Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2024

VISTO el Expediente EX-2024-101640702-APN-DACYGD#AABE y su asociado EX-2023-67303738-APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 (texto conf. Decreto Nº 636 de fecha 18 de julio de 2024, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769 de fecha 29 de agosto de 2024), 1.088 de fecha 3 de diciembre de 2018 y 950 de fecha 24 de octubre de 2024, el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 177 de fecha 16 de julio de 2022 (texto ordenado) (RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM), y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la desafectación del bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 1.665/1.675/1.679, Comuna 1, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; identificado catastralmente como Circunscripción 14 - Sección 5 - Manzana 9 – Parcelas 23 y 24, correspondiente al CIE Nº 0200002636/6 con una superficie total aproximada de UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS TRES METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (1.723,58 m2), en jurisdicción de la SECRETARÍA DE CULTURA con actual dependencia de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN según Decreto N° 989 de fecha 5 de noviembre de 2024 modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2024-116173101- APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.

Que la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS REGISTRALES Y DE INFORMACIÓN elaboró los informes técnicos correspondientes, identificados como PLANO-2024-105089430-APN-DSCYD#AABE e IF-2024-105184653-APN-DSCYD#AABE.

Que la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL elaboró el Informe de Ocupación y Uso de Bienes del Estado Nº 834/2024 de fecha 7 de octubre de 2024 (IF-2024-110477177-APN-DDT#AABE), expresando que “(…) El inmueble en cuestión, ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 1.665, se encuentra bajo la jurisdicción del ex MINISTERIO DE CULTURA (MC), actualmente SECRETARÍA DE CULTURA. Este bien fue asignado en uso a dicha entidad por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), conforme a la Resolución RESFC-2023-181-APN-AABE#JGM (…) se observó que la mayor parte del terreno se trata de un área libre, que anteriormente funcionaba como playa de estacionamiento para la AABE y la Agencia Federal de Inteligencia, conforme lo indica el informe de fiscalización Nº 0523/2023 (IF-2023-79880993-APN-DDT#AABE). (… ) Al momento de la inspección, no mostraban signos de uso ni modificaciones estructurales o nuevas obras. Por último, se informa que el acceso al inmueble es por un portón manual tanto para el ingreso vehicular como peatonal (…)”.

Que mediante la Nota NO-2024-16193338-APN-SC#MCH de fecha 15 de febrero de 2024, la SECRETARÍA DE CULTURA, entonces dependiente del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO puso a disposición el inmueble descripto en el considerando primero expresando que “ (…) En conclusión, se eleva la presente a los efectos que dentro del marco de sus competencias, y en el caso de compartir los criterios explayados por esta Secretaría, se declare la innecesaridad y se proceda a la enajenación del inmueble sito en Avenida Rivadavia 1.663/1.679, y se dispongan esos recursos a los fines de concretar el proyecto en Santiago del Estero 126, todo ello de acuerdo a los términos previstos en la normativa vigente.” (…)”.

Que mediante el Decreto Nº 1.088 de fecha 3 de diciembre de 2018 se autorizó a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, a disponer y enajenar el inmueble objeto de la presente medida.

Que el bien inmueble en trato se encuentra comprendido en el artículo 1º del Decreto Nº 950 de fecha 24 de octubre de 2024, por el cual la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO impulsará los procedimientos de enajenación de los inmuebles del ESTADO NACIONAL incluidos en dicho artículo.

Que mediante el Decreto Nº 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012 y su modificatorio, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la VICEJEFATURA DE GABINETE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableciéndose que será el órgano rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a otros organismos estatales.

Que el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12 y el artículo 28 del Anexo del Decreto Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, reglamentario del citado Decreto Nº 1.382/12 (texto conf. Decreto Nº 636 de fecha 18 de julio de 2024, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769 de fecha 29 de agosto de 2024), establecen que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO podrá desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido, subutilización o estado de innecesariedad.

Que la situación planteada se encuentra enmarcada en el inciso 1) del artículo 28 del Decreto Reglamentario Nº 2.670/15 (texto conf. Decreto Nº 636/24, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769/24) que establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido, subutilización o estado de innecesariedad a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que no sean necesarios para la gestión específica del servicio al que están afectados.

Que el artículo 29 del Decreto Reglamentario Nº 2.670/15 (texto conf. Decreto Nº 636/24, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769/24) determina que el acto de desafectación implicará tanto el cambio de situación de revista del inmueble como, el cese de su condición dominical.

Que el artículo 32 del Decreto Reglamentario Nº 2.670/15 (texto conf. Decreto Nº 636/24 con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769/24), establece que los bienes declarados “innecesarios” o “sin destino”, así como aquellos desafectados de sus jurisdicciones de origen, permanecerán en custodia de éstas, en los términos establecidos por el artículo 17 del Decreto N° 1.382/12, hasta que se los requiera o determine su nuevo destino, debiendo las mismas garantizar su resguardo, integridad y disponibilidad, libres de toda deuda.

Que resulta asimismo aplicable lo previsto en el Capítulo II del Título II de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 177 de fecha 16 de julio de 2022 (texto ordenado) (RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM).

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha expedido en su pronunciamiento de fecha 21 de octubre de 2024 (IF-2024-114981593-APN-PTN) respecto del marco normativo específico y las competencias de esta Agencia para la desafectación de inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL concluyendo que “(…) que los bienes del dominio público del Estado Nacional de carácter artificial pueden ser desafectados por un acto legislativo, un acto administrativo o por hechos del hombre, sea que la desafectación implique solo su cambio de régimen jurídico o se trate de un supuesto de transformación o especificación. En cualquiera de las dos últimas modalidades de desafectación, el acto administrativo o los hechos deben provenir de la autoridad con competencia para ello (...)” siendo, en el orden nacional, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO la entidad facultada para disponer la desafectación.

Que de acuerdo a los estudios e informes técnicos elaborados en las presentes actuaciones, el área propiciante considera procedente la desafectación del inmueble descripto en el considerando primero.

Que en consecuencia, corresponde en esta instancia desafectar el inmueble mencionado en el considerando primero en jurisdicción de la SECRETARÍA DE CULTURA, con actual dependencia de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, debiendo garantizarse su resguardo, integridad y disponibilidad conforme lo establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 1.382/12.

Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer la racionalización del espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.

Que las distintas áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes actuaciones.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13 y 2.670/15 (texto conf. Decreto Nº 636/24 con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769/24) y conforme la instrucción dada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el artículo 4º del Decreto Nº 950/24.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Desaféctase, en los términos del artículo 29 del Anexo al Decreto Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 (texto conf. Decreto Nº 636 de fecha 18 de julio de 2024, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769 de fecha 29 de agosto de 2024), el inmueble en jurisdicción de la SECRETARÍA DE CULTURA, con actual dependencia de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 1.665/1.675/1.679, Comuna 1, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; identificado catastralmente como Circunscripción 14 - Sección 5 - Manzana 9 – Parcelas 23 y 24, correspondiente al CIE Nº 0200002636/6 con una superficie total aproximada de UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (1.723,58 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2024-116173101-APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Hágase saber a la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN que conforme lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto Reglamentario Nº 2.670/15 (texto conf. Decreto Nº 636 de fecha 18 de julio de 2024, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769 de fecha 29 de agosto de 2024) los bienes declarados “innecesarios” o “sin destino”, así como aquellos desafectados de sus jurisdicciones de origen, permanecerán en custodia de éstas, en los términos establecidos por el artículo 17 del Decreto N° 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, hasta que se los requiera o determine su nuevo destino, debiendo las mismas garantizar su resguardo, integridad y disponibilidad, libres de toda deuda.

ARTÍCULO 3º.- Agréguese copia de lo actuado al Expediente EX-2023-67303738-APN-DACYGD#AABE y prosígase su curso.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 6º.- Dése intervención a la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL con el objeto de proceder a la recepción del inmueble por parte de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y suscribir las actas correspondientes y a la COORDINACIÓN DE RELACIONES CON TERCEROS a fin de incorporar la presente medida a los Expedientes que tramitan en su ámbito y proseguir su curso.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese

Nicolás Alberto Pakgojz

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 08/11/2024 N° 79930/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2024

VISTO lo tramitado en el expediente electrónico EX-2021-00292249- -AFIP-ADVICO#SDGOAI, y

CONSIDERANDO

Que la firma ACINDAR INDUSTRIAS DE ACERO S.A., CUIT N° 30-50119925-3, presentó con fecha 31 de mayo de 2016 (SIGEA N°12531-121-2016) la solicitud de readecuación de la habilitación del depósito fiscal particular (cerrado), ubicado en la Ruta Provincial N° 21 km 247, localidad de VILLA CONSTITUCION, Provincia de SANTA FE, jurisdicción de la Aduana de VILLA CONSTITUCION, que le fuera oportunamente otorgada en el marco de la Resolución ex ANA Nº 3343/1994.

