Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2024

VISTO el Expediente N° EX-2022-56588489-APN-DCYC#MS (y su asociado EX-2023-130309697-APN-DD#MS), los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y 1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, la Decisión Administrativa N° 981 del 29 de septiembre de 2022 y la Resolución N° 2478 del 3 de octubre de 2023 del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente N° EX-2022-56588489-APN-DCYC#MS tramitó la Licitación Pública N° 80-0029-LPU22 del MINISTERIO DE SALUD, llevada a cabo para la adquisición de SEIS MILLONES SEISCIENTAS MIL (6.600.000) dosis de la Vacuna Antigripal Estacional Adulto Trivalente monodosis, UN MILLÓN SETECIENTAS VEINTICINCO MIL (1.725.000) dosis de la Vacuna Antigripal Estacional Pediátrica Trivalente monodosis y TRES MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (3.250.000) dosis de la Vacuna Antigripal Estacional Adyuvantada Trivalente monodosis, solicitada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES de la citada Cartera Ministerial.

Que por la Decisión Administrativa N° 981/22 la firma LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. resultó adjudicataria del Renglón N° 1 (parcial) por TRES MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (3.750.000) unidades por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRECE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (USD 13.113.375), emitiéndose a su favor la Orden de Compra Abierta N° 80-0014-OCA22 el 3 de octubre de 2022.

Que, posteriormente, mediante la Resolución MS N° 2478/23 se prorrogó por el término de DOCE (12) meses la Orden de Compra Abierta N° 80-0014-OCA22 por una cantidad de TRES MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (3.750.000) unidades y un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRECE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (USD 13.113.375), emitiéndose a su favor la Orden de Compra Abierta N° 80-0014-OCA23 el 3 de octubre de 2023.

Que por el Expediente N° EX-2023-130309697-APN-DD#MS las firmas LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. y ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. presentaron en conjunto una nota manifestando la intención, por razones comerciales, de efectuar una cesión de derechos y obligaciones emergentes de la Orden de Compra Abierta N° 80-0014-OCA23 para que esta última continúe con la ejecución de la misma.

Que, asimismo, dichas firmas informaron que forman parte del mismo grupo económico, siendo ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. la titular de los registros sanitarios de ANMAT correspondientes a los productos suministrados por el adjudicatario original.

Que el artículo 13, inciso b) del Decreto N° 1023/01 establece para el cocontratante “La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión”.

Que, en este mismo sentido, el artículo 101 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 prevé que: “Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión”.

Que ha prestado su conformidad a la cesión solicitada por las referidas firmas la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES del MINISTERIO DE SALUD.

Que, asimismo, la Dirección de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE SALUD informó que la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. cumple con todos los requisitos económicos y administrativos de las bases que rigieron la convocatoria y con los requisitos técnicos, económicos y administrativos para llevar a cabo el cumplimiento de la Orden de Compra Abierta N° 80-0014-OCA23.

Que por lo expuesto, y con el fin de permitir la continuidad en la ejecución de la Orden de Compra Abierta N° 80-0014-OCA23, resulta necesario autorizar la cesión de derechos y obligaciones de la firma LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. a la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 101 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la cesión de los derechos y obligaciones emergentes de la Orden de Compra Abierta N° 80-0014-OCA23 a favor de la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-50084630-1), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a la firma cedente LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. (CUIT N° 30-50167689-2) que continuará obligada solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la Dirección de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE SALUD a registrar la cesión que se autoriza por el artículo 1° de la presente medida, así como a realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

E/E Guillermo Francos - Mario Antonio Russo

e. 31/01/2024 N° 3927/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2023-114781849-APN-DCYC#MS, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y 1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 4053 del 2 de diciembre de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 4053/23 se autorizó la convocatoria de la Contratación Directa por Exclusividad N° 80-0086-CDI23 del citado Ministerio para la adquisición de coformulado de Darunavir 600 mg. y Ritonavir 100 mg. y coformulado de Darunavir 800 mg. y Ritonavir 100 mg., solicitada por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS de la citada Cartera Ministerial, y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió dicho llamado y el procedimiento de selección llevado a cabo en la mencionada Contratación Directa.

Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR.

Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución N° 36/17 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y sus modificatorias.

Que en el marco de la referida Contratación Directa se emitió la Circular N° 1, la cual fue difundida y comunicada conforme el procedimiento previsto en el artículo 50 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Que obra la intervención de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que del Acta de Apertura de fecha 27 de octubre de 2023 surge la presentación de la oferta de la firma LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. para los renglones 1 y 2, por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL ($3.671.406.000).

Que la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS del MINISTERIO DE SALUD elaboró el correspondiente Informe Técnico, del cual surge que la oferta presentada se ajusta técnicamente a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.

Que con el fin de alinear el precio ofertado al precio estimado por la unidad requirente, la Dirección de Compras y Contrataciones de la citada Cartera Ministerial solicitó a la firma oferente una mejora de su cotización para los renglones 1 y 2, recibiendo una respuesta favorable de parte del proveedor.

Que ante una nueva intervención respecto de las ofertas económicas mencionadas en el considerando precedente, la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS del MINISTERIO DE SALUD informó un desvío de los precios ofertados mejorados para el renglón 1 del CUATRO COMA OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (4,89 %) y para el renglón 2 del CUATRO COMA OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (4,86 %) respecto del precio de referencia actualizado, sugiriendo proseguir con la adquisición por resultar económicamente conveniente.

Que la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del MINISTERIO DE SALUD prestó conformidad a tal recomendación, destacando que iniciar un nuevo proceso de adquisición, en atención al tiempo que insumiría, no solo reflejaría un posible aumento en el precio de los renglones en cuestión, en relación con el presupuesto estimado, sino que también imposibilitaría dar respuesta en tiempo y forma a la necesidad de contar con dichos medicamentos antirretrovirales, los cuales son utilizados como tercera droga activa como parte de un esquema de tratamiento antirretroviral, a personas con VIH/SIDA bajo cobertura de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del mencionado Ministerio.

Que, en consecuencia, la Dirección de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE SALUD, en función de los análisis administrativos, económicos y técnicos preliminares y la documentación obrante en el Expediente respectivo recomendó la adjudicación de la oferta de la firma LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. para los renglones 1 y 2, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL ($2.870.910.000), por resultar admisible y económicamente conveniente.

Que, por lo expuesto, corresponde proceder a la adjudicación de la referida Contratación Directa por Exclusividad N° 80-0086-CDI23 del MINISTERIO DE SALUD de acuerdo a la citada recomendación.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y por el artículo 9°, inciso e) y su Anexo del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la Contratación Directa por Exclusividad N° 80-0086-CDI23 del MINISTERIO DE SALUD llevada a cabo para la adquisición de coformulado de Darunavir 600 mg. y Ritonavir 100 mg. y coformulado de Darunavir 800 mg. y Ritonavir 100 mg. a favor de la firma LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. (CUIT N° 30-50115282-6) por un monto total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL ($2.870.910.000), de acuerdo a las cantidades y sumas que a continuación se detallan:

a. Renglón 1 por una cantidad de TRESCIENTAS SESENTA MIL (360.000) unidades, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($404.460.000).

b. Renglón 2 por una cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTAS VEINTE MIL (1.620.000) unidades, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($2.466.450.000).

ARTÍCULO 2º.- La suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL ($2.870.910.000) a la que asciende la referida Contratación se imputará con cargo a las partidas presupuestarias del MINISTERIO DE SALUD para el Ejercicio 2024.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la Dirección de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE SALUD a suscribir la pertinente Orden de Compra.

ARTÍCULO 4°.- Autorizase al Ministro de Salud a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante respecto de la Contratación Directa por Exclusividad Nº 80-0086-CDI23 que por este acto se adjudica, como así también a renegociar y suscribir cualquier otro acto relacionado con la ejecución del contrato.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado, conforme lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

E/E Guillermo Francos - Mario Antonio Russo

e. 31/01/2024 N° 3928/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2024

VISTO El Expediente N° EX-2024-04213819-APN-SD#ENRE,y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 11 de la Ley N° 24.065 establece que “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción y/u operación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación del Ente, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha construcción, extensión o ampliación”.

Que el artículo 11 del Decreto Reglamentario N° 1398 de fecha 6 de agosto de 1992 indica que “EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) deberá establecer la magnitud de instalación cuya operación y/o construcción requiere su calificación de necesidad, debiendo difundir adecuadamente tal caracterización”.

Que el Sub-Anexo II.C de los Contratos de Concesión de las Transportistas de Energía Eléctrica por Alta Tensión y Distribución Troncal, define el monto máximo de inversión para calificar una Ampliación como “AMPLIACIÓN MENOR”.

Que a su vez, el punto 2 del Anexo 16 de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex SEE) Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (Los Procedimientos) determina en el artículo 28 del Reglamento de Acceso y Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que se considera “AMPLIACIÓN MENOR” a aquella cuyo monto no supere el valor establecido en el SUBANEXO II.C del Régimen Remuneratorio del Transporte.

Que en virtud de las disposiciones legales mencionadas y de las circunstancias sobrevinientes, este Ente dictó, sucesivamente, la Resolución ENRE N° 46 de fecha 16 de mayo de 1994 y sus modificatorias la Resolución ENRE N° 826 de fecha 10 de diciembre de 1996, la Resolución ENRE N° 69 de fecha 31 de enero de 2001, la Resolución ENRE N° 467 de fecha 23 de septiembre de 2009, la Resolución ENRE N° 33 de fecha 7 de febrero de 2014 y la Resolución ENRE N° 122 de fecha 10 de abril de 2014, a los efectos de reglamentar y determinar la magnitud de las instalaciones cuya operación y/o construcción requiere calificación de Conveniencia y Necesidad Pública.

Que la salida del régimen de convertibilidad y el proceso inflacionario concomitante experimentado desde ese entonces, devino inaplicable el criterio monetario establecido por la norma, para las ampliaciones caracterizadas como “AMPLIACIÓN MENOR”.

Que, aún si se hubiera conservado ese régimen, los montos especificados en el Sub-Anexo II.C del Régimen Remuneratorio del Transporte, habiéndo transcurrido más de 30 años desde su publicación, no tienen el mismo poder de compra de ese entonces, por el efecto inflacionario global.

Que, en efecto, el “Producer Price Index- Total Manufacturing Industries” elaborado por el “U.S. Bureau of Labor Statistics” indica que, entre febrero de 1992 y noviembre de 2023, el índice (1984 = base 100) pasó de 116,3 a 247,25, lo que representa un aumento de precios equivalente a al 212,5 %, y, por consiguiente, el poder adquisitivo de los montos originalmente especificados, expresado en divisas, se ha visto reducido a menos de la mitad.

Que la Resolución ENRE N° 122/2014, al no poder encuadrar las ampliaciones dentro de la categoría de “AMPLIACIÓN MENOR” por los motivos antes mencionados, instruyó el mismo tratamiento para todas las ampliaciones, sin discriminación por el alcance, envergadura, o impacto tanto económico como ambiental.

Que, en consecuencia, en los años recientes se han verificado tiempos de tramitación extensos en las solicitudes referentes a ciertas Ampliaciones de los Sistemas de Transporte, especialmente las de pequeño alcance, que frecuentemente son aquellas con las que se requiere contar a la mayor brevedad, por las necesidades del servicio.

Que, en razón de la experiencia recogida y los principios antes expuestos, resulta conveniente revisar las premisas de las Resoluciones N° 33/2014 y N° 122/2014, y reemplazarlas teniendo en consideración otros aspectos que van más allá de los montos máximos de inversión de las instalaciones involucradas.

Que, en tal sentido, el tiempo transcurrido desde el dictado de las resoluciones precedentemente mencionadas, hace necesaria la revisión del criterio adoptado oportunamente a los efectos de proceder a la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública en los términos del artículo 11 de la Ley Nº 24065.

Que, en orden a lo expresado, resulta razonable y conveniente modificar el criterio del monto máximo de inversión establecido en el Sub-Anexo II.C de los Contratos de Concesión de las Transportistas para el encuadre “AMPLIACIÓN MENOR”, por unidades funcionales que respondan a la magnitud y características que podían adquirirse al momento en que la reglamentación estableció dichos montos.

Que la modificación de los aspectos reglamentarios del servicio es una facultad permanente de la Autoridad Pública encargada de emitirlos.

Que, en esta concepción, debe señalarse que no sólo los Sub-Anexos del Contrato de Concesión integran los aspectos reglamentarios del servicio, sino que también lo integran aquellas disposiciones del Contrato de Concesión que revisten esa naturaleza.

Que, adicionalmente, sin perjuicio de las facultades expresas mencionadas en la Ley N° 24.065, esta norma ha otorgado al Ente la capacidad genérica para realizar todos los actos necesarios para “hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión” (art. 56 inc. a).

Que el espíritu de la Ley N° 24.065 es dotar al Ente Regulador de todas las facultades necesarias para hacer cumplir dicha ley y todas las normas aplicables, sea a través de los medios expresamente establecidos en dicha norma, como mediante otros que se encuentran implícitos en ella.

Que, conforme a lo expuesto, corresponde modificar el Sub-Anexo II C de los Contratos de Concesión de TRANSENER S.A., TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A., DISTROCUYO S.A., TRANSPA S.A., TRANSBA S.A., TRANSCO S.A. y del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DE NEUQUÉN, en lo que refiere al monto máximo de inversión establecido para la “AMPLIACIÓN MENOR”, debiendo calificarse como tales aquellas Ampliaciones de los Sistemas de Transporte y Distribución encuadradas dentro de los grupos funcionales establecidos en la metodología detallada en el ANEXO I (IF-2024-09439635-APN-SD#ENRE ) de la presente.

Que, de la misma manera, resulta conveniente hacer lo propio con las Solicitudes de Acceso a la Capacidad Existente de Transporte Existente, Título I del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (Los Procedimientos).

Que, en consecuencia, corresponde asimismo, dejar sin efecto las Resoluciones ENRE N° 33/2014 y N° 122/2014, a los efectos de compatibilizarlas con los cambios que se introducen.

Que es conveniente establecer un registro adecuado para que los solicitantes y el público en general se informen de las Solicitudes de Ampliación y Accesos en proceso de autorización y de su estado de tramitación.

Que se ha emitido el Dictamen Jurídico previo que prevé el artículo 7° inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 incisos a), b) y s) de la Ley Nº 24.065.

