Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2024

VISTO el Expediente N° EX-2023-87781357-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 17.319 y sus modificatorias, 26.019, 26.020 y 26.546, los Decretos Nros. 934 de fecha 22 de abril de 2003, 704 de fecha 20 de mayo de 2016, 488 de fecha 18 de mayo de 2020 y sus modificatorios y 496 de fecha 30 de septiembre de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos están sujetas a las disposiciones de la Ley Nº 17.319 y sus modificatorias y a las reglamentaciones que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por el Artículo 3° de la Ley Nº 17.319 y sus modificatorias se dispone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL fijará la política nacional con respecto a tales actividades, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.

Que por el Artículo 6° de la Ley Nº 17.319 y sus modificatorias se establece que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre bases técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.

Que, en tal marco, desde el año 2002 se han firmado con los productores sucesivos ACUERDOS DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO INDILUIDO, con el objeto de asegurar la estabilidad en las condiciones de abastecimiento del gas propano para las Redes de Distribución de Gas Propano Indiluido, actualmente en funcionamiento en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA y debidamente registradas por la Autoridad Regulatoria.

Que, en consonancia, el PODER EJECUTIVO NACIONAL emitió el Decreto N° 496 de fecha 30 de septiembre de 2023 mediante el cual ratificó el VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA DEL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO INDILUIDO, de fecha 18 de agosto de 2023, celebrado entre la SECRETARÍA DE ENERGÍA y las empresas COMPAÑÍA MEGA S.A., YPF S.A., TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A., PLUSPETROL S.A., CAPEX S.A., COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. y VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. (CONVE-2023-99550031-APN-DDYL#MEC), que como Anexo forma parte integrante del mencionado decreto.

Que, según lo establecido en el Artículo 4.3. del mencionado VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA, el monto resultante de la compensación económica mensual, será reconocido a través de un Certificado de Crédito Fiscal a nombre de la respectiva empresa productora, emitido por esta Secretaría, el que podrá aplicarse a la cancelación de derechos de exportación de las mercaderías comprendidas en el Artículo 7° del Decreto N° 488 de fecha 18 de mayo de 2020 (Anexo G del VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA) y sus normas modificatorias y/o reglamentarias, o la que en el futuro la reemplace.

Que, asimismo, el citado artículo establece que el Certificado de Crédito Fiscal, podrá ser fraccionado a solicitud de la Empresa Productora, no pudiendo excederse de CINCO (5) fraccionamientos por mes, tendrá una vigencia de CINCO (5) años y podrá ser transferido en una única oportunidad, en forma total o parcial.

Que, al respecto, el Artículo 4.6 establece que los Certificados de Crédito Fiscal por Compensación serán emitidos conforme al formato establecido en el Anexo E que forma parte integrante del citado VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA.

Que, según lo previsto en el Artículo 2° del Decreto N° 496/23, corresponde a esta Secretaría establecer los procedimientos necesarios para hacer operativa la compensación que corresponda a las Empresas Productoras, conforme lo dispuesto en el VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA, mediante la emisión de los Certificados de Crédito Fiscal correspondientes, para su inmediata efectivización.

Que, a su vez, el Artículo 3º del Decreto N° 496/23, faculta a esta Secretaría, sobre la base de la evaluación de las condiciones de mercado, a establecer las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento del gas propano para las Redes de Distribución de Gas Propano Indiluido, a través de las renovaciones que resulten pertinentes del VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA, u otro mecanismo que garantice dicho abastecimiento.

Que, en tal marco, corresponde instrumentar la emisión de los Certificados de Crédito Fiscal estipulados en el Artículo 4.3. del VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA, bajo la modalidad de Bono Electrónico.

Que a través de la Nota N° NO-2023-02593668-AFIP-DVSING#SDGREC de fecha 19 de octubre de 2023, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, informó haber reservado el prefijo 105 a fin de identificar el Certificado de Crédito Fiscal a ser instrumentado en el marco del VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA.

Que, una vez aprobada la emisión de los Certificados de Crédito Fiscal bajo la modalidad de Bono Electrónico en el ámbito de esta Secretaría, la AFIP emitirá el acto administrativo pertinente, con la finalidad de instrumentar los procedimientos correspondientes.

Que esta Secretaría brindará a la AFIP la información necesaria que permita la registración y utilización por los beneficiarios del crédito fiscal otorgado en el marco del citado VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA, designándose a la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, responsable de la operación de los sistemas que permitan la emisión de los Bonos Electrónicos a que se refiere el presente acto administrativo.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y el Artículo 2° del Decreto N° 496/23.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Instruméntese la emisión de los Certificados de Crédito Fiscal por Compensación establecidos en el Artículo 4.3 del VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA DEL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO INDILUIDO (CONVE-2023-99550031-APN-DDYL#MEC), ratificado mediante el Decreto N° 496 de fecha 30 de septiembre de 2023, y sus eventuales renovaciones, bajo la modalidad de Bono Electrónico.

ARTÍCULO 2°.- Identifícase mediante el prefijo 105 a los Bonos Electrónicos a ser emitidos para la utilización de los Certificados de Crédito Fiscal otorgados en el marco del citado VIGÉSIMO ACUERDO DE PRÓRROGA y sus eventuales renovaciones.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que esta Secretaría brindará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información necesaria que permita la registración y utilización de los Certificados de Crédito Fiscal otorgados, conforme a las pautas y procedimientos que dicho organismo establezca.

ARTÍCULO 4°.- Facultase a la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría a la operación de los sistemas informáticos que permitan la emisión de los Bonos Electrónicos a que refiere la presente medida, quedando en cabeza de esta Secretaría su suscripción.

