Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en el Expediente Electrónico N° 101761119/23 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c), establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que mediante Nota N° 93738980/23 de la GERENCIA DE ÁREA ENERGÍA NUCLEAR, de fecha 11 de agosto de 2023, la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó a esta ARN la Renovación del Registro de Operación de la Instalación Clase III, denominada “LABORATORIO HIDROMETALURGIA DEL URANIO”, ubicado en el Centro Atómico Constituyentes.

Que la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR recomienda dar curso favorable al otorgamiento de la Renovación del Registro de Operación de la instalación “LABORATORIO HIDROMETALURGIA DEL URANIO”, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de aplicación vigente.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS tomó conocimiento de las actuaciones y recomendó otorgar la Renovación del Registro de Operación de la Instalación “LABORATORIO HIDROMETALURGIA DEL URANIO”, ubicado en el Centro Atómico Constituyentes, solicitada por la CNEA.

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago de la tasa regulatoria.

Que conforme a lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SECTOR FACTURACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, la instalación “LABORATORIO HIDROMETALURGIA DEL URANIO”, no registra deuda en concepto de tasa regulatoria.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución, conforme se establece en el Artículos 22, Inciso a), de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 24 de enero de 2024 (Acta N° 2),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar la Renovación del Registro de Operación, solicitado por la COMISIÓN NACIONAL ENERGÍA ATÓMICA, para la Instalación Clase III, denominada “LABORATORIO HIDROMETALURGIA DEL URANIO”, ubicada en Centro Atómico Constituyentes, que se adjunta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a CNEA en su carácter de Entidad Responsable. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.

E/E Marina Di Giorgio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 29/01/2024 N° 3356/24 v. 29/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en el Expediente Electrónico N° 68306496/23 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a), de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c), establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que mediante Nota N° 64766798/23 de la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE, de fecha 6 de junio de 2023, la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó a esta ARN la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación Clase I, denominada “PLANTA DE IRRADIACIÓN SEMI INDUSTRIAL (PISI)”, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza.

Que la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR y la ACTIVIDAD SEGURIDAD FÍSICA NUCLEAR recomiendan dar curso favorable al otorgamiento de la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación “PLANTA DE IRRADIACIÓN SEMI INDUSTRIAL (PISI)”, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de aplicación vigente.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, habiendo tomado conocimiento de todas las actuaciones, recomienda otorgar la Renovación de la Licencia de Operación de la instalación “PLANTA DE IRRADIACIÓN SEMI INDUSTRIAL (PISI)”, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago de la tasa regulatoria.

Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SECTOR FACTURACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, la Instalación “PLANTA DE IRRADIACIÓN SEMI INDUSTRIAL (PISI)”, no registra deuda en concepto de tasa regulatoria.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución, conforme se establece en el Artículo 22, Inciso a), de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 24 de enero de 2024 (Acta N° 2),

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar la Renovación de la Licencia de Operación, solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, para la Instalación Clase I “PLANTA DE IRRADIACIÓN SEMI INDUSTRIAL (PISI)”, ubicada en Centro Atómico Ezeiza, que se adjunta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA en su carácter de Entidad Responsable. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.

E/E Marina Di Gorgio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 29/01/2024 N° 3355/24 v. 29/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el Expediente Nº EX-2024-07381133- -APN-CSP#MDS, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8 del 10 de diciembre de 2023, el Decreto N° 86 del 26 de diciembre de 2023, la Resolución N° 121 del 18 de marzo de 2020 del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que, en el ámbito del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL se creó, por la Resolución N° RESOL-2020-121-APN-MDS, el PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO - PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO” que prevé la implementación de DOS (2) tipos de prestaciones: a) una prestación económica individual, de percepción periódica y duración determinada, denominada SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO, destinada a mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, cuya finalidad es contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias y promover el sostenimiento, fortalecimiento y sustentabilidad de las actividades que lleven a cabo y b) el otorgamiento de subsidios y/o créditos ministeriales a las Unidades de Gestión y/o Unidades de Gestión Asociadas, para la Ejecución de Planes de Actividades que permitan garantizar y promover la implementación, desarrollo y fortalecimiento de los proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio- comunitarios que se ejecuten en el marco del programa.

Que por el Artículo 2° de la Resolución del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° RESOL-2021-1868-APN- MDS, se aprobaron los lineamientos generales, y acciones del PROGRAMA referido en el considerando que antecede, como ANEXO identificado como IF-2021-126061188-APN-UEPNISPYDLPT#MDS.