Que el Interventor del ENRE se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley Nº 24.065, en el Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023 y en la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) Nº 1 de fecha 20 de diciembre de 2023.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Revocar las Resoluciones ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ALECTRICIDAD (ENRE) N° 33 de fecha 7 de febrero de 2014 y ENRE N° 122 de fecha 10 de abril de 2014, a partir del dictado de la presente.

ARTÍCULO 2.- Disponer que en todos los casos, y previamente a la ejecución de obras de ampliación de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica de tensiones iguales o superiores a 132 kV, se requerirá la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, con excepción de aquellas Ampliaciones que se encuentren encuadradas dentro de la categoría de “AMPLIACIÓN MENOR” definida en el ANEXO I (IF-2024-09439635-APN-SD#ENRE) a la presente resolución, y que podrán ser emprendidas una vez que reciban la Autorización por parte del ENRE.

ARTÍCULO 3.- Disponer que en todos los casos, y previamente a la ejecución de obras de ampliación de tensiones iguales o superiores a 132 kV y sus obras asociadas, las distribuidoras EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) deberán tramitar la obtención de un Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública para la ampliación de sus Sistemas de Distribución, con excepción de aquellas Ampliaciones que se encuentren encuadradas dentro de la categoría de “AMPLIACIÓN MENOR” definida en el ANEXO I (IF-2024-09439635-APN-SD#ENRE) a la presente resolución, y que podrán ser emprendidas una vez que reciban la Autorización por parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

ARTÍCULO 4.- Aprobar la metodología para evaluar las obras de Construcción, Extensión o Ampliación de Instalaciones Eléctricas y otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública en el ámbito del Servicio Público de Transporte y Distribución, sujetos a Jurisdicción Nacional, que como ANEXO II (IF-2024-09441649-APN-SD#ENRE) forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5.- Aprobar la metodología para evaluar las Solicitudes de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, que como ANEXO III (IF-2024-09447577-APN-SD#ENRE) forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6.- Los solicitantes de las Ampliaciones que requieran la obtención de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública, y que se realicen en el espacio público o en áreas no impactadas, deberán presentar las constancias de haber iniciado los trámites de obtención de los permisos o habilitaciones correspondientes de las autoridades ambientales competentes, previo a su solicitud, además de lo previsto por la Resolución ENRE N° 274 de fecha 5 de agosto de 2015.

ARTÍCULO 7.- Los solicitantes de las ampliaciones que se realicen en Estaciones Transformadoras existentes, y que no afecten el espacio público, no les será requerido presentar ante el ENRE el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el otorgamiento del Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública, o la Autorización en caso de que se trate de una “AMPLIACIÓN MENOR”, en los términos que se establecen en el ANEXO I (IF-2024-09439635-APN-SD#ENRE) a la presente.

ARTÍCULO 8.- El otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para aquellas ampliaciones que incluyan adicionalmente obras caracterizadas como “AMPLIACIÓN MENOR”, contendrá la aprobación implícita de estas últimas, entendiéndose el alcance del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de manera integral para todos sus componentes.

ARTÍCULO 9.- El otorgamiento de los Accesos a la Capacidad de Transporte Existente, que para su efectiva conexión incluyan obras caracterizadas como “AMPLIACIÓN MENOR”, contendrá la aprobación implícita de estas últimas, entendiéndose el alcance del otorgamiento de manera integral, especificando adecuadamente sus componentes.

ARTÍCULO 10.- Instruir la creación de un “Registro Informativo de Ampliaciones del Sistema de Transporte y Distribución” en la página de Internet del ENRE, donde conste, entre otros datos, el título de la obra de Ampliación, el número de expediente ENRE, el Transportista o Distribuidor bajo cuya concesión se realiza, la provincia o localidad de implantación, si se trata de una Ampliación con Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública o una “AMPLIACIÓN MENOR”, y el estado de la tramitación. Hasta tanto no se encuentre implementado este Registro en la página de Internet del ENRE, la información necesaria se pondrá en conocimiento de las partes mediante nota o electrónicamente.

ARTÍCULO 11.- Instruir la creación de un “Registro Informativo de Accesos a la Capacidad de Transporte Existente” en la página de Internet del ENRE, donde conste, entre otros datos, el título de la Solicitud de Acceso, el número de expediente ENRE, el Transportista o Distribuidor bajo cuya concesión se realiza, la provincia o localidad de implantación, y el estado de la tramitación. Hasta tanto no se encuentre implementado este Registro en la página de Internet del ENRE, la información necesaria se pondrá en conocimiento de las partes mediante nota o electrónicamente.

ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente resolución o sus Anexos, el ENRE podrá, a su criterio, MEDIANTE determinar el encuadramiento y tratamiento de las ampliaciones presentadas, fundamentando sus decisiones, o eventualmente convocar a la realización de una Audiencia Pública en cualquier procedimiento cuando estime que existan situaciones que lo ameriten.

ARTÍCULO 13.- Las Solicitudes de Ampliación o Acceso a la Capacidad de Transporte actualmente en trámite en el ENRE deberán ser reencauzadas y continuar su tratamiento de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente Resolución, en la medida que sea posible y conveniente en virtud del avance de su tramitación.

ARTÍCULO 14.- Remitir copia de la presente Resolución a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN para su conocimiento.

ARTICULO 15.- Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.), a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.), a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNEA S.A.), a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.), a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.), a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL COMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSCO S.A.), al ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN), a la ASOCIACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AGEERA), a LA ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA) y a la ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AGUEERA).

ARTICULO 16.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Dario Oscar Arrué

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 31/01/2024 N° 3828/24 v. 31/01/2024

Mendoza, Mendoza, 30/01/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2024-8530383-APN-DD#INV, la Ley General de Vinos Nº 14.878 y la Resolución Nº RESOL-2020-32-APN-INV#MAGYP de fecha 30 de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto se tramita la derogación de la Resolución Nº RESOL-2020-32-APN-INV#MAGYP de fecha 30 de octubre de 2020.

Que la mencionada resolución, en virtud del Decreto Nº DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios vinculado a la pandemia Coronavirus (COVID-19), establece que a partir del día 1 de noviembre de 2020, en forma transitoria y en la medida que se mantengan las circunstancias actuales en materia sanitaria, cada certificación analítica de exportación aprobada por el Sistema de Declaración Jurada en Línea, implementada por este Organismo, requerirá la presentación de UN (1) ejemplar de muestras constituido por DOS (2) botellas de SETECIENTOS MILILITROS (700 ml) a NOVECIENTOS TREINTA MILILITROS (930 ml) cada una o su equivalente en volumen si se trata de envases de menor capacidad, por número de Análisis de Aptitud Exportación, acompañada de DOS (2) copias del certificado analítico correspondiente.

Que asimismo la norma convalida las Circulares Nros. 006-G.F. de fecha 21 de marzo de 2020 y 12-G.F. de fecha 6 de julio de 2020, registradas con los Nros. IF-2020-18415669-APN-GF#INV e IF-2020-43142412-APN-GF#INV, dictadas por la Gerencia de Fiscalización del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) y se establece que cuando el análisis solicitado requiera dictamen de la Comisión de Degustación del INV, se deberá presentar UN (1) ejemplar adicional acompañado de UNA (1) copia del certificado analítico pertinente.

Que los fundamentos extraordinarios y transitorios que llevaron al dictado de la Resolución Nº RESOL-2020-32-APN-INV#MAGYP de fecha 30 de octubre de 2020, a la fecha han perdido virtualidad, atento al dictado del Decreto Nº DECNU-2022-863-APN-PTE de fecha 29 de diciembre de 2022.

Que las acciones de fiscalización del INV no se verán afectadas por la derogación de los sistemas de control referidos.

Que en virtud de lo expuesto, procede que el INV, en un todo de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 24 Bis de la Ley General de Vinos Nº 14.878, establezca la reglamentación pertinente a tal efecto.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos del INV, ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y el Decreto Nº DCTO-2024-66-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- A partir del dictado de la presente, cada certificación analítica de exportación aprobada por el Sistema de Declaración Jurada en Línea, implementada por este Organismo, se tramitará sin presentación de muestras.

ARTÍCULO 2º.- Cuando la certificación analítica de exportación aprobada por el Sistema de Declaración Jurada en Línea, implementada por este Organismo, requiera dictamen de la Comisión de Degustación del INV, se deberá presentar UN (1) ejemplar de muestra constituido por DOS (2) botellas de SETECIENTOS MILILITROS (700 ml) a NOVECIENTOS TREINTA MILILITROS (930 ml) o su equivalente en volumen si se trata de envases de menor capacidad, acompañado de UNA (1) copia del certificado analítico pertinente.

ARTÍCULO 3º.- Derógase la Resolución Nº RESOL-2020-32-APN-INV#MAGYP de fecha 30 de octubre de 2020.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, y cumplido archívese.

Carlos Raul Tizio Mayer

e. 31/01/2024 N° 3791/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2024

VISTO el Expediente N° EX-2022-94723054- -APN-DDYGD#MCT, las Leyes N° 23.511 y N° 26.548, los Decretos N° 38 de fecha 22 de enero de 2013 y su modificatorio, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, N° 657 de fecha 1° de diciembre de 2023, las Resoluciones N° 716 de fecha 5 de octubre de 2023, N° 848 de fecha 23 de noviembre de 2023, N° 879 de fecha 5 de diciembre de 2023 del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita el llamado a concurso de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

Que a través de la Ley N° 26.548 se estableció que el BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, creado por la Ley N° 23.511, funcionará como organismo autónomo y autárquico, dentro de la órbita del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Que por el artículo 19 de la citada Ley se estableció que el BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS funcionará bajo la responsabilidad y dirección de UN (1) Director General Técnico, profesional en bioquímica o biología molecular, con reconocida experiencia en genética forense, UN (1) Subdirector Técnico, con igual profesión y especialización, y UN (1) Subdirector Administrativo, especialista en administración, economía o carreras afines.

Que el artículo ut supra mencionado establece que los cargos de Director General Técnico y Subdirectores Técnico y Administrativo serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de un concurso público de oposición y antecedentes, que garantice la idoneidad científica de los profesionales elegidos y la transparencia del proceso de selección, con una duración de CUATRO (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.

Que a través del artículo 19 del Anexo I del Decreto N° 38 de fecha 22 de enero de 2013 se reglamentaron las pautas para efectuar el llamado a concurso y, entre ellas, se estableció que se integrarán DOS (2) jurados independientes, UNO (1) para las designaciones de Director General Técnico y Subdirector Técnico y UNO (1) para la designación de Subdirector Administrativo.

Que por conducto de la misma norma se estableció que los miembros del jurado serán designados por el entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN con una anticipación mínima de TREINTA (30) días a que se efectúe la convocatoria al respectivo concurso.

Que los integrantes especialistas del jurado, deben ser profesionales destacados en la materia o disciplina correspondiente al llamado a concurso.

Que, conforme al artículo citado, el jurado para los concursos de Director General Técnico y Subdirector Técnico, deberá estar compuesto por CINCO (5) miembros titulares, debiendo ser TRES (3) especialistas en genética humana, preferentemente en las disciplinas de genética forense, Biología Molecular o Genética Molecular, UN (1) funcionario del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y UNO (1) propuesto por la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; y por CINCO (5) miembros suplentes con la misma composición previamente mencionada, no pudiendo estar integrado por más de un SESENTA POR CIENTO (60%) de personas del mismo sexo.

Que a través de la Resolución N° 716 de fecha 5 de octubre de 2023 del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN se designó al jurado del concurso.

Que, en lo que respecta a su conformación, por el artículo 2° de la citada Resolución, se designó en representación del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN como miembro titular al Doctor Diego Fabián HURTADO DE MENDOZA (DNI N° 16.198.651), Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación; y como miembro suplente al Mag. Eduardo Ernesto MALLO (DNI N° 13.991.773), Subsecretario de Estudios y Prospectiva.

Que por medio de la Resolución N° 848 de fecha 23 de noviembre de 2023 del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN se llamó a Concurso Público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, y se estableció como período de inscripción documental del respectivo concurso los días 1 y 2 de febrero de 2024 inclusive, entre las 10:00 y las 16:00 horas, fijándose como lugar de inscripción, asesoramiento y comunicación de información adicional, la sede del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

Que, asimismo, por el mencionado acto, entre otros lineamientos, se aprobó el anuncio que como ANEXO I (IF-2022-135024728-APN-SA#BNDG) forma parte de esa medida, en donde se consignó la identificación de los integrantes del jurado y la transcripción de los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cumplimiento del contenido establecido mediante el artículo 19.1.3. del Decreto Reglamentario N° 38/2023.

Que, conforme a las constancias obrantes en el expediente citado en el Visto, se efectuaron las publicaciones y la difusión en los medios por los términos correspondientes, dando cumplimiento al plazo de antelación de DIEZ (10) a la fecha prevista para la apertura de la inscripción, conforme a la reglamentación vigente.

Que mediante el Decreto N° 657 de fecha 1° de diciembre de 2023 y la Resolución del N° 879 de fecha 5 de diciembre de 2023 del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, fueron aceptadas las renuncias presentadas por el Doctor Diego Fabián HURTADO DE MENDOZA y el Mag. Eduardo Ernesto MALLO a sus respectivos cargos, a partir del 10 de diciembre del mismo año.

Que, atento los cambios de autoridades y de la estructura organizativa de esta jurisdicción, resulta necesario dejar sin efecto la citada Resolución N° 848/2023 del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN por la que se efectuó el llamado a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

Que el BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 19 del Anexo al Decreto N° 38 de fecha 22 de enero de 2013, reglamentario de la Ley N° 26.548.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 848 de fecha 23 de noviembre de 2023 del entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, por medio de la cual se efectuó el llamado a Concurso Público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo vacante de Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

E/E Guillermo Francos

e. 31/01/2024 N° 3926/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2023-151369759- -APN-DGAYF#MAD, y las Leyes Nros. 23.724, 23.778, 24.167, 24.040, 24.418, 25.389 y 26.106, el Decreto Nº 1609 de fecha 17 de noviembre de 2004 y las Resoluciones Nros. 953 de fecha 6 de diciembre de 2004, 1640 de fecha 27 de noviembre de 2012, ambas, de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, y 104 de fecha de 2 de abril de 2020 del entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las Leyes Nros. 23.724 y 23.778, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO y el PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, ratificados el 18 de enero de 1990 y el 18 de septiembre de 1990 respectivamente.

Que asimismo, a través de las Leyes Nros. 24.167, 24.418, 25.389 y 26.106, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó las Enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing al PROTOCOLO DE MONTREAL, acordadas en la SEGUNDA, CUARTA, NOVENA y ONCEAVA Reunión de las Partes del PROTOCOLO DE MONTREAL, respectivamente.

