Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-19804280-APN-DGDMDP#MEC, la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 699 de fecha 25 de julio de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 70 de fecha 20 de diciembre de 2023, y la Resolución N° 21 de fecha 15 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, el Decreto N° 699 de fecha 25 de julio de 2018 y la Resolución Nº 21 de fecha 15 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, establecen el marco regulatorio aplicable a las Sociedades de Garantía Recíproca.

Que de acuerdo con el Artículo 42 de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, las autorizaciones para funcionar a nuevas sociedades de garantía recíproca deberán ajustarse a los procedimientos de aprobación que fija la autoridad de aplicación.

Que por otra parte, el Artículo 43 de dicha ley, establece que la Autoridad de Aplicación podrá revocar la autorización para funcionar a las Sociedades de Garantía Recíproca cuando no cumplan con los requisitos y/o disposiciones establecidas en la mencionada ley.

Que, en la actualidad, los requisitos y trámites para peticionar la autorización para funcionar para una nueva Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), están previstos en el Capítulo II del Anexo de la Resolución N° 21/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y sus modificatorias, puntualmente, en el inciso 4 del Artículo 8°, que estipula que: “(...) 4. Evaluada la presentación y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar la autorización definitiva (...)” para funcionar como SGR.

Que, en tal sentido, han sido oportuna y debidamente autorizadas para funcionar un total de CUARENTA Y NUEVE (49) Sociedades de Garantía Recíproca, cada una de las cuales presenta distintas características y una situación diferente en cuanto al Fondo de Riesgo, apalancamiento, garantías otorgadas y nivel de asistencia.

Que, de las CUARENTA Y NUEVE (49) sociedades autorizadas a funcionar, TRES (3) de ellas tienen suspendida la operatoria para el otorgamiento de nuevas garantías.

Que al inicio de la anterior gestión de gobierno, y en razón del estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social del país declarada, se consideró indispensable realizar un análisis de los requisitos exigibles para la incorporación de nuevas Sociedades de Garantía Recíproca, haciendo foco, fundamentalmente, en la necesidad, conveniencia y pertinencia de la norma vigente al respecto, considerando, por un lado, el estado del régimen en general y, por el otro, el impacto fiscal del mismo y las consecuencias fiscales que traería aparejado la incorporación de nuevas sociedades al mismo.

Que mediante la Resolución N° 22 de fecha 20 de abril de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, se suspendieron durante el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, los procedimientos tendientes a otorgar nuevas autorizaciones para el funcionamiento de Sociedades de Garantía Recíproca, incluyendo aquellos trámites de autorización ya iniciados.

Que la medida de suspensión fue prorrogada mediante la Resolución N° 108 de fecha 19 de octubre de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que dispuso ampliar el plazo del Artículo 1° de la Resolución N° 22/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y su modificatoria, por uno nuevo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del día 18 de octubre de 2021.

Que por el Artículo 2° de la Resolución N° 22/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y su modificatoria, se encomendó a la Dirección del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca dependiente de la Dirección Nacional de Financiamiento PyME de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y COMPETITIVIDAD PYME de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la realización de un análisis del impacto del régimen de Sociedades de Garantía Recíproca, con el objeto de evaluar, entre otros aspectos relevantes y de conformidad con los antecedentes de la medida, la adecuación de los requisitos exigidos normativamente para autorizar la constitución de nuevas sociedades.

Que, si bien las condiciones por las cuales se había dispuesto la primera suspensión se mantenían, en el caso de la prórroga de la misma se dispuso que la Dirección Nacional de Financiamiento PYME solicitaría la participación del Consejo Consultivo de Garantías creado por la Resolución N° 545 de fecha 10 de septiembre de 2021 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que, en cumplimiento de las instrucciones del Artículo 2° de la Resolución N° 108/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, la Dirección del Régimen de Sociedades de Garantías Recíproca realizó un análisis de impacto de algunas variables del Sistema y su cumplimiento normativo, conforme el IF-2022-33532121-APN-DNFP#MDP.

Que, en dicho informe, además, se dio cuenta de la intervención del Consejo Consultivo de Garantías antes mencionado, en la reunión realizada el 1° de diciembre de 2021, y de la nota recibida de la CÁMARA ARGENTINA DE SOCIEDADES Y FONDOS DE GARANTÍA (CASFOG) presentada el 17 de marzo de 2022, en la cual luego de ciertas precisiones, consideró oportuno que se prorrogara el plazo de suspensión previsto en la Resolución N° 108/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.

