Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-18286404- -APN-SSIES#MCH, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2023- 8-APN-PTE del 10 de diciembre de 2023, el Decreto N° DECTO-2023-86-APN-PTE del 26 de diciembre de 2023, las Resoluciones del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° RESOL-2020-121-APN-MDS del 18 de marzo de 2020 y N° RESOL-2021-1868-APN-MDS del 29 de diciembre del 2021 y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que, en el ámbito del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL se creó, por la Resolución N° RESOL-2020-121-APN-MDS, el PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO - PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL– “POTENCIAR TRABAJO” que prevé la implementación de DOS (2) tipos de prestaciones: a) una prestación económica individual, de percepción periódica y duración determinada, denominada SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO, destinada a mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, cuya finalidad es contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias y promover el sostenimiento, fortalecimiento y sustentabilidad de las actividades que lleven a cabo y b) el otorgamiento de subsidios y/o créditos ministeriales a las Unidades de Gestión y/o Unidades de Gestión Asociadas, para la Ejecución de Planes de Actividades que permitan garantizar y promover la implementación, desarrollo y fortalecimiento de los proyectos socioproductivos, socio-laborales y sociocomunitarios que se ejecuten en el marco del programa.

Que por el Artículo 2° de la Resolución del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° RESOL-2021-1868-APN-MDS, se aprobaron los lineamientos generales, y acciones del PROGRAMA referido en el considerando que antecede, como ANEXO identificado como IF-2021-126061188-APN-UEPNISPYDLPT#MDS.

Que dicho Anexo, en su punto 7 establece los criterios de ingreso, permanencia y egreso de los titulares al PROGRAMA.

Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2023-8-APN-PTE del 10 de diciembre de 2023 se creó el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el cual tiene a cargo los compromisos y obligaciones asumidos por el entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por el entonces MINISTERIO DE CULTURA, por el entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por el entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y por el entonces MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

Que por el Decreto N° DECTO-2023-86-APN-PTE del 26 de diciembre del 2023, se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que, por otra parte, en fecha 25 de octubre de 2023, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior durante el período de vigencia de su prestación, dándose origen a la causa N° CFP 3749/2023 caratulada “N.N. s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” del registro de la Secretaría Nro. 2 del Juzgado Federal Nro. 1, con intervención de la Fiscalía Federal Nro. 5.

Que en fecha 22 de noviembre de 2023 la Fiscalía Federal Nro. 8 acumuló materialmente la causa N° CFP 3749/2023 a la causa N° CFP 4117/2022 y ordenó librar oficio al entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para que informe cuál era el área encargada del control de ingreso y permanencia al plan “Potenciar Trabajo”, tendiente a determinar quienes se encuentran cumpliendo los requisitos de compatibilidad e incompatibilidad para ser beneficiario del mismo, así como todos los datos personales y laborales de los responsables de dicha área, desde el día de creación del beneficio mencionado hasta la actualidad. Dicha solicitud fue reiterada con fecha 28 de diciembre de 2023.

Que con fecha 9 de enero del 2024, este Ministerio realizó presentación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se requirió autorización para el acceso a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los Beneficiarios del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”, a los fines de proceder a la suspensión del Beneficio oportunamente asignado por pérdida de la condición de vulnerabilidad social del titular, acreditada al momento del Ingreso a dicho programa.

Que en fecha 9 de enero del 2024 la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, cursó oficio autorizando el acceso a través de un dispositivo de almacenamiento informático/electrónico, a retirar la información existente a la fecha, sobre la “Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local – POTENCIAR TRABAJO”.

Que se procedió a acceder a la Base de Datos citada en el párrafo que antecede y se remitió a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO mediante Nota NO-2024-03470725-APN-MCH, y NO-2024-16842141-APN-SSL#MCH a los fines de analizar la información que de allí resulte con los siguientes parametros: 1) que el viaje haya sido mayor a 30 días a cualquier destino, y/o 2) que el viaje haya sido en avión o crucero y/o 3) que el destino del viaje haya sido fuera de la región de Latinoamérica, y se arbitren los mecanismos necesarios tendientes a proceder a la suspensión del beneficio oportunamente asignado, entendiendo que existe pérdida de la condición de vulnerabilidad social del titular, acreditada al momento del Ingreso a dicho programa.

Que, en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente el Señor SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANOsolicitó a la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA efectúe el cruce correspondiente a fin de establecer la existencia de posibles titulares del Programa POTENCIAR TRABAJO.

Que, como resultado de las acciones realizadas, la COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA remitió el Informe identificado como IF-2024-18393194-APN-CPESYP#MDS y su aclaratorio identificado como IF-2024-18531685-APN-CPESYP#MDS, los cuales arrojan la existencia de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UNO (22.501) titulares del mencionado Programa que han realizado movimientos migratorios.

Que, en función de lo anteriormente expuesto, esta instancia considera oportuno suspender por el término de TRES (3) meses a las personas que se encuentren en el listado acompañado en IF-2024-18393194-APN-CPESYP#MDS y que sean beneficiarios del Programa POTENCIAR TRABAJO, en el entendimiento que han perdido y/o modificado su condición de vulnerabilidad social como titular al momento del ingreso en dicho programa, conforme lo establecido en el punto 7.6 de los lineamientos aprobados por la Resolución N° RESOL-2021-1868-APN-MDS del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que conforme lo establecido en el Punto 7.4 de los lineamientos aprobados por la Resolución Nº RESOL-2021-1868-APN-MDS del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a partir del primer mes y durante el segundo mes de suspensión, el titular podrá presentar reclamo respaldado por documentación correspondiente, la cual será evaluada oportunamente por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta que el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario no se condice con el estado de alta vulnerabilidad social y económica que constituye el principio rector del mencionado Programa Potenciar Trabajo.

Que, cumplido el plazo de TRES (3) meses desde la suspensión, de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa.

Que la COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR ha tomado la intervención de su competencia y propicia el dictado de la presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la intervención que le compete.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Resolución N° RESOL-2021-1868-APN-MDS y el DECTO-2023-123-APN-PTE del 29 de diciembre de 2023, fundamentan el dictado de la presente medida.

Por ello,

EL SECRETARIO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Suspéndase por el término de TRES (3) meses, el pago del SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO a los VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UNO (22.501) titulares del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO - PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO”, identificados en el listado que como ANEXO (IF-2024-18393194-APN-CPESYP#MDS) acompaña a la presente medida, como así también de las establecidas en el punto 8 de la Resolución del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° RESOL-2021-1868-APN-MDS, con respecto al pago en el marco de los Regímenes, de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a notificar la presente medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Pablo María de la Torre

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 23/02/2024 N° 8453/24 v. 23/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-84765272- -APN-DGDAGYP#MEC del Registro de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N° 26.967, el Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, la Resolución N° RESOL-2018-1- APN-SECCYDT#MA de fecha 9 de enero de 2018 del ex - Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial a cargo de la ex - SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y RESOL-2022-13-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 22 de abril de 2022 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, establecido por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.

Que, en virtud de la mencionada normativa, se concede a los solicitantes el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo, exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece. Asimismo, y atento lo previsto por la Resolución N° RESOL-2022-13-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 22 de abril de 2022 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, corresponde establecer que a partir del 1 de enero de 2025, y en todos los casos, el envase de aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello, deberá ser inferior o igual a VEINTE KILOGRAMOS (20 kg.).

Que de conformidad con lo establecido por la mencionada Ley N° 26.967 y por la citada Resolución N° 392/05, las renovaciones sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.

Que, asimismo, por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.

Que por el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio aduanero que determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, la persona interesada debe presentar un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que, en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3° de la citada Ley N° 26.967.

Que por la Resolución N° RESOL-2018-1-APN-SECCYDT#MA de fecha 9 de enero de 2018 del ex - Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial a cargo de la ex - SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se aprobó el Protocolo de Calidad para “MANZANAS FRESCAS”.

Que la firma “GLOBAL FRESH S.A” (C.U.I.T. N° 30-53636746-9), con sede social en la Avenida Ing. Cipolletti N° 102, Ciudad de Cinco Saltos, Provincia de RÍO NEGRO, con Constancia de Habilitación de Establecimientos de Empaque N° Q-2829-a-F, emitida por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir al producto “MANZANAS FRESCAS”, comercializado mediante la marca: “GLOBAL”.

Que la peticionante ha cumplido con los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos por la citada Ley N° 26.967 y la mencionada Resolución N° 392/05, para la obtención del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así también ha acreditado el cumplimiento del Protocolo de Calidad para “MANZANAS FRESCAS” aprobado por la citada Resolución N° RESOL-2018-1-APN-SECCYDT#MA.

