Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-28900647- -APN-DNBYDE#ME, la Ley N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/1992) y modificatorios, la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 y sus modificatorias y complementarias, prorrogada por el Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 5 del 11 de enero de 2024, la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, y

CONSIDERANDO

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8 del 10 de diciembre de 2023 se adecuaron las disposiciones de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/1992) y modificatorias.

Que por el artículo 4° del citado Decreto se sustituyó el Título V de la Ley de Ministerios, estableciéndose las facultades de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de cada Ministerio en particular.

Que el artículo 10 de dicho Decreto estableció que todos los compromisos y obligaciones oportunamente asumidas por los entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y por el MINISTERIO DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, estarán a cargo del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes.

Que por el artículo 12 del mencionado Decreto se dispuso que hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás tareas que permitan la plena operatividad del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, los Servicios Administrativos Financieros y los Servicios Jurídicos Permanentes de origen, prestarán los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica.

Que por el el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y sus modificatorios se encuentra establecida la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, creando la SECRETARÍA EDUCACIÓN.

Que en materia presupuestaria, a través del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023, se determinó que, a partir del 1° de enero de 2024 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y, sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias.

Que la educación y el conocimiento son derechos personales y sociales que deben ser garantizados por el Estado.

Que el artículo 11 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional establece como fines y objetivos de la política educativa nacional asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales; garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad; garantizar a todos el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo; coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios.

Que por los artículos 79 y 80 de dicha Ley se encomendó al entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que fijara y desarrollara políticas de promoción de la igualdad educativa, para lo que se proveerá de recursos económicos a los alumnos, familias y escuelas que se encuentren en situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.

Que en Argentina, de acuerdo a la información provista por el Relevamiento Anual 2022, existen DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEIS (2.409.006) alumnos que asisten a instituciones educativas de niveles inicial, primario y secundario de gestión privada que reciben aporte estatal.

Que en el contexto actual, producto de la situación económica heredada, se hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones.

Que, para ello, resulta pertinente la creación del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, dedicado a la atención de las situaciones antes descriptas mediante una prestación temporaria a favor de las familias con menores recursos para que puedan afrontar el costo que supone la educación de sus hijos.

Que a través de este Programa se buscará evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales, de manera de no discontinuar o modificar su trayectoria educativa.

Que corresponde que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de este Ministerio, de acuerdo a las competencias establecidas en el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y sus modificatorios, sea el órgano responsable de la ejecución del Programa, así como de dictar la normativa necesaria para su reglamentación e implementación.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN han tomado la debida intervención en el ámbito de sus competencias.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha intervenido conforme a sus competencias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Dec. N° 438/92) y la Ley de Educación Nacional N° 26.206

Por ello,

LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Crear el PROGRAMA DE ASISTENCIA “VOUCHERS EDUCATIVOS”, que consistirá en una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con aporte estatal.

ARTÍCULO 2°.- Podrán acceder al PROGRAMA quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta DIECIOCHO (18) años de edad inclusive que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal, siempre que el ingreso familiar no supere el equivalente a SIETE (7) salarios mínimos vitales y móviles y se cumplan los demás requisitos que se establezcan en la reglamentación.

ARTÍCULO 3°.- La prestación consistirá en una suma de dinero determinada, no contributiva y mensual por cada hijo que asista a una institución educativa que reúna las características establecidas en el artículo 2° de la presente medida. El monto de la prestación será el equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la cuota programática de jornada simple de cada nivel educativo informada por cada Jurisdicción o, en su defecto, estimada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en función de casos testigo.

ARTÍCULO 4°.- Encomendar en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN la ejecución del PROGRAMA y el dictado de los actos administrativos tendientes a su reglamentación e implementación, así como la firma de los convenios con otros organismos cuando ello resulte necesario.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la ejecución del PROGRAMA se imputará a la Jurisdicción 88, Subjurisdicción 04, Programa 29 – 5.1.3, de la Fuente de Financiamiento 11 – TESORO NACIONAL y/o Fuente de Financiamiento 15 – CREDITO INTERNO.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.

Sandra Pettovello

e. 21/03/2024 N° 15411/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 20/03/2024

VISTO el Expediente EX-2024-19939940-APN-SSLE#MSG, las Leyes Nros. 17.236 modificada por Ley N° 20.416, 18.398, 19.349, 21.965 y 26.102, los Decretos Nros. 6242 del 24 de diciembre de 1971, 1866 del 26 de julio de 1983, 712 del 29 de mayo de 1989, 836 del 19 de mayo de 2008 y 1338 del 29 de diciembre de 2016, y la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 477 del 14 de julio de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que constituye un eje central de las políticas en materia de seguridad del Gobierno Nacional, brindar al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que se encuentran dentro de la órbita de este MINISTERIO DE SEGURIDAD el respaldo institucional, material y jurídico para el adecuado ejercicio de las altas funciones que les han sido encomendadas. Ello en un marco de absoluto respeto por las normas legales, constitucionales y convencionales que rigen su actuación.

Que, en el contexto del ejercicio de sus funciones legales, existen numerosas situaciones que pueden llevar a que se impute al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales la comisión de delitos o contravenciones, dando lugar al inicio de procesos judiciales en los que los agentes involucrados deben designar abogados defensores o, al menos, contar con un asesoramiento jurídico adecuado para el eficaz ejercicio de su derecho de defensa.