Que dicho Anexo, en su punto 7 establece los criterios de ingreso, permanencia y egreso de los titulares al PROGRAMA, y en su punto 7.2. define las Compatibilidades e Incompatibilidades para obtener la percepción de la prestación económica prevista por el mismo.

Que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8 del 10 de diciembre de 2023 se creó el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el cual tiene a cargo los compromisos y obligaciones asumidos por el entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por el entonces MINISTERIO DE CULTURA, por el entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por el entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y por el entonces MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

Que por el Decreto N° 86 del 26 de diciembre del 2023, se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

Que, la operatoria del PROGRAMA conlleva el cruce mensual de datos de los titulares para determinar la posible existencia de las incompatibilidades previstas en el referido apartado 7.2.

Que dicho cruce arrojó la información suministrada por la Coordinación de Proyectos de Economía Social y Popular de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO conforme surge del informe identificado como IF-2024-08549529-APN-CPESYP#MDS, en el cual se establece la nómina de personas detectadas en infracción de las normas vigentes que regulan el PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO - PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO”.

Que, en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente el Señor SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de este Ministerio propicia la suspensión por el término de TRES (3) meses a las personas que se encuentren en los listados acompañados en IF-2024-08542550-APN-CPESYP#MDS, y que sean beneficiarios del Programa POTENCIAR TRABAJO, en el entendimiento que se encuentran contemplados en el marco de las incompatibilidades establecidas en el punto 7.2 del ANEXO identificado como IF-2021-126061188-APN-UEPNISPYDLPT#MDS de la Resolución N° RESOL-2021-1868-APN- MDS.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la intervención que le compete.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL de la SECRETARIA DE COORDIACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), sus normas modificatorias y complementarias, Decreto N° DCTO- 2019-50-APN-PTE y sus normas modificatorias y complementarias, el DECTO-2023-11-APN-PTE del 10 de diciembre de 2023.

Por ello,

LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Suspéndase el pago del SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO a los titulares del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO - PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO”, identificados en el listado que como ANEXO (IF-2024-08542550-APN-CPESYP#MDS) acompaña a la presente medida, como así también de las establecidas en el punto 8 de la Resolución del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° RESOL-2021-1868-APN-MDS, con respecto al pago en el marco de los Regímenes, de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO a proceder a la suspensión que se establece por el artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Sandra Pettovello

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.

e. 29/01/2024 N° 3433/24 v. 29/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

I. VISTO:

La Resolución General 1/2022, la cual dispone que “Todo instrumento constitutivo, contrato social o estatuto de sociedad comercial que deba ser inscripto en el Registro Público a cargo de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA debe incluir el plazo de duración de la sociedad, que no podrá exceder el plazo de 30 años a contar de su inscripción en el referido registro.”

II. CONSIDERANDO:

1. Que, tal como está expresamente admitido en los fundamentos de la resolución citada, el artículo 11, inciso 5), de la Ley N° 19.550 sólo exige que el instrumento constitutivo de la sociedad contenga de manera determinada el plazo de duración —adoptando una orientación diferente a la que, en su momento, previó el Código de Comercio de la República Argentina el que, salvo en el caso de las sociedades anónimas, permitía que las demás sociedades se constituyeran por tiempo indeterminado (arts. 291 y 318 inciso 4º)—, sin especificar plazos mínimos ni máximos.

2. Que, en la misma orientación, en el año 1932 se incorporó al sistema societario nacional la figura de la Sociedad de Responsabilidad Limitada —Ley Nº 11.645— y, en el artículo 2º) de la mencionada ley, se requirió que el instrumento constitutivo incluyera la razón social o la denominación de la sociedad, y su domicilio “… y la duración del contrato…”

3. Que, siguiendo el mismo criterio, al sancionarse la Ley Nº 19.550 el legislador no fijó un plazo máximo de duración para las sociedades, razón por la cual los usos y costumbres suplieron esa omisión, siendo un comprobado hecho de la práctica societaria nacional que, en innumerable cantidad de sociedades, cualquiera fuere su tipo, el plazo de duración de la persona jurídica societaria se estableciera —en la mayoría de los casos y por voluntad de los socios— en noventa y nueve (99) años —cumpliendo con ello el requisito de determinación del plazo de duración de la sociedad previsto en el artículo 11, inciso 5) de la Ley Nº 19.550 —.

4. Que no se discute en esta oportunidad, la importancia que ha significado que la ley exija la determinación del plazo de duración de la sociedad, evitando que, por indeterminación del término, la subsistencia de las relaciones sociales quede subordinada a la eventual voluntad extintiva de parte de cualquiera de los socios. Así como que se derive a dichos socios la decisión de determinar cuál debe ser ese plazo al momento de otorgar el instrumento constitutivo de la sociedad, dentro del marco de libertad contractual o de formulación de una declaración unilateral de voluntad, según sea el caso —dependiendo si se trata de una sociedad pluripersonal o unipersonal—.