Que el área técnica de la SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA elaboró el informe correspondiente, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de Agricultura, Ganadería y Pesca de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma “GLOBAL FRESH S.A” (C.U.I.T. N° 30-53636746-9), con sede social en la Avenida Ing. Cipolletti N° 102, Ciudad de Cinco Saltos, Provincia de RÍO NEGRO, con Constancia de Habilitación de Establecimientos de Empaque N° Q-2829-a-F, emitida por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para distinguir al producto “MANZANAS FRESCAS” comercializado mediante las marcas “GLOBAL”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967, por las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias y RESOL-2018-1-APN-SECCYDT#MA de fecha 9 de enero de 2018 del ex - Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial a cargo de la ex - SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la Nota de “ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES” del referido Sello, que como Adjunto registrado con el N° IF-2023-140472074-APN-DGDAGYP#MEC forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El derecho de uso cedido por el Artículo 1° de la presente medida, se acuerda por el plazo de DOS (2) años contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en las muestras de rótulo y/o elementos de “packaging” del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como adjuntos registrados con los Nros. IF-2023-93782376-APN-DGDAGYP#MEC e IF-2023-93782501-APN-DGDAGYP#MEC, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Hácese saber a la firma “GLOBAL FRESH S.A”, la obligatoriedad del uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente, para aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados referidos en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del ex - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, a los efectos del reintegro adicional establecido por el Artículo 4° del Decreto N° 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016. Asimismo, y atento lo previsto por la Resolución N° RESOL-2022-13-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 22 de abril de 2022 de la ex - SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se establece que, a partir del 1 de enero de 2025, y en todos los casos, el envase de aquellos productos que cuenten con el derecho de uso del Sello, deberá ser inferior o igual a VEINTE KILOGRAMOS (20 kg.).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Fernando Vilella

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 23/02/2024 N° 8345/24 v. 23/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-117085272-APN-DLEIAER#ANMAT, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone a quienes elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina.

Que el Decreto Nº 597/03, reglamentario de la Ley Nº 25.630, prevé el otorgamiento de excepciones a quienes demuestren resultados negativos mediante exámenes de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud.

Que la firma Molinos Río de la Plata S.A., con RNE 02-041985 ha solicitado la excepción para que el producto “Tapas para pascualinas, Nombre de fantasía: Tapas para tarta - Balance, marca La Salteña” RNPA en trámite según Expediente N° EX-2023-13784034, pueda ser elaborado con harina sin enriquecer de acuerdo a la Ley Nº 25.630 y su Decreto Reglamentario Nº 597/03

Que la firma interesada realizó la presentación de un informe técnico con los ensayos de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud para el producto en cuestión, cuyo resultado demuestra que las propiedades sensoriales del alimento se ven afectadas cuando se incluye el núcleo vitamínico mineral requerido por la Ley N° 25630.

Que la Comisión de Asesoramiento, creada por el artículo 2º del Decreto Nº 597/2003, reglamentario de la Ley Nº 25.630, ha merituado los argumentos expuestos por el recurrente y ha emitido el informe de su competencia, informando que sugiere hacer lugar a la solicitud para el producto cuya excepción solicita.

Que la Ley N° 25.630 en su artículo 2º establece que el MINISTERIO DE SALUD, a través del INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS, será el Organismo de control del cumplimiento de la ley.

Que del artículo 7º de dicha ley surge que su aplicación será función del MINISTERIO DE SALUD, ejerciéndola por sí o en colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 25.630 y su decreto reglamentario.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Hácese lugar a la excepción al cumplimiento del artículo 3º de la Ley N° 25.630, solicitada por la firma Molinos Río de la Plata S.A., con RNE 02-041985 y domicilio constituido en la calle Bouchard 680 Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, autorizándola a elaborar, con empleo de harina sin enriquecer, de acuerdo con la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 597/03, el producto “Tapas para pascualinas, Nombre de fantasía: Tapas para tarta - Balance, marca La Salteña” RNPA en trámite según Expediente N° EX-2023-13784034”, por las razones expuestas en el considerando.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mario Antonio Russo

e. 23/02/2024 N° 8265/24 v. 23/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2023-149328441- -APN-GAYM#CNV, caratulado PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ MODIFICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS I A III DEL TÍTULO VI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.), lo dictaminado por la Subgerencia de Supervisión de Mercados, la Gerencia de Agentes y Mercados, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos en el mismo, siendo la Comisión Nacional de Valores (CNV) su autoridad de aplicación y control.

Que, en dicho marco, el artículo 19, inciso d), de la Ley Nº 26.831 establece como atribución de la CNV, llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización para funcionar de los Mercados, las Cámaras Compensadoras, los agentes registrados y las demás personas humanas y/o jurídicas que, por sus actividades vinculadas al Mercado de Capitales, y a criterio de la CNV queden comprendidas bajo su competencia.

Que, por su parte, el inciso g) del artículo citado faculta a la CNV a dictar las reglamentaciones que deben cumplir las personas humanas y/o jurídicas y las entidades autorizadas en los términos del referido inciso d), desde su inscripción hasta la baja del registro respectivo.

Que el artículo 1° de la Ley N° 26.831, erige entre sus objetivos y principios fundamentales, reducir el riesgo sistémico en los mercados de capitales mediante acciones y resoluciones tendientes a contar con mercados más seguros conforme las mejores prácticas internacionales, ello en consonancia con el artículo 19 inciso z) del mismo cuerpo legal, el cual establece que la CNV tiene atribuciones para evaluar y dictar regulaciones tendientes a mitigar situaciones de riesgo sistémico.

Que, en materia de prácticas internacionales, la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (IOSCO, por sus siglas en idioma inglés) es el organismo internacional que desarrolla, implementa y promueve el cumplimiento de estándares internacionalmente reconocidos para la regulación de valores y reúne a los reguladores de valores del mundo.

Que, en el mismo sentido, el COMITÉ DE PAGOS E INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO (CPMI, por sus siglas en idioma inglés) es un emisor de estándares internacionales que promueve, monitorea y recomienda sobre la seguridad y eficiencia de los pagos, compensación, liquidación y acuerdos relacionados, apoyando la estabilidad financiera y la economía en general.

Que, conjuntamente, los citados organismos publicaron en abril de 2012 los estándares internacionales para las INFRAESTRUCTURAS DE MERCADOS FINANCIEROS (IMF), a saber, sistemas de pago, depositarios centrales de valores, sistemas de liquidación de valores, contrapartes centrales y registros comerciales, reconocidos como “Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero” (PIMFs).

Que a través de los principios mencionados se: (i) establece que las “Infraestructuras de Mercado Financiero” (IMF) cumplen un rol crítico en el sistema financiero y en la economía en general, considerándose a los riesgos operacionales -en particular- como aquellos relacionados con las deficiencias en los sistemas de información o en los procesos internos, los errores humanos, los fallos de gestión o las perturbaciones derivadas de acontecimientos externos que provoquen la reducción, el deterioro o la interrupción de los servicios prestados por una IMF, pudiendo dichos fallos ocasionar retrasos, pérdidas, problemas de liquidez y, en algunos casos, riesgos sistémicos; y (ii) proporciona orientación a las IMF y a las autoridades competentes sobre la identificación, monitoreo, mitigación y administración de tales riesgos.

Que, en consecuencia, la comunidad financiera internacional considera a dichos principios esenciales para fortalecer y preservar la estabilidad financiera, comprometiéndose los miembros del CPMI e IOSCO a adoptar los mismos en consonancia con las expectativas del G20.

Que, posterior a su publicación, CPMI e IOSCO acordaron monitorear la implementación de los mismos en los países miembros del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en idioma inglés), estableciendo el Grupo Permanente de Monitoreo de la Implementación (IMSG, por sus siglas en idioma inglés) para diseñar, organizar y realizar las evaluaciones de monitoreo de la implementación.

Que, en este contexto, cabe destacar que la República Argentina es miembro del FSB, del mismo modo, que esta CNV es miembro ordinario de IOSCO, promoviendo la implementación de estándares internacionales de alto nivel, en pos de fortalecer sus facultades de supervisión para contribuir al desarrollo de un mercado de capitales federal, transparente, inclusivo y sustentable.

Que, persiguiendo el objetivo enunciado, la CNV ha iniciado un proceso tendiente a receptar en sus normas los aludidos principios y recomendaciones de CPMI-IOSCO en materia de IMF.