Que mediante la Disposición N° 2 de fecha 17 de octubre de 2022 de la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se extendió la suspensión hasta el día 31 de diciembre de 2022 inclusive.

Que, posteriormente, por la Disposición N° 177 de fecha 18 de mayo de 2023 de la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se suspendieron nuevamente los procedimientos tendientes a otorgar nuevas autorizaciones para el funcionamiento de Sociedades de Garantía Recíproca hasta el 29 de febrero de 2024. Sin embargo, la citada medida estableció que dicha suspensión no afectaría las solicitudes de autorización que se encontraban ya iniciadas y en trámite, a la fecha de la entrada en vigencia del acto administrativo.

Que las causales que dieron lugar a la decisión de suspender la tramitación de autorización de nuevas Sociedades de Garantía Recíproca, durante los lapsos de tiempo antes mencionados, no sólo continúan vigentes sino que, además, la situación económica y fiscal del país se ha visto agravada fuertemente, en particular, durante el último año.

Que mediante el Informe Técnico obrante como IF-2024-20067692-APN-DRSGR#MEC en el expediente de referencia, la Dirección del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca dependiente de la Dirección Nacional de Financiamiento PyME de la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, recomienda prorrogar la suspensión en cuestión hasta el 31 de diciembre de 2025.

Que, en primer lugar, entiende que el objetivo buscado originalmente con la suspensión de las tramitaciones de nuevas autorizaciones para funcionar fue realizar un análisis de los requisitos exigibles para la incorporación de nuevas Sociedades de Garantía Recíproca al Régimen, considerando, por un lado, el estado del régimen en general y, por el otro, su impacto fiscal y el que se adicionaría de incorporar nuevas sociedades al sistema.

Que si bien en los últimos años se ha avanzado en identificar las necesidades del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca y en modificar, en consecuencia, la norma aplicable de forma tal de facilitar el acceso al crédito dirigido a todas las MiPyMEs del territorio nacional, en el escenario de extraordinaria gravedad en materia económica que está experimentando nuestro país y la situación actual del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca a la que se hace referencia a continuación, se entiende que no resulta posible evaluar correctamente los lineamientos a incorporarse en la normativa aplicable en torno a la cuestión relativa a la aprobación de nuevas SGR.

Que, en segundo lugar, la citada Dirección en el Informe Técnico antes mencionado, expuso con detalle que el sistema de SGR, a la fecha cuenta con abundante capacidad ociosa, dado que: (a) comparando los montos de Fondo de Riesgo Integrado contra lo efectivamente autorizado para integrar, se concluye que el sistema cuenta con disponibilidad para la realización de aportes a los Fondos de Riesgo de las SGR por un monto total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 20.606.058.861) por parte de inversores (Socios Protectores) que se encuentren interesados en participar del Programa; (b) que recientemente, en el año 2023, fueron autorizadas a funcionar un total de CUATRO (4) nuevas SGR, cada una de ellas con un Fondo de Riesgo autorizado de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES ($ 2.330.000.000); (c) que del total de Sociedades autorizadas a funcionar, DIECISIETE (17) SGR mantienen un Índice de Solvencia con niveles inferiores a DOS (2) y que el promedio de todo el Sistema es de DOS CON DIECIOCHO CENTÉSIMAS (2,18), cuando las Sociedades pueden otorgar garantías por hasta un total de CUATRO (4) veces el Fondo de Riesgo Disponible.

Que, considerando dichos datos, la mencionada Dirección concluye que los indicadores previamente mencionados permiten arribar a la conclusión que el Sistema, con la cantidad actual de SGRs que lo conforman, tiene mucho potencial para seguir creciendo en número y volumen de garantías otorgadas y en cantidad de Micro, Pequeñas y Medianas empresas asistidas.

Que, en tercer lugar, la citada Dirección hace referencia a la cuestión del impacto fiscal que se produce con la autorización de nuevas sociedades de garantía recíproca, ya que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 79 de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, el beneficio impositivo para los Socios Protectores y Partícipes de las Sociedades de Garantía Recíproca se produce en el ejercicio fiscal en el cual los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo se efectivizan.

Que, en ese sentido, y conforme lo estipulado en el Artículo 15 del Anexo de la Resolución N° 21/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y sus modificatorias, con la autorización para funcionar se aprueba un Fondo de Riesgo autorizado de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES ($ 2.330.000.000), con el consiguiente impacto fiscal (según lo estipulado en el mencionado Artículo 79 de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones) automático en el ejercicio fiscal en el que cada inversor haga su aporte al Fondo.