ARTÍCULO 5°.- Establéese que la presente medida regirá a partir de la fecha de la entrada en vigencia del acto administrativo que dicte la AFIP, a los fines de la instrumentación del procedimiento necesario para la aplicación de los Certificados de Crédito Fiscal emitidos bajo la modalidad de Bono Electrónico.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la AFIP en los términos del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Javier Rodriguez Chirillo

e. 15/02/2024 N° 6175/24 v. 15/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2024

VISTO el Expediente N° EX-2024-11661555- -APN-DGD#MTR, el ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE, las Leyes N° 22.354 y N° 24.449 los Decretos N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, N° 656 de fecha 29 de abril de 1994, N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, N° 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, N° 788 de fecha 12 de noviembre de 2021, N° 351 del 29 de junio de 2022, N° 577 de fecha 3 de noviembre de 2023 y N° 73 de fecha 21 de diciembre de 2023, la Resolución N° 263 del 16 de noviembre de 1990 de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y la Resolución N° 80 de fecha 1 de diciembre de 2023 de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que el apartado 1 del inciso b) del artículo 53 de la Ley de Tránsito N° 24.449 establece la prohibición de utilizar unidades con más de DIEZ (10) años de antigüedad para el transporte automotor de pasajeros.

Que, asimismo, la citada norma prescribe la posibilidad de disponer mayores plazos de antigüedad en tanto se ajusten a limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el Reglamento y en la Revisión Técnica Obligatoria.

Que la precitada ley fue reglamentada por el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, y sus modificatorios.

Que el apartado b.1) del inciso b del artículo 53 del Anexo 1 del Decreto N° 779/95 establece que los propietarios de vehículos para transporte de pasajeros deberán prescindir de la utilización de las unidades cuyos modelos reflejen una antigüedad que supere la consignada en el artículo 53 inciso b) de la Ley Nº 24.449.

Que el apartado b.4) del artículo 53 del Anexo 1 de la norma precedentemente aludida, con el propósito de preservar las exigencias y reglas de seguridad para la prestación del servicio de transporte de pasajeros, facultó a la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS para establecer las condiciones a las que deberán sujetarse, para poder continuar en servicio, las unidades de transporte de las categorías indicadas en los puntos b.1) y b.2) que hayan superado la antigüedad prevista en el mencionado artículo.

Que a tal fin, mediante el segundo párrafo del punto b.4) del inciso b) del artículo 53 del Anexo 1 del Decreto N° 779/95, se dispuso que “[e]n cualquiera de los casos mencionados en el párrafo anterior, ningún vehículo de las categorías aludidas podrá continuar circulando una vez cumplido los TRES (3) años de vencido el plazo fijado en el Artículo 53 inciso b) de la Ley Nº 24.449.”.

Que a través del Decreto N° 788 de fecha 12 de noviembre de 2021 se estableció, con carácter de excepción a lo dispuesto en el punto b.4) del artículo 53 del Anexo 1 del Decreto N° 779/95, que los vehículos de Autotransporte de Pasajeros y Pasajeras de carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional e Internacional, modelos año 2008, afectados a los servicios descriptos en el Decreto Nº 958/92 que cumplieran con las limitaciones de uso, tipo, velocidad y otras que disponga la autoridad de aplicación podrían continuar prestando servicios por el término máximo de SEIS (6) meses contados a partir del 31 de diciembre de 2021, siempre que aprobaran la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.), la que debía realizarse con una frecuencia de CUATRO (4) meses.

Que, posteriormente, por el Decreto N° 351 del 29 de junio de 2022 se estableció, con carácter de excepción a lo dispuesto en el punto b.4) del artículo 53 del Anexo 1 del Decreto N° 779/95, que “… los vehículos de Autotransporte de Pasajeros y Pasajeras de carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional e Internacional, modelos año 2008 y año 2009, que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén habilitados ante la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, afectados a los servicios descriptos en el Decreto Nº 958/92 y que cumplan con las limitaciones de uso, tipo, velocidad y otras que disponga la autoridad de aplicación podrán continuar prestando servicios por el término de DOS (2) años a contarse desde el vencimiento del término previsto en el aludido punto b.4) del artículo 53 del Anexo 1 del Decreto N° 779/95, siempre que aprueben la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.)”, la que debía realizarse con una frecuencia de TRES (3) meses.

Que, a su vez, por conducto del Decreto N° 577 de fecha 3 de noviembre de 2023, se incorporó como segundo párrafo del artículo 1° del Decreto N° 351/22, el siguiente texto: “La excepción establecida en el párrafo primero se aplicará a los vehículos de Autotransporte de Pasajeros y Pasajeras de carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional e Internacional modelo año 2010, que estén habilitados ante la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, afectados a los servicios descriptos en el Decreto Nº 958/92 y que cumplan con las limitaciones de uso, tipo, velocidad y otras que disponga la autoridad de aplicación, cuyo vencimiento operará el 31 de diciembre de 2024”.

Que para el dictado de los Decretos N° 788/21, N° 351/22 y N° 577/23 se tuvo en cuenta el prolongado cese de las actividades del transporte automotor interurbano de pasajeros y pasajeras de jurisdicción nacional e internacional, la influencia de las restricciones en la circulación y las demás medidas adoptadas para mitigar la propagación de la COVID-19 que redundaron en una fuerte caída de la actividad.

Que el Decreto N° 656 de fecha 29 de abril de 1994 y sus modificatorios aprobó el marco regulatorio para el Transporte por Automotor de Pasajeros de carácter Urbano y Suburbano que se desarrolla en el ámbito de la Jurisdicción Nacional dentro del cual se contemplaron los Servicios Públicos y los Servicios de Oferta Libre.