Que, en este sentido, la defensa jurídica con cargo a las respectivas Fuerzas Policiales y de Seguridad, no es sólo una derivación necesaria de las funciones encomendadas a sus agentes, sino una expresión del necesario respaldo institucional con el que deben contar los funcionarios que arriesgan su integridad física, e incluso su vida, en aras de asegurar el cumplimiento de las leyes. Así, omitir la prestación de dicho servicio de asesoramiento, patrocinio o representación jurídica en causas judiciales derivadas del cumplimiento de funciones legales, no sólo implicaría un inaceptable incumplimiento de las obligaciones del propio Estado hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sino que además representaría un desincentivo para el adecuado cumplimiento de sus altas funciones.

Que, tal es la importancia que la defensa institucional de los agentes involucrados en causas judiciales derivadas del cumplimiento de actos de servicio reviste para el adecuado ejercicio de las funciones de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, que la mayoría de sus normas estatutarias la prevén expresamente como un derecho del personal.

Que, así, el artículo 051.105 de la Reglamentación de la Ley de la Prefectura Naval Argentina Nº 18.398. Título III, Régimen de Personal, y IV, Personal Retirado —aprobada por el Decreto N° 6242 del 24 de diciembre de 1971 establece que el personal de la Prefectura Naval Argentina que se encuentre sometido a proceso judicial en razón de hechos cometidos en o por actos del servicio, podrá ser defendido por abogados de dicha fuerza, en la medida en que se considere prima facie que ha obrado en cumplimiento de su deber.

Que, por su parte, el artículo 37, inciso ñ), de la Ley N° 17.236, modificada por la Ley N° 20.416, establece como derecho de los agentes del Servicio Penitenciario Federal el de ser defendidos y patrocinados con cargo a la Institución cuando la acción fuese entablada con motivo u ocasión del ejercicio de su función.

Que, en lo que atañe a la Gendarmería Nacional, el número 96 del Decreto N° 712 del 29 de mayo de 1989 dispone que, cuando un gendarme resulte imputado o procesado ante tribunales distintos a los castrenses por hechos cometidos en y por actos del servicio, tendrá derecho a ser asistido o defendido, según corresponda, por un Oficial de Justicia de la Institución.

Que, asimismo, los artículos 733 a 742 del Decreto N° 1866 del 26 de julio de 1983 regulan la defensa institucional del personal de la Policía Federal Argentina en causas judiciales derivadas del ejercicio de sus funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones del estado policial.

Que, pese a la importancia que evidentemente reviste la asistencia jurídica institucional del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para los casos de procesos judiciales iniciados como consecuencia de hechos vinculados al ejercicio de sus funciones, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 477 del 14 de julio de 2023 restringió de modo excesivo los supuestos en que los agentes pueden gozar del derecho a la defensa institucional, excluyendo numerosos casos en función de la calificación legal escogida por el órgano acusador. Al respecto, cabe señalar además que los supuestos previstos por la norma exceden los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, y que la condición de que la calificación legal del hecho imputado se encuentre sostenida en un auto de mérito incriminatorio firme resulta insuficiente para excluir el derecho a la defensa institucional, al tratarse de resoluciones de carácter provisional, que no causan estado y que pueden ser modificadas y reformadas aún de oficio por el propio tribunal que las hubiera dictado.

Que, por otra parte, el criterio restrictivo adoptado por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 477 del 14 de julio de 2023 debe ser entendido en el marco de la decisión política de la anterior gestión del gobierno nacional de limitar el apoyo institucional a la actuación de los miembros de la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Que, en tal sentido, se observa que, mientras que en el período comprendido entre los años 2016 y 2019, la POLICIA FEDERAL ARGENTINA ejerció la defensa en un total de 927 casos, la GENDARMERÍA NACIONAL en un total de 29 casos, el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL en un total de 276 casos y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA en un total de 36 casos, en el período comprendido entre los años 2020 y 2023 esas intervenciones se redujeron a un total de 235, 21, 150 y 11 casos respectivamente, lo cual demuestra la existencia de una decisión política de restringir la asistencia jurídica institucional a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Tal decisión implicó, en los hechos, trasladar al propio personal parte del costo derivado del ejercicio de las funciones que les fueran legalmente encomendadas, generando un incentivo para la inacción ante situaciones potencialmente conflictivas en las que estuvieran llamados a intervenir.

Que la mentada restricción al derecho a contar con asistencia legal institucional por parte de los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no encuentra justificativo en el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado por la REPÚBLICA ARGENTINA ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) en el caso “Kaplun” (caso N° 12.854 del registro de la CIDH aprobado por Decreto N° 1338 del 29 de diciembre de 2016). Ello por cuando dicho acuerdo de solución amistosa sólo comprometió al Estado Argentino a “impulsar reformas que aseguren que no se brinde patrocinio jurídico institucional al personal de las Fuerzas de Seguridad Federales, que se encuentre acusado judicialmente por graves violaciones a los derechos humanos”.

Que, si bien no existe en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos una definición unívoca de qué debe entenderse por “graves violaciones a los derechos humanos”, tal calificación en general se encuentra restringida a delitos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, o las desapariciones forzadas, cometidos en contextos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, tal como lo ha sostenido la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, por ejemplo, en los casos “Barrios Altos vs. Perú” y “Vera Vera vs. Ecuador”.

