Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-108287525--APN-DGDMDP#MEC, las Leyes Nros. 27.350, 27.669 y 27.742, y los Decretos N° 405 del 4 de agosto de 2023; 30 del 20 de enero de 2023; y 833 del 17 de septiembre de 2024 y la Resolución 2 del 25 de septiembre de 2023 de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.669 - “MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CÁÑAMO INDUSTRIAL” tiene por objeto establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

Que la citada ley rige en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con carácter de orden público, las actividades que en la misma se regulan están sujetas a la jurisdicción federal, y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudieran surgir o derivar de la misma será competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha adherido a la CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES; al CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE 1971 y; a la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE 1988, dictando la normativa de adecuación interna a los objetivos acordados en el marco de esos tratados.

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 28 inciso 2 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que exime del control al cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas, la Ley 27.669 impulsa la cadena productiva de esta variedad de planta de cannabis no psicoactiva destinada a usos industriales.

Que nuestro país posee claras ventajas competitivas para el desarrollo del Cáñamo Industrial, en razón de las capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola e industrial, así como las propicias condiciones climáticas y de suelo del territorio nacional.

Que la Ley N° 27.669 remarca la necesidad de la creación de un marco jurídico e institucional específico, apropiado y actualizado para regular la naciente industria del Cáñamo y del Cannabis, con el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades productivas, promover el impulso de las economías regionales, coadyuvar a la reconversión de actividades agrícolas existentes, sustituir importaciones y propender a la generación de empleos de calidad en el desarrollo del sector.

Que mediante el artículo 4° de la Ley N° 27.669 se creó la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME), y por su artículo 7° se establecieron sus funciones, entre las que se encuentra la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado y habilitado en los términos de la ley y la reglamentación.

Que el artículo 7° de la ley N° 27.669 establece que la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) tiene competencia para el dictado de normas de procedimiento administrativo para la expedición de las autorizaciones de importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales; regular el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de cannabis, plantas de cannabis, de insumos críticos del proceso productivo y de sus productos derivados, para fines de uso industrial y medicinal y establecer los requisitos y condiciones necesarios para la autorización de los procesos de producción a implementarse con relación a los productos derivados del cannabis para uso industrial y medicinal, entre otras.

Que el citado artículo 7° establece que, entre otras funciones, la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME), tendrá la facultad de efectuar la recaudación de la tasa de control y fiscalización, cobrar los aranceles vinculados a la emisión de licencias y/o autorizaciones, en general de los servicios que brinde, conforme las normas que dicte a dicho efecto.

Que por Decreto N° 405/2023 se aprobó la Reglamentación de la Ley N° 27.669 y se estableció que la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME), será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.669 y de la Reglamentación que se aprobó por ese decreto.

Que el artículo 3° del Decreto 405/2023 faculta a la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicte las normas aclaratorias o complementarias para la efectiva aplicación de la Reglamentación que se aprobó por dicho decreto.

Que dada la inadecuada operatividad y necesidad de proceder a una reorganización profunda de la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME), se dispuso por conducto del Decreto N° 833/2024 su intervención.

Que el artículo 4° del Decreto N° 833/2024 establece que en el ejercicio de su cargo el Interventor tendrá las facultades y competencias establecidas para la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) en la Ley N° 27.669 y en su Decreto Reglamentario N° 405/23, especialmente las funciones de Dirección y Administración asignadas al Directorio de dicha Agencia Regulatoria, y ejercerá la representación legal del organismo.

Que el citado artículo 4° del Decreto 833/2024, faculta además al Interventor de la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) a otorgar, controlar y efectuar el seguimiento de las licencias y/o autorizaciones, así como lo relativo al cumplimiento de los recaudos exigidos para las autorizaciones administrativas otorgadas de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva reglamentación, de manera coordinada y articulada con las restantes autoridades públicas de control con competencia en la materia, y en especial con la debida coordinación con las fuerzas de seguridad , de corresponder.

Que el artículo 5° del Decreto N° 833/2024 faculta además al Interventor de la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) a que, en el ámbito de sus competencias, dicte las normas aclaratorias y/o complementarias de los Anexos I, II y III del Decreto N° 30 de fecha 20 de enero de 2023 y del ANEXO I del Decreto N° 405 de fecha 4 de agosto de 2023 para la efectiva ejecución de la intervención dispuesta por ese decreto.

Que la Ley N° 27.669 en su artículo 12 establece que la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) expedirá las autorizaciones administrativas que permitan la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales con las previsiones del artículo 1°, con el procedimiento administrativo que establezca la respectiva reglamentación.

Que según el citado artículo la reglamentación deberá contemplar distintas categorías de autorizaciones administrativas sobre la base de criterios objetivos que deberá cumplimentar el o la peticionante, vinculados a las diversas modalidades productivas y de las actividades a desarrollar.

Que, a fin de dar celeridad, eficiencia y orden a la gestión, en esta instancia deviene oportuno implementar en etapas la reglamentación, a saber:

Etapa 1: Producción Agrícola e Industrialización de semilla, grano y fibra de cáñamo (no psicoactivo)

Etapa 2: Producción Agrícola e Industrialización de flor y biomasa de cáñamo (no psicoactivo)

Que por ello la Ley N° 27.669 encomienda a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) a disponer un régimen diferencial simplificado respecto del cáñamo, para expedir las autorizaciones con relación al cáñamo industrial y/u hortícola, teniendo en cuenta las características específicas de dicho sector industrial.

Que, en este entendimiento, se procederá a reglamentar en una primera etapa el procedimiento para la solicitud de las licencias para la realización de actividades específicamente vinculadas al Cáñamo Industrial no psicoactivo (semilla, grano y fibra).

Que considerando los distintos eslabones de la cadena productiva del Cáñamo Industrial no psicoactivo resulta pertinente diferenciar estas licencias, según se trate de actividades agrícolas o industriales.

Que de acuerdo al artículo 10 inciso a) de la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo, con texto ordenado conforme modificaciones de Ley N° 27.742, cuando se tratare de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto el silencio o la ambigüedad de la Administración, en los casos de esta agencia, se interpretarán como negativa.

Que por Resolución N° 2/2023 de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal se aprobó el “Permiso Provisorio para la Realización de Actividades con Cannabis sativa L.” en el marco de lo dispuesto en los artículos 1° y 25 del Decreto N° 405/2023 para la adecuación de las autorizaciones vinculadas al desarrollo de proyectos de investigación enmarcados en la Ley 27.350, su decreto reglamentario y normativa complementaria, o a las actividades con Cannabis sativa L. habilitadas por legislaciones provinciales y/o para los sujetos que posean permisos y/o autorizaciones emitidas por organismos nacionales.

Que la Ley N° 27669 y su decreto reglamentario N° 405/2023 establecen que la AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME) otorgará autorizaciones y licencias según las actividades se relacionen con cáñamo o cannabis psicoactivo, no previendo dicha normativa permisos ni permisos provisorios.

Que, en razón de lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde disponer la derogación de la Resolución N° 2/2023 de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.

Que los permisos provisorios otorgados oportunamente en el marco de la Resolución N° 2/2023 por la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal continuarán vigentes hasta su vencimiento.

Que aquellas solicitudes presentadas en el marco de la Resolución 2/2023, cuyos permisos no han sido aprobados oportunamente deberán adecuar sus presentaciones a la nueva normativa.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de la Ley N° 27.669, su Decreto Reglamentario N° 405/2023 y el Decreto N° 833/2024.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Derógase la Resolución N°2/2023 dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación, con los alcances detallados en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Las solicitudes presentadas en el marco de la Resolución N° 2 del 25 de septiembre de 2023 de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), cuyos permisos no han sido aprobados oportunamente, deberán adecuar sus presentaciones a las disposiciones de la presente y las que dicte esta agencia, de acuerdo a las etapas descriptas en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de las licencias para la realización de actividades específicamente vinculadas al Cáñamo Industrial no psicoactivo (semilla, grano, fibra), el que, como Anexo I, (IF-2024-113607317-APN-ARICCAME#MEC) y formulario Proyecto en Anexo II (IF IF-2024-109476883-APN-ARICCAME#MEC), forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4°.- Apruébanse los aranceles estipulados que, como ANEXO III (IF-2024-109476530-APN-ARICCAME#MEC), forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese la presente al Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Ambiente, Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías (ANMAT), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y restantes organismos públicos con competencia específica en la materia.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ignacio Ferrari

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 74282/24 v. 21/10/2024

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTOS los Expedientes N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS y N.° EX-2024-69238954- -APN-GDYE#ENARGAS; las Leyes 24.076 y N.° 27.742; los Decretos N.° 1738/92 y N.° 55/23; y

CONSIDERANDO:

Que GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., (en adelante e indistintamente “NORANDINO” o la “Transportista”) presta el servicio público de transporte de gas natural en los términos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario, y lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N.° 597/98.

Que mediante el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55 del 16 de diciembre de 2023 (B.O. 18/12/2023) se declaró -hasta el 31 de diciembre de 2024- la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural.

Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 27.742 (B.O. 08/07/2024) también se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Que el artículo 3° del mencionado Decreto N.° 55/23 determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 42 de la Ley N.° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podría exceder del 31 de diciembre de 2024.

Que mediante el artículo 4° del mismo Decreto se dispuso la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 y, a través del artículo 5°, se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar al Interventor del ENARGAS.

Que por el artículo 5° se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, al Interventor del ENARGAS.

Que, por medio del Artículo 6° del citado Decreto, se estableció que el Interventor del ENARGAS, en el ejercicio de su cargo, tiene las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley N.° 24.076 y las asignadas en ese Decreto, entre las cuales se incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalado en el artículo 3° y estableció que hasta tanto culminara dicho proceso podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio.

Que, por su parte, por Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC del 28 de diciembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 del DNU N.° 55/23.

Que esta Autoridad Regulatoria recibió diversas solicitudes de distintas transportistas de gas natural que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, a fin de que se les determine o actualice una tarifa por la prestación del servicio público que brindan en el mercado doméstico.

Que, efectivamente, en nuestro país existen transportistas que prestan un servicio público de transporte de gas natural y que se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N.° 24.076 y bajo la competencia de este Ente Regulador.

Que entre los transportistas que no tienen una licencia otorgada por el Estado Nacional se encuentran los contemplados en el artículo 11, inc. b) y c) de la Ley N.° 24.076, es decir, personas jurídicas titulares de una concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la Ley N.° 17.319; y, también, aquellas personas jurídicas que, en el carácter de “terceros interesados”, han realizado extensiones del sistema licenciado de transporte de gas natural, bajo el régimen del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076.

Que, en este orden de ideas, el servicio de transporte de gas natural y las tarifas que remuneran dichos servicios se encuentran alcanzadas por la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N.° 55/23 (artículo 1°) y por la Ley N.° 27.742 (artículo 1°).

Que, por otro lado, el artículo 7 del Decreto N.° 55/2023 determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.

Que el artículo 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742) establece que: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad”.

Que, en la misma línea, el artículo 1° bis, inciso a), apartado (i) (incorporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742) determina que “Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos”.

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto Nº 1172/03, cuya finalidad es la de instrumentar procedimientos – a través de consultas públicas no vinculantes – que involucran a diferentes sectores interesados, permitir un acceso igualitario a la información, y que aquellos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se inició un procedimiento de consulta pública (bajo el Expediente N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS) para determinar o actualizar, según el caso, las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte de gas natural que brindan distintos sujetos que se encuentran alcanzados por la Ley N.° 24.076, su decreto reglamentario.

Que, en ese marco, se pusieron a consideración las solicitudes y la información correspondiente a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (antes GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA S.A.), GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., GAS LINK S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A., GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. y REFINERÍA DEL NORTE S.A., como así también el análisis realizado por esta Autoridad Regulatoria.

Que el procedimiento de consulta pública se inició a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pudiera realizar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de gas natural brindado por dichos prestadores en el mercado doméstico.

Que en el marco de la consulta pública iniciada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se recibieron distintas presentaciones que fueron agregadas al Expediente en el que tramitó la consulta pública (EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS).

Que dichas presentaciones fueron hechas por el Sr. Julio C. Fonrouge (Actuaciones N.° IF-2024-88167059-APN-SD#ENARGAS e IF-2024-88314910-APN-SD#ENARGAS); GAS LINK S.A. (IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS); NORANDINO (IF-2024-91458204-APN-SD#ENARGAS); REFINERÍA DEL NORTE S.A. (IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. (IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS); CENTRAL PUERTO S.A. (IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS); YPF S.A. (IF-2024-92280763-APN-SD#ENARGAS); ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS); NATURGY NOA S.A. (IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS); LITORAL GAS S.A. (IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS); y TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. (IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, primeramente, corresponde expedirse respecto a las observaciones y manifestaciones expresadas por el Sr. Fonrouge y por YPF S.A. debido a que se refieren a cuestiones vinculadas con el objeto de la consulta pública y la competencia de este Ente Regulador.

Que el Sr. Fonrouge se presentó por “derecho propio”, y objetó la figura de “Transportista No Licenciataria” mencionada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Al respecto, sostuvo que dicha figura no estaba contemplada en el marco regulatorio del gas natural, y que no se hallaba tipificada entre los sujetos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario o demás normativa complementaria.

Que, por otra parte, señaló que en el Artículo 63 de la Ley N.° 24.076, las entidades privadas citadas en los considerandos de la mencionada Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS son definidas y ponderadas como gasoductos de exportación.

Que el Sr. Fonrouge agregó que las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley N.° 24.076. En ese sentido, afirmó que el ENARGAS carece de atribuciones para instituir “ex novo” sujetos del marco regulatorio sectorial del gas, y arguyó que la figura del “transportista sin licencia” carece de sustento legal.

Que, además, agregó que mucho menos puede apuntarse que la actividad de las entidades privadas citadas en la resolución objetada constituya un servicio público y/o quede enmarcada en una relación de consumo.

Que, a su entender, el sustento de la convocatoria a consulta pública adolece de un manifiesto vicio en su objeto, por lo que correspondía dejar la misma sin efecto. Adujo que, caso contrario, el ENARGAS estaría incurriendo en un exceso de sus potestades, alterando la finalidad de los actos emitidos, implicando ello -según su interpretación- una transferencia del poder normativo del legislativo al Ente Regulador.

Que, a su entender, no se había ponderado que la atribución de concesión de licencias de transporte constituye una atribución exclusiva de la Administración Pública Nacional centralizada, en cabeza de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Que, para finalizar, el Sr. Fonrouge arguyó que son las licenciatarias de transporte las que operan y mantienen los gasoductos de titularidad de las entidades comprendidas en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y añadió que, en el marco de las actividades de operación y mantenimiento de los gasoductos involucrados, no existe relación de consumo alguna que avale la aplicación del marco de la Ley N.° 24.240 y del procedimiento de consulta pública.

Que con relación a lo manifestado por el Sr. Fonrouge corresponder dejar en claro que el ENARGAS: i) actúa estrictamente en el marco de su competencia en lo que respecta a la aprobación de tarifas de sujetos que prestan el servicio público de transporte de gas natural para el mercado doméstico; ii) no ha creado ni ha resuelto crear un sujeto transportista “ex novo”; y iii) ha observado y cumplido con el procedimiento aplicable al trámite de aprobación de tarifas, según la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable.

Que en lo que respecta a las atribuciones de esta Autoridad Regulatoria cabe reseñar –brevemente– el marco normativo aplicable que sustenta la competencia del ENARGAS para aprobar tarifas para el servicio público de transporte de gas natural.

Que, en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 establece: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento”. Por su parte, el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley de Gas señala que: “Son sujetos de esta Ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.

Que, seguidamente, el artículo 11 de la citada Ley dispone que: “Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores. La calidad de transportista se adquiere por: a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 4a. de la ley 17.319. c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1589/89”.

Que, por otro lado, el artículo 16 de la Ley N.° 24.076 establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación. En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente: (…) b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que, en lo que refiere a la competencia estrictamente tarifaria, el artículo 52 de la Ley de Gas prevé que “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos”.

Que, por otro lado, respecto a los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319, la competencia del ENARGAS se encuentra contemplada expresamente en el Decreto N.° 729/95, el cual establece en su artículo 1°, que: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que dicho Decreto, en su artículo 3° dispone también que: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.076 será competente para entender, con respecto a las concesiones de transporte que surjan como consecuencia del Artículo precedente, en las siguientes materias (…) c) Aprobará las tarifas que se sometan a su consideración para la prestación del servicio público de transporte cuando terceros interesados pretendan acceder a la capacidad de transporte disponible de los gasoductos”.

Que, en virtud del marco normativo reseñado, es evidente entonces que este Ente Regulador es la autoridad de aplicación de la Ley N.° 24.076 y que, por expresa manda legal, tiene competencia exclusiva para aprobar tarifas para el transporte de gas natural (conf. art. 52, inc. f).

Que, asimismo, los sujetos alcanzados por la Ley N.° 24.076 no son sólo las Licenciatarias de Transporte de gas, es decir, aquellos sujetos que cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, sino también los concesionarios de transporte bajo la Ley N.° 17.319 (conf. el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076 y lo dispuesto por los artículos 1° y 3° del Decreto N.° 729/95), y los terceros interesados que hubieran realizado obras de extensión del sistema licenciado de transporte (conf. artículo 16 de la Ley N.° 24.076 y su Decreto reglamentario).

Que, respecto al cuestionamiento referido a que no existe la categoría de “Transportistas No Licenciatarias” y que el ENARGAS no tiene competencia para crear un sujeto “ex novo”, cabe aclarar que la expresión “Transportista No Licenciataria” utilizada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se hizo con meros fines prácticos, a los efectos de evitar repeticiones innecesarias y para incluir en una sola definición o referencia a aquellos sujetos que prestan un servicio público de transporte de gas natural por gasoductos, pero que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional.

Que entre estos últimos se encuentran los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 y los terceros interesados que han hecho obras e instalaciones para extender el sistema licenciado de transporte de gas natural.

Que el ENARGAS no ha creado un sujeto “ex novo” ni ha actuado por fuera de su competencia asignada legalmente, en tanto el distinto carácter que tienen los transportistas y su sujeción a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria surge del propio marco normativo tal como fuera explicado anteriormente.

Que es un error de interpretación sostener que “…las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos del art. 39 de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley 24.076”, ya que el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 es lo suficientemente claro y contundente cuando sostiene que “La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional”.

Que, nuevamente y a riesgo de ser reiteratorios, tampoco puede haber duda alguna de que los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 se encuentran sujetos a la Ley N.° 24.076, ya que así lo prevén expresamente el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076, y los artículos 1 y 3 del Decreto N.° 729/95, ya citados anteriormente.

Que es tan claro el artículo 1° del Decreto N.° 729/95 que vale la pena citarlo nuevamente: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que con relación a los terceros interesados previstos en el art. 16 de la Ley N.° 24.076 y su reglamentación, cabe destacar que aquellos son sujetos que han realizado y construido, a su exclusivo costo y cargo, obras e instalaciones aprobadas previamente por esta Autoridad Regulatoria para extender el sistema licenciado de transporte de gas (y conectadas a este último); que han sido habilitados por el ENARGAS para operarlas a su cargo; y que, por todo ello, se encuentran sometidos a la Ley N.° 24.076 y su reglamentación.