Que la citada presentación fue efectuada acorde a lo estipulado en la Resolución General N° 3.871, hoy Resolución General N° 4.352 y modificatoria, las que establecieron un proceso de adecuación de los requisitos tecnológicos, físicos y documentales que deben cumplir los depósitos fiscales habilitados o a habilitarse.

Que la Dirección Gestión de los Recursos y Presupuestos remite los antecedentes que dieron origen a la actuación, a esta Subdirección General a través de la Nota N° 111/2018 (DI GERP), de fecha 18 de mayo de 2018, a fin de continuar con el trámite de readecuación del depósito fiscal en trato.

Que analizada la actuación por la División Zonas Primarias y Fronteras, la misma fue remitida mediante Nota N° 163/18 (DV ZPYF) de fecha 17 de septiembre de 2018, con observaciones a la Aduana de VILLA CONSTITUCIÓN, a fin de que la firma tomara conocimiento y diera cumplimiento a la totalidad de los extremos requeridos para la readecuación pretendida.

Que en atención al tiempo transcurrido y conforme las instrucciones internas dictadas en el marco del COVID 19, la Aduana de VILLA CONSTITUCIÓN generó el expediente electrónico del visto y la actuación fue remitida en forma digitalizada mediante informe IF-2021-00307772-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI de fecha 30 de marzo de 2021, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado.

Que obra la intervención de la Aduana de VILLA CONSTITUCIÓN en el informe IF-2021-00663100-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI y providencia PV-2021-00665011-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI, ambos de fecha 18 de junio de 2021. Asimismo mediante informe IF-2021-00774153-AFIP-DVRJU2#SDGTLA de fecha 13 de julio de 2021, interviene la División Regional Jurídica 2 – Hidrovía -Dictamen Nº 84 /2021(DV RJU2), la División Evaluación y Control Operativo Regional – Hidrovía mediante informe IF-2021-01122265-AFIP-DVECHI#SDGOAI de fecha 23 de septiembre de 2021 y la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA a través del informe IF-2021-01123676-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, señalando que la firma habría finalizado y cumplimentado la presentación de la documentación en el marco de la Resolución General N° 4352.

Que mediante informe IF-2022-01206217-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI, la permisionaria solicita la excepción de contar con balanza de bultos, en virtud del tipo de mercadería (repuestos siderúrgicos y granel) para lo cual utilizará las balanzas de camiones (de ingreso/salida) habilitadas. Dicha solicitud fue convalidada por la Aduana de VILLA CONSTITUCION mediante informe IF-2022-01210325-AFIP-ADVICO#SDGOAI y por la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA a través deI informe IF-2024-01705200-AFIP-DVECHI #SDGOAI- señalando que por el tipo de operativa, correspondería hacer lugar a la misma, conforme lo establece el Anexo III, Pto 13.2 de la Resolución General N° 4352 y modificatoria.

Que posteriormente y frente a nuevos requerimientos de la División Zonas Primarias y Fronteras se incorpora a la actuación –durante el período 2022-2024- la documentación exigida por la normativa vigente, a los fines de acreditar el cumplimiento de los requisitos físicos, documentales y tecnológicos exigidos para la readecuación.

Que, en otro orden, la División Análisis de Nuevas Tecnologías del Departamento Nuevas Tecnologías y Proyectos Especiales Aduaneros tomó la intervención que le compete conforme la Resolución General N° 4.352 y modificatoria en lo que respecta al cumplimiento del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que tiene instalado el depósito en trato, en el Informe IF-2022-00925790-AFIP-DVANTE#DGADUA de fecha 7 de junio de 2022 destacando que “…En relación a la documentación mencionada, se efectuó el control del cumplimiento de aspectos técnicos según lo establecido en el apartado “1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS” del documento “CCTV-ASPECTOS-TECNICOS-WEB-RG-4352-2018.pdf”. Del mencionado análisis documental se desprende que el equipo propuesto reúne las condiciones técnicas…”

Que asimismo tomó intervención la División Control Operacional dependiente del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero mediante el informe IF-2024-03310020-AFIP-DVCORADECUMA#SDGCAD, señalando que “...el punto operativo cumple con los requerimientos de toma de imágenes instantáneas, descarga de video y repositorio online…” y “…que cumplimenta los requisitos de la RG 4352/2018 AFIP, sus modificatorias y complementarias, evaluados…”.

Que a fin de continuar el trámite de readecuación del depósito en trato, interviene la Aduana de VILLA CONSTITUCION mediante informe IF-2024-01597438-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI de fecha 7 de junio de manifestando que “…la firma en trato ha cumplimentado con los extremos de la normativa…” y la División Evaluación y Control Operativo Regional a través del informe IF-2024-01705200-AFIP-DVECHI#SDGOAI indicando que la firma ACINDAR INDUSTRIAS DE ACERO S.A. habría cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente en el marco de la Resolución General N° 4352 y modif., lo cual es compartido por la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA mediante informe IF-2024-01710583-AFIP-DIRAHI#SDGOAI.

Que la Dirección de Legal se expide en el informe IF-2024-03385424-AFIP-DILEGA#SDGTLA, de fecha 4 de octubre de 2024, mediante el cual indica que “...se encuentra debidamente acreditada la legitimidad de la representación legal invocada en autos…”.

Que asimismo interviene el Departamento Asesoramiento Aduanero y la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero en el informe IF-2024-03461050-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 10 de octubre de 2024, en el cual concluyen entre otros extremos que “ este servicio jurídico no tiene objeciones que formular para dar continuidad al trámite de readecuación de la habilitación del depósito fiscal particular a nombre de la firma ACINDAR INDUSTRIAS ARGENTINAS DE ACERO SA...” , lo cual es compartido por la Dirección de Asesoría Legal Aduanera en providencia PV-2024-03462107-AFIP-DIASLA#SDGASJ.

Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Técnico Legal Aduanera, de Asuntos Jurídicos conforme la Disposición N° 249/16 AFIP y las áreas competentes de esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, corresponde aprobar el trámite de readecuación de la habilitación oportunamente otorgada.

Que de la información extraída del Sistema “Reporte de Transmisión de Stock de Depósitos Fiscales” surge que la firma en trato transmite el stock.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E-AFIP-DGADUA.

Por ello,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°:- TÉNGASE por readecuado y continúese habilitado el depósito fiscal particular (cerrado) de la firma ACINDAR INDUSTRIAS DE ACERO S.A., CUIT N° 30-50119925-3, ubicado en la Ruta Provincial N° 21 km 247, localidad de VILLA CONSTITUCION, Provincia de SANTA FE, jurisdicción de la Aduana de VILLA CONSTITUCION, con una superficie cubierta de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CINCO METROS CUADRADOS (589,05 m²), acorde a lo especificado en la documentación embebida en el informe IF-2024-01596937-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI y al plano obrante en el informe IF-2023-00504266-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI.

ARTICULO 2°:- DETERMINESE que la habilitación continuará en vigencia por el plazo de DIEZ (10) años desde el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución General N° 4352 y modificatoria.

ARTICULO 3°: ESTABLÉCESE que la vigencia operativa del depósito fiscal particular en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) del Sistema Informático MALVINA o la que en el futuro la reemplace, quedará sujeta al mantenimiento por parte del permisionario de los requisitos, condiciones operativas, documentales y tecnológicas establecidas en los Anexos I, II, III, IV y V de la Resolución General N° 4352 y modificatoria, tenidas en cuenta para la readecuación de la habilitación.

ARTICULO 4°: REGÍSTRESE. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA y la Aduana de VILLA CONSTITUCION. Por la División Zonas Primarias y Fronteras notifíquese por Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado, remítase copia para conocimiento a la Subdirección General de Control Aduanero y continúese con los trámites de rigor.

Maria Virginia Paredes

e. 08/11/2024 N° 79819/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2024

VISTO lo tramitado en el expediente electrónico EX-2021-00292261- -AFIP-ADVICO#SDGOAI, y

CONSIDERANDO

Que la firma ACINDAR INDUSTRIAS DE ACERO S.A., CUIT N° 30-50119925-3, presentó con fecha 3 de enero de 2020 (SIGEA N°17489-1-2020) la solicitud de habilitación de un depósito fiscal particular (nueva plazoleta), ubicado en la Ruta Provincial N° 21 km 247, localidad de VILLA CONSTITUCION, Provincia de SANTA FE, jurisdicción de la Aduana de VILLA CONSTITUCION, que le fuera oportunamente otorgada en el marco de la Resolución ex ANA Nº 3343/1994.

Que la citada presentación fue efectuada acorde a lo estipulado en la Resolución General N° 4.352, la que estableció los requisitos tecnológicos, físicos y documentales que deben cumplir los depósitos fiscales a habilitarse, siendo modificada por la Resolución General N° 5182.