Que, en tal sentido, con la finalidad de mejorar la gestión sobre los riesgos cibernéticos y considerando que el nivel de respuesta a los incidentes de seguridad contribuye a conservar su capacidad operativa, mediante Resolución General N° 704 (B.O. 29-08-2017) se requirió a los Mercados, las Cámaras Compensadoras, los Agentes Depositario Central de Valores Negociables y los Agentes de Registro y Pago, la aprobación de “Políticas de Seguridad de la Información” elaboradas conforme los lineamientos de la norma ISO 27000 y la adopción de medidas, de resiliencia cibernética, siguiendo los lineamientos de la “Guía sobre la Resiliencia Cibernética para las Infraestructuras de Mercado Financiero” de CPMI– IOSCO.

Que, sumado a ello, con miras a robustecer a las IMF, mejorar la gestión de riesgos e incorporar herramientas para identificarlos conforme CMPI- IOSCO, esta CNV dictó la Resolución General N° 817 (B.O. 11-09-2019) tendiente a: (i) incrementar el patrimonio neto mínimo de los Mercados, Cámaras Compensadoras y Agentes Depositario Central de Valores Negociables; (ii) en relación a los fondos de garantía destinados a hacer frente a incumplimientos de los agentes en operaciones garantizadas, requerir su constitución con recursos propios de los Mercados y con aportes integrados por los Agentes de Liquidación y Compensación, disponiéndose, asimismo, el orden de afectación de los mismos y su organización bajo una estructura fiduciaria, o cualquier otra modalidad que resulte aprobada por la CNV; (iii) en lo que respecta a la administración de márgenes y garantías aplicable a las Cámaras Compensadoras y a los Mercados con funciones de Cámara Compensadora, disponer la constitución de determinados fondos de garantía específicos a los fines de limitar la exposición al riesgo de crédito frente a los Agentes; (iv) establecer para las Cámaras Compensadoras y los Mercados que cumplan funciones de Cámaras Compensadoras la exigencia de constituir un Comité de Riesgo, con el objeto de evaluar y proponer mejoras a las políticas de gestión y control de riesgos al sistema, así como asesorar al Directorio de la sociedad; y (v) disponer para las Cámaras Compensadoras y los Mercados con función de Cámara Compensadora la obligación de llevar a cabo “pruebas de tensión”, a los fines de evaluar la adecuación de los recursos financieros, estimar necesidades de liquidez y conocer el volumen de pérdidas que pueden sufrir.

Que, a afectos de continuar con el referido proceso de alineación de las normas de esta CNV a los mejores estándares internacionales de CMPI- IOSCO y contar con regulaciones compatibles con los PIMF, resulta propicio readecuar el marco normativo aplicable a los Mercados y a las Cámaras Compensadoras, incorporando disposiciones orientadas a la gestión integral de riesgos y a la divulgación de reglas, procedimientos y datos de mercado, en el Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos d), g), l), y) y z), 39 y 40 de la Ley N° 26.831.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 62 de la Sección XXVII del Capítulo I del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“CONTENIDO MÍNIMO.

ARTÍCULO 62.- Los Mercados deberán contar con una auditoría externa anual que brinde informes detallados y objetivos sobre su funcionamiento, los cuales deberán constar en el libro de actas del órgano de administración, y ser remitidos a la Comisión dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su aprobación por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (AIF).

La auditoría deberá informar, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a) La calidad de la gestión de riesgo.

b) La vigilancia de los participantes del Mercado.

c) La calidad de los controles internos.

d) La situación patrimonial, económica y financiera del Mercado.

En todos los casos, los informes deberán hacer saber acerca del cumplimiento de los principios y recomendaciones de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (IOSCO, por sus siglas en idioma inglés) y del COMITÉ DE PAGOS E INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO (CPMI, por sus siglas en idioma inglés) en la materia y lo exigido en el Capítulo III del presente Título”.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 11 BIS de la Sección IV del Capítulo II del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“COMITÉ DE RIESGO.

ARTÍCULO 11 BIS.- Las Cámaras Compensadoras y los Mercados que cumplan funciones de Cámaras Compensadoras, deberán contar con un Comité de Riesgo, el cual deberá estar integrado por al menos TRES (3) miembros titulares y TRES (3) miembros suplentes designados por el órgano de administración.

El Comité de Riesgo deberá dictar su propio reglamento interno, el cual regulará su funcionamiento y será aprobado por el órgano de administración de la Cámara Compensadora o el Mercado, según corresponda.

Serán de aplicación a las deliberaciones del Comité y a sus libros de actas las normas aplicables al órgano de administración.

El Comité será el encargado de: (i) evaluar y proponer mejoras a las políticas de gestión y control integral de riesgos conforme lo exigido en el Capítulo III del presente Título; y (ii) emitir y elevar a la aprobación por parte del órgano de administración del sujeto en cuestión, con periodicidad anual, un informe que abarque el relevamiento de las políticas y procedimientos de gestión de riesgos oportunamente establecidos por dicho órgano, su grado de cumplimiento, desvíos y propuestas de ajustes y/o mejoras a ser implementadas.

Dicho Comité será el encargado de asesorar al órgano de administración sobre todas las medidas que puedan afectar a la gestión integral de riesgos. Las actas de las reuniones así como los informes elaborados por el mismo deberán estar a disposición de la Comisión”.

ARTÍCULO 3°.- Sustituir el artículo 37 de la Sección XV del Capítulo II del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“CONTENIDO MÍNIMO.

ARTÍCULO 37.- Las Cámaras Compensadoras deberán contar con una auditoría externa anual que brinde informes detallados y objetivos sobre su funcionamiento, los cuales deberán constar en el libro de actas del órgano de administración, y ser remitidos a la Comisión dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su aprobación por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (AIF).

La auditoría deberá informar, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a) La calidad de la gestión de riesgo.

b) La vigilancia de los participantes de la Cámara Compensadora.

c) La calidad de los controles internos.

d) La situación patrimonial, económica y financiera de la Cámara Compensadora.

En todos los casos, los informes deberán hacer saber acerca del cumplimiento de los principios y recomendaciones de ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (IOSCO, por sus siglas en idioma inglés) y del COMITÉ DE PAGOS E INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO (CPMI, por sus siglas en idioma inglés) aplicables en la materia y lo exigido en el Capítulo III del presente Título”.

ARTÍCULO 4°.- Sustituir el artículo 1° de la Sección I del Capítulo III del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“REGLAS Y REQUISITOS GENERALES.

ARTÍCULO 1°.- En el marco de lo dispuesto en los artículos 32, 35 y 40 de la Ley N° 26.831, los Mercados y las Cámaras Compensadoras deberán establecer, con absoluta claridad, en qué casos y bajo qué condiciones garantizan el cumplimiento de las operaciones que se realicen o registren en sus ámbitos y en qué casos las mismas no cuentan con garantía por parte del Mercado y de la Cámara Compensadora en caso de utilizar los servicios de ésta.

Cuando garanticen el cumplimiento de las operaciones autorizadas por la Comisión, los Mercados y las Cámaras Compensadoras, desempeñarán el rol y funciones de contraparte central (CCP por sus siglas en inglés), debiendo observar la totalidad de los requisitos y procedimientos internos de actuación alineados a las mejores prácticas internacionales, según las recomendaciones y los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (IOSCO, por sus siglas en idioma inglés) y del COMITÉ DE PAGOS E INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO (CPMI, por sus siglas en idioma inglés), de acuerdo con lo previsto en el presente Capítulo y demás pautas específicas establecidas en los respectivos Capítulos del presente Título”.

ARTÍCULO 5°.- Sustituir el artículo 15 de la Sección V del Capítulo III del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

ARTÍCULO 15.- Los Mercados y las Cámaras Compensadoras, garantizando o no el cumplimiento de las operaciones autorizadas por la Comisión, deberán aplicar un marco de gestión integral del riesgo alineado a las mejores prácticas internacionales, según los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero de CPMI-IOSCO. Dicho marco deberá contemplar la implementación de un conjunto de objetivos, políticas, mecanismos, procedimientos, metodologías, normas internas y medidas diseñadas con la finalidad de identificar, medir, vigilar y gestionar potenciales eventos que puedan afectar a estos sujetos y/o impacten negativamente en las operaciones y servicios que prestan conforme sus funciones, estableciendo planes adecuados para su recuperación ordenada.