Que esta cuestión debe ser especialmente considerada en el contexto actual, de público conocimiento, y considerando los lineamientos que ha fijado como norte el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en materia de déficit fiscal.

Que, en sintonía con lo explicado precedentemente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70 de fecha 20 de diciembre de 2023 se declaró la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Que, dicha medida plantea entre sus considerandos que la “REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico” y que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

Que también señala la necesidad de realizar “un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, y - al mismo tiempo- se requiere resolver la situación de los pasivos remunerados del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit”, aclarando también que “no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas y, como contrapartida, un programa general de desregulación de la economía...”.

Que, considerando lo expuesto en el informe previamente citado, esta autoridad comparte el criterio allí manifestado, siendo que no resulta razonable, oportuno ni conveniente, en este estado de situación autorizar la incorporación de nuevas sociedades al Régimen de SGRs, no sólo porque en este momento el sistema tiene capacidad ociosa como se describió anteriormente, sino además, porque la autorización de nuevas sociedades daría lugar al casi automático aumento del impacto fiscal del mismo.

Que, por todo lo expuesto, se considera conveniente dictar la presente medida a los efectos de suspender, a partir del 1° de marzo de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025, los trámites de autorización para funcionar de nuevas sociedades de garantía recíproca, incluyendo aquellos trámites de autorización ya iniciados.

Que, mediante el Decreto N° 451 de fecha 3 de agosto de 2022, se modificó la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificaciones), se transfirieron del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO al MINISTERIO DE ECONOMÍA, las unidades y organismos dependientes, las Empresas y Entes del Sector Público Nacional actuantes en su órbita, los créditos presupuestarios, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes y se estableció que el MINISTERIO DE ECONOMÍA es continuador a todos sus efectos del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, debiendo considerarse modificado por tal denominación cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en segundo término.

Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se establecieron los objetivos de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, entre los cuales se encuentran el de entender en la elaboración, propuesta y definición de políticas públicas y estudios dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores, en coordinación con las áreas con competencia en materia, así como asistir al/a la Ministro/a en la aplicación de las normas correspondientes a la Ley N° 24.467 y sus modificaciones.

Que a través del Artículo 1° de la Resolución N° 14 de fecha 29 de septiembre de 2022 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se encomendó a la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA el ejercicio de las funciones establecidas en el Título II de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, en la Resolución N° 21/21 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y sus modificatorias, y en toda normativa complementaria y concordante.

Que, no obstante ello, la presente medida se dicta en uso de las facultades de avocación estipuladas en el Artículo 3° de la Ley N° 19.549.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las competencias establecidas en la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, y en el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- SuspéndEnse, desde el 1° de marzo de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025, los procedimientos tendientes a otorgar nuevas autorizaciones para el funcionamiento de Sociedades de Garantía Recíproca, incluyendo aquellos trámites de autorización ya iniciados.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Alberto Pazo

e. 29/02/2024 N° 9743/24 v. 29/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-19911762-APN-DGDMDP#MEC, la Ley Nº 27.440, los Decretos Nros. 471 de fecha 17 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2021 y sus modificatorios, y las Resoluciones Nros. 209 de fecha 19 de diciembre de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, 5 de fecha 8 de marzo de 2019 de la ex SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, 338 de fecha 8 de julio de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 146 de fecha 23 de diciembre de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 138 de fecha 28 de diciembre de 2022, 49 de fecha 27 de febrero de 2023, 228 de fecha 29 de mayo de 2023, 269 de fecha 30 de junio de 2023, 322 de fecha 27 de junio de 2023, 430 de fecha 26 de septiembre de 2023 y 670 de fecha 29 de noviembre de 2023, todas de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que, bajo el Título “Impulso al Financiamiento de PyMEs”, la Ley N° 27.440 estableció el llamado Régimen de “Factura de Crédito Electrónica MIPyMEs” que tiene como objetivo mejorar las condiciones de financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la percepción anticipada de los créditos y de los documentos por cobrar, que puedan disponer en contra de sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes o la prestación de servicios a plazo.

Que, el Anexo I del Decreto N° 471 de fecha 17 de mayo de 2018, reglamentó el TÍTULO I de la Ley N° 27.440 referido al “Impulso al Financiamiento de PyMEs”.

Que, por el Artículo 2° del Decreto N° 471/18, se designó al ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN como Autoridad de Aplicación del Régimen de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, quedando facultado para delegar sus funciones en una dependencia con rango de Secretaría.

Que, por medio del Artículo 4º de la Resolución Nº 338 de fecha 8 de julio de 2020 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se delegó en la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del citado Ministerio, las facultades conferidas al ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN mediante el Artículo 2° del Decreto N° 471/18.