Que, a diferencia de las observaciones y los cuestionamientos expresados por el Sr. Fonrouge, no puede dejar de mencionarse que todos los transportistas comprendidos en la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS han solicitado expresamente al ENARGAS que se les fijara una tarifa de transporte y/o que se les actualicen las vigentes, lo que significa un reconocimiento de dichos sujetos a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria.

Que, en cuanto al procedimiento de consulta pública instrumentado por esta Autoridad Regulatoria, sólo cabe reiterar –tal como se explicó en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS– que aquel es el que corresponde en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.742, y la jurisprudencia aplicable (Fallos 339:1077).

Que, sin perjuicio de ello, no alcanzan a entenderse las referencias que el Sr. Fonrouge realiza en su presentación respecto a la inexistencia de una “relación de consumo” y a la falta de aplicación de la Ley N.° 24.240 ya que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS en ningún momento hizo referencia a esas cuestiones, por lo que no cabe expedirse al respecto.

Que en lo que refiere a los mecanismos de participación ciudadana, cabe remitirse a los ya citados artículos 42 de la Constitución Nacional; 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742); y el artículo 1° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 25 de la Ley N.° 27.742).

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto N.° 1172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como el instaurado por la resolución objetada por el interesado.

Que a través del mecanismo de consultas públicas no vinculantes que involucran a diferentes sectores interesados, se permite un acceso igualitario a la información, y se permite que éstos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que la totalidad de antecedentes normativos ya reseñados motivaron el dictado de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y, de tal manera, se posibilitó la abierta participación ciudadana de la que se valió el interesado (el Sr. Fonrouge) para plantear por derecho propio sus observaciones al procedimiento.

Que, en función de lo manifestado, deben desestimarse los cuestionamientos formulados por el Sr. Fonrouge habida cuenta de que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS ha sido dictada conforme al marco regulatorio, y se han cumplido todos los extremos formales y de fondo exigidos por los elementos esenciales del acto administrativo, siendo su objeto plenamente posible, lícito y cierto, además de estar fundada en los antecedentes de hecho y de Derecho que le sirven de causa y, por lo tanto, se lo debe reputar como un acto regular (Conf. Art. 7° de la Ley N.° 19.549 y modificatorias).

Que, con relación a la presentación de YPF S.A., esta última solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la no discriminación por destino final del gas, tanto en los cuadros tarifarios correspondientes a las licenciatarias de la Ley de Gas, como en las tarifas aplicadas para las transportistas con concesiones de transporte de acuerdo al artículo 28 de la Ley N.° 17.319 y para las tarifas de los transportistas de gasoductos construidos como extensiones al amparo de las licencias de otros transportistas (Artículo 16 de la Ley N.° 24.076).

Que, al respecto, YPF S.A. expresó que: “Atento se eliminan los remedios excepcionales en favor de los usuarios de transporte otorgados a partir de la devaluación y crisis económica del 2002, y el transportista vuelve a contar con una tarifa que remunera sus costos y una rentabilidad razonable, entendemos pierde su propósito la tarifa diferenciada con destino a la exportación creada por el Decreto 689/2002, por el cual se obligaba a ciertos usuarios de transporte, nacionales o extranjeros, a pagar, cuando el destino final del gas sea la exportación, una tarifa superior a la que pagan el resto de los usuarios”.

Que, asimismo, añadió: “Entendemos que la tarifa de exportación diferenciada no se ajusta a los principios tarifarios previstos en la Ley del Gas y sus normas complementarias en particular en cuanto a los requisitos de audiencia pública previa, los ajustes semestrales y la revisión tarifaria quinquenal (aplicable a las licenciatarias de la Ley del Gas), ni a los principios de tarifa justa y razonable que le permitan al transportista recuperar sus costos y obtener una renta razonable, al menor costo posible para los usuarios; como así también no se ajusta a los compromisos de no discriminación entre usuarios nacionales y extranjeros asumidos por la República Argentina en los Tratados de Integración Energética”.

Que, para finalizar, pidió que se evaluaran sus observaciones con el propósito de alcanzar una tarifa única para el transporte de gas natural con independencia de su destino final.

Que en lo que respecta a lo manifestado por YPF S.A., cabe señalar que esta Autoridad Regulatoria no tiene competencia para modificar el Decreto N.° 689/02, el cual fue dictado oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las atribuciones asignadas por la Ley de Emergencia N.° 25.561.

Que, además, el objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se encuentra acotada a las tarifas de transporte de gas para el mercado doméstico, por lo que lo peticionado por YPF S.A. se encuentra fuera de aquel.

Que, en lo que respecta a NORANDINO, esta transportista hizo una presentación en el marco de la consulta pública (Actuación N° IF-2024-91458204-APNSD#ENARGAS).

Que, en dicha presentación, NORANDINO solicitó la aprobación de una tarifa transitoria; que se llevara a cabo una revisión integral de su cuadro tarifario; y que se instrumentara un aporte económico “a cargo del erario público” que le permitiera afrontar sus costos.

Que, asimismo, solicitó que las tarifas transitorias que determine el ENARGAS incluyeran una fórmula de actualización tarifaria mensual aplicable en forma automática; y manifestó que “En atención a la operatoria bidireccional del gasoducto Nor Andino y a la ausencia de puntos de inyección intermedios entre Pichanal y Paso de Jama (frontera), la determinación de tarifa de intercambio y desplazamiento (ED) no resulta procedente por cuanto ese servicio no se encuentra disponible”.

Que, con relación a lo expresado por la Transportista en el marco de la consulta pública, se observa que esta ratifica su solicitud de una tarifa de carácter transitorio. No obstante, respecto al pedido de una revisión integral de su cuadro tarifario, cabe señalar que las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo que permitan obtener nuevos cuadros tarifarios para NORANDINO (entre otras transportistas) se definirán en el marco del proceso de Revisión Tarifaria de las Licenciatarias de Transporte y Distribución de Gas Natural.

Que, por su parte, a propósito de la pretensión de NORANDINO de solicitar un aporte económico por parte del erario público, su solicitud escapa a las competencias de este Organismo y al objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS cuyo objeto se circunscribió a la consideración de tarifas provisorias de transporte de gas natural para el mercado doméstico.

Que, en cuanto a lo expresado por NORANDINO respecto a la tarifa de intercambio y desplazamiento (ED), esta última se prevé para los casos en los que exista un cargador conectado al gasoducto y que desea recibir gas en un punto de entrega aguas arriba distinto a aquél contratado originariamente.

Que, por otra parte, el 29 de agosto de 2024 se presentó NATURGY NOA S.A. (Actuación N.° IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS) en la que manifestó que las transportistas NORANDINO, ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA y REFINERÍA DEL NORTE S.A., le prestan servicios de transporte para abastecer a localidades en su zona licenciada. Por tal motivo, solicitó a esta Autoridad Regulatoria “que en ocasión de definir la tarifa para las mencionadas empresas transportistas no Licenciatarias, disponga concomitantemente el correspondiente Roll-in de los nuevos cuadros a la tarifa final de esta Distribuidora -en la Sub-zona Salta-”.

Que, respecto a lo expresado por NATURGY NOA S.A., cabe destacar que el principio de “pass through” establecido en el Artículo 37 del Decreto N.º 1738/92 no resulta aplicable a los costos de transporte, sino a las variaciones del precio de adquisición del gas, las que “serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al Distribuidor ni al Transportista”.

Que, específicamente, en relación al costo de transporte, el propio Artículo 37 ya mencionado indica que “Las variaciones de la tarifa de Transporte que sufran los Distribuidores serán trasladadas a la tarifa final al usuario bajo el mecanismo, en los plazos, y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”.

Que, en cualquier caso, el traslado a tarifa del componente de transporte, escapa al objeto de la consulta pública realizada (conf. Resolución Nº RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS), la cual se circunscribió a las tarifas provisorias de transporte de gas natural para el mercado doméstico; y que lo manifestado por la Distribuidora será analizado en el correspondiente marco de actualización tarifaria de la Licenciataria de Distribución.

Que las tarifas de transporte que se aprueban mediante la presente Resolución revisten el carácter de transitorias en atención a que aún no se cuenta con las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios para aprobar y emitir tarifas definitivas.

Que dichas pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios se determinarán en el procedimiento de revisión tarifaria actualmente en curso, previsto para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución (conf. los artículos 3° y 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23).

Que, en el marco de la transitoriedad referida, se entiende pertinente -en esta instancia y para el caso de NORANDINO- tener en consideración la evolución de aquellos índices que se condicen con la estructura global de costos de las Licenciatarias de Transporte, en particular, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires -capítulo materiales- (ICC materiales), y el Índice de Salarios -total registrado y sector privado registrado-, así como una expresión polinómica ponderando tales variables del mismo modo que la fórmula incluida en el Anexo III de las Resoluciones N.° RESOL-2024-112-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y N.° RESOL-2024-113-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, de adecuación transitoria de tarifas.

Que, en virtud del tiempo transcurrido entre la elaboración de las opciones tarifarias expuestas e informadas en la consulta pública, y su aprobación por parte de esta Autoridad Regulatoria, el resultado de dicho cálculo ha sido actualizado conforme las últimas tarifas de transporte vigentes para TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN).

Que, asimismo, corresponde establecer, en adelante y como metodología transitoria de ajuste, los mismos criterios de actualización a aplicarse para las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TGS y TGN).

Que, por otra parte, los porcentajes de gas retenido a adoptar para el caso de NORANDINO resultan los valores que se encuentran actualmente vigentes.

Que la presente adecuación transitoria de las tarifas de la Transportista tiene el propósito de mantener, en términos reales, sus niveles de ingresos, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua del servicio público de transporte de gas y los estándares de calidad requeridos (conf. los términos que surgen del Decreto N.° 55/23).

Que, en virtud de lo expuesto, y en el marco de la adecuación transitoria prevista en el artículo 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23, corresponde aprobar Cuadros Tarifarios de transición a aplicar por la Transportista.

Que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por la presente deberán ser publicados por la Transportista en un diario de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076.

Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ha permitido que las Licenciatarias de Transporte publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.

Que ha tomado intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 52 inciso f) de la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 55/23, y la Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. incluidos en el Anexo N.° IF-2024-110099032-APN-GDYE#ENARGAS que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: Establecer que, en adelante y como metodología de ajuste de los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente, se aplicarán para la Transportista y con la misma provisoriedad, los criterios y pautas de actualización a aplicarse a las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.).

ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente Resolución deberán ser publicados por la Transportista en un diario gráfico y/o digital de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076 y en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°: Notificar a GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 73955/24 v. 21/10/2024

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTOS los Expedientes N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS y N.° EX-2024-69238650- -APN-GDYE#ENARGAS; las Leyes N.° 17.319, N.° 24.076 y N.° 27.742; los Decretos N.° 1738/92, N.° 729/95 y N.° 55/23; y

CONSIDERANDO:

Que, ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (en adelante e indistintamente “ENEL” o la “Transportista”), presta el servicio público de transporte de gas natural en los términos de las Leyes N.° 17.319 y N.° 24.076, y los Decretos N° 1738/92 y N.° 729/95.

Que, mediante el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55 del 16 de diciembre de 2023 (B.O. 18/12/2023) se declaró -hasta el 31 de diciembre de 2024- la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural.

Que, mediante el artículo 1° de la Ley N.° 27.742 (B.O. 08/07/2024) también se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Que, el artículo 3° del mencionado Decreto N.° 55/23 determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 42 de la Ley N.° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podría exceder del 31 de diciembre de 2024.

Que, mediante el artículo 4° del mismo Decreto se dispuso la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 y, a través del artículo 5°, se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar al Interventor del ENARGAS.

Que, por el artículo 5° se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, al Interventor del ENARGAS.

Que, por medio del Artículo 6° del citado Decreto, se estableció que el Interventor del ENARGAS, en el ejercicio de su cargo, tiene las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley N.° 24.076 y las asignadas en ese Decreto, entre las cuales se incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalado en el artículo 3° y estableció que hasta tanto culminara dicho proceso podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio.

Que, por su parte, por Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC del 28 de diciembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 del DNU N.° 55/23.

Que, esta Autoridad Regulatoria recibió diversas solicitudes de distintas transportistas de gas natural que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, a fin de que se les determine o actualice una tarifa por la prestación del servicio público que brindan en el mercado doméstico.

Que, efectivamente, en nuestro país existen transportistas que prestan un servicio público de transporte de gas natural y que se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N.° 24.076 y bajo la competencia de este Ente Regulador.

Que, entre los transportistas que no tienen una licencia otorgada por el Estado Nacional se encuentran los contemplados en el artículo 11, inc. b) y c) de la Ley N.° 24.076, es decir, personas jurídicas titulares de una concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la Ley N.° 17.319; y, también, aquellas personas jurídicas que, en el carácter de “terceros interesados”, han realizado extensiones del sistema licenciado de transporte de gas natural, bajo el régimen del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076.

Que, en este orden de ideas, el servicio de transporte de gas natural y las tarifas que remuneran dichos servicios se encuentran alcanzadas por la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N.° 55/23 (artículo 1°) y por la Ley N.° 27.742 (artículo 1°).

Que, por otro lado, el artículo 7 del Decreto N.° 55/2023 determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.

Que, el artículo 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742) establece que: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad”.

Que, en la misma línea, el artículo 1° bis, inciso a), apartado (i) (incorporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742) determina que “Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos”.

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto Nº 1172/03, cuya finalidad es la de instrumentar procedimientos – a través de consultas públicas no vinculantes – que involucran a diferentes sectores interesados, permitir un acceso igualitario a la información, y que aquellos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que, mediante la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se inició un procedimiento de consulta pública (bajo el Expediente N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS) para determinar o actualizar, según el caso, las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte de gas natural que brindan distintos sujetos que se encuentran alcanzados por la Ley N.° 24.076, su decreto reglamentario.

Que, en ese marco, se pusieron a consideración las solicitudes y la información correspondiente a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA, GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., GAS LINK S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A., GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. y REFINERÍA DEL NORTE S.A., como así también el análisis realizado por esta Autoridad Regulatoria.

Que el procedimiento de consulta pública se inició a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pudiera realizar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de gas natural brindado por dichos prestadores en el mercado doméstico.

Que en el marco de la consulta pública iniciada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se recibieron distintas presentaciones que fueron agregadas al Expediente en el que tramitó la consulta pública (EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS).

Que dichas presentaciones fueron hechas por el Sr. Julio C. Fonrouge (Actuaciones N.° IF-2024-88167059-APN-SD#ENARGAS e IF-2024-88314910-APN-SD#ENARGAS); GAS LINK S.A. (IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. (IF-2024-91458204-APN-SD#ENARGAS); REFINERÍA DEL NORTE S.A. (IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. (IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS); CENTRAL PUERTO S.A. (IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS); YPF S.A. (IF-2024-92280763-APN-SD#ENARGAS); ENEL (IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS); NATURGY NOA S.A. (IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS); LITORAL GAS S.A. (IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS); y TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. (IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, primeramente, corresponde expedirse respecto a las observaciones y manifestaciones expresadas por el Sr. Fonrouge y por YPF S.A. debido a que se refieren a cuestiones vinculadas con el objeto de la consulta pública y la competencia de este Ente Regulador.

Que el Sr. Fonrouge se presentó por “derecho propio”, y objetó la figura de “Transportista No Licenciataria” mencionada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Al respecto, sostuvo que dicha figura no estaba contemplada en el marco regulatorio del gas natural, y que no se hallaba tipificada entre los sujetos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario o demás normativa complementaria.

Que, por otra parte, señaló que en el Artículo 63 de la Ley N.° 24.076, las entidades privadas citadas en los considerandos de la mencionada Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS son definidas y ponderadas como gasoductos de exportación.

Que el Sr. Fonrouge agregó que las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley N.° 24.076. En ese sentido, afirmó que el ENARGAS carece de atribuciones para instituir “ex novo” sujetos del marco regulatorio sectorial del gas, y arguyó que la figura del “transportista sin licencia” carece de sustento legal.

Que, además, agregó que mucho menos puede apuntarse que la actividad de las entidades privadas citadas en la resolución objetada constituya un servicio público y/o quede enmarcada en una relación de consumo.

Que, a su entender, el sustento de la convocatoria a consulta pública adolece de un manifiesto vicio en su objeto, por lo que correspondía dejar la misma sin efecto. Adujo que, caso contrario, el ENARGAS estaría incurriendo en un exceso de sus potestades, alterando la finalidad de los actos emitidos, implicando ello -según su interpretación- una transferencia del poder normativo del legislativo al Ente Regulador.

Que, a su entender, no se había ponderado que la atribución de concesión de licencias de transporte constituye una atribución exclusiva de la Administración Pública Nacional centralizada, en cabeza de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Que, para finalizar, el Sr. Fonrouge arguyó que son las licenciatarias de transporte las que operan y mantienen los gasoductos de titularidad de las entidades comprendidas en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y añadió que, en el marco de las actividades de operación y mantenimiento de los gasoductos involucrados, no existe relación de consumo alguna que avale la aplicación del marco de la Ley N.° 24.240 y del procedimiento de consulta pública.

Que con relación a lo manifestado por el Sr. Fonrouge corresponder dejar en claro que el ENARGAS: i) actúa estrictamente en el marco de su competencia en lo que respecta a la aprobación de tarifas de sujetos que prestan el servicio público de transporte de gas natural para el mercado doméstico; ii) no ha creado ni ha resuelto crear un sujeto transportista “ex novo”; y iii) ha observado y cumplido con el procedimiento aplicable al trámite de aprobación de tarifas, según la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable.

Que, en lo que respecta a las atribuciones de esta Autoridad Regulatoria cabe reseñar – brevemente – el marco normativo aplicable que sustenta la competencia del ENARGAS para aprobar tarifas para el servicio público de transporte de gas natural.

Que, en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 establece: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento”. Por su parte, el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley de Gas señala que: “Son sujetos de esta Ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.

Que, seguidamente, el artículo 11 de la citada Ley dispone que: “Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores. La calidad de transportista se adquiere por: a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 4a. de la ley 17.319. c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1589/89”.

Que, por otro lado, el artículo 16 de la Ley N.° 24.076 establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación. En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente: (…) b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que, en lo que refiere a la competencia estrictamente tarifaria, el artículo 52 de la Ley de Gas prevé que “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos”.

Que, por otro lado, respecto a los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319, la competencia del ENARGAS se encuentra contemplada expresamente en el Decreto N.° 729/95, el cual establece en su artículo 1°, que: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que dicho Decreto, en su artículo 3° dispone también que: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.076 será competente para entender, con respecto a las concesiones de transporte que surjan como consecuencia del Artículo precedente, en las siguientes materias (…) c) Aprobará las tarifas que se sometan a su consideración para la prestación del servicio público de transporte cuando terceros interesados pretendan acceder a la capacidad de transporte disponible de los gasoductos”.

Que, en virtud del marco normativo reseñado, es evidente entonces que este Ente Regulador es la autoridad de aplicación de la Ley N.° 24.076 y que, por expresa manda legal, tiene competencia exclusiva para aprobar tarifas para el transporte de gas natural (conf. art. 52, inc. f).