Que conforme las instrucciones internas dictadas en el marco del COVID 19, la Aduana de VILLA CONSTITUCIÓN generó el expediente electrónico del visto, remitiendo el mismo en forma digitalizada mediante informe IF-2021-00663298-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI de fecha 18 de junio de 2021, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado.

Que obra la intervención de la Aduana de VILLA CONSTITUCIÓN en los informes IF-2021-00663102-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI y PV-2021-00667994-AFIP-ADVICO#SDGOAI, ambos de fecha 18 de junio de 2021. Asimismo interviene la División Regional Jurídica 2 – Hidrovía - DICTAMEN 83/2021(DV RJU2) de fecha 13 de julio de 2021, la División Evaluación y Control Operativo Regional – Hidrovía mediante IF-2021-01122268-AFIP-DVECHI#SDGOAI 23/09/2021 y la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA a través del IF-2021-01123676-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, ambos de fecha 23 de septiembre de 2021, señalando que la firma habría finalizado y cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente a la habilitación del depósito Fiscal particular en el marco de la Resolución General N° 4352.

Que se plantea la excepción de contar con balanza de bultos en el IF-2022-01206217-AFIP-SEIOADVICO# SDGOAI- (embebido al informe IF-2022-01206549-AFIP-SEIOADVICO# SDGOAI), en virtud del tipo de mercadería con la que operaría el depósito en trato (repuestos siderúrgicos y granel) , utilizando para el pesaje las balanza de camiones habilitadas, situación que es avalada por la Aduana de VILLA CONSTITUCION en IF-2022-01210355-AFIP-ADVICO# SDGOAI y la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA mediante el informe IF-2024-01921562-AFIP-DVECHI#SDGOAI - conforme Anexo III Pto 13.2 de la Resolución General N° 4352 y modif.

Que posteriormente y frente a nuevos requerimientos de la División Zonas Primarias y Fronteras se incorpora a la actuación –durante el período 2022-2024- la documentación exigida por la normativa vigente, a los fines de acreditar el cumplimiento de los requisitos físicos, documentales y tecnológicos exigidos para la habilitación.

Que, en otro orden, la División Análisis de Nuevas Tecnologías del Departamento Nuevas Tecnologías y Proyectos Especiales Aduaneros tomó la intervención que le compete conforme la Resolución General N° 4.352 y modificatoria en lo que respecta al cumplimiento del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que tiene instalado el depósito en trato, destacando en el Informe IF-2022-01252036-AFIP-DENTPE#DIREPA de fecha 22 de julio de 2022 destacando que “…En relación a la documentación mencionada, se efectuó el control del cumplimiento de aspectos técnicos según lo establecidos en el apartado “1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS” del documento “CCTV-ASPECTOS-TECNICOS-WEB-RG-4352-2018.pdf. Del mencionado análisis documental se desprende que los equipos propuestos cumplen con los requisitos técnicos del citado documento...”.

Que asimismo tomó intervención la División Control Operacional dependiente del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero mediante el informe IF-2024-03312090-AFIP-DVCORADECUMA#SDGCAD, señalando que “...el punto operativo cumple con los requerimientos de toma de imágenes instantáneas, descarga de video y repositorio online…” y concluye que “…cumplimenta los requisitos de la RG 4352/2018 AFIP, sus modificatorias y complementarias, evaluados…”.

Que a fin de continuar el trámite de habilitación del depósito en trato, interviene la Aduana de VILLA CONSTITUCION mediante informe IF-2024-01846846-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI de fecha 1 de julio de 2024 manifestando que “…la firma en trato ha cumplimentado con los extremos de la normativa…” y la División Evaluación y Control Operativo Regional a través del informe IF-2024-01921562-AFIP-DVECHI#SDGOAI de fecha 4 de julio de 2024 señalando que la firma ACINDAR INDUSTRIAS DE ACERO S.A. habría cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente a la habilitación en el marco de la Resolución General N° 4352 y modif., lo cual es compartido por la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA en el informe IF-2024-01946956-AFIP-DIRAHI#SDGOAI de fecha 05 de julio de 2024.

Que la Dirección de Legal se expide en el informe IF-2024-03385421-AFIP-DILEGA#SDGTLA, de fecha 4 de octubre de 2024 mediante el cual indica que “...se encuentra debidamente acreditada la legitimidad de la representación legal invocada en autos…”

Que asimismo interviene el Departamento Asesoramiento Aduanero y la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero en el informe IF-2024-03441350-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 9 de octubre de 2024, en el cual concluyen entre otros extremos que “...este servicio jurídico no tiene objeciones que formular para dar continuidad a la habilitación de un depósito fiscal de carácter particular a nombre de la firma ACINDAR INDUSTRIAS ARGENTINAS DE ACERO SA...” lo cual es compartido por la Dirección de Asesoría Legal Aduanera en providencia PV-2024-03445415-AFIP-ADVICO#SDGOAI.

Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Técnico Legal Aduanera, de Asuntos Jurídicos conforme la Disposición N° 249/16 AFIP y las áreas competentes de esta Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, corresponde aprobar el trámite de habilitación.

Que se encuentra publicado en el Micrositio AFIP “Depósitos Fiscales” el Manual del Desarrollador del Sistema Informático de Control de Stock Permanente que deberá cumplimentar el depositario, ACINDAR INDUSTRIAS DE ACERO S.A., conforme lo establecido en el Anexo IV, Punto 10 y concordantes de la Resolución General N° 4352 y modificatoria.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E-AFIP-DGADUA.

Por ello,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-°:- HABILÍTESE el depósito fiscal particular (nueva plazoleta) de la firma ACINDAR INDUSTRIAS DE ACERO S.A., CUIT N° 30-50119925-3, ubicado en la Ruta Provincial N° 21 km 247, localidad de VILLA CONSTITUCION, Provincia de SANTA FE, jurisdicción de la Aduana de VILLA CONSTITUCION, con una superficie descubierta de SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (600 m²), acorde a lo especificado en la documentación embebida en el informe IF-2024-01846634-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI y al plano obrante en el informe IF-2024-00018443-AFIP-SEIOADVICO#SDGOAI.

ARTICULO 2°:- DETERMINESE que la habilitación tendrá vigencia por el plazo de DIEZ (10) años desde el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el Apartado V, Punto 1 del Anexo I de la Resolución General N° 4352 y modificatoria.

ARTICULO 3°: ESTABLECESE que la vigencia operativa del depósito fiscal particular en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) del Sistema Informático MALVINA o la que en el futuro la reemplace, quedará sujeta al mantenimiento por parte del permisionario de los requisitos, condiciones operativas, documentales y tecnológicas establecidas en los Anexos I, II, III, IV y V de la Resolución General N° 4352 y modificatoria, tenidas en cuenta para la habilitación.

ARTICULO 4°: REGÍSTRESE. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera HIDROVIA y la Aduana de VILLA CONSTITUCION. Por la División Zonas Primarias y Fronteras notifíquese por Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado, remítase copia para conocimiento a la Subdirección General de Control Aduanero y continúese con los trámites de rigor.

Maria Virginia Paredes

e. 08/11/2024 N° 79814/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-53810187- -APN-DNFDEIT#JGM, la Ley de Firma Digital N° 25.506 y sus modificatorios, los Decretos N° 892 de fecha 1° de noviembre de 2017, N° 182 de fecha 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1865 de fecha 14 de octubre del 2020 y sus modificatorias, la Resoluciones N° 121 de fecha 22 de febrero de 2018 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, N° 946 de fecha 22 de septiembre de 2021 de la ex SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Disposición Nº 3 de fecha 11 de febrero de 2021 de la entonces SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la ex SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Firma Digital N° 25.506 legisló sobre la firma electrónica, la firma digital, el documento digital y su eficacia jurídica, estableciendo disposiciones relativas a los componentes de la infraestructura de firma digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el Decreto N° 182 de fecha 11 de marzo de 2019 aprobó la reglamentación de la Ley de Firma Digital N° 25.506 regulando el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la infraestructura de firma digital.

Que por su parte el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, creó, entre otras, a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableciendo entre sus objetivos actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital dispuesta por la Ley N° 25.506.

Que asimismo el citado decreto estableció los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entre los cuales se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como también, en los aspectos vinculados con la incorporación del documento y firma digital a los circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.

Que por otro lado la Decisión Administrativa N° 1865 de fecha 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y estableció, entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA dependiente de la actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la mencionada Subsecretaría en su administración.

Que en idéntico sentido la Resolución N° 946 de fecha 22 de septiembre de 2021 de la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableció los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de la Firma Digital, aplicables al otorgamiento y revocación de licencias a los certificadores que así lo soliciten, todo ello en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el Decreto Nº 892 de fecha 1° de noviembre de 2017 creó la Plataforma de Firma Digital Remota administrada exclusivamente por el ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL dependiente de la ex SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en la que se centralizó el uso de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.

Que la Resolución Nº 121 de fecha 22 de febrero de 2018 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, otorgó la licencia para operar como Certificador Licenciado al ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.