Que, el Artículo 23 de la Ley N° 27.440 faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, con carácter general, excepciones y exclusiones al Régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, modificar los plazos previstos y/o implementar un sistema equivalente que faculte a las empresas no comprendidas en el mismo a emitir documentos análogos a la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”.

Que, en uso de dichas facultades, a través del Artículo 1° de la Resolución N° 209 de fecha 19 de diciembre de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, se estableció que hasta el día 31 de diciembre de 2021, el plazo previsto en los Artículos 4°, 5° y 6° de la Ley N° 27.440, será de TREINTA (30) días corridos, modificándose así de modo temporario el plazo previsto en dicha ley para la cancelación y aceptación de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”.

Que, a fin de mantener la coherencia en el régimen, el Artículo 3° de la Resolución N° 5 de fecha 8 de marzo de 2019 de la ex SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, estableció hasta el día 31 de diciembre de 2021, el plazo de TREINTA (30) días corridos para efectuar el rechazo de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” previsto en el último párrafo del Artículo 8° de la Ley N° 27.440.

Que, por su parte, el Artículo 3° bis de la Resolución N° 5/19 de la ex SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA y sus modificatorias, dispuso que hasta el día 31 de diciembre de 2021, el Régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” no resultará aplicable respecto de los comprobantes originales (factura o recibo) emitidos por una Micro, Pequeña o Mediana Empresa a una “Empresa Grande” que sean cedidos en los términos del Artículo 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación antes de ser cancelados, rechazados o aceptados - expresa o tácitamente- por la destinataria de los mismos.

Que, mediante la Resolución N° 167 de fecha 18 de diciembre de 2020 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se decidió mantener los plazos excepcionales previstos en las antes mencionadas Resoluciones Nros. 209/18 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias y 5/19 de la ex SECRETARÍA DE SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA y sus modificatorias.

Que, mediante la Resolución N° 146 de fecha 23 de diciembre de 2021 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se estableció que desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2022, el plazo previsto en los Artículos 4°, 5° y 6° de la Ley N° 27.440, así como el establecido para efectuar el rechazo de una “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, sería de TREINTA (30) días corridos, mientras que desde el 1° de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, el plazo previsto en los Artículos 4°, 5° y 6° de la Ley N° 27.440, así como el establecido para efectuar el rechazo de una “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, es de VEINTICINCO (25) días corridos.

Que, mediante la Resolución N° 138 de fecha 28 de diciembre de 2022 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se estableció que desde el 1° de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2023, el plazo previsto en los Artículos 4°, 5° y 6° de la Ley N° 27.440, así como el establecido para efectuar el rechazo de una “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, sería de VEINTICINCO (25) días corridos.

Que, mediante la Resolución N° 49 de fecha 27 de febrero de 2023 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se estableció que desde el 1° de marzo de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023, el plazo previsto en los Artículos 4°, 5° y 6° de la Ley N° 27.440, así como el establecido para efectuar el rechazo de una “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, sería de VEINTICINCO (25) días corridos, mientras que a partir del 1° de abril de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023 dicho plazo fuese de VEINTIÚN (21) días corridos.

Que, asimismo, también se prorrogó el plazo por medio de las Resoluciones Nros. 228 de fecha 29 de mayo de 2023, 269 de fecha 30 de junio de 2023, 322 de fecha 27 de junio de 2023, 430 de fecha 26 de septiembre de 2023 y 670 de fecha 29 de noviembre de 2023, todas de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, hasta el día 29 de febrero de 2024.

Que, además, hasta esa misma fecha, el Régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” no es aplicable respecto de los comprobantes originales (factura o recibo) emitidos por una Micro, Pequeña o Mediana Empresa a una “Empresa Grande” que sean cedidos en los términos del Artículo 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación antes de ser cancelados, rechazados o aceptados -expresa o tácitamente- por su destinataria.

Que, de conformidad con los antecedentes relatados, a los fines del cumplimiento de los objetivos del Régimen, oportunamente, se decidió su implementación gradual lo que motivó la modificación de los plazos previstos en la Ley N° 27.440 para la cancelación, aceptación y rechazo de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” de conformidad con las facultades otorgadas por el Artículo 23 de la norma citada.

Que, en ese sentido, en las distintas ocasiones que se fue prorrogando el plazo, varias entidades han manifestado que el plazo de QUINCE (15) días corridos, resulta exiguo en razón del proceso de la factura de crédito electrónica y la necesidad de hacerse de los recursos necesarios para llevar dicha tarea a cabo, por lo que resulta imperioso mantener el término de VEINTIÚN (21) días corridos.