Que hechos de tal naturaleza, en ningún caso pueden ni han sido considerados como vinculados al ejercicio de las funciones o al cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, el estado militar de gendarme o el estado penitenciario y, por ende, jamás estuvieron alcanzados por el derecho a la defensa, patrocinio o asesoramiento jurídico institucional en las normas estatutarias de las distintas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Que, en todos los casos, las normas estatutarias de las distintas fuerzas policiales y de seguridad federales imponen a su personal el apego a la legalidad y la defensa del Estado de Derecho. Así, por ejemplo, el artículo 8°, inc. d), de la Ley N° 21.965 impone al personal con estado policial de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, el deber de “defender contra las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas aun a riesgo de su vida o integridad personal”, en tanto que el artículo 9°, inc. a), establece la obligación de “mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia, aún en forma coercitiva y con riesgo de vida”. De modo similar, la Ley N° 17.236 modificada por Ley N° 20.416 establece como deberes de los agentes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en su artículo 33, incs. a) y d), “cumplir fielmente las leyes y reglamentos, las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por éstos conforme a sus atribuciones y competencia” y “observar para con las personas confiadas a su custodia y cuidado, un trato firme, pero digno y respetuoso de los derechos humanos”, respectivamente. Asimismo, la Ley N° 26.102 establece como principios básicos de actuación del personal de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, entre otros, los de “desempeñarse con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos de las personas” (inc. 1), “actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y dignidad de las personas, sin que ningún tipo de emergencia u orden de un superior pueda justificar el sometimiento a torturas u otros tratos crueles inhumanos o degradantes” (inc. 2), y “velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su accionar” (inc. 5). Similares deberes resultan inherentes al ejercicio de las funciones propias del personal de las restantes fuerzas policiales y de seguridad federales.

Que, ello así y toda vez que el ostensible apartamiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario, excluye en todos los casos la posibilidad de defensa, patrocinio o asistencia jurídica institucional, lo dispuesto en la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 477 del 14 de julio de 2023 nada agrega al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el ESTADO ARGENTINO y, por el contrario, restringe de modo arbitrario los derechos del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Que, en consecuencia, el criterio adoptado por la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 477 del 14 de julio de 2023 resulta excesivo y arbitrario, resultando en detrimento de los derechos que otorgan las reglamentaciones para el personal de las distintas fuerzas, menoscabando el respaldo institucional necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones, e incluso resultando contrario al estado de inocencia consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que goza todo individuo.

Que, en función de lo expuesto, resulta necesaria la derogación de la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 477 del 14 de julio de 2023, de modo de dar plena vigencia al derecho del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales de contar con la debida asistencia jurídica institucional en los casos en que se vean involucrados en procesos judiciales como consecuencia de hechos vinculados a ejercicio de sus funciones o al cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario.

Que, asimismo, resulta pertinente instruir a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a arbitrar los medios necesarios para brindar a su personal, por intermedio de su servicio jurídico, asistencia o defensa jurídica en causas judiciales vinculadas con hechos cometidos en o por actos de servicio.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en los artículos 4°, inciso b), apartado 9, y 22 bis, inciso 5, de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. en 1992 y sus modificaciones).

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

Artículo 1°.- La GENDARMERÍA NACIONAL, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL brindarán a su personal, en situación de actividad o retiro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas normas estatutarias, asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional, en causas judiciales que resulten consecuencia del ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, el estado militar de gendarme o el estado penitenciario, según corresponda.

Artículo 2°.- En ningún caso darán lugar a la asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica establecida en el artículo precedente, aquellos hechos que prima facie evidencien una ostensible violación de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario, de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias de cada fuerza.

Artículo 3°.- Instrúyase a la GENDARMERÍA NACIONAL, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL a dictar, en el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la publicación de la presente, las normas reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes.

Artículo 4°.- Instrúyase a la POLÍCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a dictar, en el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la publicación de la presente, la normativa interna necesaria para asegurar a su personal, en situación de actividad o retiro, asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional, en causas judiciales que resulten consecuencia del ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial.

Artículo 5°.- Derógase la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 477 del 14 de julio de 2023.

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.

Patricia Bullrich

e. 21/03/2024 N° 15269/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-26222753- -APN-SSPEYPM#MD, la Resolución N° 266 del 14 de marzo de 2024 del MINISTERIO DE DEFENSA, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 3° de la Resolución MD N° 266/24 se aprobaron las “Reglas de Empeñamiento” a ser aplicadas en las Operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, obrantes en el documento confidencial N° IF-2024-26775622-APN-SECEYAM#MD.

Que a efectos de dotar de mayor eficiencia a las operaciones de apoyo al Sistema de Seguridad Interior la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares propició una reformulación de las “Reglas de Empeñamiento”, incorporando precisiones en favor de la operatividad de su aplicación.

Que, en consecuencia, corresponde sustituir el Anexo de la Resolución MD N° 266/24 por el documento confidencial IF-2024-27707848-APN-SECEYAM#MD.