Que, además, por el Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 y sus modificatorios se determinó el marco jurídico aplicable al transporte por automotor de pasajeros y pasajeras por carretera que se desarrolla en el ámbito de la jurisdicción nacional, con exclusión del que se desarrolla exclusivamente en la Región Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se clasifican como servicios públicos, servicios de tráfico libre, servicios ejecutivos, servicios de transporte para el turismo y los que en el futuro establezca la Autoridad de Aplicación.

Que, a su vez, el artículo 4° del ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE, inscripto como ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL en el marco de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI), conforme a los mecanismos del TRATADO DE MONTEVIDEO de 1980, aprobado por la Ley N° 22.354, - puesto en vigencia mediante la Resolución N° 263 del 16 de noviembre de 1990 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, refiere que “[s]e aplicarán a las empresas que efectúen transporte internacional así como su personal, vehículos y servicios que presten en el territorio de cada país signatario, las leyes y reglamentos vigentes en la misma, salvo las disposiciones contrarias a lo establecido en este Acuerdo”.

Que la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, organismo desconcentrado de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia, indicando que “(…) desde un punto de vista técnico, se ha podido evaluar a lo largo de más de DOS (2) décadas, que las unidades con una antigüedad de hasta TRECE (13) años, bajo un régimen de control estricto de revisiones técnicas obligatorias cada 4 meses, no presentan problemas de seguridad, para el normal desenvolvimiento de los servicios; //[esa] COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, no ve impedimento alguno, desde el punto de vista estrictamente técnico, para que se otorgue la prórroga…siempre que realicen y aprueben la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) en períodos de CUATRO (4) meses” (cfr. Notas N° NO-2023-131504809-APN-CNTYSV#MTR y NO-2024-14010153-APN-CNTYSV#MTR).

Que, habida cuenta la circunstancia descripta en el Considerando precedente, a través de la Nota NO-2024-12288632-APN-DNRNTR#MTR, la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE, atendiendo a los principios de SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS establecidos en los artículos 3° y 4° del Decreto N° 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, propició permitir que los vehículos de autotransporte de pasajeros afectados a cualquiera de las categorías previstas en los Decretos N° 958/92 y N° 656/94 puedan continuar prestando dichos servicios hasta el vencimiento del plazo máximo de TRES (3) años contados a partir del décimo año de antigüedad, que la reglamentación habilita, siempre y cuando se realice la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) en forma cuatrimestral.

Que, conforme lo indicado en la referida Nota, corresponde que se prevea expresamente que la continuidad de los vehículos se aplicará a todas las unidades que hubiesen estado registradas ante la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, independientemente de la empresa que fuera titular de dicha inscripción, admitiéndose su alta en una/s empresa/s diferente/s a la/s que poseía/n su registro original, tal como se plasmó en la Resoluciones N° 80 de fecha 1 de diciembre de 2023 de la entonces SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, que resulta ser antecedente inmediato de la presente medida.

Que, asimismo, la mencionada DIRECCIÓN NACIONAL expuso que el plazo adicional de TRES (3) años debe reconocer como excepción a aquellos vehículos que posean asignado un plazo de vencimiento mayor por imperio de los Decretos N° 788/21, N° 351/22 y/o N° 577/23 (ver Nota N° NO-2024-12288632-APN-DNRNTR#MTR).

Que por su parte mediante el Decreto N° 73 de fecha 21 de diciembre de 2023, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Nacional Centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, estableciéndose, entre los objetivos de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, los siguientes: “...4. Intervenir en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen de flotas de transporte, tanto terrestre como mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar y aérea; 12. Entender en la elaboración de normas de definición de estándares industriales para los equipamientos en materia de transporte; 16. Intervenir en la elaboración y ejecución de la política nacional de transporte aéreo y terrestre, así como en su regulación y coordinación; 17. Intervenir en todo lo relacionado con el transporte internacional terrestre, fluvial, marítimo y aéreo; 25. Entender en el desarrollo de recursos humanos y técnicos y en el fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de transporte; 26. Entender en la propuesta de nuevos servicios de transporte y mecanismos de control y en la planificación de sistemas de organización territorial, en materia de su competencia; 29. Intervenir en la interacción de la Jurisdicción con organismos públicos, privados, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, en la definición de las políticas públicas relativas a los medios de transporte y sus actividades subsidiarias, y en los programas integrales de desarrollo regional promovidos por el ESTADO NACIONAL, en el ámbito de su competencia e 34. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en los aspectos vinculados a las Leyes Nros. 24.449 y 26.363.”.

Que la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, órgano desconcentrado de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 53 del Anexo 1 del Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 y sus modificatorios y complementarios, los Decretos N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 y sus modificatorios y N° 656 de fecha 29 de abril de 1994 y sus modificatorios, el punto 1° del artículo 58 del ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE, inscripto como ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL en el marco de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI), conforme a los mecanismos del TRATADO DE MONTEVIDEO de 1980, aprobado por la Ley N° 22.354, - puesto en vigencia mediante la Resolución N° 263 del 16 de noviembre de 1990 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y el Decreto N° 73 de fecha 21 de diciembre de 2023.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los vehículos afectados a la prestación de Servicios Públicos de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano de Jurisdicción Nacional y los destinados a la prestación de Servicios de Oferta Libre podrán continuar prestando los mismos por el plazo de TRES (3) años contados desde el vencimiento de la antigüedad requerida por el artículo 53 de la Ley N° 24.449, conforme lo dispuesto por el apartado b.4) del artículo 53 del Anexo 1 del Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, y sus modificatorios.