Que, debemos destacar que mediante la Ley de Ministerios - t.o. 1992 - y sus modificaciones, se establecieron entre las competencias del MINISTERIO DE ECONOMÍA, entender en la formulación de políticas y desarrollos de programas destinados a la promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el ámbito de su competencia.

Que, a su vez, el consecuente cambio de autoridades y a los fines de reducir los tiempos administrativos para simplificar, agilizar, y facilitar el procesamiento de las facturas de crédito electrónicas y que las empresas adecuen sus prácticas habituales y sistemas, resulta conveniente prorrogar hasta el 31 de octubre de 2024, el plazo previsto en los Artículos 4°, 5° y 6° de la Ley N° 27.440, así como el establecido para efectuar el rechazo de una “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, manteniéndose en VEINTIÚN (21) días corridos.

Que, por otro lado, resulta conveniente mantener hasta el 31 de octubre de 2024 el plazo para los supuestos de cesión de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” ya que permiten a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas el acceso a una forma adicional de financiamiento relacionada al factoraje tradicional previo a la conformación del título ejecutivo.

Que, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se establecen entre los objetivos de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el de programar y proyectar las actividades de las áreas bajo su competencia, para la mejora de los regímenes de promoción industrial y del desarrollo de proveedores en las cadenas de valor manufactureras, entender el análisis de los problemas de los diferentes sectores industriales, detectando las necesidades de asistencia financiera y tecnológica, entre otras, así como promover el fortalecimiento productivo, tanto a nivel sectorial como regional, entender la elaboración, propuesta y definición de políticas públicas y estudios dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores, en coordinación con las áreas con competencia en materia, entre otros.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 23 de la Ley N° 27.440, el Artículo 2° del Decreto N° 471/18, el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, y el Artículo 4º de la Resolución Nº 338/20 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que, desde el 1° de marzo 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, serán de VEINTIÚN (21) días corridos:

a) los plazos previstos en los Artículos 4°, 5° y 6° de la Ley N° 27.440, y

b) el plazo para efectuar el rechazo de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, previsto en el último párrafo del Artículo 8° de la Ley N° 27.440.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que hasta el día 31 de octubre de 2024, el Régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” no resultará aplicable respecto de los comprobantes originales (factura o recibo) emitidos por una Micro, Pequeña o Mediana Empresa a una “Empresa Grande” que sean cedidos en los términos del Artículo 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación antes de ser cancelados, rechazados o aceptados -expresa o tácitamente- por su destinataria.

ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1° de marzo de 2024.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Alberto Pazo

e. 29/02/2024 N° 9797/24 v. 29/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/01/2024

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2023-128126056-APN-DGD#MRE, la Carta de las NACIONES UNIDAS, aprobada por la Ley N° 12.838, el Decreto N° 1521 del 1° de noviembre de 2004 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 543 del 30 de noviembre de 2015 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 2688 del 27 de junio de 2023 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° del Decreto N° 1521/04 y su modificatorio, establece que las Resoluciones del CONSEJO DE SEGURIDAD que se adopten en el marco del Capítulo VII de la Carta de las NACIONES UNIDAS que decidan medidas obligatorias para los Estados Miembros, que no impliquen el uso de la fuerza armada, y conlleven sanciones, así como las modificaciones y la terminación de éstas, serán dadas a conocer por este Ministerio, a través de Resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.

Que asimismo, el Artículo 2° del Decreto citado en el considerando precedente, establece que en aquellos casos en que el CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las Resoluciones mencionadas en el Artículo 1° de dicho Decreto, este Ministerio, o a quien éste designe al efecto, dará a conocer los listados consolidados y sus eventuales actualizaciones, a través de su sitio web oficial y de publicaciones en el Boletín Oficial.

Que mediante la Resolución N° 1533 (2004) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, se estableció el Comité relativo a la situación en la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, adicionando dicha medida al régimen de sanciones creado por la Resolución N° 1493 (2003) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS.