5. Que, sin perjuicio de que puedan invocarse ciertas ventajas y razones de conveniencia para los administrados en el hecho de fijar un plazo máximo de duración a ser incluido en el instrumento constitutivo de las sociedades, lo cierto es que la norma legal vigente —Ley Nº 19.550— no ha impuesto limitación alguna al respecto, ni ha delegado en autoridad ni organismo público alguno establecer un plazo máximo de esta naturaleza.

6. Que, tanto la autoridad registral —como en su caso la administrativa de contralor— deben respetar las disposiciones legales vigentes, acatando la jerarquía de las mismas, debiendo evitar incluir en sus decisiones limitaciones o restricciones no contempladas en las leyes, y en materias respecto de las cuales el legislador no ha establecido una delegación, por cuanto adoptar una postura distinta importaría ejercer facultades legislativas vedadas por la Constitución Nacional para el Poder Ejecutivo —art. 99 inciso 3º, párrafo 2º—. Cabe destacar que —a modo de ejemplo— en los casos de las normas contenidas en los artículos 186 y 299, inciso 2) de la Ley Nº 19.550, el legislador delegó en forma expresa en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de poder modificar el texto legal en cuanto a los montos establecidos en dichos artículos —algo que no ha hecho en relación con el artículo 11, inciso 5) de la Ley General de Sociedades—.

7. Que, a diferencia de lo sostenido y argumentado en la resolución bajo análisis, la actual tendencia legislativa expuesta por el Congreso de la Nación en lo que hace al plazo de duración de las personas jurídicas privadas, se orienta a que las mismas —de un modo genérico— puedan tener un plazo de duración ilimitado, con excepción de aquellos supuestos en los cuales el contrato o estatuto —dentro de un régimen de autonomía de la voluntad— o de la ley —como es el caso de la Ley General de Sociedades— disponga lo contrario —art. 155 del Código Civil y Comercial de la Nación—. En el mismo sentido, las reformas introducidas por la Ley Nº 26.994 al texto de la Ley Nº 19.550 —arts. 17 y 21 y siguientes— permiten que puedan constituirse y operar, bajo el régimen de sociedades contemplado en la Sección IV del Capítulo I, de la Ley General de Sociedades, personas jurídicas privadas “sociedades” que carezcan de plazo de duración sin que ello importe invalidez alguna para el ente o el acto constitutivo del mismo.

8. Que no resulta convincente el argumento esgrimido en oportunidad del dictado de la Resolución General IGJ Nº 1/2022 por este organismo sosteniendo que el hecho de que si la autoridad de contralor no limitara el plazo de duración de las sociedades a un número de años determinado, se ocasionaría un descuido de los intereses de los acreedores particulares de los socios, ya que —en realidad— éstos disponen de todos los recursos procedimentales necesarios para ejercer sus derechos sobre el patrimonio de sus deudores hasta la ejecución forzada de sus bienes —que incluyen cuotas y acciones representativas del capital social de sociedades—, conforme las previsiones del artículo 57, de la Ley N° 19.550.

9. Que tampoco puede desconocerse que la evolución contemporánea en materia empresaria no requiere que el plazo de duración de la sociedad quede supeditado a un número de años que no exceda el promedio de vida probable de quienes constituyeron originariamente la sociedad. Ello —en primer lugar— por cuanto la sociedad es una persona jurídica diferenciada y distinta de sus miembros —art. 141 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 2º de la Ley Nº 19.550— y —justamente— como estructura personificada diferenciada, tiene una vigencia propia con el objeto de preservar su patrimonio y su actividad frente a contingencias particulares que pudieran afectar a los socios a lo largo de su vida. En segundo lugar porque, para aplicar adecuadamente un criterio de tal naturaleza, habría que particularizar los supuestos en concreto, apreciando la edad específica de los fundadores, sus expectativas de vida y otras circunstancias particulares atinentes a sus personas, para recién entonces poder establecer un plazo razonable —según cada caso individual—. Y el argumento pierde efectividad —de un modo inmediato— en tanto el elenco de los socios puede variar durante la vigencia del plazo de duración de la sociedad, al producirse la transmisión de sus cuotas, acciones o partes de interés, tanto sea por actos entre vivos como por causa de muerte.