Que en octubre de 2016, por Decisión XXVIII/1 las Partes aprobaron la Enmienda de Kigali, quinta de una serie de enmiendas al Protocolo que tiene por objeto reducir gradualmente el consumo y la producción de los hidrofluorocarbonos (HFCs) en el marco del PROTOCOLO DE MONTREAL. El día 22 de noviembre de 2019, ARGENTINA depositó el instrumento de ratificación en la Sección de Tratados de las NACIONES UNIDAS, la cual entró en vigor el 20 de febrero de 2020.

Que mediante la Ley Nº 24.040, de la cual actualmente el MINISTERIO DEL INTERIOR es autoridad de aplicación, la REPÚBLICA ARGENTINA reguló internamente el control de producción, utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono.

Que el Decreto Nº 1609/04 creó el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO) y estableció un Sistema de Licencias de Importación y Exportación de las sustancias controladas del cual este MINISTERIO DE INTERIOR es autoridad de aplicación.

Que por la Resolución Nº 953/04, de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE entonces dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y sus modificatorias, se complementó el Decreto Nº 1609/04.

Que mediante la citada resolución se implementó el Sistema de Licencias de Importación y Exportación de Sustancias Controladas en el marco de las Leyes Nros. 23.724, 23.778 y 24.040 y el Decreto N° 1609/04 y normativa complementaria.

Que asimismo, mediante el artículo 15 de la Resolución 953/04 se aprobaron las medidas de reducción y cupos de importación de las sustancias controladas.

Que posteriormente al dictado de dicha norma la Administración Pública Nacional implementó la vigencia de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), por lo que es oportuno readecuar los procesos oportunamente previstos por la Resolución 953/04 a dicha plataforma de tramitación.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha adoptado un compromiso adicional de reducción sobre las sustancias controladas por el Anexo C - Grupo I del PROTOCOLO DE MONTREAL: HCFC ante el COMITE EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DEL PROTOCOLO DE MONTREAL conforme al acuerdo aprobado por el dicho comité en su Septuagésima novena Reunión realizada en la ciudad de Bangkok, entre los días 3 y 7 de julio de 2017.

Que dicho compromiso implicó una reducción adicional del consumo de estas sustancias controladas a la establecida por el PROTOCOLO DE MONTREAL a partir del 1° de enero de 2022.

Que mediante la Decisión XXVIII/1 de la 28ª Reunión de las Partes al PROTOCOLO DE MONTREAL, se aprobó la quinta enmienda al Protocolo, denominada “Enmienda de Kigali”, la cual incorporó a los Hidrofluorocarbonos (HFCs) como sustancias controladas.

Que conforme la ratificación por parte de la REPÚBLICA ARGENTINA de la Enmienda de Kigali, el concepto de sustancias controladas en el ámbito del PROTOCOLO DE MONTREAL se ha ampliado.

Que el 20 de febrero del año 2020 entró en vigencia la supra mencionada enmienda conjuntamente con sus medidas de control.

Que mediante la Resolución N° 104/20 del entonces MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, esta autoridad resolvió incorporar a los hidrofluorocarbonos listados en el Anexo F – Grupo I y Grupo II de la Enmienda de Kigali del PROTOCOLO DE MONTREAL al Sistema de Licencias de Importación y Exportación conforme lo establecido por el Decreto Nº 1609/04.

Que las sustancias listadas en el Anexo F Grupo I y II, si bien no agotan la capa de ozono, fueron incorporadas al PROTOCOLO DE MONTREAL a través de la Enmienda de Kigali, por ser alternativos utilizados para reemplazar a los Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) enumerados en otros anexos del PROTOCOLO DE MONTREAL y que deben ser controladas por su alto potencial de calentamiento global.

Que a los fines de establecer, un cupo y asignar cuotas de importación de los Hidrofluorocarbonos (HFCs) listados en el Anexo F Grupos I y II, fue necesario contar con un registro histórico de importaciones para cada empresa importadora de dichas sustancias por el periodo de TRES (3) años: 2020, 2021 y 2022.

Que a partir del 1° de enero de 2024 comenzarán las medidas de control sobre estas nuevas sustancias controladas precitadas por lo que corresponde establecer una metodología de distribución de cuotas que tenga en cuenta el registro histórico de los importadores, pero también prevea circunstancias de casos extraordinarios que pudiesen producirse.

Que como caso extraordinario se ha entendido toda circunstancias que la autoridad determine fuera del regular funcionamiento del mercado.

Que se considera prudente utilizar distintos porcentajes para la distribución de cuotas referidas a las sustancias controladas en el Anexo C - Grupo I y las comprendidas en el Anexo F.

Que mediante la Resolución 1640/12 de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, se prohibió la importación de equipos acondicionadores de aire o sus unidades condensadoras o evaporadoras, que requieran para su funcionamiento la sustancia agotadora de la capa de ozono HCFC-22, número CAS 75-45-6, incluida en el Grupo I del Anexo C del PROTOCOLO DE MONTREAL relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y cuya capacidad no supere los 21 kW.

Que en su artículo 10 se estableció que los importadores de equipos acondicionadores de aire de uso doméstico, cuya capacidad máxima no supere los 21 kW, deberían tramitar una Licencia de Importación ante la OFICINA OZONO de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, a los fines de controlar el tipo de gas refrigerante con el cual funcionan.

Que dado en tiempo transcurrido desde la implementación de la norma se ha producido un cambio del mercado de estos equipos hacia el uso de otros gases refrigerantes; y a la fecha, no se han detectado infracciones a la norma.

Que las licencias para estos equipos, genera una carga burocrática que no redunda en beneficios ambientales, por ello, se considera mantener la prohibición de importación, pero derogar los artículos 10, 11 y 12 de dicha resolución, permitiendo un trámite más ágil para los importadores de equipos acondicionadores de aire que funcionan con otros gases refrigerantes.

Que con fecha 7 de noviembre de 2023 tuvo lugar una reunión con los importadores de sustancias controladas en las que se recibieron comentarios y aportes al proyecto de resolución que devinieron en la presente norma.

Que de dicha reunión participó también personal de la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que el servicio jurídico permanente del organismo ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8 de fecha 10 de diciembre de 2023.

Por ello,

EL MINISTRO DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el listado de sustancias controladas sujetas a cupos de importación en el marco del Decreto Nº 1609 de fecha 17 de noviembre de 2004, el que como Anexo I N° IF-2023-139222579-APN-SCCDSEI#MAD forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse las medidas de control de las sustancias controladas sobre las cuales deberán otorgarse las cuotas de importación establecidas en el Decreto Nº 1609/04, que como Anexo II N° IF-2023-139225927-APN-SCCDSEI#MAD forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente resolución se entenderá por:

a) Cupo de importación: Es la cantidad de las importaciones de sustancias controladas que se establece antes del comienzo de un determinado período de control, para las sustancias incluidas en el cronograma de reducción/eliminación de sustancias controladas, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la REPUBLICA ARGENTINA en el marco del PROTOCOLO DE MONTREAL, sus ajustes, sus respectivas enmiendas y compromisos particulares asumidos por el país con el COMITÉ EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL.

Para el caso de las sustancias incluidas en el Anexo C - Grupo 1 del PROTOCOLO DE MONTREAL se determinarán en función de los valores máximos de consumo y producción a los que se hubiera comprometido la REPÚBLICA ARGENTINA y estará expresado en toneladas PAO (Tn PAO).

Para el caso de las sustancias incluidas en el Anexo F del PROTOCOLO DE MONTREAL se determinarán en función de los valores máximos de consumo a los que se hubiera comprometido la REPÚBLICA ARGENTINA y estará expresado en toneladas CO2 equivalentes CIEN (100) años.

b) Cuota: Es la cantidad de sustancias controladas sujetas a cupo que se permitirá importar a un interesado en un cierto período de control, con el fin de que las importaciones no sobrepasen el cupo establecido. La cuota será establecida antes del comienzo del período de control de que se trate, estará vinculada al Anexo y Grupo del cronograma de reducción/eliminación de sustancias controladas y a su registro histórico y se expresará para el Anexo C en toneladas PAO (Tn PAO) y para el Anexo F se expresará en toneladas CO2 equivalentes CIEN (100) años.

Las cuotas serán asignadas a solicitud del interesado y su monto se calculará en función de lo establecido en el artículo 13 y concordantes de la presente resolución.

c) Importación/Exportación: A los fines de lo establecido en esta resolución se entenderá como “importación” la introducción de cualquier sustancia controlada al territorio nacional, y como “exportación” la salida de cualquier sustancia controlada del territorio nacional. No se considerarán como importación las operaciones de tránsito internacional y los transbordos de sustancias controladas. Tampoco se considerarán como exportación las sustancias controladas enviadas desde el territorio nacional al Área Aduanera Especial de TIERRA DEL FUEGO.

d) Importador nuevo o eventual: Aquel importador que no tiene cuota asignada para el período de control correspondiente.

ARTÍCULO 4°. - Todos los importadores/exportadores alcanzados por lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1609/04, así como toda persona física o jurídica interesadas en importar o exportar sustancias alcanzadas por la presente resolución deberán realizar su registro ante el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO), previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 1609/04, que funciona en el ámbito del PROGRAMA OZONO del MINISTERIO DEL INTERIOR. Debiendo incorporarse al mismo a través del Sistema de Licencias al que se puede acceder a través del sitio web https://sao.ambiente.gob.ar/. Asimismo, deberán iniciar su trámite bajo el sistema de Trámites a Distancia (TAD)- “Inscripción en el Registro de Importadores Exportadores de Sustancia que Agotan la capa de Ozono”.

Aquellos importadores y/o exportadores que hayan procedido a su inscripción conforme lo normado por la Resolución Nº 953/04 de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, no deberán volver a inscribirse.

ARTÍCULO 5º.- La información y constancias previstas en el artículo 4º deberán mantenerse actualizadas. Los interesados deberán notificar al PROGRAMA OZONO de toda modificación de la información consignada dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de producida, adjuntando la documentación respaldatoria por la vía que corresponda.

ARTÍCULO 6º.- El PROGRAMA OZONO queda facultado a ampliar y requerir toda otra información o documentación que estime corresponder en forma adicional a la obrante en el Sistema TAD.

ARTÍCULO 7º.- El interesado en importar sustancias controladas que serán utilizadas como agentes de procesos deberá previamente obtener la autorización del PROGRAMA OZONO. La misma será otorgada luego de haberse gestionado la aprobación por una Decisión de las Partes del PROTOCOLO DE MONTREAL, en caso de ser necesario esta última.

Para el caso que se requiera importar sustancias controladas que serán utilizadas como materia prima en la fabricación de otros productos químicos, se deberá acompañar una declaración jurada en donde conste: (i) lugar o lugares en donde se llevará a cabo la transformación en otros productos químicos de las sustancias controladas importadas como materia prima; (ii) tipo o tipos de productos químicos que se fabricarán a partir de las sustancias controladas que se importen como materia prima; (iii) capacidad instalada de producción en el lugar o lugares informados en el punto (i) precedente; y (iv) relación insumo-producto para el proceso productivo involucrado.

ARTÍCULO 8°. - El PROGRAMA OZONO aprobará o rechazará la inscripción en el plazo de QUINCE (15) días hábiles de presentada por el interesado mediante el sistema de Trámites a Distancia.

ARTÍCULO 9°. - Serán condiciones necesarias para obtener una licencia de importación o exportación:

a. Estar debidamente inscripto en el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO).

b. Completar el formulario de solicitud correspondiente a la operación que se encuentre en el sitio web del SISTEMA DE LICENCIAS DEIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.

c. Completar el trámite que se encuentra en el TAD bajo el título de “Solicitud de Licencia de Importación SAO” y “Solicitud de Licencia de Exportación SAO”.

d. En caso de tratarse de sustancias controladas sujetas a cupo, deberá contar previamente con una asignación de cuota con las excepciones contempladas en el artículo 20 de la presente resolución.

ARTÍCULO 10.- El PROGRAMA OZONO tendrá un plazo de QUINCE (15) días hábiles de iniciado el trámite pertinente para otorgar o denegar la licencia, lo que se instrumentará mediante el Sistema de Licencias de Importación y Exportación de Sustancias Controladas y se notificará al administrado mediante TAD.

ARTÍCULO 11.- Cada licencia emitida tendrá una validez de CUARENTA (40) días corridos a partir de la fecha estimada para la importación o exportación consignada por el interesado en la correspondiente solicitud de licencia.

ARTÍCULO 12.- Los importadores y/o exportadores de sustancias tendrán un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de la entrada/salida de la sustancia controlada del territorio nacional para cumplimentar el cierre informativo de la operación concretada por intermedio de la página del Sistema de Licencias de Importación y Exportación de Sustancias Controladas.

Adicionalmente, los importadores y/o exportadores dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos de la entrada/salida de la sustancia controlada del territorio nacional, deberán presentar ante el PROGRAMA OZONO, vía correo electrónico, una copia del documento aduanero correspondiente a dicha operación.

ARTÍCULO 13.- Se encuentran prohibidas la importación, producción nacional y exportación de toda aquella sustancia controlada cuyo consumo se encuentre eliminado conforme al calendario de eliminación vigente del PROTOCOLO DE MONTREAL y sus modificaciones, excepto para:

a. los usos considerados esenciales o críticos por el PROTOCOLO DE MONTREAL, y para los cuales el país tenga la autorización correspondiente,

b. para sustancias recuperadas, recicladas o regeneradas, y aquellas importadas como materia prima para la fabricación de otros productos químicos o como agentes de proceso, y

c. para estándares de referencia de uso analítico.

ARTÍCULO 14.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 1609/04 el monto total del cupo correspondiente a los distintos grupos de sustancias controladas para cada período anual será distribuido de la siguiente forma:

a. Para el caso de las sustancias incluidas en el Anexo C - Grupo 1 del PROTOCOLO DE MONTREAL:

i. NOVENTA POR CIENTO (90%) para su reparto en cuotas intransferibles a los importadores con registro histórico de importaciones que así lo hayan solicitado; ii) CERO COMA CINCO (0,5%) como cuota para atender los requerimientos de licencias de los importadores nuevos o eventuales; iii) CUATRO COMA CINCO (4,5%) para atender casos extraordinarios conforme lo establecido en los artículos 13 y 23.