ARTICULO 2°.-Establécese que los vehículos de Autotransporte de Pasajeros de Carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional e Internacional afectados a los servicios públicos, de tráfico libre, ejecutivos y para el turismo, podrán continuar prestando servicios por el plazo de TRES (3) años contados desde el vencimiento de la antigüedad requerida por el artículo 53 de la Ley N° 24.449, todo ello de conformidad con las prescripciones del apartado b.4) del artículo 53 del del Anexo 1 del Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, y sus modificatorios.

ARTICULO 3°.- Declárase que la continuidad de los vehículos alcanzados por los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se aplicará a todas las unidades que hubiesen estado registradas ante la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, independientemente de la empresa que fuera titular de dicha inscripción, admitiéndose su alta en una/s empresa/s diferente/s a la que detentaba/n su registro original.

Asimismo, dicha continuidad se aplicará en todos los años modelo que no posean mayores plazos de vida útil dispuestos por los Decretos N° 788 de fecha 12 de noviembre de 2021, N° 351 del 29 de junio de 2022 y N° 577 de fecha 3 de noviembre de 2023.

ARTÍCULO 4°.- Los vehículos alcanzados por lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, cuya antigüedad haya superado la máxima fijada en el inciso b.1) del artículo 53 de la Ley N° 24.449, deberán aprobar la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) en forma cuatrimestral.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a las entidades representativas del transporte automotor de pasajeros, a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, a la GENDARMERÍA NACIONAL y al MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Franco Mogetta

e. 15/02/2024 N° 6192/24 v. 15/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2024

VISTO el Expediente N.° EX-2024-14706387- -APN-DCTA#PTN; las Leyes N.° 12.954 (B.O. 10-3-47), N.° 18.777 (B.O. 25-9-70) y N.° 24.667 (B.O. 25-7-96); y los Decretos N.° 34952/47 (B.O. 13-11-47) y N.° 2034/91 (B.O. 4-10-91); y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 1.° y 2.° de la Ley N.° 24.667 establecen que la Procuración del Tesoro de la Nación es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo titular depende directamente del Presidente de la Nación, tiene jerarquía equivalente a la de los Ministros, y ejerce sus competencias con independencia técnica.

Que, en lo que atañe a las tareas del organismo, la Procuración del Tesoro ha sumado a las competencias que le fueron asignadas por las normas de creación, las posteriormente atribuidas por normas especiales en determinadas materias, incluso, en aquellas de sustancia jurisdiccional.

Que así, a las tradicionales funciones de asesoramiento y de representación y defensa del Estado en juicio, se le fueron adicionando las de Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado, de Tribunal Administrativo en materia de conflictos interadministrativos; profundizándose, además, las de investigación en los sumarios administrativos; e incorporándose también, las de auditoría y control de los juicios del Estado, las vinculadas a la tramitación de las propuestas transaccionales en asuntos judiciales relevantes y las de representación y defensa del Estado en los procesos arbitrales y judiciales internacionales, entre otras.

Que habida cuenta del cúmulo de competencias referidas, su tratamiento se traduce en un significativo número de cometidos a exclusivo cargo del Procurador del Tesoro de la Nación, en su carácter de titular de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Que, dentro de ese universo, confluyen tareas normativamente impuestas que, por su relevancia institucional y/o significatividad económica, requieren de la atención prioritaria y excluyente del Procurador del Tesoro de la Nación.

Que el artículo 1.°, inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos establece, como principio rector del procedimiento administrativo, el de velar por la mayor celeridad, economía, sencillez y eficacia en las tramitaciones de los procedimientos, por lo que la circunstancia apuntada anteriormente, amerita la adopción de una medida de carácter general orientada en tal sentido.

Que, en el ejercicio de sus funciones, el Procurador del Tesoro es asistido por los Subprocuradores del Tesoro de la Nación, quienes tienen a su cargo las tareas que las normas establecen, así como las que el Procurador del Tesoro por cuestiones operativas y/o por ausencia o impedimento, les encomienda.

Que, entre otras cuestiones, los Subprocuradores del Tesoro sustituyen al Procurador del Tesoro en los asuntos sometidos a su dictamen cuando aquél así lo resuelva (art. 5.°, inc. 1 de la Ley N.° 18.777), y ejercen, además de las funciones previstas en la ley citada, aquellas que surjan de las normas posteriores o complementarias, o las que les delegue el Procurador (art. 2.° del Decreto N.° 2034/91).

Que, en ese contexto, resulta conveniente que el Procurador del Tesoro de la Nación se reserve para su conocimiento la suscripción de aquellos dictámenes que posean relevancia institucional, significatividad económica o corresponda establecer jurisprudencia administrativa uniforme, delegando en los Subprocuradores del Tesoro la firma de los dictámenes que no posean tales notas.

Que, asimismo, resulta oportuno que el Procurador del Tesoro de la Nación delegue en los Subprocuradores del Tesoro la intervención que, de acuerdo al artículo 16 de la Ley N.° 12.954, le compete en relación a los nombramientos de funcionarios que pasen a integrar el Cuerpo de Abogados del Estado.

Que también, por las mismas razones, existe mérito suficiente para que el Procurador del Tesoro de la Nación delegue en los Subprocuradores del Tesoro las intervenciones previstas en los conflictos interadministrativos regulados por la Ley N.° 19.983 y su reglamentación (Decreto N° 2481/93), con excepción de aquella que pone fin a la controversia.

Que la Dirección Nacional de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete en el marco de la Ley N.° 19.549, artículo 7°, inciso d).

Que la presente se dicta en uso de las facultades que surgen del artículo 5.°, inciso 1 de la Ley N.° 18.777 y del artículo 2.° del Decreto N.° 2034/91.

Por ello,

EL PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.°.- Deléguese en los Subprocuradores del Tesoro de la Nación la suscripción de dictámenes, con excepción de aquellos que presenten relevancia institucional, significatividad económica o tiendan al establecimiento de jurisprudencia administrativa uniforme.