Que por medio de la Disposición Nº 3 de fecha 11 de febrero de 2021 de la entonces SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la ex SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se autorizó a la SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO de la PROVINCIA DEL CHUBUT, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).

Que la Ley I N° 764, define las estructuras de las áreas Ministeriales y Secretarías que componen la Administración Central de la PROVINCIA DEL CHUBUT, creando y readecuando las competencias asignadas a cada área.

Que asimismo el Artículo 30 de la citada ley, faculta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias y conducentes para adecuar la estructura orgánica, funcional y presupuestaria de las dependencias que integran los distintos Ministerios y Secretarías de Estado, pudiendo transferir dependencias, bienes patrimoniales y distribuir el personal necesario.

Que por la citada ley se creó y se definieron las competencias de la Secretaría General de Gobierno, entre ellas se transfirieron las misiones y funciones relativas a lo que fuera la SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO de la entonces SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

Que a través del Decreto N° 1656 de fecha 26 de diciembre de 2023 del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, se creó la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y MEJORAS DE PROCESOS en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

Que en virtud de lo expuesto y considerando los antecedentes obrantes en el expediente citado en el Visto corresponde sustituir el nombre de la autoridad de registro SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO de la PROVINCIA DEL CHUBUT, autorizada a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR) por el de SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y MEJORAS DE PROCESOS dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVINCIA DEL CHUBUT.

Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la VICEJEFATURA DE GABINENTE EJECUTIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA JEFATURA DE GABINETE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituyese el nombre de la Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR) SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO de la PROVINCIA DEL CHUBUT por el de SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y MEJORAS DE PROCESOS dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO de la PROVINCIA DEL CHUBUT.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Darío Leandro Genua

e. 08/11/2024 N° 80044/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2024

VISTO el Expediente EX-2024-112486637-APN-DSED#MSG, Ley N° 22.520 (t.o. Dec. 438/92), Ley N° 20.655 y sus modificatorias, Decreto N° 246 del 10 de abril de 2017; el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios; la Decisión Administrativa N° 340 del 16 de mayo 2024 y la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 354 del 19 de abril de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Dec 438/92), art. 22 bis establece que le compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, y en particular, entender en el ejercicio del poder de policía interno.

Que el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, incluyendo en el Apartado XV del Anexo I la conformación organizativa del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, a través de la SECRETARIA DE SEGURIDAD, entiende en el diseño, aplicación de políticas y estrategias para el control de la seguridad en espectáculos futbolísticos, generando competencias de prevención de la violencia en los mismos y coordinando las acciones necesarias con las áreas de la Jurisdicción competentes, como también en las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el Sistema Federal de la Seguridad en lo referente a los espectáculos deportivos y otros eventos masivos, desarrollando circuitos estratégicos para el accionar de las Fuerzas de Seguridad Federales y de las distintas áreas del Ministerio con otros organismos estatales.

Que la Ley N° 20.655 en su artículo 3°, inc. j) establece que el Estado, a través de los organismos competentes, deberá “velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos…”.

Que el Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655, introduce en nuestro ordenamiento legal la actualización de los lineamientos y preceptos de la seguridad en el fútbol, delegando en el MINISTERIO DE SEGURIDAD el diseño de medidas restrictivas de concurrencia a espectáculos futbolísticos a aquellas personas que considere capaces de generar un riesgo para la seguridad pública.

Que el 19 de abril de 2017 se dicta la Resolución N° 354-E/2017 con el propósito de acentuar la prevención de los hechos de agresión y violencia en ocasión de un espectáculo futbolístico, sea antes, durante o inmediatamente después de celebrarse tal evento e instituir medidas restrictivas de concurrencia a estadios de fútbol.

Que las actuaciones se inician con la recepción de la nota del 2 octubre del corriente año remitida por Comisaria Seccional Sexta UROP 1 de la Policía de la Provincia de San Luis, mediante la cual se informan los incidentes registrados el 27 de septiembre del año en curso, en las inmediaciones del estadio “HECTOR ODICINO-PEDRO BENOZA” del CLUB SPORTIVO ESTUDIANTES de la PROVINCIA de SAN LUIS, en el marco del encuentro futbolístico disputado entre los equipos de esta institución y su similar del SPORTIVO ATLÉTICO CLUB, de la ciudad de LAS PAREJAS, de la PROVINCIA de SANTA FE, correspondiente al TORNEO FEDERAL A organizado por la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.

Que en dicha nota, se da cuenta que una vez montado el operativo de seguridad dispuesto para el evento, alrededor de las 17.30 horas, se observa en intersección de calles Gobernador Alric y Aristóbulo del Valle un tumulto protagonizado por alrededor de cien personas asistentes al evento, quienes empujándose y agrediéndose, generan una gresca de la que resultan una persona lesionada, y varios vehículos dañados.

Que ante tales circunstancias, interviene el personal policial y procede a la detención de EZEQUIEL MIGUEL CABAÑEZ, DNI N. 44.163.672 que se encontraba en franca agresión hacia las mujeres que había en el lugar y hacia el personal policial, y que al no acatar la orden de cesar en su actitud, es aprehendido y trasladado a la Comisaria Seccional Sexta, donde se abre el Expediente EXD-9271176/24 caratulado “Averiguación de antecedentes y medios de vida” en función del artículo 10, inc. b) y d) de la Ley Orgánica Policial X-0981/2017.

Que se labra el Expediente SUM-9280038/24 caratulado “Averiguación de atentado y resistencia a la autoridad” por el hecho registrado sobre calle Aristóbulo del Valle 878, lugar donde numerosas personas se toman a golpe de puño y ante la presencia de fuerzas del orden constituidas, comienzan a agredirlas e insultarlas, les arrojan a modo de proyectiles troncos, macetas, piedras y botellas, viéndose superada, la policía retrocede y solicita colaboración a la fuerza de caballería, momento en el que se logra individualizar a una persona de sexo femenino vestida con remera amarilla y pantalón largo verde y negro arrojando botellas de vidrio a la policía e inmediatamente se puede individualizar también a un sujeto masculino con remera verde y negra y pantalón corto que arroja palos y escombros hacia las fuerzas de seguridad.

Que ante la intervención policial, se logra la detención de las personas aludidas y una vez identificados resultan ser ALDANA BAUDRY, DNI 41.504.269 y CRISTIAN ISAAC JOFRE, DNI 35.767.783, que son puestas en forma inmediata a disposición de la Fiscalía de Instrucción N. 2.

Que se informa, también, sobre la apertura del Expediente SUM 9280043/24 AV. DAÑOS – LESIONES EN RIÑA, a fin de constatar y tramitar la consideración de las incidencias producidas en calle Aristóbulo del Valle entra calles Estado de Israel y Chile, lugar donde se constituye personal policial de refuerzo solicitado por personal de judiciales ubicados en la cancha del Club Sportivo Estudiantes.

Que se observa un escenario propio de una gresca de dimensiones considerables y muestra de ello son los restos de vidrios, piedras, otros elementos contundentes, guano de caballo, palos y pedazos de madera, evidenciando que se habían producido desmanes y agresiones entre varias personas.

Que con el testimonio recogido de las víctimas de estos hechos, se determina que quienes protagonizaron la gresca enfrentando al personal policial pertenecen a la denominada “barra del 292”, es decir, simpatizantes radicalizados del Club Sportivo Estudiantes.

Que ante estas circunstancias y teniendo en cuenta que el espíritu de la normativa de aplicación vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos focalizándose en la prevención en el desarrollo de un encuentro deportivo, resulta notorio que el propósito es neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión, por lo que motiva el envío de la nota precitada por la Policía de la Provincia de San Luis, en orden a registrar en el Programa Tribuna Segura a los revoltosos y disponer las medidas previstas.

Que desde la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos se estima conveniente la aplicación de la figura de “RESTRICCIÓN DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a CABAÑEZ, EZEQUIEL MIGUEL, DNI 44.163.672; BAUDRY, ALDANA, DNI 41.504.269 y a JOFRE, CRISTIAN ISAAC, DNI 35.767.783 por el lapso de UN (1) AÑO, en los términos del artículo 2°, inc. a) y d) de la Resolución MS N. 354/17, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N.° 20.655 y modificatorias, a partir de la fecha de la publicación de la medida en el Boletín Oficial.

Que la medida propiciada tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y el artículo 7° del Decreto N° 246/17,

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aplíquese “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional por el plazo de UN (1) AÑO a CABAÑEZ, EZEQUIEL MIGUEL, DNI N. 44.163.672; BAUDRY, ALDANA, DNI 41.504.269 y JOFRE, CRISTIAN ISAAC, DNI 35.767.783, de acuerdo a las previsiones del artículo 2°, incs. a) y d) de la Resolución MS N° 354/17, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N.° 20.655.