Para el caso de las sustancias incluidas en el Anexo F del PROTOCOLO DE MONTREAL:

i. SETENTA POR CIENTO (70%) para su reparto en cuotas intransferibles a los importadores con registro histórico de importaciones que así lo hayan solicitado;

ii. QUINCE POR CIENTO (15%) como cuota para atender los requerimientos de licencias de los importadores nuevos o eventuales; iii) DIEZ POR CIENTO (10%) para atender casos extraordinarios conforme lo establecido en los artículos 13 y 23.

Los porcentajes antedichos no generarán en ningún caso derechos adquiridos, y en caso de ser necesario, el PROGRAMA OZONO, propondrá la modificación de estos porcentajes para los períodos de control subsiguientes.

ARTÍCULO 15.- A los efectos del artículo anterior se entenderá por caso extraordinario las circunstancias que la autoridad determine fuera del regular funcionamiento del mercado, dentro de las que se encuentran, sin ser limitantes, las siguientes:

a. cuando se demuestre que se solicita importar una sustancia controlada por falta de alternativas técnicas y económicamente viables en el mercado local,

b. cuando exista la posibilidad fundada de desabastecimiento de una determinada sustancia en el mercado nacional y ello pudiese provocar una circunstancia perjudicial para el país, y

c. otras circunstancias que la autoridad de aplicación considere necesarias.

ARTÍCULO 16.- La solicitud de cuota de importación deberá formalizarse con una anterioridad mínima de CIENTO VEINTE (120) días corridos respecto del comienzo del período de control anual para el cual se emitan. Transcurrido dicho período los importadores no tendrán derecho a solicitar cuota de importación.

Para el primer año del cronograma de control, dicho plazo será de TREINTA (30) días corridos.

ARTÍCULO 17.- Para el cálculo de la cuota a adjudicar de las sustancias del Anexo C - Grupo 1 se tendrá en cuenta el valor promedio expresado en toneladas PAO (Tn PAO) de la totalidad de las importaciones, para cada una de sustancias controladas sobre el que se solicita cuota, que el solicitante hubiera realizado en los TRES años calendario inmediatos anteriores a la solicitud, otorgándose una cuota para cada una de ellas. Quienes no cuenten con registro de importaciones realizadas para el período indicado no podrán solicitar la adjudicación de cuota.

ARTÍCULO 18.- Para el cálculo de la cuota a adjudicar de las sustancias del Anexo F se tendrá en cuenta el valor promedio expresado en toneladas CO2 equivalentes CIEN (100) años de la totalidad de las importaciones realizadas en los TRES años calendario inmediatos anteriores a la solicitud. Quienes no cuenten con registro de importaciones realizadas para el período indicado no podrán solicitar la adjudicación de cuota.

ARTÍCULO 19.- Para el cálculo del registro histórico regulado en los artículos 17 y 18, no se contabilizarán en los antecedentes de importaciones referidos precedentemente las importaciones de sustancias controladas incluidas en las siguientes categorías:

a. Cuyo estado declarado fuera recuperado, reciclado o regenerado.

b. Cuyo destino final fuese su utilización como materia prima para la elaboración de otros productos químicos.

c. Cuyo destino final fuese su utilización como agente de procesos.

d. Las sustancias importadas como casos extraordinarios.

ARTÍCULO 20.- Para la obtención de una licencia aplicable a los casos mencionados en el artículo 19 incisos a), b), y c) se requerirá:

a. Cuando se trate de sustancias controladas recuperadas, recicladas o regeneradas, deberá presentar un Certificado de Análisis emitido por autoridad competente del país de origen de las sustancias controladas que garantice el estado y calidad de las mismas.

b. Cuando se trate de sustancias a ser utilizadas como materia prima o como agente de procesos, deberá estar habilitado previamente bajo la categoría Importador para Materia Prima o como agente de procesos en el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (RIESAO).

ARTÍCULO 21.- Las cuotas otorgadas, así como la cantidad máxima de importación permitida para importadores nuevos o eventuales serán aprobadas por resolución y publicada en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 22.- Los interesados que hubieren resultado adjudicatarios de una cuota de importación para cierto período anual podrán realizar solicitudes de licencia de importación hasta por la cantidad máxima establecida en su respectiva cuota.

ARTÍCULO 23.- La parte del cupo reservada para “importadores nuevos o eventuales” establecida en el artículo 13 de la presente resolución será adjudicada a los solicitantes hasta agotar la cantidad reservada. Las solicitudes de licencia bajo esta modalidad se atenderán según el orden cronológico de aparición.

Si fuere necesario, el PROGRAMA OZONO, podrá modificar esa cantidad en forma previa al comienzo del período de control de que se trate, y para cada Anexo de sustancias sujeto a cupo, respetándose la pauta anteriormente indicada en relación con las cuotas adjudicadas a los importadores con registro histórico.

ARTÍCULO 24.- Para atender casos extraordinarios que se pudieran presentar o para el caso que hubiere posibilidad de reasignación de cuotas, en función del compromiso contraído por el país con el PROTOCOLO DE MONTREAL y con el COMITÉ EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL, el PROGRAMA OZONO, además de la reserva efectuada en el artículo 13, podrá disponer la adjudicación de:

a. la parte del cupo destinada a personas jurídicas o humanas con registro histórico que no hubiese hecho uso del mismo;

b. la parte CINCO PORCIENTO (5%) del cupo reservada para contemplar diferencias de cantidades que se pudieran originar en vicisitudes propias de la operatoria comercial de la mercadería involucrada, que ya no fuera necesario mantener en reserva en función de la evolución de importaciones efectivamente llevadas a cabo,

c. la capacidad de importación que se genere debido a la cantidad de exportaciones efectivamente efectuadas y que deben considerarse a efectos del cálculo del consumo del país para el período de control considerado y el Anexo: Grupo involucrado, dejándose establecido que dicha capacidad sólo podrá hacerse efectiva en el mismo período de control en que se generó.

Si a los efectos de satisfacer casos extraordinarios, no se contase con las cantidades que surgen de los incisos anteriormente mencionados, o los mismos resultaren insuficientes; a partir de la finalización del séptimo mes de vigencia de las cuotas adjudicadas para un cierto grupo de sustancias controladas, el PROGRAMA OZONO podrá disponer la recuperación de las cantidades no utilizadas o remanentes, de aquellos importadores que hubieren informado fehacientemente que no procederán a la utilización de sus cuotas o remanentes.

ARTÍCULO 25. - Los productores, importadores y exportadores de sustancias controladas o mezclas que las contengan, deberán registrar datos sobre el destino de las mismas, como así también los de las compras efectuadas en el mercado nacional, según su uso previsto incluidas las recuperadas, recicladas y regeneradas, nombre de sus destinatarios y cantidades entregadas a cada uno de ellos.

Dicha información será presentada ante el PROGRAMA OZONO antes del 28 de febrero de cada período bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la Ley 24.040. Asimismo, el PROGRAMA OZONO suspenderá la emisión de nuevas licencias de importación hasta la cumplimentación de la presentación del informe requerido.

ARTÍCULO 26.- Déjase aclarado que los cupos de una determinada sustancia a que hacen referencia los artículos 10 y 12 del Decreto N° 1609/04 serán interpretados según lo establecido en el artículo 3º inciso a) de la presente resolución.

ARTÍCULO 27.- Deróguese la Resolución N° 953 de fecha 6 de diciembre de 2004 y los artículos 10, 11 y 12 de la Resolución N° 1640 de fecha 27 de noviembre de 2012, ambas de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 28. - La presente resolución entrará en vigor el 1° de enero 2024.

ARTÍCULO 29.- Aclárase que las licencias otorgadas para el período 2023 no serán válidas para el período 2024.

ARTÍCULO 30.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Guillermo Francos

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 31/01/2024 N° 3752/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2023

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2023-146078533-APN-DA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que los cultivos de camelina (Camelina sativa L.) y carinata (Brassica carinata L.), han experimentado un crecimiento importante en cuanto a la superficie sembrada y producción en las diferentes provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA, especialmente para el desarrollo de los biocombustibles.

Que los referidos cultivos poseen un potencial de crecimiento importante hacia los próximos años, como alternativa productiva en la rotación agrícola de invierno.

Que viendo el crecimiento logrado en los últimos años se consideró apropiado establecer para la semilla de Clase Identificada de las especies camelina (Camelina sativa L.) y carinata (Brassica carinata L.) la mención obligatoria del cultivar en el rótulo.

Que resulta conveniente para el grupo de especies hortícolas tomar similar determinación, excepto las especies que pertenezcan al régimen de fiscalización obligatoria.

Que de esta manera se garantiza el derecho de propiedad de los obtentores sobre cultivares de las especies citadas, permitiendo alentar la investigación para continuar con la mejora genética de las mismas.

Que la medida permitirá brindar al productor agropecuario garantías sobre el material genético que adquiere, evitando pérdidas significativas en sus cosechas por bajo rendimiento del cultivo y mala calidad del producto.

Que el Artículo 10 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, faculta al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS a determinar los casos en que podrá o deberá hacerse mención de la variedad al momento de identificar la semilla.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS (CONASE), ha dado su opinión favorable a la presente iniciativa, en su reunión de fecha 4 de diciembre de 2023, según acta Nº 509.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la suscripta es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en los Artículos 8° y 9º del Decreto 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establézcase la obligatoriedad de la mención del cultivar en el rótulo identificatorio de la semilla de Clase Identificada de las especies camelina (Camelina sativa L.), carinata (Brassica carinata L.), y de todo el grupo de especies hortícolas, salvo aquellas que se comercializan obligatoriamente dentro de la Clase Fiscalizada, a partir del día 1 de junio de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Derógase la Resolución N° 81 de fecha 15 de junio de 1993 del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la ex -SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Silvana Babbitt

e. 31/01/2024 N° 3782/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2024

I. VISTO las Leyes N° 19.550 (t-o- 1984) y sus modificatorias, y N° 22.315, el Decreto N° 1493/82, la Resolución General IGJ N° 7/2015 y su modificatoria, y la Resolución General IGJ N° 5/2020, y

II. CONSIDERANDO:

1. Que la Resolución General IGJ N° 5/2020 derogó, en su totalidad, la Resolución General IGJ Nº 8/2016 dictada por este organismo, restableciendo los textos originarios de los arts. 67 y 68 de la Resolución General IGJ 7/2015, relacionados con la formulación del objeto social en los instrumentos constitutivos de sociedades, al disponer que en dichos instrumentos su enunciación —como requisito previsto en el art. 11, inciso 3º, de la Ley Nº 19.550 (t.o.1984) y sus modificatorias— debe ser efectuada en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y específica de las actividades que contribuirán a su efectiva consecución, admitiéndose, además, “...la inclusión de otras actividades, también descriptas en forma precisa y determinada, únicamente si las mismas son conexas, accesorias y/o complementarias de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social…”; declarando inadmisible la constitución de sociedades o reformas de objeto social que contemplen la exposición de un objeto múltiple, restringiendo la registración de instrumentos constitutivos de sociedades a aquellos que contengan un objeto único.

2. Que, de modo adicional a tal exigencia, se indicaba en la resolución mencionada que el conjunto de las actividades descriptas en el objeto social debía guardar razonable relación con el capital social asignado a la sociedad, estableciendo que el organismo podría exigir un capital social inicial superior al fijado en el acto constitutivo, aun en la constitución de sociedades por acciones en las cuales se respetara la cifra de capital mínimo fijada por el art.186, párrafo primero, de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 ) y sus modificatorias para las sociedades anónimas, o por el artículo 40 de la Ley Nº 27.349 para las sociedades por acciones simplificadas (SAS), si la autoridad de contralor advirtiera que, en virtud de la naturaleza o las características de las actividades comprendidas en el objeto social, el capital resultara manifiestamente inadecuado.

3. Que el artículo 11, inciso 3), de la Ley Nº 19.550 (t.o.1984 ) y sus modificatorias, determina como requisito del instrumento constitutivo de una sociedad, que el mismo contenga la designación del objeto social de un modo preciso y determinado.

4. Que el objeto social es un elemento y requisito común a todos los instrumentos constitutivos de sociedades, conformando un requisito no tipificante que enuncia, enumera y reúne —en un sentido abstracto— un conjunto de categorías de actos jurídicos que describen la actividad económica que los socios han establecido podrá ser desarrollada por la sociedad, sin perjuicio de que dicha sociedad tenga legitimación para obrar suficiente como para poder llevar a cabo otros actos jurídicos no enumerados en el mismo, pero siempre y cuando obedezcan, se relacionen o resulten necesarios y afines a la dinámica de actividades que se encuentren comprendidas dentro de las diversas categorías de actos jurídicos mencionados en el objeto social —véase Vítolo, Daniel Roque, “Sociedades Comerciales, Ley 19.550 comentada”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, Tº I—. Así el objeto social asume, entre otras, las siguientes funciones: a) delimita la actividad de la sociedad; b) la misma función de delimitación se refracta en la esfera de las actividades en que cabe sea invertido el patrimonio social; c) enmarca la competencia del obrar de los órganos; d) fija las facultades de los representantes; y e) permite definir el interés social —véase Aramouni, Alberto, El objeto en las sociedades comerciales, Astrea, Buenos Aires, 1994; Etcheverry, Raúl A., Empresa y objeto social, en R. D. C. O. 1982-781; Fargosi, Horacio P., Sobre el objeto social y su determinación, en L. L. 1977-A-684; entre otros—.

5. Que el objeto social —el cual, internamente, puede servir como un factor de seguridad para los socios, anticipando los rubros de actividades que la sociedad se propone eventualmente desarrollar, en cuyo caso, compromete a los administradores sociales a invertir consecuentemente, los aportes recibidos en las actividades consecuentes, y no en otras— en modo alguno permite considerar que, para preservar la determinación del mismo y su precisa formulación, dicho objeto social no pueda contener categorías de actos jurídicos múltiples, y deba limitarse a una única categoría de actos jurídicos que el mismo describa y enumere —exclusivamente— y a aquellos otros que resulten conexos y complementarios entre sí. Lo establecido en forma expresa por el art. 36, inc. 4), de la Ley Nº 27.349, modificada por la Ley Nº 27.444, es una muestra clara de la tendencia contraria fijada por el legislador en esta materia.