10. Que, si se evalúa la repercusión que en la comunidad tienen las empresas —las que en su mayoría se organizan bajo estructuras societarias—, siempre se ha considerado un objetivo deseable la posibilidad de hacer perdurar las entidades en el tiempo, aprovechando el arraigo y prestigio de sus marcas, su inserción y participación en el mercado, su desenvolvimiento empresarial, su trayectoria y la empresa en marcha, intentando —por medio de diversos mecanismos jurisprudenciales y legislativos— concebir e implementar herramientas que consoliden su perdurabilidad. Ejemplos claros de tales propósitos pueden encontrarse en la aparición de institutos tales como la “reactivación” o “reconducción de sociedades disueltas” —véase Fallo de 1ª Instancia firme “La Distribuidora Musical SRL s/Contrato y cesión de cuotas”, expediente 870/80, 4/4/1980, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, y Arecha, Martín, “Consideraciones sobre la reactivación de sociedades con plazo de duración vencido”, en E. D. 88-818; Escuti (h), Ignacio, “Un fallo sobre reactivación de sociedad a la luz de los principios de la hermenéutica jurídica”, en L. L. 1983-C-333; Gagliardo, Mariano y Clariá, José A., “Reactivación de sociedades disueltas”, en E. D. 95-793; Petrasso, Hernán Walter, “Prórroga o reconducción de una sociedad comercial”, nota a fallo, en L. L. B. A. 2001-176; Sirvén, Manuel, “La reactivación de sociedades”, en R. D. C. O. 10-287; y Zaldívar, Enrique, “La reactivación de sociedades. Un tema acertadamente actualizado”, en L. L. 1980-C-444; entre otros—.

11. Que por medio de la Ley Nº 22.903 —reformas al art. 95— y por la Ley Nº 26.994 —que incorporó al texto legal de la Ley General de Sociedades el artículo 94 bis y reformuló el contenido del artículo 100 de dicho cuerpo legal—, se introdujeron reformas a la Ley Nº 19.550, procurando mantener vigente la empresa subyacente, la unidad económica y la preservación de la gestión empresarial —argumento que surge evidente, también, en el caso del texto asignado por el legislador al art. 1010 en el Código Civil y Comercial de la Nación—.

12. Que tampoco corresponde invocar —como argumento fundante de la Resolución General IGJ Nº 1/2022— que el organismo de control debe extremar todas las medidas necesarias para evitar y poner fin al conflicto societario. Ello porque la autoridad de control sólo dispone de facultades fiscalizadoras sobre las sociedades por acciones mientras que, respecto de las sociedades constituidas bajo los demás tipos sociales previstos en la Ley Nº 19.550, sus funciones son meramente registrales; y —adicionalmente—por cuanto la Ley Nº 22.315 excluye de la competencia del organismo, todas las cuestiones que versen sobre derechos subjetivos de los socios de una sociedad comercial entre sí y con respecto a la sociedad —art. 5º—, atribuyendo la resolución de aquellas a la Justicia.

13. Que, la generalización de esta obligación de que todos los tipos sociales, y por ende de todas las sociedades que se constituyan conforme a ellos, deban tener un plazo de duración determinado se ha establecido en la certeza que deben tener ciertos negocios jurídicos, y sobre esta base interesa a la sociedad —que podrá determinar hasta qué momento temporal puede obligarse—, a los socios —que de antemano conocen la fecha cierta del límite de sus obligaciones y el momento en que se operará la disolución de la sociedad y se procederá a la liquidación de las partes sociales— y a los terceros, que conocen por el régimen de publicidad mercantil el momento extintivo —aunque primario— de la vida de la sociedad. Pero todo ello siempre bajo un régimen de respeto de la autonomía de la voluntad expresado en el consentimiento contractual o en la declaración unilateral de voluntad —cuando se trate de una sociedad unipersonal— que se vean reflejados en el instrumento constitutivo.

14. Que la Resolución General IGJ Nº 1/2022, en su considerando 1º, párrafo 5º, señala que “Debe recordarse, al respecto, que, en la Exposición de Motivos de la Ley N° 19.550, se justificó el criterio legal adoptado, consignándose que ‘se hace obligatoria la determinación del plazo de duración. Esto último en razón de que de esta forma se tutelan mejor los intereses convergentes y se ratifican principios dirigidos a afirmar la seguridad jurídica’, criterio que fue ratificado posteriormente por la jurisprudencia del Juzgado en lo Comercial de Registro, en el caso ‘Alezur Sociedad en Comandita por Acciones’, del 15 de octubre de 1976.” Sin embargo, no se advierte relación alguna entre la decisión de fijar a solo arbitro de la autoridad de contralor el plazo máximo para la constitución de sociedades en treinta (30) años y lo expresado por los autores del Anteproyecto de Ley de Sociedades Comerciales —luego sancionado como Ley Nº 19.550— en la Exposición de Motivos en esta materia, ni con lo señalado por Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro en el año 1976, en el caso “Alezur Sociedad en Comandita por Acciones”, pues en ninguno de ambos antecedentes se menciona ni se alude —de un modo concreto ni en forma hipotética— al número razonable de años que, como máximo, debería establecerse en el instrumento constitutivo de una sociedad.