Que, asimismo, los sujetos alcanzados por la Ley N.° 24.076 no son sólo las Licenciatarias de Transporte de gas, es decir, aquellos sujetos que cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, sino también los concesionarios de transporte bajo la Ley N.° 17.319 (conf. el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076 y lo dispuesto por los artículos 1° y 3° del Decreto N.° 729/95), y los terceros interesados que hubieran realizado obras de extensión del sistema licenciado de transporte (conf. artículo 16 de la Ley N.° 24.076 y su Decreto reglamentario).

Que, respecto al cuestionamiento referido a que no existe la categoría de “Transportistas No Licenciatarias” y que el ENARGAS no tiene competencia para crear un sujeto “ex novo”, cabe aclarar que la expresión “Transportista No Licenciataria” utilizada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORO#ENARGAS se hizo con meros fines prácticos, a los efectos de evitar repeticiones innecesarias y para incluir en una sola definición o referencia a aquellos sujetos que prestan un servicio público de transporte de gas natural por gasoductos, pero que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional.

Que, entre estos últimos se encuentran los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 y los terceros interesados que han hecho obras e instalaciones para extender el sistema licenciado de transporte de gas natural.

Que, el ENARGAS no ha creado un sujeto “ex novo” ni ha actuado por fuera de su competencia asignada legalmente, en tanto el distinto carácter que tienen los transportistas y su sujeción a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria surge del propio marco normativo tal como fuera explicado anteriormente.

Que, es un error de interpretación sostener que “…las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos del art. 39 de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley 24.076”, ya que el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 es lo suficientemente claro y contundente cuando sostiene que “La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional”.

Que, nuevamente y a riesgo de ser reiteratorios, tampoco puede haber duda alguna de que los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 se encuentran sujetos a la Ley N.° 24.076, ya que así lo prevén expresamente el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076, y los artículos 1 y 3 del Decreto N.° 729/95, ya citados anteriormente.

Que, es tan claro el artículo 1° del Decreto N.° 729/95 que vale la pena citarlo nuevamente: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que, con relación a los terceros interesados previstos en el art. 16 de la Ley N.° 24.076 y su reglamentación, cabe destacar que aquellos son sujetos que han realizado y construido, a su exclusivo costo y cargo, obras e instalaciones aprobadas previamente por esta Autoridad Regulatoria para extender el sistema licenciado de transporte de gas (y conectadas a este último); que han sido habilitados por el ENARGAS para operarlas a su cargo; y que, por todo ello, se encuentran sometidos a la Ley N.° 24.076 y su reglamentación.

Que, a diferencia de las observaciones y los cuestionamientos expresados por el Sr. Fonrouge, no puede dejar de mencionarse que todos los transportistas comprendidos en la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORO#ENARGAS han solicitado expresamente al ENARGAS que se les fijara una tarifa de transporte y/o que se les actualicen las vigentes, lo que significa un reconocimiento de dichos sujetos a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria.

Que, en cuanto al procedimiento de consulta pública instrumentado por esta Autoridad Regulatoria, sólo cabe reiterar –tal como se explicó en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS– que aquel es el que corresponde en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.742, y la jurisprudencia aplicable (Fallos 339:1077).

Que, sin perjuicio de ello, no alcanzan a entenderse las referencias que el Sr. Fonrouge realiza en su presentación respecto a la inexistencia de una “relación de consumo” y a la falta de aplicación de la Ley N.° 24.240 ya que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS en ningún momento hizo referencia a esas cuestiones, por lo que no cabe expedirse al respecto.

Que, en lo que refiere a los mecanismos de participación ciudadana, cabe remitirse a los ya citados artículos 42 de la Constitución Nacional; 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742); y el artículo 1 bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado por art. 25 de la Ley N° 27.742).

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto N.° 1172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como el instaurado por la resolución objetada por el interesado.

Que, a través del mecanismo de consultas públicas no vinculantes que involucran a diferentes sectores interesados, se permite un acceso igualitario a la información, y se permite que éstos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que, la totalidad de antecedentes normativos ya reseñados motivaron el dictado de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y, de tal manera, se posibilitó la abierta participación ciudadana de la que se valió el interesado (el Sr. Fonrouge) para plantear por derecho propio sus observaciones al procedimiento.

Que, en función de lo manifestado, deben desestimarse los cuestionamientos formulados por el Sr. Fonrouge habida cuenta de que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS ha sido dictada conforme al marco regulatorio, y se han cumplido todos los extremos formales y de fondo exigidos por los elementos esenciales del acto administrativo, siendo su objeto plenamente posible, lícito y cierto, además de estar fundada en los antecedentes de hecho y de Derecho que le sirven de causa y, por lo tanto, se lo debe reputar como un acto regular (Conf. Art. 7° de la Ley N.° 19.549 y modificatorias).

Que, con relación a la presentación de YPF S.A., esta última solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la no discriminación por destino final del gas, tanto en los cuadros tarifarios correspondientes a las licenciatarias de la Ley de Gas, como en las tarifas aplicadas para las transportistas con concesiones de transporte de acuerdo al artículo 28 de la Ley N.° 17.319 y para las tarifas de los transportistas de gasoductos construidos como extensiones al amparo de las licencias de otros transportistas (Artículo 16 de la Ley N.° 24.076).

Que, al respecto, YPF S.A. expresó que: “Atento se eliminan los remedios excepcionales en favor de los usuarios de transporte otorgados a partir de la devaluación y crisis económica del 2002, y el transportista vuelve a contar con una tarifa que remunera sus costos y una rentabilidad razonable, entendemos pierde su propósito la tarifa diferenciada con destino a la exportación creada por el Decreto 689/2002, por el cual se obligaba a ciertos usuarios de transporte, nacionales o extranjeros, a pagar, cuando el destino final del gas sea la exportación, una tarifa superior a la que pagan el resto de los usuarios”.

Que, asimismo, añadió: “Entendemos que la tarifa de exportación diferenciada no se ajusta a los principios tarifarios previstos en la Ley del Gas y sus normas complementarias en particular en cuanto a los requisitos de audiencia pública previa, los ajustes semestrales y la revisión tarifaria quinquenal (aplicable a las licenciatarias de la Ley del Gas), ni a los principios de tarifa justa y razonable que le permitan al transportista recuperar sus costos y obtener una renta razonable, al menor costo posible para los usuarios; como así también no se ajusta a los compromisos de no discriminación entre usuarios nacionales y extranjeros asumidos por la República Argentina en los Tratados de Integración Energética”.

Que, para finalizar, pidió que se evaluaran sus observaciones con el propósito de alcanzar una tarifa única para el transporte de gas natural con independencia de su destino final.

Que en lo que respecta a lo manifestado por YPF S.A., cabe señalar que esta Autoridad Regulatoria no tiene competencia para modificar el Decreto N.° 689/02, el cual fue dictado oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las atribuciones asignadas por la Ley de Emergencia N.° 25.561.

Que, además, el objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se encuentra acotada a las tarifas de transporte de gas para el mercado doméstico, por lo que lo peticionado por YPF S.A. se encuentra fuera de aquel.

Que, en lo que respecta a ENEL, esta transportista hizo una presentación en el marco de la consulta pública (Actuación N° IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS).

Que, en su presentación, ENEL solicitó que la tarifa provisoria aplicable a dicha Transportista fuera la alternativa que contempla el índice ICC; y, en subsidio, solicitó que se actualice la tarifa provisoria según la actualización polinómica informada en la consulta pública, que resulta de la ponderación de los índices de IPIM, ICC e ISPR (Índice Salarial de empleo Privado Registrado).

Que, adicionalmente, ENEL pidió que las tarifas provisorias fueran actualizadas mensualmente conforme las mismas fórmulas que se utilice para su fijación como nueva tarifa provisoria, hasta que se establezca una tarifa definitiva.

Que, respecto a lo manifestado por la Transportista, cabe destacar que ésta no controvierte las alternativas tarifarias presentadas en el marco de la consulta pública. Asimismo, con relación al planteo de la actualización de las tarifas provisorias resultantes, resulta factible establecer en esta instancia, como metodología de ajuste y con la misma pauta de provisoriedad, el mismo criterio que el aplicado para las Licenciatarias de Transporte.

Que, por otra parte, el 29 de agosto de 2024 se presentó NATURGY NOA S.A. (Actuación N.° IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS) en la que manifestó que las transportistas GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., ENEL y REFINERÍA DEL NORTE S.A. le prestan servicios de transporte para abastecer a localidades en su zona licenciada. Por tal motivo, solicitó a esta Autoridad Regulatoria “que en ocasión de definir la tarifa para las mencionadas empresas transportistas no Licenciatarias, disponga concomitantemente el correspondiente Roll-in de los nuevos cuadros a la tarifa final de esta Distribuidora -en la Sub-zona Salta-”.

Que, respecto a lo expresado por NATURGY NOA S.A., cabe destacar que el principio de “pass through” establecido en el Artículo 37 del Decreto N.º 1738/92 no resulta aplicable a los costos de transporte, sino a las variaciones del precio de adquisición del gas, las que “serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al Distribuidor ni al Transportista”.

Que, específicamente, en relación al costo de transporte, el propio Artículo 37 ya mencionado indica que “Las variaciones de la tarifa de Transporte que sufran los Distribuidores serán trasladadas a la tarifa final al usuario bajo el mecanismo, en los plazos, y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”.

Que, en cualquier caso, el traslado a tarifa del componente de transporte, escapa al objeto de la consulta pública realizada (conf. Resolución Nº RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS), la cual se circunscribió a las tarifas provisorias de transporte de gas natural para el mercado doméstico; y que lo manifestado por la Distribuidora será analizado en el correspondiente marco de actualización tarifaria de la Licenciataria de Distribución.

Que las tarifas de transporte que se aprueban mediante la presente Resolución revisten el carácter de transitorias en atención a que aún no se cuenta con las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios para aprobar y emitir tarifas definitivas.

Que, dichas pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios se determinarán en el procedimiento de revisión tarifaria actualmente en curso, previsto para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución (conf. los artículos 3° y 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23).

Que, en el marco de la transitoriedad referida, se entiende pertinente -en esta instancia y para el caso de ENEL- tener en consideración la evolución de aquellos índices que se condicen con la estructura global de costos de las Licenciatarias de Transporte, en particular, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires -capítulo materiales- (ICC materiales), y el Índice de Salarios -total registrado y sector privado registrado-, así como una expresión polinómica ponderando tales variables del mismo modo que la fórmula incluida en el Anexo III de las Resoluciones N.° RESOL-2024-112-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y N.° RESOL-2024-113-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, de adecuación transitoria de tarifas.

Que, en virtud del tiempo transcurrido entre la elaboración de las opciones tarifarias expuestas e informadas en la consulta pública, y su aprobación por parte de esta Autoridad Regulatoria, el resultado de dicho cálculo ha sido actualizado conforme las últimas tarifas de transporte vigentes para TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN).

Que, asimismo, corresponde establecer, en adelante y como metodología transitoria de ajuste, los mismos criterios de actualización a aplicarse para las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TGS y TGN).

Que, por otra parte, los porcentajes de gas retenido a adoptar para el caso de ENEL resultan los valores que se encuentran actualmente vigentes.

Que la presente adecuación transitoria de las tarifas de la Transportista tiene el propósito de mantener, en términos reales, sus niveles de ingresos, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua del servicio público de transporte de gas y los estándares de calidad requeridos (conf. los términos que surgen del Decreto N.° 55/23).

Que, en virtud de lo expuesto, y en el marco de la adecuación transitoria prevista en el artículo 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23, corresponde aprobar los Cuadros Tarifarios de transición a aplicar por la Transportista.

Que, los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por la presente deberán ser publicados por la Transportista en un diario de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076.

Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ha permitido que las Licenciatarias de Transporte publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 52 inciso f) de la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 55/23, y la Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA incluidos en el Anexo N.° IF-2024-110098867-APN-GDYE#ENARGAS que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: Establecer que, en adelante y como metodología de ajuste de los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente, se aplicarán para la Transportista y con la misma provisoriedad, los criterios y pautas de actualización a aplicarse a las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DEL GAS NORTE S.A.).

ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente Resolución deberán ser publicados por la Transportista en un diario gráfico y/o digital de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076 y en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°: Notificar a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 73956/24 v. 21/10/2024

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTOS los Expedientes N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS y N.° EX-2024-69239932- -APN-GDYE#ENARGAS; las Leyes N.° 24.076 y N.° 27.742; los Decretos N.° 1738/92 y N.° 55/23; y

CONSIDERANDO:

Que GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. (en adelante e indistintamente “GASANDES” o la “Transportista”) presta el servicio público de transporte de gas natural en los términos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario, y lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N.° 188/95.

Que mediante el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55 del 16 de diciembre de 2023 (B.O. 18/12/2023) se declaró -hasta el 31 de diciembre de 2024- la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural.

Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 27.742 (B.O. 08/07/2024) también se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Que el artículo 3° del mencionado Decreto N.° 55/23 determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 42 de la Ley N.° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podría exceder del 31 de diciembre de 2024.

Que mediante el artículo 4° del mismo Decreto se dispuso la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 y, a través del artículo 5°, se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar al Interventor del ENARGAS.

Que por el artículo 5° se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, al Interventor del ENARGAS.

Que, por medio del Artículo 6° del citado Decreto, se estableció que el Interventor del ENARGAS, en el ejercicio de su cargo, tiene las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley N.° 24.076 y las asignadas en ese Decreto, entre las cuales se incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalado en el artículo 3° y estableció que hasta tanto culminara dicho proceso podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio.

Que, por su parte, por Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC del 28 de diciembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 del DNU N.° 55/23.

Que esta Autoridad Regulatoria recibió diversas solicitudes de distintas transportistas de gas natural que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, a fin de que se les determine o actualice una tarifa por la prestación del servicio público que brindan en el mercado doméstico.

Que, efectivamente, en nuestro país existen transportistas que prestan un servicio público de transporte de gas natural y que se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N.° 24.076 y bajo la competencia de este Ente Regulador.

Que entre los transportistas que no tienen una licencia otorgada por el Estado Nacional se encuentran los contemplados en el artículo 11, inc. b) y c) de la Ley N.° 24.076, es decir, personas jurídicas titulares de una concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la Ley N.° 17.319; y, también, aquellas personas jurídicas que, en el carácter de “terceros interesados”, han realizado extensiones del sistema licenciado de transporte de gas natural, bajo el régimen del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076.

Que, en este orden de ideas, el servicio de transporte de gas natural y las tarifas que remuneran dichos servicios se encuentran alcanzadas por la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N.° 55/23 (artículo 1°) y por la Ley N.° 27.742 (artículo 1°).

Que, por otro lado, el artículo 7 del Decreto N.° 55/2023 determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.

Que el artículo 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742) establece que: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad”.

Que, en la misma línea, el artículo 1° bis, inciso a), apartado (i) (incorporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742) determina que “Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos”.

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto Nº 1172/03, cuya finalidad es la de instrumentar procedimientos – a través de consultas públicas no vinculantes – que involucran a diferentes sectores interesados, permitir un acceso igualitario a la información, y que aquellos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se inició un procedimiento de consulta pública (bajo el Expediente N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS) para determinar o actualizar, según el caso, las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte de gas natural que brindan distintos sujetos que se encuentran alcanzados por la Ley N.° 24.076, su decreto reglamentario.

Que, en ese marco, se pusieron a consideración las solicitudes y la información correspondiente a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (antes GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA S.A.), GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., GAS LINK S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A., GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. y REFINERÍA DEL NORTE S.A., como así también el análisis realizado por esta Autoridad Regulatoria.

Que el procedimiento de consulta pública se inició a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pudiera realizar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de gas natural brindado por dichos prestadores en el mercado doméstico.

Que en el marco de la consulta pública iniciada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se recibieron distintas presentaciones que fueron agregadas al Expediente en el que tramitó la consulta pública (EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS).

Que dichas presentaciones fueron hechas por el Sr. Julio C. Fonrouge (Actuaciones N.° IF-2024-88167059-APN-SD#ENARGAS e IF-2024-88314910-APN-SD#ENARGAS); GAS LINK S.A. (IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. (IF-2024-91458204-APN-SD#ENARGAS); REFINERÍA DEL NORTE S.A. (IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS); GASANDES (IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS); CENTRAL PUERTO S.A. (IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS); YPF S.A. (IF-2024-92280763-APN-SD#ENARGAS); ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS); NATURGY NOA S.A. (IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS); LITORAL GAS S.A. (IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS); y TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. (IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, primeramente, corresponde expedirse respecto a las observaciones y manifestaciones expresadas por el Sr. Fonrouge y por YPF S.A. debido a que se refieren a cuestiones vinculadas con el objeto de la consulta pública y la competencia de este Ente Regulador.

Que el Sr. Fonrouge se presentó por “derecho propio”, y objetó la figura de “Transportista No Licenciataria” mencionada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Al respecto, sostuvo que dicha figura no estaba contemplada en el marco regulatorio del gas natural, y que no se hallaba tipificada entre los sujetos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario o demás normativa complementaria.

Que, por otra parte, señaló que en el Artículo 63 de la Ley N.° 24.076, las entidades privadas citadas en los considerandos de la mencionada Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS son definidas y ponderadas como gasoductos de exportación.

Que el Sr. Fonrouge agregó que las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley N.° 24.076. En ese sentido, afirmó que el ENARGAS carece de atribuciones para instituir “ex novo” sujetos del marco regulatorio sectorial del gas, y arguyó que la figura del “transportista sin licencia” carece de sustento legal.

Que, además, agregó que mucho menos puede apuntarse que la actividad de las entidades privadas citadas en la resolución objetada constituya un servicio público y/o quede enmarcada en una relación de consumo.

Que, a su entender, el sustento de la convocatoria a consulta pública adolece de un manifiesto vicio en su objeto, por lo que correspondía dejar la misma sin efecto. Adujo que, caso contrario, el ENARGAS estaría incurriendo en un exceso de sus potestades, alterando la finalidad de los actos emitidos, implicando ello -según su interpretación- una transferencia del poder normativo del legislativo al Ente Regulador.

Que, a su entender, no se había ponderado que la atribución de concesión de licencias de transporte constituye una atribución exclusiva de la Administración Pública Nacional centralizada, en cabeza de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Que, para finalizar, el Sr. Fonrouge arguyó que son las licenciatarias de transporte las que operan y mantienen los gasoductos de titularidad de las entidades comprendidas en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y añadió que, en el marco de las actividades de operación y mantenimiento de los gasoductos involucrados, no existe relación de consumo alguna que avale la aplicación del marco de la Ley N.° 24.240 y del procedimiento de consulta pública.

Que con relación a lo manifestado por el Sr. Fonrouge corresponder dejar en claro que el ENARGAS: i) actúa estrictamente en el marco de su competencia en lo que respecta a la aprobación de tarifas de sujetos que prestan el servicio público de transporte de gas natural para el mercado doméstico; ii) no ha creado ni ha resuelto crear un sujeto transportista “ex novo”; y iii) ha observado y cumplido con el procedimiento aplicable al trámite de aprobación de tarifas, según la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable.

Que en lo que respecta a las atribuciones de esta Autoridad Regulatoria cabe reseñar – aunque sea brevemente – el marco normativo aplicable que sustenta la competencia del ENARGAS para aprobar tarifas para el servicio público de transporte de gas natural.

Que, en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 establece: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento”. Por su parte, el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley de Gas señala que: “Son sujetos de esta Ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.

Que, seguidamente, el artículo 11 de la citada Ley dispone que: “Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores. La calidad de transportista se adquiere por: a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 4a. de la ley 17.319. c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1589/89”.

