maíz y miel; marca: San Isidro; elaborado por RNE N° 21-009269; RNPA N° 21-039213; C.G 21-012-22; dirección Ocampo N° 233; Rosario, provincia de Santa Fe; peso neto 250g; lote N° L18K22”; y “Salsa dulce a base de jarabe de maíz y miel; marca: Las Lilas; elaborado por RNE N° 21-009269; RNPA N° 21-098979; C.G 21-012-22; dirección Ocampo N° 233; Rosario, provincia de Santa Fe; peso neto 250g; lote N° L18K20”, que no cumplirían con la normativa alimentaria vigente.

Que en este sentido la citada Agencia informó que realizó una auditoría de verificación de comercialización en un comercio de la localidad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, y que al corroborar la presencia de los productos investigados, realizó las tomas de muestra oficiales reglamentarias para evaluación de los rótulos, conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Ley N° 18284 y el Decreto N° 2126/71.

Que atento a las muestras tomadas, el laboratorio de la ASSAL realizó los correspondientes análisis de los rótulos de los productos investigados y emitió los informes Nros. 47919, 47921, 47923; donde indicó que al verificar los registros, surge que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 21-009269 presenta fecha de inactividad a partir del 22-06-2022, el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 21 - 098979 correspondiente a la marca “Las Lilas” se encuentra vencido desde el 07/09/2019, el RNPA N° 21 - 039213 correspondiente a la marca “San Isidro” se encuentra vencido desde el 04-11-2022, y el RNPA N° 21 - 036648 correspondiente a la marca “La Carolina” se encuentra vencido desde el 26/09/19.

Que en consecuencia la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria realizó la prohibición de comercialización de los mencionados productos en su jurisdicción a través de la Orden N° 07, realizada el día 25/10/2024.

Que atento a todo lo anteriormente mencionado, los productos se encuentran en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de RNE y de RNPA, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo un número de RNE y números de RNPAs. dados de baja, resultando ser en consecuencia productos ilegales.

Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de la población, ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, es que el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea de los citados productos.

Que, con relación a la medida sugerida, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 94 de fecha 27 de diciembre de 2023.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea, de los productos: “Salsa dulce a base de jarabe de maíz y miel; marca: La Carolina; elaborado por RNE N° 21-009269; RNPA N°21-036648; C.G 21-012-22; dirección Ocampo N° 233; Rosario, provincia de Santa Fe”, “Salsa dulce a base de jarabe de maíz y miel; marca: San Isidro; elaborado por RNE N° 21-009269; RNPA N° 21-039213; C.G 21-012-22; dirección Ocampo N° 233; Rosario, provincia de Santa Fe” y “Salsa dulce a base de jarabe de maíz y miel; marca: Las Lilas; elaborado por RNE N° 21-009269; RNPA N° 21-098979; C.G 21-012-22; dirección Ocampo N° 233; Rosario, provincia de Santa Fe” en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de RNE y de RNPA, y por estar falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos un número de RNE y números de RNPAs. dados de baja, resultando ser en consecuencia productos ilegales.

Se adjuntan imágenes de los rótulos de los productos detallados en el ANEXO que, registrado con el número IF-2024-125113193-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°. - Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNE N° 21-009269 y/o RNPA N°21-036648 y/o RNPA N° 21-039213 y/o RNPA N° 21-098979, por ser productos falsamente rotulados que utilizan un RNE y RNPAs. dados de baja, resultando ser en consecuencia ilegales.

ARTÍCULO 3°. - Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Cumplido, dése a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/12/2024 N° 89703/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2024

VISTO el expediente N° EX-2024-102206977- -APN-DPVYCJ#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron a partir de una notificación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, a través del Incidente Federal N° 4294 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), en relación a la comercialización del producto rotulado como: “QUESO MOZZARELLA ARGENTINO marca TAMBERIA HOLANDESA, VENTA AL PESO, Consumir preferentemente antes de los 45 días de elaboración, ESTABLECIMIENTO: RNE: 040020.77, RNPA: 04022992”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Que al respecto la citada Dirección informó que recibió una denuncia de un consumidor que manifestó querer verificar la veracidad de los registros que se exhiben en el rótulo del citado producto, y aportó el link del sitio de venta en línea donde éste se comercializa.

Que atento a ello, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba informó que verificó en su base de datos de información que el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040020.77 y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 04022992 que se exhiben en el rótulo del producto investigado son inexistentes.

Que dado que el producto se publicita y promociona en plataformas de venta en línea, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria que evalúe las medidas a adoptar.

Que atento a lo anteriormente mencionado, el producto se halla en infracción a el artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de registros inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea el citado alimento; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen el RNE y/o RNPA mencionado.

Que, con relación a la medida sugerida, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 94 de fecha 27 de diciembre de 2023.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea el producto: “QUESO MOZZARELLA ARGENTINO marca TAMBERIA HOLANDESA, ESTABLECIMIENTO: RNE: 040020.77, RNPA: 04022992”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros sanitarios, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de registros inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Se adjunta imagen del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-2024-103433919-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°. - Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNE 040020.77 y/o RNPA 04022992, por ser productos falsamente rotulados que utilizan números de registros inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.