ARTICULO 2°.- La medida rige a partir de la fecha de la publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

e. 08/11/2024 N° 79954/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2024-122567131- -APN-UGA#MSG, el Código Aeronáutico de la Nación aprobado por Ley N° 17.285 y sus modificatorias; el CONVENIO DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL; la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la RESOL-2024-49-APN-ST#MEC del 7 de noviembre de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que conforme el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático y en particular, entre otras; entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia; entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales, provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que conforme lo establecido en la Ley N° 17.285 la aeronáutica civil aerocomercial es un servicio esencial y se compone de las actividades vinculadas con el empleo de aeronaves privadas y públicas, que involucran las actividades de navegación aérea y todas aquellas relaciones de derecho derivadas del comercio aéreo en general.

Que el ESTADO NACIONAL debe velar por la adecuada prestación del sistema general de transporte en general y del transporte aéreo en particular con el objeto de asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme la prestación del servicio para todos los usuarios.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA es miembro signatario del CONVENIO DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, conocido comúnmente como Convenio de Chicago de fecha 7 de diciembre de 1944 y que fuera ratificado por la Ley Nº 13.891. Por lo tanto, es Estado contratante de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) y miembro de la COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL (CLAC).

Que el artículo 13 de la Convención de Aviación Civil Internacional establece que “las leyes y reglamentos de un Estado contratante relativos a la admisión o salida de su territorio de pasajeros, tripulación o carga transportados por aeronaves, tales como los relativos a entrada, despacho, inmigración, pasaportes, aduanas y sanidad serán cumplidos por o por cuenta de dichos pasajeros, tripulaciones y carga, ya sea a la entrada, a la salida o mientras se encuentren dentro del territorio de ese Estado”.

Que por su parte la mencionada Convención contempla que cada Estado contratante adopte mediante la promulgación de reglamentos especiales o de otro modo, todas las medidas posibles para facilitar y acelerar la navegación de las aeronaves entre los territorios de los Estados contratantes y para evitar todo retardo innecesario a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga, especialmente en la aplicación de las leyes sobre inmigración, sanidad, aduana y despacho (art. 22).

Que la ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI) ha decidido apelar a sus Estados Miembros para que tomen las medidas necesarias, con el objeto de asegurar que la aviación y los servicios de transporte aerocomercial no sean alterados y apoyen las operaciones de las líneas aéreas mediante un compromiso que cubra los riesgos desatendidos por las circunstancias antes mencionadas, hasta tanto se estabilicen los mercados de seguros.

Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA en la materia.

Que el personal de OPERADORES DE PLATAFORMA o de SERVICIOS DE RAMPA de la empresa INTERCARGO S.A. declaró una medida de fuerza intempestiva y salvaje por fuera de los mecanismos legalmente admitidos por el Derecho.

Que el 6 de noviembre de 2024 esa medida motivó el encierro, dentro de los aviones, de los pasajeros que arribaban al AEROPARQUE JORGE NEWBERY, ante lo cual el MINISTERIO DE SEGURIDAD presentó una denuncia penal.

Que, en el día de hoy, la medida de fuerza consistió en dejar el equipaje de los pasajeros en las bodegas de los aviones, debido a que se negaron a descargarlo, como sus obligaciones se los imponen.

Que esa negativa genera una crisis consistente en el varado de los aviones en la pista, lo cual afecta la seguridad aérea y la operatividad del AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY.

Que mediante la RESOL-2024-49-APN-ST#MEC, la SECRETARÍA DE TRANSPORTE estableció en su artículo 10 que en los supuestos de falta de prestación de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, las Fuerzas de Seguridad, previa instrucción de este Ministerio, podrán explotar de manera temporal y excepcional dichos servicios.

Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.

Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.

Que, en este sentido, la mencionada fuerza tiene por función la protección de los pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación y dar respuesta de manera oportuna, adecuada y eficaz al eventual desarrollo de contingencias que pudieran suceder en su ámbito jurisdiccional.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4°, inciso b) apartado 9° de la Ley de Ministerios N° Nº 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Instrúyese a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a efectuar las tareas de carga y descarga del equipaje de las aeronaves detenidas en el AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, por parte del personal debidamente habilitado y mientras dure la situación excepcional motivada por la huelga de OPERADORES DE PLATAFORMA o de SERVICIOS DE RAMPA de la empresa INTERCARGO S.A.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución será aplicable a todo otro aeropuerto del territorio argentino donde se produzcan situaciones similares.

ARTÍCULO 3°.- Invítase a las autoridades de INTERCARGO S.A. a presenciar y supervisar la operación a cargo de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su dictado.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

e. 08/11/2024 N° 80218/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2024-117146709- -APN-SSGA#MCH, los Decretos Nº 392 de fecha 17 de marzo de 1986 y sus modificatorios, Nº 570 de fecha 10 de mayo de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que en el año 1810 se creó en Buenos Aires la primera Biblioteca Pública –antecesora de la Biblioteca Nacional– instalada en la denominada Manzana de las Luces, otorgándosele en la década de 1880 el carácter de Biblioteca Nacional.

Que la Biblioteca Nacional entre los años 1910 y 1993, tuvo su sede en el edificio sito en la calle México Nº 564 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para luego trasladarse a la actual sede de la calle Agüero Nº 2502 de la misma Ciudad.

Que por Decreto Nº 570/04 se declaró Monumento Histórico Nacional al inmueble aludido, resaltándose sus cualidades arquitectónicas e importancia histórica.

Que forma parte del valor histórico del edificio el haber sido lugar de desempeño de muy distinguidas figuras que permitieron sostener esas ideas a través de la cultura, la educación, el arte y la literatura, en particular, Jorge Luis BORGES, quien se desempeñó en el cargo de Director entre los años 1955 y 1973, convirtiendo a la institución en eje del pensamiento vinculado a los saberes.

Que allí funciona el Centro de Estudios y Documentación “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional, que tiene como misión conservar, acrecentar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental, en relación a la obra y la figura del ilustre escritor.

Que resulta imperioso para realzar los valores básicos y fundamentales de nuestra Nación transmitir a las nuevas generaciones, la importancia de la educación, la libertad y el respeto a las instituciones.

Que por ello, dada la transcendencia de su figura, se considera oportuno nombrar al edificio de la calle México, “BIBLIOTECA JORGE LUIS BORGES, CENTRO DE ESTUDIOS BORGEANOS”.

Que la denominación que se propicia, se encuentra estrictamente ligada a la individualización del inmueble, y no importa modificación, reemplazo o sustitución de las actividades culturales que se desarrollan habitualmente en su interior.

Que conforme el Decreto Nº 50/19 (DCTO-2019-50-APN-PTE), la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, tiene entre sus objetivos “(…) entender en la formulación y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de la Jurisdicción destinados a estimular y favorecer a las culturas en todas sus formas (…);(…) Dirigir el diseño de las políticas de participación institucional que promuevan el desarrollo de las identidades culturales de la Nación (…); (...) Diseñar y gestionar políticas y acciones para la conservación, resguardo y acrecentamiento del Patrimonio Cultural de la Nación.(...)”, entre otros.

Que, asimismo, por el Artículo 1º, inciso a) del Decreto Nº 392/86, el Secretario de Cultura tiene delegada la facultad de resolver sobre “La imposición de nombres a establecimientos, institutos, bibliotecas o talleres culturales de su jurisdicción y a sus aulas, secciones, gabinetes y demás dependencias, en honra a la memoria de próceres, héroes civiles, militares o eclesiásticos, literatos, compositores, artistas y científicos”.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, han tomado la intervención de sus competencias.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios y el Decreto Nº 392/86 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Denominar con el nombre “BIBLIOTECA JORGE LUIS BORGES, CENTRO DE ESTUDIOS BORGEANOS”, al edificio de la EX BIBLIOTECA NACIONAL, sito en la calle México Nº 564 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Leonardo Javier Cifelli

e. 08/11/2024 N° 80168/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-108619079- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247; la Ley N° 27.233; el Decreto-Ley N° 6.704 del 12 de agosto de 1963; el Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; la Resolución N° 778 del 29 de octubre de 2004 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto-Ley N° 6.704 del 12 de agosto de 1963 se establece la defensa sanitaria de la producción agrícola en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, contra vegetales o agentes de cualquier origen biológico que le sean perjudiciales, determinando la obligatoriedad del propietario, arrendatario, usufructuario u ocupante del terreno a efectuar por su cuenta las medidas que la autoridad de aplicación determine.

Que mediante la Ley N° 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, en tanto que se declaran de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal y la protección de las especies de origen vegetal, y se determina que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.

Que, en tal sentido, define la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria, extendiéndose a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales y sus materias primas, productos de la pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.

Que por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 se establece por objeto la promoción de una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurando a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.

Que a través de la Resolución N° 778 del 29 de octubre de 2004 del aludido Servicio Nacional se estatuye que todo organismo de investigación u otra institución del ámbito privado u oficial que desarrolle actividades en el territorio argentino y bajo cuya responsabilidad se desarrollen tareas en el área fitosanitaria o cualquier otra relacionada, deberá comunicar al SENASA la detección o la caracterización de toda plaga de vegetales que hasta ese momento haya sido considerada como no presentes en el país.