Que, por otro lado, el artículo 16 de la Ley N.° 24.076 establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación. En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente: (…) b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que, en lo que refiere a la competencia estrictamente tarifaria, el artículo 52 de la Ley de Gas prevé que: “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos”.

Que, por otro lado, respecto a los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319, la competencia del ENARGAS se encuentra contemplada expresamente en el Decreto N.° 729/95, el cual establece en su artículo 1°, que: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que dicho Decreto, en su artículo 3° dispone también que: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.076 será competente para entender, con respecto a las concesiones de transporte que surjan como consecuencia del Artículo precedente, en las siguientes materias (…) c) Aprobará las tarifas que se sometan a su consideración para la prestación del servicio público de transporte cuando terceros interesados pretendan acceder a la capacidad de transporte disponible de los gasoductos”.

Que, en virtud del marco normativo reseñado, es evidente entonces que este Ente Regulador es la autoridad de aplicación de la Ley N.° 24.076 y que, por expresa manda legal, tiene competencia exclusiva para aprobar tarifas para el transporte de gas natural (conf. art. 52, inc. f).

Que, asimismo, los sujetos alcanzados por la Ley N.° 24.076 no son sólo las Licenciatarias de Transporte de gas, es decir, aquellos sujetos que cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, sino también los concesionarios de transporte bajo la Ley N.° 17.319 (conf. el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076 y lo dispuesto por los artículos 1° y 3° del Decreto N.° 729/95), y los terceros interesados que hubieran realizado obras de extensión del sistema licenciado de transporte (conf. artículo 16 de la Ley N.° 24.076 y su Decreto reglamentario).

Que, respecto al cuestionamiento referido a que no existe la categoría de “Transportistas No Licenciatarias” y que el ENARGAS no tiene competencia para crear un sujeto “ex novo”, cabe aclarar que la expresión “Transportista No Licenciataria” utilizada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORO#ENARGAS se hizo con meros fines prácticos, a los efectos de evitar repeticiones innecesarias y para incluir en una sola definición o referencia a aquellos sujetos que prestan un servicio público de transporte de gas natural por gasoductos, pero que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional.

Que entre estos últimos se encuentran los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 y los terceros interesados que han hecho obras e instalaciones para extender el sistema licenciado de transporte de gas natural.

Que el ENARGAS no ha creado un sujeto “ex novo” ni ha actuado por fuera de su competencia asignada legalmente, en tanto el distinto carácter que tienen los transportistas y su sujeción a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria surge del propio marco normativo tal como fuera explicado anteriormente.

Que es un error de interpretación sostener que “…las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos del art. 39 de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley 24.076”, ya que el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 es lo suficientemente claro y contundente cuando sostiene que: “La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional”.

Que, nuevamente y a riesgo de ser reiteratorios, tampoco puede haber duda alguna de que los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 se encuentran sujetos a la Ley N.° 24.076, ya que así lo prevén expresamente el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076, y los artículos 1 y 3 del Decreto N.° 729/95, ya citados anteriormente.

Que es tan claro el artículo 1° del Decreto N.° 729/95 que vale la pena citarlo nuevamente: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que con relación a los terceros interesados previstos en el art. 16 de la Ley N.° 24.076 y su reglamentación, cabe destacar que aquellos son sujetos que han realizado y construido, a su exclusivo costo y cargo, obras e instalaciones aprobadas previamente por esta Autoridad Regulatoria para extender el sistema licenciado de transporte de gas (y conectadas a este último); que han sido habilitados por el ENARGAS para operarlas a su cargo; y que, por todo ello, se encuentran sometidos a la Ley N.° 24.076 y su reglamentación.

Que, a diferencia de las observaciones y los cuestionamientos expresados por el Sr. Fonrouge, no puede dejar de mencionarse que todos los transportistas comprendidos en la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS han solicitado expresamente al ENARGAS que se les fijara una tarifa de transporte y/o que se les actualicen las vigentes, lo que significa un reconocimiento de dichos sujetos a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria.

Que, en cuanto al procedimiento de consulta pública instrumentado por esta Autoridad Regulatoria, sólo cabe reiterar –tal como se explicó en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS– que aquel es el que corresponde en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.742, y la jurisprudencia aplicable (Fallos 339:1077).

Que, sin perjuicio de ello, no alcanzan a entenderse las referencias que el Sr. Fonrouge realiza en su presentación respecto a la inexistencia de una “relación de consumo” y a la falta de aplicación de la Ley N.° 24.240 ya que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS en ningún momento hizo referencia a esas cuestiones, por lo que no cabe expedirse al respecto.

Que en lo que refiere a los mecanismos de participación ciudadana, cabe remitirse a los ya citados artículos 42 de la Constitución Nacional; 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742); y el y el artículo 1 bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 25 de la Ley N.° 27.742).

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto N.° 1172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como el instaurado por la resolución objetada por el interesado.

Que a través del mecanismo de consultas públicas no vinculantes que involucran a diferentes sectores interesados, se permite un acceso igualitario a la información, y se permite que éstos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que la totalidad de antecedentes normativos ya reseñados motivaron el dictado de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y, de tal manera, se posibilitó la abierta participación ciudadana de la que se valió el interesado (el Sr. Fonrouge) para plantear por derecho propio sus observaciones al procedimiento.

Que, en función de lo manifestado, deben desestimarse los cuestionamientos formulados por el Sr. Fonrouge habida cuenta de que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS ha sido dictada conforme al marco regulatorio, y se han cumplido todos los extremos formales y de fondo exigidos por los elementos esenciales del acto administrativo, siendo su objeto plenamente posible, lícito y cierto, además de estar fundada en los antecedentes de hecho y de Derecho que le sirven de causa y, por lo tanto, se lo debe reputar como un acto regular (Conf. Art. 7° de la Ley N.° 19.549 y modificatorias).

Que, con relación a la presentación de YPF S.A., esta última solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la no discriminación por destino final del gas, tanto en los cuadros tarifarios correspondientes a las licenciatarias de la Ley de Gas, como en las tarifas aplicadas para las transportistas con concesiones de transporte de acuerdo al artículo 28 de la Ley N.° 17.319 y para las tarifas de los transportistas de gasoductos construidos como extensiones al amparo de las licencias de otros transportistas (Artículo 16 de la Ley N.° 24.076).

Que, al respecto, YPF S.A. expresó que: “Atento se eliminan los remedios excepcionales en favor de los usuarios de transporte otorgados a partir de la devaluación y crisis económica del 2002, y el transportista vuelve a contar con una tarifa que remunera sus costos y una rentabilidad razonable, entendemos pierde su propósito la tarifa diferenciada con destino a la exportación creada por el Decreto 689/2002, por el cual se obligaba a ciertos usuarios de transporte, nacionales o extranjeros, a pagar, cuando el destino final del gas sea la exportación, una tarifa superior a la que pagan el resto de los usuarios”.

Que, asimismo, añadió: “Entendemos que la tarifa de exportación diferenciada no se ajusta a los principios tarifarios previstos en la Ley del Gas y sus normas complementarias en particular en cuanto a los requisitos de audiencia pública previa, los ajustes semestrales y la revisión tarifaria quinquenal (aplicable a las licenciatarias de la Ley del Gas), ni a los principios de tarifa justa y razonable que le permitan al transportista recuperar sus costos y obtener una renta razonable, al menor costo posible para los usuarios; como así también no se ajusta a los compromisos de no discriminación entre usuarios nacionales y extranjeros asumidos por la República Argentina en los Tratados de Integración Energética”.

Que, para finalizar, pidió que se evaluaran sus observaciones con el propósito de alcanzar una tarifa única para el transporte de gas natural con independencia de su destino final.

Que en lo que respecta a lo manifestado por YPF S.A., cabe señalar que esta Autoridad Regulatoria no tiene competencia para modificar el Decreto N.° 689/02, el cual fue dictado oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las atribuciones asignadas por la Ley de Emergencia N.° 25.561.

Que, además, el objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se encuentra acotada a las tarifas de transporte de gas para el mercado doméstico, por lo que lo peticionado por YPF S.A. se encuentra fuera de aquel.

Que, en lo que respecta a GASANDES, esta transportista hizo una presentación en el marco de la consulta pública (Actuación N.° IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS).

Que, en dicha presentación, GASANDES describió la operatoria de la compañía; se refirió a los antecedentes tarifarios relacionados con esa transportista; y solicitó que los cuadros tarifarios resulten suficientes para repagar inversiones y que contemplen una rentabilidad razonable.

Que las tarifas de transporte que se aprueban mediante la presente Resolución revisten el carácter de transitorias en atención a que aún no se cuenta con las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios para aprobar y emitir tarifas definitivas.

Que dichas pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios se determinarán en el procedimiento de revisión tarifaria actualmente en curso, previsto para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución (conf. los artículos 3° y 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23).

Que, en el marco de la transitoriedad referida, se entiende pertinente -en esta instancia- tener en consideración para el caso de las tarifas correspondientes de la Transportista, el valor tarifario por kilómetro de las Licenciatarias de Transporte, en función del valor del cargo por m3/día de cada ruta completa por zona de recepción de los cuadros tarifarios de transporte de las Licenciatarias y los kilómetros lineales de dichas rutas.

Que, en relación con la conveniencia de efectuar una apertura tarifaria por tramos, resulta apropiado en virtud de criterios geográficos, de extensión lineal de los gasoductos en cuestión y/o de carácter técnico, establecer para el caso de GASANDES dos tramos: uno entre La Mora y Papagayos; y otro entre Papagayos y la frontera con Chile.

Que, en virtud del tiempo transcurrido entre la elaboración de las opciones tarifarias expuestas e informadas en la consulta pública, y su aprobación por parte de esta Autoridad Regulatoria, el resultado de dicho cálculo ha sido actualizado conforme las últimas tarifas de transporte vigentes para TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN).

Que, asimismo, corresponde establecer, en adelante y como metodología transitoria de ajuste, los mismos criterios de actualización a aplicarse para las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TGS y TGN).

Que, por otra parte, considerando lo señalado en el Memorándum N.° ME-2024-75692123-APN-GT#ENARGAS, los porcentajes de gas retenido a adoptar para el caso de GASANDES resultan los valores allí indicados.

Que la presente adecuación transitoria de las tarifas de la Transportista tiene el propósito de mantener, en términos reales, sus niveles de ingresos, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua del servicio público de transporte de gas y los estándares de calidad requeridos (conf. los términos que surgen del Decreto N.° 55/23).

Que, en virtud de lo expuesto, y en el marco de la adecuación transitoria prevista en el artículo 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23, corresponde aprobar los Cuadros Tarifarios de transición a aplicar por la Transportista.

Que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por la presente deberán ser publicados por la Transportista en un diario de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076.

Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ha permitido que las Licenciatarias de Transporte publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 52 inciso f) de la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 55/23, y la Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. incluidos en el Anexo N.° IF-2024-110099455-APN-GDYE#ENARGAS que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: Establecer que, en adelante y como metodología de ajuste de los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente, se aplicarán para la Transportista y con la misma provisoriedad, los criterios y pautas de actualización a aplicarse a las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DEL GAS NORTE S.A.).

ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente Resolución deberán ser publicados por la Transportista en un diario gráfico y/o digital de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076 y en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°: Notificar a GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 73957/24 v. 21/10/2024

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTOS los Expedientes N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS y N.° EX-2024-69239718- -APN-GDYE#ENARGAS; las Leyes 24.076 y N.° 27.742; los Decretos N.° 1738/92 y N.° 55/23; y

CONSIDERANDO:

Que TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. (en adelante e indistintamente “TGM” o la “Transportista”) presta el servicio público de transporte de gas natural en los términos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario, y lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N.° 598/98.

Que mediante el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55 del 16 de diciembre de 2023 (B.O. 18/12/2023) se declaró -hasta el 31 de diciembre de 2024- la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural.

Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 27.742 (B.O. 08/07/2024) también se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Que el artículo 3° del mencionado Decreto N.° 55/23 determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 42 de la Ley N.° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podría exceder del 31 de diciembre de 2024.

Que mediante el artículo 4° del mismo Decreto se dispuso la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 y, a través del artículo 5°, se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar al Interventor del ENARGAS.

Que por el artículo 5° se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, al Interventor del ENARGAS.

Que, por medio del Artículo 6° del citado Decreto, se estableció que el Interventor del ENARGAS, en el ejercicio de su cargo, tiene las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley N.° 24.076 y las asignadas en ese Decreto, entre las cuales se incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalado en el artículo 3° y estableció que hasta tanto culminara dicho proceso podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio.

Que, por su parte, por Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC del 28 de diciembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 del DNU N.° 55/23.

Que esta Autoridad Regulatoria recibió diversas solicitudes de distintas transportistas de gas natural que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, a fin de que se les determine o actualice una tarifa por la prestación del servicio público que brindan en el mercado doméstico.

Que, efectivamente, en nuestro país existen transportistas que prestan un servicio público de transporte de gas natural y que se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N.° 24.076 y bajo la competencia de este Ente Regulador.

Que entre los transportistas que no tienen una licencia otorgada por el Estado Nacional se encuentran los contemplados en el artículo 11, inc. b) y c) de la Ley N.° 24.076, es decir, personas jurídicas titulares de una concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la Ley N.° 17.319; y, también, aquellas personas jurídicas que, en el carácter de “terceros interesados”, han realizado extensiones del sistema licenciado de transporte de gas natural, bajo el régimen del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076.

Que, en este orden de ideas, el servicio de transporte de gas natural y las tarifas que remuneran dichos servicios se encuentran alcanzadas por la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N.° 55/23 (artículo 1°) y por la Ley N.° 27.742 (artículo 1°).

Que, por otro lado, el artículo 7 del Decreto N.° 55/2023 determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.

Que el artículo 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742) establece que: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad”.

Que, en la misma línea, el artículo 1° bis, inciso a), apartado (i) (incorporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742) determina que “Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos”.

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto Nº 1172/03, cuya finalidad es la de instrumentar procedimientos – a través de consultas públicas no vinculantes – que involucran a diferentes sectores interesados, permitir un acceso igualitario a la información, y que aquellos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se inició un procedimiento de consulta pública (bajo el Expediente N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS) para determinar o actualizar, según el caso, las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte de gas natural que brindan distintos sujetos que se encuentran alcanzados por la Ley N.° 24.076, su decreto reglamentario.

Que, en ese marco, se pusieron a consideración las solicitudes y la información correspondiente a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (antes GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA S.A.), GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., GAS LINK S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A., GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. y REFINERÍA DEL NORTE S.A., como así también el análisis realizado por esta Autoridad Regulatoria.

Que el procedimiento de consulta pública se inició a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pudiera realizar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de gas natural brindado por dichos prestadores en el mercado doméstico.

Que en el marco de la consulta pública iniciada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se recibieron distintas presentaciones que fueron agregadas al Expediente en el que tramitó la consulta pública (EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS).

Que dichas presentaciones fueron hechas por el Sr. Julio C. Fonrouge (Actuaciones N.° IF-2024-88167059-APN-SD#ENARGAS e IF-2024-88314910-APN-SD#ENARGAS); GAS LINK S.A. (IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. (IF-2024-91458204-APN-SD#ENARGAS); REFINERÍA DEL NORTE S.A. (IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. (IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS); CENTRAL PUERTO S.A. (IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS); YPF S.A. (IF-2024-92280763-APN-SD#ENARGAS); ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS); NATURGY NOA S.A. (IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS); LITORAL GAS S.A. (IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS); y TGM (IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, primeramente, corresponde expedirse respecto a las observaciones y manifestaciones expresadas por el Sr. Fonrouge y por YPF S.A. debido a que se refieren a cuestiones vinculadas con el objeto de la consulta pública y la competencia de este Ente Regulador.

Que el Sr. Fonrouge se presentó por “derecho propio”, y objetó la figura de “Transportista No Licenciataria” mencionada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Al respecto, sostuvo que dicha figura no estaba contemplada en el marco regulatorio del gas natural, y que no se hallaba tipificada entre los sujetos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario o demás normativa complementaria.

Que, por otra parte, señaló que en el Artículo 63 de la Ley N.° 24.076, las entidades privadas citadas en los considerandos de la mencionada Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS son definidas y ponderadas como gasoductos de exportación.

Que el Sr. Fonrouge agregó que las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley N.° 24.076. En ese sentido, afirmó que el ENARGAS carece de atribuciones para instituir “ex novo” sujetos del marco regulatorio sectorial del gas, y arguyó que la figura del “transportista sin licencia” carece de sustento legal.

Que, además, agregó que mucho menos puede apuntarse que la actividad de las entidades privadas citadas en la resolución objetada constituya un servicio público y/o quede enmarcada en una relación de consumo.

Que, a su entender, el sustento de la convocatoria a consulta pública adolece de un manifiesto vicio en su objeto, por lo que correspondía dejar la misma sin efecto. Adujo que, caso contrario, el ENARGAS estaría incurriendo en un exceso de sus potestades, alterando la finalidad de los actos emitidos, implicando ello -según su interpretación- una transferencia del poder normativo del legislativo al Ente Regulador.

Que, a su entender, no se había ponderado que la atribución de concesión de licencias de transporte constituye una atribución exclusiva de la Administración Pública Nacional centralizada, en cabeza de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Que, para finalizar, el Sr. Fonrouge arguyó que son las licenciatarias de transporte las que operan y mantienen los gasoductos de titularidad de las entidades comprendidas en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y añadió que, en el marco de las actividades de operación y mantenimiento de los gasoductos involucrados, no existe relación de consumo alguna que avale la aplicación del marco de la Ley N.° 24.240 y del procedimiento de consulta pública.

Que con relación a lo manifestado por el Sr. Fonrouge corresponder dejar en claro que el ENARGAS: i) actúa estrictamente en el marco de su competencia en lo que respecta a la aprobación de tarifas de sujetos que prestan el servicio público de transporte de gas natural para el mercado doméstico; ii) no ha creado ni ha resuelto crear un sujeto transportista “ex novo”; y iii) ha observado y cumplido con el procedimiento aplicable al trámite de aprobación de tarifas, según la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable.

Que en lo que respecta a las atribuciones de esta Autoridad Regulatoria cabe reseñar – aunque sea brevemente – el marco normativo aplicable que sustenta la competencia del ENARGAS para aprobar tarifas para el servicio público de transporte de gas natural.

Que, en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 establece: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento”. Por su parte, el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley de Gas señala que: “Son sujetos de esta Ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.

Que, seguidamente, el artículo 11 de la citada Ley dispone que: “Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores. La calidad de transportista se adquiere por: a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 4a. de la ley 17.319. c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1589/89”.

Que, por otro lado, el artículo 16 de la Ley N.° 24.076 establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación. En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente: (…) b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que, en lo que refiere a la competencia estrictamente tarifaria, el artículo 52 de la Ley de Gas prevé que “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos”.

Que, por otro lado, respecto a los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319, la competencia del ENARGAS se encuentra contemplada expresamente en el Decreto N.° 729/95, el cual establece en su artículo 1°, que: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que dicho Decreto, en su artículo 3° dispone también que: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.076 será competente para entender, con respecto a las concesiones de transporte que surjan como consecuencia del Artículo precedente, en las siguientes materias (…) c) Aprobará las tarifas que se sometan a su consideración para la prestación del servicio público de transporte cuando terceros interesados pretendan acceder a la capacidad de transporte disponible de los gasoductos”.