Que el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 27 de la Ley N° 24.059 y su reglamentación, los artículos 4°, inciso b) apartado 19, y 19, incisos 1, 11, 16, 23 y 25 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Sustitúyese el Anexo de la Resolución N° 266 del 14 de marzo de 2024 del MINISTERIO DE DEFENSA por el documento IF-2024-27707848-APN-SECEYAM#MD, con carácter de confidencial.

ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Luis Petri

e. 21/03/2024 N° 15066/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente EX-2023-117066151- -APN-DLEIAER#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone a quienes elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina.

Que el Decreto Nº 597/03, reglamentario de la Ley Nº 25.630, prevé el otorgamiento de excepciones a quienes demuestren resultados negativos mediante exámenes de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud.

Que la firma Molinos Río de la Plata SA, de RNE Nº 02-041985, ha solicitado la excepción para que el producto: “Tapas para empanadas para freír, Marca: La Salteña, Nombre de fantasía: Tapas para empanadas para freír, RNPA en trámite según expediente N° 2023-16153351”, pueda ser elaborado con harina sin enriquecer de acuerdo a la Ley Nº 25.630 y su Decreto Reglamentario Nº 597/03.

Que la firma interesada realizó la presentación de un informe técnico con los ensayos de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud para el producto en cuestión, cuyo resultado demuestra que las propiedades sensoriales del alimento se ven afectadas cuando se incluye el núcleo vitamínico mineral requerido por la Ley N° 25630.

Que la Comisión de Asesoramiento, creada por el artículo 2º del Decreto Nº 597/2003, reglamentario de la Ley Nº 25.630, ha merituado los argumentos expuestos por el recurrente y ha emitido el informe de su competencia, informando que sugiere hacer lugar a la solicitud para el producto cuya excepción solicita.

Que la Ley N° 25.630 en su artículo 2º establece que el MINISTERIO DE SALUD, a través del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS, será el Organismo de control del cumplimiento de la ley.

Que del artículo 7º de dicha ley surge que su aplicación será función del MINISTERIO DE SALUD, ejerciéndola por sí o en colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de lo dispuesto por la Ley 25.630 y su decreto reglamentario.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Hácese lugar a la excepción al cumplimiento del artículo 3º de la Ley 25.630, solicitada por la firma Molinos Río de la Plata SA, de RNE Nº 02-041985, con domicilio en Bouchard 680 Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizándola a elaborar, con empleo de harina sin enriquecer, de acuerdo con la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 597/03, el producto: “Tapas para empanadas para freír, Marca: La Salteña, Nombre de fantasía: Tapas para empanadas para freír, RNPA en trámite según expediente N° 2023- 16153351”, por las razones expuestas en el Considerando.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mario Antonio Russo

e. 21/03/2024 N° 15338/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente EX-2023-117061315- -APN-DLEIAER#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone a quienes elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina.

Que el Decreto Nº 597/03, reglamentario de la Ley Nº 25.630, prevé el otorgamiento de excepciones a quienes demuestren resultados negativos mediante exámenes de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud.

Que la firma Molinos Río de la Plata S.A., con RNE 02-041985 ha solicitado la excepción para que el producto “Tapas para empanadas de hojaldre para horno, Marca: La Salteña, Nombre de fantasía: Tapas para empanadas hojaldradas” RNPA en trámite según expediente EX-2023-16157733, pueda ser elaborado con harina sin enriquecer de acuerdo a la Ley Nº 25.630 y su Decreto Reglamentario Nº 597/03.

Que la firma interesada realizó la presentación de un informe técnico con los ensayos de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud para el producto en cuestión, cuyo resultado demuestra que las propiedades sensoriales del alimento se ven afectadas cuando se incluye el núcleo vitamínico mineral requerido por la Ley N° 25630.

Que la Comisión de Asesoramiento, creada por el artículo 2º del Decreto Nº 597/2003, reglamentario de la Ley Nº 25.630, ha merituado los argumentos expuestos por el recurrente y ha emitido el informe de su competencia, informando que sugiere hacer lugar a la solicitud para el producto cuya excepción solicita.

Que la Ley N° 25.630 en su artículo 2º establece que el MINISTERIO DE SALUD, a través del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS, será el Organismo de control del cumplimiento de la ley.

Que del artículo 7º de dicha ley surge que su aplicación será función del MINISTERIO DE SALUD, ejerciéndola por sí o en colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de lo dispuesto por la Ley 25.630 y su decreto reglamentario.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Hácese lugar a la excepción al cumplimiento del artículo 3º de la Ley 25.630, solicitada por la firma Molinos Río de la Plata S.A., con RNE 02-041985 y domicilio constituido en la calle Bouchard 680 Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, autorizándola a elaborar, con empleo de harina sin enriquecer, de acuerdo con la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 597/03, el producto “Tapas para empanadas de hojaldre para horno, Marca: La Salteña, Nombre de fantasía: Tapas para empanadas hojaldradas” RNPA en trámite según expediente EX-2023-16157733, por las razones expuestas en el considerando.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mario Antonio Russo

e. 21/03/2024 N° 15335/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente EX-2024-26778825- -APN-DD#MS, la Ley N° 16.463, los Decretos Nº 9763 del 2 de diciembre de 1964 y Nº 1490 del 20 de agosto de 1992, la Disposición ANMAT N° 3686 del 24 de mayo de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Ley N° 16.463 quedan sometidos a su régimen y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten, las actividades de importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y las personas humanas o jurídicas que intervengan en dichas actividades.