En el marco de la gestión integral del riesgo se deberán mitigar, como mínimo, los siguientes SEIS (6) Riesgos que enfrentan los Mercados y las Cámaras Compensadoras, conforme los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero de CPMI-IOSCO:

a) Riesgo General de Negocio: Contar con sistemas de control y gestión para identificar y gestionar los riesgos generales del negocio, manteniendo activos líquidos netos suficientes financiados a través de su patrimonio neto para cubrir posibles pérdidas generales del negocio de manera que pueda continuar operando y prestando servicios si dichas pérdidas se materializan, así como también disponer de un plan viable para obtener capital adicional en caso de que su patrimonio neto caiga por debajo de la cantidad mínima necesaria o se sitúe cerca de esa cantidad.

b) Riesgos Legales: Certeza de las relaciones jurídicas. Normas, procedimientos y contratos claros.

c) Riesgos de Mercado: Cálculo y exigencia de diferencias diarias y garantías. Definición de límites operativos. Procedimientos en caso de incumplimiento.

d) Riesgos de Crédito: Requisitos de acceso vinculados a la calidad crediticia y financiera de los participantes. Recursos financieros propios líquidos.

e) Riesgos de Liquidez: Acuerdos de liquidez, liquidez de los activos aceptados en garantía.

f) Riesgos Operacionales: Controles, procedimientos y sistemas que minimicen los potenciales riesgos operacionales tanto internos como externos, y mitigar su impacto a través del uso de sistemas, políticas, procedimientos y controles adecuados, mediante la implementación de planes de contingencia orientados a contribuir con la gestión de continuidad de negocio y la recuperación oportuna de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones, conforme lo exigido en la sección XII del Anexo I del presente capítulo.

El órgano de administración de los mencionados sujetos será el responsable de la aprobación, implementación, funcionamiento y control de la referida gestión integral de riesgos, debiendo observar los siguientes lineamientos mínimos:

1.- Fijar las políticas y procedimientos de gestión de riesgos que sean coherentes con los objetivos estratégicos y el marco regulatorio aplicable, debiendo evaluar la eficacia del conjunto de opciones de recuperación conforme a los resultados de dichos controles;

2.- Aprobar, revisar y/o actualizar con periodicidad anual, o con una mayor frecuencia si fuere necesario, las políticas y procedimientos de gestión integral de riesgos;

3.- Aprobar el informe anual emitido por el Comité de Riesgos;

4.- Tomar conocimiento y evaluar los reportes emitidos por las áreas con funciones de la gestión de los riesgos; y

5.- Implementar, aprobar y divulgar la correspondiente Autoevaluación Cuantitativa conforme los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero de CPMI-IOSCO y el marco de divulgación conforme lo dispuesto en la Sección VIII del presente Capítulo.

Las actas del órgano de administración deberán ser remitidas a esta Comisión a través del acceso correspondiente de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (AIF). En todos los casos, las políticas y procedimientos de gestión de riesgos aprobados e implantados deberán encontrarse a disposición de la Comisión”.

ARTÍCULO 6°.- Sustituir el artículo 20 de la Sección VII del Capítulo III del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 20.- El órgano de administración de los Mercados, Agentes Depositario Central de Valores Negociables, Cámaras Compensadoras y Agentes de Registro y Pago, deberá, antes del 1° de enero de 2018, aprobar las “Políticas de Seguridad de la Información” elaboradas conforme los lineamientos de la norma ISO 27000, según el Anexo del presente Capítulo, titulado “Ciberseguridad y Ciberresiliencia de las Infraestructuras Críticas del Mercado de Capitales””.

ARTÍCULO 7°.- Incorporar como Sección VIII y Sección IX del Capítulo III del Título VI de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:

“SECCIÓN VIII.

ESTRUCTURA DE BUEN GOBIERNO Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS.

ARTÍCULO 25.- Los Mercados –que cumplan funciones de Cámara Compensadora- y las Cámaras Compensadoras, cuando actúen como contraparte central (CCP por sus siglas en inglés) garantizado el cumplimiento de las operaciones autorizadas por la Comisión, deberán disponer de una estructura y mecanismos documentados de buen gobierno tendientes a fomentar la eficacia de sus procesos de gestión del riesgo y alineados a las mejores prácticas internacionales, según los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero de CPMI-IOSCO.

Dicha estructura y mecanismos deberán encontrarse contemplados en una sección o apartado específico dentro del Código de Conducta previsto en el Título de “Transparencia en el ámbito de la oferta pública” de estas Normas, y abarcar como mínimo: (i) líneas directas y claras de responsabilidad y rendición de cuentas, orientadas a promover la seguridad y la eficiencia de la propia contraparte central (CCP por sus siglas en inglés), así como también la estabilidad, integridad y sustentabilidad del mercado de capitales, contribuyendo a la reducción del riesgo sistémico y a una adecuada gestión de los riesgos; (ii) consideraciones de interés público pertinentes y los objetivos de las partes interesadas correspondientes, promoviendo la transparencia de la información; y (iii) un marco de divulgación comprensivo de reglas y procedimientos claros e integrales, proporcionando suficiente información para permitir que los participantes cuenten con un entendimiento preciso de los riesgos y aranceles involucrados, todo ello de conformidad con los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero de CPMI-IOSCO.

SECCIÓN IX.

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS QUE INTEGRAN LOS FONDOS DE GARANTÍA CON APORTES DE AGENTES MIEMBROS.

ARTÍCULO 26.- De conformidad con lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina en relación al cómputo de las exigencias de capital por riesgo de crédito de contraparte en operaciones autorizadas por esta Comisión y concertadas en segmentos de negociación garantizados con entidades de contraparte central, y su consideración como entidades calificadas (QCCP, por sus siglas en inglés), los Mercados y las Cámaras Compensadoras sólo brindarán información respecto a los activos y/o valores negociables que hubieran sido aportados a los Fondos de Garantía previstos en el artículo 16 del presente Capítulo, en un todo de acuerdo con lo previsto a continuación.

Dicha información únicamente deberá: (i) contener el detalle de los activos y/o valores negociables efectivamente aportados por aquellos Agentes registrados ante esta Comisión que revistan el carácter de entidades financieras autorizadas a actuar como tales en los términos de la Ley Nº 21.526, con sus modificatorias; y (ii) ser proporcionada al referido organismo de contralor y/o cada una de las mencionadas entidades financieras en su carácter de Agentes”.

ARTÍCULO 8°.- La presente Resolución General entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) y archívese.

Sonia Fabiana Salvatierra - Patricia Noemi Boedo - Roberto Emilio Silva

e. 23/02/2024 N° 8130/24 v. 23/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2024

I. VISTO las Leyes N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, y N° 22.315, el Decreto N° 1493/82, la Resolución General IGJ N° 7/2015 y su modificatorias, y las Resoluciones Generales IGJ N° 20/2004, su modificatoria Nº 21/2004 y las Resoluciones Generales IGJ Nº 2/2020, N° 5/2020 y Nº 6/2020; y

II. CONSIDERANDO:

1. Que, la Resolución General IGJ Nº 20/2004, bajo la invocación de que la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA posee facultades reglamentarias de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, y la tutela preventiva de los intereses de la propia sociedad, sus socios y terceros que pudieran verse dañados por el accionar de los administradores de la entidad, incorporó ciertos recaudos a los fines registrales y de fiscalización relativos a la garantía a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo, de la Ley General de Sociedades, que deberán prestar los directores de sociedades anónimas —art. 2º de dicha resolución general— y los integrantes de los órganos de administración de las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita por acciones —art. 4º de la mencionada resolución general—.

2. Que, tras destacar la ineficacia práctica de la garantía de los directores hasta el dictado de la resolución referida, derivada fundamentalmente — a juicio del organismo— de su irrisoria entidad económica y de la carencia de cualquier control posterior tendiente a su adecuación, dicha resolución general dispuso que la garantía debía consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad. Asimismo, impuso a cada director el costo de su contratación, y dispuso que en ningún caso podría constituirse mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.

3. Que, como consecuencia de dicha disposición, la modalidad adoptada para cumplir con el referido recaudo en casi la totalidad de los casos fue la contratación de un seguro de caución con alguna de las compañías aseguradoras que ofrecen esa modalidad de garantía en el mercado.

4. Que, más allá de los buenos propósitos perseguidos por la normativa, no parece advertirse que lo dispuesto por la norma dictada haya significado un beneficio efectivo para aquellos a quienes se pretendía proteger.

5. Que, el recaudo relativo a la garantía de los directores de sociedades anónimas y gerentes de sociedades de responsabilidad limitada —artículos 256 y 157, de la Ley N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias— se incorporó posteriormente como art. 75 en la Resolución General IGJ Nº 7/2005 y luego en el art. 76 de la Resolución General IGJ Nº 7/2015 con algunas modificaciones en cuanto a sus límites mínimo y máximo.