Que, en virtud del marco normativo reseñado, es evidente entonces que este Ente Regulador es la autoridad de aplicación de la Ley N.° 24.076 y que, por expresa manda legal, tiene competencia exclusiva para aprobar tarifas para el transporte de gas natural (conf. art. 52, inc. f).

Que, asimismo, los sujetos alcanzados por la Ley N.° 24.076 no son sólo las Licenciatarias de Transporte de gas, es decir, aquellos sujetos que cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, sino también los concesionarios de transporte bajo la Ley N.° 17.319 (conf. el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076 y lo dispuesto por los artículos 1° y 3° del Decreto N.° 729/95), y los terceros interesados que hubieran realizado obras de extensión del sistema licenciado de transporte (conf. artículo 16 de la Ley N.° 24.076 y su Decreto reglamentario).

Que, respecto al cuestionamiento referido a que no existe la categoría de “Transportistas No Licenciatarias” y que el ENARGAS no tiene competencia para crear un sujeto “ex novo”, cabe aclarar que la expresión “Transportista No Licenciataria” utilizada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORO#ENARGAS se hizo con meros fines prácticos, a los efectos de evitar repeticiones innecesarias y para incluir en una sola definición o referencia a aquellos sujetos que prestan un servicio público de transporte de gas natural por gasoductos, pero que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional.

Que entre estos últimos se encuentran los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 y los terceros interesados que han hecho obras e instalaciones para extender el sistema licenciado de transporte de gas natural.

Que el ENARGAS no ha creado un sujeto “ex novo” ni ha actuado por fuera de su competencia asignada legalmente, en tanto el distinto carácter que tienen los transportistas y su sujeción a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria surge del propio marco normativo tal como fuera explicado anteriormente.

Que es un error de interpretación sostener que “…las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos del art. 39 de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley 24.076”, ya que el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 es lo suficientemente claro y contundente cuando sostiene que “La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional”.

Que, nuevamente y a riesgo de ser reiteratorios, tampoco puede haber duda alguna de que los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 se encuentran sujetos a la Ley N.° 24.076, ya que así lo prevén expresamente el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076, y los artículos 1 y 3 del Decreto N.° 729/95, ya citados anteriormente.

Que es tan claro el artículo 1° del Decreto N.° 729/95 que vale la pena citarlo nuevamente: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que con relación a los terceros interesados previstos en el art. 16 de la Ley N.° 24.076 y su reglamentación, cabe destacar que aquellos son sujetos que han realizado y construido, a su exclusivo costo y cargo, obras e instalaciones aprobadas previamente por esta Autoridad Regulatoria para extender el sistema licenciado de transporte de gas (y conectadas a este último); que han sido habilitados por el ENARGAS para operarlas a su cargo; y que, por todo ello, se encuentran sometidos a la Ley N.° 24.076 y su reglamentación.

Que, a diferencia de las observaciones y los cuestionamientos expresados por el Sr. Fonrouge, no puede dejar de mencionarse que todos los transportistas comprendidos en la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORO#ENARGAS han solicitado expresamente al ENARGAS que se les fijara una tarifa de transporte y/o que se les actualicen las vigentes, lo que significa un reconocimiento de dichos sujetos a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria.

Que, en cuanto al procedimiento de consulta pública instrumentado por esta Autoridad Regulatoria, sólo cabe reiterar –tal como se explicó en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS– que aquel es el que corresponde en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.742, y la jurisprudencia aplicable (Fallos 339:1077).

Que, sin perjuicio de ello, no alcanzan a entenderse las referencias que el Sr. Fonrouge realiza en su presentación respecto a la inexistencia de una “relación de consumo” y a la falta de aplicación de la Ley N.° 24.240 ya que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS en ningún momento hizo referencia a esas cuestiones, por lo que no cabe expedirse al respecto.

Que en lo que refiere a los mecanismos de participación ciudadana, cabe remitirse a los ya citados artículos 42 de la Constitución Nacional; 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742); y el artículo 1 bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado por art. 25 de la Ley N° 27.742 )

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto N.° 1172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como el instaurado por la resolución objetada por el interesado.

Que a través del mecanismo de consultas públicas no vinculantes que involucran a diferentes sectores interesados, se permite un acceso igualitario a la información, y se permite que éstos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que la totalidad de antecedentes normativos ya reseñados motivaron el dictado de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y, de tal manera, se posibilitó la abierta participación ciudadana de la que se valió el interesado (el Sr. Fonrouge) para plantear por derecho propio sus observaciones al procedimiento.

Que, en función de lo manifestado, deben desestimarse los cuestionamientos formulados por el Sr. Fonrouge habida cuenta de que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS ha sido dictada conforme al marco regulatorio, y se han cumplido todos los extremos formales y de fondo exigidos por los elementos esenciales del acto administrativo, siendo su objeto plenamente posible, lícito y cierto, además de estar fundada en los antecedentes de hecho y de Derecho que le sirven de causa y, por lo tanto, se lo debe reputar como un acto regular (Conf. Art. 7° de la Ley N.° 19.549 y modificatorias).

Que, con relación a la presentación de YPF S.A., esta última solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la no discriminación por destino final del gas, tanto en los cuadros tarifarios correspondientes a las licenciatarias de la Ley de Gas, como en las tarifas aplicadas para las transportistas con concesiones de transporte de acuerdo al artículo 28 de la Ley N.° 17.319 y para las tarifas de los transportistas de gasoductos construidos como extensiones al amparo de las licencias de otros transportistas (Artículo 16 de la Ley N.° 24.076).

Que, al respecto, YPF S.A. expresó que: “Atento se eliminan los remedios excepcionales en favor de los usuarios de transporte otorgados a partir de la devaluación y crisis económica del 2002, y el transportista vuelve a contar con una tarifa que remunera sus costos y una rentabilidad razonable, entendemos pierde su propósito la tarifa diferenciada con destino a la exportación creada por el Decreto 689/2002, por el cual se obligaba a ciertos usuarios de transporte, nacionales o extranjeros, a pagar, cuando el destino final del gas sea la exportación, una tarifa superior a la que pagan el resto de los usuarios”.

Que, asimismo, añadió: “Entendemos que la tarifa de exportación diferenciada no se ajusta a los principios tarifarios previstos en la Ley del Gas y sus normas complementarias en particular en cuanto a los requisitos de audiencia pública previa, los ajustes semestrales y la revisión tarifaria quinquenal (aplicable a las licenciatarias de la Ley del Gas), ni a los principios de tarifa justa y razonable que le permitan al transportista recuperar sus costos y obtener una renta razonable, al menor costo posible para los usuarios; como así también no se ajusta a los compromisos de no discriminación entre usuarios nacionales y extranjeros asumidos por la República Argentina en los Tratados de Integración Energética”.

Que, para finalizar, pidió que se evaluaran sus observaciones con el propósito de alcanzar una tarifa única para el transporte de gas natural con independencia de su destino final.

Que en lo que respecta a lo manifestado por YPF S.A., cabe señalar que esta Autoridad Regulatoria no tiene competencia para modificar el Decreto N.° 689/02, el cual fue dictado oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las atribuciones asignadas por la Ley de Emergencia N.° 25.561.

Que, además, el objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se encuentra acotada a las tarifas de transporte de gas para el mercado doméstico, por lo que lo peticionado por YPF S.A. se encuentra fuera de aquel.

Que, en lo que respecta a TGM, esta transportista hizo una presentación en el marco de la consulta pública (Actuación N.° IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, en dicha presentación, TGM sostuvo que la estrategia de categorización aplicada por esta autoridad resultaba injusta para aquella, en tanto que se compara un sistema construido a costo de reposición (TGM) con sistemas de una magnitud disímil, que sustancialmente fueron adquiridos al precio de la licitación de 1992 (en referencia a las Licenciatarias de Transporte).

Que, por esa razón, TGM entendía que un trato equitativo para ella implicaría que se la comparara con Gasoducto Norandino Argentina S.A., cuyo sistema sería de una magnitud similar; se encuadra como tercero interesado bajo Ley N.º 24.076; fue construido con fines de exportación y a valor de reposición, al igual que TGM.

Que, al respecto, cabe indicar que las tarifas de transporte objeto de la presente son emitidas en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural dispuesta por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55/23.

Que las tarifas de transporte que se aprueban mediante la presente Resolución revisten el carácter de transitorias en atención a que aún no se cuenta con las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios para aprobar y emitir tarifas definitivas.

Que dichas pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios se determinarán en el procedimiento de revisión tarifaria actualmente en curso, previsto para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución (conf. los artículos 3° y 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23).

Que, en el marco de la transitoriedad referida, se entiende pertinente -en esta instancia- tener en consideración para el caso de las tarifas correspondientes de la Transportista, el valor tarifario por kilómetro de las Licenciatarias de Transporte, en función del valor del cargo por m3/día de cada ruta completa por zona de recepción de los cuadros tarifarios de transporte de las Licenciatarias y los kilómetros lineales de dichas rutas.

Que, en relación con la conveniencia de efectuar una apertura tarifaria por tramos, resulta apropiado en virtud de criterios geográficos, de extensión lineal de los gasoductos en cuestión y/o de carácter técnico, establecer para el caso de TGM dos tramos: Aldea Brasilera - Subzona Entre Ríos; y Aldea Brasilera – Uruguayana.

Que, en virtud del tiempo transcurrido entre la elaboración de las opciones tarifarias expuestas e informadas en la consulta pública, y su aprobación por parte de esta Autoridad Regulatoria, el resultado de dicho cálculo ha sido actualizado conforme las últimas tarifas de transporte vigentes para TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN).

Que, asimismo, corresponde establecer, en adelante y como metodología transitoria de ajuste, los mismos criterios de actualización a aplicarse para las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TGS y TGN).

Que, por otra parte, considerando lo señalado en el Memorándum N.° ME-2024-75692123-APN-GT#ENARGAS, los porcentajes de gas retenido a adoptar para el caso de TGM resultan los valores allí indicados.

Que la presente adecuación transitoria de las tarifas de la Transportista tiene el propósito de mantener, en términos reales, sus niveles de ingresos, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua del servicio público de transporte de gas y los estándares de calidad requeridos (conf. los términos que surgen del Decreto N.° 55/23).

Que, en virtud de lo expuesto, y en el marco de la adecuación transitoria prevista en el artículo 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23, corresponde aprobar los Cuadros Tarifarios de transición a aplicar por la Transportista.

Que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por la presente deberán ser publicados por la Transportista en un diario de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076.

Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ha permitido que las Licenciatarias de Transporte publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 52 inciso f) de la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 55/23, y la Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. incluidos en el Anexo N.° IF-2024-110099146-APN-GDYE#ENARGAS que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: Establecer que, en adelante y como metodología de ajuste de los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente, se aplicarán para la Transportista y con la misma provisoriedad, los criterios y pautas de actualización a aplicarse a las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.).

ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente Resolución deberán ser publicados por la Transportista en un diario gráfico y/o digital de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076 y en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°: Notificar a TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 73958/24 v. 21/10/2024

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTOS los Expedientes N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS y N.° EX-2024-69239463- -APN-GDYE#ENARGAS; las Leyes N.° 17.319, N.° 24.076 y N.° 27.742; los Decretos N.° 1738/92, N.° 729/95 y N.° 55/23; y

CONSIDERANDO:

Que REFINERÍA DEL NORTE S.A. (en adelante e indistintamente “REFINOR” o la “Transportista”) presta el servicio público de transporte de gas natural en los términos de las Leyes N.° 17.319 y N.° 24.076, y los Decretos N° 1738/92 y N.° 729/95.

Que mediante el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55 del 16 de diciembre de 2023 (B.O. 18/12/2023) se declaró -hasta el 31 de diciembre de 2024- la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural.

Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 27.742 (B.O. 08/07/2024) también se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Que el artículo 3° del mencionado Decreto N.° 55/23 determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 42 de la Ley N.° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podría exceder del 31 de diciembre de 2024.

Que mediante el artículo 4° del mismo Decreto se dispuso la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 y, a través del artículo 5°, se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar al Interventor del ENARGAS.

Que por el artículo 5° se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, al Interventor del ENARGAS.

Que, por medio del Artículo 6° del citado Decreto, se estableció que el Interventor del ENARGAS, en el ejercicio de su cargo, tiene las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley N.° 24.076 y las asignadas en ese Decreto, entre las cuales se incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalado en el artículo 3° y estableció que hasta tanto culminara dicho proceso podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio.

Que, por su parte, por Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC del 28 de diciembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 del DNU N.° 55/23.

Que esta Autoridad Regulatoria recibió diversas solicitudes de distintas transportistas de gas natural que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, a fin de que se les determine o actualice una tarifa por la prestación del servicio público que brindan en el mercado doméstico.

Que, efectivamente, en nuestro país existen transportistas que prestan un servicio público de transporte de gas natural y que se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N.° 24.076 y bajo la competencia de este Ente Regulador.

Que entre los transportistas que no tienen una licencia otorgada por el Estado Nacional se encuentran los contemplados en el artículo 11, inc. b) y c) de la Ley N.° 24.076, es decir, personas jurídicas titulares de una concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la Ley N.° 17.319; y, también, aquellas personas jurídicas que, en el carácter de “terceros interesados”, han realizado extensiones del sistema licenciado de transporte de gas natural, bajo el régimen del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076.

Que, en este orden de ideas, el servicio de transporte de gas natural y las tarifas que remuneran dichos servicios se encuentran alcanzadas por la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N.° 55/23 (artículo 1°) y por la Ley N.° 27.742 (artículo 1°).

Que, por otro lado, el artículo 7 del Decreto N.° 55/2023 determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.

Que el artículo 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742) establece que: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad”.

Que, en la misma línea, el artículo 1° bis, inciso a), apartado (i) (incorporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742) determina que “Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos”.

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto Nº 1172/03, cuya finalidad es la de instrumentar procedimientos – a través de consultas públicas no vinculantes – que involucran a diferentes sectores interesados, permitir un acceso igualitario a la información, y que aquellos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se inició un procedimiento de consulta pública (bajo el Expediente N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS) para determinar o actualizar, según el caso, las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte de gas natural que brindan distintos sujetos que se encuentran alcanzados por la Ley N.° 24.076, su decreto reglamentario.

Que, en ese marco, se pusieron a consideración las solicitudes y la información correspondiente a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (antes GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA S.A.), GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., GAS LINK S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A., GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. y REFINERÍA DEL NORTE S.A., como así también el análisis realizado por esta Autoridad Regulatoria.

Que el procedimiento de consulta pública se inició a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pudiera realizar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de gas natural brindado por dichos prestadores en el mercado doméstico.

Que en el marco de la consulta pública iniciada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se recibieron distintas presentaciones que fueron agregadas al Expediente en el que tramitó la consulta pública (EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS).

Que dichas presentaciones fueron hechas por el Sr. Julio C. Fonrouge (Actuaciones N.° IF-2024-88167059-APN-SD#ENARGAS e IF-2024-88314910-APN-SD#ENARGAS); GAS LINK S.A. (IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. (IF-2024-91458204-APN-SD#ENARGAS); REFINOR (IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. (IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS); CENTRAL PUERTO S.A. (IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS); YPF S.A. (IF-2024-92280763-APN-SD#ENARGAS); ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS); NATURGY NOA S.A. (IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS); LITORAL GAS S.A. (IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS); y TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. (IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, primeramente, corresponde expedirse respecto a las observaciones y manifestaciones expresadas por el Sr. Fonrouge y por YPF S.A. debido a que se refieren a cuestiones vinculadas con el objeto de la consulta pública y la competencia de este Ente Regulador.

Que el Sr. Fonrouge se presentó por “derecho propio”, y objetó la figura de “Transportista No Licenciataria” mencionada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Al respecto, sostuvo que dicha figura no estaba contemplada en el marco regulatorio del gas natural, y que no se hallaba tipificada entre los sujetos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario o demás normativa complementaria.

Que, por otra parte, señaló que en el Artículo 63 de la Ley N.° 24.076, las entidades privadas citadas en los considerandos de la mencionada Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS son definidas y ponderadas como gasoductos de exportación.

Que el Sr. Fonrouge agregó que las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley N.° 24.076. En ese sentido, afirmó que el ENARGAS carece de atribuciones para instituir “ex novo” sujetos del marco regulatorio sectorial del gas, y arguyó que la figura del “transportista sin licencia” carece de sustento legal.

Que, además, agregó que mucho menos puede apuntarse que la actividad de las entidades privadas citadas en la resolución objetada constituya un servicio público y/o quede enmarcada en una relación de consumo.

Que, a su entender, el sustento de la convocatoria a consulta pública adolece de un manifiesto vicio en su objeto, por lo que correspondía dejar la misma sin efecto. Adujo que, caso contrario, el ENARGAS estaría incurriendo en un exceso de sus potestades, alterando la finalidad de los actos emitidos, implicando ello -según su interpretación- una transferencia del poder normativo del legislativo al Ente Regulador.

Que, a su entender, no se había ponderado que la atribución de concesión de licencias de transporte constituye una atribución exclusiva de la Administración Pública Nacional centralizada, en cabeza de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Que, para finalizar, el Sr. Fonrouge arguyó que son las licenciatarias de transporte las que operan y mantienen los gasoductos de titularidad de las entidades comprendidas en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y añadió que, en el marco de las actividades de operación y mantenimiento de los gasoductos involucrados, no existe relación de consumo alguna que avale la aplicación del marco de la Ley N.° 24.240 y del procedimiento de consulta pública.

Que con relación a lo manifestado por el Sr. Fonrouge corresponder dejar en claro que el ENARGAS: i) actúa estrictamente en el marco de su competencia en lo que respecta a la aprobación de tarifas de sujetos que prestan el servicio público de transporte de gas natural para el mercado doméstico; ii) no ha creado ni ha resuelto crear un sujeto transportista “ex novo”; y iii) ha observado y cumplido con el procedimiento aplicable al trámite de aprobación de tarifas, según la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable.

Que en lo que respecta a las atribuciones de esta Autoridad Regulatoria cabe reseñar – brevemente – el marco normativo aplicable que sustenta la competencia del ENARGAS para aprobar tarifas para el servicio público de transporte de gas natural.

Que, en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 establece: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento”. Por su parte, el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley de Gas señala que: “Son sujetos de esta Ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.

Que, seguidamente, el artículo 11 de la citada Ley dispone que: “Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores. La calidad de transportista se adquiere por: a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 4a. de la ley 17.319. c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1589/89”.

Que, por otro lado, el artículo 16 de la Ley N.° 24.076 establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación. En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente: (…) b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que, en lo que refiere a la competencia estrictamente tarifaria, el artículo 52 de la Ley de Gas prevé que “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos”.

Que, por otro lado, respecto a los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319, la competencia del ENARGAS se encuentra contemplada expresamente en el Decreto N.° 729/95, el cual establece en su artículo 1°, que: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que dicho Decreto, en su artículo 3° dispone también que: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.076 será competente para entender, con respecto a las concesiones de transporte que surjan como consecuencia del Artículo precedente, en las siguientes materias (…) c) Aprobará las tarifas que se sometan a su consideración para la prestación del servicio público de transporte cuando terceros interesados pretendan acceder a la capacidad de transporte disponible de los gasoductos”.