ARTÍCULO 3°. - Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Cumplido, dése a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/12/2024 N° 89700/24 v. 12/12/2024

Ciudad de Buenos Aires, 10/12/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-135382225-APN-DNRNPACP#MJ, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y las Resoluciones UIF Nros. 127/12, 35/23 y 192/24, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.246 y sus modificaciones citada en el Visto establece en el inciso 19 del artículo 20, que están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), de conformidad con las normas que dicte dicho organismo, entre otros, los Registros de la propiedad del automotor y los Registros prendarios.

Que, asimismo, el artículo 21 del marco normativo prevé que los Sujetos Obligados quedarán sometidos a las obligaciones que dicte la mencionada Unidad, como ser, determinar si el cliente o el/los beneficiario/s final/es es/son una persona expuesta políticamente.

Que la Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo encargado de analizar, procesar y transmitir información con el fin de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

Que, en este contexto, ha emitido, en virtud de las facultades otorgadas por el inciso 10 del artículo 14 de la ley pertinente, directivas, instrucciones y resoluciones que establecen las medidas que deben implementar los Sujetos Obligados para cumplir, entre otras cosas, con la obligación de identificar y conocer a sus clientes.

Que, asimismo, de acuerdo con las Recomendaciones del GAFI, los estándares internacionales establecen que se debe exigir a los Sujetos Obligados, Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) que identifiquen y apliquen las medidas de mitigación de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) correspondientes en relación con las personas que sean consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Que tales recomendaciones exigen que los países aseguren que tanto las instituciones financieras como las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) implementen medidas para prevenir el uso indebido del sistema financiero y no financiero por parte de personas que sean consideradas PEP, así como para identificar posibles abusos que pudieran ocurrir.

Que, por su parte, el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título I, Capítulo XIII, Sección 1ᵃ regula lo atinente a los controles impuestos por el citado Organismo a cargo del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

Que, consecuentemente, cabe en esta instancia ajustar las normas citadas en línea con la Resolución N° RESOL-2024-192-APN-UIF#MJ, que actualiza el contenido de la Resolución UIF N° 35/23.

Que, a tal efecto, corresponde practicar las adecuaciones normativas en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 2°, inciso c), del Decreto N° 335/88.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 11, Sección 1ᵃ, Capítulo XIII, Título I del Digesto de Normas Técnico Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, por el texto que a continuación se indica:

“Artículo 11.- Respecto de los usuarios que reúnan la condición de “Personas Expuestas Políticamente”, los Registros Seccionales deberán determinar cuál es el origen de los fondos que involucran sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica. En los “Reportes de Operaciones Sospechosas” (ROS) en que se encuentren involucradas “Personas Expuestas Políticamente”, el Registro Seccional deberá dejar debida constancia de ello al efectuar la descripción de la operatoria.

La condición de PEP cesará luego de transcurrido DOS (2) años, desde que la persona dejó de cumplir la función o cargo público correspondiente. No obstante, una vez cumplido el plazo de los DOS (2) años, el Sujeto Obligado, debe evaluar la situación del usuario o beneficiario final mediante un enfoque basado en riesgo, tomando en consideración la relevancia de la función desempeñada, la potestad de disposición y/o administración de fondos y la antigüedad en la función pública ejercida, entre otros factores de relevancia para el análisis del nivel de riesgo.

Los controles aludidos en el presente artículo deberán extremarse en los supuestos individualizados en los puntos 1) y 4) de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” que integra el Anexo I -reverso- de este Capítulo”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” contenida en el reverso del Anexo I, Capítulo XIII, Título I del Digesto de Normas Técnico Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, por el que obra como Anexo de la presente (IF-2024- 135511508-APN-DNRNPACP#MJ)

ARTICULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación.

ARTICULO 4.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Fernando Javier Garcia

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/12/2024 N° 89606/24 v. 12/12/2024

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 09/12/2024, la tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 2 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 09/12/2024, corresponderá aplicar la Tasa TAMAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 7 ppa.

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 09/12/24) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 30 días del 32%, Hasta 60 días del 32% TNA, Hasta 90 días del 32% TNA, de 91 a 180 días del 33% TNA, de 181 a 360 días del 34% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 32%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 35%, hasta 60 días del 35% TNA, Hasta 90 días del 35% TNA, de 91 a 180 días del 36% TNA, de 181 a 360 días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 33 días del 35% TNA, Hasta 60 días del 35% TNA, Hasta 90 días del 35% TNA, de 91 a 180 días del 36% TNA y de 181 a 360 días del 37% TNA.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Valeria Mazza, Subgerente Departamental.

e. 12/12/2024 N° 89627/24 v. 12/12/2024

10/12/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos – Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la fecha que se indica.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgte. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/12/2024 N° 89701/24 v. 12/12/2024