15. Que, a mayor abundamiento, no resulta acertada la pretendida comparación del plazo de treinta (30) años establecido en la Resolución General IGJ Nº 1/2022, con otros que se hubieran podido fijar el Código Civil y Comercial de la Nación, de un modo variado, para otros casos, en razón de que dichos plazos han sido establecidos de un modo específico por una ley de la Nación—lo que no ha ocurrido en el supuesto bajo análisis donde el legislador ha dejado librado a la autonomía de la voluntad de los constituyentes determinar el plazo de duración, con la única exigencia de que el mismo sea determinado —. Adicionalmente, tampoco resulta adecuado asimilar las regulaciones relativas a contratos bilaterales, conmutativos, con intercambio de prestaciones entre las partes, con aquellas aplicables a las sociedades, originadas en contratos plurilaterales de organización —y aún en declaraciones unilaterales de voluntad— que generan el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho persona jurídica privada, cuyo desenvolvimiento es siempre dinámico e independiente de los contratantes o de quien emanara la declaración unilateral de voluntad. Asimismo, debe destacarse que no advierte la resolución referida que, aun en ciertos contratos de cambio, existen plazos fijados legalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación superiores al de treinta (30) años, como es el caso de las locaciones inmobiliarias de otros destinos que pueden llegar a cincuenta (50) años —art. 1197—, la conservación de la hipoteca hasta treinta y cinco (35) años —art. 2210—; el derecho de superficie con plazos de hasta setenta (70) y cincuenta (50) años según los casos —art. 2117— y el propio contrato de fideicomiso —pues cuando el beneficiario es una persona incapaz o con capacidad restringida puede durar hasta el cese de la restricción o su muerte—.

16. Que —asimismo— la tendencia general establecida en el moderno Derecho Comparado es contraria a establecer plazos determinados de pocas decenas de años para la constitución o registración de sociedades. En efecto; en la legislación chilena, se señala que la duración de la sociedad podrá ser indefinida conforme lo establece el artículo 4 inciso 4) de la Ley 18.046; y lo mismo ocurre en países del Mercosur —salvo la República Oriental del Uruguay que dispone un plazo máximo de treinta (30) años, pero permite superar dicho plazo en el caso de las sociedades anónimas —art. 15 y 251 de la ley 16.060 reglamentada por Decreto Nº 335/90—; en la República Federativa del Brasil puede ser indefinido el plazo si nada se dice en el contrato o estatuto de la sociedad anónima —Ley Nº 6.404/76 y reformas de la Ley 10.303/01— y en Paraguay —Código Civil 183/85 y Ley Nº 388/94— si bien el plazo de duración de la sociedad debe precisarse en el instrumento constitutivo no se fija un plazo máximo para la duración. La legislación mexicana —art. 6º, apartado IV— no fija ni establece un plazo máximo de duración específico, de modo similar a lo que ocurre en Venezuela —Código de Comercio de 1919, modificado en 1955—, Perú —art. 19, Ley Nº 26.887— y Bolivia —Decreto Ley Nº 14.379/77—. Colombia, por su parte, ha admitido plazo de duración indefinido incluso en el caso de empresas unipersonales —art. 72, Ley Nº 222/95. En lo que a legislación europea se refiere, en España —art. 25, Ley de Sociedades de Capital— la sociedad puede constituirse con una duración indefinida salvo disposición contraria en su estatuto, y lo mismo ocurre en la legislación italiana. En Francia, por ejemplo, las Sociedades de Responsabilidad Limitada que se denominan SARL (Societé à Responsabilité limitée) deben tener un plazo determinado que no debe exceder los noventa y nueve (99) años —véase “El plazo en la Ley General de Sociedades. Análisis de la Resolución 1/22.” Abal, M. B., Arevalos Servian N.M., Cesaretti M., De Nichilo G. P., Guarnerio De O’ Farrel E. D., e Ibañez R., Ponencia presentada al XV Congreso Argentino de Derecho Societario y al XI Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa; entre otros—. Del mismo modo, La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos del Derecho de Sociedades indica a las claras la posibilidad de constituir sociedades con plazo indeterminado o fijarle un plazo determinado sin señalar máximo alguno —ver art. 3º, inciso f) de la norma—.