Que, en virtud del marco normativo reseñado, es evidente entonces que este Ente Regulador es la autoridad de aplicación de la Ley N.° 24.076 y que, por expresa manda legal, tiene competencia exclusiva para aprobar tarifas para el transporte de gas natural (conf. art. 52, inc. f).

Que, asimismo, los sujetos alcanzados por la Ley N.° 24.076 no son sólo las Licenciatarias de Transporte de gas, es decir, aquellos sujetos que cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, sino también los concesionarios de transporte bajo la Ley N.° 17.319 (conf. el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076 y lo dispuesto por los artículos 1° y 3° del Decreto N.° 729/95), y los terceros interesados que hubieran realizado obras de extensión del sistema licenciado de transporte (conf. artículo 16 de la Ley N.° 24.076 y su Decreto reglamentario).

Que, respecto al cuestionamiento referido a que no existe la categoría de “Transportistas No Licenciatarias” y que el ENARGAS no tiene competencia para crear un sujeto “ex novo”, cabe aclarar que la expresión “Transportista No Licenciataria” utilizada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORO#ENARGAS se hizo con meros fines prácticos, a los efectos de evitar repeticiones innecesarias y para incluir en una sola definición o referencia a aquellos sujetos que prestan un servicio público de transporte de gas natural por gasoductos, pero que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional.

Que entre estos últimos se encuentran los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 y los terceros interesados que han hecho obras e instalaciones para extender el sistema licenciado de transporte de gas natural.

Que el ENARGAS no ha creado un sujeto “ex novo” ni ha actuado por fuera de su competencia asignada legalmente, en tanto el distinto carácter que tienen los transportistas y su sujeción a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria surge del propio marco normativo tal como fuera explicado anteriormente.

Que es un error de interpretación sostener que “…las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos del art. 39 de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley 24.076”, ya que el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 es lo suficientemente claro y contundente cuando sostiene que “La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional”.

Que, nuevamente y a riesgo de ser reiteratorios, tampoco puede haber duda alguna de que los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 se encuentran sujetos a la Ley N.° 24.076, ya que así lo prevén expresamente el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076, y los artículos 1 y 3 del Decreto N.° 729/95, ya citados anteriormente.

Que es tan claro el artículo 1° del Decreto N.° 729/95 que vale la pena citarlo nuevamente: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que con relación a los terceros interesados previstos en el art. 16 de la Ley N.° 24.076 y su reglamentación, cabe destacar que aquellos son sujetos que han realizado y construido, a su exclusivo costo y cargo, obras e instalaciones aprobadas previamente por esta Autoridad Regulatoria para extender el sistema licenciado de transporte de gas (y conectadas a este último); que han sido habilitados por el ENARGAS para operarlas a su cargo; y que, por todo ello, se encuentran sometidos a la Ley N.° 24.076 y su reglamentación.

Que, a diferencia de las observaciones y los cuestionamientos expresados por el Sr. Fonrouge, no puede dejar de mencionarse que todos los transportistas comprendidos en la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORO#ENARGAS han solicitado expresamente al ENARGAS que se les fijara una tarifa de transporte y/o que se les actualicen las vigentes, lo que significa un reconocimiento de dichos sujetos a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria.

Que, en cuanto al procedimiento de consulta pública instrumentado por esta Autoridad Regulatoria, sólo cabe reiterar –tal como se explicó en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS– que aquel es el que corresponde en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.742, y la jurisprudencia aplicable (Fallos 339:1077).

Que, sin perjuicio de ello, no alcanzan a entenderse las referencias que el Sr. Fonrouge realiza en su presentación respecto a la inexistencia de una “relación de consumo” y a la falta de aplicación de la Ley N.° 24.240 ya que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS en ningún momento hizo referencia a esas cuestiones, por lo que no cabe expedirse al respecto.

Que en lo que refiere a los mecanismos de participación ciudadana, cabe remitirse a los ya citados artículos 42 de la Constitución Nacional; 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742); y el artículo 1° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 25 de la Ley N.° 27.742).

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto N.° 1172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como el instaurado por la resolución objetada por el interesado.

Que a través del mecanismo de consultas públicas no vinculantes que involucran a diferentes sectores interesados, se permite un acceso igualitario a la información, y se permite que éstos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que la totalidad de antecedentes normativos ya reseñados motivaron el dictado de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y, de tal manera, se posibilitó la abierta participación ciudadana de la que se valió el interesado (el Sr. Fonrouge) para plantear por derecho propio sus observaciones al procedimiento.

Que, en función de lo manifestado, deben desestimarse los cuestionamientos formulados por el Sr. Fonrouge habida cuenta de que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS ha sido dictada conforme al marco regulatorio, y se han cumplido todos los extremos formales y de fondo exigidos por los elementos esenciales del acto administrativo, siendo su objeto plenamente posible, lícito y cierto, además de estar fundada en los antecedentes de hecho y de Derecho que le sirven de causa y, por lo tanto, se lo debe reputar como un acto regular (Conf. Art. 7° de la Ley N.° 19.549 y modificatorias).

Que, con relación a la presentación de YPF S.A., esta última solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la no discriminación por destino final del gas, tanto en los cuadros tarifarios correspondientes a las licenciatarias de la Ley de Gas, como en las tarifas aplicadas para las transportistas con concesiones de transporte de acuerdo al artículo 28 de la Ley N.° 17.319 y para las tarifas de los transportistas de gasoductos construidos como extensiones al amparo de las licencias de otros transportistas (Artículo 16 de la Ley N.° 24.076).

Que, al respecto, YPF S.A. expresó que: “Atento se eliminan los remedios excepcionales en favor de los usuarios de transporte otorgados a partir de la devaluación y crisis económica del 2002, y el transportista vuelve a contar con una tarifa que remunera sus costos y una rentabilidad razonable, entendemos pierde su propósito la tarifa diferenciada con destino a la exportación creada por el Decreto 689/2002, por el cual se obligaba a ciertos usuarios de transporte, nacionales o extranjeros, a pagar, cuando el destino final del gas sea la exportación, una tarifa superior a la que pagan el resto de los usuarios”.

Que, asimismo, añadió: “Entendemos que la tarifa de exportación diferenciada no se ajusta a los principios tarifarios previstos en la Ley del Gas y sus normas complementarias en particular en cuanto a los requisitos de audiencia pública previa, los ajustes semestrales y la revisión tarifaria quinquenal (aplicable a las licenciatarias de la Ley del Gas), ni a los principios de tarifa justa y razonable que le permitan al transportista recuperar sus costos y obtener una renta razonable, al menor costo posible para los usuarios; como así también no se ajusta a los compromisos de no discriminación entre usuarios nacionales y extranjeros asumidos por la República Argentina en los Tratados de Integración Energética”.

Que, para finalizar, pidió que se evaluaran sus observaciones con el propósito de alcanzar una tarifa única para el transporte de gas natural con independencia de su destino final.

Que en lo que respecta a lo manifestado por YPF S.A., cabe señalar que esta Autoridad Regulatoria no tiene competencia para modificar el Decreto N.° 689/02, el cual fue dictado oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las atribuciones asignadas por la Ley de Emergencia N.° 25.561.

Que, además, el objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se encuentra acotada a las tarifas de transporte de gas para el mercado doméstico, por lo que lo peticionado por YPF S.A. se encuentra fuera de aquel.

Que, en lo que respecta a REFINOR, esta transportista hizo una presentación en el marco de la consulta pública (Actuación N.° IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS).

Que, en dicha presentación, REFINOR expresó que las consideraciones técnicas y la metodología para la determinación provisoria de las tarifas de gas natural aplicables a ciertas instalaciones de transporte, tal como fueron efectuadas por este Organismo, no reflejaban las características de su sistema de transporte Campo Durán - Coronel Cornejo.

Que, en ese sentido, solicitó que se le aplicara la misma tarifa, porcentaje de gas retenido y las condiciones de actualización dispuesta para la tarifa interrumpible aplicable a la ruta Salta-Salta de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN), en el entendimiento de que ello refleja de manera más “justa” su estructura de costos y la relevancia estratégica de su sistema de transporte.

Que, respecto a lo manifestado por REFINOR, cabe destacar que el análisis de costos necesarios y la estimación del porcentaje de gas retenido, a los efectos de aprobación de una tarifa definitiva, podrá llevarse adelante luego de la conclusión del procedimiento de Revisión Tarifaria con las Licenciatarias de Transporte y de Distribución, en los términos previstos en el Decreto N.º 55/23.

Que, por otra parte, el 29 de agosto de 2024 se presentó NATURGY NOA S.A. (Actuación N.° IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS) en la que manifestó que las transportistas GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA y REFINOR, le prestan servicios de transporte para abastecer a localidades en su zona licenciada. Por tal motivo, solicitó a esta Autoridad Regulatoria “que en ocasión de definir la tarifa para las mencionadas empresas transportistas no Licenciatarias, disponga concomitantemente el correspondiente Roll-in de los nuevos cuadros a la tarifa final de esta Distribuidora -en la Sub-zona Salta-”.

Que, respecto a lo expresado por NATURGY NOA S.A., cabe destacar que el principio de “pass through” establecido en el Artículo 37 del Decreto N.º 1738/92 no resulta aplicable a los costos de transporte, sino a las variaciones del precio de adquisición del gas, las que “serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al Distribuidor ni al Transportista”.

Que, específicamente, en relación al costo de transporte, el propio Artículo 37 ya mencionado indica que “Las variaciones de la tarifa de Transporte que sufran los Distribuidores serán trasladadas a la tarifa final al usuario bajo el mecanismo, en los plazos, y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”.

Que, en cualquier caso, el traslado a tarifa del componente de transporte, escapa al objeto de la consulta pública realizada (conf. Resolución Nº RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS), la cual se circunscribió a las tarifas provisorias de transporte de gas natural para el mercado doméstico; y que lo manifestado por la Distribuidora será analizado en el correspondiente marco de actualización tarifaria de la Licenciataria de Distribución.

Que las tarifas de transporte que se aprueban mediante la presente Resolución revisten el carácter de transitorias en atención a que aún no se cuenta con las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios para aprobar y emitir tarifas definitivas.

Que dichas pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios se determinarán en el procedimiento de revisión tarifaria actualmente en curso, previsto para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución (conf. los artículos 3° y 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23).

Que, en el marco de la transitoriedad referida, se entiende pertinente -en esta instancia- tener en consideración para el caso de las tarifas correspondientes de la Transportista, el valor tarifario por kilómetro de las Licenciatarias de Transporte, en función del valor del cargo por m3/día de cada ruta completa por zona de recepción de los cuadros tarifarios de transporte de las Licenciatarias y los kilómetros lineales de dichas rutas.

Que, en relación con la conveniencia de efectuar una apertura tarifaria por tramos, en virtud de criterios geográficos, de extensión lineal de los gasoductos en cuestión y/o de carácter técnico, resulta apropiado señalar que en el caso de REFINOR se tuvo en cuenta un tramo único: Campo Durán – Cornejo.

Que, en virtud del tiempo transcurrido entre la elaboración de las opciones tarifarias expuestas e informadas en la consulta pública, y su aprobación por parte de esta Autoridad Regulatoria, el resultado de dicho cálculo ha sido actualizado conforme las últimas tarifas de transporte vigentes para TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y TGN.

Que, asimismo, corresponde establecer, en adelante y como metodología transitoria de ajuste, los mismos criterios de actualización a aplicarse para las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TGS y TGN).

Que, por otra parte, considerando lo señalado en el Memorándum N.° ME-2024-75692123-APN-GT#ENARGAS, los porcentajes de gas retenido a adoptar para el caso de REFINOR resultan los valores allí indicados.

Que la presente adecuación transitoria de las tarifas de la Transportista tiene el propósito de mantener, en términos reales, sus niveles de ingresos, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua del servicio público de transporte de gas y los estándares de calidad requeridos (conf. los términos que surgen del Decreto N.° 55/23).

Que, en virtud de lo expuesto, y en el marco de la adecuación transitoria prevista en el artículo 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23, corresponde aprobar los Cuadros Tarifarios de transición a aplicar por la Transportista.

Que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por la presente deberán ser publicados por la Transportista en un diario de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076.

Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ha permitido que las Licenciatarias de Transporte publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 52 inciso f) de la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 55/23, y la Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por REFINERÍA DEL NORTE S.A. incluidos en el Anexo N.° IF-2024-110099272-APN-GDYE#ENARGAS que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: Establecer que, en adelante y como metodología de ajuste de los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente, se aplicarán para la Transportista y con la misma provisoriedad, los criterios y pautas de actualización a aplicarse a las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.).

ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente Resolución deberán ser publicados por la Transportista en un diario gráfico y/o digital de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076 y en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°: Notificar a REFINERÍA DEL NORTE S.A. en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 73959/24 v. 21/10/2024

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTOS los Expedientes N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS y N.° EX-2024-69239204- -APN-GDYE#ENARGAS; las Leyes 24.076 y N.° 27.742; los Decretos N.° 1738/92 y N.° 55/23; y

CONSIDERANDO:

Que GAS LINK S.A. (en adelante e indistintamente “GAS LINK” o la “Transportista”) presta el servicio público de transporte de gas natural en los términos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario, y lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N.° 2620/02.

Que mediante el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55 del 16 de diciembre de 2023 (B.O. 18/12/2023) se declaró -hasta el 31 de diciembre de 2024- la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural.

Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 27.742 (B.O. 08/07/2024) también se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Que el artículo 3° del mencionado Decreto N.° 55/23 determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 42 de la Ley N.° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podría exceder del 31 de diciembre de 2024.

Que mediante el artículo 4° del mismo Decreto se dispuso la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 y, a través del artículo 5°, se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar al Interventor del ENARGAS.

Que por el artículo 5° se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, al Interventor del ENARGAS.

Que, por medio del Artículo 6° del citado Decreto, se estableció que el Interventor del ENARGAS, en el ejercicio de su cargo, tiene las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley N.° 24.076 y las asignadas en ese Decreto, entre las cuales se incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalado en el artículo 3° y estableció que hasta tanto culminara dicho proceso podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio.

Que, por su parte, por Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC del 28 de diciembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 del DNU N.° 55/23.

Que esta Autoridad Regulatoria recibió diversas solicitudes de distintas transportistas de gas natural que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, a fin de que se les determine o actualice una tarifa por la prestación del servicio público que brindan en el mercado doméstico.

Que, efectivamente, en nuestro país existen transportistas que prestan un servicio público de transporte de gas natural y que se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N.° 24.076 y bajo la competencia de este Ente Regulador.

Que entre los transportistas que no tienen una licencia otorgada por el Estado Nacional se encuentran los contemplados en el artículo 11, inc. b) y c) de la Ley N.° 24.076, es decir, personas jurídicas titulares de una concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la Ley N.° 17.319; y, también, aquellas personas jurídicas que, en el carácter de “terceros interesados”, han realizado extensiones del sistema licenciado de transporte de gas natural, bajo el régimen del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076.

Que, en este orden de ideas, el servicio de transporte de gas natural y las tarifas que remuneran dichos servicios se encuentran alcanzadas por la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N.° 55/23 (artículo 1°) y por la Ley N.° 27.742 (artículo 1°).

Que, por otro lado, el artículo 7 del Decreto N.° 55/2023 determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.

Que el artículo 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742) establece que: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad”.

Que, en la misma línea, el artículo 1° bis, inciso a), apartado (i) (incorporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742) determina que “Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos”.

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto Nº 1172/03, cuya finalidad es la de instrumentar procedimientos – a través de consultas públicas no vinculantes – que involucran a diferentes sectores interesados, permitir un acceso igualitario a la información, y que aquellos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se inició un procedimiento de consulta pública (bajo el Expediente N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS) para determinar o actualizar, según el caso, las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte de gas natural que brindan distintos sujetos que se encuentran alcanzados por la Ley N.° 24.076, su decreto reglamentario.

Que, en ese marco, se pusieron a consideración las solicitudes y la información correspondiente a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (antes GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA S.A.), GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., GAS LINK S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A., GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. y REFINERÍA DEL NORTE S.A., como así también el análisis realizado por esta Autoridad Regulatoria.

Que el procedimiento de consulta pública se inició a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pudiera realizar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de gas natural brindado por dichos prestadores en el mercado doméstico.

Que en el marco de la consulta pública iniciada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se recibieron distintas presentaciones que fueron agregadas al Expediente en el que tramitó la consulta pública (EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS).

Que dichas presentaciones fueron hechas por el Sr. Julio C. Fonrouge (Actuaciones N.° IF-2024-88167059-APN-SD#ENARGAS e IF-2024-88314910-APN-SD#ENARGAS); GAS LINK S.A. (IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. (IF-2024-91458204-APN-SD#ENARGAS); REFINERÍA DEL NORTE S.A. (IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. (IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS); CENTRAL PUERTO S.A. (IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS); YPF S.A. (IF-2024-92280763-APN-SD#ENARGAS); ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS); NATURGY NOA S.A. (IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS); LITORAL GAS S.A. (IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS); y TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. (IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, primeramente, corresponde expedirse respecto a las observaciones y manifestaciones expresadas por el Sr. Fonrouge y por YPF S.A. debido a que se refieren a cuestiones vinculadas con el objeto de la consulta pública y la competencia de este Ente Regulador.

Que el Sr. Fonrouge se presentó por “derecho propio”, y objetó la figura de “Transportista No Licenciataria” mencionada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Al respecto, sostuvo que dicha figura no estaba contemplada en el marco regulatorio del gas natural, y que no se hallaba tipificada entre los sujetos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario o demás normativa complementaria.

Que, por otra parte, señaló que en el Artículo 63 de la Ley N.° 24.076, las entidades privadas citadas en los considerandos de la mencionada Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS son definidas y ponderadas como gasoductos de exportación.

Que el Sr. Fonrouge agregó que las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley N.° 24.076. En ese sentido, afirmó que el ENARGAS carece de atribuciones para instituir “ex novo” sujetos del marco regulatorio sectorial del gas, y arguyó que la figura del “transportista sin licencia” carece de sustento legal.

Que, además, agregó que mucho menos puede apuntarse que la actividad de las entidades privadas citadas en la resolución objetada constituya un servicio público y/o quede enmarcada en una relación de consumo.

Que, a su entender, el sustento de la convocatoria a consulta pública adolece de un manifiesto vicio en su objeto, por lo que correspondía dejar la misma sin efecto. Adujo que, caso contrario, el ENARGAS estaría incurriendo en un exceso de sus potestades, alterando la finalidad de los actos emitidos, implicando ello -según su interpretación- una transferencia del poder normativo del legislativo al Ente Regulador.

Que, a su entender, no se había ponderado que la atribución de concesión de licencias de transporte constituye una atribución exclusiva de la Administración Pública Nacional centralizada, en cabeza de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Que, para finalizar, el Sr. Fonrouge arguyó que son las licenciatarias de transporte las que operan y mantienen los gasoductos de titularidad de las entidades comprendidas en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y añadió que, en el marco de las actividades de operación y mantenimiento de los gasoductos involucrados, no existe relación de consumo alguna que avale la aplicación del marco de la Ley N.° 24.240 y del procedimiento de consulta pública.