Que el artículo 5° de la mencionada ley refiere que “Los medicamentos que se expendan al público en su envase deberán reunir las condiciones técnicas de identificación u otras que establezca la reglamentación. Esta determinará, asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los medicamentos, la condición de su expendio, que podrá ser: libre, bajo receta, bajo receta archivada y bajo receta y decreto”.

Que el artículo 35 del Decreto N° 9763/64, reglamentario de la Ley N° 16.463, establece que corresponde la condición de “Venta Libre” a aquellos medicamentos destinado a aliviar dolencias que no exigen en la práctica una intervención médica y que, además, su uso, en la forma, condiciones y dosis previstas no entraña, por su amplio margen de seguridad, peligros para el consumidor.

Que por Decreto Nº 1490/1992 se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con un régimen de autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación, con competencia, entre otras materias, en todo lo referido a el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana, asumiendo las funciones establecidas por la ley de medicamentos. (cfr. artículo 3° inciso a) y artículo 4°).

Que en tal sentido la ANMAT, mediante la Disposición N° 3686/11 estableció los “Requisitos mínimos para solicitar la condición de venta libre de una especialidad medicinal”, reuniendo los criterios de orden técnico, que se encuentran sustentados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Comunidad Europea.

Que, a propuesta de la ANMAT, esa Administración solicita la intervención de esta jerarquía a efectos de analizar la conveniencia de someter a un procedimiento de revisión de la normativa aquí citada.

Que, en tal sentido, se considera necesaria la revisión y propuesta de modificación de la condición de venta de las especialidades medicinales de probada calidad, seguridad y eficacia, que, a través de la permanencia en el mercado nacional bajo la condición de venta bajo receta, al menos durante los últimos cinco años, han probado la ausencia de efectos adversos graves; tanto como el manejo sin riesgos por parte de los usuarios – pacientes.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Encomiéndase a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica la revisión de la condición de venta - cuando corresponda - de las especialidades medicinales, pudiendo declarar de venta libre a aquellos de probada calidad, seguridad y eficacia, que a través de la permanencia en el mercado nacional bajo condición de venta bajo receta, al menos durante los últimos 5 años, han probado la ausencia de efectos adversos graves, que afectaren el balance riesgo-beneficio.

ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mario Antonio Russo

e. 21/03/2024 N° 15332/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-12236694- -APN-DGDYL#MI, la Ley de Ministerios N° 22.250 (T.O. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N° 1035/18 establece que los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados podrán solicitar al Presidente de la Nación o al Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, la cobertura transitoria de cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.

Que el artículo 3° del referido decreto, faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas, debiendo notificarse la prórroga a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el artículo 4°, inciso b, punto 9, de la Ley de Ministerios N° 22.250 (T.O. Decreto N° 438/92) establece que son funciones de los Ministros, entre otras, resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten y, adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia.

Que por su parte, el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), prevé que el Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior.

Que considerando los cambios en el Organigrama de la Administración Nacional y teniendo en cuenta la necesidad de racionalizar la organización y sus trámites y, al mismo tiempo, garantizar los principios del procedimiento administrativo de eficacia, economía y sencillez, resulta conveniente delegar en el Titular de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de esta Cartera de Estado la facultad de prorrogar las designaciones transitorias oportunamente dispuestas.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 4° -inciso b) punto 9-, 14° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y 2° del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017).

Por ello,

EL MINISTRO DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Delégase en el Titular de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA la facultad de prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Guillermo Francos

e. 21/03/2024 N° 15085/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2023-144815603- -APN-DGAYF#MAD, las Leyes Nros. 23.724, 23.778, 24.040, 24.167, 24.418, 25.389 y 26.106, el Decreto Nº 1609 de fecha 17 de noviembre de 2004, la Resolución Nº 15 de fecha 29 de enero de 2024 del MINISTERIO DEL INTERIOR, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las Leyes Nros 23.724 y 23.778, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO -ratificado el 18 de enero de 1990-, y el PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO -ratificado el 18 de septiembre de 1990-, respectivamente.

Que el CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO establece que las partes tomarán las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones del convenio y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modifcar la capa de ozono.

Que por su parte, el PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO establece plazos, límites y restricciones a la fabricación, comercialización y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAOs).

Que asimismo, a través de las Leyes Nros. 24.167, 24.418, 25.389 y 26.106, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó las Enmiendas de LONDRES, COPENHAGUE, MONTREAL y BEIJING al PROTOCOLO DE MONTREAL, acordadas en la segunda, cuarta, novena y onceava Reunión de las Partes del PROTOCOLO DE MONTREAL, respectivamente.

Que mediante la Ley Nº 24.040, de la cual actualmente este Ministerio es autoridad de aplicación, la REPÚBLICA ARGENTINA reguló internamente el control de producción, utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono.

Que la Ley Nº 24.040 fue reglamentada por el Decreto Nº 1609/04, mediante el cual, entre otras cosas, se creó el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO) y se estableció un Sistema de Licencias de Importación y Exportación de las sustancias controladas.

Que con fecha 20 de febrero de 2020 entró en vigencia para la REPUBLICA ARGENTINA la ENMIENDA DE KIGALI al PROTOCOLO DE MONTREAL, la cual incorpora a los Hidrofluorcarbonos (HFCs) como sustancias controladas.