17. Finalmente, no puede dejar de puntualizarse alguna cierta contradicción entre la Resolución General IGJ Nº 1/2022 que intenta restringir la capacidad de decisión de los socios imponiéndoles un plazo máximo de duración de las sociedades en treinta (30) años y la Resolución General IGJ Nº 19/2021, la cual admite y promueve la inscripción de Protocolos de Empresas Familiares constituidas como sociedades e inscriptas en el organismo, a fin de que éstas tiendan a elaborar un Protocolo Familiar que les permita introducir los cambios necesarios para prevenir conflictos y facilitar su continuidad en el largo plazo, dándole a través de su registración en el Registro Público, la publicidad de dicho protocolo para el conocimiento de terceros.

Por todo ello y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por los artículos 11 y 21 de la Ley N° 22.315 y lo reglado en el Decreto N° 1493/82,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Derógase la Resolución General IGJ Nº 1/ 2022 dictada el 28 de enero de 2022.

ARTICULO 2º: Esta resolución se aplicará a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º: Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuníquese oportunamente a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas del Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese.

Daniel Roque Vitolo

e. 29/01/2024 N° 3332/24 v. 29/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 24/01/2024

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2023-104445429-APN-DGA#ANMAT y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de que la firma CIRUJANOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA informó el robo de productos de su titularidad, los cuales les fueron sustraídos de un auto en la vía pública.

Que los productos involucrados son: “Facoemulsificador Sovereign Compact marca Abbott. N° de serie 201380035” y “Esterilizador Statim 2000 G4, marca Scican. N° de Serie 310116D0027”.

Que el producto médico Facoemulsificador Sovereign Compact, marca Abbott, se encuentra autorizado ante esta Administración mediante el PM N° 1071-9, bajo la clase de riesgo III, siendo su uso indicado para la remoción del cristamiloopacificado, mediante la absorción.

Que el producto médico Esterilizador Statim 2000 G4, marca Scican, se encuentra autorizado mediante PM N° 1042-27, bajo la clase de riesgo II, siendo un equipo diseñado para la esterilización de instrumentos médicos y dentales.

Que, por lo expuesto, se desconoce el estado actual de los productos ya que han quedado por fuera del control de su titular y en consecuencia no puede asegurarse su calidad y seguridad, lo que en suma reviste peligro para la salud de los pacientes.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su estado y condición, ya que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos: “Facoemulsificador Sovereign Compact marca Abbott. N° de serie 201380035” y “Esterilizador Statim 2000 G4, marca Scican. N° de Serie 310116D0027”.

Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos identificados como:”Facoemulsificador Sovereign Compact marca Abbott. N° de serie 201380035” y “Esterilizador Statim 2000 G4, marca Scican. N° de Serie 310116D0027”.

ARTÍCULO 2°.-Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos

Nelida Agustina Bisio

e. 29/01/2024 N° 3423/24 v. 29/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2023-140404825-APN-DVPS#ANMAT y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de que el 16/11/23 personal de esta Administración se constituyó mediante orden de inspección IF-2023-134114829-APN-DVPS#ANMAT en el domicilio de la calle Dean Funes 251, local 37, ciudad de Córdoba, provincia homónima, sede del establecimiento Peluquería Evelin Colombo.

Que en tal oportunidad la propietaria explicó que la firma se dedica a prestar servicios de peluquería y manicuría, teniendo como actividad anexa la venta de indumentaria y lentes de contacto de fantasía sin corrección.

Que solicitados que fueron los lentes de contacto de contacto que poseía a la venta a los fines de realizar una verificación de los mismos, la inspeccionada exhibió las siguientes unidades, todas ellas sin datos del importador responsable en Argentina ni datos de autorizaciones sanitarias: “LENTES DE CONTACTO: MEETONE - CRAZY CONTACT LENS – STERILE – USING PERIOD 1 YEAR – LOTE MTDE12 – VTO 2024-6”, “LENTES DE CONTACTO: MEETONE – SOFT CONTACT LENS – STERILE - USING PERIOD 1 YEAR – AURORA YELLOW - LOTE MTDE12 – VTO 2024-6” y “LENTES DE CONTACTO EYE FREE – SOFT COLOR COSMETIC LENS – G&G CONTACT LENS – KOREA – LOTE LL1903022 – VTO 2024-03 – ESTERIL”.