6. Que, para la doctrina clásica, el objeto social de las sociedades puede tener sustancia plural —véase a modo de ejemplo Halperin, Isaac, Sociedades Anónimas, Depalma, 1978, quien criticó el criterio de la derogada Resolución General IGJ Nº 65/72 que había confundido objeto “preciso y determinado” con objeto “único”— lo que surge —también— del texto del propio art. 31 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 ) y sus modificatorias que, por vía de excepción, exime de limitaciones para participar en otras entidades, a las sociedades cuyo objeto sea “… exclusivamente…” financiero o de inversión; como también ocurre con el art. 64 apartado I, de dicha resolución, el cual prevé —en materia contable— que, en el estado de resultados, se enuncien las ventas o servicios, agrupados por tipo de actividad.

7. Que estas disposiciones junto con aquellas otras que, en legislaciones específicas, y en forma expresa y taxativa disponen que, para la explotación de determinadas actividades el objeto debe ser único —como es el caso de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, la Ley de Empleo N° 24.013 (art. 77, aplicable a sociedades que brinden servicios de personal eventual), la Ley de Entidades de Seguros y su Control N° 20.091, la Ley de Régimen de Productores Asesores de Seguros N° 22.400 (artículo 20, aplicable a sociedades de productores asesores de seguros)— originan aquello que se puede considerar como una interpretación auténtica de la ley, es decir, un criterio exegético que surge de la simple armonización gramatical de las distintas disposiciones legales, facilitando la tarea del hermeneuta que accede a la comprensión de la ley aplicando sin esfuerzo los conceptos que emanan de sus propias disposiciones.

8. Que, frente a los terceros, la inclusión de diversas categorías de actos jurídicos múltiples en la descripción y conformación del objeto social que se consigne en el instrumento constitutivo, además de respetar las garantías enunciadas en el art. 14 de la Constitución nacional, de asociarse con fines útiles, ejercer toda industria lícita, comerciar y disponer de su propiedad, reconoce la libertad de creación de empresas y de acceso al mercado. Y esto debe necesariamente entenderse bajo el concepto de que una persona humana o jurídica tiene plena libertad para celebrar actos jurídicos e iniciar y desarrollar actividades en cualquier sector económico, a su elección, y sin más limitaciones que las establecidas por las leyes.

9. Que —así— la libertad de empresa comprende la libertad de organización y dirección de las circunstancias del proceso de una actividad económica, empleando los medios idóneos que tengan a su disposición las personas humanas y jurídicas para operar eficientemente en el mercado, sin traspasar —por cierto— los límites definidos en el ordenamiento jurídico. Se circunscribe ello —entonces— a toda actividad establecida dentro del mercado que ofrezca en el mismo productos o servicios, los que pueden llevarse a cabo en forma simultánea, o bien sucesivamente. — véase Paz Ares, Cándido, citado en Baldeón Barriga, Inés María, “La libertad de empresa en el neoconstitucionalismo: Análisis comparado entre la Constitución ecuatoriana y la Constitución española”, Quito, Consultores Estratégicos Asociados, 2014—. Y ello —justamente— es a lo que alude el art. 1º de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 ) y sus modificatorias, cuando establece el destino al cual deben afectarse los aportes efectuados por los socios a la sociedad: “… la producción o intercambio de bienes o servicios…” —bajo un enunciado plural—.

10. Que la libertad de empresa debe entenderse —asimismo— como una suma de derechos que facultan el desarrollo adecuado de una actividad económica, incluyendo la facultad de crear compañías que incursionan en la producción e intercambio de bienes y servicios con sus propios objetivos, con una dirección y planificación de los recursos obtenidos, sujetándose expresamente a las condiciones del mercado —García Vitoria, Ignacio, “La libertad de empresa: ¿Un terrible derecho?”, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008—.

11. Que la posibilidad de incluir múltiples categorías de actos jurídicos dentro de la descripción de un objeto social preciso y determinado, en modo alguno perjudican la contratación ni el tráfico negocial por cuanto, al constituir el objeto una referencia y parámetro para obligar a la sociedad, en tanto, quien representa a la sociedad —conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 ) y sus modificatorias— obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social —art. 58—. Consecuentemente, los representantes societarios obligarán a la persona jurídica privada —sociedad— por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños a las diversas categorías de actos jurídicos incluidos en el objeto social previsto en el contrato o estatuto, asegurando un eficaz mecanismo de imputación de conductas, derechos y obligaciones —véase Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho Societario. Parte General. El Contrato de Sociedad, Heliasta, 1994; Lind Petrovic, Norberto, El objeto social, alcances de la representación de los administradores y los actos ultra vires, en Tratado de Derecho Mercantil, Derecho Societario, Tomo I, Lima, Gaceta Jurídica, 2003; Sáenz García de Albizu, Juan Carlos, El Objeto Social en la Sociedad Anónima, Madrid, Civitas, 1990; Ferrero Diez Canseco, Alfredo. La función e importancia del objeto social en las sociedades mercantiles. En: ius et veritas. Número 13, 1996; —.

12. Que, adicionalmente, cabe señalar que, dentro de la exégesis legal, no hay impedimento para que una sociedad pueda ejercer actividades ajenas a su explotación principal —art. 63 inciso I apartado d)— o invertir sus recursos, dentro de los límites permitidos, en otras sociedades —art. 31— lo cual comprometerá obligacionalmente a la misma, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caber a los administradores. Para el objeto social hay también reglas generales, como la tienen todos los contratos y negocios jurídicos —art. 958 del Código Civil y Comercial— y por ello el objeto social debe ser, además de preciso y determinado, como lo señala el art. 11. Inciso 3) de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, lícito —art. 18—, posible —argumento art. 94 inc. 4)— y no debe estar prohibido en relación con el tipo adoptado —art. 20—, ni por alguna disposición legal.

13. Que, respetando las propias expresiones legales, el articulo 11, inc. 3) de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 ) y sus modificatorias, requiere que el instrumento constitutivo contenga un objeto, el cual debe ser preciso y determinado, exigencias que deben ser concurrentes y conjuntas, conformando premisas de exactitud sobre las diversas categorías de actos jurídicos que la sociedad pretende realizar en el desarrollo de su actividad. Más allá de que la interpretación del mencionado inciso pueda haber tenido algunas apreciaciones divergentes, no debe olvidarse que se ha declarado que la exigencia de precisión y determinación en el objeto no significa que una sociedad no pueda tener legitimación para realizar multiplicidad de actos jurídicos incluidos en las categorías de aquellos que integran dicho objeto —”Tresmar S.A.” Res. IGJ 49/84— ni que tenga que efectuarse una relación minimizada de las actividades a las cuales se dedicará —CNCom Sala A 19/12/74 ED 60-390—; y en dicha línea de pensamiento se ha sostenido que cuando una sociedad se propone dedicarse —en general— a la importación y exportación, sin indicación sobre cuáles rubros recaería la actividad, igualmente el objeto social debe considerarse preciso y determinado en sí mismo, frente a la naturaleza de la tarea del importador o exportador que se vincula más con los rubros que la legislación aduanera y el comercio internacional admiten.

14. Que, en realidad, no existen mayores justificativos en un Derecho Societario contemporáneo para obligar a los constituyentes, ni a los órganos de gobierno que decidan modificar el contenido del objeto social de una sociedad, a limitarlos en su capacidad de decisión más allá de las exigencias básicas de precisión, determinación, posibilidad, licitud y ausencia de prohibición. Si bien es cierto que algunas limitaciones pudieran haberse aceptado —y justificado—en el pasado bajo regímenes originales de formación de sociedades anónimas y otras similares en los cuales la constitución de tales sociedades implicaba una concesión del Estado —como ocurría con las sociedades anónimas con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 ) y sus modificatorias, que se autorizaban por decreto del Poder Ejecutivo Nacional— ello ya no parece pertinente en el siglo XXI, cuando hace más de cincuenta (50) años se ha dejado de lado el sistema de autorización para asignar personalidad jurídica a ciertas sociedades, siendo sustituido en todos los casos por mecanismos de mera adecuación a las normas vigentes. Es que originariamente nuestro derecho siguió la doctrina de la autorización, la que según un enfoque abonaba la interpretación restrictiva del Código Civil derogado —art. 35—, en los Códigos de 1862 —con alguna salvedad al estilo del Código español de 1829— y de 1890; empero la “Ley de Sociedades Comerciales” Nº 19.550 de 1972, cambió sustancialmente el enfoque —véase Otaegui, Julio César, Objeto social, capacidad societaria y falencia, LL, 2006-E-541—; lo que se profundizó con la sanción de la Ley Nº 26.994 —ver arts. 142, 143 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; y Alterini, Jorge H. Código Civil y Comercial de la Nación, Tratado Exegético, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015 y Vítolo, Daniel Roque, Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, Erreius, Buenos Aires, 2016—.

15. Que, de hecho, las razones históricas de la exigencia de determinación y precisión en materia de objeto social, especialmente tomadas del derecho y la doctrina italianas que tuvieron significativa influencia en el anteproyecto que diera origen a la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, nunca obedecieron a exigir que las sociedades se constituyeran con objeto único, sino más bien a evitar la inclusión en los instrumentos constitutivos generalidades tales como cláusulas contractuales o estatutarias en las cuales se establecieran como objeto social la realización de “…una actividad económica…”, o “…toda actividad, en cualquier país, que le produzca o pueda producir beneficio económico…”, o “… el ejercicio de todo tipo de negocios…”, o “… una actividad comercial…”, o cuestiones tan genéricas como “… la agricultura…”, “… el comercio…” o “… la industria…” —véase La Villa, Gianluca, L´oggetto sociale, Dott. A. Giuffrè Ed., Milano, 1974—.

16. Asimismo, debe advertirse que, el criterio adoptado por el texto vigente del art. 67 de la Resolución General I.G.J. Nº 7/2015 permite una aplicación discrecional del criterio inscriptorio, al atribuir al registrador la facultad de calificar cuándo una actividad es conexa o complementaria respecto de otra y cuándo no lo es —lo cual importa un verdadero exceso en materia de interpretación de una disposición legal que no menciona ni refiere cuestiones de unicidad, extralimitando la habilitación conferida al titular de la autoridad de contralor, según lo dispuesto en el art. 21, inciso b) de la Ley Nº 22.315—.

17. Imponer por la mera voluntad de la autoridad de contralor que sociedades no incluidas en regímenes correspondientes a actividades regladas deban poseer un objeto único, presupone —ab initio— limitar sustancialmente la facultad de asociarse con fines útiles consagrada por la Constitución Nacional, ocasionando a los interesados, en más de un caso, gravámenes patrimoniales significativos al no permitirles desarrollar legítimamente, con un mismo elenco de socios y utilizando la misma estructura jurídica personificada —la sociedad—, diferentes actos jurídicos contenidos en categorías de diversa naturaleza por medio de los cuales desean desarrollar su actividad de producción o intercambio de bienes y servicios en el mercado. La aplicación taxativa de la norma ha impedido —en la práctica— que quienes decidieron —a modo de ejemplo— destinar un edificio para la explotación de un “apart hotel” puedan incorporar el rubro turístico o el renglón financiero, de modo programado y regular. También se ha cuestionado que una sociedad dedicada al sector industrial adicionara —al conjunto de categorías de actos jurídicos incluidos en el objeto— el transporte de cargas y mercaderías de y para terceros, como modo de evitar que sus vehículos retornaran vacíos a la planta industrial después de cumplir con la distribución de los productos, con el consiguiente incremento de costos, pérdida de eficiencia y perjuicio económico para la sociedad y para sus socios. Situaciones similares a las descriptas generan daños operativos y patrimoniales mensurables, trasladables a los socios de la persona jurídica privada —sociedad —y a la sociedad misma— que la resolución invoca proteger.

18. Por estas y otras razones, no parece ajustada a la ley el contenido de la resolución bajo análisis, la cual resulta violatoria —por exceso— del art. 11, inciso 3) de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, el cual sólo exige precisión y determinación en la enunciación del objeto social en el instrumento constitutivo de la sociedad, sin imponer límites operativos ni grados de conexidad o complementariedad respecto del conjunto de categoría de actos jurídicos que pueden conformar dicho objeto, erigiéndose en excepciones que alteran previsiones legales expresas. El requisito exigido por la ley constituye un elemento esencial no tipificante cuya conformación, dentro del marco de la ley general, es disponible para los socios —más aún a partir de las reformas introducidas por la Ley Nº 26.994 al artículo 17 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984 y sus modificatorias)—.

19. En el aspecto regimentado —se debe insistir— la resolución controvierte normas constitucionales por afectar derechos y garantías protegidas, pues cabe recordar que —conforme al principio de reserva de ley— nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe —art. 19 C.N.—; por lo tanto los habitantes de la Nación Argentina no pueden ser obligados a constituir diversas sociedades, si pretendieran asociarse con el propósito de ejercer más de una actividad lícita que no se encuentre específicamente reglada por ley —art. 14 de la C.N.—.

20. Obligar a los particulares que tomen la decisión de explotar diversos negocios a tener que constituir más de una sociedad, impone a éstos multiplicar los aportes, los costos fundacionales y operativos, generando un gravamen apreciable patrimonialmente (art. 17 C.N.), a la vez que impide que los excedentes obtenidos en la explotación de una de las categorías de actos jurídicos incluidas en el objeto social puedan ser empleados inmediatamente en la explotación de otro rubro, obligando a transferir recursos intersocietariamente —todo ello sin que exista una razón fundada en una norma legal que lo justifique—.

21. La circunstancia de que una sociedad disponga de pluralidad de categorías de actos jurídicos conformando su objeto social, puede incluso impedir la disolución prematura de la sociedad por consecución o imposibilidad sobreviviente de cumplir su objeto social, en cuyo caso, el interés social subyacente permite conservar la empresa (art. 100) por aplicación del principio que en caso de duda se estará a la subsistencia de la sociedad. La disolución anterior al vencimiento del plazo, es excepcional y contraria al proyecto social, por lo cual la consecución de alguna de las categorías de actos jurídicos que integran el objeto no ocasionará la disolución de la sociedad, salvo que los socios así lo resolvieren conforme las mayorías del caso —art. 94 inc. 1)— u opere alguna otra causal de disolución —véase Cámara, Héctor, Disolución y liquidación de sociedades mercantiles, Tea, Buenos Aires, 1959; Quintana Ferreira, F. y Richard, E., La conservación de la empresa en las Leyes de Sociedades 19.550 y Concursos 19.551, en R. D. C. O. 1978-1385; Zunino, Jorge O., Disolución y liquidación, Astrea, Buenos Aires, 1987; y Roitman, Horacio, y colaboradores, Ley de Sociedades, comentada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2022; entre otros—.