Que por la Resolución Nº 15/24 del MINISTERIO DEL INTERIOR, se aprobaron normas complementarias al Decreto Nº 1609/04 en cuanto al sistema de licencias y se estableció el sistema de reparto de las cuotas de importación.

Que atento a lo establecido por la resolución citada en el considerando precedente, corresponde adjudicar las cuotas de importación de sustancias controladas y determinar la cantidad máxima para importadores nuevos o eventuales.

Que con relación a las sustancias controladas comprendidas en el Anexo C Grupo I R-22 (HCFC-22) del PROTOCOLO DE MONTREAL, han solicitado cuotas de importación las empresas, GIACOMINO S.A., ANSAL REFRIGERACIÓN S.A., REFRIGERACIÓN OMAR S.R.L., URIARTE TALDEA S.A., QUÍMEX SUDAMERICANA S.A., IAFE MEOD S.R.L., DPMG S.A y THE CHEMOURS COMPANY S.R.L.

Que con relación a las sustancias controladas comprendidas en el Anexo C Grupo I R-123 (HCFC-123) del PROTOCOLO DE MONTREAL, han solicitado cuotas de importación las empresas MELISAM S.A. y THE CHEMOURS COMPANY S.R.L.

Que con relación a las sustancias controladas comprendidas en el Anexo C Grupo I R-124 (HCFC-124) del PROTOCOLO DE MONTREAL ninguna empresa ha solicitado cuota de importación.

Que con relación a las sustancias controladas comprendidas en el Anexo C Grupo I R-141b (HCFC-141b) del PROTOCOLO DE MONTREAL, han solicitado cuotas de importación las empresas GIACOMINO S.A., ANSAL REFRIGERACIÓN S.A., QUÍMICA DEL CAUCHO S.A., BASF ARGENTINA S.A., URIARTE TALDEA S.A., QUIMEX SUDAMERICANA S.A., POCHTECA ARGENTINA S.A., DPMG S.A. y THE CHEMOURS COMPANY S.R.L.

Que con relación a las sustancias controladas comprendidas en el Anexo C Grupo I R-142b (HCFC-142b) del PROTOCOLO DE MONTREAL, ha solicitado cuota de importación la empresa QUIMEX SUDAMERICANA S.A.

Que con relación a las sustancias controladas comprendidas en el Anexo F (HFC) del PROTOCOLO DE MONTREAL, han solicitado cuotas de importación las empresas GIACOMINO S.A., ANSAL REFRIGERACIÓN S.A., LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L., QUÍMICA MONTPELLIER S.A., REFRIGERACIÓN OMAR S.R.L., BELLINI HNOS. S.R.L., FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A., URIARTE TALDEA S.A., FORD ARGENTINA S.C.A., QUÍMEX SUDAMERICANA S.A., MAXXON S.A., HAIAKEM S.A., IAFE MEOD S.R.L., DENVER FARMA S.A., DPMG S.A., y THE CHEMOURS COMPANY S.R.L.

Que a fin de adjudicar las cuotas para cada sustancia controlada y para el período de control correspondiente al año 2024, se han tenido presentes los cupos establecidos en el citado artículo 14 de la Resolución Nº 15/24 del MINISTERIO DEL INTERIOR, la cantidad de interesados en obtenerlas, las cantidades solicitadas por ellos, así como también, el registro histórico de los peticionantes.

Que a fin de establecer la cantidad máxima que podrán importar los importadores nuevos o eventuales se han tenido presentes las cantidades adjudicadas a los importadores con registro histórico.

Que el servicio jurídico permanente del organismo ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y el Decreto N° 1609 de fecha 17 de noviembre de 2004.

Por ello,

EL MINISTRO DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Adjudícanse las cuotas de importación de sustancias controladas, en el marco del Decreto Nº 1609 de fecha 17 de noviembre de 2004 y la Resolución Nº 15 de fecha 29 de enero de 2024 del MINISTERIO DEL INTERIOR, correspondientes al año 2024, las cuales se detallan en el Anexo I Nº IF-2024-12828577-APN-SCCDSEI#MAD que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Establécense las cantidades máximas que podrán importar los importadores nuevos o eventuales durante el período 2024, las cuales se detallan en el Anexo II Nº IF-2024-12904488-APN-SCCDSEI#MAD que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia el 1° de enero 2024.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Guillermo Francos

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/03/2024 N° 15086/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-151369759-APN-DGAYF#MAD, las Leyes N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, 23.724, 23.778, 24.040, 24.167, 24.418, 25.389 y 26.106, los Decretos Nros. 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. 2017), 1609 de fecha 17 de noviembre de 2004, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y la Resolución N° 15 de fecha 29 de enero de 2024 del MINISTERIO DEL INTERIOR, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las Leyes Nros. 23.724 y 23.778, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO y el PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, ratificados el 18 de enero de 1990 y el 18 de septiembre de 1990, respectivamente.

Que el PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO establece plazos, límites y restricciones a la fabricación, comercialización y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAOs).

Que asimismo, a través de las Leyes N° 24.167, 24.418, 25.389 y 26.106, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó las Enmiendas de LONDRES, COPENHAGUE, MONTREAL y BEIJING al PROTOCOLO DE MONTREAL, acordadas en la Segunda, Cuarta, Novena y Onceava Reunión de las Partes del PROTOCOLO DE MONTREAL, respectivamente.