Que con relación a lo manifestado por el Sr. Fonrouge corresponder dejar en claro que el ENARGAS: i) actúa estrictamente en el marco de su competencia en lo que respecta a la aprobación de tarifas de sujetos que prestan el servicio público de transporte de gas natural para el mercado doméstico; ii) no ha creado ni ha resuelto crear un sujeto transportista “ex novo”; y iii) ha observado y cumplido con el procedimiento aplicable al trámite de aprobación de tarifas, según la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable.

Que en lo que respecta a las atribuciones de esta Autoridad Regulatoria cabe reseñar – brevemente – el marco normativo aplicable que sustenta la competencia del ENARGAS para aprobar tarifas para el servicio público de transporte de gas natural.

Que, en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 establece: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento”. Por su parte, el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley de Gas señala que: “Son sujetos de esta Ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.

Que, seguidamente, el artículo 11 de la citada Ley dispone que: “Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores. La calidad de transportista se adquiere por: a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 4a. de la ley 17.319. c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1589/89”.

Que, por otro lado, el artículo 16 de la Ley N.° 24.076 establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación. En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente: (…) b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que, en lo que refiere a la competencia estrictamente tarifaria, el artículo 52 de la Ley de Gas prevé que “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos”.

Que, por otro lado, respecto a los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319, la competencia del ENARGAS se encuentra contemplada expresamente en el Decreto N.° 729/95, el cual establece en su artículo 1°, que: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que dicho Decreto, en su artículo 3° dispone también que: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.076 será competente para entender, con respecto a las concesiones de transporte que surjan como consecuencia del Artículo precedente, en las siguientes materias (…) c) Aprobará las tarifas que se sometan a su consideración para la prestación del servicio público de transporte cuando terceros interesados pretendan acceder a la capacidad de transporte disponible de los gasoductos”.

Que, en virtud del marco normativo reseñado, es evidente entonces que este Ente Regulador es la autoridad de aplicación de la Ley N.° 24.076 y que, por expresa manda legal, tiene competencia exclusiva para aprobar tarifas para el transporte de gas natural (conf. art. 52, inc. f).

Que, asimismo, los sujetos alcanzados por la Ley N.° 24.076 no son sólo las Licenciatarias de Transporte de gas, es decir, aquellos sujetos que cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, sino también los concesionarios de transporte bajo la Ley N.° 17.319 (conf. el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076 y lo dispuesto por los artículos 1° y 3° del Decreto N.° 729/95), y los terceros interesados que hubieran realizado obras de extensión del sistema licenciado de transporte (conf. artículo 16 de la Ley N.° 24.076 y su Decreto reglamentario).

Que, respecto al cuestionamiento referido a que no existe la categoría de “Transportistas No Licenciatarias” y que el ENARGAS no tiene competencia para crear un sujeto “ex novo”, cabe aclarar que la expresión “Transportista No Licenciataria” utilizada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se hizo con meros fines prácticos, a los efectos de evitar repeticiones innecesarias y para incluir en una sola definición o referencia a aquellos sujetos que prestan un servicio público de transporte de gas natural por gasoductos, pero que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional.

Que entre estos últimos se encuentran los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 y los terceros interesados que han hecho obras e instalaciones para extender el sistema licenciado de transporte de gas natural.

Que el ENARGAS no ha creado un sujeto “ex novo” ni ha actuado por fuera de su competencia asignada legalmente, en tanto el distinto carácter que tienen los transportistas y su sujeción a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria surge del propio marco normativo tal como fuera explicado anteriormente.

Que es un error de interpretación sostener que “…las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos del art. 39 de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley 24.076”, ya que el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 es lo suficientemente claro y contundente cuando sostiene que “La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional”.

Que, nuevamente y a riesgo de ser reiteratorios, tampoco puede haber duda alguna de que los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 se encuentran sujetos a la Ley N.° 24.076, ya que así lo prevén expresamente el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076, y los artículos 1 y 3 del Decreto N.° 729/95, ya citados anteriormente.

Que es tan claro el artículo 1° del Decreto N.° 729/95 que vale la pena citarlo nuevamente: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que con relación a los terceros interesados previstos en el art. 16 de la Ley N.° 24.076 y su reglamentación, cabe destacar que aquellos son sujetos que han realizado y construido, a su exclusivo costo y cargo, obras e instalaciones aprobadas previamente por esta Autoridad Regulatoria para extender el sistema licenciado de transporte de gas (y conectadas a este último); que han sido habilitados por el ENARGAS para operarlas a su cargo; y que, por todo ello, se encuentran sometidos a la Ley N.° 24.076 y su reglamentación.

Que, a diferencia de las observaciones y los cuestionamientos expresados por el Sr. Fonrouge, no puede dejar de mencionarse que todos los transportistas comprendidos en la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS han solicitado expresamente al ENARGAS que se les fijara una tarifa de transporte y/o que se les actualicen las vigentes, lo que significa un reconocimiento de dichos sujetos a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria.

Que, en cuanto al procedimiento de consulta pública instrumentado por esta Autoridad Regulatoria, sólo cabe reiterar –tal como se explicó en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS– que aquel es el que corresponde en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.742, y la jurisprudencia aplicable (Fallos 339:1077).

Que, sin perjuicio de ello, no alcanzan a entenderse las referencias que el Sr. Fonrouge realiza en su presentación respecto a la inexistencia de una “relación de consumo” y a la falta de aplicación de la Ley N.° 24.240 ya que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS en ningún momento hizo referencia a esas cuestiones, por lo que no cabe expedirse al respecto.

Que en lo que refiere a los mecanismos de participación ciudadana, cabe remitirse a los ya citados artículos 42 de la Constitución Nacional; 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742); y el artículo 1° bis (incoroporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742).

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto N.° 1172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como el instaurado por la resolución objetada por el interesado.

Que a través del mecanismo de consultas públicas no vinculantes que involucran a diferentes sectores interesados, se permite un acceso igualitario a la información, y se permite que éstos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que la totalidad de antecedentes normativos ya reseñados motivaron el dictado de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIOENARGAS y, de tal manera, se posibilitó la abierta participación ciudadana de la que se valió el interesado (el Sr. Fonrouge) para plantear por derecho propio sus observaciones al procedimiento.

Que, en función de lo manifestado, deben desestimarse los cuestionamientos formulados por el Sr. Fonrouge habida cuenta de que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS ha sido dictada conforme al marco regulatorio, y se han cumplido todos los extremos formales y de fondo exigidos por los elementos esenciales del acto administrativo, siendo su objeto plenamente posible, lícito y cierto, además de estar fundada en los antecedentes de hecho y de Derecho que le sirven de causa y, por lo tanto, se lo debe reputar como un acto regular (Conf. Art. 7° de la Ley N.° 19.549 y modificatorias).

Que, con relación a la presentación de YPF S.A., esta última solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la no discriminación por destino final del gas, tanto en los cuadros tarifarios correspondientes a las licenciatarias de la Ley de Gas, como en las tarifas aplicadas para las transportistas con concesiones de transporte de acuerdo al artículo 28 de la Ley N.° 17.319 y para las tarifas de los transportistas de gasoductos construidos como extensiones al amparo de las licencias de otros transportistas (Artículo 16 de la Ley N.° 24.076).

Que, al respecto, YPF S.A. expresó que: “Atento se eliminan los remedios excepcionales en favor de los usuarios de transporte otorgados a partir de la devaluación y crisis económica del 2002, y el transportista vuelve a contar con una tarifa que remunera sus costos y una rentabilidad razonable, entendemos pierde su propósito la tarifa diferenciada con destino a la exportación creada por el Decreto 689/2002, por el cual se obligaba a ciertos usuarios de transporte, nacionales o extranjeros, a pagar, cuando el destino final del gas sea la exportación, una tarifa superior a la que pagan el resto de los usuarios”.

Que, asimismo, añadió: “Entendemos que la tarifa de exportación diferenciada no se ajusta a los principios tarifarios previstos en la Ley del Gas y sus normas complementarias en particular en cuanto a los requisitos de audiencia pública previa, los ajustes semestrales y la revisión tarifaria quinquenal (aplicable a las licenciatarias de la Ley del Gas), ni a los principios de tarifa justa y razonable que le permitan al transportista recuperar sus costos y obtener una renta razonable, al menor costo posible para los usuarios; como así también no se ajusta a los compromisos de no discriminación entre usuarios nacionales y extranjeros asumidos por la República Argentina en los Tratados de Integración Energética”.

Que, para finalizar, pidió que se evaluaran sus observaciones con el propósito de alcanzar una tarifa única para el transporte de gas natural con independencia de su destino final.

Que en lo que respecta a lo manifestado por YPF S.A., cabe señalar que esta Autoridad Regulatoria no tiene competencia para modificar el Decreto N.° 689/02, el cual fue dictado oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las atribuciones asignadas por la Ley de Emergencia N.° 25.561.

Que, además, el objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se encuentra acotada a las tarifas de transporte de gas para el mercado doméstico, por lo que lo peticionado por YPF S.A. se encuentra fuera de aquel.

Que, en lo que respecta a GAS LINK, esta transportista hizo una presentación en el marco de la consulta pública (Actuación N° IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS).

Que, en dicha presentación, GAS LINK se limitó a ampliar lo manifestado en presentaciones anteriores, y a actualizar ciertos valores de índices, sin controvertir las alternativas tarifarias presentadas en el marco de la consulta pública.

Que las tarifas de transporte que se aprueban mediante la presente Resolución revisten el carácter de transitorias en atención a que aún no se cuenta con las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios para aprobar y emitir tarifas definitivas.

Que dichas pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios se determinarán en el procedimiento de revisión tarifaria actualmente en curso, previsto para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución (conf. los artículos 3° y 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23).

Que, en el marco de la transitoriedad referida, se entiende pertinente -en esta instancia y para el caso de GAS LINK- tener en consideración la evolución de aquellos índices que se condicen con la estructura global de costos de las Licenciatarias de Transporte, en particular, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires -capítulo materiales- (ICC materiales), y el Índice de Salarios -total registrado y sector privado registrado-, así como una expresión polinómica ponderando tales variables del mismo modo que la fórmula incluida en el Anexo III de las Resoluciones N.° RESOL-2024-112-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y N.° RESOL-2024-113-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, de adecuación transitoria de tarifas.

Que, en virtud del tiempo transcurrido entre la elaboración de las opciones tarifarias expuestas e informadas en la consulta pública, y su aprobación por parte de esta Autoridad Regulatoria, el resultado de dicho cálculo ha sido actualizado conforme las últimas tarifas de transporte vigentes para TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN).

Que, asimismo, corresponde establecer, en adelante y como metodología transitoria de ajuste, los mismos criterios de actualización a aplicarse para las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TGS y TGN).

Que, por otra parte, los porcentajes de gas retenido a adoptar para el caso de GAS LINK resultan los valores que se encuentran actualmente vigentes.

Que la presente adecuación transitoria de las tarifas de la Transportista tiene el propósito de mantener, en términos reales, sus niveles de ingresos, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua del servicio público de transporte de gas y los estándares de calidad requeridos (conf. los términos que surgen del Decreto N.° 55/23).

Que, en virtud de lo expuesto, y en el marco de la adecuación transitoria prevista en el artículo 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23, corresponde aprobar los Cuadros Tarifarios de transición a aplicar por la Transportista.

Que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por la presente deberán ser publicados por la Transportista en un diario de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076.

Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ha permitido que las Licenciatarias de Transporte publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 52 inciso f) de la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 55/23, y la Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por GAS LINK S.A. incluidos en el Anexo N.° IF-2024-110098759-APN-GDYE#ENARGAS que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: Establecer que, en adelante y como metodología de ajuste de los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente, se aplicarán para la Transportista y con la misma provisoriedad, los criterios y pautas de actualización a aplicarse a las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.).

ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente Resolución deberán ser publicados por la Transportista en un diario gráfico y/o digital de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076 y en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°: Notificar a GAS LINK S.A. en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 73982/24 v. 21/10/2024

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2024

VISTOS los Expedientes N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS y N.° EX-2024-69240190- -APN-GDYE#ENARGAS; las Leyes N.° 17.319, N.° 24.076 y N.° 27.742; los Decretos N.° 1738/92, N.° 729/95, N.° 267/07 y N.° 55/23; y

CONSIDERANDO:

Que ENERGÍA ARGENTINA S.A. (en adelante e indistintamente “ENARSA” o la “Transportista”) presta el servicio público de transporte de gas natural en los términos de las Leyes N.° 17.319 y N.° 24.076, y los Decretos N° 1738/92, N.° 729/95 y N.° 267/07.

Que mediante el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 55 del 16 de diciembre de 2023 (B.O. 18/12/2023) se declaró -hasta el 31 de diciembre de 2024- la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de transporte y distribución de gas natural.

Que mediante el artículo 1° de la Ley N.° 27.742 (B.O. 08/07/2024) también se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Que el artículo 3° del mencionado Decreto N.° 55/23 determinó el inicio de la revisión tarifaria conforme al artículo 42 de la Ley N.° 24.076, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural y estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podría exceder del 31 de diciembre de 2024.

Que mediante el artículo 4° del mismo Decreto se dispuso la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 y, a través del artículo 5°, se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar al Interventor del ENARGAS.

Que por el artículo 5° se facultó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a designar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4°, al Interventor del ENARGAS.

Que, por medio del Artículo 6° del citado Decreto, se estableció que el Interventor del ENARGAS, en el ejercicio de su cargo, tiene las facultades de gobierno y administración establecidas por la Ley N.° 24.076 y las asignadas en ese Decreto, entre las cuales se incluyó, en su inciso b), la de realizar el proceso de revisión tarifaria señalado en el artículo 3° y estableció que hasta tanto culminara dicho proceso podrían aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación del servicio.

Que, por su parte, por Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC del 28 de diciembre de 2023 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 del DNU N.° 55/23.

Que esta Autoridad Regulatoria recibió diversas solicitudes de distintas transportistas de gas natural que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, a fin de que se les determine o actualice una tarifa por la prestación del servicio público que brindan en el mercado doméstico.

Que, efectivamente, en nuestro país existen transportistas que prestan un servicio público de transporte de gas natural y que se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N.° 24.076 y bajo la competencia de este Ente Regulador.

Que entre los transportistas que no tienen una licencia otorgada por el Estado Nacional se encuentran los contemplados en el artículo 11, inc. b) y c) de la Ley N.° 24.076, es decir, personas jurídicas titulares de una concesión de transporte otorgada bajo el régimen de la Ley N.° 17.319; y, también, aquellas personas jurídicas que, en el carácter de “terceros interesados”, han realizado extensiones del sistema licenciado de transporte de gas natural, bajo el régimen del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076.

Que, en este orden de ideas, el servicio de transporte de gas natural y las tarifas que remuneran dichos servicios se encuentran alcanzadas por la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N.° 55/23 (artículo 1°) y por la Ley N.° 27.742 (artículo 1°).

Que, por otro lado, el artículo 7 del Decreto N.° 55/2023 determina la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.

Que el artículo 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742) establece que: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad”.

Que, en la misma línea, el artículo 1° bis, inciso a), apartado (i) (incorporado por el artículo 25 de la Ley N.° 27.742) determina que “Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos”.

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto Nº 1172/03, cuya finalidad es la de instrumentar procedimientos – a través de consultas públicas no vinculantes – que involucran a diferentes sectores interesados, permitir un acceso igualitario a la información, y que aquellos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que mediante la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se inició un procedimiento de consulta pública (bajo el Expediente N.° EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS) para determinar o actualizar, según el caso, las tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte de gas natural que brindan distintos sujetos que se encuentran alcanzados por la Ley N.° 24.076, su decreto reglamentario.

Que, en ese marco, se pusieron a consideración las solicitudes y la información correspondiente a ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (antes GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA S.A.), GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A., GAS LINK S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A., GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A. y REFINERÍA DEL NORTE S.A., como así también el análisis realizado por esta Autoridad Regulatoria.

Que el procedimiento de consulta pública se inició a fin de que cualquier organismo, entidad o persona interesada pudiera realizar sus observaciones, sugerencias y/o comentarios, previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte de gas natural brindado por dichos prestadores en el mercado doméstico.

Que en el marco de la consulta pública iniciada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se recibieron distintas presentaciones que fueron agregadas al Expediente en el que tramitó la consulta pública (EX-2024-80457278- -APN-GAL#ENARGAS).

Que dichas presentaciones fueron hechas por el Sr. Julio C. Fonrouge (Actuaciones N.° IF-2024-88167059-APN-SD#ENARGAS e IF-2024-88314910-APN-SD#ENARGAS); GAS LINK S.A. (IF-2024-88798310-APN-SD#ENARGAS); GASODUCTO NORANDINO ARGENTINA S.A. (IF-2024-91458204-APN-SD#ENARGAS); REFINERÍA DEL NORTE S.A. (IF-2024-91679391-APN-SD#ENARGAS); GASANDES (IF-2024-92064210-APN-SD#ENARGAS); CENTRAL PUERTO S.A. (IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS); YPF S.A. (IF-2024-92280763-APN-SD#ENARGAS); ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (IF-2024-92346907-APN-SD#ENARGAS); NATURGY NOA S.A. (IF-2024-93276686-APN-SD#ENARGAS); LITORAL GAS S.A. (IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS); y TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. (IF-2024-106252022-APN-SD#ENARGAS).

Que, primeramente, corresponde expedirse respecto a las observaciones y manifestaciones expresadas por el Sr. Fonrouge y por YPF S.A. debido a que se refieren a cuestiones vinculadas con el objeto de la consulta pública y la competencia de este Ente Regulador.

Que el Sr. Fonrouge se presentó por “derecho propio”, y objetó la figura de “Transportista No Licenciataria” mencionada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. Al respecto, sostuvo que dicha figura no estaba contemplada en el marco regulatorio del gas natural, y que no se hallaba tipificada entre los sujetos de la Ley N.° 24.076, su Decreto reglamentario o demás normativa complementaria.

Que, por otra parte, señaló que en el Artículo 63 de la Ley N.° 24.076, las entidades privadas citadas en los considerandos de la mencionada Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS son definidas y ponderadas como gasoductos de exportación.

Que el Sr. Fonrouge agregó que las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley N.° 24.076. En ese sentido, afirmó que el ENARGAS carece de atribuciones para instituir “ex novo” sujetos del marco regulatorio sectorial del gas, y arguyó que la figura del “transportista sin licencia” carece de sustento legal.

Que, además, agregó que mucho menos puede apuntarse que la actividad de las entidades privadas citadas en la resolución objetada constituya un servicio público y/o quede enmarcada en una relación de consumo.

Que, a su entender, el sustento de la convocatoria a consulta pública adolece de un manifiesto vicio en su objeto, por lo que correspondía dejar la misma sin efecto. Adujo que, caso contrario, el ENARGAS estaría incurriendo en un exceso de sus potestades, alterando la finalidad de los actos emitidos, implicando ello -según su interpretación- una transferencia del poder normativo del legislativo al Ente Regulador.

Que, a su entender, no se había ponderado que la atribución de concesión de licencias de transporte constituye una atribución exclusiva de la Administración Pública Nacional centralizada, en cabeza de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Que, para finalizar, el Sr. Fonrouge arguyó que son las licenciatarias de transporte las que operan y mantienen los gasoductos de titularidad de las entidades comprendidas en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y añadió que, en el marco de las actividades de operación y mantenimiento de los gasoductos involucrados, no existe relación de consumo alguna que avale la aplicación del marco de la Ley N.° 24.240 y del procedimiento de consulta pública.