22. Que puede comprobarse que el legislador, precisamente, al dictar la Ley Nº 27.349 ha dispuesto en el art. 36, inciso 4) —ampliado posteriormente por el art. 34 de la Ley Nº 27.444— que el instrumento de constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) debe contener la designación de su objeto, el que podrá ser amplio y plural no importando que las distintas actividades guarden o no conexidad entre ellas, lo que demuestra la orientación dirigida a contradecir la tesis del objeto único y excluyente y de adoptar medidas que impidan modificar lo dispuesto en las leyes especiales mediante resoluciones de inferior grado, por parte de organismos a los cuales la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, y la Ley Nº 22.315, no le han asignado facultad reglamentaria alguna en esta materia.

23. Que, del mismo modo, en el Derecho Comparado se advierte una tendencia en el sentido de no restringir ni calificar el contenido correspondiente al requisito del objeto social que debe ser incluido en el instrumento constitutivo de sociedades, como es el caso de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo, la que en su artículo 3º, inciso b) establece que “Los estatutos o la escritura de constitución de una sociedad contendrán al menos las siguientes indicaciones: […] b) el objeto social…” sin requerir siquiera determinación ni precisión respecto del mismo. Igualmente, el Reglamento (CE) 2157/2001 del Consejo no exige que la Sociedad Anónima Europea indique ni publicite, a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente, su objeto social bastando con que simplemente indique el “… sector de la actividad…” en el cual se desenvuelve —art. 14, inciso 1º—.

24. Que lo mismo cabe advertir en relación con el hecho de que la reforma introducida por la Ley Nº 26.994 a la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, en sus artículos 17 y 21 y siguientes, admite la posibilidad de que pueda existir una sociedad que carezca de objeto social consignado en su instrumento constitutivo, sin que por ello esa persona jurídica privada se vea afectada por alguna causal de invalidez, quedando regulada la misma por la Sección IV, del Capítulo I, de la Ley General de Sociedades.

25. Que, aunque en muchos países latinoamericanos se conserva aún hoy la teoría de la especialidad del objeto social y el consecuente corolario de la tesis de ultra vires, las normas societarias estadounidenses —que se pueden consultar a modo de ejemplo— de manera unánime han abolido ambas doctrinas. Es por ello por lo que desde hace varias décadas es factible constituir sociedades de capital sin efectuar determinación alguna del objeto social —véase Reyes Villamizar, Francisco, Derecho Societario en Estados Unidos. Introducción Comparada, 3° ed., Cundinamarca, Legis, 2006; Le Pera, Sergio, sobre la futilidad de la noción de capital social, en L. L. 1986-B-974 y Olivera García, Ricardo, La crisis del concepto de capital social, en LexisNexis R. D. C. O. 1999-369; entre otros—.

26. Que similares criterios resultan aplicables a la eventual potestad calificatoria, por parte del registrador societario, sobre la relación que pudiera caber o existir entre el objeto social y el capital suscripto. La Ley General de Sociedades Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, contiene un detalle completo y prolijo acerca de los bienes aportables y su valuación —art. 38 y subsiguientes y arts. 51 y 53— asignando en el art. 53 a la autoridad de control la facultad de aprobar esa valuación, sin exigirle —en modo alguno— fijar relaciones entre el objeto social incluido en el instrumento constitutivo y el monto del capital suscripto —véase Benseñor, Rafael Norberto, Aporte de bienes registrables o sociedades mercantiles en formación, en E. D. 90-913; Ruiz de Erenchun, Alberto F., El artículo 38 de la Ley de Sociedades y la necesidad de compatibilizar el Derecho Civil y el Comercial, en L. L. 155-898—.

27. Que con respecto a la cuantía del capital social, el hecho de que exista una ausencia de parámetros objetivos en la ley positiva para permitir evaluar en el momento de otorgamiento del instrumento constitutivo su eventual suficiencia —a priori—, para poder —por sí solo— financiar el desenvolvimiento de los actos jurídicos comprendidos dentro del objeto social, no puede convertirse ello en un elemento que habilite a generar apreciaciones discrecionales respecto de la pertinencia del mismo, sobre la base de consideraciones de oportunidad, mérito y conveniencia que exceden las facultades de control de legalidad asignado a la autoridad registral y de contralor por los artículos 4, 6, 7 y 8 de la Ley Nº 22.315. Ello sin dejar de señalar que el capital social no es el único recurso con el que cuenta la sociedad para cumplir su objeto, ya que también inciden de forma relevante en su desenvolvimiento elementos patrimoniales, financieros, organizativos y modernos sistemas de financiamiento, al igual que ciertas decisiones de política empresaria —véase Arreghini, Hugo R., Financiamiento y efectos de la inversión en la empresa, Ediciones Macchi, Córdoba 2003; Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. y Allen, Franklin, Principios de finanzas corporativas, Mc Graw Hill Interamericana, D.F., Méjico, 2015; Villaroel Camacho, Luis Eduardo, Finanzas corporativas, Agencia del ISBN, España, 2015; y Diez de Castro, J. y Redondo López, C., Administración de Empresas, Pirámide, Madrid, 1996; entre otros—.

28. Que, prueba de ello, es el hecho de que ninguna legislación comparada exige en forma imperativa, para admitir la constitución de una sociedad, que el capital social conformado por las aportaciones de los socios o accionistas, tengan valores relativos al objeto social, el proyecto empresario a desarrollar, ni la envergadura del negocio. Lo que el Derecho Comparado —y alguna experiencia nacional— demuestran es la exigencia de determinados capitales mínimos para la constitución de ciertos tipos de sociedades como parte de decisiones de política legislativa, o cuando la sociedad deba quedar habilitada para desarrollar actividades regladas —como es el caso de las entidades financieras, las compañías de seguros, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones; y empresas de servicios de medicina prepaga, entre otras—. Véase Niccolini, Giuseppe, Il capitale sociale minimo, Giuffré, Milano, 1991; De Tarso Domingues, Paulo, Do Capital Social, Ed. Coimbra, 2004 y Sanches Rus, Heliodo, El capital social. Presente y futuro, Civitas, Madrid, 2012; entre otros y las leyes Nº 21.526 —art. 32—, Nº 20.091 —art. 30—, 24.241 —art. 63— y 26.682 —art. 21—; entre otras.

29. Que, de hecho, en Europa, en los Estados Unidos, y en la mayoría de los países de América Latina, Asia y África, puede accederse a la constitución de una sociedad y generar una persona jurídica privada independiente y distinta de los socios que la integran con inversiones de capital iniciales —por parte de los socios— muy pequeñas. En el caso europeo y en relación exclusivamente con las sociedades anónimas, la Directiva (UE) 2017/1132 señala un monto de capital mínimo de veinticinco mil Euros (€ 25.000) y las legislaciones nacionales han colocado exigencias que no exceden los sesenta mil Euros (€ 60.000); admitiéndose capitales mínimos de tres mil Euros (€3.000) en el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada, o menos aún para otros tipos sociales. Si además tomamos en cuenta que el desembolso ordinario y usual —de carácter inicial mínimo— cuando los aportes se realizan en dinero efectivo es del orden del veinticinco por ciento (25%) de ese capital suscripto, advertiremos que el tan reclamado “capital social” ni siquiera constituye un monto significativo que permita adquirir un vehículo automotor de gama media , una unidad de transporte, un inmueble de oficina para instalar en él la sede social, invertir en los mínimos gastos de organización de la empresa, ni preparar un presupuesto básico para el start up de la firma. Con una exigencia mínima impuesta como barrera de acceso a la personalidad jurídica diferenciada, consistente en un desembolso inicial de no más de quince mil euros (€15.000) u ochocientos euros (€800) —según sea el caso—, se habrá constituido una “sociedad” bajo el tipo de sociedad anónima sin contar aquellos otros tipos sociales que, como en Francia, permiten constituir sociedades con un capital de sólo un euro (€ 1,00), como es el caso de la Societé à Responsabilité limitée.

30. Que un caso particular lo presenta el régimen español de Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, en el cual no resulta necesario efectuar una aportación inicial equivalente al capital mínimo, y en la que las participaciones son consideradas “valores”, no se denominan “acciones”, no se representan por medio de títulos ni de anotaciones en cuenta, y pueden ser transmisibles, teniendo los socios derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad —véase Cortizo Rodríguez, Víctor y Landeira, Renato, Nuevas figuras societarias: el emprendedor de responsabilidad limitada (ERL) y la sociedad limitada de formación sucesiva (SLFS), en Economist & Jurist, Grupo Difusión, vol 21, nº 175, España, 2013; y Centro de Estudios Financieros (CEF), Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, Centro de Estudios Financieros (CEF), Madrid, 2014; entre otros—.

31. Que, con relación al capital social de las personas jurídicas privadas, el artículo 154 del Código Civil y Comercial, no se refiere a éste precisamente sino al patrimonio, al indicar que la persona jurídica debe tener un patrimonio, sin imponer relación alguna entre la envergadura de éste y el objeto social o la actividad que la persona jurídica posea o desarrolle —respectivamente—.

32. Que, en el caso particular de la República Argentina —en lo que a la materia societaria se refiere— el legislador de la Ley Nº 19.550 —en su texto original— no escogió la alternativa de imponer como exigencia constitutiva para las sociedades un capital mínimo, y fue recién una reforma posterior incorporada por la ley 22.182 –en el año 1980– la que incluyó esta exigencia en el texto de la entonces denominada Ley de Sociedades Comerciales exclusivamente para las sociedades anónimas, en el entendimiento de que este tipo social previsto en la ley, está destinado, preferentemente, a los grandes emprendimientos industriales, comerciales o de servicios, reservándose —en la intención del legislador— los otros tipos sociales para estructuras jurídicas de empresas de menor envergadura y de carácter más personal —más allá de que no se haya conseguido en la práctica el objetivo perseguido—. Y delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de actualizar dicho monto mínimo cada vez que lo estimara necesario —véase Araya, Miguel, El capital social, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Nº 2003-2—.

33. Que, a pesar del proceso de desvalorización sistemática de la moneda de curso legal, como consecuencia de la inflación registrada en el país en las últimas cinco décadas, el Poder Ejecutivo recurrió a esa facultad sólo en dos oportunidades —una en el año 1991, por medio del Decreto Nº 1937/91 y otra en el año 2012 por medio del Decreto Nº 1331/2012; en ambos casos a solicitud de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA—.

34. Que desde el año 2012 este organismo no ha instado —bajo administraciones anteriores— al Poder Ejecutivo Nacional para que proceda a la actualización del capital mínimo fijado en el artículo 186, párrafo 1º, de la Ley Nº 19.550 (t.o 1984) y sus modificatorias, a pesar de que desde la última actualización habida hasta la fecha la tasa de inflación acumulada —en estos últimos veintiún (21) años— asciende a más de tres mil quinientos por ciento (3.500%) —véanse los índices de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos —INDEC—; no pudiendo suplirse la omisión de la utilización de los mecanismos de modificación legislativa reglados en forma expresa, por apreciaciones discrecionales efectuadas bajo criterios y procedimientos que no están previstos en la legislación vigente.

35. Que puede señalarse, a simple modo de ejemplo respecto del deterioro sufrido por la cifra incluida actualmente en el art. 186 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, que el capital mínimo exigido hoy por la ley societaria para la constitución de una sociedad anónima en los términos del art. 186, párrafo 1º, de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, es menor a un tercio (1/3) del capital mínimo establecido por la ley 27.349 para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) —estructuras de menor complejidad concebidas para brindar organizaciones jurídicas sencillas y personificadas para el capital emprendedor—.

36. Que, los cambios en el contexto económico y social, y en los mercados en las dos primeras décadas del siglo XXI, así como la abrupta valorización de los activos intangibles, los aportes de la tecnología, la digitalización y las nuevas concepciones en materia de capitalización y valuación de empresas —en todo el mundo— derivados del impacto causado por la Cuarta Revolución Industrial, pusieron en crisis la idea que sobre el capital social tenían tradicionalmente la doctrina y los operadores jurídicos en la modernidad. Ello porque el capital más significativo de las empresas privadas en la actualidad es, o bien una plataforma digital inasible, o bien un conjunto indeterminado de clientes que requieren de sus bienes y servicios en forma sistemática que son inidentificables por medio de las redes sociales pero que conforman una masa crítica de demanda global que provee de valor al negocio. — Véase Cubeiro, Juan Carlos, Del capitalismo al talentismo, Deusto, Barcelona, 2012; y Schwab, Klaus, La cuarta revolución industrial, World Economic Forum, Debate, Barcelona, 2018;y Vítolo, Daniel Roque, La difuminación del capital social como elemento y requisito esencial en el Derecho de Sociedades, Ed. Olejnik, Lex, Buenos Aires, 2023—.

37. Que, sin perjuicio de lo señalado —y atento a que aún rige la norma contenida en el art. 186, párrafo 1º, de la Ley General de Sociedades y no se advierte en los proyectos legislativos recientes una tendencia respecto de modificar el contenido de dicho artículo—, esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ha solicitado al Poder Ejecutivo, por Expediente EX-2024-03417529-APN-IGJ#MJ, la actualización del monto de capital mínimo establecido en la mencionada norma legal.

38. Que en virtud de todo lo expuesto y desarrollado en los considerandos precedentes, corresponde modificar la disposición del artículo 67 de la Resolución General Nº IGJ 7/2015, y derogar el artículo 68 de dicha norma.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 3, 4, 7, 11 y 21 de la Ley N° 22.315, lo reglado en el Decreto N° 1493/82, y lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 167 y de la Ley N° 19.550.

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE el artículo 67 de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015 quedando, en consecuencia, redactado en los siguientes términos:

“Objeto social. ARTÍCULO 67.- El objeto social puede estar conformado por un conjunto de categorías de actos jurídicos y será indicado de modo preciso y determinado. No será exigible que dichas categorías de actos jurídicos sean conexas o guarden relación entre ellas.”

ARTÍCULO 2°.- DERÓGASE el artículo 68 de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015.

ARTÍCULO 3º.- Esta resolución se aplicará a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- REGÍSTRESE como Resolución General. Publíquese. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese.

Daniel Roque Vitolo

e. 31/01/2024 N° 3873/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2024

Visto el expediente EX-2024-09588315-APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de 2020, 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE), 70 del 20 de diciembre de 2023 (DNU-2023-70-APN-PTE), y 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA) y 55 del 29 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-55-APN-SH#MEC), y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que en el artículo 37 de la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436 del 29 de agosto de 2023 (DECNU-2023-436-APN-PTE), 2° del decreto 56 del 16 de diciembre de 2023 (DNU-2023-56-APN-PTE), y 1° del decreto 23 del 4 de enero de 2024 (DNU-2024-23-APN-PTE), vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.

Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de Economía.

Que, en ese contexto, se ha considerado conveniente proceder a la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2026”, del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2027” y del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2028”.

Que las operaciones que se impulsan se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la ley 27.701, con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023, y 1° del decreto 23/2024, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023.

Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF).

Que, por otra parte, por el artículo 1° de la resolución conjunta 55 del 29 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-55-APN-SH#MEC) se sustituyó el procedimiento del “Programa de Creadores de Mercado”, aprobado mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, y sustituido por el artículo 1° de la resolución conjunta 1 del 7 de julio del 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-1-APN-SF#MEC), cuyos objetivos son fomentar un mayor desarrollo del mercado secundario de Instrumentos de Deuda Pública en moneda local, focalizando y mejorando los canales de distribución a través de entidades que se designen como Creadores de Mercado y/o ‘Aspirantes’ a Creadores de Mercado, como así también aumentar la liquidez por medio del mantenimiento constante de precios y rendimientos de compra y venta.

Que mediante el artículo 1° del decreto 70 del 20 de diciembre de 2023 (DNU-2023-70-APN-PTE) se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Que hasta tanto se normalice la situación de emergencia mencionada en el considerando anterior se entiende conveniente suspender el procedimiento del “Programa de Creadores de Mercado”.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 37 de la ley 27.701 -con las modificaciones dispuestas en los artículos 5° del decreto 436/2023, 2° del decreto 56/2023 y 1° del decreto 23/2024-, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 88/2023, y en el apartado I del artículo 6º del anexo al decreto 1344/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2026”, por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco billones (VNO $ 5.000.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 1° de febrero de 2024.

Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2026.

Plazo: aproximadamente dos (2) años y cinco (5) meses.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Intereses: cero cupón (0) -a descuento-.

Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de Capital”.

Ajuste de Capital: el saldo de capital del bono será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: la suscripción se llevará a cabo, en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA).

Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2027”, por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco billones (VNO $ 5.000.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 1° de febrero de 2024.

Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2027.

Plazo: aproximadamente tres (3) años y cinco (5) meses.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Intereses: cero cupón (0) -a descuento-.

Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de Capital”.

Ajuste de Capital: el saldo de capital del bono será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/2002, informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: la suscripción se llevará a cabo, en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 3º.- Dispónese la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2028”, por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco billones (VNO $ 5.000.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 1° de febrero de 2024.

Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2028.

Plazo: aproximadamente cuatro (4) años y cinco (5) meses.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Intereses: cero cupón (0) -a descuento-.

Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de Capital”.

Ajuste de Capital: el saldo de capital del bono será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/2002, informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: la suscripción se llevará a cabo, en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 4º.- Suspéndase el “Programa de Creadores de Mercado”, aprobado mediante el artículo 1° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, y sus modificatorias, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que el Órgano Responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera lo determine.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º a 4º de esta resolución.

ARTÍCULO 6º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Pablo Quirno Magrane - Carlos Jorge Guberman

e. 31/01/2024 N° 3812/24 v. 31/01/2024

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico EX-2023-00024214- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 4 de fecha 26/01/24 (RESFC-2024-4-E-ERAS-SEJ#ERAS) por la cual se declara fracasado un llamado a licitación pública, transcribiéndose a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1º.- Declárase fracasado el llamado a licitación pública ordenado por la Resolución ERAS N° 52/23 para contratar la adquisición de mobiliario a ser utilizado en las oficinas de la Planta Baja del edificio donde lleva a cabo sus actividades este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) sito en Av. Callao 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; conforme las previsiones del artículo 7º y concordantes del Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 65/22, con un presupuesto de PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($ 28.000.000.-) IVA incluido; en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas adjunto como Anexo (IF-2023-00027092-ERAS-ERAS), de la citada Resolución ERAS N° 52/23.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”

Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.

Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.

Aprobada por Acta de Directorio Nº 2/24.

Walter Mendez, Presidente.

e. 31/01/2024 N° 3712/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2023-151662729-APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de que el 18/09/23 personal de esta Administración se constituyó mediante Orden de Inspección IF-2023-106661024-APN-DVPS#ANMAT en el domicilio de la calle Castilla N° 2147, ciudad de Córdoba, sede de la firma “DALUR ELECTROMEDICINA de Martínez Danilo y Stegmayer Alvarez Lucas David SH”, con motivo de responder a una consulta recibida sobre la legitimidad de productos médicos comercializados a través de www.dalur.com.ar.

Que consultado el responsable respecto de las habilitaciones del local, informó que solo posee habilitación municipal.

Que, en cuanto a las actividades, informó que se dedica a la fabricación y venta de equipos de electroestética, compra y venta de equipos de depilación láser y el servicio técnico de equipos propios y de terceros.

Que en tal oportunidad se realizó un control visual sobre los productos médicos existentes en el depósito y se observaron equipos VELVET MAX, que según refirió el responsable de la firma son de fabricación propia y combina radiofrecuencia, vacío y luz led para el tratamiento de celulitis y eliminación de grasa localizada.

Qué asimismo, se procedió a ingresar a la página web de la firma www.dalur.com.ar donde se constató la oferta de varios equipos de uso profesional: a.- «LIPOMAX» sistema con láser de bajo nivel, indicado para tratamientos de modelación corporal y eliminación de adiposidad, b.- «VELVET MAX T2» sistema de radiofrecuencia con pulsos de presión negativa que estimula la oxigenación y la circulación sanguínea reduciendo las causas de la celulitis, c.- «VELVET MAX» sistema integrado de radiofrecuencia y pulsos de presión negativa y d.- «SCALER 90» ultracavitador (ultrasonido de alta potencia) para tratamiento no invasivo para eliminar las adiposidades localizadas y celulitis.

Que, a este respecto, el responsable explicó que son equipos que se fabrican contra pedido de sus clientes.

Que, realizada la consulta a la Dirección de Gestión de la Información Técnica, informó mediante nota NO-2024-00887375-APN-DGIT#ANMATque no constabaregistro de habilitación de la firma “DALUR ELECTROMEDICINA de Martínez Danilo y Stegmayer Alvarez Lucas David SH” en los rubros de productos médico, medicamentos ni productos cosméticos.

Que realizada la búsqueda en la biblioteca “Gemha” disponible en la página web de esta ANMAT, no se obtuvieron resultados para la firma DALUR.

Que, en este sentido, las circunstancias detalladas representan un incumplimiento a la Ley 16.463 que en su Artículo 19 establece: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos” y a la Disposición ANMAT N° 3802/04.

Que la empresa no posee habilitación jurisdiccional ni de esta ANMAT y los productos no fueron sometidos a la evaluación de la autoridad sanitaria, por lo que se desconocen las características, funcionalidad y seguridad de los mismos, por lo que revisten riesgo para la salud de la población.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios delos productos involucrados, toda vez que se trata de productos sin registro sanitario sobre los que se desconocen sus condiciones de elaboración/fabricación, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los equipos de uso profesional fabricados por la firma “DALUR ELECTROMEDICINA de Martínez Danilo y Stegmayer Alvarez Lucas David SH”, hasta tanto obtenga las habilitaciones sanitarias correspondientes.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los equipos de uso profesional fabricados por la firma “DALUR ELECTROMEDICINA de Martínez Danilo y Stegmayer Alvarez Lucas David SH”, hasta tanto obtenga las habilitaciones sanitarias correspondientes.

ARTÍCULO 2°.-Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos

Nelida Agustina Bisio

e. 31/01/2024 N° 3775/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el Expediente EX-2024-01615088-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que con fecha 03 de octubre de 2023, personal del Departamento de Control de Mercado realizó una inspección en sede de la farmacia SUCESIÓN DE DOTTINO MARIA CLOTILDE, sito en la calle Nuestras Malvinas 1147 de la localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, junto con el personal de la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Que en tal oportunidad se realizó un relevamiento de los medicamentos en stock dispuestos para la venta y se detectaron los siguientes productos: A) CANNABIS SATIVA OIL, gotas sublinguales, CBD. Ingredientes: Cannabidiol, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit oil, Tocopherol. Lote: 207, Vto.: 12/2024. Cont. Neto 15 ml. Importa y distribuye en Uruguay NEWAGE PRODUCTS S.A., pasaje Artigas Sur, Montevideo y B) JABON TERAPEUTICO CON ALOE VERA Y ACEITE DE CANNABIS, no contiene THC, Industria Argentina, Cont. Neto: 90 grs. Humecta y actúa contra la dermatitis, alivia dolores reumáticos, artritis, artrosis y todo tipo de dolencia muscular. ELABORADOR N° 2145 - M.S.RESOL 155/65.

Que toda vez que carecen de datos concretos sobre los responsables de la fabricación y distribución, se procedió a retirar una unidad de cada uno en carácter de muestra para posterior verificación.

Que consultado el responsable respecto de la adquisición de los mismos, informó los datos del proveedor aunque no pudo justificar la adquisición mediante documentación comercial.

Que por otra parte, la Dirección de Gestión de la Información Técnica de esta Administración Nacional, informó mediante NO-2024-01737315-APN-DGIT#ANMAT que no consta registro de habilitación de la firma NEWAGE PRODUCTS S.A., ni constan establecimientos habilitados bajo el legajo N° 2145 ante la ANMAT.

Que asimismo, resaltó que no consta registro de inscripción de productos que contengan “aceite de cannabis, gotas sublinguales” en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni en el Registro de Autorización Sanitaria de Producto Vegetal a base de Cannabis y sus derivados, cuyo titular o elaborador refieran a la firma NEWAGE PRODUCTS SA al día de la fecha.

Que por otro lado, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, informó mediante nota que toda vez que el producto “JABON TERAPEUTICO CON ALOE VERA Y ACEITE DE CANNABIS” hace referencia a propiedades curativas, no es posible considerarlo dentro de la categoría cosmético, ya que no cumple con la definición establecida en el artículo 2º de la Resolución ex Ms. y As. Nº 155/98.

Que en virtud de las indicaciones y composición que declaran las etiquetas de los productos en estudio, podría asimilarse a la categoría “Productos Vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana”, toda vez que la Resolución Ministerial Nº 781/2022 establece una nueva categoría diferente a los productos ya regulados como medicamento, especialidad medicinal y medicamento herbario que se define en el artículo 2°, a saber: “todo producto de composición cuali-cuantitativa claramente definida y comprobable que contenga como ingrediente/s farmacéutico/s activo/s (IFA) uno o más cannabinoides derivados de origen vegetal obtenidos con los requerimientos de buenas prácticas de elaboración establecidas.”

Que asimismo, el artículo 4° regula las actividades destinadas a la autorización de producto, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, depósito, importación y exportación de dichos productos en jurisdicción nacional y con destino al tránsito interjurisdiccional, siendo la autoridad de aplicación la ANMAT y establece mediante el artículo 6° que: “Las actividades mencionadas en el artículo 4° de la presente norma, solo podrán ser realizadas en establecimientos debidamente habilitados por la autoridad de aplicación, los cuales deberán ajustarse a las normativas vigentes y a las guías internacionales.”

Que por lo expuesto, y toda vez que los productos de mención no cuentan con autorización ante esta Administración Nacional, no es posible establecer su legítima procedencia, en consecuencia, se desconoce su real composición, las condiciones en las que se elaboraron, la calidad de las materias primas que se usaron para su fabricación, en definitiva su origen, por lo que representa un riesgo para la salud de los potenciales adquirentes, que por desconocimiento podrían caer en el supuesto de que se trata de productos seguros.

Que el Departamento de Control de Mercado, entiende que dichas circunstancias implicarían una infracción a lo normado por los artículos 1º y 2º de la Ley 16.463 y los artículos 4º y 6º de la Resolución Ministerial Nº 781/2022.

Que en consecuencia, el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugiere: A) Prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones de los productos que se detallan a continuación hasta tanto obtengan las autorizaciones correspondientes: 1) CANNABIS SATIVA OIL, gotas sublinguales, CBD. Ingredientes: Cannabidiol, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit oil, Tocopherol. Importa y distribuye en Uruguay NEWAGE PRODUCTS S.A.; 2) JABÓN TERAPEUTICO CON ALOE VERA Y ACEITE DE CANNABIS, no contiene THC, Industria Argentina. ELABORADOR N° 2145; y B) Notificar a las autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos lotes y presentaciones de los productos identificados como: “CANNABIS SATIVA OIL, gotas sublinguales, CBD. Ingredientes: Cannabidiol, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit oil, Tocopherol. Importa y distribuye en Uruguay NEWAGE PRODUCTS S.A. y JABÓN TERAPEUTICO CON ALOE VERA Y ACEITE DE CANNABIS, no contiene THC, Industria Argentina. ELABORADOR N° 2145.” hasta tanto obtengan las autorizaciones correspondientes.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a las de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al resto de las autoridades sanitarias provinciales, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 31/01/2024 N° 3764/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2024-03131892-APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de que el 15/12/23 personal de esta Administración se constituyó, mediante orden de inspección IF-2023-145587278-APN-DVPS#ANMAT, en el domicilio de la calle Bolivar N° 2316, ciudad de Posadas, provincia de Misiones, sede de la firma “Korper S.A.”.

Que en tal oportunidad se realizó un control visual sobre los productos médicos en stock dispuestos para la venta y se retiraron para posterior verificación los siguientes productos: a.- SUTURE ANCHOR, Corkscrew FT 4,5 x 14 mm – REF AR-1928SF-45 – LOT 10171161 – VTO 2025-05-15 - MATERIAL TITANIUM – sterile EO – ARTHREX – MADE IN USA., b.- SUTURE ANCHOR, Fastak II – REF AR-1324HF -2.8 X 11.7 mm – LOT F157487 – VTO 2025-05- 15 – MATERIAL TITANIUM – sterile EO – ARTHREX – MADE IN USA., c.- FLIPCUTTER II - 7.5 mm – REF AR-1204AF-75 – LOT 514055947 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA., d.- FLIPCUTTER II - 12 mm – REF AR-1204AF-120 – LOT 505753938 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA., e.- FLIPCUTTER II - 7 mm – REF AR-1204AF-70 – LOT 706872075 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA., f.- FLIPCUTTER II - 6 mm – REF AR-1204AF-60 – LOT 623266809 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA., g.- FLIPCUTTER II – 9.5 mm – REF AR-1204AF-95 – LOT 701670444 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA. y f.- FLIPCUTTER II - 8.5 mm – REF AR-1204AF-85 – LOT 513955921 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.