ARTÍCULO 2.°.- Deléguese en los Subprocuradores del Tesoro de la Nación la intervención prevista por el artículo 16 de la Ley N.° 12.954.

ARTÍCULO 3.°.- Deléguese en los Subprocuradores del Tesoro de la Nación las intervenciones previstas en los conflictos interadministrativos regulados por la Ley N.° 19.983 y su reglamentación (Decreto N° 2481/93), tales como las que deciden tener por cumplidos los extremos formales y recaudos exigidos por la norma para tener por interpuesto el reclamo y correr traslado a la contraparte, las que disponen la apertura a prueba de las actuaciones o bien deciden las medidas probatorias de oficio a las que refiere el artículo 2.° de la Ley N.º 19.983 y los dictámenes que se dicten en el marco del artículo 7.° del aludido decreto reglamentario.

ARTÍCULO 4.°.- El Procurador del Tesoro de la Nación conservará la atribución de reasumir las competencias que en este acto se delegan, sin necesidad de avocación.

ARTÍCULO 5.°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Rodolfo Carlos Barra

e. 15/02/2024 N° 6191/24 v. 15/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2024

VISTO el Expediente EX-2024-14051495-APN-GA#SSN, los puntos 7, 8 y 35 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las diversas medidas y políticas adoptadas por el Gobierno Nacional, distintos organismos centralizados y descentralizados están llevando a cabo un proceso tendiente a desburocratizar y simplificar las normas y los trámites administrativos.

Que la búsqueda de la eficiencia en las regulaciones y en los trámites administrativos resulta un objetivo clave para promover la prosperidad económica, la productividad, aumentar el bienestar y salvaguardar el interés público.

Que de acuerdo con los lineamientos de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), una adecuada política regulatoria exige que se implementen prácticas de buena gobernanza entre organismos y departamentos de gobierno, tendientes a la simplificación de trámites y formalidades y a la eliminación de normas que entorpezcan y demoren el accionar del Estado y del sector privado, afectando su productividad y/o pudiendo dar lugar a prácticas no transparentes.

Que con la finalidad de erradicar las trabas burocráticas, resulta necesario realizar un reordenamiento normativo y una evaluación de la oportunidad, mérito y conveniencia de la normativa vigente.

Que en lo que respecta al ámbito de competencias propio de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, se advierte la existencia de ciertas normas que sólo han tendido a generar trabas a la dinámica de funcionamiento del sector asegurador.

Que, en ese sentido, cabe destacar que mediante la Resolución RESOL-2021-595-APN-SSN#MEC, de fecha 5 de agosto, se modificó el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), estableciendo el requisito de autorización previa de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para las operatorias de transferencia de acciones y los aportes de capital a cuenta de futura suscripción de acciones, como así también, una serie de limitaciones a las operatorias comerciales entre accionistas, órganos de administración, fiscalización y/o gerentes y entidades aseguradoras.

Que cabe recordar que dicha Resolución dejó sin efecto el esquema previsto por la Resolución RESOL-2018-989-APN-SSN#MHA, de fecha 28 de septiembre, que entre sus considerandos advertía que tales exigencias traducían un ritualismo formal que atentaba y se contraponía con la celeridad y transparencia que requiere la dinámica societaria del mercado asegurador.

Que, en consecuencia, en línea con los estándares de desburocratización y simplificación de las normas y trámites administrativos, resulta oportuno e imperioso modificar la Resolución RESOL-2021-595-APN-SSN#MEC, de fecha 5 de agosto, y regresar al régimen anterior previsto por la Resolución RESOL-2018-989-APN-SSN#MHA, de fecha 28 de septiembre.

Que la modificación que se propone en modo alguno implica morigerar la supervisión de este Organismo de Control en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo internacional (conf. artículo 20 inc. 15 de la Ley N° 25.246).

Que, en rigor, en su carácter de sujeto obligado ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (conf. artículo 20 de la Ley N° 25.246), corresponde a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN informar a aquel organismo todas aquellas operaciones previstas en el artículo 21 de la referida Ley.

Que desde esa perspectiva, la condición de autorización previa que actualmente se exige aparece como un dispositivo de carácter meramente burocrático, toda vez que a los fines de las facultades delegadas por la Ley N° 25.246, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN requerirá la información necesaria para dar cumplimiento estricto a la normativa antilavado.

Que de otro modo, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN se estaría excediendo de la competencia prevista en el artículo 67 de la Ley N° 20.091.

Que la nueva medida propicia un contralor adecuado a la dinámica del mercado asegurador, en cuanto exige que la información que deben presentar las entidades aseguradoras en el caso de transferencia de acciones en los términos del artículo 215 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 o aportes de capital, sea presentada dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de efectuada la operación.

Que hay que tener en cuenta, además, que los requisitos de información previstos en la Resolución RESOL-2021-595-APN-SSN#MEC, de fecha 5 de agosto, no se modifican en modo alguno.

Que el esquema aquí propuesto contempla los estándares internacionales receptados en los Principios Básicos del Seguro dictados por la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS (IAIS) en lo que hace a conocer la conducta y trayectoria de aportantes y/o accionistas de aseguradoras, reaseguradoras y el origen y licitud de los fondos que ingresan al sistema.

Que en el entendimiento de que los sujetos alcanzados por la norma son entidades técnica y jurídicamente calificadas, se establece un plazo determinado y razonable para el cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento.

Que, por su parte, resulta oportuno derogar los incisos h) del punto 35.2., f) del punto 35.14.1.4. y f) del punto 35.14.2.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), toda vez que las limitaciones allí contenidas obstaculizan la libre concurrencia y la interacción espontánea entre la oferta y la demanda, pudiendo configurar autorizaciones por vía de excepción que debieran evitarse.