Que mediante la Resolución N° 2688 (2023) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS se decidió prorrogar el régimen de sanciones relativo a la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES han tomado intervención en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el marco de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1521 del 1° de noviembre de 2004 y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase a conocer la Resolución N° 2688 (2023), del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, referida al régimen de sanciones relativo a la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, la que como Anexo registrado bajo el Informe N° IF-2023-128248085-APN-DOIN#MRE, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Dase a conocer la lista de personas y entidades del régimen de sanciones relativo a la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, la que como Anexo registrado bajo el Informe N° IF-2023-128313162-APN-DOIN#MRE, forma parte integrante de la presente resolución y obra, asimismo, en el sitio web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto N° 1521 del 1 de noviembre de 2004 y su modificatorio y comunicados a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL por la Dirección de Organismos Internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución N° 543 del 30 de noviembre de 2015 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Diana Mondino

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/02/2024 N° 9511/24 v. 29/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/01/2024

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2023-128113968-APN-DGD#MRE, la Carta de las NACIONES UNIDAS aprobada por la Ley N° 12.838, el Decreto N° 1521 del 1° de noviembre de 2004 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 543 del 30 de noviembre de 2015 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 2684 del 2 de junio de 2023, 2701 del 19 de octubre de 2023 ambas del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° del Decreto N° 1521/04 y su modificatorio, establece que las Resoluciones del CONSEJO DE SEGURIDAD que se adopten en el marco del Capítulo VII de la Carta de las NACIONES UNIDAS que decidan medidas obligatorias para los Estados Miembros, que no impliquen el uso de la fuerza armada, y conlleven sanciones, así como las modificaciones y la terminación de éstas, serán dadas a conocer por este Ministerio, a través de Resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.

Que asimismo, el Artículo 2° del Decreto citado en el considerando precedente establece que en aquellos casos en que el CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las Resoluciones mencionadas en el Artículo 1° de dicho Decreto, este Ministerio, o a quien éste designe al efecto, dará a conocer los listados consolidados y sus eventuales actualizaciones, a través de su sitio web oficial y de publicaciones en el Boletín Oficial.

Que mediante la Resolución N° 1970 (2011) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS se estableció el régimen de sanciones relativo al ESTADO DE LIBIA.

Que mediante las Resoluciones Nros. 2684 (2023) y 2701 (2023) ambas del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, se decidió prorrogar el régimen de sanciones relativo al ESTADO DE LIBIA.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES han tomado intervención de sus respectivas competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el marco de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1521 del 1° de noviembre de 2004 y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse a conocer las Resoluciones Nros. 2684 (2023) y 2701 (2023) ambas del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, referidas al régimen de sanciones relativo al ESTADO DE LIBIA, las que como Anexos registrados bajo el Informe N° IF-2023-128248812-APN-DOIN#MRE, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Dase a conocer la lista de personas y entidades del régimen de sanciones relativo al ESTADO DE LIBIA, la que como Anexo registrado en el Informe N° IF-2023-128312657-APN-DOIN#MRE, forma parte integrante de la presente resolución y obra, asimismo, en el sitio web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto N° 1521 del 1 de noviembre de 2004 y su modificatorio y comunicados a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL por la Dirección de Organismos Internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución N° 543 del 30 de noviembre de 2015 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Diana Mondino

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/02/2024 N° 9513/24 v. 29/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 19/01/2024

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2023-128111712-APN-DGD#MRE, la Carta de las NACIONES UNIDAS aprobada por la Ley N° 12.838, el Decreto N° 1521 del 1 de noviembre de 2004 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 543 del 30 de noviembre de 2015 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 2693 del 27 de julio de 2023 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° del Decreto N° 1521/04 y su modificatorio, establece que las Resoluciones del CONSEJO DE SEGURIDAD que se adopten en el marco del Capítulo VII de la Carta de las NACIONES UNIDAS que decidan medidas obligatorias para los Estados Miembros, que no impliquen el uso de la fuerza armada, y conlleven sanciones, así como las modificaciones y la terminación de éstas, serán dadas a conocer por este Ministerio, a través de Resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.

Que asimismo, el Artículo 2° del Decreto citado en el considerando precedente establece que en aquellos casos en que el CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las Resoluciones mencionadas en el Artículo 1° de dicho Decreto, este Ministerio, o quien éste designe al efecto, dará a conocer los listados consolidados y sus eventuales actualizaciones, a través de su sitio web oficial y de publicaciones en el Boletín Oficial.

Que mediante la Resolución N° 2127 (2013) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, se estableció el Comité para vigilar la aplicación de la sanción pertinente (embargo de armas) y para que realizara las tareas enunciadas en el párrafo 57 de la misma Resolución, y en los párrafos 30 y 32 de la Resolución N° 2134 (2014), respectivamente, el CONSEJO DE SEGURIDAD impuso una prohibición de viajar y una congelación de activos, todo relativo a la situación en la REPÚBLICA CENTROAFRICANA.