Que la Orobanche cumana, vulgarmente conocida como “Jopo” del girasol, es una plaga cuarentenaria ausente en la REPÚBLICA ARGENTINA y es considerada una adversidad que afecta al girasol, produciendo pérdidas en la producción de granos y semillas, incrementando los costos de producción y con impactos negativos en el comercio nacional e internacional.

Que a nivel mundial el cultivo de girasol en materia de aceites es el cuarto más importante y a nivel nacional se posicionó, en las últimas DOS (2) campañas, como el cuarto cultivo extensivo con mayor superficie.

Que dicho cultivo resulta estratégico en ciertas zonas donde las características edafoclimáticas limitan la producción a niveles económicamente rentables de otras especies estivales.

Que la plaga en cuestión se distribuye ampliamente desde el sur y el este de Europa hacia el este a través del centro-sur de Asia, y tiene presencia en la FEDERACIÓN DE RUSIA, la REPÚBLICA POPULAR CHINA, la REPÚBLICA DE TURQUÍA, RUMANIA, HUNGRÍA, la REPÚBLICA ITALIANA, la REPÚBLICA FRANCESA, el REINO DE ESPAÑA y la REPÚBLICA TUNECINA.

Que, en consecuencia, el movimiento de material contaminado, como granos, semillas, restos de plantas, maquinarias agrícolas y ropa de operarios, representa un riesgo para la dispersión de la maleza.

Que, en tal contexto, la detección temprana es la clave para prevenir el establecimiento y la dispersión de la plaga del Jopo, reduciendo el impacto económico, social y ambiental; por lo que resulta imprescindible concientizar a la población sobre la gravedad del impacto potencial de la plaga si ingresara y se estableciera en el país.

Que dicha plaga se detectó recientemente en plantaciones de girasol en el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario declarar el Alerta Fitosanitaria que permita, a través de un trabajo interinstitucional público-privado, fortalecer las acciones a fin de prevenir la introducción al país de la plaga, contener y/o erradicar los focos que eventualmente se detecten, evitando su establecimiento y dispersión, así como también poner en conocimiento de la situación a los productores y a la sociedad en general.

Que la Dirección Nacional de Protección Vegetal podrá autorizar, con carácter provisional, el uso de principios activos para el control de Orobanche cumana en aquellas situaciones donde se detecte la plaga.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso k), del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Alerta Fitosanitaria. Se declara el Alerta Fitosanitaria en todo el Territorio Nacional, hasta el 31 de mayo de 2027, con respecto a la plaga Orobanche cumana, en función de lo cual se deben adoptar y/o fortalecer acciones de prevención, detección, contención y erradicación.

ARTÍCULO 2°.- Denuncia obligatoria. Toda persona responsable o encargada de explotaciones comerciales de producción y/o multiplicación de girasoles, autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales, organismos de investigación, importadores y comercializadores de granos y semillas de girasol y/o aquellas personas que por cualquier circunstancia detecten la presencia y/o daños sospechosos de Orobanche cumana, están obligadas a notificar el hecho en forma inmediata y de manera fehaciente, ya sea a la Oficina Local más cercana del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) o por medio de los canales de comunicación existentes en el referido Organismo.

ARTÍCULO 3°.- Autorización de principios activos. La Dirección Nacional de Protección Vegetal (DNPV) del SENASA podrá disponer la autorización de uso de principios activos destinados al control de la plaga, en caso de su detección.

ARTÍCULO 4°.- Acciones de contingencia. Confirmada la detección de Orobanche cumana, el SENASA, a través de la citada Dirección Nacional, procederá a implementar un Plan de contingencia con las medidas fitosanitarias de ejecución obligatorias de acuerdo con el ciclo biológico de la plaga y sus formas de dispersión, según sean necesarias de adoptar para lograr su contención y/o erradicación.

ARTÍCULO 5°.- Comité Técnico Interinstitucional. Se crea el aludido Comité Técnico sobre Orobanche cumana coordinado por el referido Servicio Nacional, cuyos atributos serán los siguientes:

Inciso a) estará integrado por un equipo de trabajo interinstitucional conformado por la DNPV, así como por aquellos centros oficiales de investigación, universidades, gobiernos provinciales, representantes del sector privado y otras instituciones vinculadas con la problemática, los cuales serán invitados por el SENASA para participar en él;

Inciso b) tendrá la misión de converger acciones, compartir conocimientos y proponer procedimientos fitosanitarios y estrategias para la prevención, contención y/o erradicación de la plaga en el país;

Inciso c) no generará erogación alguna para el SENASA.

ARTÍCULO 6°.- Invitación. Se invita a las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales a desarrollar las acciones y a dictar las normas complementarias tendientes a propiciar el trabajo conjunto para cumplimentar, en el ámbito de su competencia, lo establecido en la presente resolución.

ARTÍCULO 7°.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal a dictar normas y procedimientos complementarios a la presente norma.

ARTÍCULO 8°.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento o las transgresiones a la presente norma serán pasibles de las sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las acciones preventivas que pudieran adoptarse en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Pablo Cortese

e. 08/11/2024 N° 79895/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2024

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2024-03236916- -AFIP-DVNRIS#SDGREC y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución General Nº 2.445 (AFIP), su modificatoria y sus complementarias, se estableció el procedimiento para determinar e ingresar los impuestos internos -cigarrillos- y adicional de emergencia a los cigarrillos, e informar los movimientos mensuales de los instrumentos fiscales de control.

Que, en virtud de la incorporación de mejoras al programa aplicativo “IMPUESTO INTERNO Y ADICIONAL DE EMERGENCIA A LOS CIGARRILLOS” vigente, corresponde disponer la utilización de una nueva versión del mismo.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley de Impuestos Internos, según texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, el artículo 1° de la Ley N° 24.625 y sus modificaciones, el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y el Decreto N° DECTO-2024-953-APN-PTE del 24 de octubre de 2024.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el programa aplicativo denominado “IMPUESTO INTERNO Y ADICIONAL DE EMERGENCIA A LOS CIGARRILLOS - Versión 7”, que deberán utilizar los sujetos comprendidos en los artículos 1° y 8° de la Resolución General N° 2.445 (AFIP), su modificatoria y sus complementarias, para determinar los impuestos internos -cigarrillos- y adicional de emergencia a los cigarrillos, e informar los movimientos mensuales de los instrumentos fiscales conforme al último párrafo del artículo 7° de la citada norma.

Las novedades de esta versión, sus particularidades de uso, características, funciones y aspectos técnicos podrán consultarse en la opción “Aplicativos” del sitio “web” de este Organismo.

ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación respecto de las presentaciones de declaraciones juradas -originarias o rectificativas- que se efectúen desde dicha fecha.

No obstante, se mantendrá vigente el programa aplicativo “IMPUESTO INTERNO Y ADICIONAL DE EMERGENCIA A LOS CIGARRILLOS - Versión 4” para la confección de declaraciones juradas -originarias o rectificativas- de períodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.742 “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, de aquellos sujetos que posean una disposición judicial válida que alcance a tales períodos y que se encuentre vigente al momento de realizar la presentación.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Florencia Lucila Misrahi

e. 08/11/2024 N° 80120/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2024-39760423- -APN-GAYM#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ PLAZO DE LIQUIDACIÓN CONTADO NORMAL (T+1)”, lo dictaminado por la Subgerencia de Supervisión de Mercados, la Gerencia de Agentes y Mercados, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos en el mismo, siendo la Comisión Nacional de Valores (CNV) su autoridad de aplicación y control.

Que, en dicho marco, el artículo 19, inciso g), faculta a la CNV a dictar las reglamentaciones que deben cumplir las personas humanas y/o jurídicas y las entidades autorizadas para funcionar por dicho Organismo, desde su inscripción hasta la baja del registro respectivo.

Que el artículo 1° de la Ley N° 26.831 erige entre sus objetivos y principios fundamentales fomentar la simplificación de la negociación para los usuarios y así lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de obtener las condiciones más favorables al momento de concretar las operaciones y, asimismo, reducir el riesgo sistémico en los mercados de capitales mediante acciones y resoluciones tendientes a contar con mercados más seguros conforme las mejores prácticas internacionales, ello en consonancia con el artículo 19, inciso z), del mismo cuerpo legal, el cual establece que la CNV tiene atribuciones para evaluar y dictar regulaciones tendientes a mitigar situaciones de riesgo sistémico.

Que, mediante Resolución General N° 1000 (B.O. 09-5-2024), la CNV readecuó el marco normativo aplicable a los plazos de liquidación de las operaciones de contado de valores negociables, en línea con la modificación del plazo de liquidación en contado normal de 48 horas (T+2) a 24 horas (T+1) propiciada por la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) en Estados Unidos y, asimismo, adoptada por otros mercados internacionales.