6. Que, originariamente, el monto de la garantía se fijó uniformemente en la suma de pesos diez mil ($ 10.000) tanto para cada director de sociedades anónimas como así también para los gerentes de sociedades de responsabilidad limitada aunque, poco tiempo después, la Resolución General IGJ Nº 21/2004 admitió que, en el supuesto de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada con emprendimientos de reducida magnitud y con un capital social inferior al capital mínimo establecido para las de las sociedades anónimas —conforme a lo dispuesto por el art.- 186, párrafo 1º, de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias— el monto de la garantía podía ser no menor a pesos dos mil ($ 2.000) por cada gerente.

7. Que, la Resolución General IGJ Nº 7/2005 mantuvo los montos de la garantía determinando que su valor no podía ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social —en forma conjunta entre todos los titulares designados— y la Resolución General IGJ Nº 9/2015 estableció que, en ningún caso, la garantía podría ser inferior a pesos diez mil ($ 10.000) ni superior a pesos cincuenta mil ($50.000), por cada director o gerente.

8. Que, finalmente, la Resolución General IGJ Nº 15/2021 elevó los montos mínimo y máximo a la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000.-) y un millón ($ 1.000.000.-), respectivamente.

9. Que, por su parte —y en lo que a lo que a esta resolución respecta— la Resolución General IGJ N° 2/2020 derogó las disposiciones relativas a sociedades constituidas en el extranjero contenidas en la Resolución General IGJ Nº 6/2018 y restableció las contenidas en la redacción anterior de la Resolución General IGJ Nº 7/2015, agregando en su artículo 3º la obligación para los representantes de las sociedades constituidas en el extranjero inscriptas en el Registro Público en los términos de los artículos 118 párrafo 3º y 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, de constituir y mantener vigente una garantía equivalente al quíntuplo del capital mínimo establecido para las sociedades anónimas locales.

10. Que, la mencionada Resolución General Nº 2/2020, equiparó a los fines de la exigencia de la garantía a ser prestada por los representantes de sociedades constituidas en el extranjero inscriptas en los términos del art. 118, párrafo 3° de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, con la impuesta a los representantes de las sociedades constituidas en el extranjero e inscriptas en los términos del artículo 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias.

11. Que, como único y exclusivo argumento para la equiparación de la exigencia mencionada, este organismo invocó el art. 121 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, que asimila las obligaciones de los representantes de sociedades constituidas en el extranjero a las de los administradores de sociedades locales para cubrir las responsabilidades en las que pudieran incurrir dichos representantes.

12. Que, sin perjuicio de tal argumentación, la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, expresamente diferencia el régimen dispuesto para la inscripción y funcionamiento de las sociedades constituidas en el extranjero cuando las mismas desean estar habilitadas para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente —art. 118, inc 3º de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias — del de aquellas sociedades constituidas en el extranjero que sólo deseen constituir una sociedad en la República, o participar en una sociedad local ya constituida —art. 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias —.

13. Que, doctrina relevante coincide en que la inclusión del supuesto de la sociedad constituida en el extranjero para constituir o participar en sociedad local al que alude el artículo 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, tuvo por objeto concluir con las discrepancias existentes al momento de la sanción de dicho cuerpo normativo y determinar que la constitución de sociedad en la República no conformaba un acto que pudiera calificarse como “aislado” —véase Verón, Alberto, Sociedades comerciales. Ley 19550. Comentada, anotada y concordada, pág. 1187, comentario al artículo 123. 2da Edición Astrea 2007; Rovira, Alfredo, Reflexiones acerca del régimen de las sociedades extranjeras que actúen en la República, Derecho Comercial, Sociedades, Doctrinas Esenciales, Tomo IV, 3; Vergara del Carril, Ángel D., Inaplicabilidad del art. 124 de la ley 19.550 a la sociedad extranjera registrada por el art. 123. El derecho, Diario 24-06-2004. Tomo 208, p 698; entre otros —.

14. Que, no existiendo objetivamente —entonces— equiparación entre los supuestos regulados por los arts. 118, párrafo 3º de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, que habilita a la sociedad constituida en el extranjero —se debe insistir— para realizar en el país actos propios de su objeto social en forma habitual, instalar sucursal, asiento o establecimiento permanente, con el contemplado en el art. 123 de dicho cuerpo legal, referido a la mera participación de aquellas sociedades en la constitución de sociedad en el país o a la participación en sociedades locales, hizo que el legislador distinguiera un caso del otro, regulando en forma autónoma ambos tipos de actuación.

15. Que, de lo regulado legislativamente, surge evidente que la diferencia entre ambos supuestos radica en que en un caso la sociedad constituida en el extranjero actúa en forma directa, respondiendo del mismo modo por su actuación en el país mientras que, en el otro, sólo actúa como socia o accionista de la sociedad local, siendo esta última la que desarrolla la actividad y quien actúa y responde por su desenvolvimiento con sujeción a la ley argentina —véase Vergara del Carril, Ángel D., Inaplicabilidad del art. 124 de la ley 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, a la sociedad extranjera registrada por el art. 123. El Derecho – Diario 24-06-2004. Tomo 208, p 698 —.

16. Que, en lo que se refiere específicamente a los requisitos para su inscripción, el art. 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias no exige a la sociedad constituida en el extranjero la fijación de un domicilio en la República —aunque el decreto 1493/1982 en su art. 27 inc c), de un modo reglamentario se lo imponga—, ni la publicación en el diario de publicaciones legales exigida para las sociedades por acciones, de responsabilidad limitada y aquellas de tipo desconocido que se inscriban conforme al artículo 118, párrafo 3º de dicho cuerpo legal; como así tampoco requiere a la sociedad constituida en extranjero justificar la decisión de crear la representación en el país y designar a la persona a cuyo cargo estará la misma —art. 118, párrafo 3º, inciso 3)—, sino simplemente inscribir a sus “… representantes legales…” juntamente con el contrato constitutivo y sus modificaciones.

17. Que, el supuesto previsto en el artículo 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, no se trata del establecimiento de una representación ni —por lo tanto— de la designación de un representante a su cargo, como ocurre con el caso regulado por el art. 118, párrafo 3º, sino que sólo se trata de inscribir la documentación en que se funda la representación legal, distinta de los estatutos y sus modificaciones —véase Boggiano, Antonio, Sociedades y Grupos Multinacionales, Depalma. 1985, p. 98—.

18. Que, asimismo, pueden mencionarse y destacarse otras diferencias que surgen de la propia ubicación de las normas en cotejo dentro de la Sección XV de la Ley General de Sociedades que regula a las Sociedades Constituidas en el Extranjero que hacen que ninguno de los artículos de la Ley Nº 19.550 (T.O.1984) y sus modificatorias, que se encuentran entre el art. 118 y el art. 123 resulten de aplicación a las sociedades previstas en el último artículo mencionado —123—. En efecto, ni el artículo 119 relativo a las sociedades de tipo desconocido en el país, ni el art. 120 sobre contabilidad —tanto la doctrina como la jurisprudencia son actualmente unánimes en cuanto a que la norma del artículo 120 es solo de aplicación a las sociedades del artículo 118, no sólo por su ubicación y redacción, sino por el hecho de que respecto de las sociedades inscriptas por el art. 123 la actividad en el país será desarrollada por la sociedad local, siendo esta la obligada a llevar contabilidad, no existiendo interés alguno en que la sociedad constituida en el extranjero lleve en el país contabilidad separada—, ni el art. 122 en cuanto al emplazamiento de la sociedad constituida en el extranjero —más allá de que jurisprudencialmente se haya admitido ocasionalmente la notificación a la sociedad constituida en el extranjero en cabeza del representante inscripto en los términos del art. 123— resultan aplicables. Tampoco es de aplicación el artículo 121 que equipara al representante de la sociedad constituida en el extranjero, en cuanto a su responsabilidad, con los administradores de sociedades locales porque, aunque el artículo 121 no aclare de un modo expreso si incluye o no a las sociedades a las cuales hace referencia el art. 123, la ubicación metodológica de la norma indica que no la abarca, como ocurre con los restantes supuestos mencionados—.