Que manifestó la inspeccionada que habían sido comprados a través de la plataforma de Mercado Libre para su reventa y que no poseía la factura en ese momento, pero que la remitiría vía mail dentro de los 5 días hábiles, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Que realizada la consulta a la Dirección de Gestión de la Información Técnica, informó mediante nota NO-2023-139715282-APN-DGIT#ANMAT que no existían antecedentes de habilitación ante la ANMAT de las firmas AURORA YELLOW ni G&G contact Lens, como así tampoco antecedentes de registro de los productos LENTES DE CONTACTO: MEETONE - CRAZY CONTACT LENS – STERILE – USING PERIOD 1 YEAR; LENTES DE CONTACTO: MEETONE – SOFT CONTACT LENS – STERILE - USING PERIOD 1 YEAR – AURORA YELLOW ni LENTES DE CONTACTO EYE FREE – SOFT COLOR COSMETIC LENS – G&G CONTACT LENS – KOREA .

Que cabe aclarar que existen productos similares registrados ante esta ANMAT, como lentes de contacto de uso estético, siendo su clase de riesgo II.

Que las circunstancias detalladas representan un incumplimiento a la Ley 16.463 que en su Artículo 19establece: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos”, y a las Disposiciones ANMAT N° 2318/02 y N° 2319/02.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado,toda vez que se trata de productos sin registros sanitarios sobre los que se desconocen sus condiciones de elaboración/fabricación, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y colores de los productos: “LENTES DE CONTACTO: MEETONE - CRAZY CONTACT LENS – STERILE – USING PERIOD 1 YEAR”, “LENTES DE CONTACTO: MEETONE – SOFT CONTACT LENS – STERILE - USING PERIOD1 YEAR – AURORA YELLOW” y “LENTES DE CONTACTO EYE FREE – SOFT COLOR COSMETIC LENS – G&G CONTACT LENS – KOREA”.

Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y colores de los productos: “LENTES DE CONTACTO: MEETONE - CRAZY CONTACT LENS – STERILE – USING PERIOD 1 YEAR”, “LENTES DE CONTACTO: MEETONE – SOFT CONTACT LENS – STERILE - USING PERIOD 1 YEAR – AURORA YELLOW” y “LENTES DE CONTACTO EYE FREE – SOFT COLOR COSMETIC LENS – G&G CONTACT LENS – KOREA”.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos

Nelida Agustina Bisio

e. 29/01/2024 N° 3502/24 v. 29/01/2024

Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2024

VISTO el EX-2023-136298204- -APN-DPVYCJ#ANMAT;

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician a partir de la notificación del Incidente Federal N° 3603 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) realizada por la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego, en relación al producto “Vinagre de sidra de manzana, marca Made For You - Raw Food, RNE N° 05002729, RNPA N° 02007375, 500 ml.” que exhibe en su rótulo registros sanitarios inexistentes.

Que la mencionada Dirección indicó que la Dirección de Bromatología de la ciudad de Ushuaia llevó a cabo una auditoría a través de la cual se detectó la comercialización del mencionado producto, cuyo rótulo no contaba con la totalidad de la información obligatoria (razón social, domicilio, lote) y que, según actas de inspección N° 00149984 y 00149985, procedió a intervenir la mercadería conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 18284 y el Decreto N° 2126/71.

Que al respecto, la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego realizó la Consulta Federal N° 9203 a través del SiFeGA a la Dirección de Saneamiento Ambiental y Bromatología de la provincia de Corrientes a fin de verificar si el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 05002729 se encuentra autorizado, quien indicó que se trata de un registro inexistente.

Que al mismo tiempo la mencionada Dirección realizó la Consulta Federal N° 9204 a través del SiFeGa a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires a fin de constatar si el número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 02007375 se encuentra autorizado, quien indicó que se trata de un registro inexistente.

Que como resultado, la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego notificó el Incidente Federal N° 3603.

Que dado que el producto se publicita y promociona en plataformas de venta en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria, que evalúe las medidas a adoptar.

Que atento a lo anteriormente mencionado, el producto se halla en infracción a el artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registro de establecimiento y de producto, por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE y de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado, ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley 18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento, así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen el RNE y RNPA mencionados.

Que, con relación a la medida sugerida, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto: “Vinagre de sidra de manzana, marca Made For You - Raw Food, RNE N° 05002729, RNPA N° 02007375”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registro de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo números de RNE y de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Se adjunta imagen del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-2023-137370715-APN-INAL#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°. - Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNE N° 05002729 y RNPA N° 02007375, por ser productos falsamente rotulados que utilizan números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.

ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Nelida Agustina Bisio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/01/2024 N° 3500/24 v. 29/01/2024

18/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-1613: Régimen Informativo Contable Mensual. Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I. - C.M.). Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia como consecuencia de la emisión de la Comunicación “A” 7928.