Que, en tal sentido, las modificaciones introducidas se orientaron a alinear -en forma simultánea- la normativa local con los mercados desarrollados y, a tales efectos, adoptar el plazo de contado normal 24 horas (T+1) para las operaciones con valores negociables de renta variable y/o fija, habilitándose, de manera excepcional, la posibilidad de mantener el plazo de contado normal en T+2 únicamente respecto de las operaciones con valores negociables de renta fija, en la medida que los Mercados y/o las Cámaras Compensadoras no hubieran optado por discontinuar dicho plazo.

Que, habiendo transcurrido poco más de CINCO (5) meses desde la entrada en vigencia de dicha normativa y toda vez que se ha observado una migración natural y consecuente adopción generalizada del plazo de liquidación de contado 24 horas (T+1) en la negociación y concertación de operaciones de contado con valores negociables de renta fija, se aprecia conveniente dejar sin efecto la mencionada excepción.

Que, en el marco de su competencia, la CNV debe actuar tendiendo a simplificar las operaciones dentro del mercado de capitales para facilitar el acceso de los pequeños inversores al mismo, así como promover su integración, resguardando siempre los riesgos que puedan derivar de las operaciones concertadas.

Que, en consonancia con lo señalado, a los fines de dotar al mercado de capitales argentino de mayor dinamismo, liquidez y profundidad, resulta pertinente ajustar el marco normativo vigente con vistas a que aquellos Mercados y/o Cámaras Compensadoras que no hubieran discontinuado el plazo de liquidación de contado 48 horas (T+2) respecto a las operaciones de contado con valores negociables de renta fija, procedan a adoptar -en forma definitiva- el plazo de liquidación de contado normal 24 horas (T+1) con relación a tales operaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 19, incisos g), h) y z), de la Ley N° 26.831.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 14 de la Sección VII del Capítulo V del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“OPERACIONES AL CONTADO.

ARTÍCULO 14.- En relación a las operaciones al contado se establece que:

1) Podrán ser realizadas sobre valores negociables de renta fija y/o variable, y serán:

a) EN CONTADO INMEDIATO: Cuando se conciertan para ser liquidadas en la misma fecha de la concertación (apertura de cauciones, de pases y contraoperaciones efectuadas por los agentes de negociación ante incumplimiento de comitentes en la fecha de liquidación de operaciones). Las operaciones concertadas para liquidarse en contado inmediato se instrumentarán mediante la emisión de boletos que deberán contener el detalle precedente.

b) EN CONTADO NORMAL O CONTADO VEINTICUATRO (24) horas: Cuando se conciertan para ser liquidadas a las VEINTICUATRO (24) horas hábiles contadas a partir de la fecha de su concertación. Las operaciones en contado VEINTICUATRO (24) horas se instrumentarán mediante la emisión de boletos en los que se detallará COMPRA/VENTA EN CONTADO 24 HORAS.

c) De venta en descubierto: Aquellas operaciones de venta en las que, con la finalidad de cumplir con la entrega de los valores negociables objeto de dicha transacción, el vendedor debe concretar la compra de los mismos –en cualquiera de los plazos de contado previstos- con posterioridad a la concertación de la venta inicial.

d) De venta en corto: Aquellas operaciones de venta cuyo objeto consiste en vender valores negociables obtenidos a través de préstamos de valores concertados en la misma jornada de negociación. Las operaciones de venta en corto deberán ser realizadas en los términos del artículo 2° del presente Capítulo. El precio para la negociación de la venta en corto deberá ser igual o superior al precio de la última operación concertada en el mercado, pudiendo los Mercados establecer las condiciones bajo las cuales dicha regla no aplica.

2) Cualquiera sea el plazo de liquidación de las operaciones de contado, los Agentes podrán subordinar el cumplimiento de las órdenes a la previa acreditación de la titularidad de los valores negociables o a la existencia de fondos suficientes en la cuenta del cliente destinados a pagar su importe.

3) Respecto a las operaciones de venta en corto, los Mercados deberán presentar a la Comisión, para su previa aprobación, la reglamentación de la cual surjan las condiciones a las que debe ajustarse dicha operatoria, debiendo contener como mínimo los siguientes lineamientos: los activos elegibles, cupos por instrumento por agente y por cliente que serán admitidos en la operatoria, así como la regla de oferta de ventas en corto y el régimen de difusión al público en general de los datos de las operaciones de venta en corto.

Asimismo, la reglamentación deberá prever mecanismos que aseguren que los valores negociables obtenidos en préstamo se encuentren disponibles al momento de la liquidación de la venta en corto. Las ofertas de venta en corto deberán estar individualizadas en el sistema de negociación. Los Mercados deberán remitir diariamente a la Comisión información sobre el volumen nominal de ventas en corto concertadas en cada fecha, como así también el volumen nominal acumulado por cada especie, por cada agente y cliente.

4) Los Mercados y las Cámaras Compensadoras deberán dictar las reglamentaciones necesarias para dar estricto cumplimiento a lo normado en el presente artículo, las cuales deberán ser sometidas a la previa aprobación por parte de esta Comisión”.

ARTÍCULO 2º.- Incorporar como artículo 10 del Capítulo IV del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:

“ADECUACIÓN PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE CONTADO NORMAL PARA OPERACIONES CON VALORES NEGOCIABLES DE RENTA FIJA.

ARTÍCULO 10.- Los Mercados y/o las Cámaras Compensadoras, que conforme la Resolución General N° 1000 no hubieran discontinuado el plazo de liquidación de contado 48 horas (T+2) respecto a las operaciones de contado con valores negociables de renta fija, deberán proceder a adecuar sus reglamentaciones conforme lo previsto por la Resolución General N° 1029 y presentar las mismas, a la previa aprobación de esta Comisión, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde su entrada en vigencia”.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución General entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese.

Sonia Fabiana Salvatierra - Patricia Noemi Boedo - Roberto Emilio Silva

e. 08/11/2024 N° 79938/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2024-70149617-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron en virtud de que 11 de julio de 2024, personal del Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud prestó colaboración en un procedimiento realizado en el marco del caso MPF 1017850 CIJ 00151044 TAR 000001099 con intervención del Ministerio Público Fiscal en el domicilio sito en Avenida Rivadavia Nº 3984 2° piso, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de un establecimiento de tratamientos estéticos denominado SIEMPRE BELLA propiedad de María de los Ángeles SOSA.

Que, en dicha oportunidad la comisión actuante realizó una recorrida por las instalaciones y constató la existencia de los productos “LIPOLASER DIGITAL – GALMED – LL-1200-G” y “@-light EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA ESTÉTICA. CRIO RF. SERIE CR0013 (fecha de inicio de garantía 29/12/2021)” ambos sin datos de fabricante o de importador ni de autorizaciones sanitarias.

Que, asimismo, según informó la responsable al momento del procedimiento, se pudo saber que el establecimiento no contaba con habilitación municipal ni sanitaria.

Que, el Departamento de Control de Mercado realizó la búsqueda en la biblioteca “Helena” disponible en la página web de esta Administración Nacional y no obtuvo resultados para la marca y/o modelos de los productos detallados.

Que, consiguientemente se realizó una consulta a la Dirección de Gestión de Información Técnica dependiente de esta Administración Nacional, la cual respondió mediante nota NO-2023-74431911-APN-DGIT#ANMA que no constaba registro de inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta ANMAT de los productos antes detallados ni habilitación ante esta ANMAT de la firma GALMED en el rubro de Productos Médicos.

Que, atento que se realizó una búsqueda en la web y se detectó que en la página web https://galmed.com.ar/tienda-online/ se ofrecían varios equipos para distintos tratamientos estéticos de marca GALMED y se constató la oferta de productos por medio del portal de ventas en línea Mercadolibre, se solicitó la colaboración a la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI), la cual, mediante IF 2024-84481423-APN-DRI#ANMAT, informó que GALMED funcionaría en la calle Gualeguaychú 1650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, el 13 de septiembre de 2024, mediante orden de inspección Nº 2024/2473, personal del Departamento actuante se hizo presente en el mencionado domicilio, sede de la firma JULIO PATIÑO Y HERNAN GALI SH, ocasión en la que uno de los socios de la empresa explicó que GALMED era una marca utilizada por la sociedad de hecho para equipos de estética y veterinarios.

Que, exhibidas que fueron las imágenes del equipo LIPOLASER digital GALMED LL1200-G ante el inspeccionado manifestó que se trataba de un equipo propio de la empresa, aunque actualmente no se fabricaba, dado que había sido comercializado hasta hace aproximadamente 2 años atrás.