19. Que, como se ha expresado en el considerando anterior, los regímenes de los representantes del artículo 118, párrafo 3° y el del artículo 123 —ambos de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias— difieren porque se trata de situaciones disímiles. En el primer caso se trata de un mandatario cuya función es administrar la sucursal o la operación de la sociedad en el país —según sea el caso—; y en el segundo supuesto el mandatario se limita a participar en el acto de constitución o de adquisición de la participación societaria y —eventualmente— en las asambleas o reuniones de socios de la sociedad local, en representación de la sociedad constituida en el extranjero. No le corresponden —consecuentemente— las responsabilidades del administrador de la sociedad local bajo la aplicación de los arts. 59 y 274 y siguientes de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, sino las del mandatario y eventualmente la del socio de la sociedad local, sociedad ésta que —a su vez— cuenta con sus propios administradores, a los que corresponderán todos los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades establecidos por la ley.

20. Que, la mayoría de la doctrina atribuye al representante designado por la sociedad constituida en el extranjero que actuará en el país el carácter de mandatario y no el de un órgano de la sociedad constituida en el extranjero —véase Boggiano, Sociedades y grupos multinacionales p 99; Nissen, Ricardo A. Ley de Sociedades Comerciales – T 2, comentario al art. 121 pag 222. 3ra. Edición. Editorial Astrea 2010; Roca, Eduardo, La Inspección General de Personas Jurídicas y la representación de las sociedades extranjeras. La ley 2002-C, 959; Gagliardo, Mariano, Responsabilidad de los Directores de Sociedades Anónimas; tº I, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004, p. 259; Cabuli, Ezequiel. Aspectos de la representación de sociedades constituidas en el exterior. Revista del Notariado 890, pag 77, quien señala que Nissen enfatiza que “… “no existe en las disposiciones de los artículos 118 a 124 de la ley 19.550, norma alguna que permita concluir por el carácter ‘orgánico’ de la persona que estará a cargo, en la República Argentina, de una sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero […] efectuando una interpretación exegética de las normas que rigen la actuación local de las sociedades constituidas en el extranjero, nada permite concluir sobre el carácter orgánico de dicha representación…”; y Cesaretti, Oscar D., Responsabilidad de los representantes de sociedades extranjeras ante la legislación nacional, en supl. esp. Sociedades ante la IGJ, 2005 (abril), p. 118, entre otros; con opinión en contrario, es decir apoyando la tesis organicista de Benseñor, Norberto R., Facultades de los representantes de las sociedades constituidas en el extranjero, ponencia presentada al VII Congreso Argentino de Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario celebrado en Buenos Aires, septiembre de 1998, t. II, pp. 46/48 del tomo II de la edición de ponencias efectuada por la Cámara de Sociedades Anónimas y la Universidad Argentina de la Empresa, aunque referido específicamente al caso del art. 118 de la ley—. Ello más allá de que la actuación del representante de la sociedad constituida en el extranjero, en los términos del art. 123, como representante de la sociedad socia, pueda generar responsabilidades bajo el régimen del art. 254 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, frente a la sociedad y terceros o que su actuación pueda comprometer responsabilidad con los accionistas, responsabilidad ésta que no está contemplada en la garantía del artículo 256 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, ni en ninguna otra norma.

21. Que, doctrina relevante se ha ocupado de señalar que el representante correspondiente a la sociedad constituida en el extranjero que solicita su inscripción en los términos del art. 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, “… actuará en nombre de la sociedad en todo lo referido a la constitución de la sociedad en el país y en lo que al ejercicio de los derechos de socio se refiere […] No representa a la sociedad para negocios con terceros ni tampoco implica un establecimiento permanente en los términos del art. 118, párrafo 3º, a menos que, claro está, la casa matriz le otorgue además poder en tal carácter…” —véase Roitman, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales, comentada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006—.

22. Que, prueba de tal diferencia es que la jurisprudencia ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de este tema al advertir que la mera inscripción en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA de la documentación relativa a los representantes legales de una sociedad extranjera a los fines del art. 123 de la ley 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, no causa establecimiento de una representación permanente; por lo tanto aquéllas no pueden ser emplazadas en la persona de estos últimos en los términos del art. 122, inc. b) de dicho cuerpo legal. Enfatizando —a modo de ejemplo— que si una sociedad extranjera está inscripta en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA al solo efecto de integrar sociedades en la Argentina, el representante que tuvo que designar, sólo lo fue a los efectos de dicha inscripción en los términos del art. 123 de la ley societaria; por ende, dicho ente no puede ser citado a absolver posiciones en nuestro país a través de la persona del representante designado, ya que éste no está facultado para ello —véase 1° Instancia Comercial, Capital, Juzgado N°7, Secretaria N° 14. agosto 22-988.- “Velsicol Chemical Corporation c/ Gylor” .S.A., ED, 130-527—. Así como que ha dejado en claro que, a fin de interpretar el alcance del art. 122, inc. b) de la Ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, el cual permite que el emplazamiento en juicio de una sociedad extranjera sea efectuado en la persona de su representante en nuestro país, debe ser relacionado con el art. 118 del mismo cuerpo legal que enumera, respecto de las sociedades extranjeras que realizan habitualmente en nuestro país actos comprendidos en su objeto social y que han establecido sucursal, asiento u otra representación permanente, una serie de requisitos entre los que se encuentra el nombramiento de un representante, que debe ser debidamente instrumentado, efectuándose la inscripción registral del respectivo poder. Respecto de estas sociedades, su emplazamiento para estar en juicio podrá cumplirse —entonces— en la persona de dicho representante así designado y siendo necesario que la controversia verse sobre un negocio celebrado por intermedio de la representación existente en el país o que se trate de un acto celebrado por ésta —véase CNCiv., Sala F, setiembre 23-1986, “Editorial Claridad, S.A. c. Editorial Diana, S.A.”—.

23. Que, razonablemente, la ley equipara —entonces— al representante designado para estar a cargo de una sucursal, de un asiento, de un establecimiento permanente o de la propia sociedad constituida en el extranjero que se inscribe a los fines de desarrollar su actividad habitual en el país, con los administradores locales; y es por ese paralelo, que les puede resultar también equiparable la exigencia de la garantía establecida para aquéllos. Pero no existe similitud entre esta situación con el supuesto de los “… representantes legales…” a que alude el artículo 123 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias.

24. Que, finalmente, debe resaltarse que, al fijar la competencia de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, el artículo 3° de Ley Nº 22.315 en materia de sociedades constituidas en el extranjero solamente facultó al organismo para fiscalizar las que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente, y de la misma manera lo hace el artículo 8º de dicha ley.

25. Que, dentro de dichas facultades, la normativa señala la de controlar y conformar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 118 de la “Ley de Sociedades Comerciales” —hoy Ley General de Sociedades conforme a la Ley Nº 26.994— y determinar las formalidades a cumplir en el caso del artículo 119 de la Ley Nº 19,550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, y la de fiscalizar permanentemente el funcionamiento, la disolución y la liquidación de las agencias y sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y ejercer las facultades y funciones enunciadas en el artículo 7, incisos a), b), c), e) y f) de dicha norma legal.

26. Que, del hecho que la Ley Nº 22.315 legitime a este organismo para fiscalizar a las sociedades constituidas en el extranjero comprendidas en el art. 118, inciso 3º de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, que son aquellas que tienen actuación habitual en el país, o que han establecido en el mismo sucursal, agencia o asiento de negocios, no se deriva —de manera alguna— que se encuentre legitimado para fiscalizar también —en la misma medida— a las sociedades comprendidas en el art. 123 de dicha ley. Ello porque tal extensión de facultades no se expresa en la norma, y porque —además— no se le han asignado facultades reglamentarias específicas a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA en esta materia, ni se la ha instituido como autoridad de aplicación de la ley, así como tampoco cabe permitirse la asimilación —por vía de interpretación— de supuestos que la ley de fondo se ha encargado claramente de distinguir y diferenciar.

27. Que, del mismo modo, corresponde adecuar a estándares de equiparación respecto de las sociedades locales, los parámetros bajo los cuales se establece el criterio para determinar el monto de las garantías exigidas.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por los artículos 11 y 21 de la Ley N° 22.315 y lo reglado en el Decreto N° 1493/82,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 3° de la Resolución General IGJ Nº 2/2020 dictada el 20 de febrero de 2020 —con su enmienda dispuesta por Resolución General IGJ Nº 6/2020 del 26 de febrero de 2020, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°— Los representantes de sociedades constituidas en el extranjero inscriptas en el Registro Público con los alcances de los artículos 118, párrafo tercero, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, deberán constituir y mantener vigente, hasta la cancelación de su inscripción como representantes, con más un plazo adicional computado desde dicha cancelación que sea igual al de la prescripción liberatoria aplicable a acciones resarcitorias por responsabilidad civil, una garantía cuyas modalidades se regirán por lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 76 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 (“Normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA”), aplicándose el inciso 1º de dicha disposición en caso de pluralidad de representantes y/o designación de suplentes.