Al respecto, se adecua la descripción del código de partida 21300000, en la Sección 6. Responsabilidad Patrimonial Computable:

- Código 21300000: Diferencia entre la previsión contable según el punto 5.5. de la NIIF 9 y la previsión “regulatoria” según normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad” o la contable correspondiente al balance de saldos del 30.11. del año anterior al de la aplicación por primera vez del citado punto de la NIIF 9 -la mayor de ambas–.

Por último, se acompañan las hojas que corresponden reemplazar en el texto ordenado del presente régimen informativo.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 29/01/2024 N° 3454/24 v. 29/01/2024

24/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: CREFI 2-135. Expansión de entidades financieras. Actualización.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Expansión de entidades financieras” en función de las disposiciones divulgadas por las Comunicaciones “A” 7724 y 7783 y complementarias.

Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 29/01/2024 N° 3488/24 v. 29/01/2024

24/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173),

A LOS OPERADORES DE CAMBIO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,

A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,

A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,

A LAS REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,

A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO,

A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES

Ref.: OPRAC 1-1228, RUNOR 1-1826, SERVI 1-91, SINAP 1-203, OPASI 2-713. “Otros servicios y actividades prestados por sujetos alcanzados”. Texto ordenado.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo el texto ordenado de las normas sobre “Otros servicios y actividades prestados por sujetos alcanzados”, que absorbe las disposiciones vigentes de las normas sobre “Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N” 260/2020 Coronavirus (Covid-19)” y las difundidas mediante las Comunicaciones “A” 3249, 6714 y 7839.

Asimismo, les señalamos que se incorpora como puntos 1.10.5. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” y 1.5.4.4. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”, la instrucción dada a conocer oportunamente mediante el punto 3. de la Comunicación “A” 6664 –recaudos en relación con los débitos automáticos que se efectúen sobre cuentas de clientes abiertas en la propia entidad–.

A partir de ello, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas citadas en el párrafo precedente y en las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”.

Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas.

CON COPIA A LAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 29/01/2024 N° 3489/24 v. 29/01/2024

25/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: REMON 1-1106. Efectivo mínimo. Adecuaciones

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, establece:

“- Admitir, con vigencia a partir del 1.2.24, que las entidades financieras que adhieran al Programa “CUOTA SIMPLE” –establecido por la Resolución N° 7/24 del Ministerio de Economía y sus normas complementarias– podrán disminuir de la exigencia de efectivo mínimo en pesos un importe equivalente al 30 % de las sumas de las financiaciones en pesos que otorguen en el marco del citado programa.

A tal efecto, se considerará el saldo de las financiaciones alcanzadas del período anterior al de cómputo de la exigencia que cumplan los requisitos señalados.

Esta deducción y la prevista en el punto 1.5.2. de las normas sobre “Efectivo mínimo” no podrán superar el 8 % de los conceptos en pesos sujetos a exigencia, en promedio, del mes anterior al de cómputo.”

Al respecto, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 29/01/2024 N° 3503/24 v. 29/01/2024

11/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 – Coeficiente de estabilización de referencia (CER).

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de Estadísticas Monetarias.

ANEXO

Toda la información disponible (incluyendo más decimales de los que pueden visualizarse en el siguiente cuadro) puede ser consultada accediendo a:

www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), serie diaria

Archivos de datos:

http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/ceraaaa.xls, donde aaaa indica el año.

Referencias metodológicas:

https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.

https://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasmet.pdf.

Consultas: estadis.monyfin@bcra.gob.ar.

Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:

El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:

http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/01/2024 N° 3512/24 v. 29/01/2024

23/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos – Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la fecha que se indica.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:

www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA

Archivos de datos:

http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/01/2024 N° 3460/24 v. 29/01/2024

24/01/2024

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos – Tasas de referencia.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la fecha que se indica.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:

www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA

Archivos de datos:

http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.

ANEXO

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 29/01/2024 N° 3473/24 v. 29/01/2024

Se cita a las personas consignadas a continuación para que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, se presenten a presenciar la verificación y aforo de las mercaderías secuestradas en los términos del art 1094 inc. b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar el resultado de la misma. Las Actuaciones y las mercaderías se encuentran depositadas en Depósito de Zona Primaria Aduanera sita en calle pública sin nombre Mza 496 lotes “N, O, P” B° Parque Industrial de la ciudad de La Rioja. Fdo.: Cr. D´Acri Ramiro Jefe (I) Sección Inspección Operativa Aduana La Rioja A/C de la División Aduana La Rioja.

Ramiro Luis D’ Acri, Jefe de Sección.

e. 29/01/2024 N° 3340/24 v. 29/01/2024