Que mediante la Resolución N° 2693 (2023) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, se decidió que las medidas de embargo de armas establecidas por la Resolución N° 2127 (2013) y los requisitos de notificación enunciados en el párrafo 1 de la Resolución N° 2648 (2022) dejarán de aplicarse al suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo y a la prestación de asistencia, asesoramiento y adiestramiento a las fuerzas de seguridad de la REPÚBLICA CENTROAFRICANA, incluidos los cuerpos civiles de seguridad del Estado, al tiempo que se prorrogó el embargo de armas para todos los demás actores relevantes, la prohibición de viajar y la congelación de activos hasta el 31 de julio de 2024 y el mandato del Grupo de Expertos hasta el 31 de agosto de 2024.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES han tomado intervención en el ámbito de sus competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha intervenido en el marco de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1521 del 1 de noviembre de 2004 y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase a conocer la Resolución N° 2693 (2023) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, referida al régimen de sanciones relativo a la situación en la REPÚBLICA CENTROAFRICANA, la que como Anexo registrado en el Informe N° IF-2023-128249219-APN-DOIN#MRE, forma parte integrante de la presente resolución

ARTÍCULO 2°.- Dase a conocer la lista de personas y entidades del régimen de sanciones relativo a la REPÚBLICA CENTROAFRICANA, la que como Anexo registrado en el Informe N° IF-2023-128312910-APN-DOIN#MRE, forma parte integrante de la presente resolución y obra, asimismo, en el sitio web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto N° 1521 del 1 de noviembre de 2004 y su modificatorio y comunicados a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL por la Dirección de Organismos Internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución N° 543 del 30 de noviembre de 2015 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Diana Mondino

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/02/2024 N° 9514/24 v. 29/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 27/02/2024

VISTO el Expediente EX-2024-15733836- -APN-DNSED#MSG, Ley N° 22.520 (t.o. Dec 438/92), Ley N° 20.655 y sus modificatorias, el Decreto N° 8 del 02 de enero de 2024, el Decreto N° 246 del 10 de abril de 2017; la Decisión Administrativa N° 335 del 09 de marzo de 2020 y la Resolución N° 354 del 19 de abril de 2017 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Dec 438/92), artículo 22 bis establece que le compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, y en particular, entender en el ejercicio del poder de policía interno.

Que el Decreto N° 8 del 02 de enero de 2024 sustituye el Anexo I – Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, Apartado XV, MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, a través de la SECRETARIA DE SEGURIDAD, entiende en el diseño, aplicación de políticas y estrategias para el control de la seguridad en espectáculos futbolísticos, generando competencias de prevención de la violencia en los mismos y coordinando las acciones necesarias con las áreas de la Jurisdicción competentes, como también en las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el Sistema Federal de la Seguridad en lo referente a los espectáculos deportivos y otros eventos masivos, desarrollando circuitos estratégicos para el accionar de las Fuerzas de Seguridad Federales y de las distintas áreas del Ministerio con otros organismos estatales.

Que la Ley N° 20.655 en su artículo 3°, inc. j) establece que el Estado, a través de los organismos competentes, deberá “velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos…”.

Que el Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655, introduce en nuestro ordenamiento legal la actualización de los lineamientos y preceptos de la seguridad en el fútbol, delegando en el MINISTERIO DE SEGURIDAD el diseño de medidas restrictivas de concurrencia a espectáculos futbolísticos a aquellas personas que considere capaces de generar un riesgo para la seguridad pública.

Que abordando el aspecto fáctico que sustenta la apertura de las presentes actuaciones, el mismo se origina por las incidencias acaecidas el día 3 de Febrero del año en curso, a las 16:30 horas aproximadamente, con motivo del espectáculo futbolístico disputado entre los equipos de Cañuelas y Midland en el estadio Jorge Alfredo Arín, ubicado en las calles San Juan y Uruguay de la Localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, por el Campeonato de Primera División B 2024 organizado por Asociación de Futbol Argentino.

Que conforme surge del Acta de Procedimiento labrada por el Comisario Daniel Pérez, el mismo arriba al estadio anteriormente mencionado y se dirige hacia el sector de la hinchada local ubicado en ese momento sobre la calle Uruguay donde se encuentra el portón de ingreso al estadio. Al abrir el portón observa que aproximadamente 100 simpatizantes del club local se encontraban sobre la cinta asfáltica divididos en dos facciones, y luego de unos minutos dichos grupos comienzan a confrontar entre sí propinándose golpes de puño, motivo por el cual se procede a cerrar el portón de ingreso y a realizar perímetro entremedio de los dos grupos de simpatizantes para disuadir la riña.