Que con fecha 20 de febrero de 2020 entró en vigencia la Enmienda de KIGALI para la REPÚBLICA ARGENTINA. El día 22 de noviembre de 2019 ARGENTINA depositó el instrumento de ratificación en la Sección de Tratados de las Naciones Unidas, el cual entró en vigor el 20 de febrero de 2020.

Que mediante la Ley N° 24.040, de la cual actualmente este MINISTERIO DEL INTERIOR es autoridad de aplicación, la REPÚBLICA ARGENTINA reguló internamente el control de la producción, utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono.

Que la Ley N° 24.040 fue reglamentada parcialmente mediante el Decreto N° 1609/04 por el que, entre otras cosas, se creó el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO) y se estableció un Sistema de Licencias de Importación y Exportación de las sustancias controladas.

Que la normativa precitada estableció en su artículo 5° que quienes importen y/o exporten sustancias controladas deberán solicitar a la Autoridad de Aplicación una autorización de importación/exportación. Esta autorización se denominará “Licencia de Importación” o “Licencia de Exportación”, según el caso.

Que asimismo, el artículo 8° del Decreto N° 1609/04 establece que el cupo de sustancias controladas será distribuido y adjudicado anualmente por la Autoridad de Aplicación en cuotas intransferibles.

Que por la Resolución N° 15/24 del MINISTERIO DEL INTERIOR, se complementó el Decreto N° 1609/04.

Que por el artículo 7° del Decreto N° 8 de fecha 10 de diciembre de 2023, se dispuso que los compromisos y obligaciones asumidos por el ex MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y por el ex MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES estarán a cargo del MINISTERIO DEL INTERIOR, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes.

Que el artículo 17, inciso 24, del decreto antes mencionado, dispone que compete al MINISTERIO DEL INTERIOR ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia.

Que el Decreto N° 33 de fecha 8 de enero de 2024, modificó el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, aprobando el actual organigrama y los objetivos de las unidades organizativas del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que el Anexo I del Decreto N° 33/24 en sus apartados 3 y 27 establece que la SECRETARÍA DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES tiene entre sus objetivos el de asistir al MINISTRO DEL INTERIOR en el control y fiscalización ambiental y en la prevención de la contaminación, así como intervenir en lo relativo al alcance y aplicación normativa inherente al ámbito de su competencia.

Que el mismo Anexo antes citado incluye entre los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE, en sus apartados 1 y 11, participar en el ámbito de su competencia en el control y fiscalización ambiental y en la prevención de la contaminación, así como asistir a la Secretaría en la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y demás normas y Convenios que regulan la materia.

Que conforme lo dispone el artículo 4°, inciso b), punto 9, de la Ley de Ministerios N° 22.250 (T.O. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, los Ministros se encuentran facultados para resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten y, adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia.

Que el artículo 14 de la Ley de Ministerios N° 22.250 (T.O. Decreto N° 438/92) establece que los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivos Departamentos en los funcionarios que determinen conforme con la organización de cada área; sin perjuicio del derecho de los afectados a deducir los recursos que correspondan.

Que por su parte, el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), prevé que el Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación y órganos directivos de Entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior.

Que considerando los cambios en el Organigrama de la Administración Nacional y teniendo en cuenta la necesidad de racionalizar la organización y sus trámites y, al mismo tiempo, garantizar los principios del procedimiento administrativo de eficacia, economía y sencillez, resulta conveniente delegar en el Titular de la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE ciertas facultades atinentes al régimen normativo aplicable a la producción, utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono.

Que asimismo, corresponde aclarar que las previsiones de este acto modifican -en lo pertinente- las previsiones de la Resolución N° 15/24 del MINISTERIO DEL INTERIOR, en cuanto se refiere a la autoridad competente para dictar los actos administrativos incluidos en el Anexo de la presente resolución.

Que la SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE y la SECRETARÍA DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES han tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 4° -inciso b) punto 9-, 14° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y 2° del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017).

Por ello,

EL MINISTRO DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Deléganse en el titular de la SUBSECRETARIA DE AMBIENTE, dependiente de la SECRETARIA DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES, las facultades consignadas en el Anexo N° IF-2024-27249637-APN-SSA#MI, que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el Anexo aprobado en el artículo anterior modifica las disposiciones pertinentes de la Resolución N° 15 de fecha 29 de enero de 2024 del MINISTERIO DEL INTERIOR, en cuanto se refiere a la autoridad competente para dictar los actos administrativos detallados en dicho Anexo.

ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Guillermo Francos

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/03/2024 N° 15088/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2024-00622477- -AFIP- DECNRE#SDGREC y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N° 4.172, sus modificatorias y complementarias, estableció las fechas de vencimiento general de determinadas obligaciones tributarias para el año 2018 y siguientes, en función de la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de los contribuyentes y/o responsables.

Que la Resolución General N° 4.659, sus modificatorias y complementarias, dispuso la forma, los plazos y las demás condiciones para la declaración e ingreso del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) establecido por la Ley Nº 27.541 y sus modificaciones.