Que los productos mencionados se encontraban acondicionados en una doble bolsa tipo pouch, pudiéndose observar que el en pouch interior había otro rótulo que no se podía visualizar completamente.

Que consultado el responsable respecto a la documentación de compra, informó que no contaba con la misma al momento de la inspección, comprometiéndose a remitirla vía mail a esta ANMAT, lo que a la fecha no hay ocurrido.

Que en vista de ello, el 03/01/2024 y mediante OI N° 2024/1-DVS-1, personal del Departamento de Control de Mercado se hizo presente en el domicilio de la firma PROMEDON S.A..

Que en dicha ocasión se exhibieron las ocho (8) unidades descriptas precedentemente y luego de la observación pormenorizada, la responsable técnica informó que los items a y b se encontraban registrados bajo el PM 189-142, mientras que el resto se encontraban registrados bajo el PM189-185.

Que, recurriendo al historial informático de la firma, manifestó la directora técnica que los lotes de los productos habían sido importados por Promedon S.A., pero los rótulos adheridos a los pouch externos de las muestras bajo estudio no se correspondían con los originales que se distribuyeron en el mercado.

Que, a este respecto, explicó que los productos originales se comercializaron con estuche y doble pouch y cada uno de ellos poseía una etiqueta común con idéntica información.

Que una vez abierto el pouch externo de las muestras en estudio, pudo constatarse que los pouch internos se condicen con los originales de la firma, pero se encuentran vencidos en 2020, 2021 y 2022.

Que los pouch externos no se corresponden con los originales de la firma, por lo que se trata de productos médicos falsificados.

Que, en este sentido, las circunstancias detalladas representan un incumplimiento a la Ley 16.463 que en su Artículo 19 establece: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos”.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos falsificados de los que se desconoce su estado y condición ya que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos: “SUTURE ANCHOR, Corkscrew FT 4,5 x 14 mm – REF AR-1928SF-45 – LOT 10171161 – VTO 2025-05-15 - MATERIAL TITANIUM – sterile EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “SUTURE ANCHOR, Fastak II – REF AR-1324HF -2.8 X 11.7 mm – LOT F157487 – VTO 2025-05- 15 – MATERIAL TITANIUM – sterile EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 7.5 mm – REF AR-1204AF-75 – LOT 514055947 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 12 mm – REF AR-1204AF-120 – LOT 505753938 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 7 mm – REF AR-1204AF-70 – LOT 706872075 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 6 mm – REF AR-1204AF-60 – LOT 623266809 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II – 9.5 mm – REF AR-1204AF-95 – LOT 701670444 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.” y “FLIPCUTTER II - 8.5 mm – REF AR-1204AF-85 – LOT 513955921 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”.

Quela Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos: “SUTURE ANCHOR, Corkscrew FT 4,5 x 14 mm – REF AR-1928SF-45 – LOT 10171161 – VTO 2025-05-15 - MATERIAL TITANIUM – sterile EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “SUTURE ANCHOR, Fastak II – REF AR-1324HF -2.8 X 11.7 mm – LOT F157487 – VTO 2025-05- 15 – MATERIAL TITANIUM – sterile EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 7.5 mm – REF AR-1204AF-75 – LOT 514055947 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 12 mm – REF AR-1204AF-120 – LOT 505753938 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 7 mm – REF AR-1204AF-70 – LOT 706872075 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II - 6 mm – REF AR-1204AF-60 – LOT 623266809 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”, “FLIPCUTTER II – 9.5 mm – REF AR-1204AF-95 – LOT 701670444 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.” y “FLIPCUTTER II - 8.5 mm – REF AR-1204AF-85 – LOT 513955921 – VTO 2025-05-15 – STERILE EO – ARTHREX – MADE IN USA.”.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos

Nelida Agustina Bisio

e. 31/01/2024 N° 3763/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el Expediente EX-2023-98904839-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones citadas en el VISTO se iniciaron en virtud de que por Nota N° 884/2023 el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió los productos secuestrados en un procedimiento realizado en el marco del Caso MPF Nº 897567 con intervención de la Fiscalía Penal, contravencional y de Faltas N° 11, para su verificación.

Que luego de la observación pormenorizada de los mismos, se detectaron los productos que se detallan a continuación, entre otros: 1) Volumen 33 - Acido Hialurónico reticulado al 33% - Rostro - C & C - 5 x 1 ml - Lote 1982 - elab 08/2025 - vencimiento 08/2025. El producto no declara fabricante ni responsable de importación en la República Argentina. 2) Volumen 33 - Acido Hialurónico reticulado al 33% - Rostro - C & C - 1 x 1 ml - Lote 1980 - elab 07/2023 - vencimiento 07/2025. El producto no declara fabricante ni responsable de importación en la República Argentina. 3) Relleno labial y rostro - Volumen - Acido Hialurónico + Carboximetilcelulosa reticulado - jeringas prellenadas - C & C - 4 x 1 ml - Lote 3010 - elab. 05/2023 - vencimiento 05-2025. El producto no declara fabricante ni responsable de importación en la República Argentina. 4) Relleno labial y rostro - Volumen - Acido Hialurónico + Carboximetilcelulosa reticulado - jeringas prellenadas - C & C - 5 x 1 ml - Lote 1980 - elab 07/2023 -vencimiento 07-2025. El producto no declara fabricante ni responsable de importación en la República Argentina. 5) Volumen 20 - Acido Hialurónico reticulado al 20% - Rostro - C & C - Lote - 3010 - elab 05/2023 - vencimiento 05/2025. El producto no declara fabricante ni responsable de importación en la República Argentina. 6) PROPHILE® - tensador facial - restaura y regenera las células del rostro. Contiene Acido hialurónico, hidrolizado de ADN y ARN, proveniente de hidrolisis bovina que restaura y regenera las celulas - C & C – 4 x 1 ml - lote 2028 - elab 11/2022 - vto 11/2024. El producto no declara fabricante ni responsable de importación en la República Argentina.

Que ess así que, mediante nota NO-2023-140274849-APN-DGIT#ANMAT y NO-2023-147864099-APN-DGIT#ANMAT, la Dirección de Gestión de Información Técnica informa que no consta registro de inscripción en esta Administración Nacional de los productos mencionados y que no constan antecedentes de habilitación de la empresa C&C ante esta ANMAT como importadora o fabricante de medicamentos, productos cosméticos y productos médicos.

Que a este respecto, el Departamento de Control de Mercado hace saber que existen productos similares registrados ante la Administración Nacional, como por ejemplo el PM 1758-13, categorizado dentro de la clase de riesgo IV, siendo su indicación aprobada la de restaurar volumen del rostro.

Que por lo expuesto, la situación descripta deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes, toda vez que se trata de productos médicos sin autorización por lo que se desconoce la verdadera composición y las condiciones de fabricación.

Que atento a lo mencionado, el Departamento Control de Medicamentos entiende que los productos se hallarían en infracción la Ley 16.463 en su artículo 19 inciso a), la Disposición ANMAT Nº 3802/2004 en su artículo 1º, aprobado por la Resolución GMC/MERCOSUR N° 40/00 e incorporado al ordenamiento jurídico nacional por la Disposición ANMAT N° 2318/02 (T.O. 2004), sus modificatorias y complementarias.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos respecto de los cuales se desconoce su origen, seguridad y eficacia, el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugiere: a) Prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes de los productos identificados como: 1) Volumen 33 - Acido Hialurónico reticulado al 33% - Rostro - C & C; 2) Relleno labial y rostro - Volumen - Acido Hialurónico + Carboximetilcelulosa reticulado - jeringas prellenadas - C & C; 3) Volumen 20 - Acido Hialurónico reticulado al 20% - Rostro - C & C; y 4) PROPHILE® - tensador facial - restaura y regenera las células del rostro. Contiene Acido hialuronico, hidrolizado de ADN y ARN, proveniente de hidrolisis bovina que restaura y regenera las celulas - C & C. y b) Informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de lasatribuciones conferidas por el artículo 8 inciso n y ñ del Decreto Nº 1490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos lotes de los productos identificados como: “Volumen 33 - Acido Hialurónico reticulado al 33% - Rostro - C & C; Relleno labial y rostro - Volumen - Acido Hialurónico + Carboximetilcelulosa reticulado - jeringas prellenadas - C & C; Volumen 20 - Acido Hialurónico reticulado al 20% - Rostro - C & C; y PROPHILE® - tensador facial - restaura y regenera las células del rostro. Contiene Acido hialuronico, hidrolizado de ADN y ARN, proveniente de hidrolisis bovina que restaura y regenera las celulas - C & C.”

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las autoridades sanitarias provinciales, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.

Nelida Agustina Bisio

e. 31/01/2024 N° 3769/24 v. 31/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2023-57438616-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de que personal del Departamento de Control de Mercado fue convocado para realizar la verificación de los elementos secuestrados en el marco de la Causa FSM 43821/2022, caratulada “Gregorieu, Gabriel s/averiguación de delito” en trámite por ante el Juzgado Federal de Campana, secretaría Penal N° 2.

Que con fecha 14 de junio de 2023 se recibieron en sede de ese Departamento varias etiquetas/rótulos con la descripción de equipos SOPRANO marca ALMA LASERS, por lo que el personal técnico se constituyó en sede de la firma SIREX MEDICA SA para realizar la verificación de legitimidad.

Que los elementos exhibidos ante el representante de la firma SIREX MEDICA fueron: 1. Nueve (9) etiquetas con la inscripción «Alma Lasers, SOPRANO XLI – SN S12P1211- (fabricado) 05.2015», 2. Tres (3) etiquetas con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO XLI – SN S12P1418 – fabricado 07.2017», 3. Una (1) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0789 – fabricado 05.2017», 4. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0794 – fabricado 06.2017», 5. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0769 – fabricado 02.2017», 6. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0799 – fabricado 06.2017», 7. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0779 – fabricado 04.2017», 8. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0761 – fabricado 08.2016», 9. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0798 – fabricado 06.2017», 10. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0762 – fabricado 08.2016», 11. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0759 – fabricado 07.2016», 12. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0757 – fabricado 06.2016», 13. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0768 – fabricado 02.2017», 14. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0768 – fabricado 09.2017», 15. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0756 – fabricado 06.2018» y 16. 1 (una) etiqueta con la inscripción «Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0755 – fabricado 05.2016».

Que luego de la observación pormenorizada de las etiquetas y de la búsqueda de las series en el registro de la firma, pudo constatarse que las etiquetas exhibidas eran falsificadas.

Que el responsable afirmó que los equipos originales ingresan al país con una etiqueta similar a las exhibidas que van adheridas al equipo en el panel trasero. Que las etiquetas originales son fabricadas en Israel o Alemania y solo existe una etiqueta para cada serie, por lo que no podrían existir dos etiquetas con el mismo número de serie.

Que las series detalladas del ítem 4 al 16 son series que no han sido importadas por la firma SIREX MEDICA para ser instaladas en la República Argentina.

Que la firma SIREX MEDICA S.A. es titular del producto medico registrado mediante el PM 1168-18, que corresponde a equipos destinados a la remoción del vello por fototermólisis, siendo productos médicos de clase de riesgo III.

Que tanto los equipos SOPRANO como los cabezales se encuentran identificados con un número de serie de manera individual.

Que el cabezal posee una matriz de diodo que funciona como la fuente de emisión de luz láser de 810/755 nm de longitud de onda y es la que transformada en calor actúa sobre la melanina del vello, debilitando el folículo piloso.

Que el funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras, para el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a la necesaria para tratar el folículo.

Que la Disposición ANMAT N° 2319/02 indica, en su Anexo I, Parte 1, que las empresas interesadas en realizar actividades de fabricación o importación de productos médicos deben solicitar autorización para su funcionamiento y en su parte 2.3. que la responsabilidad técnica debe ser ejercida por un profesional de nivel universitario.

Que, por otro lado, la Disposición N° 2318/02 establece en su ANEXO I, PARTE 3, que es obligatorio el registro de todos los productos médicos.

Que, en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su estado y condición, ya que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó la prohibición de comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: “Alma Lasers, SOPRANO XLI – SN S12P1211- (fabricado) 05.2015”, “Alma Lasers - SOPRANO XLI – SN S12P1418 – fabricado 07.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0789 – fabricado 05.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0794 – fabricado 06.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0769 – fabricado 02.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0799 – fabricado 06.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0779 – fabricado 04.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0761 – fabricado 08.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0798 – fabricado 06.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0762 – fabricado 08.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0759 – fabricado 07.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0757 – fabricado 06.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0768 – fabricado 02.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0768 – fabricado 09.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0756 – fabricado 06.2018” y “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0755 – fabricado 05.2016”.

Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: “Alma Lasers, SOPRANO XLI – SN S12P1211- (fabricado) 05.2015”, “Alma Lasers - SOPRANO XLI – SN S12P1418 – fabricado 07.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0789 – fabricado 05.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0794 – fabricado 06.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0769 – fabricado 02.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0799 – fabricado 06.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0779 – fabricado 04.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0761 – fabricado 08.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0798 – fabricado 06.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0762 – fabricado 08.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0759 – fabricado 07.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0757 – fabricado 06.2016”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0768 – fabricado 02.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0768 – fabricado 09.2017”, “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0756 – fabricado 06.2018” y “Alma Lasers - SOPRANO ice – SN S12ICE0755 – fabricado 05.2016””.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos

Nelida Agustina Bisio

e. 31/01/2024 N° 3762/24 v. 31/01/2024

PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL LEY Nº 24.080

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PARA LA REPÚBLICA DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES QUE NO REQUIEREN APROBACIÓN LEGISLATIVA

Acuerdo de Complementación Económica N° 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia (ACE 36.30) - Trigésimo Protocolo Adicional.

Celebración: Montevideo, 1 de diciembre de 2023.

Vigor: 21 de febrero de 2024.

Acuerdo de Complementación Económica N° 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia (ACE 36.31) - Trigésimo Primer Protocolo Adicional.

Celebración: Montevideo, 1 de diciembre de 2023.

Vigor: 6 de febrero de 2024.

Acuerdo de Complementación Económica N° 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia (ACE 36.32) - Trigésimo Segundo Protocolo Adicional.

Celebración: Montevideo, 1 de diciembre de 2023.

Vigor: 21 de febrero de 2024.

Se adjuntan copias de sus textos.

Nicolas Rantica, Consejero de Embajada y Cónsul General, Dirección de Tratados.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 31/01/2024 N° 3766/24 v. 31/01/2024