Los representantes de sociedades que soliciten inscripción y los reemplazantes de representantes cesantes deberán acreditar la constitución de la garantía, con la documentación pertinente adjuntada a la respectiva solicitud de inscripción de la sociedad o del nuevo representante según el caso. Los representantes en ejercicio al tiempo de la entrada en vigencia de esta resolución lo harán con la primera presentación que deba realizarse en cumplimiento del régimen informativo del artículo 237 o del artículo 251 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 (“Normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA”), según corresponda.

El monto de la garantía por cada representante será equivalente al sesenta por ciento (60%) del capital mínimo establecido para las sociedades anónimas constituidas en el país conforme al artículo 186 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, vigente a la fecha de presentación de la documentación que instruya la garantía, o al sesenta por ciento (60%) del capital asignado a la sucursal —en su caso— aplicándose los límites mínimo y máximo previstos el art. 76, inciso 4 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 (‘Normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA’).”

ARTÍCULO 2º.- Esta resolución se aplicará a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuníquese oportunamente a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas del Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese.

Daniel Roque Vitolo

e. 23/02/2024 N° 8267/24 v. 23/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2024

Visto el expediente EX-2024-17523042- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de 2020, 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 56 del 16 de diciembre de 2023 (DECNU-2023-56-APN-PTE) y 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que a través del artículo 37 de la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 2° del decreto 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE) y 1° del decreto 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.

Que en el artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, se dispone que las futuras suscripciones de títulos públicos cuya moneda de pago sea pesos se puedan realizar con instrumentos de deuda pública con igual moneda de pago, los que serán tomados al valor técnico calculado a la fecha de liquidación de cada una de las colocaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas mediante la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y sus modificatorias, y conforme lo determinen ambas secretarías, aclarando que tales operaciones, no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la ley 24.156 y sus modificaciones.

Que mediante el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado a través del artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de Economía.

Que, en ese marco, se ha considerado conveniente ofrecer a entidades del Estado Nacional con vencimientos relevantes en el mes de febrero de 2024, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por sus tenencias del “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento 28 febrero de 2024” (BONO DUAL TDF24), emitido originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta 39 del 28 de septiembre de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-39-APN-SH#MEC), la suscripción del “Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,80% vencimiento 9 de noviembre de 2025” (BONCER TX25), emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 18 del 19 de mayo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-18-APN-SH#MEC).

Que, en ese contexto, resulta necesario proceder a la ampliación de la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,80% vencimiento 9 de noviembre de 2025” (BONCER TX25).

Que la operación que se impulsa se encuentra dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la ley 27.701, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023 y 1° del decreto 23/2024, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 37 de la ley 27.701 -con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023 y 1° del decreto 23/2024-, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023, en el artículo 11 del decreto 331/2022, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la ampliación de la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,80% vencimiento 9 de noviembre de 2025” (BONCER TX25), emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 18 del 19 de mayo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-18-APN-SH#MEC), por un total de valor nominal original pesos ciento cincuenta y un mil novecientos cincuenta millones quinientos veintiséis mil noventa y tres (VNO $ 151.950.526.093), el que se colocará conforme lo dispuesto en el artículo 2° de esta resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase, en el marco del artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, la operación de conversión con las entidades del Estado Nacional, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con tenencias relevantes del “Bono de la Nación Argentina en Moneda Dual vencimiento 28 febrero de 2024”, emitido originalmente mediante el artículo 3º de la resolución conjunta 39 del 28 de septiembre de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-39-APN-SH#MEC), en adelante el Título Elegible o BONO DUAL TDF24, por el instrumento denominado “Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,80% vencimiento 9 de noviembre de 2025”, en adelante BONCER TX25, emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 18/2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Fecha de liquidación de la operación: 21 de febrero de 2024.

Valor técnico del Título Elegible a la fecha de liquidación: pesos ochocientos treinta y cinco mil cincuenta ($ 835.050) por cada valor nominal dólares estadounidenses un mil (VNO USD 1.000).

Precio de suscripción del BONCER TX25 para el Título Elegible, que considera las cotizaciones de mercado y valores técnicos correspondientes en los términos dispuestos por el artículo 11 del decreto 331/2022: pesos seis mil setecientos treinta y nueve con seis mil setecientos sesenta y siete diezmilésimos ($ 6.739,6767) por cada valor nominal pesos un mil (VNO $ 1.000).

Para determinar la cantidad de valores nominales a entregar de BONCER TX25, se utilizará la siguiente fórmula:

VNO BONCER TX25 = VNO BONO DUAL TDF24 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDF24 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER TX25

Al valor nominal original (VNO) obtenido del BONCER TX25, se lo redondeará al entero más cercano de la denominación mínima de ese instrumento.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º y 2° de esta resolución.

ARTÍCULO 4º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pablo Quirno Magrane - Carlos Jorge Guberman

e. 23/02/2024 N° 8082/24 v. 23/02/2024

San Juan, San Juan, 19/02/2024

VISTO el Expediente Electrónico EX-202 4 - 00395814 - -AFIP-DIRSJU#SDGOPII del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente se determinó el Régimen de Reemplazos de las Jefaturas Intermedias de la DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN para el caso de ausencia o impedimento de las mismas.

Que atento a lo solicitud realizada por la División Revisión y Recursos, División Fiscalización Seguridad Social y División Fiscalización N.º 1 de esta DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN, las que se encuentran embebidas en Informe IF-202 4 -00 396023 -AFIP-DIRSJU#SDGOPII que obra en Orden N° 2, del citado expediente, se propone modificar el actual Régimen de Reemplazos de Jefaturas Intermedias para casos de ausencia o impedimento

Que luego del análisis efectuado, la DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN presta conformidad a las propuestas señaladas en razones de funcionalidad y operatividad de las áreas.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones DI-2018-7-E-AFIP-AFIP y DI-2020- 38-E-AFIP-AFIP procede disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento de las áreas de la DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN, el que quedará establecido de la forma que seguidamente se indica:

(*) Se encuentra autorizado para ejercer funciones como Juez Administrativo del área del que es reemplazo.

ARTÍCULO 2°.- Déjese sin efecto la Disposición DI-2023-61-E-AFIP-DIRSJU#SDGOPII.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y archívese.

Laura Viviana Bologna

e. 23/02/2024 N° 8336/24 v. 23/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2024

Visto lo propuesto por la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, mediante el EX-2023-51438401-APN-DPSN#PNA, lo analizado por la Dirección de Planeamiento, y

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Marítima Internacional (OMI), examinó los principios relacionados con la dotación de seguridad, destacando que esta depende del número de tripulantes competentes o experimentados, necesarios para asegurar la protección del buque, la tripulación, los pasajeros, la carga, los bienes y el medio marino.

Que, en este contexto, se revocaron las Resoluciones A.890 (21) y A.955 (23), siendo sustituidas por la Resolución A.1047 (27), la cual establece estándares más exigentes en esta materia.

Que, dentro de su gestión, la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación entiende en todo lo relacionado con la aplicación de las leyes y reglamentaciones que rigen la navegación, especialmente en lo concerniente a la seguridad de la navegación y del buque y salvaguarda de la vida humana en las aguas navegables de la Nación.

Que, la Ordenanza N° 3-09 (DPSN) TOMO 5 “RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE” titulada “Dotaciones Mínimas de Seguridad para Buques y Artefactos Navales de la Marina Mercante y de Regímenes Especiales”, es la norma nacional de referencia que reglamenta los principios relativos a la dotación mínima de seguridad.

Que, la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación impulsa la modificación del inciso 1.1 del Agregado 1 y Anexo 1 del Agregado 3 (de la norma citada), actualizando el Documento Internacional de Dotación Mínima de Seguridad, ajustándolo al modelo internacional determinado en la Resolución A.1047 (27).

Que la Dirección de Planeamiento no tiene objeciones que formular, toda vez que el contenido de la publicación propiciada se adecua a los criterios de coherencia y cohesión requeridos dentro del sistema reglamentario y el de publicaciones, vigentes en la organización.

Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual se expidió mediante Dictamen Jurídico obrante en el IF-2023-153220887-APN-PNAR#PNA.

Que esta instancia está facultada para dictar el correspondiente acto administrativo, de acuerdo con los preceptos del Artículo 5º, inciso a), apartado 2 de la Ley Nº 18.398 “Ley General de la Prefectura Naval Argentina”.