Que por razones de administración tributaria resulta necesario establecer, con carácter de excepción, el 25 de marzo de 2024 como fecha de vencimiento para cumplir con la determinación y/o el ingreso de ciertas obligaciones impositivas con vencimiento fijado originalmente para el 27 de marzo del corriente año.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y Recaudación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establecer, con carácter de excepción, el 25 de marzo de 2024 como fecha de vencimiento para la determinación y/o ingreso de las obligaciones tributarias con vencimiento fijado originalmente para el 27 de marzo del corriente año, conforme se detalla a continuación:

a) Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS). Ingreso de las percepciones practicadas entre los días 16 y 22 de marzo de 2024, ambas fechas inclusive -artículo 7° de la Resolución General N° 4.659, sus modificatorias y complementarias-.

b) Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. Ingreso de las sumas percibidas y/o del importe correspondiente al impuesto propio devengado, del período comprendido entre los días 16 y 22 de marzo de 2024, ambas fechas inclusive -artículo 3° de la Resolución General N° 2.111, sus modificatorias y complementarias-.

c) Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos. Ingreso del gravamen correspondiente a las localidades o boletos entregados entre los días 16 y 22 de marzo de 2024, ambas fechas inclusive -artículo 3° de la Resolución General N° 5.239 y su complementaria-.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Florencia Lucila Misrahi

e. 21/03/2024 N° 15157/24 v. 21/03/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2024

VISTO el EX-2024-15576858- -APN-DPVYCJ#ANMAT;

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician a partir de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en referencia al producto rotulado como: “Aceite de Oliva extra virgen suave, marca: Don Matias del Valle, contenido neto 5 Lts., RNPA N° 13-061376, elaborado y fraccionado por RNE N° 13-005549, Bolivar 1202, Godoy Cruz, Mendoza”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Que el citado Instituto realizó una consulta en la base de datos pública del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA) y verificó que el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) exhibido en el rótulo del producto investigado corresponde a otra razón social, y que el número de Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) corresponde a otro producto.

Que atento a ello, el INAL notificó el Incidente Federal N° 3960 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del SIFeGA.

Que a su vez, y dado que el producto se publicita y promociona en plataformas de venta en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Comercio Exterior que evalúe las medidas a adoptar.

Que atento a lo anteriormente mencionado, el producto se halla en infracción a el artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros de establecimiento y de producto y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE perteneciente a otra razón social y un número de RNPA correspondiente a otro producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley 18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento.

Que, con relación a la medida sugerida, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 94 de fecha 27 de diciembre de 2023.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea, del producto: “Aceite de Oliva extra virgen suave, marca: Don Matias del Valle, RNPA N° 13-061376, elaborado y fraccionado por RNE N° 13-005549, Bolivar 1202, Godoy Cruz, Mendoza”; en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE perteneciente a otra razón social y un número de RNPA correspondiente a otro producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Se adjunta imagen del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-2024-16064703-APN-INAL#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Nelida Agustina Bisio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/03/2024 N° 15390/24 v. 21/03/2024

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES QUE NO REQUIRIERON APROBACIÓN LEGISLATIVA

Acuerdo de Complementación Económica N° 18 celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (AAP.CE/18.214) - Ducentésimo Décimo Cuarto Protocolo Adicional.

Celebración: Montevideo, 17 de diciembre de 2021.

Vigor: 15 de marzo de 2024.

Se adjunta copia de su texto

Santiago Javier Vazquez Montenegro, Director, Dirección de Tratados.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/03/2024 N° 15195/24 v. 21/03/2024

19/03/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos – Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la fecha que se indica.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:

www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA

Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/03/2024 N° 15337/24 v. 21/03/2024

19/03/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Unidad de vivienda actualizable por “ICC” - LEY 27.271 (“UVI”).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de la Unidad de Vivienda (UVI).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:

www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Unidad de Vivienda (UVI), serie diaria

Archivos de datos:

http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/uviaaaa.xls, donde aaaa indica el año. Referencias metodológicas:

http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.

http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasmet.pdf. Consultas: estadis.monyfin@bcra.gob.ar.

Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:

El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:

http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/03/2024 N° 15282/24 v. 21/03/2024

Se hace saber a los interesados en los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles en los términos del Art. 1013 inc. H) del Código Aduanero – Ley 22.415, lo siguiente: “Concepción del Uruguay… VISTO: Por no haberse presentado a estar a derecho ni a ofrecer pruebas. Considerándose como domicilio constituido a los efectos procesales en los estrados de ésta División Aduana de Concepción del Uruguay –Estrada Nº 4 - 3260 Concepción del Uruguay Entre Ríos- conforme Art. 1.004 del mismo texto legal. DECLARESE LA REBELDIA del/los imputado/s en los términos del Art. 1105 del Código Aduanero y el proceso seguirá su curso. Téngase por constituido domicilio a los efectos del presente Sumario en las Oficinas de esta División Aduana de Concepción del Uruguay, donde quedará/n notificado/s de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el Artículo Nº 1013 inc. g) del C.A. Firme que estuviere el presente pasen los autos a Despacho en los términos del Art. 1112 del C.A., previa intervención… en los términos del Artículo Nº 1040 del C.A.” NOTIFIQUESE…Fdo: Juez Administrativo de la División Aduana de Concepción del Uruguay FRANCIA ALCIDES JOSÉ.-

Alcides Jose Francia, Administrador de Aduana.

e. 21/03/2024 N° 15225/24 v. 21/03/2024