Que el esquema de limitación descripto en el párrafo anterior, fue derogado por la Resolución RESOL-2018-989-APN-SSN#MHA, de fecha 25 de septiembre, y nuevamente incorporado por la Resolución RESOL-2021-595-APN-SSN#MEC, de fecha 5 de agosto.

Que, en esa línea y tal como fuera indicado en la Resolución RESOL-2018-989-APN-SSN#MHA, de fecha 25 de septiembre, las limitaciones establecidas a las operatorias comerciales entre accionistas, Órganos de Administración, Fiscalización y/o Gerentes de entidades aseguradoras y/o reaseguradoras, en condiciones de mercado, no guarda correlato con los principios de transparencia, solvencia y celeridad que impulsa el Organismo.

Que, al mismo tiempo, tales limitaciones podrían resultar contrarias a los fines buscados por la norma y a los principios de liquidez, rentabilidad y garantía previstos en la Ley N° 20.091, al frustrar operaciones favorables a la solvencia.

Que las operatorias citadas de ningún modo deben vulnerar los principios establecidos en la Ley General de Sociedades N° 19.550, artículos 54, 59, 271, 272, 273, 280, 298 y concordantes.

Que asimismo cabe modificar el punto 8.3.1. del Reglamento General de la Actividad Asegurado (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), en tanto contempla la autorización previa de este Organismo de Control para el ingreso del aporte de capital.

Que la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se expidió en lo atinente a su órbita competencial.

Que la Gerencia de Autorizaciones y Registros ha tomado la intervención que corresponde al ámbito de su competencia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en orden al particular.

Que el artículo 67 inciso b) de la Ley N° 20.091 confiere facultades para el dictado de la presente Resolución.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el punto 7.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente texto:

“7.3. Transferencia de acciones y aportes de capital.

7.3.1. Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de efectuada la transferencia de acciones en los términos del artículo 215 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y/o el aporte de capital, la entidad deberá:

a) Transferencia de acciones:

Acreditar las características de la operación, indicando cantidad de acciones, clase, votos, valor nominal, valor de la negociación, condiciones de pago y copia certificada de la foja correspondiente del Libro de Registro de Accionistas o equivalente, según el tipo societario, donde conste la operación.

b) Aportes de capital:

Indicar tipo y valuación.

c) Respecto de los adquirentes o aportantes: presentar la misma información exigida en el punto 7.1.2. inciso a) o 7.1.2. inciso b), según corresponda a personas humanas o jurídicas, respectivamente.

En caso de que el aportante o adquirente ya revistiese tal calidad, solo debe presentar la información y documentación prevista en el punto 7.1.2. inciso a) apartado II y la Declaración Jurada correspondiente al origen y licitud de fondos según Anexo del punto 7.1.2. inciso a) apartado VI formulario 1 o punto 7.1.2. inciso b) apartado II, según corresponda.

7.3.2. Las entidades deberán informar las modificaciones de accionistas indirectos que ejerzan el control efectivo, adjuntando la documental relativa a la operatoria, identificando a los accionistas (CUIT/CUIL - domicilio), indicando cantidad de acciones, clase, votos, valor nominal, valor de la negociación, condiciones de pago y fecha de la transacción.

No se permitirá que integren las estructuras societarias personas jurídicas, controlantes de la entidad aseguradora o reaseguradora local, que se encuentren en países de alto riesgo según las definiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

7.3.3. En caso de entidades cooperativas y mutuales, cuando los aportes no correspondan a cuotas de capital que formen parte del premio de operaciones ordinarias de seguro, las entidades deberán informar a esta Superintendencia de Seguros de la Nación su ingreso.

En el caso de que los aportes provengan de personas humanas, éstas no podrán formar parte del Órgano de Administración ni ocupar puestos en la estructura administrativa con facultades resolutivas ni actuar como apoderados de las entidades que reciban los aportes respectivos por el término de DOS (2) años a partir del aporte.

Cuando los aportes correspondan a personas jurídicas, la restricción impuesta en el párrafo anterior procederá también respecto a los miembros del órgano de administración, de fiscalización y la Gerencia General del aportante.

7.3.4. En ningún caso las operaciones podrán involucrar a personas humanas o jurídicas que figuren en listas de terroristas publicadas por el Comité de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el punto 8.3.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), por el siguiente texto:

“8.3.1. Aportes Irrevocables para futuras suscripciones de acciones.

I) Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de ingresado el aporte deberá remitir a esta Superintendencia de Seguros de la Nación, a través del trámite correspondiente, una declaración jurada firmada por el Presidente, en la que deben consignarse los siguientes datos:

a. Tipo de aporte.

b. Fecha de ingreso del aporte.

c. Acta de la Asamblea que aceptó el aporte o fecha prevista para su realización.

d. Monto ingresado y en caso de corresponder, identificación de la respectiva cuenta bancaria en la que ingresó el aporte, adjuntando copia del extracto e identificación de la cuenta desde la que fuera remitida, detallando la institución financiera, el número de la cuenta y titular.

II) Para el caso de cooperativas y mutuales, deberá remitirse una declaración jurada, dentro de los QUINCE (15) días del cierre del mes calendario, informando:

a. Monto de cuotas facturadas en el mes.

b. Monto de cuotas percibidas en el mes.

c. Detalle de inversiones efectuadas con las cuotas percibidas.

Los aportes irrevocables ingresados por parte de los asociados que no hubiesen sido facturados conjuntamente con los premios correspondientes, deben informarse en los plazos y con los requisitos que se consignan en este punto.