Por ello,

EL PREFECTO NACIONAL NAVAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1º. APRUÉBASE el Volante Rectificativo N° 1-2024 de la Ordenanza N° 3-09 (DPSN) del TOMO 5 “RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE” titulada “Dotaciones Mínimas de Seguridad para Buques y Artefactos Navales de la Marina Mercante y de Regímenes Especiales”, que se adjunta como Anexo DI-2024-17289570-APN-DPLA#PNA y que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º. La citada norma actualizada entrará en vigencia a partir de la fecha de la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 3º. Por la Dirección de Planeamiento, procédase a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, la impresión de UN (1) ejemplar patrón y su actualización en los sitios oficiales de internet e intranet de la Prefectura Naval Argentina.

ARTÍCULO 4°. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Guillermo José Giménez Perez - Marcelo Adrian del Giorgio - Alejandro Paulo Annichini

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s en https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval

e. 23/02/2024 N° 8328/24 v. 23/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 20/02/2024

VISTO el EX-2024-05364726- -APN-DGTYA#SENASA; la Resolución N° RESOL-2019-1525-APN-PRES#SENASA del 19 de noviembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y la Disposición N° DI-2021-670-APN-DNPV#SENASA del 15 de octubre de 2021 de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL y,

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° RESOL-2019-1525-APN-PRES#SENASA del 19 de noviembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se ratifica y mantiene el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb).

Que en el mentado Programa se establecen acciones coordinadas e integradas para implementar las actividades contempladas en el Subcomponente Control Cuarentenario, correspondiente al Componente Control Cuarentenario y Erradicación, a fin de contener la plaga Lobesia botrana dentro de las áreas reglamentadas y prevenir su entrada en los puntos de ingreso al país.

Que a tal fin, ratifica y define las áreas reglamentadas dentro del ámbito del Programa contra la plaga.

Que la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) se encuentra facultada para actualizar las áreas reglamentadas, en base a los datos obtenidos a través de la red de monitoreo oficial, producto de las acciones enmarcadas en el mencionado Programa Nacional.

Que en tal sentido, mediante la Disposición N° DI-2021-670-APN-DNPV#SENASA del 15 de octubre de 2021 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal se actualizaron las áreas bajo cuarentena y las áreas bajo plan de contingencia.

Que asimismo, en la referida Disposición N° 670/21 se establecieron como áreas reglamentadas de la plaga Lobesia botrana a las Provincias de MENDOZA y de SAN JUAN.

Que en función de los registros de la red oficial de trampeo del citado PNPyE Lb, resulta imprescindible actualizar las áreas nuevamente, con el objeto de controlar la plaga y evitar su dispersión al resto del país.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto, conforme a lo previsto en el Artículo 11 de la Resolución N° RESOL-2019-1525-APN-PRES#SENASA del 19 de noviembre de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Artículo 3° de la Disposición N° 670 del 15 de octubre de 2021 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal. Sustitución. Se sustituye el texto del Artículo 3° de la Disposición N° 670 del 15 de octubre de 2021 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- Áreas reglamentadas. Se establecen como áreas reglamentadas de la plaga Lobesia botrana:

Inciso a) Provincia de MENDOZA;

Inciso b) Provincia de SAN JUAN;

Inciso c) Superficie de San Patricio del Chañar, departamento de Añelo, provincia de NEUQUÉN, comprendida por las coordenadas geográficas en grados decimales (GD) establecidas en el Anexo IV que como DI-2024-17403908-APN-DNPV%SENASA forma parte integrante de la presente Disposición;

Inciso d) Superficie de Cafayate, departamento Cafayate, provincia de SALTA, comprendida dentro del círculo de UN KILÓMETRO (1 km) de radio desde cada uno de los sitios donde se produjo la detección de la plaga y que responde a las coordenadas geográficas en grados decimales (GD), establecidas en el Anexo V que como DI-2024-17405453-APN-DNPV%SENASA forma parte integrante de la presente Disposición”.

ARTÍCULO 2.- Vigencia. La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Diego Quiroga

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 23/02/2024 N° 8110/24 v. 23/02/2024

En la edición del Boletín Oficial N° 35.366 del día miércoles 21 de febrero de 2024, donde se publicó la citada norma, en la página 40, aviso N° 7564/24, se deslizó el siguiente error en el documento original remitido por el organismo emisor:

Donde dice:

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los “Movimientos y estado del Excedente del Fondo de Garantía - Periodo 30/06/2023” y la “Reserva del Fondo de Garantía y Determinación del Excedente” que, como Anexo II DI-2024-14703823-APN-SF#SRT y DI-2024-14704089-APN-SF#SRT, respectivamente, forman parte integrante de la presente disposición.

Debe decir:

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los “Movimientos y estado del Excedente del Fondo de Garantía - Periodo 30/06/2023” y la “Reserva del Fondo de Garantía y Determinación del Excedente” que, como Anexo II DI-2024-14703823-APN-SF#SRT y Anexo III DI-2024-14704089-APN-SF#SRT respectivamente, forman parte integrante de la presente disposición.”.

e. 23/02/2024 N° 8118/24 v. 23/02/2024

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria llama a convocatoria abierta para cubrir los puestos de

Dependientes del Centro Regional Patagonia Sur

1 - Director/a de la Estación Experimental Agropecuaria ESQUEL

Sede funcional Esquel, Provincia de Chubut.

2 – Director/a de la Estación Experimental Agropecuaria CHUBUT

Sede funcional Trelew, Provincia de Chubut.

Dependiente del Centro Regional La Pampa- San Luis

3 - Director/a de la Estación Experimental Agropecuaria San Luis

Sede funcional Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

Dependientes del Centro Regional Chaco-Formosa

4- Director/a de la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez

Sede funcional Colonia Benitez, Provincia de Chaco.

5 - Director/a de la Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Juárez

Sede funcional Ing. Juárez, Provincia de Formosa.

Dependiente del Centro Regional Buenos Aires Sur

6- Director/a de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave

Sede funcional Bordenave, Provincia de Buenos Aires.

El postulante seleccionado ingresará a la planta permanente del INTA en el Grupo Profesional Clase A, Nivel 11 para los puestos 1, 2, 3, 4 y 6 y Nivel 10 para el puesto 5, Grado Escalafonario de 18 a 25 conforme a los antecedentes del profesional propuesta

Son requisitos, entre otros, siete (7) años de experiencia laboral profesional y tres (3) años en funciones directivas.

Método de merituación y selección: evaluación de antecedentes y para los/as postulantes preseleccionados/as, evaluación psicotécnica, entrevista y presentación de propuesta de gestión. La entrevista se efectuará en forma presencial en la Sede del Centro Regional al que pertenece la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria a la que postula

Integración de la Junta de Selección: La Junta estará integrada por UN (1) miembro del Consejo Directivo, DOS (2) miembros del Consejo de Centro; el Director del Centro Regional respectivo y, el Director Nacional o en quien este delegue.

Lugar de Presentación: Sede del Centro Regional correspondiente a la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria a la que se postula

Mayor detalle y otros requisitos en: https://www.argentina.gob.ar/inta/ingresos/convocatorias-abiertas

Inscripciones del 12 al 18 de marzo de 2024 – 12 horas

Viviana Jaluf, Asesor, Gerencia Diseño Organizacional, Selección y Desarrollo de Carrera.

e. 23/02/2024 N° 7892/24 v. 23/02/2024

Se cita a las personas consignadas a continuación para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, se presenten a presenciar la verificación y aforo de las mercaderías secuestradas en los términos del art 1094 inc. b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar el resultado de la misma. Las Actuaciones y las mercaderías se encuentran depositadas en Depósito de Zona Primaria Aduanera sita en calle pública sin nombre Mza 496 lotes “N, O, P” B° Parque Industrial de la ciudad de La Rioja. Fdo.: José A. VIÑAS Administrador (I) División Aduana La Rioja. Int. Cr. D´Acri Ramiro Jefe (I) Sección Inspección Operativa Aduana La Rioja.

Jose Antonio Viñas, Administrador de Aduana.

e. 23/02/2024 N° 8060/24 v. 23/02/2024

SINTESIS: RESOL-2024-62-APN-SSN#MEC Fecha: 20/02/2024

Visto el EX-2023-103563577-APN-GTYN#SSN ...Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN RESUELVE: Autorízase a LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. a operar en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA en la Subrama “VIDA SALDO DEUDOR”, por medio de adhesión al Plan denominado “SEGURO DE VIDA COLECTIVO SOBRE SALDO DEUDOR” .

Fdo. Guillermo PLATE – Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.

e. 23/02/2024 N° 8081/24 v. 23/02/2024