Que con relación a lo manifestado por el Sr. Fonrouge corresponder dejar en claro que el ENARGAS: i) actúa estrictamente en el marco de su competencia en lo que respecta a la aprobación de tarifas de sujetos que prestan el servicio público de transporte de gas natural para el mercado doméstico; ii) no ha creado ni ha resuelto crear un sujeto transportista “ex novo”; y iii) ha observado y cumplido con el procedimiento aplicable al trámite de aprobación de tarifas, según la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable.

Que en lo que respecta a las atribuciones de esta Autoridad Regulatoria cabe reseñar –brevemente– el marco normativo aplicable que sustenta la competencia del ENARGAS para aprobar tarifas para el servicio público de transporte de gas natural.

Que, en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 establece: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento”. Por su parte, el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley de Gas señala que: “Son sujetos de esta Ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor”.

Que, seguidamente, el artículo 11 de la citada Ley dispone que: “Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y almacenadores. La calidad de transportista se adquiere por: a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 4a. de la ley 17.319. c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1589/89”.

Que, por otro lado, el artículo 16 de la Ley N.° 24.076 establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación. En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente: (…) b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que, en lo que refiere a la competencia estrictamente tarifaria, el artículo 52 de la Ley de Gas prevé que “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: (…) f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos”.

Que, por otro lado, respecto a los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319, la competencia del ENARGAS se encuentra contemplada expresamente en el Decreto N.° 729/95, el cual establece en su artículo 1°, que: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que dicho Decreto, en su artículo 3° dispone también que: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.076 será competente para entender, con respecto a las concesiones de transporte que surjan como consecuencia del Artículo precedente, en las siguientes materias (…) c) Aprobará las tarifas que se sometan a su consideración para la prestación del servicio público de transporte cuando terceros interesados pretendan acceder a la capacidad de transporte disponible de los gasoductos”.

Que, en virtud del marco normativo reseñado, es evidente entonces que este Ente Regulador es la autoridad de aplicación de la Ley N.° 24.076 y que, por expresa manda legal, tiene competencia exclusiva para aprobar tarifas para el transporte de gas natural (conf. art. 52, inc. f).

Que, asimismo, los sujetos alcanzados por la Ley N.° 24.076 no son sólo las Licenciatarias de Transporte de gas, es decir, aquellos sujetos que cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional, sino también los concesionarios de transporte bajo la Ley N.° 17.319 (conf. el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076 y lo dispuesto por los artículos 1° y 3° del Decreto N.° 729/95), y los terceros interesados que hubieran realizado obras de extensión del sistema licenciado de transporte (conf. artículo 16 de la Ley N.° 24.076 y su Decreto reglamentario).

Que, respecto al cuestionamiento referido a que no existe la categoría de “Transportistas No Licenciatarias” y que el ENARGAS no tiene competencia para crear un sujeto “ex novo”, cabe aclarar que la expresión “Transportista No Licenciataria” utilizada en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se hizo con meros fines prácticos, a los efectos de evitar repeticiones innecesarias y para incluir en una sola definición o referencia a aquellos sujetos que prestan un servicio público de transporte de gas natural por gasoductos, pero que no cuentan con una licencia otorgada por el Estado Nacional.

Que entre estos últimos se encuentran los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 y los terceros interesados que han hecho obras e instalaciones para extender el sistema licenciado de transporte de gas natural.

Que el ENARGAS no ha creado un sujeto “ex novo” ni ha actuado por fuera de su competencia asignada legalmente, en tanto el distinto carácter que tienen los transportistas y su sujeción a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria surge del propio marco normativo tal como fuera explicado anteriormente.

Que es un error de interpretación sostener que “…las extensiones de terceros interesados (conf. inc. b del art. 16 de la Ley 24.076 y concesiones de transporte en términos del art. 39 de la Ley 17.319) mal pueden asimilarse al servicio público de transporte de gas normado por el marco regulatorio de la Ley 24.076”, ya que el artículo 1° de la Ley N.° 24.076 es lo suficientemente claro y contundente cuando sostiene que “La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional”.

Que, nuevamente y a riesgo de ser reiteratorios, tampoco puede haber duda alguna de que los concesionarios de transporte de la Ley N.° 17.319 se encuentran sujetos a la Ley N.° 24.076, ya que así lo prevén expresamente el artículo 11, inc. b) de la Ley N.° 24.076, y los artículos 1 y 3 del Decreto N.° 729/95, ya citados anteriormente.

Que es tan claro el artículo 1° del Decreto N.° 729/95 que vale la pena citarlo nuevamente: “Los concesionarios de explotación y los demás titulares de derechos de explotación de gas natural en el marco del Artículo 9º del Decreto Nº 1589 del 27 de diciembre de 1989, que ejerzan el derecho establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 17.319, quedan alcanzados por todas las disposiciones emergentes de la Ley Nº 24.076, con las salvedades establecidas en el Artículo 35 de la misma”.

Que con relación a los terceros interesados previstos en el art. 16 de la Ley N.° 24.076 y su reglamentación, cabe destacar que aquellos son sujetos que han realizado y construido, a su exclusivo costo y cargo, obras e instalaciones aprobadas previamente por esta Autoridad Regulatoria para extender el sistema licenciado de transporte de gas (y conectadas a este último); que han sido habilitados por el ENARGAS para operarlas a su cargo; y que, por todo ello, se encuentran sometidos a la Ley N.° 24.076 y su reglamentación.

Que, a diferencia de las observaciones y los cuestionamientos expresados por el Sr. Fonrouge, no puede dejar de mencionarse que todos los transportistas comprendidos en la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS han solicitado expresamente al ENARGAS que se les fijara una tarifa de transporte y/o que se les actualicen las vigentes, lo que significa un reconocimiento de dichos sujetos a la potestad tarifaria de esta Autoridad Regulatoria.

Que, en cuanto al procedimiento de consulta pública instrumentado por esta Autoridad Regulatoria, sólo cabe reiterar –tal como se explicó en los considerandos de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS– que aquel es el que corresponde en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.742, y la jurisprudencia aplicable (Fallos 339:1077).

Que, sin perjuicio de ello, no alcanzan a entenderse las referencias que el Sr. Fonrouge realiza en su presentación respecto a la inexistencia de una “relación de consumo” y a la falta de aplicación de la Ley N.° 24.240 ya que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS en ningún momento hizo referencia a esas cuestiones, por lo que no cabe expedirse al respecto.

Que en lo que refiere a los mecanismos de participación ciudadana, cabe remitirse a los ya citados artículos 42 de la Constitución Nacional; 8° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 29 de la ley N.° 27.742); y el artículo 1° bis de la Ley N.° 19.549 (incorporado mediante el artículo 25 de la Ley N.° 27.742).

Que, en sentido concordante, el mecanismo de consulta pública resulta compatible con los principios que fundamentan el Decreto N.° 1172/03, cuya finalidad persigue instrumentar procedimientos como el instaurado por la resolución objetada por el interesado.

Que a través del mecanismo de consultas públicas no vinculantes que involucran a diferentes sectores interesados, se permite un acceso igualitario a la información, y se permite que éstos puedan hacer manifestaciones y/o expresar su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Que la totalidad de antecedentes normativos ya reseñados motivaron el dictado de la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y, de tal manera, se posibilitó la abierta participación ciudadana de la que se valió el interesado (el Sr. Fonrouge) para plantear por derecho propio sus observaciones al procedimiento.

Que, en función de lo manifestado, deben desestimarse los cuestionamientos formulados por el Sr. Fonrouge habida cuenta de que la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS ha sido dictada conforme al marco regulatorio, y se han cumplido todos los extremos formales y de fondo exigidos por los elementos esenciales del acto administrativo, siendo su objeto plenamente posible, lícito y cierto, además de estar fundada en los antecedentes de hecho y de Derecho que le sirven de causa y, por lo tanto, se lo debe reputar como un acto regular (Conf. Art. 7° de la Ley N.° 19.549 y modificatorias).

Que, con relación a la presentación de YPF S.A., esta última solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la no discriminación por destino final del gas, tanto en los cuadros tarifarios correspondientes a las licenciatarias de la Ley de Gas, como en las tarifas aplicadas para las transportistas con concesiones de transporte de acuerdo al artículo 28 de la Ley N.° 17.319 y para las tarifas de los transportistas de gasoductos construidos como extensiones al amparo de las licencias de otros transportistas (Artículo 16 de la Ley N.° 24.076).

Que, al respecto, YPF S.A. expresó que: “Atento se eliminan los remedios excepcionales en favor de los usuarios de transporte otorgados a partir de la devaluación y crisis económica del 2002, y el transportista vuelve a contar con una tarifa que remunera sus costos y una rentabilidad razonable, entendemos pierde su propósito la tarifa diferenciada con destino a la exportación creada por el Decreto 689/2002, por el cual se obligaba a ciertos usuarios de transporte, nacionales o extranjeros, a pagar, cuando el destino final del gas sea la exportación, una tarifa superior a la que pagan el resto de los usuarios”.

Que, asimismo, añadió: “Entendemos que la tarifa de exportación diferenciada no se ajusta a los principios tarifarios previstos en la Ley del Gas y sus normas complementarias en particular en cuanto a los requisitos de audiencia pública previa, los ajustes semestrales y la revisión tarifaria quinquenal (aplicable a las licenciatarias de la Ley del Gas), ni a los principios de tarifa justa y razonable que le permitan al transportista recuperar sus costos y obtener una renta razonable, al menor costo posible para los usuarios; como así también no se ajusta a los compromisos de no discriminación entre usuarios nacionales y extranjeros asumidos por la República Argentina en los Tratados de Integración Energética”.

Que, para finalizar, pidió que se evaluaran sus observaciones con el propósito de alcanzar una tarifa única para el transporte de gas natural con independencia de su destino final.

Que en lo que respecta a lo manifestado por YPF S.A., cabe señalar que esta Autoridad Regulatoria no tiene competencia para modificar el Decreto N.° 689/02, el cual fue dictado oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las atribuciones asignadas por la Ley de Emergencia N.° 25.561.

Que, además, el objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se encuentra acotada a las tarifas de transporte de gas para el mercado doméstico, por lo que lo peticionado por YPF S.A. se encuentra fuera de aquel.

Que, por otra parte, el 28 de agosto de 2024 se presentó CENTRAL PUERTO S.A. (Actuación N° IF-2024-92278492-APN-SD#ENARGAS), en carácter de propietario de la Central Térmica Brigadier López.

Que CENTRAL PUERTO S.A. sostuvo que era inapropiado e improcedente computar, a los fines del cálculo de los futuros cuadros tarifarios de ENARSA, los costos que esta última había enumerado en su Nota N.º NO-2024-00010478-IEASA-SGG#IEASA.

Que, a criterio de CENTRAL PUERTO S.A., aceptar los costos indicados por ENARSA derivaría en un “precio”(sic) por el servicio de transporte de gas natural que sería muy oneroso para aquella, en su rol de generador del MEM, y absolutamente desproporcionado respecto a otros gasoductos de igual prestación.

Que, respecto a lo expresado por CENTRAL PUERTO S.A., cabe destacar que el análisis de los costos necesarios a los efectos de aprobación de una tarifa definitiva de la Transportista, podrá llevarse adelante luego de la conclusión del proceso de Revisión Tarifaria con las Licenciatarias de Transporte y de Distribución; y que el contexto actual de análisis se circunscribe a la fijación de tarifas de transporte provisorias.

Que el 27 de septiembre de 2024 se presentó LITORAL GAS S.A. (Actuación N° IF-2024-105559317-APN-SD#ENARGAS) y solicitó que se considere el costo incremental de transporte para su traslado a los cuadros tarifarios de la Distribuidora.

Que, a criterio de LITORAL GAS S.A., la resolución que en definitiva se adopte “en modo alguno debe ni puede perjudicar los derechos y garantías reconocidos a esta Distribuidora en el Marco Regulatorio vigente y en la Licencia otorgada, ni mucho menos afectar la prestación del servicio público a su cargo”.

Que, con relación a lo manifestado por dicha Distribuidora y, en particular, respecto al traslado a la tarifa del costo de transporte, el Artículo 37 del Decreto Nº 1738/92 establece que: “Las variaciones de la tarifa de Transporte que sufran los Distribuidores serán trasladadas a la tarifa final al usuario bajo el mecanismo, en los plazos, y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”.

Que, por otra parte, el traslado solicitado por LITORAL GAS S.A. escapa al objeto de la consulta pública convocada por la Resolución N.° RESOL-2024-433-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, la cual se encontraba acotada a las tarifas provisorias de transporte de gas natural para el mercado doméstico; y que lo solicitado por la Distribuidora se analizará en el correspondiente marco de actualización tarifaria de la Licenciataria de Distribución.

Que las tarifas de transporte que se aprueban mediante la presente Resolución revisten el carácter de transitorias en atención a que aún no se cuenta con las pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios para aprobar y emitir tarifas definitivas.

Que dichas pautas técnico-económicas y los elementos de cálculo necesarios se determinarán en el procedimiento de revisión tarifaria actualmente en curso, previsto para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución (conf. los artículos 3° y 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23).

Que, en el marco de la transitoriedad referida, se entiende pertinente -en esta instancia- tener en consideración para el caso de las tarifas correspondientes de la Transportista, el valor tarifario por kilómetro de las Licenciatarias de Transporte, en función del valor del cargo por m3/día de cada ruta completa por zona de recepción de los cuadros tarifarios de transporte de las Licenciatarias y los kilómetros lineales de dichas rutas.

Que, en relación con la conveniencia de efectuar una apertura tarifaria por tramos, resulta apropiado en virtud de criterios geográficos, de extensión lineal de los gasoductos en cuestión y/o de carácter técnico, establecer para el caso de ENARSA, y para el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) tres tramos: Santa Fe – Litoral; Santa Fe – Chaco; y Santa Fe - Formosa.

Que, en virtud del tiempo transcurrido entre la elaboración de las opciones tarifarias expuestas e informadas en la consulta pública, y su aprobación por parte de esta Autoridad Regulatoria, el resultado de dicho cálculo ha sido actualizado conforme las últimas tarifas de transporte vigentes para TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN).

Que, asimismo, corresponde establecer, en adelante y como metodología transitoria de ajuste, los mismos criterios de actualización a aplicarse para las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TGS y TGN).

Que, por otra parte, considerando lo señalado en el Memorándum N.° ME-2024-75692123-APN-GT#ENARGAS, los porcentajes de gas retenido a adoptar para el caso de ENARSA (para el GNEA) resultan los valores allí indicados.

Que la presente adecuación transitoria de las tarifas de la Transportista tiene el propósito de mantener, en términos reales, sus niveles de ingresos, de manera que permitan cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua del servicio público de transporte de gas y los estándares de calidad requeridos (conf. los términos que surgen del Decreto N.° 55/23).

Que, en virtud de lo expuesto, y en el marco de la adecuación transitoria prevista en el artículo 6°, inc. b) del Decreto N.° 55/23, corresponde aprobar Cuadros Tarifarios de transición a aplicar por la Transportista.

Que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por la presente deberán ser publicados por la Transportista en un diario de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076.

Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ha permitido que las Licenciatarias de Transporte publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.

Que ha tomado intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 52 inciso f) de la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 55/23, y la Resolución N.° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por ENERGÍA ARGENTINA S.A. para el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) incluidos en el Anexo N.° IF-2024-110098410-APN-GDYE#ENARGAS que forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: Establecer que, en adelante y como metodología de ajuste de los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente, se aplicarán para la Transportista y con la misma provisoriedad, los criterios y pautas de actualización a aplicarse a las Licenciatarias de Transporte de gas natural (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.).

ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios de Transición que se aprueban por el artículo 1° de la presente Resolución deberán ser publicados por la Transportista en un diario gráfico y/o digital de gran circulación, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N.° 24.076 y en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 5°: Notificar a ENERGÍA ARGENTINA S.A. en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

Carlos Alberto María Casares

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 73981/24 v. 21/10/2024

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico EX-2023-00011823- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 34 de fecha 16/10/24 (RESFC-2024-34-E-ERAS-SEJ#ERAS) referente a la licitación pública para la prestación del servicio de seguridad, transcribiéndose a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las redeterminaciones de precios solicitadas por la firma SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A., respecto de la licitación pública para la prestación del servicio de seguridad, control y registro de acceso y circulación, y vigilancia del edificio, de sus instalaciones y de los bienes muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, adjudicada mediante el dictado de la Resolución ERAS N° 45/23, conforme lo establecido en el procedimiento aprobado por la Resolución ERAS N° 59/18, fijándose los precios de los abonos mensuales en las sumas de PESOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 17.716.000,17) IVA incluido, a partir del mes de agosto de 2024 y de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($18.663.806,18) IVA incluido, a partir del mes de septiembre de 2024; ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 321.837.638,69) IVA incluido.

ARTÍCULO 2°. - Intímese a la firma SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. a integrar en el plazo de CINCO (5) días hábiles una garantía de contrato complementaria de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 4.800.181,31), en cualquiera de las formas previstas en el artículo 22° del Reglamento de Contrataciones del ERAS aprobado por la Resolución ERAS N° 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 65/22.

ARTÍCULO 3°. – Autorízase la disminución de la prestación en un CATORCE POR CIENTO (14 %) a partir del mes de noviembre de 2024 y hasta la finalización del plazo contractual, respecto de la licitación pública adjudicada mediante el dictado de la Resolución ERAS N° 45/23, conforme lo normado en el procedimiento aprobado por la Resolución ERAS N° 59/18, estableciéndose como nuevo valor del abono mensual, desde dicha fecha, la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 16.050.873,31), IVA incluido y el monto total de la contratación que asciende a PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 144.457.859,79) IVA incluido.

ARTÍCULO 4°. - Instrúyese al DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a elaborar y suscribir con el contratista el Acta correspondiente conforme lo establecido en el artículo 16° del procedimiento aprobado por la Resolución ERAS N° 59/18.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese por el DEPARTAMENTO SECRETARÍA EJECUTIVA.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, tome intervención el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS que proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 9/24.

Walter Mendez, Presidente.

e. 21/10/2024 N° 73935/24 v. 21/10/2024

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 20/08/24) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 30 días del 34%, Hasta 60 días del 34% TNA, Hasta 90 días del 34% TNA, de 91 a 180 días del 35% TNA, de 181 a 360 días del 37% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 36%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 39%, hasta 60 días del 39% TNA, Hasta 90 días del 39% TNA, de 91 a 180 días del 40% TNA, de 181 a 360 días del 41%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 33 días del 39% TNA, Hasta 60 días del 39% TNA, Hasta 90 días del 39% TNA, de 91 a 180 días del 40 TNA y de 181 a 360 días del 41% TNA.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Valeria Mazza, Subgerente Departamental.

e. 21/10/2024 N° 74255/24 v. 21/10/2024

18/10/2024

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA

Ref.: Circular OPRAC 1 - 896 - Tasas de interés en las operaciones de crédito. Límites a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, el valor de la tasa de interés del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, correspondiente a la información de octubre 2024 y aplicable para las operaciones del ciclo de facturación noviembre 2024.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgte. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerente de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA Archivo de datos:

http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Tarjetas”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/10/2024 N° 74208/24 v. 21/10/2024