III) A las declaraciones juradas, se le deberá adjuntar la siguiente documentación, según corresponda:

a. Transferencias bancarias: extractos de la cuenta de origen de los últimos TRES (3) períodos antes de realizada la transferencia.

b. Inmuebles: documentación requerida a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el inciso c) del punto 39.1.2.3.1..

c. Otros Activos admitidos: documentación respaldatoria correspondiente que acredite el ingreso al patrimonio de la entidad.

IV) Junto con dicha presentación debe acompañarse un informe especial emitido por Contador Público con su firma legalizada por el Consejo Profesional de la jurisdicción correspondiente. En dicho informe, el profesional, según corresponda, debe:

a. Manifestar haber constatado el real ingreso a la entidad de los fondos entendidos como integrantes del rubro Bancos, que constituyan la contrapartida de los aportes irrevocables.

b. Detallar la aplicación que la entidad ha dado a los fondos enunciados en el inciso a) constitutivos de la contrapartida de los aportes irrevocables.

Independientemente de lo aquí solicitado, las entidades deberán dar estricto cumplimiento a las normas dictadas por el Organismo de control societario que corresponda al tipo y jurisdicción de la aseguradora, en cuanto no se opongan a las disposiciones dictadas por esta Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de organismo de control exclusivo y excluyente de la actividad aseguradora.”.

ARTÍCULO 3°.- Deróguense los incisos h del punto 35.2., f del punto 35.14.1.4., y f del punto 35.14.2.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias).

ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.

Guillermo Plate

e. 15/02/2024 N° 6326/24 v. 15/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2024

Visto el expediente EX-2024-03423278- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de 2020, 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 56 del 16 de diciembre de 2023 (DECNU-2023-56-APN-PTE), y 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que a través del artículo 37 de la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 2° del decreto 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE) y 1° del decreto 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.

Que en el artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, se dispone que las futuras suscripciones de títulos públicos cuya moneda de pago sea pesos se puedan realizar con instrumentos de deuda pública con igual moneda de pago, los que serán tomados al valor técnico calculado a la fecha de liquidación de cada una de las colocaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas mediante la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y sus modificatorias, y conforme lo determinen ambas secretarías, aclarando que tales operaciones, no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la ley 24.156 y sus modificaciones.

Que mediante el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado a través del artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de Economía.

Que, en ese marco, se ha considerado conveniente ofrecer a entidades del Estado Nacional con vencimientos relevantes en el mes de febrero de 2024, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), por sus tenencias de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 20 de febrero de 2024”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 50 del 27 de septiembre de 2023 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2023-50-APN-SH#MEC) - LECER X20F4, la suscripción del “Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,80% vencimiento 9 de noviembre de 2025”, emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 18 del 19 de mayo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-18-APN-SH#MEC) - BONCER TX25.

Que, en tal sentido, se procederá a imputar a las autorizaciones presupuestarias del corriente ejercicio el monto emitido y no colocado del BONCER TX25, por un total de valor nominal original pesos ochenta y cinco mil trescientos setenta y seis millones novecientos veinticinco mil trescientos cuarenta y cuatro (VNO $ 85.376.925.344).

Que la operación que se impulsa se encuentra dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la ley 27.701, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023 y 1° del decreto 23/2024, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 37 de la ley 27.701 -con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023 y 1° del decreto 23/2024-, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023, en el artículo 11 del decreto 331/2022, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la afectación del monto emitido y no colocado del “Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,80% vencimiento 9 de noviembre de 2025”, emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 18 del 19 de mayo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-18-APN-SH#MEC), por un total de valor nominal original pesos ochenta y cinco mil trescientos setenta y seis millones novecientos veinticinco mil trescientos cuarenta y cuatro (VNO $ 85.376.925.344) a las autorizaciones presupuestarias del corriente ejercicio contenidas en el artículo 37 de la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APNPTE), 2° del decreto 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE) y 1° del decreto 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, el que se colocará conforme lo dispuesto en el artículo 2° de esta resolución, o en el marco de las normas de procedimiento aprobadas a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).

ARTÍCULO 2º.- Apruébase, en el marco del artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022- 331-APN-PTE), incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) mediante el artículo 26 de ese decreto, la operación de conversión con las entidades del Estado Nacional, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con tenencias relevantes de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 20 de febrero de 2024”, emitida originalmente mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 50 del 27 de septiembre de 2023 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2023-50-APN- SH#MEC) – LECER X20F4, en adelante el Título Elegible, por el instrumento denominado “Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,80% vencimiento 9 de noviembre de 2025”, emitido originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 18 del 19 de mayo de 2022 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2022-18-APN-SH#MEC) – BONCER TX25, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Fecha de liquidación de la operación: 14 de febrero de 2024.

Valor técnico del Título Elegible: Pesos un mil setecientos catorce con setenta centavos ($ 1.714,70) por cada Valor Nominal Pesos un mil (VNO $ 1.000).

Precio de suscripción del BONCER TX25 para el Título Elegible, que considera las cotizaciones de mercado y valores técnicos correspondientes en los términos dispuestos por el artículo 11 del decreto 331 del 16 de junio de 2022: Pesos seis mil ciento treinta con dos mil setecientos cuarenta y seis diez milésimos ($ 6.130,2746) por cada Valor Nominal Pesos un mil (VNO $ 1.000).

Para determinar la cantidad de valores nominales a entregar de BONCER TX25, se utilizará la siguiente fórmula:

VNO BONCER TX25 = VNO LECER X20F4 * VALOR TÉCNICO LECER X20F4 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER TX25

Al valor nominal original (VNO) obtenido del BONCER TX25, se lo redondeará al entero más cercano de la denominación mínima de ese instrumento.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º y 2° de esta resolución.