Que en esas circunstancias, personal policial consigue dispersarlos conforme surge del informe remitido.

Que, asimismo, un grupo de sujetos que se había ubicado sobre la calle Uruguay en dirección a la calle Salta, comienza arrojar piedras contra el personal policial. Ante esta situación, el grupo de apoyo departamental, juntamente con personal de la comisaría comienza a disuadir a los agresores no pudiendo lograr que los sujetos cesen con la violencia.

Que no cesando la violencia fuera del estadio, siendo aproximadamente las 17:00 horas, la sargento Romina Florentín, quien se encontraba en el portón del estadio ubicado en la calle San Juan custodiando dicho ingreso (del lado interior del estadio), comienza a ser increpada e insultada por un masculino que se encontraba visiblemente golpeado en el rostro, exigiéndole que le abriera el portón para salir hacia la calle donde estaba sucediendo la riña.

Que ante la negativa del personal policial de abrir dicho portón, explicándosele los motivos de dicha negativa (que hasta que no cesara la violencia fuera del estadio no tenían permitido liberar la salida de los simpatizantes a fin de evitar una escalada mayor del conflicto), el sujeto mencionado asume una conducta cada vez más violenta contra el personal policial.

Que por tal motivo se reduce a dicha persona y al momento de realizar el cacheo extracorpóreo sobre el mismo, se le encuentra un cuchillo “tramontina” y una tijera, elementos ambos que fueron incautados por prevención, procediéndose a la aprensión del mismo, trasladándoselo, previo control médico, a la Estación de Policía Comunal de Cañuelas Primera.

Que el agresor fue identificado como CARLOS RODRIGO AVALOS, D.N.I. N° 39.826.480, argentino de 29 años, de ocupación empleado, domiciliado en la calle Sarmiento N° 2503, de la Localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.

Que según surge del Acta de Procedimiento labrada a raíz de la incidencia, se efectúa consulta a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número Dos de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, recepcionando el llamado la Doctora Vanina Andrea Polifrone, a quien se le interioriza los pormenores de lo sucedido e indicando la misma que se notifique al detenido en los términos de los artículos 1 y 60 del CPP bajo el delito de “RESISTENCIA A LA AUTORIDAD”.

Que se constataron lesiones leves de varios efectivos policiales que se encuentran identificados en el acta mencionada.

Que el espíritu de la normativa en la materia es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos y se focaliza en acentuar la prevención en el desarrollo de un encuentro deportivo, resulta notorio que el propósito es neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que hayan merecido el reproche judicial o administrativo.

Que por estas consideraciones y atento los lineamientos en prevención de la seguridad vigentes, se evalúa pertinente la aplicación, al individuo arriba identificado, la figura de Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo en todo el territorio nacional por tiempo indeterminado, de acuerdo a las previsiones del artículos 2°, incisos a) y d) y art. 3° de la Resolución Nro. 354/17 y su modificatoria, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias, a partir de la fecha de la publicación de la medida en el Boletín Oficial.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y el artículo 7° del Decreto N° 246/17,

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aplíquese “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional por tiempo indeterminado a CARLOS RODRIGO AVALOS, D.N.I. N° 39.826.480, en los términos del Artículo 2°, incisos a) y d) y art. 3) de la Resolución N° 354/17 y su modificatoria, en función del art. 7° del Decreto N° 246/17.

ARTICULO 2°.- La presente medida entra en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich

e. 29/02/2024 N° 9595/24 v. 29/02/2024

SINTESIS: RESOL-2024-86-APN-SSN#MEC Fecha: 27/02/2024

Visto el EX-2017-30819870-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: Disponer la baja de la inscripción en el Registro de Productores Asesores de Seguros de las personas humanas incluidas en el Anexo IF-2024-06321389-APN-GAYR#SSN, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Fdo. Guillermo PLATE – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en https://kronos.ssn.gob.ar/ o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/02/2024 N° 9745/24 v. 29/02/2024

SINTESIS: RESOL-2024-88-APN-SSN#MEC Fecha: 27/02/2024

Visto el EX-2023-113796192-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: Disponer la baja de la inscripción en el Registro de Agentes Institorios de la entidad DRIDCO S.A.U. (CUIT N° 30-71024401-0 - Matrícula RAI Nº 321).

Fdo. Guillermo PLATE – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en https://kronos.ssn.gob.ar/ o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 29/02/2024 N° 9748/24 v. 29/02/2024