Que, adicionalmente se le consultó por los equipos ofrecidos en la página web www.galmed.com.ar y en la plataforma de venta Mercadolibre, LIPOLISIS LASER, RADIOFRECUENCIA, ULTRACAVITADOR, MAGNETOTERAPIA, ULTRASONIDO, ELECTROPORACIÓN, ELECTROESTIMULACIÓN y PUNTAS DE DIAMANTE e indicó que los equipos habían sido fabricados por la empresa pero que no contaban con stock al momento de la inspección.

Que, respecto de la documentación de venta de los productos que fabricaban, el responsable explicó que, dado que se realizan las ventas por medio de Mercadolibre no estaban disponibles.

Que, indicó el Departamento interviniente que, al momento de la confección del informe, la página web https://galmed.com.ar se encontraba en reparación y no se observan publicaciones.

Que, cabe destacar que existen productos médicos similares a los productos de la marca GALMED registrados ante esta ANMAT que corresponden a la clase de riesgo II y III, a modo ilustrativo se mencionaron los siguientes: “LIPO LASER DIGITAL PM 1892- 33, indicado para fotodepilación, fotorejuvenecimiento, tratamiento de lesiones vasculares”, categorizado como de clase de riesgo III; “RADIOFRECUENCIA PM 1958-36, indicado para tratar cicatrices del rostro por un profesional”, categorizado como clase de riesgo II; “ULTRACAVITADOR PM 2089-4 generador de ondas ultrasónicas indicado para tratamiento de reducción de contornos corporales y adiposidad localizada”, categorizado dentro de la clase de riesgo II; “MAGNETOTERAPIA PM 1645-1 autorizado para estimular la vasodilatación, mejorar la permeabilidad de la membrana y producir la regeneración tisular”, categorizado como clase de riesgo II.

Que el equipo registrado mediante PM 2089-18, indicado para el tratamiento de neocolagenogénesis y rejuvenecimiento cutáneo mediante crio radiofrecuencia, clase de riesgo II, podría asimilarse al equipo bajo estudio identificado como “@-LIGHT. EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA ESTÉTICA. CRIO RF”.

Que, en consecuencia, el Departamento actuante señaló que el producto en cuestión infringe el artículo 19 de la Ley Nº 16.463 y el artículo 1º, 2º y 19 de la Disposición ANMAT Nº 3802/2004.

Que, en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió prohibir los equipos estéticos o médicos de uso profesional que declaren ser de marca GALMED o fabricados por GALMED, hasta tanto cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes y de todos los lotes/series del equipo de radiofrecuencia identificado como @-light EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA ESTÉTICA – CRIO RF.

Que, en virtud de lo actuado y, con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios resulta ajustado a derecho tomar una medida sanitaria respecto de los productos de marras toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad.

Que los productos en cuestión son dispositivos médicos que carecen de registro respecto de los cuales se desconocen sus características, funcionalidad y seguridad y, en consecuencia, revisten un riesgo para la salud dado que no se conoce si los insumos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces.

Que, desde el punto de vista procedimental, y de acuerdo con lo sugerido por el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, resulta conforme a derecho emitir una medida de prohibición de uso, comercialización y distribución de los productos en estudio.

Que cabe señalar que esta Administración Nacional es competente para su dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y que se encuentra sustentada en el inciso ñ) del artículo 8º de la citada norma.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los equipos estéticos o médicos de uso profesional que declaren ser de marca GALMED o fabricados por GALMED, hasta tanto cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

ARTÍCULO 2º.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y series del equipo de radiofrecuencia identificado como “@-light EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA ESTÉTICA – CRIO RF”.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 08/11/2024 N° 79931/24 v. 08/11/2024

Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-105951314- -APN-MESYA#CNRT, la Ley N° 26.352, el Decreto N° 1388/1996 y sus modificatorias, la Resolución N° 127/2023 del entonces MINISTERIO DE TRANSPORTE y la Decisión Administrativa N° 832/2019; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1388 del 29 de noviembre de 1996, se aprobó el Estatuto de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, asignándole competencias específicas en materia de control y fiscalización de los operadores de los servicios de transporte automotor y ferroviarios de jurisdicción nacional, la seguridad de dichos servicios y la protección de los derechos de los usuarios en el marco de las misiones conferidas.

Que el Decreto Nº 1661 del 12 de agosto de 2015, sustituyó los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 1388 del 29 de noviembre de 1996, de creación de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 832 del 7 de octubre de 2019, se aprobó la nueva estructura organizativa de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, de conformidad con el Organigrama y las Responsabilidades Primarias y Acciones que como ANEXOS I (IF-2019-64825508-APNDNDO#JGM), II (IF-2019-90104236-APN-DNDO#JGM), III (IF-2019-90105870-APN-DNDO#JGM) y IV (IF2019-90106719-APN-DNDO#JGM), forman parte integrante de la citada Decisión Administrativa.

Que la Ley N° 26.352, en el marco del reordenamiento de la actividad ferroviaria, adecuó y acentuó las funciones de esta Comisión Nacional respecto de la fiscalización y control de todos los actores que operan dentro de la Red Ferroviaria de la República Argentina.

Que es competencia de este Organismo desarrollar una adecuada gestión en el control de las conductas de los prestatarios de los servicios de Jurisdicción Nacional, tanto ferroviario como automotor, con el propósito de alentar la mejora continua y la correcta prestación de dichos servicios.

Que, para cumplir con esta responsabilidad, es imprescindible que el personal encargado de la fiscalización tenga acceso tanto a los lugares donde operan las empresas prestatarias de dichos servicios como a los instrumentos y equipos que utilizan en sus operaciones.

Que, para el logro de ello, es fundamental que los agentes cuenten con credenciales de identificación que acrediten su vínculo con el Organismo, ya que estas proporcionan una forma oficial de validar su identidad y funciones con la debida actualización de las mismas.

Que las credenciales no solo facilitan el acceso a espacios restringidos y el manejo de información sensible, sino que también permiten una interacción más fluida y segura con terceros, quienes podrán verificar fácilmente su rol y legitimidad en el ejercicio de sus tareas.

Que, no solamente resulta conveniente otorgar una credencial de identificación a los agentes que cumplen funciones en el Cuerpo de Fiscalizadores, sino que además se considera necesario extender una única credencial a todo el personal del Organismo para que puedan acreditar su vínculo laboral y representar debidamente a la institución en el ejercicio de sus funciones administrativas y técnicas, contribuyendo a reforzar la transparencia, la seguridad y el reconocimiento institucional en sus actividades.

Que, en el marco de la estrategia de modernización del Estado Nacional, deben desarrollarse soluciones informáticas y tecnológicas, como la incorporación de códigos QR en las credenciales de identificación personal, para permitir una verificación rápida y eficiente de la identidad del personal, optimizando los procesos de control y minimizando el riesgo de falsas representaciones.

Que, en el marco de la implementación del nuevo sistema de credenciales, es recomendable iniciar una primera etapa de prueba en la que se emita dicho documento exclusivamente para un grupo reducido de personal, de modo tal de evaluar el funcionamiento del sistema en un entorno controlado, a fin de identificar posibles ajustes y mejoras antes de su implementación generalizada.

Que GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, han tomado la intervención que les compete, señalando que no existen reparos de índole legal que oponer a la suscripción del presente Acto Administrativo.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el Decreto N° 1388/1996 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 183/2024 (B.O. 23/2/24) y el Decreto N° 823/2024 (B.O. 13/9/24).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO y EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

DISPONEN:

ARTÍCULO 1°. – Apruébese la Credencial de Identificación, con tecnología QR para el personal que presta servicios en la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE, cuyo modelo se especifica en el Anexo I (IF-2024-121372746-APN-CNRT#MEC), constituyéndose como único elemento de identificación para el mismo, a partir del dictado de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS proveerá el listado de agentes especificados en el Artículo 1° de la presente Disposición, distinguiendo el alcance de la responsabilidad encomendada a cada uno de los agentes por su área de pertenencia.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, tendrá a su cargo los procedimientos para la actualización de los agentes informados en el Artículo 2° de esta Disposición y la posterior incorporación al sistema informático de tecnología QR.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que la credencial aprobada por el artículo 1°, permitirá que el operador de transporte ferroviario o automotor, pueda verificar la legitimidad del agente actuante en los procesos de control, con la debida actualización del sistema y su responsabilidad encomendada, en concordancia de lo establecido en la presente Disposición.

ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a la GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, a fin de que comience con la instrumentación de las credenciales creadas en el artículo 1°, conjuntamente con las GERENCIAS DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN FERROVIARIA y la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA FERROVIARIA, continuando con la GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR que constituyen Áreas operativas, culminado el proceso con credenciales para el resto del personal de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, conforme al procedimiento establecido en la presente Disposición.

ARTÍCULO 6°. – Comuníquese a los Operadores Ferroviarios Inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES FERROVIARIOS, como a las Cámaras representativas del transporte automotor de Pasajeros como de Cargas.

ARTÍCULO 7°. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Edgar Rene Perez - Fernando Cortes

e. 08/11/2024 N° 79830/24 v. 08/11/2024