ARTÍCULO 4º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pablo Quirno Magrane - Carlos Jorge Guberman

e. 15/02/2024 N° 6365/24 v. 15/02/2024

Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2024

VISTO el Expediente Electrónico EX-2024-05415026- -APN-DVPS#ANMAT, y;

CONSIDERANDO

Que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestiónde Monitoreode Productosparala Saludinformó que la responsable de la firma NUTRISWISS SA, habilitada por esta Administración como empresa importadora de productos médicos y distribuidora para realizartránsito interjurisdiccional de reactivos de diagnóstico y productos médicos, remitió una nota a fin de informar elextravío de dos equipos para alimentación enteral: COVIDIEN KANGAROO E-PUMP SN C17181011 y COVIDIEN KANGAROO E-PUMP SN C18199391.

Que a este respecto informó que los productos fueron entregados en concepto de comodato al Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar de donde presuntamente se extraviaron según consta en la presentación policial de fecha 7 de diciembre de 2023.

Que cabe poner de resalto que el producto se encuentra registrado mediante el PM N° 2220-47 y corresponde a la clase de riesgo II.

Que las bombas para alimentación enteral son de distribución exclusiva a profesionales einstituciones sanitarias y se encuentran indicadas para suministrar nutrición enteral a una velocidad controlada alsistema gastrointestinal.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de unidades individualizadas, de la que se desconoce su estado y condición, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la salud sugirió prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional delos productos: Bomba para alimentación enteral identificadas como COVIDIEN KANGAROO E-PUMP, SN C17181011 y COVIDIEN KANGAROO E-PUMP, SN C18199391.

Quela Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos: Bomba para alimentación enteral identificadas como COVIDIEN KANGAROO E-PUMP, SN C17181011 y COVIDIEN KANGAROO E-PUMP, SN C18199391.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación, a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 15/02/2024 N° 6373/24 v. 15/02/2024

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”

Llama a CONCURSO ABIERTO

UN (1) CARGO DE FARMACÉUTICO/A ASOCIADO/A

CON 42 HORAS SEMANALES MÁS GUARDIA

DIRECCIÓN ASOCIADA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 101/CA/2024

Fecha de Inscripción: Del 14 al 22 de febrero de 2024.

Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.

Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323

Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (Sección “Recursos Humanos”)

Consultas: Conmutador 4122-6456

Analía Martínez Dupuy, Jefa de Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria.

e. 15/02/2024 N° 6173/24 v. 15/02/2024

13/12/2023

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,

A LAS REDES DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

ACEPTADORES DE PAGO CON TRANSFERENCIA,

ADQUIRENTES DE PAGOS CON TARJETA,

AGREGADORES DE INSTRUMENTOS DE PAGO:

Ref.: Circular SINAP 1-197: Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Servicios de pago”. Actualización.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Servicios de pago” en función de las disposiciones difundidas por las Comunicaciones “A” 6680, 6696, 7305, 7783, 7769, 7831, 7850, 7861 y 7905.

Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Sistemas de Pago - Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes.

ANEXO

El ANEXO puede ser consultado en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar Opción “Marco Legal y Normativo”.

e. 15/02/2024 N° 6172/24 v. 15/02/2024

28/12/2023

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular SINAP 1-198: Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos - Transferencias”. Adecuación.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“- Dejar sin efecto el inciso iv) del punto 5.1.3. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias”.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes - Alejandra I. Sanguinetti, Subgerenta General de Medios de Pago.

e. 15/02/2024 N° 6176/24 v. 15/02/2024

28/12/2023

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO,

A LAS REDES DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

A LOS ADMINISTRADORES DE ESQUEMAS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS:

Ref.: Circular SINAP 1-199: Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos - Débito inmediato” y “Sistema Nacional de Pagos - Transferencias - normas complementarias”. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“- Sustituir el acápite a. del punto 1 de la Comunicación “A” 7905 por el siguiente:

a. Punto 1: hasta el 1.3.24.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes - Alejandra I. Sanguinetti, Subgerenta General de Medios de Pago.

e. 15/02/2024 N° 6177/24 v. 15/02/2024

29/12/2023

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO,

A LAS REDES DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE INICIACIÓN,

A LOS ADMINISTRADORES DE ESQUEMAS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

ACEPTADORES DE PAGO CON TRANSFERENCIA:

Ref.: Circular SINAP 1-200: Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos - Transferencias” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias - normas complementarias”. Actualizaciones.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias” y “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias” en función de lo dispuesto por las resoluciones dadas a conocer a través de las Comunicaciones “A” 7688, “A” 7769, “A” 7783, “A” 7933, “B” 12560, “C” 95913 y “C” 96725.

Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Sistemas de Pago - Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes.

ANEXO

El ANEXO puede ser consultado en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar Opción “Marco Legal y Normativo”

e. 15/02/2024 N° 6178/24 v. 15/02/2024

11/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO,

A LAS REDES DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

A LOS ADMINISTRADORES DE ESQUEMAS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,

ADQUIRENTES DE PAGOS CON TARJETA,

AGREGADORES DE INSTRUMENTOS DE PAGO:

Ref.: Circular SINAP 1-201: Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos - Débito inmediato” y “Sistema Nacional de Pagos - Transferencias - normas complementarias”.

Adecuaciones. Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“1. Diferir hasta el 30.4.24 la fecha de entrada en vigencia establecida en el último párrafo del punto 10. de la Comunicación “A” 7769.

2. Diferir hasta el 30.4.24 la fecha de entrada en vigencia establecida en el punto 1. de la Comunicación “A” 7841.”

Saludamos a Uds. atentamente

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes - Alejandra I. Sanguinetti, Subgerenta General de Medios de Pago.

e. 15/02/2024 N° 6184/24 v. 15/02/2024